20230208

Entrevista en Onda Vasca con Nuria Lekue, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia, que acusa al Gobierno español de precipitarse al retirar la subvención de 20 céntimos. Las gasolineras aún no han notado la subida que se nos anunció ahora que ha entrado en vigor el veto al petróleo ruso. Sin embargo, esta tregua no va a durar mucho, según nos dice la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia Nuria Lekue. "De momento no hemos notado esa subida. Se debe a que en enero se ha hecho acopio de diésel ruso y las reservas están en niveles importantes. Entendemos que se empezará a notar en semanas y habrá escasez y subida de precios", augura. El precio del gasóleo y la gasolina rondan un precio de 1,66 euros y las últimas subidas, aclara, se deben a que el pasado 1 de enero entró en vigor la nueva normativa de calidad de combustible. Nuria Lekue recuerda que esta normativa fue aprobada por el Gobierno español en el real decreto del pasado mes de marzo y que, por lo tanto, el Ejecutivo ya sabía que esto iba a ocurrir y que los precios iban a subir. De ahí que no entienda la prisa que, a su juicio, se han dado en eliminar la subvención general de los 20 céntimos por litro. "Creo que el Gobierno español se ha precipitado quitando la subvención. Ya sabía que con la normativa de calidad el precio iba a subir y que el 5 de febrero se vetaba el crudo ruso", lamenta. Nuria Lekue subraya que Europa necesita 1 millón 600 mil barriles de diésel cada día y ante la escasez, "le vamos a comprar el crudo ruso a terceros. No estamos haciendo lo ideal. Si es necesario hacer la transición energética, dependemos de combustibles fósiles. Se quiere acelerar la transición y no es posible", insiste.

Siete meses ha habido que esperar para ver de nuevo el precio del diésel por debajo del de la gasolina. Y es que el 2022 fue testigo de una alocada subida de costes acelerada por la invasión rusa de Ucrania que transformó la imagen de ahorro que siempre ha acompañado al gasóleo. Ayer, este combustible se vendió en Euskadi por primera vez desde el 21 julio con una tarifa menor que la gasolina de 95 octanos, en concreto de 1,67 euros el litro, por 1,675 la súper 95. La diferencia es mínima, pero evidencia ese cruce simbólico en la gráfica los precios de ambos combustibles. El coste del diésel lleva descendiendo, con excepción del parón de septiembre y octubre, desde junio, cuando alcanzó los 2,13 euros el litro. La caída registrada hasta ayer es ya del 21%, pero insuficiente para recuperar los 1,14 euros que se pagaban para llenar el depósito del coche antes de la guerra de Ucrania. La primera vez que el gasóleo superó el precio de la gasolina fue entre marzo y abril y, después, desde el 21 de julio hasta esta semana. Las causas de este descenso llegan marcadas por dos variables: por un lado, el precio del petróleo, que viene acusando un descenso desde verano, como explican desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), por la caída de la demanda que provoca la desaceleración económica más acusada en países como Reino Unido o Alemania. Además, en las últimas semanas Europa ha hecho importantes acopios de gasoil para prepararse ante la decisión que la Comisión Europea adoptó el pasado viernes de vetar las compras de este combustible a Rusia. Más de la mitad del tráfico por carretera del continente se alimenta con diésel y las compras se han disparado hasta los 700.000 barriles diarios. 

El Código de Buenas Prácticas para ayudar a los hipotecados en apuros por la escalada del euríbor apenas ha tenido impacto en Euskadi en su primer mes de vida. Las entidades financieras dicen que solo han recibido un puñado de solicitudes para acogerse a este plan, aprobado en noviembre, que recoge un abanico de medidas para las familias más vulnerables –los hogares con ingresos inferiores a 25.200 euros anuales– y otro para las de menos de 29.400 euros. Las explicaciones son variadas. Aluden a su escaso tiempo en vigor, a la dificultad de cumplir con los requisitos y probarlos, al alto porcentaje de préstamos a tipo fijo en los últimos años y a que las entidades ya disponen de otras soluciones que tienen más éxito. Aunque puede ser pronto para extraer conclusiones, la baja cifra, que no pasará de unas decenas, lleva a cuestionar los objetivos que anunció el Gobierno a bombo y platillo al aprobar la medida tras una difícil negociación entre PSOE y Podemos y también con la banca. Habló entonces de ayudar con sus hipotecas a un millón de hogares, lo que trasladado a Euskadi supone unos 33.000. La polémica, además, se ha reavivado después de que la banca haya publicado unos beneficios récord de 20.850 millones de euros, un 28% más que el año anterior. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volvió a abrir el melón al pedir la congelación de las cuotas hipotecarias, una solución que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha frenado. «En este momento hay un código de buenas prácticas que fija unos mínimos y que tiene recorrido para proteger a las familias en los próximos meses». Pero su efecto es aún mínimo. 

La compraventa de viviendas creció en el País Vasco el 1,8% durante 2022, hasta alcanzar las 25.973 operaciones, muy por debajo de la media del conjunto de España, donde ascendió un 6,1% y marcó la mayor cifra de los últimos 15 años, con 719.680 inmuebles. La evolución anual vino marcada además por un alza de los precios de las propiedades, que en el caso de Euskadi se incrementaron el 5,4% (un 7,2% a nivel nacional), según los datos publicados ayer por el Consejo General del Notariado. La subida de los precios inmobiliarios también tuvo su reflejo en los préstamos, cuya cuantía media para la compra de vivienda se elevó en Euskadi hasta los 168.633 euros, un 2,5% más que en 2021. Algo mayor fue el incremento medio de las hipotecas en el conjunto de España, un 3,8% superior al ejercicio anterior, que no obstante se situó alrededor de 15.000 euros por debajo de la media vasca, en concreto, en 153.357 euros. Los datos ofrecidos ayer por los notarios destacaron que el precio medio por metro cuadrado de los pisos vendidos en Euskadi fue de 2.666 euros, mientras que en las viviendas unifamiliares fue de 1.693 euros. En el conjunto del país se situaron, de media, en los 1.795 euros el mero cuadrado en el caso de pisos y en 1.304 euros para las viviendas unifamiliares. También se aprecia una llamativa diferencia entre los préstamos solicitados en Euskadi para la adquisición de vivienda –18.665 en total– y el número de compraventas, que permite deducir que 7.308 propiedades fueron adquiridas sin necesidad de solicitar un crédito hipotecario.

2022 fue un año histórico para el mercado inmobiliario español, pero el último trimestre echó el ancla: tras haber comenzado con fuerza los primeros meses, con un crecimiento interanual de las operaciones hasta mayo de doble dígito, octubre, noviembre y diciembre presentaron caídas con respecto a los mismos meses de 2021, aunque es cierto que por entonces el mercado inmobiliario ya había comenzado a despegar. En cualquier caso, este parón en el último cuarto del año, que es la continuación de una tendencia decreciente, sólo empaña ligeramente el hecho de que 2022 es el mejor año para el mercado de la vivienda desde 2007, con un número de operaciones de casi 720.000, un 6,1% más que en 2021, según datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Notariado. No sólo en los datos del total del país del último trimestre hay un aviso a navegantes, también en las estadísticas pormenorizadas por comunidades autónomas. El dato más revelador es el de la Comunidad de Madrid: en 2022, la compraventa en la región alcanzó las 91.200 unidades, que en el interanual se traduce en una caída del 1,1%. Cierto es que es sólo una de las tres comunidades con menos operaciones en 2021, pero su presencia es elocuente, porque había sido una de las zonas que había impulsado el renacido boom inmobiliario tras la pandemia. Las otras dos regiones en negativo fueron Cantabria y La Rioja, con descensos del 3,8% y el 1%, respectivamente. En cambio, otras regiones, especialmente del Mediterráneo y las islas, cerraron el año con un fuerte avance: por este orden, en Canarias las operaciones se incrementaron en un 26,9%, en un 14% en la Comunidad Valenciana y en un 7,4% en Islas Baleares. Pero los datos por regiones sólo en el último mes del año sacan a relucir una moderación completa en todo el territorio español. En el interanual de ese mes, todas las regiones acabaron en negativo. 

La Cámara de Gipuzkoa sostiene que las empresas del territorio están «bien preparadas en un año de incertidumbre» en el que el PIB repuntará el 1-1,5%. Las empresas de Gipuzkoa están «bien preparadas para afrontar el año 2023, que será un ejercicio de mucha incertidumbre». Un año en el que la economía del territorio crecerá entre un 1% y un 1,5% y en el que se superará la barrera de los 10.000 millones de euros de exportación, marcando un nuevo récord histórico tras el de 2022, cuando la cifra de ventas al extranjero se quedó a las puertas de esa cifra ‘mágica’. Ese es –a grandes rasgos– el análisis macroeconómico ofrecido ayer por los responsables de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, que dieron a conocer su tradicional Informe de Coyuntura Económica así como la Encuesta de Perspectivas, elaborada en base a un conjunto de preguntas planteadas a varios centenares de compañías de todos los sectores del territorio. El horizonte dibujado en ese documento parte de la base de que en el futuro más inmediato se impone una moderación en el ritmo de crecimiento de la economía guipuzcoana, lo que convive con la idea de que el territorio ha salvado con muy buena nota un 2022 que llegó a dar miedo por la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética y de precios que se desataron a partir de ese instante y que no han cesado. Sin embargo, la Cámara confía en la capacidad de las empresas para afrontar situaciones adversas, y recuerda que el 4,3% que repuntó el PIB guipuzcoano el pasado año es mucho más alto que el de los últimos ejercicios (al menos desde 2016), descontando, claro está, el rebote de 2021, que no era otra cosa que la reacción al desastre del Covid sufrido en 2020.

La afiliación de ELA ratificó ayer la decisión del sindicato de no firmar el convenio del Metal de Bizkaia, que quedó aprobado con los apoyos de LAB, CC OO y UGT. Durante una asamblea celebrada en Bilbao se constataron las dudas de los afiliados de ELA sobre varios de los puntos, lo que «crea una gran inseguridad jurídica», apuntaron. El rechazo al acuerdo suscrito en el Gobierno vasco sumó el 100% de los votos, mientras se ponía en valor los 11 días de huelga mantenidos en 2022.

Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy (SE), lanzó ayer un mensaje de calado a las autoridades comunitarias en relación con la actividad de su filial eólica Siemens Gamesa (SG). Poco antes de la presentación de los resultados del primer trimestre de SE, Bruch “calentó” la jornada al advertir que Siemens Gamesa sopesa el traslado de capacidad industrial de Europa a Estados Unidos por las nuevas subvenciones a las renovables que plantea el presidente norteamericano, Joe Biden. En una entrevista al canal de televisión de Bloomberg, Bruch recordó que Siemens Gamesa cuenta con 25 fábricas de aerogeneradores en ese mercado y no descarta inversiones, tanto para aumentar su capacidad, como para abrir nuevos centros. Parte de esa red fabril está inactiva por el freno del anterior “inquilino” de la Casa Blanca, Donald Trump, a las inversiones renovables. En la etapa actual, Biden ha lanzado un programa de más de 344.000 millones de dólares en subvenciones a inversiones en nueva generación verde. Esta normativa es del agrado de Bruch por la rapidez en su aplicación y porque ofrece un marco normativo estable a la hora de decidir las inversiones empresariales. Todo un reto para que Europa evite discurrir a una segunda velocidad en el ámbito renovable, frente a China y la propia Estados Unidos. Otro grupo industrial de referencia, como Volvo, también se ha planteado cruzar el océano Atlántico para desarrollar sus nuevas inversiones en EE UU. Como señaló ayer Bruch, uno de los principales directivos de Siemens, que es uno de los grupos de referencia de Alemania, asimismo tractor de la economía de la UE, “la clave será repartir más rápido” las subvenciones en la UE para “construir realmente” una industria renovable en Europa.

Oliver Blume, consejero delegado de Grupo Volkswagen, dio en noviembre pasado su beneplácito a una inversión de casi 7.000 millones de euros en España del consorcio alemán. Sin embargo, el ejecutivo no se había sentado todavía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ese encuentro se celebró ayer en La Moncloa, y en él, el directivo alemán aprovechó para pedir a España su apoyo en la regulación de la nueva norma de motores de combustión en la que trabaja la UE, la Euro7, y que la industria considera que ahora mismo lastra su negocio. Oliver Blume estuvo acompañado del presidente de Seat, Wayne Griffiths. Por parte del Gobierno, además de Sánchez, estaba presente la ministra de Industria, Reyes Maroto, máxima responsable del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico. Ese segundo punto es determinante para el SOS lanzado por Blume. La industria considera que España puede liderar las conversaciones para rebajar las pretensiones de la normativa publicada en noviembre por la Comisión. Aunque entrará en vigor en 2025, los fabricantes consideran exagerados sus requisitos (rebajar los NOx del diésel al mismo nivel que los de la gasolina) y endurece los objetivos tanto para camiones como para autobuses. En resumen, las marcas aseguran que les pondrán muy difícil rentabilizar las inversiones en el desarrollo de nuevos motores, puesto que ya está decidido que en la Unión Europea quede prohibida la comercialización de turismos con motores de combustión a partir de 2035. En la conversación ha estado presente la inversión del consorcio alemán, que alcanzará los 10.000 millones si se tiene en cuenta los recursos conjuntos que destinará el grupo de empresas que acompaña a Grupo Volkswagen. 

Los empresarios reclamaron ayer al Gobierno más agilidad administrativa y menos burocracia para poder recibir los fondos europeos y participar en los sucesivos planes, proyectos tractores –Perte– de desarrollo de los diferentes campos. De los 164.000 millones de euros que debe recibir España de la Unión Europea, entre 2021 y 2026, España ha recibido hasta ahora 31.000 millones de euros. De esta cantidad, el Gobierno ha desplegado 22.000 millones de euros, de los que sólo el 43% –9.500 millones– se han destinado al sector privado. Este es el nuevo balance de principios de año que ha hecho la Oficina de Proyectos Europeos que ha organizado la patronal CEOE para hacer un seguimiento de los fondos europeos. El informe, que publicó ayer la confederación empresarial, recalca al Ejecutivo que “la situación es especialmente preocupante en 2023, porque va a ser un año clave para la ejecución de los Pertes”. De hecho, “debe ser el ejercicio de la consolidación de la mayor adjudicación de fondos [europeos] de la historia de España”. Por lo tanto, los empresarios reclaman al Gobierno “mayor flexibilidad” en el acceso a las convocatorias de los planes, “así como un esfuerzo adicional del sector público para eliminar la burocracia y reforzar la agilidad administrativa”. El informe advierte de “que existe margen de maniobra para incentivar la participación de las pymes en las convocatorias de proyectos plurales y variados, frente a las ayudas para proyectos individuales”. Con ello, la patronal reclama al Gobierno que fomente la participación en proyectos con grandes empresas, universidades y otros centros de investigación.

España importó un 55% más de gas natural ruso en 2022, el año de la guerra. Los puertos españoles recibieron 56.021 gigavatios hora (GWh) de gas procedente del país euroasiático, según los datos publicados ayer por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), una cifra que contrasta con los 37.027 GWh del ejercicio anterior. Las llegadas desde EE UU más que se duplicaron: de 59.800 GWh en 2021, a casi 129.000. En el extremo opuesto, las llegadas desde Argelia cayeron un 40%, tanto por el menor flujo a través de los gasoductos, como por el hundimiento (-76%) en las llegadas por barco. Tras el cerrojazo casi total en los gasoductos procedentes de Rusia, los operadores privados utilizaron la vastísima capacidad de recepción y regasificación de gas que ofrece la península Ibérica para recibir buques cargados con gas natural de ese país y, desde allí, reexportarlo —por tubo, pese a la limitada capacidad de la interconexión por mar, con buques más pequeños—, al resto de socios europeos. En plena crisis energética, esa vía ha sido una de las preferidas para llenar los depósitos de cara a los meses fríos. 2022 fue, por lo general, un ejercicio de crecimiento de las importaciones españolas de gas natural, tanto para consumo propio como para ayudar al resto de Europa a lidiar con la peor crisis energética de su historia reciente. En el acumulado anual, las compras de gas desde cualquier país de origen crecieron un 7,4% respecto al ejercicio precedente. Una cifra notable, pero mucho menor que la de las llegadas desde Rusia y, sobre todo, desde EE UU. Dos hechos están detrás de estos datos, según, Pedro Cantuel, analista de gas y electricidad de Ignis Energía: el cierre, en 2021, del gasoducto Magreb-Europa y la sobrecarga que están afrontando prácticamente todas las terminales europeas de gas natural licuado (GNL).

El sector de combustibles fósiles genera casi el 80% de la energía consumida y más de dos tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero no es tan sencillo reducirlo drásticamente. Las energías eólica y fotovoltaica batieron récord el año pasado, con aumentos del 1% para la primera y del 33% para la segunda, con datos de Redeia (REE). Sin embargo, las condiciones climatológicas hicieron que entre junio y octubre la generación con ciclos combinados registrase una histórica cobertura media de la demanda del 31%, para poder dar respuesta a la baja e intermitente generación renovable, según Sedigas. El informe The role of finance in the energy transition de Pictet y el Enterprise for Society Center analiza cómo para el inversor no es sencillo apoyar la transición energética en el sector de combustibles fósiles: “La distinción entre empresa buena y mala puede ser poco clara y la influencia, limitada, sobre todo respecto a empresas estatales. Las opciones son desinvertir, dialogar, financiar la transición y/o favorecer negocios de bajas emisiones de carbono y tecnologías limpias. Pero la simple desinversión no incentiva a las más contaminantes”. Por eso, Marc Briol, consejero delegado de Pictet Asset Services, dice: “La industria financiera debe desempeñar un papel activo en el apoyo a la transición”, pero aclara que “el sector financiero puede ayudar, pero no ser sustituto eficaz de consumidores y gobiernos”. Los combustibles fósiles generan casi el 80% de la energía consumida y más de dos tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). A las tasas actuales, en nueve años el cambio de temperatura global habrá superado los 1,5° C pactados en París. Pero lograr la reducción no es sencillo. La guerra en Ucrania ha tenido como efecto colateral una vuelta a las energías fósiles, y entidades comprometidas en la transición verde como JPMorgan, Morgan Stanley y Bank of America amenazan con abandonar la alianza para el Net Zero Gfanz si no pueden seguir invirtiendo en esos sectores energéticos. Vanguard ya la ha abandonado.

Iberdrola ha movido ficha en Bruselas para marcar posiciones ante los planes de la Comisión Europea de reformar el mercado eléctrico (pool en la jerga). Responsables del grupo que preside Ignacio Galán volaron a la capital belga hace unos días para discutir con el equipo de la comisaria de Energía, Kadri Simson, la futura transformación del modelo comunitario. La reunión tuvo lugar el pasado 2 de febrero, semanas después de que el Gobierno español difundiese su propuesta de reforma, que ya ha enviado a Bruselas y que implica enterrar el mercado para alumbrar un sistema regulado y con una fuerte intervención, fijando precios regulados para nuclear e hidráulica, contratos a plazo por diferencias para las renovables y contratos por capacidad para el gas. Portavoces de Iberdrola mantuvieron un cara a cara con la directora general de Energía, Ditte Juul Jørgensen. Tal y como ha quedado reflejado en el Registro de Transparencia de la UE, el objeto de la cita era «el diseño del mercado eléctrico». Desde Iberdrola no han hecho comentarios ante las preguntas de este medio. Fuentes del sector señalan que el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera actuó por su cuenta y elaboró la propuesta sin contar con el sector, algo que ha soliviantado a las grandes energéticas del país, forzándolas a recurrir a la vía europea para influir de alguna manera en una reforma histórica que prevé reescribir las reglas del juego eléctrico. «No ha habido comunicación alguna desde el Ejecutivo», apuntan fuentes empresariales.

Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, dio ayer otro paso en la configuración de una nueva cúpula directiva en la compañía basada en un sistema propio de consejeros delegados múltiples. La compañía anunció que ha nombrado a Felipe Montero como nuevo consejero delegado de Iberdrola Deutschland, filial de nueva creación que combinará “todas las actividades de negocio en Alemania”. Montero se encargará de llevar a cabo los “ambiciosos” planes de crecimiento de la energética en Alemania, según explicó Iberdrola, la mayor energética española. Montero se incorporó a Iberdrola en 2010 como “joven ingeniero trabajando para el parque eólico marino de Wikinger”, la primera instalación de estas características construida por Iberdrola en Alemania. En 2017, fue nombrado director de proyecto de Baltic Eagle, el parque eólico marino que Iberdrola está instalando actualmente en aguas germánicas. En 2020, dejó la compañía y fichó por Northland Power como responsable de negocio en Taiwán, donde dirigió el desarrollo del proyecto eólico marino Hai Long. Ahora, vuelve a Iberdrola para ser el máximo responsable ejecutivo de la filial Deutschland, con el cargo de consejero delegado, una figura que Galán está extendiendo también a otros países y que empieza a tomar cuerpo. El pasado verano, Iberdrola nombró como nuevo consejero delegado para España a Mario Ruiz-Tagle. Ocurría justo después de que en marzo, Galán decidiera el nombramiento de Pedro Azagra como nuevo consejero delegado de Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos.

El apetito desatado por la deuda española parece insaciable. El Tesoro Público colocó ayer 5.062,76 millones de euros en una subasta de deuda a corto plazo (Letras a seis y doce meses), con una demanda que volvió a batir con creces la oferta. En concreto, los inversores solicitaron un total de 10.190 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado. En un momento en el que los particulares están demostrando un gran interés por esta clase de activos, se colocaron 1.062,76 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 2.327,09 millones. El tipo de interés marginal (el de la puja más alta aceptada) se situó en el 2,693%, por encima del 2,599% de la anterior emisión al mismo plazo. Es su nivel más elevado desde julio de 2012. Por su parte, el tipo medio de todas las ofertas aceptadas) se situó en el 2,675%, desde el 2,584% anterior. En las letras a un año, el Tesoro colocó 4.000 millones, por debajo de los 7.863,7 millones solicitados por los inversores, con una rentabilidad marginal del 2,839%, desde el 2,998% que se registró en enero, cuando se alcanzaron los niveles más elevados desde agosto de 2012. El tipo de interés medio se situó en el 2,813% (frente al 2,983% anterior). La voracidad que han demostrado los particulares por la deuda del Estado se ha visto reflejada estos días en largas colas a las puertas del Banco de España, donde los minoristas han acudido en masa a solicitar participar en las emisiones. 

Cepyme, denunció ayer que el salario mínimo acumula una subida del 64,8% desde el año 2016 y resulta cada vez más complicada de asumir por las empresas, dado que en este mismo periodo la productividad ha caído un 4,9%. Esto supone un golpe para el 15% de las compañías, pero el impacto será todavía más intenso entre las pymes, dado que el 40% de ellas se verán afectadas por la subida. De acuerdo con el informe Repercusión de la subida del SMI en la pyme española, publicado ayer por Cepyme, el salario mínimo se ha disparado en los últimos siete años, pasando de 655,2 euros al mes en 2016 (a los que habría que sumar las dos pagas extra al año) a 1.080 euros al mes este año, según anunció la semana pasada el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Es decir, un incremento del 64,8%. El problema es que, al mismo tiempo, “la productividad de las pequeñas y medianas empresas, medida en términos de ventas reales por ocupado y ajustadas a la inflación, ha caído un 3,6%; y la productividad total de la economía ha descendido aún más: el 4,9%”, señala el texto. El informe sostiene que el incremento del SMI, más allá del alza salarial directa, supone un fuerte sobrecoste para las empresas por varias vías. Por un lado, porque “produce un efecto arrastre en el rango salarial de las empresas, al deparar la subida de otros sueldos de personal de superior escalafón, cargo o antigüedad”. Eso ha llevado a que el salario medio en las pequeñas empresas, las que tienen más trabajadores con sueldos bajos, haya subido un 10,4% desde 2018, el doble que en las grandes (5,7%). Por otro, porque “el alza del SMI supone también para el empresario una fuerte subida de cotizaciones a la Seguridad Social, el 28,37%” del alza salarial, a lo que hay que sumar el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el incremento de las bases máximas de cotización, del 8,6% este año. “En los últimos cinco años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 47% y las bases máximas cerca de un 20%”, recuerda el texto.

El año pasado, Cataluña fue de nuevo la región que más empresas perdió, con la salida de 811 con rumbo a otras autonomías y la llegada de 630, lo que arrojó un saldo negativo de 181 de compañías, con diferencia el más abultado entre las CCAA, según se desprende de los datos de traslados de sedes sociales del Colegio de Registradores y que recogen las operaciones de cambio inscritas en el registro de destino. Desde 2012, la Comunidad de Madrid viene registrando sistemáticamente saldos netos positivos, sumando alrededor de 5.200 empresas más en ese periodo, al calor de su libertad comercial y de horarios, de su estabilidad institucional y de su política de baja fiscalidad, ahora amenazada por la ofensiva armonizadora del Gobierno y su nuevo impuesto a las grandes fortunas, que afecta sobre todo a Madrid y Andalucía, las únicas autonomías que tienen bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio. Una acometida que ha arreciado después de que varias comunidades gobernadas por el PP siguieran los pasos de Madrid e iniciaran una senda de progresivo alivio fiscal. De hecho, varias de esas regiones figuran entre las que registraron saldo positivo en 2022. POr su parte, Euskadi registró un saldo neto negativo y salieron 18 empresas más de las que entraron. Del total de las 217 empresas que decidieron marcharse, 82 eligieron Madrid y otras 30 Catalunya.  

El escandaloso caso de los trenes que no caben por los túneles llega a la Unión Europea, porque recibieron financiación comunitaria. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) revisará el préstamo concedido a Renfe para la compra de los 31 trenes para la cornisa cantábrica tras ser informado por la empresa española de que no caben por el túnel. Fuentes del BEI confirman que la institución ha sido informada del retraso y evaluará si está justificado permitir a Renfe una ampliación del plazo del préstamo. «El BEI fue informado de que Renfe está trabajando con el suministrador de los trenes, puesto que los mismos requieren ser rediseñados para circular por todas las líneas», afirman desde la sede en Luxemburgo del principal agente financiero de la Unión Europea. Y abren la puerta a flexibilidad, siempre que esta institución, presidida por el alemán Werner Hoyer, vea justificación para lo ocurrido. «En caso de que fuera necesario, un proyecto puede ver extendida su fecha de finalización si se considera que dicha extensión está justificada», remarcan en el BEI. El Gobierno y Renfe han admitido un retraso de unos tres años tras el fiasco de que los modelos previstos no caben por los túneles. El BEI decidió ya en 2019 prestar 150 millones de euros a la empresa ferroviaria española para la adquisición de 31 trenes con la promesa de «mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios ferroviarios en Asturias, Cantabria y Bizkaia». También con el compromiso de que estaría completado el proyecto en 2024, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la institución con sede en Luxemburgo se encuentra ahora con un incumplimiento enorme de los plazos por una razón insólita: el producto encargado con financiación europea no es válido.

La plataforma de vídeo Zoom se sumó ayer a la ola de ajustes de plantilla que sacude a las tecnológicas y anunció el despido del 15% de sus empleados, unas 1.300 personas, para hacer frente a la «incertidumbre económica mundial» en la era postcovid. Emblema del teletrabajo durante la pandemia de coronavirus, su crecimiento se disparó a mediados de 2020 gracias a la proliferación de reuniones virtuales tanto laborales como familiares. En dos años, Zoom cuadriplicó sus ingresos y triplicó sus efectivos «para enfrentar la demanda», recordó Eric Yuan, director general del grupo en la web de la empresa. Sin embargo admitió que «la incertidumbre económica mundial y su efecto en nuestros clientes» ha impulsado a la empresa a cambiar el rumbo para «poder hacer frente al actual entorno económico». Asimismo, Yuan señaló que «debo rendir cuentas por los errores», y en este sentido anunció que reducirá en un 98% su salario y renuncia al cobro de bonus. Además los ejecutivos de Zoom tendrán también una reducción salarial del 20% y tampoco cobrarán bonus.

Bill Gates, el fundador de Microsoft, dijo una vez: “De todas las personas que he conocido, probablemente Kay es la que más se parece a mí”. Kay es Kazuhiko Nishi (Kobe, Japón, 66 años), uno de los pioneros de la época mítica que condujo al nacimiento de los ordenadores personales. Fue el máximo responsable de Microsoft en Japón y es el inventor del estándar MSX, uno de los primeros y más queridos ordenadores de los años ochenta. No tiene intención de abdicar su compromiso con la innovación. La Universitat Oberta de Catalunya lo invitó a finales de enero a Barcelona a la celebración del 25 aniversario de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, para presentar el modelo actualizado del microordenador MSX. " Elon Musk despidió a tres cuartas partes de los empleados de Twitter, pero la empresa sigue viva. Todo el mundo sabe que las grandes tecnológicas están llenas de vagos. La dirección ha sido muy generosa. Ahora, debido a la extrema disciplina y actitud de Musk, estas empresas han visto el momento de intervenir. En toda empresa, escuela o comunidad siempre hay, por lo menos, un 10% de personal improductivo...Mi mayor desafío ahora es construir mi propia universidad..."

El negocio espacial está en auge y con el Nexus, Hispasat abre una nueva era. La nueva economía del espacio viene marcada por la globalidad (el satélite permitirá acceso a internet a sitios tan remotos como Groenlandia y la selva amazónica), los servicios al sector de defensa (parte de la capacidad se usará para un contrato con el Pentágono) y la tecnología (Nexus sitúa a Hispasat en la vanguardia de esta industria). El presidente de Hispasat, Jordi Hereu, destacaba en Cabo Cañaveral, antes del lanzamiento, la importancia del nuevo satélite: “Es un nuevo gran hito para la historia de Hispasat, resultado de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho talento de muchas personas”, señala. “Permitirá hacer efectivo desde el espacio el acceso universal a los derechos digitales. Damos un salto adelante en esta magnífica carrera espacial al servicio de las necesidades de la gente. El satélite es el gran antídoto contra la desigualdad digital”, dice. Amazonas Nexus es un satélite geoestacionario (satélites que se sitúan a 35.786 kilómetros de distancia del ecuador que se mantienen fijos respecto a un observador en tierra) de alto rendimiento orientado al mercado de movilidad aérea y marítima, que permitirá el acceso a internet de alta velocidad en todo el continente americano, los corredores norte y sur del Atlántico y Groenlandia. Está especialmente diseñado para ofrecer conectividad de alta calidad en aviones y barcos.

Entre julio y septiembre de 1975, nacieron en Euskadi 9.806 bebés. En los mismos meses del pasado año, casi tres veces menos, 3.506. Aunque no hace falta irse tan lejos para ilustrar con ejemplos la incesante caída de la natalidad; basta con mirar los datos más recientes. Y estos revelan que el de 2022 fue el peor verano en lo que va de siglo en términos de llegada de nuevas vidas al mundo. No solo eso. El último informe del Instituto Vasco de Estadística recoge que el tercer trimestre del pasado año registró un descenso del 7,6% en los alumbramientos, el mayor para esas fechas. Las cifras del Eustat no hacen sino constatar que la natalidad está en caída libre. El País Vasco registró en 2021 sus peores valores desde 1975, cuando empezó a contabilizarse ese dato a nivel autonómico. Y en 2022 se acentuó. El Eustat todavía no ha cerrado el año, pero en los nueve primeros meses nacieron 10.112 bebés, casi medio millar menos que en el mismo período del ejercicio anterior. Eso sí, los datos de nacimientos poco tienen que ver de un territorio a otro. En cifras absolutas, Bizkaia concentró más de la mitad de los nacimientos, 1.774 de los 3.506 registrados en Euskadi, seguido de Gipuzkoa (1.169) y Álava (563). Y también fue la provincia que sufrió el menor de los descensos con respecto a julio, agosto y septiembre del año anterior, un 5% (en Gipuzkoa fue del 11,5% y en Álava, del 6,9%). Pese a que Bizkaia aguanta la caída, en los nueve primeros meses del año nacieron 5.102 bebés, menos que en el mismo período de 2021 (5.207), el peor año de la serie histórica, que arrancó en 1985.