20230109

 El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, considera que se debe «empezar ya a dar los pasos, al menos iniciales, para la reflexión» sobre el sistema fiscal. En una reciente entrevista radiofónica, el responsable de las finanzas vascas señaló que es preciso efectuar esa reflexión «con tranquilidad y serenidad» para poder «establecer de cara a futuro un modelo tributario equitativo y que permita financiar las políticas públicas». Azpiazu recordó que la intención del Ejecutivo autonómico es que a partir de este mismo mes se empiece a reflexionar sobre la evaluación de la anterior reforma fiscal «en serio» y en relación al modelo político y social que se quiere para el futuro en el País Vasco. Una reflexión que, según dijo, se llevará a cabo en colaboración con el resto de instituciones, «fundamentalmente» con las diputaciones y entre los dos partidos que conforman el actual Gobierno vasco de coalición, PNV y PSE. Por otra parte, el consejero consideró que las medidas que se están adoptando para combatir la elevada inflación y para ayudar a las familias más vulnerables ante la subida de precios «van en la buena dirección», y confió en que en el transcurso de este año «la reducción de la inflación sea considerable». «Vamos a pensar que entre 2023 y 2024 la inflación vuelva a los niveles de en torno al 2%, que se decía eran positivos en el marco europeo», manifestó. Azpiazu reiteró su convicción de que este año no habrá recesión y de que, si bien se va a «crecer menos» que en 2022, todavía se espera que el crecimiento que haya en 2023 permita «generar algo de empleo».

Las empresas de Euskadi aplicarán ya desde este mes de enero en las nóminas de sus trabajadores las nuevas retenciones del IRPF, así como la Seguridad Social en la de los pensionistas, según las tablas elaboradas por las tres haciendas forales. En total serán alrededor de 1,3 millones de vascos (cerca de 800.000 asalariados y algo más de 500.000 pensionistas) los que se puedan ver en cierta medida beneficiados o no, en función de si saltan de tramo de ingresos, por una medida fiscal acordada por las tres diputaciones con el Gobierno vasco a mediados del pasado octubre en el Consejo Vasco de Finanzas. La intención de proponer a las diputaciones forales –las competentes en materia tributaria en Euskadi– la posibilidad de aplicar una nueva deflactación en el IRPF a comienzos de este año –el pasado 2022 se llevaron a cabo dos–, fue anunciada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Pleno de Política general celebrado a finales de septiembre en el Parlamento vasco. Su propósito, según señaló entonces, era aliviar los efectos de una subida considerable de precios, que los ciudadanos «tengan más dinero en sus bolsillos», dijo. Pero Urkullu también anticipó en aquella intervención en la Cámara vasca que la deflactación se establecería de acuerdo a la inflación subyacente. Esto es, el alza de precios que no tiene en cuenta las variaciones en los costes de los productos más volátiles, como la energía y los artículos alimenticios no elaborados. Sin embargo, ese planteamiento no se ha cumplido y la deflactación del 2% aplicada por las haciendas forales a las tablas de retenciones del IRPF para este año queda más lejos aún del propio IPC general del 5,8%, puesto que la inflación subyacente ha escalado hasta el 6,9%. 

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar –el 28 de diciembre– la transposición de la directiva comunitaria de ‘whistleblowing’ que obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a establecer un canal de denuncias. A través de este canal, los trabajadores, accionistas, proveedores, directivos, contratistas, subcontratistas, empleados públicos o becarios podrán informar sobre infracciones cometidas por la empresa que supongan un quebranto para Hacienda o la Seguridad Social, que afecten a la competencia, a los intereses financieros de la UE, ayudas públicas, o a la seguridad y salud en el trabajo. Desde delitos fiscales hasta sobornos o corrupción, incluso absentismos encubiertos pueden ser comunicados a través de este canal que las empresas, ayuntamientos, sindicatos, organizaciones patronales, universidades y fundaciones que reciban fondos públicos deberán poner en marcha este año (en el primer semestre las que tengan más de 250 trabajadores y antes del 1 de diciembre las que tengan entre 50 y 250 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes). Si no crean este canal o no tramitan correctamente las denuncias podrán ser sancionadas con hasta un millón de euros en caso de infracción muy grave.

La nueva Directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas entró en vigor la semana pasada tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Desde ese momento, los estados miembros tienen de plazo 18 meses para trasladar a sus legislaciones nacionales una normativa que modifica la Directiva sobre divulgación de la información no financiera de 2014 con el objetivo de reforzar las normas sobre comunicación de la información ambiental, social y de gobernanza que ya no se ajustan a la transición de la UE hacia una economía sostenible. Una de las novedades es la ampliación del universo de empresas a las que afecta y que, por tanto, están obligadas a reportar sobre sus políticas de sostenibilidad. Al incluir a las pymes cotizadas, según datos de la UE, casi 50.000 empresas europeas se verán afectadas por esta normativa, en relación con la recopilación y el intercambio de información, frente a las 11.700 compañías sujetas hasta ahora a la Directiva de información no financiera. La nueva norma es una de las piezas fundamentales del Pacto Verde y de la Agenda de Finanzas Sostenible europea y establece exigencias más detalladas en materia de presentación de información. Su puesta en marcha trata de cubrir las lagunas existentes en la Directiva de información no financiera, considerada insuficiente y poco fiable. Por ello, introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, basados en criterios comunes en línea con los objetivos de la UE sobre el clima.

La industria no es ajena a la causa medioambiental, y en esa onda arrancó el pasado noviembre la trayectoria de Aiara Industrial Lab. El nuevo centro de innovación de la comarca, con sede en el Refor de Amurrio y con una inyección foral de un millón de euros, que servirá para desarrollar los proveedoras y auxiliares de la zona, así como para promover la creación, incubación y aceleración de start-ups enfocadas a la industria. En ello incide también, en buena medida, el proyecto Laudio Glass Hub, que pretende posicionar a Llodio a nivel europeo como la ciudad del vidrio y que recibirá 2,1 millones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, dentro del Plan de Actuación Inmediata de Aiaraldea, para impulsar acciones de descarbonización en el sector del vidrio, que consume gas natural de forma extensiva y tiene mucho peso en este municipio con las cuatro vidrieras que atesora: Guardian Glass, Glavista, Vidrala y Trabeira.

El complejo medioambiental de Zubieta, cuyo mayor exponente es la incineradora, ha cumplido dos años sin que los medidores de la calidad del aire situados en las poblaciones del entorno hayan revelado ninguna alteración relevante. Según los datos de la Diputación, la emisión de gases contaminantes se sitúa entre un 60% y un 90% por debajo de los límites que marca la legislación europea. La incineradora ha recuperado 114.000 toneladas de residuos y generado energía para abastecer a 45.000 hogares. La incineradora de Zubieta no solo cumple holgadamente con la legislación medioambiental, sino que sus emisiones de gases contaminantes se sitúan muy por debajo de los límites establecidos por la normativa. En los momentos de mayor incidencia desde que inauguró oficialmente su actividad en diciembre de 2020, estas han sido entre un 60% y un 90% inferiores a lo que permite la legislación europea, si bien la media se sitúa incluso por debajo, entre un 92% y un 100% por debajo de los topes establecidos, según el tipo de emisión. Así lo sostiene un balance de actividad realizado por la Diputación de Gipuzkoa cuando acaban de cumplirse dos años de la puesta en funcionamiento definitiva de la instalación. Entre aquel 10 de diciembre de 2020 y noviembre del año pasado la incineradora ha demostrado ser menos contaminante que otros elementos como el tráfico o las olas de aire sahariano que llenan el aire de partículas nocivas.

El Gobierno vasco se ha marcado como objetivo la rehabilitación de 350.000 viviendas en los próximos quince años para mejorar la eficiencia energética. Para ello será necesario aprovechar las ayudas Next Generation que concede la Unión Europea. Las empresas del sector critican las trabas administrativas, que están demorando el inicio de los trabajos, y temen que haya que devolver la mitad de esos fondos europeos. Rehabilitar 350.000 viviendas en los próximos 15 años. Una de cada tres de todas las que hay en una Euskadi que, con más de 46 años de media, tiene uno de los parques residenciales «más antiguos del sur de Europa». Ese es el reto que se han autoimpuesto el Gobierno vasco y las 87 instituciones que el 30 de noviembre firmaron el Pacto por la Vivienda. Un ambicioso objetivo donde, sin embargo, es clave el potente arranque que se espera lograr con las ayudas a la rehabilitación de los Fondos Next Generation. El problema es que las principales empresas del sector creen que la puesta en marcha de los proyectos (que deben promover las comunidades de vecinos), está siendo lenta debido a la «burocracia administrativa» y a la desconfianza que muestran los propios afectados «por la falta de una información adecuada». Y el riesgo es muy grande. «Si esto no se acelera tendremos que devolver a Europa hasta la mitad de los fondos que nos han concedido», advierte Aznar Sánchez, director de proyectos de Mugabi, el primer gran «agente rehabilitador» creado en Euskadi por cuatro empresas de primer orden.

Al esperado enfriamiento de la demanda que va a experimentar en 2023 el sector inmobiliario tras el impulso de 2022 se une el descenso previsto en el precio de los materiales de construcción residencial. Las ventas de vivienda, según prevén los expertos del sector, caerán por debajo del medio millón este año por primera vez después de dos ejercicios consecutivos. Sin embargo, los costes de la construcción aún se mantendrán altos, por encima del nivel prepandemia. Según el último informe inmobiliario de CaixaBank Research, los costes de la construcción residencial en España se incrementaron de manera significativa desde enero de 2021, como consecuencia de la fuerte reactivación de la demanda global, ante la reapertura de la economía tras la pandemia. La tendencia se agravó con el inicio de la guerra en Ucrania y el incremento de los precios de los materiales básicos para la construcción.

El mercado de compra de la vivienda fue un velocista en 2022, impulsado por los vientos favorables del ahorro familiar y las buenas condiciones de financiación, mucho más accesibles que la media histórica. Pero tras el sobreesfuerzo toca bajar pulsaciones, y eso es lo que ocurrirá en 2023. Así lo estima el panel de 20 expertos en el mercado inmobiliario consultados, entre los que se encuentran actores de todos los segmentos del sector. Las complejas condiciones económicas obligan a este periodo de relajación: el ahorro se esfuma, las condiciones económicas se endurecen y el mercado del trabajo no acompaña. Una combinación de factores que crea un caldo de cultivo propicio para un punto y aparte en el sector. Mientras, el alquiler, tensionado aún más por la demanda, seguirá apretando. “En el actual contexto en el que la recesión económica asoma y el tensionamiento de los tipos de interés se agudiza para frenar el proceso inflacionista, es previsible un ajuste a la baja de los precios de la vivienda. En todo caso, no esperamos caídas significativas de precios habida cuenta de que el escenario que barajamos es de una crisis moderada y rápida”, resume Yolanda Fernández, directora de Estudios y Estadística de R.R. de Acuña y Asociados. La traslación a números de esta crisis moderada y rápida es como sigue: en 2023, los precios de compra avanzarán tímidamente, en los entornos del 0,5%, cuando en el pasado año lo hicieron un 6%, mientras que las compraventas, tras un 2022 impresionante (650.000 operaciones, guarismos no vistos desde 2007 y casi 100.000 más que algunos de los mejores años previos), cederán un 14%, al situarse en las 557.000. Con respecto a un ejercicio similar realizado por este periódico en noviembre, la previsión del panel de expertos es más optimista para el cierre de 2022 (estimaban 640.000 operaciones y un encarecimiento del 5,1%) y más pesimista para todo 2023 (570.000 compraventas y subidas del 0,8%). Esto es debido a que, en el último tercio del año pasado, el mercado de compraventa funcionó mejor de lo esperado porque se adelantaron muchas decisiones de compra, en previsión del encarecimiento de la financiación por la subida de tipos.

La imparable subida del euríbor ha traído consigo que conceptos y términos propios del lenguaje inmobiliario y financiero se hayan incorporado durante este último año al habla común. La novación (cualquier cambio que se produzca en las condiciones del préstamo hipotecario posterior a la firma) es uno de estos palabros que ha irrumpido con fuerza en el diccionario popular. Precisamente este mecanismo alcanzó el año pasado su máximo histórico en Gipuzkoa en el último lustro. En concreto, en el territorio se llevaron a cabo 946 novaciones hasta octubre –según los últimos datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE)–, 50 menos que en todo el 2021, aunque todo parece indicar que a la espera de conocer los datos de noviembre y diciembre nos encontraremos ante el récord de novaciones en Gipuzkoa desde el año 2015. Y es que los más de 122.000 vascos que tienen referenciados sus préstamos hipotecarios a un tipo variable han buscado el cambio a un tipo fijo como refugio a una subida de sus cuotas. Para encontrar el récord de novaciones en Gipuzkoa (1.455) desde que existen datos hay que remontarse a 2015, cuando el euríbor comenzó su desescalada y viró hacía cifras que se acercaban a valores negativos o muy cercanos al cero. Entonces, se produjo una situación inversa a la de este pasado año. Los hipotecados vascos con un tipo fijo buscaron en ese momento un cambio al variable para reducir sus cuotas.

El Banco de España calcula que el sector financiero aún tendrá que hacer un esfuerzo relevante en saneamientos para cubrir los deterioros que pueden aflorar en su cartera de crédito en un entorno de enfriamiento de la economía. El supervisor, que viene instando a aprovechar la mayor generación de beneficios para reforzar los colchones, estima que bancos que proporcionan el 92% del crédito al sector privado deberán, al menos, mantener el actual ritmo de constitución de provisiones para cubrir las necesidades esperadas entre 2022 y 2024. El Banco de España proyecta que las dotaciones que estas entidades realizarán en las cuentas de 2022 suponen menos del 50% de las exigencias estimadas para el periodo entre 2022 y 2024, bajo el marco FLESB (Forward Looking Exercise on Spanish Banks). Ésta es la herramienta que el supervisor ha desarrollado en los últimos años para evaluar la solvencia de los bancos españoles ante diferentes escenarios macroeconómicos. Estas entidades tendrían una necesidad “alta” de provisiones, según el último Informe de Estabilidad Financiera. Este categoría –alta– se ha establecido en relación a las dotaciones hechas en 2022. No está vinculada al volumen de beneficios que se espera que estos bancos generen hasta 2024 , y tampoco al tamaño de su balance o a su nivel de capital.

El Banco Central Europeo ha elevado en 1.241 millones de euros las exigencias de capital a la gran banca española para 2023. Durante las últimas semanas del año pasado, el supervisor bancario fue comunicando a las entidades los resultados de su ejercicio de evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) en el que cada año determina los niveles de capital mínimo con los que debe contar cada banco de la Unión Europea y que recogen ligeras alzas para los grandes bancos españoles, en comparación con los requisitos de 2022. En realidad, de las diez entidades españolas más relevantes, el BCE solo ha elevado las exigencias mínimas de CET1 (la principal medida de solvencia usada por el regulador) a cinco bancos: Santander (+0,06 puntos porcentuales, al pasar de un requisito mínimo del 8,91% al 8,85%), BBVA (+0,12 puntos, al exigirle una ratio del 8,72% frente al 8,46% anterior), CaixaBank (+0,13 puntos, al pasar de un requerimiento del 8,31% al 8,44%), Sabadell (+0,19 puntos, al elevar el requisito del 8,46% al 8,65%) y Unicaja (+0,06 puntos, que pasa de una exigencia mínima del 8,21 al 8,27%). La ratio CET1 se calcula poniendo en relación el capital básico de un banco con sus activos ponderados por riesgo. Traducido en volumen de dinero, en conjunto suponen los citados 1.241 millones de euros. De esta forma, los requisitos de Santander aumentan en unos 370 millones; los de BBVA, en 410; los de CaixaBank, en 286; los de Sabadell, en 154, y los de Unicaja, en 21 millones. A pesar de estas alzas, todos los bancos cumplían holgadamente con las nuevas exigencias antes del 1 de enero.

El Ministerio de Transición Ecológica, a cuyo frente está Teresa Ribera, ultima una ampliación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Todas las fuentes consultadas indican que, por el tamaño del aumento que se está barajando, más que de una ampliación se podría estar hablando de un rediseño casi completo de ese documento. El Pniec es la hoja de ruta que vertebra las decisiones del Gobierno a la hora de establecer medidas para el desarrollo de su política energética, sobre todo en cuanto al despliegue de renovables. Fija, entre otras cosas, el volumen de megavatios de energías limpias que debería alcanzar España a medio y largo plazo. El actual Pniec, para el periodo 2021-2030, fue lanzado en enero de 2020, antes de que se produjeran acontecimientos como la guerra de Ucrania y todo lo que este conflicto ha traído consigo: escalada de los precios de la luz y el gas, un impulso sin precedentes de las renovables en Europa y el boom de los proyectos de hidrógeno. Todos los países europeos se han lanzado ahora al apoyo masivo de la transición ecológica, como herramienta básica para fomentar la independencia y la reducción de costes energéticos. El Pniec original fijaba un objetivo de 60.000 nuevos megavatios de tecnologías renovables para producción eléctrica entre 2021 y 2030.

El Gobierno tiene ya pergeñado todo el aparataje de ayudas para el desarrollo del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) para el sector naval, en el que están implicados fondos de la Unión Europea. Pretende movilizar 1.460 millones de euros, de los que la aportación pública (Gobierno central y comunidades) ascenderá a 310 millones de euros, y la privada los 1.150 millones de euros restantes. El plazo de presentación de solicitudes de las empresas interesadas comienza el 18 de enero y finalizará el 28 de febrero, según la convocatoria del Perte publicada por el Ministerio de Industria. Pero más allá del plazo de presentación, era importante conocer el detalle de las condiciones financieras de las ayudas públicas que se van a otorgar. El Ministerio de Industria ya ha reservado una primera línea (para 2023) de 120 millones de euros para subvenciones directas, con cargo a los fondos de la UE. Del mismo modo, ha reservado otros 70 millones de euros (ampliables a 40 millones más) para conceder préstamos al sector para proyectos de este tipo. La financiación a conceder por proyecto y entidad será, como máximo, del 80% del presupuesto financiable. Y para el cómputo de esta financiación total se sumará el préstamo nominal más la subvención.

Las empresas de telefonía se preparan para mejorar los salarios de sus plantillas, empujadas por el dato de IPC que ha llegado al 8,4% como promedio en 2022 y se ha quedado en un 5,8% en el interanual del mes de diciembre. El mayor paso al frente viene de momento de Orange, pues ha garantizado un 6% de mejora a toda la plantilla que tenga un sueldo fijo bruto inferior o igual a 37.573 euros, de manera que, al aplicar el dato de diciembre, ese compromiso se hace extensivo a todo aquel empleado que gane hasta 39.752 euros. Para los trabajadores con una retribución superior, se estipula un incremento limitado al 2%. Fuentes sindicales valoran especialmente el acuerdo fraguado en diciembre con el operador de origen francés porque supone, además de un principio de prórroga de convenio por dos años (hasta finalizar 2024), la novedad de introducir la mencionada revisión para el presente ejercicio, no prevista antes de la escalada inflacionista, y así «paliar los efectos que esta situación ha generado en la plantilla», según recogía UGT. La empresa cuenta con 6.600 trabajadores, pero 2.766 pertenecen a Orange España y sólo 2.419 están sometidos a convenio. El operador con el que Orange España espera unir sus negocios en una megaoperación que reformulará por completo este sector, MásMóvil, ya se ha puesto de acuerdo con sus trabajadores para apuntalar su particular subida. Según las fuentes consultadas, el incremento se ha firmado para 2023 y 2024, se podrá consolidar y consistirá en un 4% este año y una mejora el año que viene que puede llegar a otro 3,1% con lo que el salario se podría elevar hasta un 7,1% para los tramos salariales más modestos. Aparte, el operador amarillo aportará una pago único del 1% sobre el sueldo bruto este mes de enero y otro tanto en el primer mes de 2024.

El año pasado Seat se desplomó en la clasificación hasta la sexta posición y cedió el testigo a la japonesa Toyota, en un inusitado podio completado por las coreanas Kia y Hyundai, tras perder un 11% de ventas y quedarse en los 62.676 coches comercializados. Los tiempos han cambiado. La pandemia ha dado un revolcón a la industria del automóvil, en la que los principales grupos han visto como su prodigiosa máquina de producir, sustentada por una precisa cadena de suministro, colapsaba como un castillo de naipes por la falta de semiconductores y otras piezas. La falta de provisión ha obligado en algunos casos a paralizar líneas de montaje y en otros a seguir fabricando a sabiendas de que vehículos inacabados esperarían en naves a la espera de poder ser completados. Es un problema que se ha repetido en Europa, con la excepción de los grupos asiáticos, que han sorteado mejor la falta de piezas, en parte por su proximidad con los proveedores —Corea del Sur, por ejemplo, es uno de los principales fabricantes de chips gracias a firmas como Samsung, y Taiwán es el mayor productor global de semiconductores—. Pero lo cierto es que el resultado es un mercado exhausto, donde hay mucha más demanda de coches de lo que las marcas pueden ofrecer. Seat ha conocido esa situación de primera mano. 

Hoy, el 80% de la población española vive en entornos urbanos. En el año 2050, con casi 50 millones de personas (un 5% más), el dato será del 88% según estima el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del mismo modo, si actualmente uno de cada cinco españoles tiene 65 años o más, en solo 10 años, el porcentaje rozará el 26%. Este escenario obliga a rediseñar ciudades más seguras, con una mayor calidad del aire, menos ruidosas y que ayuden a mitigar el cambio climático. Una tarea en la que la movilidad se presenta como una palanca decisiva. Así, en 2021 ya se decidió, por ejemplo, reducir a 30 km/h la velocidad en todas las calles de un solo carril por sentido de la circulación. Aunque nada que ver con las implicaciones que tendrá la –correcta, se entiende– aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones, o ZBE. Básicamente, áreas con restricciones a la entrada, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Sobre todo, en centros históricos y dirigidas a aquellos coches que carecen de la etiqueta medioambiental de la DGT. Las ZBE, que ya existían en ciudades como Madrid, Barcelona, Pontevedra, Pamplona o Sevilla (con su centro restringido al tráfico privado), cobraron carta de naturaleza en mayo de 2021, dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. En su articulado, se recogía que todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes deberían tenerlas en marcha desde este enero. La medida, además, se hacía extensiva a aquellas poblaciones con más de 20.000 habitantes cuyos niveles de contaminación estén por encima de los permitidos.

La Agencia Nacional de Redes alemana considera que se ha superado el peligro de que se presente una escasez de gas este invierno, aunque advierte de que no se debe cesar en los esfuerzos de ahorro. “Pese a que siempre queda un margen de riesgo, no cuento con que algo pueda salir mal este invierno”, dijo el director de la agencia, Klaus Müller, al Bild am Sonntag. El director de la agencia considera que al final del invierno los depósitos estarán todavía en un 50% de su capacidad. “Ahora hay que concentrarse en el próximo invierno”, dijo Müller. La Agencia Nacional de Redes alemana se ha mostrado optimista desde Navidades. Actualmente, los depósitos están en un 90%, un nivel notable que rara vez se había alcanzado en estas fechas. El Gobierno alemán se había propuesto como meta que en febrero los depósitos estuvieran en un 40%. Müller dijo que cesar en el ahorro de gas no solo sería muy caro, sino también insolidario. “Un aumento del consumo de gas llevaría a un aumento de los precios para las industrias intensivas en energía que, tras la explosión de los costes en verano, ahora pueden recuperar terreno”, defendió. Según el director de la agencia, todo apunta a que se ha llegado a un nivel de precios en la energía que podrá mantenerse en los próximos dos años, aunque hay tres factores de riesgo: la posibilidad de que el próximo invierno sea extremo, un aumento del consumo de gas en China tras la reapertura de su economía por el fin de la restrictiva política de covid cero impulsada por Pekín, y posibles amenazas a la infraestructura de gas.

Una reforma polémica, que está en boca de todos y que amenaza con desencadenar una ola de manifestaciones en el país. Este martes, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, tiene previsto presentar la reforma de las pensiones, que prevé el retraso progresivo de la edad de jubilación. Una promesa de campaña del actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, que ya trató de aprobar durante su primer mandato, pero que quedó archivada al inicio de la pandemia en 2020, tras semanas de huelgas y protestas. En su tradicional mensaje de Año Nuevo, el 31 de diciembre, Macron insistió en que habrá que “trabajar más” para “asegurar el equilibrio” del sistema de pensiones en los próximos años y recordó que su objetivo era aplicar la reforma “a finales del verano” de 2023. Sin embargo, no dio ningún indicio sobre si la edad legal de jubilación se elevaría a los 65 o 64 años, con un aumento del periodo de cotización, unos puntos que han estado en el centro de las negociaciones en las últimas semanas. Para justificar la necesidad de una reforma, el Gobierno se basa en las proyecciones del Consejo de Orientación de las Pensiones, un organismo público independiente, cuyos informes han sido objeto de interpretaciones distintas por parte del Ejecutivo, la oposición y los sindicatos. Según ha dicho el Gobierno, el sistema de pensiones registrará un equilibrio a corto plazo, pero se prevén déficits en las próximas décadas a medida que disminuye el número de personas que cotizan por cada jubilado, debido al envejecimiento de la población.

El día que Occidente temía ha llegado. China abrió ayer sus fronteras coincidiendo con el ‘chun yun’, como se conoce al período de cuarenta jornadas de viaje del Año Nuevo Lunar, la mayor migración anual del mundo –al menos, antes de la pandemia–. El Gobierno de Xi Jinping espera unos «2.000 millones» de desplazamientos por tierra, mar y aire, un aumento del «99,5%» interanual y alcanzando el «70,3%» del número de viajes en 2019. La alegría se percibía ayer en los principales aeropuertos del gigante asiático. «Estoy tan feliz y emocionada... No he visto a mis padres en muchos años», comentó Teresa Chow, residente de Hong Kong, mientras ella y decenas de personas aguardaban en las largas colas para cruzar a China continental. «Mis padres no gozan de buena salud y no pude volver a verlos incluso cuando tenían cáncer de colon, así que estoy muy feliz de poder verlos ahora», explicó emocionada a Reuters. La reapertura de fronteras ha sido como un soplo de aire fresco para millones de ciudadanos, que se enfrentaron a un gran ‘cerrojazo’ durante casi tres años. Pero no todo es felicidad. Hay cierta preocupación de que la migración provoque un aumento de infectados en las áreas rurales, que en las últimas semanas han sufrido un mayor impacto de la ola de covid y sus UCI están menos equipadas. Ante la situación, las autoridades han abierto más clínicas rurales para detectar fiebre e impulsado un «canal verde» para que los pacientes de alto riesgo sean trasladados de las aldeas a hospitales de mayor nivel.

Miles de radicales seguidores del expresidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, invadieron ayer las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia, exigiendo una intervención militar para echar del poder a Luiz Inácio Lula da Silva. Los manifestantes golpistas, que no reconocen al presidente legítimo que tomó posesión hace una semana, llevaban acampados en la ciudad desde que Bolsonaro perdió las elecciones hace dos meses, y ayer lanzaron un asalto que recordó al que los ultraderechistas de EE UU llevaron a cabo en el Capitolio hace dos años. La policía tardó cerca de cuatro horas en sofocar la revuelta, que acabó con al menos 170 detenidos. El presidente Lula asumió el control de la seguridad en Brasilia, criticó la actuación de la Policía Militar de la capital y culpó a su predecesor de “estimular la invasión”. Aseguró que los “vándalos fascistas” serán castigados. La revuelta violenta, sofocada por la policía cuatro horas después, acaba con al menos 170 detenidos. Lula asume el control de la seguridad en la capital y acusa a su predecesor de alentar la invasión.