20230122

En un año clave, y en vísperas de que España pida a la UE 94.300 millones más, Gobierno Vasco y empresas critican un sistema encorsetado y con «ineficiencias». Una auténtica montaña de dinero (a España le corresponderían hasta 140.000 millones) que, como es lógico, lleva aparejados un sinfín de protocolos y de burocracia que, a la postre, está complicando la llegada de esos recursos a la economía real y, aún más, haciendo que se pierda parte del dinero por las grietas del sistema. Si a eso se suma que quien paga (y por tanto quien manda) es Bruselas y que la ventanilla única está solo en Madrid, lejos de Euskadi, que pide a gritos cogobernanza en busca de mayor eficiencia, el efecto de los Next Generation a pie de calle y de pabellón industrial en el País Vasco está siendo por ahora limitado. Así lo aseguran las empresas vascas, que ya hablan sin ambages de «decepción» y de «oportunidad perdida». Mikel Amundarain, viceconsejero de Industria, añade que la importancia de los fondos europeos, en un momento de obligadas transformaciones y transiciones para las empresas vascas, «son una palanca esencial y tienen todo el sentido del mundo». E insiste en que «el diseño (del sistema) es deficiente y está concebido desde una perspectiva alejada de Euskadi». «Que tengamos un 25% del PIB en la industria no quiere decir que no nos tengamos que transformar, y lo que está llegando es poco y viene con retraso, lo que retrasa el aprovechamiento», afirma. «La gente, las empresas, están con ganas de invertir y hacer cosas, pero...», añade. Desde la patronal vasca Confebask, su director general, Eduardo Aréchaga, tiene claro que los fondos europeos han sido un verdadero fiasco, y habla de «desilusión y decepción» en el tejido productivo de Euskadi. Tanto es así que asegura que «los Next Generation ya no están en las conversaciones de las empresas». «Esas expectativas que tenían las pymes de que se podrían apoyar en ellos para las grandes transformaciones han desaparecido», lamenta, mientras critica la enorme burocracia: «Las pequeñas pueden estar todo el día mirando el BOE». Aréchaga deja claro que «los fondos no están llegando». El responsable de Confebask asegura que la patronal y las empresas de Euskadi tienen una sensación de «oportunidad perdida». 

El próximo mes de mayo cumplirá 22 años como primer ejecutivo de Iberdrola y todas las previsiones apuntan a que seguirá en esa posición hasta la primavera de 2027. Al menos. Nadie se atreve a ponerle en el horizonte una fecha de punto y final porque el protagonista demuestra sentirse en plena forma y su mensaje permanente contiene siempre un hilo conductor de estar en la línea correcta, pero con una permanente obra inacabada. La próxima junta de accionistas de la compañía eléctrica vasca, que se celebrará a finales de abril, aprobará la reelección de Ignacio Galán como consejero de la firma para un nuevo periodo de cuatro años –hasta la primavera de 2027–, culminado ya el actual plan estratégico que contempla inversiones por valor de 47.000 millones de euros hasta 2025 y en pleno proceso de maduración de la siguiente etapa. Hace ahora cinco años, con ocasión de la entrega de un premio que reconocía sus méritos como gestor, aseguró que había conseguido ser el ejecutivo más longevo de la industria eléctrica europea gracias a la «habilidad para no meter los dedos en el enchufe». Quién lo diría, porque lo cierto es que Ignacio Galán es reconocido por decir habitualmente lo que piensa, lo que le ha llevado a meterse en no pocos y profundos ‘charcos’. También sabe frenar en el momento justo, como lo demostró hace apenas unos meses en plena escalada de tensión con el Gobierno español –a propósito de la política de precios de la electricidad, pero sobre todo por la implantación de un impuesto a la facturación de las energéticas–, cuando decidió plegar velas en el escenario público. «Si Botín o Galán protestan es que vamos en la buena dirección», llegó a decir Pedro Sánchez para que no quedase ninguna duda de que el Ejecutivo estaba dispuesto al choque de trenes.

El viento siempre ha estado ahí, pero el rechazo social y político ha bloqueado durante casi dos décadas su aprovechamiento como fuente de energía. El escenario ha cambiado en gran medida cuando la guerra de Ucrania ha desnudado la dependencia energética de Europa y su sumisión a las tensiones inflacionistas. El camino no está despejado del todo y el rechazo municipal de Zalla al proyecto de Las Llanas –en un emplazamiento titularidad de Zalla, Gordexola y Güeñes– es la prueba. Sin embargo, el muro que bloqueaba cualquier actuación parece hoy menos alto. La autorización administrativa a los parques eólicos de Labraza y Azazeta es el pistoletazo de salida para la puesta en marcha de 15 nuevos proyectos, que supondrían la instalación de 463 megavatios (MW) de potencia eólica instalada en la CAV, o lo que es lo mismo, triplicar la capacidad de generación respecto a los niveles actuales. El punto de partida es residual, con siete huertos eólicos y una potencia instalada de 153 MW. Han pasado 18 años desde que empezaron a girar las aspas del último parque eólico de la CAV, el de Punta Lucero, en el Puerto de Bilbao. La tecnología ha dado un gran salto en ese tiempo y los aerogeneradores actuales producen más energía. De modo que el impacto visual y el riesgo para la fauna se reduce básicamente porque son necesarios menos molinos para alcanzar los umbrales que hacen rentable la instalación.

Los inmigrantes encabezan la recuperación del mercado laboral vasco tras la gran crisis financiera. Desde 2013, el punto más bajo, los trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social han crecido en casi un 80%, mientras que los autóctonos solo lo han hecho en un 10%. En concreto, en esta década se han incorporado al sistema 36.400 cotizantes foráneos hasta cerrar el pasado ejercicio con un récord histórico de 83.233. Este crecimiento da una idea de cómo los inmigrantes están cubriendo la escasez de profesionales que sufre Euskadi en prácticamente todos los sectores, debido a una sociedad envejecida, con la natalidad en mínimos históricos. El fenómeno viene de lejos aunque se ha exacerbado en el último año, con la reactivación tras el covid, cuando los extranjeros supusieron el 60% de los nuevos cotizantes: el total de afiliados aumentó en 14.000 personas y, de ellos, más de 8.500 eran inmigrantes. «El flujo ha vuelto a retomar el ritmo tras el frenazo de la pandemia», señala Maite Fouassier, investigadora de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración. Resulta llamativo, además, que Euskadi fue la comunidad de España con mayor crecimiento de afiliados extranjeros, solo por detrás de Canarias. En concreto, el aumento de cotizantes foráneos en el año se disparó un 11,4%, un alza muy superior a la media nacional. Pese al espectacular crecimiento, su peso sobre el total de trabajadores –casi un millón en el País Vasco– es todavía del 8,4%, por debajo de 12% del conjunto de España.

El balance de las actividades de las empresas turísticas en el estand de Euskadi en Fitur 2023, tras los días profesionales, ha arrojado la participación de 148 empresas participantes. Respecto a la edición anterior, estas cifras han supuesto una subida del 55,7%. La cifra bate el récord de empresas en el estand que se estableció en la última edición previa a la pandemia y que estaba situado en 143 participaciones. Según ha detallado el Gobierno Vasco, el número de reuniones mantenidas en la zona de trabajo ha sido de 745, lo que supone un 119,1% más con respecto la edición anterior. El mostrador que más interés ha suscitado ha sido el dedicado al producto Touring The Basque Route , la información sobre los montes vascos y la zona de información general. A estos datos se le añade el número de personas atendidas en el mostrador específico dedicado a las etapas de Le Tour por Euskadi, el Grand Départ Pays Basque 2023, y la oferta y promoción cicloturista promovida por Basquetour. Asimismo, la información más demandada ha sido la relacionada con la gastronomía, turismo de naturaleza y mitología.

El Gobierno Vasco se enfrenta a una intensa labor en los próximos meses si quiere cumplir con sus compromisos legislativos. El Ejecutivo PNV-PSE arrancó en julio de 2020, de manera que finalizará su mandato, salvo sorpresas, en ese mismo mes de 2024. En la actualidad, transcurridos dos años y seis meses de legislatura, la Cámara ha dado luz verde a 17 de las 36 leyes que forman parte del programa del Gobierno de Iñigo Urkullu. Por tanto, quedan en cartera otras 19 que deberán ser aprobadas en el restante año y medio si el bipartito, que cuenta con mayoría absoluta, quiere cumplir con su programa. Entre estas últimas algunas son de la relevancia de Ley de Educación, Empleo, Salud Pública, Memoria Histórica y Democrática o Transición Energética y Cambio Climático.

La pandemia primero y la crisis energética agravada con la guerra en Ucrania después han provocado que prácticamente todos los gobiernos del mundo se vean obligados a disparar su gasto para minimizar el impacto del ‘shock’ sobre familias y empresas. Así, según datos de Eurostat, los Estados de la UE y Reino Unido gastaron un total de 227.970 millones de euros en 2020 solo en medidas ‘anticovid’, a lo que habría que sumar el gasto de 2021 y todos los planes aprobados para luchar contra la inflación. En el caso español, el Ejecutivo los calcula en 45.000 millones. Un desembolso necesario que ha complicado la lucha contra el déficit estructural y que sigue engordando la deuda pública que desde hace más de una década es el auténtico talón de Aquiles de economías como la española. A pesar de que el sector privado está mucho menos apalancado que en la anterior crisis de 2008, y que el récord de ingresos tributarios aleja la posibilidad de una nueva crisis soberana, ya hay voces que apuntan a que los abultados niveles de deuda sí son un «elefante en la habitación» de la economía global. Sobre todo en el actual entorno de estancamiento en el ritmo de crecimiento. «El riesgo de recesión es más bajo que hace unos meses, pero eso no significa que no pueda haber un gran susto. Y en momentos de incertidumbre, los inversores se fijarán en la salud de las cuentas públicas para tomar sus decisiones», indica José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis.

En Moncloa y en Economía sabían que, con la fuerte revisión que había realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la Contabilidad Nacional del crecimiento de los trimestres anteriores, el dato a cierre de año superaría esa barrera del 5%. «Sin duda, la economía española está fuerte», presumían en el Ejecutivo. Y las actualizaciones que este misma semana han realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Funcas o el Fondo Monetario Internacional (FMI) no han hecho más que darle la razón a Sánchez apenas tres semanas después del vaticinio del presidente. Pero no sólo eso, sino que han eliminado cualquier atisbo de recesión técnica, la que según la AIReF y muchos analistas se iba a producir con seguridad durante el último trimestre del pasado año y el primero del presente. Pero la economía española ha logrado esquivar esa contracción. «Nuestro modelo arrojaba hasta un 90% de probabilidades de recesión», explica Manuel Hidalgo, profesor en la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow del centro de Políticas Económicas de Esade. Pero la suma de varios factores han hecho que ese raquítico 10% se haya convertido en la realidad. Para empezar, la apuntada revisión del INE, que ha modificado las cifras de todos los economistas y ha evidenciado que el comportamiento de la economía durante 2022 fue mejor de lo que inicialmente estimó. Significativamente mejor. «Las cifras de los trimestres anteriores han sido corregidas sensiblemente al alza, de modo que el crecimiento interanual del PIB en la primera mitad del año fue del 7,3%, en lugar del 6,7% inicialmente publicado», apuntaba esta semana Funcas. También la AIReF fue muy clara al apuntar la relevancia de esta corrección, que además ha generado cierta polémica. 

"La economía aguanta, pero los indicadores abogan por una acción atemperada del BCE...De momento, los hechos tienden a avalar la visión de relativo optimismo manifestada por Christine Lagarde: la eurozona (y, por ende, España, por su diferencial favorable tanto de inflación como de crecimiento) evitaría una recesión prolongada. Es cierto que el ajuste abrupto de tipos de intervención directamente controlados por el banco central se ha trasladado a los costes financieros que soportan familias y empresas, como no podía ser de otra manera. El euríbor ha pasado del -0,5% a principios de 2022 al 3,3% actual, mientras que el tipo de interés para los préstamos a empresas se ha duplicado hasta superar el 3% (con datos hasta noviembre, que hacen presagiar un ascenso adicional en el cierre del año). Sin embargo, el crédito parece aguantar. La concesión de nuevos préstamos al sector privado se ha reducido de manera cuasi imperceptible en el periodo reciente. Recordemos que en 2008 las turbulencias financieras provocaron una contracción del crédito a empresas del 6% y del 30% en el caso de los hogares, preludio de la Gran Recesión. También se esperaba un deterioro del factor confianza —clave en decisiones de consumo e inversión— como consecuencia del giro monetario. Pero la encuesta de la Comisión Europea para España apunta a un ligero repunte —si bien situándose todavía en terreno contractivo—, dejando atrás los mínimos alcanzados tras la invasión de Ucrania. Por otra parte, en contra de los peores vaticinios, la prima de riesgo que soporta la deuda pública española apenas se ha resentido de la subida de tipos ni del fin del programa de compra de bonos del BCE. Con todo, y pese a que el impacto de la política monetaria se suele diluir durante un periodo relativamente largo que todavía no se ha agotado, la economía parece estar asimilando el alza de costes financieros sin demasiados sobresaltos. Otra cosa es hasta dónde podrá aguantar el nuevo ciclo de subidas de tipos que se ha anunciado, en aras a una inflación subyacente que no da respiro..." 

El mayor movimiento de población se produce todos los años por estas fechas en China. Millones de ciudadanos vuelven a casa, desde otros puntos del país o desde el extranjero, con ocasión de la celebración del Año Nuevo Lunar, que en 2023 empieza hoy. Y muchos aprovechan que es festivo durante una o dos semanas para viajar unos días al exterior, sobre todo por Asia y Europa. La pandemia lo paralizó todo, pero la decisión de Pekín de reabrir las fronteras en enero después de tres años de aislamiento hará resurgir poco a poco la actividad turística durante 2023, ejercicio en el que el turismo global aspira a recuperar la normalidad que la covid-19 hizo saltar por los aires. El impacto de la gran reapertura —como algunos han bautizado al fin de 33 meses de duras restricciones en el gigante asiático— ha sido uno de los temas presentes esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid. Hay grandes expectativas sobre el efecto que tendrá la vuelta de los viajeros chinos. También habrá, además, más españoles viajando a China, un destino casi inexistente desde marzo de 2020. “Ahora solo es necesario presentar una PCR para entrar”, comenta uno de los empleados del estand de China en Fitur. Las largas cuarentenas han acabado. El turismo procedente de China tiene un peso muy limitado en España. En 2019, antes de la pandemia, de los 84 millones de turistas que se recibieron, 699.000, un 0,8%, fueron chinos. Pero el gasto por viajero era muy elevado: unos 2.500 euros por visitante hace tres años, más del doble que británicos (965 euros) y alemanes (1.077 euros). Y estancias más largas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

La oleada de decenas de miles de despidos en las grandes empresas tecnológicas es, en gran medida, un error de cálculo. Las mismas compañías que están ahora anunciando, con mensajes compungidos, que despiden a sus trabajadores vienen de contratar nuevos empleados a un ritmo sin precedentes en los últimos años. Solo Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Meta y Apple —las big tech, los cinco gigantes tecnológicos— aumentaron su nómina en un millón de personas en los últimos tres años. Ahora han anunciado el despido de más de 50.000 trabajadores. La única que no se ha sumado, por ahora, al tsunami de recortes es Apple. “Contratamos para una realidad económica diferente a la que afrontamos hoy”, reconoció recientemente en su mensaje a la plantilla Sundar Pichai, el consejero delegado de Google, al anunciar el recorte de 12.000 empleos. Es cierto que la situación económica se ha deteriorado, pero el mercado laboral de Estados Unidos está más vigoroso que nunca, con una tasa de paro en el 3,5%, que iguala el mínimo de los últimos 50 años. En lo que más ha cambiado la “realidad económica” es en que la fuerte demanda de productos y servicios de las empresas tecnológicas que se registró con la pandemia, el confinamiento, el cambio de hábitos de consumo y el teletrabajo generalizado ha decaído con la progresiva vuelta a la normalidad. Las firmas tecnológicas se han encontrado con unos ingresos que ya no crecen al ritmo que esperaban y con unos costes que sí lo han hecho. En algunos de estos gigantes, el beneficio ha empezado a caer con fuerza.

Un fantasma recorre, de nuevo, el Reino Unido. El pesimismo ante una economía en declive. Ya ocurrió otras dos veces en su historia. Al final de la larga época victoriana, cuando Estados Unidos o Alemania alcanzaron su desarrollo industrial y pusieron fin a su ventaja competitiva. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la nación aliada apenas lograba levantar cabeza mientras Europa Occidental resurgía con fuerza. “El Brexit ha congelado el crecimiento. Ahora estamos obligados a hacer mucho más, simplemente para mantenernos en pie. Pero nos resulta imposible crecer, porque no hay personal. Lo único que puedo hacer es retener a toda costa a los que ya tengo y, lógicamente, aumentar su sueldo para que no me los quiten”. Sergio Dionisio, de 44 años, es un portugués que comenzó en Londres su aventura empresarial, en 2006. Eran los últimos coletazos de la década gloriosa del Nuevo Laborismo de Tony Blair, a la que puso freno la crisis de 2008. La innovación y las nuevas habilidades laborales impulsaron esos años como un cohete la productividad del país. StarPlus Services, la compañía de Dionisio, crecía cada año entre un 40% y un 50%. Comenzó con tareas de limpieza y mantenimiento de oficinas y edificios administrativos. Hoy controla la gestión integral de muchos de esos complejos, tanto en Inglaterra como en Escocia. “El problema está en que para extender el negocio recurrí a subcontratas. Y esas empresas me anulan contratos de la noche a la mañana, porque son incapaces de reclutar al personal necesario. Como las cosas sigan así nos encaminamos al desastre”, se queja Sergio.

Los reguladores alertan de los riesgos en la industria financiera no bancaria, que podrían desestabilizar el sistema económico mundial. La industria financiera no bancaria (IFNB), también conocida como banca en la sombra, maneja ya el 49% de los activos financieros totales del planeta. Hablamos de 239 billones de dólares en manos de intermediarios que no son bancos, pero se comportan como si lo fueran —aunque no tienen unas exigencias de capital y de transparencia tan estrictas como ellos—. Salvo captar depósitos, ofrecen una gama amplia de oportunidades de inversión y financiación, cubren áreas a las que los bancos no llegan e incluso pueden hacer que el sistema financiero sea más resistente al riesgo crediticio. Aquí se incluyen entidades a priori respetables y prudentes como fondos de pensiones, compañías aseguradoras o incluso hedge funds. Pero cuando las cosas van mal pueden desencadenar o amplificar el estrés del mercado y desatar el pánico, como recuerda un informe del Banco de Pagos Internacionales (BIS), un organismo propiedad de los bancos centrales con sede en Basilea. Y últimamente hay unas cuantas cosas que van mal en el mundo. El desarrollo de la financiación extrabancaria es visto por los supervisores con sentimientos encontrados. Lo dijo claramente hace unos meses el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura: “La economía española y europea necesita, en términos porcentuales, menos financiación bancaria y más financiación no bancaria. ¿Es eso un problema? Para mí no lo es”, se respondía. “Sería una bendición para la economía española. La inversión colectiva internacional es, en términos generales, sólida, segura y estable. Desde luego, no menos que el sector bancario”. Pero hay un debate enconado sobre si existe un elevado riesgo sistémico asociado a la intermediación financiera no bancaria, y en concreto, a la inversión colectiva, o a una parte de ella. Un debate donde las cosas no son blancas o negras.

Finlandia está en el vértice de la crisis energética europea, y el tercio norte del país, donde se sitúa Rovaniemi (53.000 habitantes), es la zona donde los riesgos son mayores para la población. Situada seis kilómetros al sur del círculo polar ártico y con una temperatura media anual de un grado, esta pintoresca localidad lleva meses preparada para lidiar con una situación de escasez energética, tanto con apagones cortos diseñados intencionadamente, como con la posibilidad de una desconexión total e indefinida del suministro eléctrico, que dejaría la ciudad sin internet ni conexión telefónica, calles a oscuras y cañerías reventadas por la congelación. “Hemos comprado dos generadores de gran potencia, muy difíciles de conseguir hoy en Europa”, indica Johanna Aho, responsable municipal de Gestión de Riesgos. “Podríamos mantener calientes instalaciones en las que caben cientos de personas y hay grandes cocinas”, añade. El municipio, que tiene una extensión equiparable a la de la Comunidad de Madrid, incluye 50 aldeas, algunas con unas decenas de habitantes —Laponia finlandesa es la región con menor densidad de población de toda la UE—. En estas localidades remotas y diminutas, todas las viviendas deben contar por ley con un método alternativo a la calefacción eléctrica. Y la alimentación tampoco supone un problema. “Prácticamente toda la gente caza, tienen comida acumulada en invierno”, explica Risto Varis, encargado de Educación y Servicios Sociales. “El congelador no funcionaría, pero solo tendrían que dejar la carne fuera de casa”.