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Las familias tendrán que hacer un sobreesfuerzo para afrontar un 2023 que seguirá marcado por los altos precios energéticos y, sobre todo, de la alimentación. Las medidas decretadas por el Gobierno pretenden aliviar ligeramente lo que destinan las familias a estas partidas, pero no serán las únicas que seguirán su tendencia ascendente: desde ayer, 1 de enero, han subido muchas otras como los peajes, las tarifas móviles o la paquetería. A continuación se detallan algunas de ellas:. Carburantes: será inevitable que los precios de la gasolina suban durante 2023 y los conductores sobre todo lo notarán en las primeras semanas del año al decaer la subvención estatal generalizada de los 20 céntimos por litro. En la última semana del año el diésel se ha situado alrededor de los 1,70 euros por litro y la gasolina, en 1,60 euros por litro, muy lejos de los máximos históricos que tocaron en julio, cuando se superó los 2,15 euros/litro en ambos. Electricidad: la luz dará un gran respiro a las familias en 2023. Después de precios muy elevados desde 2020, en Navidad ya ha registrado sus menores costes en año y medio por la alta producción de renovables y la caída del coste del gas tras el acuerdo europeo para toparlo. Y todo indica que seguirá en descenso. 

Después de dos años en los que la inflación no ha hecho prácticamente otra cosa que acelerarse mes a mes, noviembre ha dado una tregua a los precios en la eurozona, con un recorte de medio punto en la tasa interanual, hasta el 10,1%. Sin embargo, este descenso podría ser algo puntual, habida cuenta de que el BCE prevé un repunte en enero y febrero por el recalentamiento del consumo durante la Navidad y la subida de la factura energética con el frío. Además, esta rebaja es insuficiente como para cambiar sus planes, dado que la presidenta Christine Lagarde como el vicepresidente Luis de Guindos han declarado su intención de mantener las subidas de tipos a lo largo de 2023. A pesar de todo, hay indicadores que apuntan a una ralentización de las subidas de precios en los próximos meses, si bien también hay datos que indican que la inflación tardará bastante tiempo en digerirse por completo. EL abaratamiento de los fletes. Aunque los precios de los envíos marítimos, que mueven el grueso del comercio mundial, todavía siguen por encima de las cifras previas a la pandemia, los fletes se han abaratado sensiblemente a lo largo del último año, debido en buena medida al enfriamiento de la economía global, a la resolución de algunos cuellos de botella que la atenazaban el año pasado y a la pérdida de comercio que han supuesto las sanciones comerciales a Rusia. Así, el precio de un flete marítimo ha caído en torno a un 80% desde septiembre de 2021, de acuerdo con los índices de Drewry y Freightos, las dos principales consultoras. Y hay trayectos que se han abaratado todavía más, como son los envíos desde China. La rebaja de la cotización de las materias primas. El primero de los elementos que van a lastrar los precios en los próximos meses es el abaratamiento de las materias primas de uso industrial debido a la caída de la demanda, lo que acabará impactando en los costes de producción.

En la segunda mitad de 2022, un reguero de empresas de diversos sectores ha tenido que improvisar fórmulas para dar un alivio a sus plantillas. La más extendida, las pagas extraordinarias y no consolidables. Mapfre, por dos veces; Generali, Zurich, Iberdrola, Cementos Molins, H&M o Inditex son algunos ejemplos de empresas que han abonado entre 500 y 1.000 euros a sus trabajadores. En otros casos, la opción elegida ha sido la revisión del convenio: así lo han hecho la banca o las cajas rurales. En ambos casos, sus convenios expiran este 2023, y han decidido aplicar subidas salariales del 4,5% para este año, cuando lo previsto era del 1,25% para bancos y un 1% para cajas. Para 2024 la negociación sectorial deberá partir de cero, por lo que esos aumentos suponen, en la práctica, un pago extraordinario. “Que se hayan llevado a cabo este tipo de prácticas es un reconocimiento del desfase que se ha producido. Y de que lo pueden pagar”, explica José María Martínez, secretario general de servicios en CC OO. Este sitúa en la aplicación de la reforma laboral de 2012 la progresiva desaparición en los convenios de las cláusulas de revalorización salarial ligadas al IPC. “A partir de entonces, y con inflaciones bajas, los convenios se centraban en que su vigencia no decayera cuando vencieran. A partir de la pandemia, casi todos contienen alguna cláusula de revisión, durante o al final de su vigencia”, señala. En banca y seguros, el problema fue que sus convenios se aprobaron en 2021, justo antes de las grandes presiones inflacionistas. Ambos contemplan alzas ligadas el IPC, pero, por ejemplo, en el de banca esta era del 1% en 2022 y del 1,25% en 2023; y en el de seguros, de un 1,2% en 2022, mientras que para 2023 se ligaba a la evolución del PIB, al que se aplicaría un efecto corrector según el IPC.

La falta de profesionales amenaza con convertirse en el próximo cuello de botella de las energías limpias. La demanda de trabajadores supera a la oferta y la feroz competencia por captar y retener talento en el sector ha desatado una burbuja salarial que ha obligado a las compañías verdes a reajustar sus costes. Operarios, ingenieros, financieros y hasta altos directivos. La escasez de personal afecta a toda la cadena de valor de la industria verde. Los nativos renovables, además, no juegan solos. Estos grupos se disputan la fuerza laboral con gigantes de la electricidad (utilities), petroleras y gasistas, incluso, pugnan contra grandes bancos y fondos de inversión, donde la capacidad para romper el mercado con ofertas al alza es, habitualmente, mucho mayor. Ana Campos, directora el área de Energía & Utilities en la multinacional de headhunting Catenon, confirma la tendencia. «La gran demanda ha revalorizado a los profesionales y esto obliga a las empresas a definir sus planes de negocio prestando mayor atención a la estrategia y los recursos destinados al personal». Según Campos, la industria verde exige soluciones disruptivas e innovadoras que permitan aprovechar el talento de sectores, como el petrolero o el financiero, donde los profesionales tienen las cualidades demandadas. Las cifras hablan. En 2021, las renovables concentraron 11.409 puestos de trabajo en España, según el último dato anual de la patronal APPA. La cifra supone un aumento del 20% respecto a 2020. En 2018, la suma de puestos de trabajo rozaba los 81.300. El problema, según apuntan ejecutivos del sector, es que el volumen de proyectos crece exponencialmente, pero el número de ciertos perfiles profesionales apenas varía de un año para otro. ¿El resultado? Una inflación salarial sin precedentes en el sector.

Con un crecimiento que, en el conjunto del año, puede superar el 5% del PIB, desde la plena entrada en vigor, el pasado 1 de abril, de los nuevos contratos, los indefinidos se han disparado un 44%, y la tasa de asalariados temporales ha bajado desde el 26,1%, con la que se cerró 2021, al 20%. Es el nivel de empleo temporal más bajo desde la década de los años noventa del siglo pasado. Es un hecho objetivo que la reforma laboral ha conseguido fortalecer el empleo indefinido y reducir la precariedad laboral. Hasta el Banco de España ha reconocido el impacto de esta decisión en el crecimiento del consumo. Los estabilidad en el empleo anima a las familias a adquirir compromisos de gasto y consumir más. Incluso, el impacto de la reforma sería mucho mayor si la inflación no estuviese castigando a los salarios. Con todo, el reto para la reforma laboral llegará este año, cuando, según los analistas, el crecimiento económico sea mucho más moderado que en 2022 y las empresas actúen en consecuencia con la contratación.

Iberdrola cierra el ejercicio bursátil con una capitalización en el entorno de los 70.000 millones tras escalar un 6% en Bolsa, colocándose como la mayor utility de Europa y la cuarta del mundo. La eléctrica, que otro año más ha creado valor para sus 600.000 accionistas, ha recibido el favor del mercado después de anunciar el pasado 9 de noviembre una inversión de 47.000 millones de euros hasta 2025 y un dividendo creciente, con el objetivo de que en el citado ejercicio se sitúe entre los 0,55 y los 0,58 euros por título. El beneficio neto, que alcanzará este año el rango estimado de 4.000 a 4.200 millones de euros, se colocará entre los 5.000 y los 5.200 millones en 2025, según ha informado la compañía. La acción de Iberdrola ha escalado este año un 6% en Bolsa –que supone una rentabilidad de casi el 11% incluyendo la retribución pagada de 0,449 euros por acción–, y firma el ejercicio como la eléctrica con mejor comportamiento del Ibex 35 y el duodécimo valor que más avanza del selectivo.

El grupo Irizar mira a 2023 como el ejercicio de la vuelta a la rentabilidad y la recuperación del nivel de ventas previos a la pandemia y a la crisis de movilidad provocada por el Covid, que frenó su actividad por la paralización de inversiones en sus mercados. Imanol Rego, su director general desde hace tres meses, espera que 2022 se cierre con un aumento significativo de la facturación, que rondará el 35% y alcanzaría 615 millones de euros. Este dinamismo del negocio no se traslada a los resultados, muy impactados por la subida de los precios de materias primas y por los altos costes energéticos. En 2022, la factura de gas y electricidad del fabricante de autocares vasco se ha multiplicado casi por cuatro; y algunos de sus componentes tecnológicos se han encarecido un 25%. El CEO de Irizar da por hecho que el año nuevo año traerá el retorno a los beneficios, después de tres ejercicios seguidos de números rojos (2020, 2021 y 2022). Para conseguirlo, el grupo va a reorganizar su negocio en busca de mayor productividad y eficiencia en sus procesos, en lo que Rego define como una “reasignación de vocaciones”. Este 2023, la previsión es que las ventas crecerán también a buen ritmo, y rozarán las cifras anteriores a la crisis del Covid, con más de 735 millones de euros.

 La construcción vasca no vivió el pasado año un despegue similar al resto de sectores de la economía, según un informe elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda que cifra en un 2,4% el crecimiento de la actividad constructora frente al 5,6% experimentado por el conjunto del PIB vasco. Dos de los motivos que aduce para explicar este desequilibrio hacen referencia a que la actividad no cayó de manera tan abrupta un año antes por efecto de la pandemia de covid-19, además de verse lastrada por una fuerte subida de los costes. El informe analiza el comportamiento de la construcción en Euskadi en un año con un fuerte crecimiento económico en el que facturó 4.024 millones de euros, por debajo de los 4.233 millones que vendió dos años antes, en 2019, cuando todavía no se habían sufrido los efectos de la crisis provocada por el coronavirus. Si bien el inicio del año tuvo un comienzo fuerte, con unos incrementos medios de 7,8 puntos porcentuales, según transcurrió el ejercicio esta evolución se fue desinflando. Así, el tercer trimestre del año la construcción vasca creció un 6,2%, porcentaje que se vio reducido al 4,9% el trimestre final del año. En este caso, los costes fueron los principales causantes de esta desaceleración, según concluye el Observatorio Vasco de la Vivienda. Para ello, recuerda que en la segunda mitad de 2021 se registró una “espiral inflacionista por tensiones en el suministro de energía y materias primas” que afectó de forma directa al sector constructor. 

El presidente de la Confederación Española del Comercio (CEC), Rafael Torres, pronosticó que en esta campaña de Navidad el sector “probablemente” acabe “mejor” que el año pasado y aunque no se llegue al nivel de la última antes de la pandemia, la de 2019, espera quedarse “cerca”. Así lo indicó el responsable de la patronal del comercio minorista, que representa a más de 430.000 comerciantes de todo el país, al referirse a las perspectivas del sector en declaraciones a la agencia Servimedia. Torres explicó que el pequeño comercio está percibiendo una campaña “mejor de lo esperado” en el que, a pesar de que las perspectivas para 2023 “no son muy halagüeñas”, los clientes están haciendo un “esfuerzo de gasto temporal” por las circunstancias navideñas. Además, apuntó que está ayudando, entre otros elementos, el tiempo: aunque ha tardado en hacer frío, el textil ahora “se está moviendo bien”. Para entender el pronóstico en comparación con ejercicios anteriores, el presidente de la CEC recordó que la campaña del año 2021 fue “buena” hasta mitad del mes de diciembre por la irrupción de ola de la variante ómicron [de la covid-19], tras la cual “se suspendieron muchas compras familiares”, dejando una segunda quincena de diciembre y un enero “duros”, en los que “la inflación ya comenzaba a despuntar”. No obstante, a pesar de esta posible mejoría, Torres apuntó que su previsión para 2022 era acabar por debajo de las ventas de 2021 porque el año “no ha sido fácil” y se lamentó del escaso crecimiento que le espera a la economía española el año que viene, en el que está “todo más caro y hay menos capacidad de compra”.

El Gobierno vasco ha decidido aplicar íntegramente el peso de la inflación (se toma en cuenta la interanual de octubre) y, por lo tanto, el coste de la revisión obligatoria del coche ha aumentado un 7,3% desde el 1 de enero. En cifras, serán 53,15 euros para los diésel, y 50,91 para los de gasolina y los híbridos. A ello hay que sumar las «tasas por anotación del resultado» en la Dirección General de Tráfico (DGT), que ahora, de momento y si no suben también, son 4,18 euros. De ese modo, Euskadi no sólo se mantiene como una de las tres autonomías más caras de España, sino como una de las que aplica subidas más intensas. En 2022, y según un estudio comparativo de la asociación de consumidores Facua, el País Vasco era la segunda comunidad más cara para pasar la ITV de un coche de gasolina (sólo Valencia le ganaba por menos de un euro) y la tercera en el caso de los diésel (lo tienen peor valencianos y madrileños, donde el mercado es libre y no hay control público). El panorama está así porque en la última subida vasca también se aplicó íntegramente el IPC de hace un año, un 5,4%. Fue entonces la autonomía que más se encareció, junto con Navarra (que, eso sí tiene unos precios bastante más baratos) y Valencia (que llevaba años sin actualizar tarifas). En el resto de territorios españoles se optó por no trasladar todo el IPC ante el repunte tan intenso que había experimentado

La batalla comercial desencadenada este año en los carburantes, a raíz de la bonificación de 20 céntimos por litro impuesta por el Gobierno, ya tiene vencedores y vencidos. Las grandes petroleras como Repsol, Cepsa y BP han conseguido mantener o aumentar cuota de mercado, después de años de deterioro. En paralelo, las grandes marcas de low cost, como Ballenoil y Petroprix, han dado un salto. Las estaciones de servicio que han perdido cuota significativamente son las de pequeñas gasolineras independientes con marca poco conocida, por ser locales (sean o no de bajo precio, o low cost) y las grandes superficies, como Carrefour y Eroski. Así se desprende de los datos que manejan las empresas del hidrocarburos sobre la evolución de cuotas de mercado, elaborados por la consultora Kantar (una de las más reputadas en el sector de carburantes). Según esos datos, las tres grandes petroleras, Repsol, Cepsa y BP, sumaban una cuota de mercado agregada del 39% en abril, justo cuando se decretó la bonificación de los 20 céntimos por litro. Esa cuota ha pasado a algo más del 42% a fecha de octubre. Vuelven así a recuperar terreno después de años perdiéndolo. En 2019, las tres grandes petroleras sumaban una cuota de más del 46% y desde entonces habían ido reduciendo su participación. Las grandes superficies, que desde 2019 y hasta abril de este año se habían mantenido, aunque con altibajos, en torno a una cuota cercana al 25%, han pasado a tener en torno al 21%.

El fin de la moratoria, la ley de segunda oportunidad y una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 han disparado los concursos de acreedores de los autónomos. Según los datos de los registradores de España, el número de bancarrotas de personas físicas en el tercer trimestre subió un 80,6% en relación al año anterior y un 16,2% respecto al trimestre precedente. Los expertos prevén que se mantenga la tendencia en 2023 y crezca también en micropymes.— Los concursos de acreedores de personas físicas se disparan. En 2022 la variación en el tercer trimestre del año alcanzó un 80,6% con relación al año anterior y un 16,2% respecto al trimestre precedente, según los datos de los registradores de España. En 2021, de los 7.062 deudores concursados, el 33% fueron personas físicas, de acuerdo con el Atlas concursal 2022 elaborado por el Refor. Aunque en esas fechas estaba vigente la moratoria, se podía presentar concurso voluntario. Los economistas forenses ofrecen dos causas para este aumento de la concursalidad: la segunda oportunidad y una sentencia del Tribunal Supremo de 2019.

Artículo de opinión del Grupo de Reflexión de Ametic. "...Ante la creciente ola de escepticismo y grandes dosis de pesimismo generadas por el decepcionante arranque de los primeros Perte aprobados por el Gobierno –vehículo eléctrico y agroindustria– nos queremos enfocar en identificar algunas de las razones que pueden estar en el origen de este fallo en el objetivo. Y que las cosas no van bien lo refleja con rotundidad el informe que recientemente ha emitido la CEOE, en el que se afirma que solo se han adjudicado inversiones por un importe del 28,29% de los fondos recibidos. Si los fondos no llegan a las empresas, verdaderos motores de la transformación del país, estamos fallando en el objetivo final. Hay múltiples razones que pueden explicar por qué no estamos avanzando. En este artículo nos vamos a detener solo en tres, y todas ellas tienen que ver con las decisiones que deben tomarse desde los gobiernos y las administraciones públicas. La primera radica en que las reglas europeas que definen este tipo de ayudas no facilitan su aplicación para procesos de transformación tan acelerados. La segunda, situada en el ámbito de la regulación española, se identifica en la permanencia de un conjunto de leyes –la Ley General de Subvenciones como ejemplo– que no sirven para la ambición de cambio que exige este momento. La tercera tiene que ver con cómo están concebidas las convocatorias en las que se invita a las empresas a sumarse a estos procesos competitivos..."

Sus múltiples referencias a la salud –uno de los cinco retos que enumeró para 4045 junto al empleo, el cambio climático, la innovación y la juventud– se dirigieron más bien al estado general de Osakidetza, inmersa en una crisis sobre su futuro. Un sistema sanitario en el que existen «problemas y dificultades», admitió, pero en el que prometió «no escatimar esfuerzos» para solucionarlos. No es de extrañar que el relativo a la salud fuera el capítulo al que más tiempo dedicó el mandatario nacionalista en su decimoprimer discurso navideño desde que accedió al cargo. Porque la pandemia, que en todo caso «seguimos padeciendo» y centra ahora su incertidumbre en China, ha dejado unos evidentes efectos secundarios y ha «tensionado todos los sistemas sanitarios del mundo» en un escenario al que Euskadi no es ajeno. En Osakidetza, las consecuencias se perciben en forma de falta de facultativos, cierres o reducciones de horarios en centros de salud, unificación de servicios y listas de espera cada vez más largas. A esos problemas se ha sumado en las últimas semanas una crisis organizativa sin precedentes, con una rebelión entre los médicos de la OSI Donostialdea como protesta ante los ceses de sus dos máximas responsables por desavenencias con la dirección del Servicio Vasco de Salud. Desde entonces el Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de trabajar «en red», optimizando los recursos existentes o, en otras palabras, centralizando servicios. Una «única Osakidetza», reforzó esa tesis el lehendakari, «de la que todos somos parte y compartimos como sistema público». Ante las insistentes denuncias por falta de recursos, Urkullu prometió que el Gobierno vasco destinará «esfuerzos» para mejorar el servicio.

La familia del euro cuenta desde ayer con un nuevo miembro. Croacia no solo celebró el 1 de enero la llegada del nuevo año, sino también su incorporación al euro y su entrada en el espacio Schengen, la zona de libre circulación de personas sin necesidad de pasaporte compuesta por todo el territorio de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Aunque el país balcánico, que logró su independencia hace poco más de 30 años –en 1991– tras la desintegración y las guerras territoriales en la antigua Yugoslavia–, se adhirió a la UE ya en julio de 2013, ha tenido que afrontar en la última década reformas socioeconómicas para cumplir los requisitos que le permitieran incorporarse a la moneda común y al espacio Schengen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se desplazó ayer al país balcánico para celebrar estos dos importantes hitos para la UE. «Ahora tenemos que trabajar para preservar los beneficios de Schengen, mejorar nuestro hogar común y convertirlo en un sitio todavía más seguro», subrayó Von der Leyen tras destacar «los inmensos logros» que supone tanto la integración monetaria como la incorporaciónl espacio Schengen y valorar los esfuerzos realizados por el país para lograrlo. En el caso del euro, Croacia es el vigésimo país que adopta la divisa europea de los 27 que componen la UE. Permanecen aún con sus monedas propias Dinamarca, Suecia, Polonia, Hungría, Bulgaria, República Checa y Rumanía.

Luiz Inácio Lula da Silva se colocó a primera hora de la tarde de ayer –cinco horas más en España– la banda que le certificaba como el trigesimonoveno presidente de la República de Brasil y que le permite emprender su tercer mandato tras imponerse en las elecciones de octubre al ultraderechista Jair Bolsonaro. Fue la culminación de una ceremonia de investidura en la que participaron 300.000 ciudadanos y una veintena de jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos el Rey de España, Felipe VI. Lula toma las riendas de un país dividido y convulso que está obligado a reconstruir. Lo prometió en sus primeras palabras en el cargo, como también garantizó «rescatar» del hambre a 33 millones de personas y de la pobreza a otros 100 millones, casi la mitad de la población del país. Son, indicó, «víctimas del proyecto de destrucción nacional que hoy se cierra», dijo en referencia a su antecesor, Jair Bolsonaro. «Vaciaron los recursos de la sanidad. Desmantelaron la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Destruyeron la protección del medio ambiente. No dejaron recursos para comidas escolares, vacunación o seguridad pública», enumeró. El veterano líder sindicalista basó su discurso en un mensaje de «esperanza y reconstrucción» para superar la «devastación». 

En 2003 sacó 23 puntos de ventaja a José Serra. Ahora, 1,8 a Bolsonaro. El líder busca ahora el apoyo evangélico y declara estar contra el aborto. Luiz Inácio Lula da Silva celebrará por todo lo alto el 20 aniversario del día en que por primera vez asumió el poder en Brasil: volviendo a la presidencia de la República. Pero entre aquel Año Nuevo de 2003 y este 1 de enero de 2023 el país más poblado de América Latina y el veterano izquierdista han cambiado notablemente. Aunque adora repetir los eslóganes antiguos y se ha rodeado de muchos camaradas de los viejos tiempos, el Brasil actual ha sufrido profundas transformaciones. Para empezar, son dos décadas de sequía en el Mundial de fútbol. No es solo que Pelé, al que Brasil venera como el mejor futbolista de la historia, haya fallecido a los 82 años, sino que dos décadas atrás Lula asumió un país que acababa de ganar su quinto Mundial, más que ninguna otra selección. Un triunfo incuestionable en uno de los pocos asuntos que de verdad unen a este país tan gigante, desigual y, ahora, también polarizado. Nadie ha igualado ese récord. Pero el sueño de ampliarlo ahora con una sexta copa en Qatar, a las puertas del tercer Gobierno de Lula, se esfumó en cuartos de final en la agónica tanda de penaltis.

Las empresas estadounidenses siguen sin tener quien les tosa. Solo cuatro de las 20 mayores compañías cotizadas del mundo por valor de mercado a cierre de 2022 no están radicadas en el gigante norteamericano: la petrolera saudí Aramco (segunda), la teleco y tecnológica china Tencent (undécima), el fabricante taiwanés de semiconductores TSMC (decimocuarto) y el conglomerado francés del lujo LVMH (decimoquinto y único representante europeo en el Olimpo empresarial mundial). En tiempos de acalorado debate sobre hasta qué punto China será capaz de rebatir la hegemonía económica estadounidense, Washington logra situar nada menos que 16 representantes en esa selecta clasificación, uno más que un año antes. Si se amplía el foco, las cifras son igualmente apabullantes. 23 de las 30 firmas más valiosas del globo son estadounidenses, según los datos de Bloomberg. También lo son 60 de las 100. En ese centenar, la variedad de nacionalidades crece: China coloca 11 nombres, una buena cosecha pero casi seis veces inferior que la del país al que quiere disputar el cetro global; Francia y el Reino Unido suman cinco cada uno; la pequeña Suiza, tres; India, Países Bajos y Hong Kong, dos; y Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, una. Como en años anteriores, el dominio estadounidense descansa en buena medida en la potencia de tiro de sus tecnológicas. Todo, pese al entorno particularmente adverso que vive este sector, tras el tremendo batacazo bursátil sufrido a lo largo de 2022. Apple, líder con holgura.