20230207

La mayor empresa de Euskadi será más grande a partir de 2025. Mercedes-Benz Vitoria ha comenzado ya a ejecutar un plan de crecimiento que la llevará a triplicar el espacio edificable de producción, dentro de sus actuales instalaciones, y saltar la calle Las Arenas para expandirse al sur con más de veinte hectáreas. Será la mayor transformación de la planta automovilística en décadas y, además, en tiempo récord; aspira a conseguirlo en poco más dos años. Y con una inversión escalonada de 1.230 millones de euros que consolida el futuro de 4.800 empleos directos, 30.000 indirectos, y la supervivencia de 600 proveedores. La factoría alavesa, que el próximo año será septuagenaria, se prepara así para el ‘Hito hacia la transformación eléctrica’; el santo y seña que utilizaron los máximos responsables de la multinacional alemana en diciembre, cuando ratificaron que en 2025 comenzarán a fabricarse aquí las primeras unidades de la futura furgoneta de tamaño medio basada en la nueva plataforma modular eléctrica VAN.EA. Serán prototipos finales. El último paso previo a la comercialización. La industria de la Avenida de los Huetos tiene en la actualidad 354.490 metros cuadrados de instalaciones edificadas. Con su plan de crecimiento ampliará talleres y levantará nuevas naves (a varias alturas) que le permitirán incrementar la edificabilidad en 473.686 metros cuadrados más. Y eso sólo en lo que se refiere a las dos parcelas urbanísticas principales que constituyen el corazón de la empresa. Porque, al sur, en las inmediaciones del parque de Zabalgana, Mercedes ganará alrededor de 257.000 metros cuadrados para levantar un enorme recinto totalmente nuevo en el que pretende concentrar los servicios de logística y proveedores que hoy se encuentran dentro del perímetro de la factoría. 

El 20 de marzo de 1954 comenzaba el montaje de vehículos en una nueva factoría de nombre Imosa (Industrias del Motor SA) que sería el germen de la gigantesca planta de MercedesBenz que hoy conocemos. Su primer modelo, la DKW F 89L, marcaría el paso a una producción volcada en las furgonetas que se ha mantenido durante casi siete décadas. Imosa se asentó en una parcela de 140.000 metros cuadrados en la que se habían levantado una serie de pabellones apenas un año antes de arrancar la actividad fabril. Poco más de 11.000 metros divididos en cuatro naves (dos de ellas auxiliares) un almacén y distintas edificaciones complementarias, según recuerda la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. La sociedad Imosa se constituyó originariamente con un capital social de cinco millones de pesetas (30.000 euros de hoy). Su consejo de administración lo encabezaban Arturo Echevarría Uribe (presidente) y Javier Ybarra Bergé (vicepresidente), según Eusko Ikaskuntza, que en su repaso histórico marca otro hito en 1963: la factoría se extendió entonces a 80.000 metros cuadrados. En la década de los setenta, Imosa pasaría a denominarse Mevosa y en 1981 se convertiría en ‘la Mercedes’, como la identifican los vitorianos. Mercedes-Benz España SA nacía con un capital social cercano a los 4.200 millones de las extintas pesetas (unos 25 millones de euros). Llegó así el impulso definitivo a la empresa de la Avenida de Los Huetos.

El campus de la Universidad de Deusto en San Sebatián fue el lugar elegido por el consejero delegado de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Javier Martínez Ojinaga, para ‘presentarse’ en sociedad y dar cuenta del nuevo Plan Estratégico de la compañía beasaindarra. En la que era su primera intervención en público, aunque dirige las riendas de la empresa desde el 1 de septiembre de 2021, el ejecutivo dejó claro que el tren de CAF no piensa en frenar. «Queremos crecer, somos inconformistas y tenemos ambición», declaró a modo de tarjeta de presentación en un acto organizado por Deusto Business Alumni. En el mismo intervinieron también el presidente de la organización de antiguos alumnos, Agustín Garmendia, y Almudena Eizaguirre, directora general de Executive Education de DBS, así como el socio director de la zona Norte de Deloitte, Javier Giral, quien destacó a CAF como «un ejemplo de éxito de cómo aplicar una agenda estratégica». Martínez Ojinaga, cauto en su discurso a las puertas de la inminente presentación al mercado de los resultados de 2022, quiso antes de nada poner en valor el trabajo realizado en el pasado reciente y cómo CAF pasó de ser (en un tiempo relativamente corto) un fabricante de trenes con casi todo su negocio en España a una empresa global, proveedor de soluciones integrales de movilidad sostenibles mucho más allá de los ferrocarriles y con un enorme negocio internacional; sobre todo, en Europa, Estados Unidos y Asia. Como ejemplos de ese imparable avance recordó que entre 2016 y 2022, la beasaindarra ha pasado de tener una plantilla de 7.500 personas a lucir una fuerza laboral de 14.300, de contar con una cartera de 6.000 millones a otra de más de 10.000, o de unas ventas de 1.300 millones a 3.000. 

La invasión rusa de Ucrania ha relanzado el valor estratégico del Puerto de Bilbao. Si bien no se trata, al menos todavía, por el desarrollo de las energías limpias y el hidrógeno, sino por los combustibles fósiles como el gas y el diésel, denostados, pero que siguen jugando un papel fundamental en la Europa de la guerra. Y es que las sanciones a Rusia para que deje de hacer caja con las ventas de estos productos a los países de la UE convierten las infraestructuras energéticas del Abra vizcaína en más que determinantes. Tras el gas, el carbón y el petróleo, con el veto al diésel ruso aprobado el pasado viernes por la UE se dispara el valor de la refinería de Petronor y la producción anual de sus algo más de 4 millones de toneladas de este combustible. Este gasoil se convierte en oro líquido en una Europa que ha de buscar sustitución a los 40,1 millones de toneladas que importa al año de Rusia. Según explica Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en España ocurre con el diésel algo muy parecido al gas natural licuado. «Las inversiones de más de 7.000 millones realizadas en las refinerías que Repsol, Cepsa y BP tienen en la península convierten al sistema de refino español en el más flexible y competitivo de Europa». Entre las ocho plantas que hay en España –la de BP en Castellón; las dos de Cepsa en Cádiz y Huelva; y las de Repsol en Cartagena, La Coruña, Tarragona, Puertollano y la de Petronor en Bilbao– se construye un sistema de elaboración de combustibles «único en Europa», explica Cardenal. La capacidad de producción española convierte al país en «netamente exportador de diésel». y los 220 barriles diarios de crudo que puede destilar la planta vizcaína de Muskiz de la filial de Repsol, la convierten en una de las infraestructuras más determinantes.

La industria vasca y la guipuzcoana resistieron el embate de la crisis de la energía y los incrementos de precios de casi todo, y mejoraron su actividad el año pasado. En concreto, y según los datos del Índice de Producción Industrial (IPI), facilitados ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), la actividad creció en el pasado ejercicio un 5,7%, impulsada sobre todo por el comportamiento de los sectores de energía y de bienes de equipo, con repuntes del 11,2% y el 9,3%, respectivamente. El alza no fue parejo por territorios, ya que la industria de Gipuzkoa, con menos ímpetu, creció un 4,6% en el año frente al 7% de Bizkaia y el 5,3% de Álava. Eso sí, lo que demuestran los números es que (siempre en comparación interanual) el ímpetu de la industria vasca y guipuzcoana ha ido perdiendo fuelle. Y es que los rebotes general y por territorios en diciembre son los más modestos del año. El ritmo de crecimiento de Euskadi (5,7%) queda muy lejos del 10,5% de diciembre de 2021, lo que parece normal pues entonces la comparación era con el 2020 de la pandemia. Pero no es menos cierto que el vigor industrial ha ido mermando según avanzaba el año de la guerra de Ucrania y la locura energética. Según datos del Eustat, la producción industrial tan solo descendió durante 2022 en los bienes de consumo no duradero. 

Nuevo varapalo judicial a la aeronáutica PCB, perteneciente a ITP Aero. La empresa ha sido condenada a indemnizar por daño moral a trabajadores a los que tuvo que readmitir después de que los tribunales declarasen nulos sus despidos, enmarcados en un ERE. Ya hay varias sentencias de los juzgados de lo Social y dos de ellas han sido ratificadas por el Superior vasco de Justicia –en concreto, por la sección presidida por Garbiñe Biurrun–, con compensaciones de 7.500 euros, que es el mínimo en estos casos. La mayoría de los 83 empleados que fueron despedidos han demandado con lo que, de consolidarse esta línea, la factura para la empresa ascenderá a casi 623.000 euros. Hay que empezar por recordar que el ERE fue declarado nulo en mayo de 2021, en pleno debate judicial sobre cómo interpretar la denominada ‘prohibición de despedir por causas vinculadas al covid’. El Superior vasco, que adoptó un criterio muy radical luego tumbado por el Supremo, estableció que si se consideraba que los problemas de la compañía derivaban de la pandemia, los despidos debían considerarse nulos y no improcedentes. Bajo esta doctrina invalidó el ERE de PCB y obligó a la empresa a readmitir a los trabajadores. La compañía decidió pagarles el salario, pero dejarles en sus casas. Pero entonces falló el Supremo, que ratificó la nulidad del ERE, aunque por motivos totalmente diferentes. La condena del Alto Tribunal se fundamentó en que los despidos habían vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores, en concreto la garantía de indemnidad. Para que se entienda, lo que decía era que el ERE había sido una especie de represalia después de que los sindicatos hubieses impugnado un ERTE anterior, que fue anulado. Tras la sentencia del Supremo, PCB no tuvo más remedio que incorporar a los trabajadores que mantenía en casa, aunque ya les pagaba el salario. La pugna judicial, sin embargo, no acabó ahí. La mayor parte de los despedidos han presentado demanda exigiendo una indemnización por haber sufrido una vulneración de los derechos fundamentales, en concreto, la citada garantía de indemnidad. Se trata de una reparación por el daño moral sufrido y está teniendo una respuesta positiva en los tribunales. 

Solo el 8% de las investigaciones terminan en sanción y las multas impuestas el pasado año apenas rebasaron los 7,5 millones de euros. La labor de la Inspección de Trabajo del País Vasco en el control de la contratación volvió a ser muy efectiva el año pasado, el primero con la reforma laboral, gracias a la ‘herramienta de la lucha contra el fraude’, que detecta las empresas con indicios de irregularidades para enviarles cartas de aviso. Entre las campañas realizadas con este sistema y las ordinarias se revisaron en el ejercicio un total de 25.948 contratos y, de ellos, 8.760 se transformaron en indefinidos, es decir, un tercio. El balance lo presentó ayer la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, que estuvo acompañada por la subdirectora de Inspección, Iciar González. En total, la Inspección dependiente del Gobierno vasco llevó a cabo casi 19.000 actuaciones en distintos ámbitos –seguridad laboral, contratación, registro horario, igualdad...–, de las cuales solo un 8% terminó en sanción, con 1.487 actas de infracción. «Su función no es punitiva, sino que busca garantizar los derechos de los trabajadores y, en la medida en que actúa, las empresas corrigen a iniciativa propia determinadas situaciones», explicó Pérez Barredo.

El convenio de la industria vinícola de Álava, que incluye subidas salariales del 6,5% para el año pasado y del 2% para 2023, 2024 y 2025, saldrá adelante con el apoyo de LAB, CCOO y UGT, mientras que ELA ha denunciado haber quedado "excluida". Ya el pasado viernes el sindicato LAB anunció su apoyo al preacuerdo de este convenio, aunque necesitaba del apoyo de otra central. Este lunes ha sido UGT la que ha anunciado que firmará este preacuerdo, que afecta a un millar de personas, y que contempla otras mejoras como una reducción de jornada a partir de 2025 que se quedaría en 1.740 horas anuales, así como aumentos en los complementos de las bajas por contingencia profesional y de las licencias y permisos, con un salario mínimo de 19.600 euros a partir de este año, según LAB. ELA ha denunciado en un comunicado haber sido excluida de la negociación por sus "posiciones reivindicativas" al tiempo que lamenta que LAB se haya unido a CCOO y UGT, pese a ser "una alianza incompatible con la mayoría sindical vasca". "La unidad de acción que LAB protagoniza junto a CCOO y UGT supone un giro total" advierte ELA, que acusa a estas dos últimas centrales de defender la "estatalización de las condiciones de trabajo". LAB por su parte critica la actitud de ELA durante la negociación, porque a su juicio sus representantes no respondieron a los llamamientos de las reuniones con la patronal y se ausentaron en el momento clave de las conversaciones.

La elevada inflación de muchos productos básicos de la cesta de la compra no solo ha hecho mella en los bolsillos de los ciudadanos, también en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. Para poner freno a esta situación, el Gobierno Vasco reforzará desde abril el Observatorio Behatokia –órgano vasco que vigila los precios sobre los elementos del sector agroalimentario– con un equipo formado por cuatro inspectores, un asesor jurídico y una persona con funciones de administración. Velarán así por poner coto a prácticas abusivas –como abonar a los productores por debajo de los costes– y vigilarán los precios en todo el proceso de producción mediante la inspección de los contratos y los costes de referencia de los productos, en pos de cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria. Las seis plazas que integrarán este nuevo cuerpo supervisor se encuentran ahora en fase de concurso. «Estas seis nuevas plazas tan solo han sido aprobadas, aún no tienen nombre ni apellido», confirman fuentes del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo vasco. Fue este mismo departamento, liderado por Arantxa Tapia, quien encargó a principios de 2022 la elaboración de una serie de informes sobre los precios de los productos de diferentes sectores a lo largo de la cadena alimentaria. Este equipo de expertos velará por toda la cadena de producción mediante la inspección de los contratos. Behatokia ya tiene los primeros costes medios de producción de la leche de ovino, la carne de vacuno y la uva de Rioja Alavesa. 

Las deducciones alcanzarán el 70% con una norma que sigue a Bizkaia, que los aplicó el 1 de enero y vive una avalancha de producciones. Álava no quiere alejarse de los focos. Después de que Bizkaia comenzara a aplicar en enero los incentivos fiscales más altos de Europa para atraer rodajes de películas y series, la Diputación alavesa sigue un guion idéntico. Era una demanda unánime de los productores locales, que auguraban una «fuga» de grabaciones a tan solo unos pocos kilómetros si se mantenían las grandes diferencias actuales. Y finalmente ambos territorios –a falta de conocer si en Gipuzkoa se aplicarán medidas en el mismo sentido– armonizarán sus bonificaciones. Así lo aseguran desde el departamento de Hacienda y Finanzas que dirige Itziar Gonzalo, que trabaja para alcanzar la «misma intensidad de incentivos» que aplica la entidad foral vizcaína. En otras palabras: calcar esa norma para implantar incentivos de hasta el 70% a un sector que vive un gran momento con el auge de las plataformas de streaming. Curiosamente, la última iniciativa foral aprobada a nivel local en diciembre, vigente en la actualidad, contemplaba deducciones del 35% en producciones nacionales e internacionales y del 45% en el caso de que se ruede en euskera. Los cambios en el territorio vecino han tenido así un efecto dominó que prácticamente llevaría a duplicar esos porcentajes. De esta manera, si los gastos superan la mitad del presupuesto de la productora se pasa del 35 al 60%. Y en el caso de las cintas rodadas en lengua vasca alcanzan el 70%. De esta deducción en el Impuesto de Sociedades –no son subvenciones directas– se beneficiarán las producciones que rueden en Álava.

Los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia van a ser uno de los principales motores del crecimiento económico en los próximos años, pero su impacto será dispar por sectores. El Banco de España estima que los más beneficiados serán los relacionados con la digitalización y la construcción, y que el incremento potencial del PIB roza el 2% anual. Sin embargo, alerta, la escasez de mano de obra cualificada amenaza con restar una cuarta parte de este crecimiento extra. “El programa europeo Next Generation EU (NGEU) supone, por su elevada cuantía y por su enfoque estructural, una oportunidad única para impulsar el crecimiento de la economía española”, defiende el Banco de España en su informe El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto macroeconómico desde una perspectiva sectorial, publicado ayer. El análisis se centra en el impacto sobre la economía española de los 69.500 millones de euros en ayudas directas inicialmente prometidos a España (que se elevarán en 94.000 millones más con la petición de créditos y transferencias extra en la adenda al Plan de Recuperación que ultima el Gobierno). El supervisor concluye que el impacto directo de estos fondos, equivalentes al 5,6% del PIB de 2019, es el de un incremento de la actividad del 1,15% de promedio anual durante los próximos cinco años. El empuje potencial, matiza, podría dispararse al 1,75% teniendo en cuenta los efectos de arrastre entre los distintos sectores beneficiarios. El Banco de España advierte, sin embargo, de que alcanzar esa cota exigiría exprimir plenamente las ayudas, si bien “la presencia de rigideces en los mercados de productos y de trabajo podría limitar la necesaria reasignación de recursos entre empresas y sectores y, por tanto, aminorar de forma significativa el impacto agregado”. En concreto, subraya, “la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores podría reducir en aproximadamente un 25 % el impacto estimado, desde el 1,75 % hasta el 1,3 % del PIB en promedio anual”.

El plan diseñado entre Gobierno y banca para ayudar a los clientes con dificultades para pagar su cuota debido a las subidas de los tipos de interés apenas ha sumado más de 1.000 operaciones entre las cinco grandes entidades. Se trata de una cifra muy baja y, de hecho, en algunos bancos las solicitudes se cuentan con los dedos de una mano. Todavía es pronto, pero el sector prevé que el número final de beneficiados por este plan de rescate se quedará muy lejos del millón de hogares potenciales que anunció el Gobierno al firmarse el acuerdo. Los bancos explican que se trata de un efecto normal. Por un lado, las cuotas hipotecarias todavía no han recogido el aumento total que van a experimentar. Existe un decalaje de varios meses desde que el Banco Central Europeo ejecuta un alza de tipos de interés hasta que este se refleja en los precios del crédito. En ese sentido, en general, las subidas todavía no han sido lo suficientemente altas como para que los clientes se hayan encontrado con dificultades para pagar. Tampoco para que cumplan los requisitos necesarios que requiere acogerse al código, entre ellos que la hipoteca represente más de un 30% de los ingresos. Por otro lado, durante las negociaciones entre Ejecutivo y patronales bancarias las entidades ya advirtieron que la cartera hipotecaria estaba bien cubierta y no se esperaban focos de peligro inmediato. La mayor parte de las hipotecas formalizadas en los últimos cinco años, que son las que más preocupan ya que la carga de intereses es mayor, se realizaron a tipo fijo y por tanto no experimentarán una modificación en la cuota. Y de las que están a tipo variable, gran parte se contrataron antes de 2012, por lo que los intereses están en gran medida amortizados. 

Las grandes cadenas hoteleras españolas dejan atrás la crisis del Covid tras duplicar sus ingresos frente a 2021 y situarse ya un 10% por encima de 2019, año histórico para el turismo español. RIU, Barceló, NH, Meliá, Hotusa, Palladium, Piñero, Paradores, Hesperia y Sercotel obtuvieron unos ingresos conjuntos de más de 12.500 millones de euros el pasado año, frente a los casi 6.200 millones de 2021 y los 11.300 millones de 2019. Este impulso responde, sobre todo, al incremento de las tarifas registrado durante el pasado año, que logró compensar unas cifras de ocupación algo todavía por debajo de las anteriores al Covid pero muy cerca ya del máximo histórico. El precio medio diario por habitación alcanzó en 2022 los 133 euros, lo que supone un incremento del 20% respecto a 2021 y una subida del 12% si se compara con 2019, mientras que la ocupación media en los hoteles españoles se situó el pasado año en un 67,7%, frente al 44% de 2021 y el 74,7% de 2019, según los datos de STR y Cushman & Wakefield. Por compañías, RIU ha avanzado unos ingresos de 2.905 millones de euros en 2022, un 111% más que en 2021 y un 30% superior frente a las cifras de 2019. El grupo cerró el pasado año con 96 hoteles y 49.273 habitaciones repartidos en 20 países. Pese a la buena evolución de 2022, RIU se muestra cauta respecto a 2023 y alerta del impacto de la subida de costes en los márgenes y de la previsible contención del gasto de las familias en un entorno marcado por la desaceleración de la economía.

Singapore International Arbitration Centre (Siac), un tribunal arbitral de Singapur, ha confirmado el laudo que pesaba sobre Repsol en su conflicto con el gigante chino Sinopec, en una disputa que se remonta a hace más de cinco años y que, en su momento, se cuantificó en más de 5.000 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros al cambio actual). Fuentes cercanas a Repsol explican que la compañía volverá a recurrir en los tribunales ordinarios, también en Singapur, donde se está dirimiendo en la actualidad este asunto, uno de los quebraderos de cabeza jurídicos de Repsol en sus negocios internacionales. Financieramente, Repsol provisionó en febrero del año 2020, justo antes de la pandemia, más de 800 millones de euros para costear el conflicto con Sinopec en caso de que perdiera. Así, por lo menos una parte estaría cubierta desde el punto de vista de los resultados. Repsol presenta las cuentas anuales de 2022 el próximo día 16 de febrero. El asunto de la disputa con Sinopec se remonta a mayo de 2016, cuando esta compañía y su participada Addax formalizaron una demanda arbitral contra Tseuk, la filial en Reino Unido de Talisman, la petrolera canadiense adquirida por Repsol en 2015, en la que reclamaban un total de 5.500 millones de dólares (unos 5.075 millones de euros).

El próximo día 16 de febrero, Orange publicará las cuentas de 2022 y, en paralelo, presentará a la comunidad financiera las líneas básicas de su nuevo plan estratégico. En 2020, bajo el mando del anterior CEO, Stéphane Richard, la teleco lanzó un plan que se extendería hasta 2025, pero la nueva consejera delegada, Christel Heydeman, ha decidido dar un impulso al grupo con su propio proyecto, en el que el mercado español será una de las claves. En España, segundo mercado en ingresos del grupo, Orange ha hecho una de sus apuestas estratégicas, con la fusión con MásMóvil, en una transacción valorada en 18.600 millones de euros, una de las mayores de la historia de la teleco francesa. La integración tiene un impacto financiero directo inicial en la compañía francesa porque, bajo los pactos, el grupo Orange percibirá un dividendo de 4.200 millones de euros, dado que aporta a la joint venture, repartida al 50%, una compañía sin deuda. Además, Orange y Lorca JVCo, matriz de MásMóvil, controlada por KKR, Cinven y Providence, han incluido en su acuerdo el derecho a activar una OPV, después de un periodo de dos años. De igual forma, la operadora gala tiene la opción de toma de control de la joint venture, asunto por el que inclina en su plan, combinada al precio de la citada OPV. Orange tiene clara su posición como socio industrial del proyecto, y su intención de continuar en el mercado español, en el que acumula una inversión de 35.000 millones de euros, con la compra de grupos como Amena y Jazztel. 

La compañía Dell Technologies Inc comunicó ayer al regulador financiero que se ha visto en la necesidad de recortar al 5% de su plantilla global, unos 6.600 empleados. “La empresa continúa dando prudentes pasos a la luz del difícil entorno de la economía global”, asegura el mensaje corporativo trasladado a la Comisión de Bolsa de Valores. La empresa se suma de esta forma a varias corporaciones que han reducido su plantilla laboral en los últimos meses, un fenómeno que ha estado presente especialmente en las grandes tecnológicas ante la caída de la demanda. Jeff Clarke, el vicepresidente de Dell, explicó mediante un correo electrónico a los trabajadores que la medida llegó porque no han sido suficientes los recortes que se han puesto en marcha en trimestres anteriores. “Sabemos que las condiciones del mercado siguen erosionándose con un futuro es incierto... Debemos tomar decisiones adicionales para prepararnos para el camino que tenemos enfrente”, dijo Clarke. “Hemos navegado dificultades económicas antes y hemos salido de ellas más fuertes”, añadió. Dell cuenta con 133.000 empleados, de acuerdo a la más reciente cifra publicada por la empresa, de 2022. Un tercio de ellos trabaja en Estados Unidos. Ahora, la compañía fusionará algunas áreas en un solo equipo de trabajo.

El empresario Francisco Martínez Cosentino, líder del sector de encimeras de cocina y que prepara su salida a Bolsa, ha admitido haber ocultado que la manipulación de su producto estrella, el aglomerado de cuarzo Silestone, provocó la mayoría de casos de silicosis que ha afectado a 1.856 operarios diagnosticados entre 2007 y 2019, según datos oficiales. La ocultación de los riesgos del producto en su etiqueta provocó que, tras el ladrillazo y durante dos décadas, los operarios de Cosentino y los marmolistas de todo el país que cortaban las encimeras hayan respirado los minúsculos cristales que han provocado decenas de muertes y una epidemia de casos cuyo cénit los neumólogos aún no vislumbran. La silicosis es una enfermedad respiratoria incurable, durante décadas asociada a la minería del norte de España. La conformidad del dueño de Cosentino, de 71 años y nombrado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, Hijo Predilecto de Andalucía en 2019, supone un vuelco en la prolongada lucha de las asociaciones de operarios enfermos y abre la puerta a indemnizaciones millonarias de una multinacional almeriense con 5.425 empleados en todo el mundo que en 2021 facturó 1.401 millones y obtuvo un beneficio neto de 104 millones. El empresario ha aceptado seis meses de cárcel por cinco delitos de lesiones graves por imprudencia grave para así evitar el juicio que afrontaba la semana pasada en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo. Para atenuar su petición inicial —de dos años y nueve meses—, el empresario pagó 1,1 millones en indemnizaciones a los cinco marmolistas gallegos —uno, ya fallecido— que lo denunciaron por no advertir claramente del riesgo que implicaban estos materiales.

La Audiencia Nacional (AN) confirma la posibilidad de deducir en el Impuesto sobre Sociedades (IS) las retribuciones de consejeros y administradores. La nueva sentencia da otro paso más en favor de este beneficio fiscal y desmonta la denominada doctrina del milímetro aplicada por la Administración Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). En esta última sentencia –en la que los expertos de litigación tributaria de PwC Tax & Legal han representado a un grupo multinacional de distribución de bebidas–, la Audiencia Nacional aprecia la deducibilidad de estas retribuciones. Según el fallo, si con arreglo a la legislación mercantil la retribución de los administradores es válida, dicha retribución constituye un gasto deducible en Sociedades. La Audiencia concluye, de este modo, que la Administración está aplicando una interpretación excesivamente rígida, que debe ser rechazada. “Ni se han menoscabado las garantías de los socios, ni ha existido impugnación alguna de los acuerdos de la Junta”, apunta el fallo. La denominada doctrina del milímetro que rechaza esta sentencia consiste en que, para que puedan deducirse como gastos las retribuciones de los administradores de una compañía, es necesario que concurran dos requisitos; en concreto, que la posibilidad de retribuciones esté expresamente prevista en los estatutos sociales y que esa previsión permita conocer el importe a satisfacer con certeza. Es decir, que el importe de la retribución quede perfectamente determinado en los estatutos, al “milímetro”.

La impopular reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, a la que se opone el 70% de los franceses y que pretende retrasar dos años la edad de jubilación (de los 62 a los 64), entró ayer en su tercer tiempo, el más crítico. Tras el tiempo presidencial y el gubernamental, arrancó un debate parlamentario con mucha tensión que durará dos semanas y que cambiará el futuro del trabajo en Francia, que hoy afronta su tercera jornada de huelga contra el proyecto. «¿De verdad creen ustedes que vamos a pasar dos semanas como hoy en la Asamblea?», increpó a los diputados la presidenta del Hemiciclo, Yaël Braun-Pivet, al poco de comenzar el debate. El ministro de Trabajo apenas pudo acabar su exposición, al ser interrumpido varias veces. «Es una reforma difícil pero las cifras nos obligan a reaccionar», dijo. Una idea de las dos semanas que hay por delante la da este dato: se han interpuesto unas 20.000 enmiendas (solo 12.000 de la Francia Insumisa, partido del izquierdista Jean Luc Mélenchon), un récord en la Asamblea y algo imposible de gestionar en ese tiempo. El Gobierno acusa a la oposición de bloquear el debate con esta estrategia y ésta, en ambos extremos, critican el autoritarismo del Ejecutivo al imponer su proyecto. El Gobierno, que sólo cuenta con el apoyo de Los Republicanos para aprobar la norma, ya ha tenido que hacer alguna concesión, como permitir que aquellos que empezaron a trabajar pronto (entre los 20 y 21 años), las llamadas carreras largas, se puedan jubilar a los 63 años, y no a los 64. Fuentes del Elíseo recuerdan que un tercio del paquete son medidas de redistribución para compensar ese sacrificio de dos años extra de trabajo a los franceses, como el aumento de la pensión mínima a 1200 euros.

La tierra tembló en la frontera entre Siria y Turquía como no lo había hecho en décadas. Cuando todo el mundo se preparaba para una ola de frío y las intensas nevadas, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter golpeó el este otomano y el norte sirio dejando miles de muertos –más de 3.600, según los primeros balances– y heridos, destrucción e incontables supervivientes congelados a la intemperie, aterrorizados en medio de un paisaje apocalíptico y bajo la amenaza de nuevas réplicas. De hecho, horas más tarde hubo un segundo seísmo, que alcanzó los 7,5 grados. Los expertos alertan de que los temblores se repetirán durante varios días. El epicentro se situó en el distrito turco de Pazarcik, en la provincia de Kahramanmaras y cerca de Gaziantep, ciudad de dos millones de habitantes. Afectó a las provincias de Malatya, Sanliurfa, Osmaniye, Hatay, Adana y Diyarbakir. Los seísmos no conocen de fronteras y en Siria las zonas más afectadas fueron las de Idlib, Alepo, Hama y Latakia. El primer gran temblor se produjo a las 4.17 horas, cuando la gente dormía. Fue devastador y se dejó sentir en varios países de la región. El presidente otomano, Recep Tayyip Erdogan, llamó a la unidad nacional, se desplazó hasta el cuartel general del Centro de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) y declaró que era «el mayor desastre desde el terremoto de 1939 en Erzincan». Aquel movimiento telúrico fue también de 7,8 grados, ocurrió en el noreste del país y dejó más de 30.000 fallecidos. En 1999 se registró otro potente seísmo de 7,4 grados en Izmit, 100 kilómetros al este de Estambul, y hubo más de 17.000 víctimas. La potencia del terremoto en esta ocasión, la cantidad de ciudades afectadas y el número de edificios derruidos –3.400 según uno de los últimos recuentos de AFAD– hacen que esta vez también exista el temor a una muy alta cifra de víctimas. 

 A partir del curso que viene el número de alumnos por aula será el más bajo permitido hasta la fecha, tanto en la escuela pública como en la concertada. La bajada de la natalidad ha provocado que el departamento vasco de Educación reduzca los ratios en las clases para poder aliviar la presión que sienten muchos centros educativos que ven cómo cada vez se acercan menos familias a matricular a sus hijos. Tanto es así que incluso se plantea fusionar grupos de distintos niveles en un mismo aula no solo en los cursos de Infantil en las edades más tempranas, sino también en los de Primaria. Todo ello queda recogido en un decreto en el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria, que ya ha sido remitido al Parlamento y que se aprobará en breve. La prematrícula arranca el próximo lunes, día 13. Será la primera en la que se concertarán las aulas de dos años y en la que se buscará poner fin a la segregación a través del llamado índice de vulnerabilidad, el porcentaje de plazas que todos los centros estarán obligados a guardar para conseguir un reparto más equitativo de alumnos. Estos cambios en la matriculación son la parte más visible de algunas de las modificaciones que se van a ir produciendo tras la firma del pacto educativo por el 90% de los grupos del Parlamento y que serán recogidas en la futura ley de Educación, cuya redacción está en su fase final y se prevé que se eleve a la Cámara vasca al final de este primer trimestre. La pugna por conseguir alumnos es más intensa que nunca porque la natalidad cae año tras año, y al igual que hay ratios máximos de estudiantes por unidad, también los hay de mínimos.