20230206

El contrato de relevo, una fórmula creada en 1999 para favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas, ha crecido en los dos últimos años en Euskadi un 29% después de que el ejercicio pasado se beneficiaran un total de 737 trabajadores frente a los 571 que lo hicieron en 2020. Con todo, esta fórmula no logra recuperarse con fuerza debido a los sucesivos endurecimientos de la normativa que se han llevado a cabo precisamente para limitar su impacto en las arcas a la seguridad social, ya que tuvo en sus inicios un rápido éxito, sobre todo en Euskadi, donde se utilizó con especial intensidad. Una situación que no ha logrado revertirse pese a las subvenciones de Lanbide para fomentarlo. El endurecimiento más severo se produjo en 2013, lo que a partir de ahí hizo menos atractiva esta fórmula. De hecho, Euskadi registró su máximo histórico en 2008 con 5.299 trabajadores beneficiados. A partir de ahí comenzó un descenso brusco hasta quedarse en 2010 en 1.787 empleados acogidos. Hubo que esperar otros ocho años, hasta 2018 para superar esa cifra y llegar a los 1.831 trabajadores. Y como puede verse en el gráfico adjunto, en 2019 se produjo otro descenso significativo que se ahondó en 2020. Eso sí, en los dos últimos años ha vuelto a registrarse un ascenso, aunque las cifras totales quedan muy lejos de los máximos históricos e incluso muy por debajo de la barrera de los 1.000 trabajadores que ha superado en numerosas ocasiones.

El Ejecutivo se plantea añadir un recargo adicional en las cuotas de cotización de los sueldos más altos. Es parte del plan para la reforma de pensiones que está elaborando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para cuadrar las cuentas del sistema. Este nuevo recargo, que se negocia con agentes sociales y grupos parlamentarios, se sumaría al aumento progresivo del 30% en las bases máximas de cotización a lo largo de 30 años, también en conversaciones, y a las seis décimas extraordinarias en los tipos de cotización ya en vigor. La medida se sumaría al aumento del 30% en las bases máximas. Escrivá viajó a Bruselas el 26 de enero para exponer las líneas básicas de estas alternativas. Se reunió con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y altos cargos del departamento de Economía y Finanzas del Ejecutivo comunitario, apuntan varias fuentes europeas. También les habló de los plazos para aprobarlo. Algo importante, porque la reforma de pensiones es clave en el cuarto pago del plan de recuperación español, que asciende a 10.000 millones, y, como lo fue la reforma laboral, es una de las piezas angulares de ese plan. En el Ministerio de Seguridad Social admiten que en ese encuentro se les presentó a los interlocutores las diferentes opciones que se negocian en este momento tanto con agentes sociales como con grupos parlamentarios. El objetivo es que todos los actores que participan en esta reforma (agentes sociales, grupos parlamentarios, Comisión Europea) conozcan lo que se cuece porque los tiempos para cumplir con los plazos orientativos del fondo de recuperación aprietan. Se trata de que todo pueda ir rápido una vez se haya aprobado la reforma, aunque haya cambios al final.

Las empresas vascas de Defensa han visto incrementada su cartera de pedidos en más de 2.000 millones de euros tras el estallido de la guerra de Ucrania y la decisión de todos los países de la OTAN de aumentar su gasto militar. Una veintena de firmas, muchas de ellas pymes, forman parte de este sector en Euskadi en la actualidad. Dan trabajo directo a 803 personas e inducen otros 920 empleos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, evidenció los problemas de los recortes presupuestarios que ha venido sufriendo su negociado cuando explicó la semana pasada el envío de los Leopard a Ucrania. Serán cinco o seis carros los que recibirá el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La cifra no es mayor porque se trata de no dar más preocupaciones a los mecánicos de Ucrania que a las tropas rusas. Es una de las evidencias de la falta de inversión del sector, que en este caso ha retrasado más de 15 años el pedido de los 8x8, los nuevos vehículos blindados del Ejército cuyo sistema de propulsión elabora la empresa vasca de la familia Aperribay, SAPA Placencia. La OTAN, al exigir a sus miembros que destinen hasta un 2% de su PIB a los presupuestos de Defensa, ha activado una lluvia de inversiones públicas que ya se están concretando en este 2023. En el caso de los Presupuestos Generales del Estado, son casi 5.000 millones más (hasta 14.908 contando la inversión de Industria), y en la UE se han adjudicado los primeros 1.200 millones del Fondo Europeo de Defensa (FED). 

Así lo demuestra la presencia de empresas vascas de este tipo en la tercera edición de la Feria de Defensa (Feindef) que tendrá lugar en Madrid en mayo. No solo acudirán firmas indispensables como Sener, SAPA, ITP o Aernnova, sino un total de 16 compañías, entre las que se encuentran Egile, Tubacex, Eibar Precision Casting, Egamaster, Lagun Machine Tools, Alcor, Eibar Precision Casting o Grupo Unceta. Entre las firmas que acuden hay curiosidades como Aitor Knives. Se trata de una compañía ubicada en Ermua (Bizkaia) que elabora armas blancas y cuchillos deportivos y de caza. La empresa cala la bayoneta del fusil de asalto reglamentario que emplea el Ejército de Tierra: el Heckler & Koch G36, con una longitud de hoja de 300 milímetros y un peso de 597 gramos que se vende en el mercado por 229,90 euros.

Las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Gipuzkoa encaran este año 2023 un ejercicio clave cuya evolución determinará si será posible cumplir los últimos plazos anunciados y culminar los trabajos de la infraestructura básica en 2027 para que los trenes puedan entrar en servicio en 2028. Para ello habrá que dejar ultimado el tramo Hernani-Astigarraga, que se prevé finalizar en 2024; avanzar según lo previsto en el Astigarraga-Irun (cuyo objetivo es concluir a comienzos de 2025); y dar un arreón al nudo de Bergara, el punto clave de la red y lo último en acabarse. Es la obra estratégica porque ahí se bifurcarán los trenes que desde Madrid y Vitoria vayan a Bilbao o a Irun, y se cruzarán con los que circulen entre estas dos últimas ciudades. Los precedentes históricos no juegan a favor de que se vaya a cumplir el propósito. Los plazos se han retrasado en más de una docena de ocasiones. Desde aquella primera meta que hablaba de 2002 al anunciarse el proyecto en 1988, hasta el último retardo, conocido hace pocos meses a través de los Presupuestos Generales del Estado para este año, que aplazan otro año, a 2027, la finalización de los trabajos. Pero el panorama ha cambiado. Sin la amenaza de ETA, tras haberse superado lo peor de la pandemia, solucionarse las cuestiones relativas a la protección de especies animales, y con un nuevo impulso político, los trabajos parecen avanzar por fin a buen ritmo y sin descanso. Ya se vislumbra el final del camino. Se puede decir que las obras de la alta velocidad enfilan ya su fase final en Gipuzkoa, aunque en un proyecto con décadas de duración el epílogo también será largo.

Hoy se cumplen tres años del colapso del vertedero de Zaldibar y todavía no se han depurado responsabilidades por el mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi. Los máximos responsables de Verter Recycling ya aceptaron en septiembre de 2021 su responsabilidad por la muerte de los dos trabajadores con un pacto que les permitió eludir la cárcel. Pero la causa medioambiental –también por la vía penal– sigue todavía en pleno proceso de instrucción en los juzgados de Durango. De hecho, según las fuentes consultadas, ya hay 13 personas investigadas por su supuesta relación con el colapso de la instalación, entre ellas tres técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Han pasado ya 1.095 días del desastre que sacudió Euskadi y hay heridas que siguen sin cerrar. Todo empezó con una montaña de 800.000 metros cúbicos de tierra y residuos peligrosos que se desprendió ladera abajo hasta cortar los cuatro carriles de la AP-8. La avalancha fue de tal magnitud –con todos los desechos que cayeron incontrolados podría llenarse el estadio de San Mamés– que se llevó la vida de dos trabajadores de la escombrera, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Lo que no se sabía entonces era que el desplome de aquella ladera ubicada entre Zaldibar y Ermua iba a provocar el mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi y que, de forma paralela, iba a desatar una tormenta política que ha girado en torno a la gestión del Gobierno vasco.

El séptimo Plan General de Residuos Radiactivos elaborado por Enresa y que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hacia mediados de este año, opta por la construcción de siete almacenes temporales descentralizados (ATD), que custodiarán en el futuro los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado. De esta manera, el Gobierno dará carpetazo al polémico almacén temporal centralizado (ATC) que se propuso en el plan aún vigente (el sexto) que se remonta al año 2006. Esta alternativa de siete ATD (integrado por los actuales almacenes individuales o ATI, que en algunos casos deberán ampliarse, y nuevas instalaciones complementarias para realizar las operaciones de mantenimiento y reparación de los contenedores) será 1.200 millones de euros más cara que la del ATC proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, que el Gobierno paralizó en 2018. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en abril de2022 una primera versión del nuevo plan que incluye, entre otros, la gestión de los desechos radiactivos del parque nuclear. Ya en noviembre, el departamento que dirige Teresa Ribera dio a conocer una versión revisada del primer documento, previa consulta pública, donde quedó patente que la opción menos conflictiva es también más onerosa.

Mujer y ámbito empresarial sigue siendo un binomio no siempre suficientemente reconocido. Los premios Aspegi que otorga la Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa pretende servir de altavoz a esa labor que realizan muchas mujeres y que son todo un referente en un ámbito en el que predominan todavía los hombres. En esta octava edición Aspegi distingue a Izaskun Larrañaga Frías en la categoría de Empresaria y a Leire Etxetxikia Etxebeste en la de Directiva/Profesional. Izaskun Larrañaga es consejera delegada del Grupo Lacor-Ibili, mientras que Leire Etxetxikia es directora de Operaciones Central en España y Portugal de DHL Parcel Iberia. Los galardones se entregarán el próximo 23 de febrero en el Aquarium donostiarra a las 18.30 horas. Con ellos Aspegi busca reconocer la aportación de las mujeres en el ámbito económico y con ello hacer visible la realidad laboral de las directivas, profesionales y empresarias en Gipuzkoa para promover una mayor igualdad entre mujeres y hombres en el entorno empresarial y profesional en nuestro territorio, demostrando que es posible desarrollar actividades económicas y profesionales rentables, competitivas e innovadoras actuando desde la igualdad de oportunidades. En esta edición la Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa pretende hacer una llamada a la sociedad «a sumergirse en la igualdad y a reconocer y poner en valor el trabajo realizado por las mujeres empresarias, directivas y profesionales en Gipuzkoa».

Fuga de accionistas en la banca española. Ni la expectativa de mayores beneficios ante la subida de los tipos de interés, ni la mejora en la rentabilidad, han logrado frenar una tendencia que, aunque variable, indica una clara salida de inversores del sector en los últimos años. Las seis grandes cotizadas del Ibex-35 (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) despidieron 2022 con 107.708 inversores menos, según consta en los informes financieros anuales que los bancos han presentado estos días. En concreto, estas entidades contaban con un total de 5.642.869 accionistas a 31 de diciembre, frente a los 5.750.577 de un año antes, ejercicio en el que ya sufrieron la brusca salida de más de 200.000. Los datos alejan al sector del listón de los seis millones que alcanzaron por última vez en el tercer trimestre de 2020. Esta evolución ha provocado que muchos inversores se hayan perdido la fuerte recuperación que las entidades han experimentado en Bolsa en los últimos tiempos, tras haber pasado lo peor de la pandemia hace ya casi tres años. Por aquel entonces, parecía más comprensible que los accionistas abandonasen en bloque a una industria forzada a multiplicar por infinito sus provisiones, con un impacto muy negativo en sus resultados. Tampoco contaban con el aliciente de los dividendos, en un contexto en el que el Banco Central Europeo (BCE) obligó a suspender los pagos en efectivo y las recompras de acciones para proteger el capital y que las entidades destinasen todo lo posible a dar crédito. Lo curioso es que el escenario actual es completamente diferente. 

Tras años de ajustes, recortes de plantilla, cierre de oficinas por la reestructuración bancaria en el país, las grandes entidades nacionales parecen haber guardado la tijera. Según los informes financieros anuales, el número de empleados en el sector se incrementó en 6.361 personas el pasado ejercicio. Hay que tener en cuenta que los datos corresponden a todas las zonas en las que se opera, no solo en España. Pero la tendencia es claramente al alza. Desde el sector achacan esta evolución a que, pese a los ajustes de plantilla, sí se ha contratado más personal en los últimos tiempos para cubrir los nuevos perfiles que se necesitan para avanzar en la transformación digital del sector. Y es que esta revolución ha supuesto una mayor demanda de nuevos equipos con un alto conocimiento de matemáticas, ingenierías, ciberseguridad o tecnologías de la información. Las entidades también buscan perfiles más enfocados a la regulación y al cumplimiento normativo y, sobre todo, con amplios conocimientos en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Santander y BBVA, con mayor presencia internacional, son las entidades que más incrementaron su plantilla en 2022, sumando 7.300 y 5.200 empleados cada una. Por su parte, Bankinter sumó 281 trabajadores. En el otro lado de la tabla se situó CaixaBank, con la salida de 5.063 empleados, mientras que Sabadell también redujo su plantilla en 1.175. Unicaja, por su parte, dio salida a 210 trabajadores en el periodo.

Europa se ha conjurado para acabar con la dependencia que tiene de las fábricas asiáticas y España sueña con tener algo que decir en esa renovada reivindicación de la soberanía industrial. Al menos, el Gobierno le ha reservado 12.250 millones de euros en ayudas europeas para intentar rearmar un ecosistema que tuvo algo que decir en los noventa, pero que se diluyó cuando cerró la fábrica de semiconductores de AT&T en Tres Cantos (Madrid), un referente entonces. “Aquella fábrica quedó un poco huérfana por una falta de ecosistema. Pero aquella experiencia muestra que una fábrica puntera puede establecerse en España con éxito y ese es el reto. Pero, sobre todo, no se trata solo de tener una o dos fábricas”. El entrecomillado es de Jaume Martorell, un veterano de Silicon Valley y uno de los responsables de atraer aquella inversión puntera en los años ochenta. Ahora quiere repetir el hito desde su cargo de comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de semiconductores, el mecanismo con el que el Gobierno quiere crear un conglomerado sobre el que se sustente la industria española de los microchips. Su política va pareja a la comunitaria. El millón de billones (un uno y 18 ceros detrás) de chips que se fabrican actualmente en el mundo se tendrá que duplicar en los próximos diez años y la UE quiere tener una cuota del 20%, lo que supondrá multiplicar por cuatro su actual capacidad.

Michael S. Considine, subsecretario de Inversiones Extranjeras, Seguridad Nacional y Colaboración Tecnológica de Estados Unidos, visita España por cuarta vez desde 2018. En esta ocasión, revela haberse entrevistado con su homólogo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “El objetivo principal es trabajar en las leyes de inversión extranjera directa, observando cómo se está desarrollando el sistema aquí en España”, explica en esta entrevista. La visita de Considine transcurre en la misma semana en la que delegaciones de los gobernadores de Michigan, Georgia y Ohio recorren Europa para explicar los detalles de las subvenciones que ofrece la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). La norma, aprobada en agosto por la Administración Biden, subvencionará las energías limpias con 370.000 millones de dólares. Esto ha despertado voces críticas en el seno de la Comisión Europea, una institución que ve en esta norma una amenaza sobre su propia propuesta de beneficios fiscales para facilitar el camino a la transición energética, los fondos Next Generation. Considine, sin embargo, no ve una guerra entre la regulación norteamericana y comunitaria por atraer a empresas a través de incentivos fiscales a la inversión en renovables. “Yo no lo veo así. Hay un diálogo fluido entre EEUU y Europa para ver cómo se va a implementar el IRA, qué va a hacer la Unión Europea y cómo está creando su propio espacio para la energía limpia”. El subsecretario, que trabajó en la Cámara de Comercio de EEUU como director de Asuntos de Eurasia y Propiedad Intelectual, reconoce que la norma es todavía muy reciente y que su Gobierno tiene que encontrar algunos puntos de acuerdo con Europa. “Puedo asegurar que entre las conversaciones que he mantenido en este viaje con empresas españolas que son inversoras habituales en EEUU me han transmitido que valoran muy positivamente el IRA. En particular las compañías energéticas tienen una visión muy positiva de esta norma. Y obviamente van a poder aprovecharse de ello”. En este sentido, Considine afirma que la nueva regulación da cabida a todo tipo de compañías. “Estamos completamente abiertos. No tenemos áreas cerradas de inversión ni nada por el estilo". 

"Que los precios, excluidos los energéticos y los alimentos frescos, superen la inflación general supone una situación altamente peligrosa...Que la inflación subyacente sea elevada es un problema serio. Pero que además supere a la inflación general aumenta el riesgo de que los precios se cronifiquen en la economía como consecuencia de los temidos efectos de segunda ronda. Para un país y sus gobernantes se trata de una situación altamente peligrosa. Aunque los precios de la energía hayan bajado al cabo de algún tiempo, su nociva presencia anterior ha contagiado a todo el sistema productivo a través de los costes de transformación en las empresas y al deterioro de la capacidad adquisitiva en las familias. La inflación crónica amenazará con su presencia si empresarios y trabajadores inician una pugna desordenada para recuperar posiciones perdidas. Los indicios que adviertan de tal peligro son, en la actualidad, relativamente moderados en nuestro país. Pese a que los problemas persisten, pocos dudan de que la inflación general ha tocado techo. En cuanto a la subyacente, las grandes casas de análisis vaticinan su permanencia hasta prácticamente finales del presente año, situándose por encima del índice general. La previsión de consenso del panel de Funcas para la inflación media anual de 2023 se sitúa de promedio en el 4%, pero en cuanto a la subyacente se ubica en el 4,5% en media anual. Quedan aún once meses para comprobar cómo este voraz enemigo de la estabilidad económica cede su paso a una nueva normalidad. Siempre, naturalmente, que la geopolítica no desmonte estas voluntariosas previsiones". 

Mientras en España el sector del motor en su conjunto pide con insistencia más y mejores ayudas a la compra de vehículos eléctricos, los principales mercados mundiales de este tipo de coches empiezan a quitar parte de los incentivos a la compra. Estos son Noruega, país pionero en Europa en movilidad eléctrica; China, el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo; y Alemania, el país más asimilable de estos tres al caso español, pero que tiene unas ventas de eléctricos mucho mayores a las españolas. En el caso noruego, el país finalizó el año pasado con una cuota de mercado del coche eléctrico que rozó el 80%. Es decir, en 2022, cuatro de cada cinco vehículos vendidos eran puramente eléctricos. Esto se debe a la política de incentivos que el Estado noruego lleva años implementando para electrificar su parque automovilístico, sobre todo a partir de dos medidas: la quita del impuesto de matriculación (esto también pasa en España) y del IVA para los coches eléctricos. Las medidas mencionadas anteriormente costaron a las arcas públicas noruegas unos 39.400 millones de coronas noruegas (unos 3.569,4 millones de euros al cambio actual) en 2022, según cifras del Gobierno de ese país. Por ello, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás y desde el 1 de enero de este año ha vuelto a aplicar un IVA del 25% a los vehículos eléctricos de más de medio millón de coronas (45.297 millones de euros). Además, ha introducido un impuesto al peso de los vehículos, un gravamen que afecta especialmente a los coches eléctricos, ya que estos pesan más que los de combustión por las baterías, un elemento que puede llegar a pesar hasta 600 kilos, dependiendo del tamaño del vehículo.

El pasado mes de enero, casi uno de cada dos turismos y 4x4 que se matricularon en España (el 46,6%) contaban con algún tipo de propulsión alternativa. Esto hizo que fuesen los automóviles preferidos por los compradores. Después de años en los que ese privilegio correspondía a las variantes de gasolina –las de gasóleo siguen en caída libre- el punto de inflexión se produjo el pasado septiembre y así se ha repetido mes a mes. De modo que los conductores sí están concienciados sobre comprar automóviles más ecológicos y eficientes, pero siguen reacios a pasar por el aro de los electrificados (100% a pilas e híbridos enchufables o PHEV) que el Gobierno defiende como los únicos válidos para la descarbonización. Que el peso de las alquiladoras se haya reducido en el mercado total, da más valor a esa preferencia de los compradores particulares, Porque el cajón de sastre de las tecnologías alternativas es amplio en opciones. A las dos citadas, hay que sumar la pila de hidrogeno (casi inexistentes), los coches de GNC y GLP (Autogás) con un alcance limitado y, sobre todo, los híbridos no enchufables. De estos últimos, los hay con un aporte eléctrico ligero y los autorrecargables, con baterías que sí permiten mover el vehículo sólo con electricidad. Son la  categoría más numerosa, con casi el 70% de las matriculaciones de coches alternativos y un tercio de las totales.

Aunque Bruselas aseguró ayer que “estaremos listos para asegurar suficientes suministros alternativos”, el miedo a una subida exponencial de los precios del gasóleo se ha extendido como un reguero de pólvora por toda Europa, lo que, de materializarse, supondría un nuevo mazazo para la actividad económica, que ya languidece. No hay que olvidar que el diésel es el carburante que emplean cerca de la mitad de los coches de la UE, así como la mayor parte del transporte pesado y marítimo, sin olvidar la maquinaría. Si los peores temores se cumplen y el veto se traduce en un fuerte incremento de los precios, como vaticinan algunos expertos, existe el riesgo, muy real, de que los transportistas y otras empresas terminen repercutiendo esos sobrecostes a los consumidores, realimentando una burbuja inflacionaria que ya supone la mayor amenaza para la recuperación económica. Un peligro al que no es ajena la economía española, donde, de hecho, los precios recobraron en enero su tendencia alcista tras el final de las bonificaciones a la gasolina y el gasóleo.