20230110

Los sindicatos CC OO, LAB y UGT, con mayoría en el Metal de Bizkaia y una plataforma conjunta, solicitaron ayer la mediación del Gobierno vasco para desbloquear la negociación sobre el convenio colectivo, que sigue atascada en el territorio en contraste con el resto de España, donde hace tiempo que se cerraron acuerdos. Aquí se han realizado ya once jornadas de huelga y la última reunión, celebrada antes de las navidades, terminó con un duro cruce de reproches entre las partes. Los tres sindicatos pidieron un aumento salarial del 17,5% hasta 2026 frente al 14% ofrecido por la patronal FVEM tras varias mejoras. ELA, que va por separado, abogó por convocar una huelga indefinida. Ante el bloqueo, la mayoría sindical ha decidido aceptar el ofrecimiento de la vicelehendahari y responsable de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, quien, según recuerda el bloque sindical en una nota, «mostró el pasado 2 de diciembre su disposición a que el Departamento participara en una posible mediación». «Pues bien, la mayoría sindical en la mesa del Metal va a solicitar formalmente su participación para avanzar en la solución del conflicto, que ya acumula once jornadas de huelga», informaron en una nota conjunta. La negociación se encuentra en un punto muerto. En la última reunión, la FVEM insistió en que había llegado a su límite con la oferta realizada a finales de noviembre tras varias mejoras. A su juicio, esta propuesta, con un aumento salarial del 14% y revisión con el IPC al final de 2025, «es más que generosa teniendo en cuenta las circunstancias» y mejora las condiciones de otros convenios como el Metal de Álava, firmado por CC OO, LAB y UGT. Criticó la «avaricia» de los sindicatos y les acusó de elevar sus exigencias cada vez que hacía cesiones.

Las fábricas y los talleres vascos perdieron algo de pulso a finales del pasado ejercicio, según los últimos datos del Índice de Producción Industrial (IPI), correspondiente al mes de noviembre y facilitados ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). De este modo, comienza a notarse a pie de pabellón y de polígono la desaceleración de la economía, siempre en un escenario en el que la Euskadi fabril sigue tirando del carro, aunque a menor velocidad. Gipuzkoa, por su parte, replicó el comportamiento general, con avances inferiores a los de los meses anteriores y a los de un año antes. Según el Eustat, la producción industrial vasca avanzó un 1,6% interanual en noviembre, lejos del 5,1%, 3,8% y 6% de los tres meses precedentes y también del 7,1% de noviembre de 2021. En Gipuzkoa, el repunte fue del 1,7%, algo mejor que 0,1% de Álava pero a distancia del 2,4% vizcaíno y también muy diferente del 9% de un año antes. En noviembre la fabricación de bienes de equipo (en la que se encuadran los vehículos de motor, la construcción de locomotoras y de material ferroviario o la construcción aeronáutica y naval) mejoró un 3,9%. También hubo mejoras en los llamados bienes intermedios (metalurgia y fabricación de productos metálicos, química o fabricación de productos de caucho y plástico), con un alza del 1,9%.

Brasil es el segundo destino de las exportaciones vascas a América, solamente por detrás de México. Hasta octubre del pasado año las ventas crecieron un 40%, tanto en valor (311,6 millones de euros), como en toneladas (más de 322.000). Y en cuanto a las importaciones, el peso del país americano se incrementó hasta multiplicar por 2,4 los 627 millones de euros de antes de la pandemia alcanzando así 1.540 millones. Son cifras que sitúan a Brasil en el decimoquinto puesto de la balanza comercial vasca y es sobre el que se tensa la situación tras los ataques a sus instituciones protagonizados por los manifestantes partidarios del expresidente, Jair Bolsonaro. El peso del país le otorga un liderazgo en sectores industriales vascos como el de la automoción. Así lo demuestra el hecho de que los dos fabricantes de componentes de vehículos más importantes de Euskadi, CIE Automotive y Gestamp, cuenten con hasta 19 centros de producción allí. Destaca CIE con 11 plantas que le reportan más de 250 millones de euros en ventas y que representan el 6,6% de sus 3.261 millones de facturación total. Brasil supone, además, el 7,9% de su beneficio operativo, con 43,2 millones. En el caso de Gestamp, está presente con ocho plantas desde las que dirige su estrategia en el mercado de América del Sur que, por cierto, el pasado 2021 elevó su facturación un 48,3% permitiendo incrementar las ventas totales de la compañía por encima de los 8.000 millones. La aeronáutica es uno de los sectores más destacados en la exportación vasca al país sudamericano, ya que aglutina el 21% del total de ventas. El principal actor en ese escenario es Aernnova gracias a los múltiples contratos que tiene con Embraer. El fabricante de aeronaves brasileño es, además, al que la firma vasca compró hace un año dos fábricas en el sur de Portugal con 500 trabajadores y que llevan ligada una importante cartera de pedidos que reportan 149 millones anuales adicionales a su facturación.

Brasil es crucial para la inversión española, que acumula en el país inversiones por valor de 40.000 millones de euros. Por eso, las empresas españolas con negocios en el país latinoamericano, sobre todo compañías de peso en el Ibex 35 como Iberdrola, Santander, Telefónica y Naturgy, estaban ayer vigilando de cerca cualquier novedad procedente de ese país. Banco Santander ha convertido a Brasil en su principal fuente de ingresos, por delante incluso de España. En los nueve primeros meses de 2022 (los últimos datos disponibles) Santander Brasil logró un beneficio de 2.027 millones, un 15% más que un año antes y casi el doble de los 1.104 millones que ganó en España en el que fue el mejor ejercicio de su historia. En el país latinoamericano cuenta con 53.700 empleados y 57,7 millones de clientes. Santander Brasil aporta un 27% de las ganancias totales del grupo. Brasil también es un motor para Telefónica, que tiene en este país su filial más relevante fuera del territorio español. En los nueve primeros meses del año Vivo, su marca comercial en Brasil, ganó 550 millones de euros al cambio, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) se mantuvo estable en 2.634 millones de euros. Así, la filial de esta operadora de telecomunicaciones, que compró su competidor Oi este año, supone el 19% de sus ingresos totales y un 23% del ebitda. Su cartera de clientes alcanza los cien millones. Las turbulencias políticas son también motivo de vigilancia para Iberdrola, que cuenta en este país con su filial Neoenergía, que es la mayor eléctrica de Brasil. La compañía logró un beneficio superior a los 710 millones entre enero y septiembre, un 15% superior al de un año antes. Su dependencia del país roza el 15%.

Desmanteladas las acampadas bolsonaristas con más de 1.200 detenidos. Los poderes democráticos de Brasil escenificaron ayer su unidad en defensa del imperio de la ley y su rechazo a los “actos terroristas, vandálicos, delictivos y golpistas”. El presidente Lula da Silva y los máximos responsables de las Cámaras y el Tribunal Supremo suscribieron una declaración que llama a la serenidad. Lo hicieron un día después del asalto, por una turba de partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, de las sedes del legislativo, el ejecutivo y el judicial, en el desafío más grave a la democracia brasileña desde el fin de la dictadura en 1985. Las acampadas golpistas ante cuarteles militares fueron desmanteladas y más de 1.200 personas fueron detenidas y trasladadas en autobuses a la sede de la policía. Bolsonaro, que se encuentra en Florida, criticó con tibieza el asalto porque, dijo, “escapa a la regla”. El líder izquierdista se ve también con el ministro de Defensa y los militares. En su noveno día, afronta el mayor reto de la democracia desde 1985. El asalto y sus múltiples derivadas marcarán el nuevo mandato. El recién estrenado presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, quiso tener a su lado ayer a toda la cúpula de la República en respuesta al asalto de los tres poderes perpetrado la víspera en Brasilia por una turba de partidarios de su predecesor, Jair Bolsonaro. Lula los recibió en una de las escenas del crimen, en el palacio presidencial de Planalto. 

Los juzgados vascos de lo Mercantil comienzan a dictar sentencias sobre el denominado cártel de los coches, que en su mayoría dan la razón a los afectados. Ya hay dos en Bizkaia y otras dos en Gipuzkoa y solo en una de ellas el juez desestima la demanda por imprecisiones del informe técnico. Se calcula que gran parte de los coches vendidos entre febrero de 2006 y agosto de 2013, que sumaron más de 300.000 en Euskadi, están afectados por el expediente de Competencia contra fabricantes y concesionarios por pactar precios, sancionado por el Tribunal Supremo. Asociaciones de consumidores y despachos de abogados preparan miles de demandas, pero están afinando las pruebas periciales para elevar las cuantías a recuperar, que por ahora rondan el 5% del importe pagado por el vehículo. De hecho, la batalla judicial en esta fase del proceso radica en cuantificar el sobrecoste supuestamente pagado por los usuarios como consecuencia del acuerdo en precios. La infracción está más que probada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso entre 2015 y 2016 una sanción a 21 fabricantes y 171 concesionarios por prácticas anticompetitivas al demostrarse que habían intercambiado información «para eliminar incertidumbres sobre la evolución del mercado y asegurar su estabilidad..., lo que se trasladó al consumidor en forma de menores descuentos».

Iberdrola repite como proveedor de energía eléctrica del Gobierno vasco y de varias sociedades y fundaciones públicas. Tras no prorrogar el anterior contrato, como era habitual antes del estallido de los precios energéticos, la Administración autonómica convocó un nuevo concurso para el suministro de electricidad cien por cien renovable, con un presupuesto un 76% más alto que el del último contrato. A él se presentaron Iberdrola y Repsol, aunque esta última se retiró a mitad del proceso. Finalmente, Iberdrola se ha adjudicado por 258 millones de euros –129 por año, incluido el IVA– el suministro de electricidad en 2023 y 2024 al Gobierno vasco, sus departamentos y varias entidades como el servicio de salud Osakidetza, la radiotelevisión Eitb, la Universidad del País Vasco, y el gestor ferroviario ETS. El contrato que Iberdrola estrena con el nuevo año prevé una prórroga de 12 meses, y se alargaría hasta finales de 2025. Con esta ampliación, el valor total estimado asciende a 384,4 millones de euros. La licitación está dividida en tres lotes, en función de la potencia contratada: el de mayor importe –86 millones anuales– engloba suministros con potencia superior a 450 kilowatios, con Osakidetza y UPV en cabeza, con 48 y 14,9 millones a año, respectivamente. El propio Gobierno ha admitido que el elevado coste del suministro se debe a “las circunstancias sobrevenidas a lo largo de 2022 y a su impacto directo en los precios de la energía”. El pliego de condiciones dice además que el importe de la licitación no se corresponde con el del contrato, “al no computar las cuantías para sufragar costes regulatorios ni impuestos”.

Los promotores de los diferentes parques eólicos que se han dibujado sobre las sierras alavesas (hasta ocho) van paso a paso con los trámites necesarios para tener el visto bueno institucional. Tras los de Azáceta, Labraza y Laminoria que impulsa Aixeindar (empresa participada por el EVE e Iberdrola), el que da el paso ahora es el grupo Capital Energy. Su plan para levantar seis aerogeneradores y sus correspondientes tendidos eléctricos y subestaciones en Miritxa, en terrenos de los municipios de Barrundia, Arratzua-Ubarrundia, Vitoria y Salinas de Léniz (Gipuzkoa), muy cerca del parque de Elgea, se encuentra en fase de consulta. La dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno vasco ha pedido informes a las administraciones afectadas y el Departamento foral de Medio Ambiente ya ha hecho una primera valoración sobre un proyecto del que quedan por delante largos meses de trámites y en el que los técnicos observan «impactos graves». Capital Energy plantea seis molinos que, entre las torres y las palas, alcanzarían una altura de 200 metros con sus correspondientes líneas de media tensión, viales de acceso, canalizaciones, plataformas de montaje y edificio de control del parque. Divide los aerogeneradores en dos subestaciones con accesos independientes, uno desde Arratzua-Ubarrundia y otro desde Barrundia. Tras analizar las alternativas propuestas, los técnicos forales enumeran las diferentes áreas «de calidad y fragilidad ambiental» sobre las que o bien se van a asentar las instalaciones del parque o bien están muy próximas. 

La capacidad inversora del China Construction Bank (CCB), que se encuadra en el grupo de los cuatro grandes bancos del gigante asiático, reviste de un peso a su director general en España, Qi Dong, que le convierte en la segunda autoridad china en el país después del embajador. Este directivo encabeza una delegación de la entidad financiera compuesta por tres ejecutivos que visitan Bilbao esta semana buscando oportunidades de inversión en Euskadi. Se trata de una misión coordinada por la consultora Grant Thornton que ha contado con la participación de la Diputación de Bizkaia, el Gobierno vasco y diferentes agentes del mundo empresarial vasco y que tiene un amplio programa de contactos. Los objetivos de los inversores chinos son detectar oportunidades de inversión en sectores relacionados con «las energías renovables, el vehículo eléctrico y el desarrollo de la transformación digital efectiva», tal y como explicó uno de los representantes del agente local facilitador, Universitario Vasco Navarro 4.0, Javier Sánchez. Esta mañana se celebrarán reuniones con el gobierno foral vizcaíno y se realizará una visita al centro de innovación de la Torre Bizkaia. Ayer, hasta 36 agentes económicos analizaron con la delegación china en un espacio de San Mamés las vías de colaboración en el futuro. El CCB ya ha actuado en Euskadi con la financiación de la inversión de 10 millones de euros realizada en el Puerto de Bilbao por la naviera Cosco.

Angulas Aguinaga, grupo vasco controlado por fondos de PAI Partners y Portobello Capital, ha nombrado a Óscar Vicente-Hernández como nuevo director general de la compañía para potenciar su crecimiento en Francia e Italia, según un comunicado interno de la empresa. Vicente-Hernández era hasta ahora el director general del grupo italiano Bolton Food (dueño de Conservas Garavilla) en España y Portugal. Previamente trabajó en Unilever Francia y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria de la alimentación. El directivo sustituye en el cargo a Ignacio Muñoz, que cede las riendas de la empresa después de seis años. La facturación del grupo dueño de La Gula del Norte se sitúa cerca de los 300 millones de euros, de los que el 35% procede del extranjero. El objetivo es que las ventas internacionales alcancen el 60% en los próximos años.

Tres puntos de vista y un diagnóstico compartido: Euskadi alberga un gran potencial innovador disruptivo, aunque debe impulsar cambios en formación, sobre todo a nivel universitario, para crear y retener talento en un contexto de crisis demográfica y gran competencia mundial por el mismo. Entre los que aportaron su experiencia, Juan Tomás Hernani, CEO de Satlantis. Buena parte de la charla giró alrededor de la importancia del talento, de la necesidad de crearlo, de motivarlo, de encontrarlo y de retenerlo. El reto comienza en el ámbito de la formación, sobre todo en la Universidad, que, en opinión del CEO de Satlantis, no está dando los frutos deseados. La compañía vizcaína cuenta con su propio centro de formación, la Escuela Satlantis, inspirado en los antiguas escuelas de aprendices que nutrían de mano de obra especializada a industrias señeras, como Altos Hornos. En este sentido, Hernani planteó la oportunidad de “conectar a los 40.000 alumnos de la UPV/EHU con las necesidades, no solo de la industria, sino de la sociedad en su conjunto”. Y apuntó que hay que “reformular y renovar el mandato a la Universidad”.

Artículo de la vicepresidenta del gobierno español: "La economía española ha cerrado 2022 con un balance muy positivo. En un escenario internacional tremendamente complejo, tensionado en extremo por la guerra de Rusia en Ucrania, con alta incertidumbre y numerosos factores latentes de inestabilidad financiera, todos los datos macroeconómicos confirman que España ha resistido bien y cuenta con importantes fortalezas que serán fundamentales para afrontar los retos del nuevo año. Los factores determinantes al cierre de 2022 sin duda marcarán la evolución de la economía española en el año que ahora empieza: La guerra y otras tensiones geopolíticas, la evolución de los mercados de energía y materias primas, de la inflación y los tipos de interés, el panorama sanitario, el devenir de la economía china y su impacto en las cadenas de suministro globales, los retos en materia de transición verde, digitalización y refuerzo de nuestra autonomía estratégica… A ellos se unirán los acontecimientos que no podemos ni siquiera anticipar en este momento. En un contexto tan complejo e incierto, seguirá siendo necesario responder a lo urgente sin perder de vista lo estratégico. Para ello, resulta más importante que nunca tener claras las prioridades, mantener firme el rumbo, tratar de anticipar y prevenir los problemas, actuar con eficacia, y proteger la confianza de los ciudadanos, de las empresas, inversores y mercados. Un punto de partida reforzado. Los datos más recientes de actividad confirman que en 2022 el crecimiento de la economía española volvió a superar las previsiones más optimistas, con un aumento del PIB por encima del 5% impulsado por el extraordinario comportamiento del mercado laboral, la inversión y las exportaciones..."

España ha solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los procedimientos para la aprobación de las ayudas de Estado de los fondos Next Generation EU, con especial foco en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) y las inversiones. Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en rueda de prensa tras reunirse con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. “España será motor de crecimiento en Europa en este 2023 y en este contexto es fundamental acelerar aún más el despliegue de los fondos europeos”, ha subrayado la vicepresidenta primera, tras enfatizar que el plan de recuperación financiado con los fondos Next Generation EU es el instrumento fundamental para seguir impulsando la modernización de la economía española en clave verde y digital. En respuesta a la consulta abierta por la propia Comisión Europea a la revisión que está en marcha del marco legal de ayudas de Estado, España ha planteado que se aceleren los procedimientos para la aprobación de las ayudas financiadas con los fondos Next Generation EU, con especial atención en los Perte y el resto de proyectos e inversiones del plan de recuperación. “Es importante que, en el contexto actual, agilicemos todos los procedimientos y garanticemos el buen funcionamiento del mercado interior”, ha insistido Calviño. 

La ministra de Industria, Reyes Maroto, decidió destituir a finales de año, y para sorpresa de patronales y sindicatos, al secretario general de Industria, Raúl Blanco. El exsenador socialista por Asturias, Francisco Blanco, lo sustituye en este último año de legislatura, en el que se ha marcado dos objetivos básicos: gastar los 4.214 millones de euros de fondos europeos con los que cuenta para lanzar la industria, básicamente a partir de los denominados PERTE, y aprobar en el Parlamento antes de final de año la ley de Industria, otro compromiso previo ante la Comisión Europea para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A esos compromisos se sumará la gestión de las crisis empresariales que vayan surgiendo. La primera del año ha sido que la división de renovables de General Electric amenaza con el despido de 200 trabajadores. El gabinete vivirá otros cambios en pocos meses, cuando la propia Maroto abandone el Consejo de Ministros para convertirse en alcaldable por Madrid en las municipales de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha dado a conocer cómo pretende cubrir esa baja, aunque nadie descarta que el ministerio (que también incluye Turismo y Comercio) se funda en otro ya existente, como sucedió en tiempos del PP, cuando en una remodelación similar lo asumió Economía. El Gobierno también estudia nombrar un comisionado (con categoría de subsecretario de Estado) para cada uno de los cuatro PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que desarolla el ministerio: actividad agroalimentaria, sector naval descarbonización y vehículo eléctrico y conectado. Los dos primeros previsiblemente se aprobarán en el Consejo de Ministros de hoy, según fuentes del Gobierno.

El Gobierno tiene la intención de pedir autorización a Europa para que el mecanismo ibérico que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica en España y Portugal pueda aplicarse más allá del próximo mayo, mientras dure la crisis energética y se actualiza la regulación comunitaria. Así lo anunció ayer lunes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el programa Espejo Público, de Antena 3, donde explicó que les gustaría que el “tope al gas” fuera “lo más bajo posible”, en torno a 45 o 50 euros, y que “se pudiera prorrogar, por lo menos, hasta final del año 2024”. Extender este mecanismo supone en la práctica ampliar el escudo que está usando ahora España para evitar la escalada de los precios de la luz. Este sistema funciona de forma creciente. Cuanto más sube la luz, más ahorro reciben los usuarios. Ribera, también vicepresidenta tercera del Ejecutivo, ha insistido en que quiere aportar propuestas para acometer una “regulación de fondo” que permita modernizar el mercado eléctrico en Europa. Sin embargo, es consciente de que, “hasta que eso llegue puede llevar mucho tiempo”, de ahí el interés por mantener el “mecanismo ibérico”, una medida excepcional que, en principio, sólo será de aplicación hasta el próximo mayo. “Sí que tenemos la intención de pedir que hasta que no se haya modificado la regulación europea se pueda extender la aplicación de la solución ibérica”, admitió Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentará hoy tras el Consejo de Ministros las líneas maestras de la propuesta que el Gobierno español va a remitir a Bruselas para la reforma del mercado mayorista de la electricidad, cuyo debate está previsto para la próxima primavera entre los países comunitarios. Esta propuesta, incluida en un informe que analiza el Gobierno en su reunión de hoy, es la primera que envía un Estado miembro a la Comisión Europea sobre la citada reforma y coincide con la solicitud de España de que se extienda hasta fin de 2024 la llamada excepción ibérica, que impone en la Península un precio tope a la generación eléctrica con gas y caduca en junio. Ese es el plazo que el Gobierno prevé para alcanzar un consenso para la reforma del mercado marginalista. Precisamente, la clave de la reforma que plantea el Ejecutivo es el desacoplamiento de la generación eléctrica con gas natural de dicho mercado, que no implicaría eliminar el sistema marginalista, según fuentes conocedoras del informe. De hecho, la excepción ibérica no expulsa al gas del pool, sino que impone un tope de precio para evitar que las tecnologías inframarginales (nuclear, hidráulica o renovables) se contaminen de las altas cotizaciones de aquel (también del carbón).

El Consejos de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo y de calidad. La norma, que está a expensas de la negociación en el Parlamento, tiene como objetivo principal reorientar las bonificaciones de las cotizaciones sociales hacia el fomento del empleo indefinido. Por lo tanto, y salvo en el caso de las personas discapacitadas, la norma recortará todo tipo de ayudas al empleo temporal, para dedicarlas exclusivamente al fomento del empleo indefinido. Con ello, y en principio, el Gobierno espera ahorrar 280 millones de euros. Esta cifra es el resultado de las siguientes partidas. Por un lado, el Ministerio de Trabajo ha previsto ahorrar 475,93 millones de euros al año, por la supresión de los contratos temporales y sus bonificaciones de cotizaciones sociales. Es una medida coherente con las restricciones a la contratación temporal que se regularon en la reforma laboral que, precisamente, entró en vigor hace un año. Incluso, el Ejecutivo va a suprimir la bonificación de las cotizaciones sociales al autónomo que contrate a un familiar. Sin embargo, según establece la memoria económica del anteproyecto de ley, a los 475,93 millones de euros, derivados de la disminución del empleo temporal, hay que restarle los 196,93 millones de euros de apoyo a la contratación de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

La debilidad del mercado laboral se hace cada vez más patente, debido a la ralentización de la economía, la incertidumbre de cara a este año y la escalada de los costes laborales. Tras la desaceleración de la creación de empleo en la segunda mitad del año, cuando el número de afiliados pasó de crecer a un ritmo superior al 5% anual al 2,4% en diciembre, las perspectivas para el arranque de este año no son nada halagüeñas. Y la primera señal de este enfriamiento es la contratación para la campaña de rebajas de enero, que arrojará unas cifras bastante más contenidas que las del año pasado. Así, para este año se esperan 140.660 contrataciones específicas para las rebajas, de acuerdo con las previsiones publicadas ayer por la agencia de recursos humanos Randstad, lo que supone un 24,2% menos que el año pasado, cuando se registraron cerca de 185.500 firmas. Según estos pronósticos, este año apenas se producirán 140.660 contrataciones para las rebajas, lo que supone la cifra más baja desde 2017. Esto se debe fundamentalmente “al clima de incertidumbre que actualmente sufrimos, que provocará que la reciente campaña de Navidad o la inminente de rebajas tengan resultados más moderados que las del año anterior”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research. De hecho, esta agencia estimó que la campaña de Navidad también había sido más moderada que la del año anterior, ya que apenas se llegaron a producir unas 402.040 contrataciones, un 17,3% menos que en la campaña de 2021. Y eso supone un cierto golpe para la creación de empleo el próximo año, ya que buena parte de los empleos creados para campañas específicas se mantienen en el futuro.

El desempleo juvenil subió en la Unión Europea (UE) en 2022 desde el 14,8% hasta el 15,1%, lo que supone un incremento de 180.000 nuevos jóvenes desempleados, de los que 68.000 (un 38%) son españoles. Esto supone que cuatro de cada diez nuevos jóvenes parados en la UE perdieron su empleo en España. Según los datos publicados ayer por Eurostat, el paro entre los menores de 25 años en España se incrementó el año pasado hasta el 32,3% a cierre de noviembre –último dato disponible–, en comparación con el 31,2% que tenía en el mismo mes del año anterior, 1,1 puntos más. En total en el país 535.000 jóvenes no tienen trabajo. Este aumento del paro juvenil llama la atención al producirse en un ejercicio en el que la tasa general de paro se redujo desde el 13,4% al 12,4%, un punto menos. La divergencia entre ambas se debe a que el desempleo de los que tienen más de 25 años ha bajado del 12,2% en noviembre de 2021 al 10,9%, con lo que el problema está en el mantenimiento y acceso al empleo de los de menos edad. Aún así, pese a la corrección de 2022, España sigue siendo el país de la UE con mayor tasa de paro, ya que la media de la Eurozona se sitúa en el 6,5%. El aumento del desempleo entre los menores de 25 años coloca a España también como el país de la Unión Europea con una mayor tasa de desempleo juvenil, posición que ocupaba Grecia hace un año. Ahora, el país helénico ocupa el segundo puesto con una tasa de paro entre los jóvenes del 31,3%, seguida de Italia (23%), Suecia (20,3%), Letonia (19,4%), Luxemburgo (19,1%) y Eslovaquia (18,7%).

Cada año que pasa el porcentaje de jóvenes que viven independizados del hogar familiar se reduce en Euskadi. Cada año que pasa la edad media de emancipación aumenta. Inestabilidad laboral, salarios insuficientes, expectativas vitales con más incertidumbres que certezas, precios de la vivienda desorbitados tanto en compra como en alquiler... Abandonar la casa de los padres para volar solo está cada vez más difícil para los jóvenes vascos. Así lo atestigua el último informe ‘Población joven y vivienda’ elaborado por el Observatorio vasco de la Vivienda, que revela que el porcentaje de menores de 35 años independizados se situó en 2021 por primera vez por debajo del 33%. Dicho de otro modo, dos de cada tres vascos menores de 35 años aún residen en casa de sus padres o tutores. Apenas una década antes, en 2010, los jóvenes emancipados sumaban el 43,7%, casi la mitad del colectivo. Y eso que en Euskadi cada vez hay menos jóvenes. El Instituto vasco de Estadística (Eustat), registraba el año 2000 932.005 habitantes por debajo de los 30 años; en 2010 la cifra había caído a 657.854 y en 2021 a 610.134. En poco más de 20 años ha desaparecido un tercio (34%) de la población vasca menor de 30 años, 320.000 personas menos. A pesar de ello, la tasa de emancipación dibuja una senda claramente descendente, con la única excepción de 2019, cuando repuntó un punto y medio, hasta el 38,5%. Desde entonces, la pandemia y la crisis asociada, ha acelerado la tendencia a la baja, en dos años, un 32,9% menos. El análisis apunta que «la inestabilidad laboral es un factor evidente» de este proceso. Pero no solo eso. Incluso entre los jóvenes con contrato indefinido, «los salarios son reducidos».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exigió ayer a la patronal CEOE que se siente con los sindicatos para retomar la negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que incluya las recomendaciones de subidas salariales en los convenios para 2023 o, de lo contrario, las centrales se volverán a movilizar incluso con más intensidad. Según dijo Álvarez, el lema de las movilizaciones salariales del año pasado, que fue Salario o conflicto está plenamente vigente. Por ello, “si durante este mes de enero la patronal no respira y no da muestras de querer negociar, los sindicatos vamos a empezar a plantearnos de qué manera vamos a abordar los convenios colectivos en 2023, partiendo de este lema, que ha dado resultados positivos”, señaló. Para acto seguido reprochar a los empresarios: “a ver si vamos a tener una patronal que no está, que no quiere cumplir con sus obligaciones constitucionales”. Es más, el líder sindical aseguró que dado que las movilizaciones por los salarios del pasado año dieron buenos resultados, UGT y CC OO adoptarán nuevas presiones más efectivas para forzar a la patronal a llegar a un acuerdo salarial. Si bien no precisó cuáles serán dichas fórmulas de presión. Para Álvarez, que compareció ayer ante los medios de comunicación para hacer balance de las negociaciones laborales que se producirán en los próximos meses, las protestas y movilizaciones sindicales del pasado año sirvieron para que los salarios hayan aumentado cerca del 4%. 

La pesadilla de los años noventa e inicios de los 2000 en los excesos en las operaciones urbanísticas y la corrupción política ligada al ladrillo, están teniendo una consecuencia casi 30 años después. Las promotoras de viviendas comienzan a quejarse de la falta de solares que dispongan de los permisos para levantar casas debido al engorroso proceso de planeamiento que se extiende durante décadas y porque, tal como está diseñado el proceso normativo, los tribunales tumban las operaciones enteras por cualquier error en las modificaciones de los planes municipales. Para simplificar y agilizar la aprobación de operaciones urbanísticas, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) prepara un anteproyecto para modificar la ley del suelo, con la intención de aprobarlo antes de que acabe esta legislatura, según avanzó el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros del 13 de diciembre. “La carestía de suelo disponible en España para atender las necesidades que detectan los promotores inmobiliarios, tanto en relación con actividades productivas como de vivienda, deriva directamente de la situación de obsolescencia y falta de actualización del planeamiento urbanístico”, señalan fuentes del Mitma. De hecho, desde el departamento de Raquel Sánchez destacan tres problemas: la complejidad de la tramitación y la dilación de plazos; la anulación de un porcentaje muy elevado de planes urbanísticos en las ciudades donde existe demanda, y las “decenas y decenas de informes sectoriales” que son reclamados, que en muchas ocasiones son incluso desconocidos por los propios políticos y gestores.

Las patentes en tecnologías de hidrógeno verde en España han aumentado un 5% anual durante la última década, según un nuevo estudio realizado conjuntamente por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esto supone un ritmo de crecimiento anual mayor al de Alemania (+4,2%), Países Bajos (+4,4%) e Italia (+2,6%), y solo superado por el de Francia (+5,7%). España se sitúa así en el top 10 de países europeos en patentes de hidrógeno, que están evolucionando de manera global hacia tecnologías más limpias. El informe muestra que las tecnologías de hidrógeno respetuosas con el medio ambiente representaron el 76% de las patentes derivadas de hidrógeno en España en los últimos diez años, lo que supone una proporción bastante mayor a la registrada por otros países europeos (64% en Alemania, 55% en Francia, 59% en los Países Bajos). El estudio recoge la actividad global de las patentes en tecnologías de hidrógeno entre 2011 y 2020, y analiza la gama completa de tecnologías involucradas: desde la producción de hidrógeno, el almacenamiento, la distribución y la transformación, así como las aplicaciones de uso final. Asimismo, el informe establece una división entre las tecnologías de hidrógeno que todavía usan combustibles fósiles (sobre todo en su producción de hidrógeno) y tecnologías respetuosas con el medio ambiente, que reducen las emisiones de gas de efecto invernadero mediante el uso de energías renovables.

Enero de 2020, San Sebastián: «Me voy por un tema personal, pero estoy incómodo en la actual política de trincheras». Enero de 2023, Madrid: «Regreso porque creo honestamente que es el momento de darlo todo y porque se abre una oportunidad para cambiar las cosas en nuestro país». Entre una y otra declaración de Borja Sémper han transcurrido tres años y 350 kilómetros en línea recta. Tiempo y distancia que le han servido para navegar desde la decepción por la dinámica de «confrontación permanente» en la que se había instalado el PP de Pablo Casado hasta la ilusión por el proyecto «moderado y centrista» que ahora observa en Alberto Núñez Feijóo, «con serenidad y sin crispación». Tras una etapa de tres años en la empresa privada y alejado de los focos, Sémper vuelve al ruedo político. Y lo hace con una difícil misión encomendada personalmente por el líder de la oposición y aspirante a la Presidencia del Gobierno. Será el portavoz de Génova de cara a la campaña de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo a los que el PP mira como primera vuelta de unas generales que, previsiblemente, se celebrarán a finales de este mismo año. El expresidente del partido en Gipuzkoa y exportavoz en el Parlamento vasco, estandarte de la resistencia contra el terrorismo de ETA, es desde ya la cara visible de un maratón electoral en el que los conservadores buscan consumar todo un vuelco político en España.