20230205

La vicepresidenta primera y minstra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunió el viernes en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urukullu, en un intento de limar los desencuentros y críticas recibidas en los últimos meses por parte del Ejecutivo de Vitoria en relación a la gestión de los fondos europeos. En una entrevista concedida a este periódico pone en valor los 870 millones transferidos a Euskadi y señala que «ahora es el Gobierno Vasco el que debe ejecutar los proyectos con la mayor agilidad para desarrollar las inversiones en Euskadi». "La relación con el Gobierno Vasco es muy constructiva. Mi reunión con el lehendakari ha venido a constatar el buen estado de la cogobernanza durante todos estos años. El Gobierno Vasco ya gestionaba buena parte de estos fondos. De hecho, le hemos transferido casi 870 millones y ahora es el Gobierno Vasco el que debe ejecutar los proyectos con la mayor agilidad para desarrollar las inversiones en Euskadi. La cogobernanza que hemos puesto en marcha con las comunidades autónomas está funcionando y se refleja en que ya se han resuelto convocatorias de ayudas y subvenciones por 45.500 millones...Hay 7.800 beneficiarios en el País Vasco, de los que un 88% son empresas. Además, las compañías vascas están teniendo un papel protagonista en los proyectos estratégicos, los famosos PERTE. Hay 80 proyectos liderados por empresas vascas en áreas como el vehículo eléctrico, la salud de la vanguardia o el hidrógeno verde. Cuatro de los diez proyectos en el ámbito del vehículo eléctrico son de empresas vascas..."

La decisión del Gobierno español de tomar la delantera e intentar liderar la reforma del mercado eléctrico europeo no ha sentado nada bien en el sector. Ni en España ni en el resto de la UE. Las compañías intuyen que detrás de las líneas generales que ha anticipado el ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera se esconde un intento de intervenir, mucho más de lo que ya está, el mercado de la electricidad. Mientras tanto, desde el lado de los grades consumidores, la industria electrointensiva –firmas siderúrgicas, metalúrgicas y químicas, principalmente– aplauden el dibujo porque entienden que puede tener para ellos un efecto beneficioso, traducido en una reducción de costes energéticos y también en una mayor estabilidad. La patronal europea del sector, Euroelectric, ya ha pedido a la comisaría europea de energía, Kadri Simson, que no atienda demasiado las pretensiones españolas. El funcionamiento del sistema eléctrico y la fijación de precios es solo apto para muy cafeteros, por lo enrevesado de un negocio que tiene diferentes costes de inversión y producción de acuerdo a cada tecnología; impactos externos coyunturales como ha sucedido ahora con el precio del gas y también exigencias de mantener plantas siempre listas para entrar en funcionamiento si es necesario. El sector eléctrico ya ha interpretado que el Gobierno español aspira a crear una especie de central de compras para convertirse así en el intermediario monopolista de ese mercado y discriminar mucho la remuneración en función de los costes reales de cada fuente de electricidad. Es, apuntan en el sector, la antesala de la retirada de incentivos y «un riesgo claro para las inversiones de los próximos años». 

«El gran riesgo de una intervención no pactada del mercado eléctrico es que se produzca un parón en las nuevas plantas renovables y con ello una reducción de la demanda de la industria que está detrás, de los proveedores», advierte José Ignacio Hormaeche, director del clúster de la energía en el País Vasco. Y esa es una derivada preocupante para la industria vasca, que tiene un papel destacado en el sector de los bienes de equipo eléctrico. «El mayor porcentaje de valor en la transición energética lo va a capturar el tejido industrial capaz de suministrar los equipos», señala, para poner énfasis en que muchas empresas vascas y el conjunto de la economía de Euskadi se juegan mucho en los próximos años. El riesgo, opina, ya es evidente. «Muchos promotores de parques renovables están pensando en levantar el pie del acelerador de la inversión porque no tienen claro qué va a pasar, Esa incertidumbre es mortal. En el sector eólico ya se piensa que 2023 es un año de ralentización», apunta. «Afortunadamente los proveedores vascos están presentes en muchos países», apunta Hormaeche, para matizar que una desaceleración de las inversiones en España sería un accidente pero, previsiblemente, no una tragedia para los proveedores. Las experiencias que existen hasta ahora en torno a la intervención del mercado eléctrico en periodos largos no son alentadoras, estima el responsable del clúster. 

Entrevista con Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi. Aplaude las fórmulas negociadas entre patronal y sindicatos para repercutir el IPC en los salarios y mantener el poder adquisitivo. "Es evidente que estamos en un escenario muy complejo por la alta inflación y la incertidumbre. Se requiere un esfuerzo importante para negociar y buscar fórmulas intermedias que permitan conciliar las posiciones de ambas partes...Este año ha habido que negociar en un contexto de inflación alta, lo que hacía más difícil llegar a acuerdos y a la vez hacía más urgente alcanzarlos para no perder poder adquisitivo. Lo que se ha hecho en muchos sectores es jugar con la duración del convenio y repartir la inflación en varios años. Al principio habrá una pérdida de poder adquisitivo, pero lo lógico es que se compense después, al moderarse la inflación. Como complemento se ha recurrido, además, a cláusulas para revisar la subida salarial con el IPC al final del periodo, aceptando los sindicatos que esa actualización no tenga efectos retroactivos...Es verdad que el porcentaje de trabajadores con sus convenios renovados, el 67,6%, es el más bajo de los últimos años, pero las diferencias no son significativas. La negociación colectiva ha resistido de manera razonable en un contexto muy complejo. Con la inflación tan alta, conseguir acuerdos es esencial para preservar el poder adquisitivo; si no se renueva el convenio, el salario queda congelado. Y el mantenimiento del poder adquisitivo es vital por dos razones: porque las rentas salariales son la gasolina principal del sistema y porque constituye un dique frente a la desigualdad, la principal amenaza que tenemos ahora..."

La Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías por Carretera, Guitrans, advirtió ayer que el peaje a vehículos pesados en la NI y la A-15 es «inasumible». «Este peaje desproporcionado nos va a hacer más pobres a todos los guipuzcoanos porque va a mermar la competitividad de las empresas de todo el tejido empresarial y si no se repercute el 100% de este coste a las empresas cargadoras van a echar el cierre todas las empresas de transporte de Gipuzkoa». A través de un comunicado enviado ayer, Guitrans, recuerda que la N-I y la A-15 son dos carreteras «fundamentales» de la red viaria desde el punto de vista de las comunicaciones, ya que «nos conectan con Europa, con la Meseta y con la zona mediterránea a través de Navarra». Asimismo resalta la vertiente económica, ya que «gran parte de la industria intensiva de Gipuzkoa se localiza a lo largo de esta arteria, confiriendo a estas vías un carácter vertebrador del tejido empresarial». En este sentido, afirman que «a quien verdaderamente se discrimina con este peaje en estas dos vías es al transportista guipuzcoano», que «ineludiblemente» tiene que utilizar «de una manera constante las mismas sin que haya ningún tipo de alternativa». A su juicio, la tercera norma Foral de peajes, que entró en vigor el pasado 23 de enero, «no hace sino constatar esta discriminación». 

La Unión Europea prohíbe desde hoy la importación de diésel y derivados petrolíferos de Rusia, un castigo de Bruselas a Moscú por la invasión de Ucrania que provocará un nuevo incremento de los precios de los carburantes. El veto a las importaciones rusas de diésel que arranca hoy mismo dejará a Europa sin el equivalente a 14.000 piscinas olímpicas llenas de este carburante cada año y amenaza con subir los precios de los carburantes, según coinciden portavoces del sector energético y expertos consultados por este periódico, que no se atreven a cuantificar esa probable subida en un producto tan volátil. El embargo, encuadrado en el plan de sanciones contra Moscú de los países del G-7, tendrá un impacto directo en los precios de la gasolina y el diésel para camioneros, conductores y empresas. «A corto y medio plazo se puede esperar una tensión en los precios de productos refinados en Europa ligada a este veto y a la reorientación de la demanda europea hacia otros mercados con ciertas limitaciones en su capacidad de producción y exportación. No obstante, el impacto de la prohibición sobre los precios en los surtidores tardará unas semanas en materializarse, ya que se han incrementado los stocks almacenados en los últimos meses», sostiene Jorge Fernández, investigador sénior y coordinador del área de energía de Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad.

Un total de 49.442 personas recibían en Euskadi la Renta de Garantía de Ingresos al cierre del pasado mes de enero, 29 más que el mes anterior, con lo que se encadenan ocho meses consecutivos por debajo de los 50.000. La cifra es similar a la de 2009, el primer año de reconocerse este derecho, según informaron ayer fuentes del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Con respecto al Ingreso Mínimo Vital –que gestiona Lanbide desde su incorporación a la ventanilla única creada cuando Euskadi asumió esa transferencia el año pasado–, los datos muestran que en enero había 19.752 beneficiarios (42 menos que en diciembre). De ellos, 9.789 lo complementan con la RGI. Lanbide invirtió el pasado año 467 millones en ayudas, que beneficiaron a más de 145.730 personas. La prestación con mayor número de perceptores fue la RGI, de la que el Ejecutivo se ocupa desde hace más de una década tras ser transferida por las diputaciones. En diciembre la recibieron 49.413 personas, 3.310 menos que en el mismo periodo del 2021. Esta cifra se mantiene por debajo del listón de los 50.0000 beneficiarios desde hace ocho meses, una consecuencia, defienden en el Ejecutivo autónomo, de la mejora en la economía y el empleo. El número de preceptores de esta ayuda alcanzó cifras récord en mayo de 2015, cuando se ingresó en la cuenta corriente de 66.373 personas por el efecto de la crisis económica.

El ambiente en las presentaciones de los resultados anuales de los bancos durante las últimas dos semanas ha resultado algo peculiar. Donde antaño se sacaba pecho por los buenos números, ha reinado una modestia insólita para entidades que cotizan en Bolsa y requieren del beneplácito del mercado. Insólita, sobre todo, en un año de vino y rosas para los banqueros: beneficios récord del Santander y BBVA y muy buenos —aunque sin tocar techo— en CaixaBank; además de un reguero de dividendos para los accionistas que han superado el eufórico 2007. Se respiraba en esas citas la sensación de que los números no casan bien con los últimos rifirrafes mantenidos con el Gobierno sobre las ayudas a los hipotecados y el nuevo impuesto al sector, señalado por los bancos como un grave palo en las ruedas para su negocio. Sin embargo, las cifras son tozudas: los tres grandes grupos han ganado de forma conjunta algo más de 19.000 millones de euros netos, unas ganancias que inflaman el debate en un contexto de incertidumbre económica y con el bolsillo de las familias sufriendo por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas. Además, la Autoridad Bancaria Europea publicó recientemente, con datos de 2021, que los banqueros en España están entre los que más ganan de Europa: ya hay 221 directivos que se embolsan más de un millón en el país. La media de los que acumularon ganancias por encima de ese millón son 2,16 millones (la media a nivel europeo es de 1,8 millones). Y, de los seis altos ejecutivos que recibieron más de 10 millones, tres estaban en España.

Banco Santander consiguió un beneficio histórico en 2022; BBVA, también. Sabadell rozó su propio récord, pero le faltaron 42 millones para lograr su mejor registro. La gran banca española ganó el año pasado 20.850 millones de euros, un 18% más. Los analistas y los mercados esperaban buenos datos, pero probablemente no tan buenos. “Mi trabajo es hacer un banco responsable, que genere beneficios hoy y en el futuro”, dijo Ana Botín, presidenta del Santander, durante la presentación de sus cuentas. La cuestión es cómo el sector, en plena guerra de Ucrania y con la inflación en máximos, ha conseguido esas ganancias y, mirando al futuro, cómo lo hará a partir de ahora. Las entidades han contado con algunas cartas a favor durante el último año, pero la más evidente viene desde Fráncfort, donde el Banco Central Europeo (BCE) lleva subiendo los tipos desde el pasado verano. La normalización de la política monetaria ha sido el principal viento de cola del sector después de varios ejercicios con niveles mínimos y eso se ha notado en las cuentas. Todas las entidades han mejorado su margen de intereses, desde los 38.619 millones de euros del Banco Santander (+15,7%) hasta los 1.058 millones (+2,9%) de Unicaja. CaixaBank también los elevó más de un 15%, hasta los 6.916 millones de euros; BBVA, un 30,4%, hasta los 19.153 millones; Sabadell, un 19,9%, hasta los 3.799 millones y Bankinter un 20,5%, hasta los 1.536 millones. En el sector esperan que el impacto de la normalización monetaria sea mayor a partir de 2023. “El escenario macroeconómico es muy bueno para los bancos. Las subidas de tipos beneficia el negocio bancario y a eso se suma lo que ha pasado en la economía, que no ha sufrido una recesión como se temía, sino una desaceleración. No ha habido destrucción de empleo ni tampoco hemos visto grandes caídas en el PIB y esos dos factores apoyan el crecimiento del negocio”, apunta Alberto Valle, director en la consultora financiera Accuracy.

Entrevista con Nadia Calviño en El Correo. "Los beneficios del sector ponen de manifiesto que acertamos y que es correcto y oportuno establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de sectores como la energía y la banca, ya que tienen margen para pagar ese gravamen sin repercutir en mayores costes a los ciudadanos. Y, en materia de protección de las familias, vamos a seguir actuando como hemos hecho desde que nos golpeó la pandemia, tomando aquellas medidas lo más eficaces posibles y tratando de evitar efectos colaterales indeseados. En este caso, evitando poner en riesgo la estabilidad financiera del país.– ¿Eso es un sí o es un no?– Seguiremos tomando las medidas que nos parezcan más oportunas. En este momento hay un código de buenas prácticas que fija unos mínimos y que tiene recorrido para poder proteger a las familias en los próximos meses. Los bancos pueden ir más allá, por supuesto, y creo que saben que es el momento de arrimar el hombro tanto por razones de solvencia financiera como de prestigio y reputación, que es tanto o más importante.– ¿Pedir la congelación de las hipotecas o la intervención de los precios de la cesta de la compra es populismo?– Todo el mundo puede hacer las propuestas que crea más oportunas y todas merecen ser analizadas, ya vengan del PP, de una asociación empresarial o de un socio del Gobierno. La experiencia demuestra que hemos acertado a la hora de las medidas que hemos puesto en marcha. Siempre tratamos de elegir las más eficaces, las que maximicen el impacto para resolver los problemas y, sobre todo, que no generen perjuicios indeseados. Hay que tener mucho cuidado..."

En medio de la polémica por la construcción de los trenes de la red de cercanías de Cantabria y Asturias, cuyas dimensiones mal tomadas hace que los convoyes no quepan en los túneles, ayer a la ministra de Transportes y Movilidad Raquel Sánchez le tocó ir a la región a dar la cara. Lo hizo en Castro Urdiales, con motivo del 125 aniversario de la agrupación socialista en el municipio, una visita que ya estaba prevista. Sánchez, en su intervención ante los medios, se mostró tajante: «No me va a temblar la mano y en las próximas horas va a haber ceses, tanto en Renfe como en Adif». La ministra pidió disculpas por la equivocación en el diseño de los trenes –en la que se ha visto envuelta de forma involunaria CAF que recibió datos incorrectos de las medidas de gálibos– y avanzó que va a constituir un equipo de trabajo que se trasladará a Cantabria y Asturias para supervisar el proyecto: «Mi compromiso es que para este verano estén listos los nuevos diseños, de forma que la construcción de los vagones comience cuanto antes». Además, Sánchez ha ordenado que se constituya una auditoría para «ver dónde y quien cometió el error» que ha supuesto que un total de 31 máquinas no sirvan para el fin para el cual se encargaron. Los convoyes ferroviarios tenían como destino Asturias y Cantabria (un total de 21 tenían que haberse puesto en funcionamiento este año en esta comunidad) y fue en Asturias donde se supo esta semana que la construcción de los trenes se licitó mal y los vagones no cabrían por los túneles (algunos muy antiguos) que salpican la red ferroviaria de ambas comunidades autónomas. Al conocerse la noticia, Revilla calificó la gestión de «chapuza» y exigió «que rueden cabezas», una demanda a lo que ahora le ha respondido con igual rotundidad la ministra.

La Fuerza Aérea de EEUU derribó ayer sobre la costa este del país, en algún lugar aún no especificado de los estados de Carolina del Norte o del Sur, el globo-espía chino que ha estado sobrevolando ese país a una altitud de 18 kilómetros desde el miércoles, y que desató todas las alarmas. Poco antes, el presidente, Joe Biden, prometía «encargarse» del globo y tres aeropuertos, entre ellos el de Carolina del Sur, paralizaron su actividad. Concluye así la que ha sido la mayor crisis militar entre EEUU y China desde que en marzo de 2011 un avión-espía estadounidense chocó con un caza chino en el espacio aéreo internacional, y se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso en el país asiático. China devolvió el avión y la tripulación a EEUU, pero antes descuartizó el aparato para observar sus sistemas electrónicos, la mayor parte de los cuales habían sobrevivido intactos al incidente. El piloto del caza chino murió. El aerostato fue abatido cuando empezó a sobrevolar el Océano Atlántico después de haber realizado un periplo de más de 3.000 kilómetros sobre Estados Unidos. La Casa Blanca siguió el consejo de la Fuerza Aérea y esperó a que la nave estuviera sobre el mar para evitar que sus restos pudieran causar daños materiales o personales. La crisis del globo ha tenido otra consecuencia: el aplazamiento –«indefinido», según Washington– del que iba a ser, en teoría, un paso clave para el deshielo entre Estados Unidos y China: la visita del secretario de Estado, Tony Blinken, a Pekín, que iba a empezar, precisamente, ayer.