20230313

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Lunes13 de marzo de 2023
Núm 1341/2023
Año XXXVI

Se duplican los vascos arruinados que se acogen a la Segunda Oportunidad (El Correo)

La ley de la Segunda Oportunidad para acceder al perdón de la deuda se aprobó en 2015 con un espíritu casi poético: «que una persona, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer». La declaración de intenciones sonaba bien pero el mecanismo para la exoneración era tan tortuoso que apenas se utilizaba. Hasta ahora. Con la reforma de la ley concursal aprobada el pasado septiembre se ha registrado un auténtico ‘boom’ de casos en los juzgados. Los cambios introducidos simplifican los trámites y abaratan los costes, por lo que su uso se ha disparado. Así lo evidencian los datos de concursos de acreedores de personas físicas no empresarias del año pasado, solicitados en su mayoría por gente sobreendeudada que no puede hacer frente a sus pagos por haberse quedado en el paro u otras circunstancias. En Euskadi se contabilizaron 261 expedientes, más del doble que los 119 del ejercicio anterior. Y lo más llamativo es que el 60% de los casos se concentraron en el último trimestre, una vez aprobada la reforma de la ley concursal, por lo que todo apunta a que la avalancha continuará. En el conjunto de España los procesos superaron los 15.000, también un recórd. Por contra, los concursos de personas físicas empresarias, es decir, aquellas que se han arruinado al quebrar su negocio, se moderaron en la recta final del año, tras la reforma. En su caso el cambio en la regulación no ha sido tan favorecedor. La razón es que la nueva normativa limita de forma muy restrictiva la exoneración del crédito con Hacienda y la Seguridad Social, con un máximo de 10.000 euros en cada caso. Y son justo las deudas con estos organismos públicos las que más pesan a los autónomos arruinados.

Las empresas intensifican su relación comercial con India (Diario Vasco)

Las empresas de Gipuzkoa intensifican su relación comercial con el ‘elefante indio’. Las importaciones del territorio con la quinta economía mundial registraron un máximo histórico el pasado año tras crecer un 30% hasta los 80,6 millones, mientras las ventas se recuperan con 114,5 millones exportados. La relación comercial de Gipuzkoa con este nuevo gigante asiático ha ido claramente en aumento desde 2016. En aquel año, el territorio importó productos de India por valor de 33,1 millones de euros, mientras que las exportaciones se situaron en 79 millones. Siete años después, en 2022, los bienes y servicios comprados a la India alcanzaron los 80,6 millones, la cifra más alta desde que existen datos y un 30,7% más que en 2021. Las ventas de Gipuzkoa al país del elefante se recuperaron el año pasado con fuerza tras la pandemia y se quedaron a tan solo dos millones del récord de 2019, con 114,5 millones exportados. Si ponemos la lupa en Euskadi, la comunidad también registró en 2022 un récord importador de 271,1 millones de euros. Pero, ¿qué bienes y servicios compra y vende Gipuzkoa a India? El principal producto es el de ‘máquinas y aparatos mecánicos’, que reúne el 45,5% de las exportaciones y el 34,4% de las importaciones. En esta partida nos topamos con toda la máquina-herramienta, un sector que tiene en Euskadi y Gipuzkoa a buena parte de sus actores más importantes y que se basa en máquinas, equipos y sistemas que por medio de procesos mecatrónicos hacen funcionar una herramienta para dar forma a piezas generalmente metálicas. Están ligadas a la fabricación avanzada, la productividad y la innovación productiva en los sectores estratégicos como la automoción, la energía y la aeronáutica. Desde la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, su director general, Javier Zubía, confirma el incipiente crecimiento de India y cómo las empresas del territorio pueden beneficiarse de su relación comercial con el país asiático. «El mercado indio va a crecer mucho y las compañías guipuzcoanas encontrarán buenas oportunidades de negocio allí. Estamos sobre la pista de este país desde hace unos pocos años. La posición de China en el mundo ha cambiado e India podría ocupar su lugar». Zubía también analiza los campos o ámbitos laborales en los que destaca el mercado indio. «En ingeniería y matemáticas son realmente sobresalientes, así como en estudios I&T, relacionado con puestos digitales. 

«India está invirtiendo en infraestructuras y proyectos energéticos» (Diario Vasco)

Una de las primera firmas en aterrizar en el país asiático fue Ampo. En 2009 puso en marcha una planta de fabricación de válvulas de 15.000 metros cuadrados con una inversión de 13 millones de euros en la localidad india de Coimbatore. «Para ello alquilamos inicialmente un pabellón –con una plantilla de 20 personas– y fuimos poco a poco creciendo hasta poner en marcha una nueva planta 100% propiedad de Ampo en 2017, donde actualmente ya trabajan más de 300 personas», afirman fuente de la firma de Idiazabal consultadas por este periódico. «La relación comercial con el país y, como consiguiente, nuestras ventas, han ido creciendo año tras año y nuestra planta nos está permitiendo mejorar nuestro servicio en la zona, además de ser más competitivos. India es, sin lugar a duda, un país que ofrece y nos ofrecerá muchas oportunidades en el ámbito de soluciones para el sector energético y minero». Respecto al posible crecimiento que espera Ampo en India en los próximos años, la compañía liderada por Aritz Irastorza asegura que «nuestro volumen de negocio en India ha ido creciendo considerablemente y esperamos encontrar oportunidades muy interesantes y de alto valor añadido. Es un país que está continuamente invirtiendo en infraestructuras y proyectos energéticos de alto valor añadido para el futuro». El Grupo Sarralle –una referencia en el negocio del diseño y suministro de equipos siderúrgicos en todo el mundo– fue otras de las empresas guipuzcoanas que recaló en suelo indio hace ya unos cuantos años. Sarralle India obtuvo su licencia en 2005 y no fue hasta 2006 cuando se inició el departamento de Ingeniería y Fabricación. A medida que el negocio fue creciendo, Sarralle tomó la decisión de construir su propio taller. La construcción tardó más de lo esperado y fue en 2009 cuando todo el negocio de Sarralle se estableció en India. «Actualmente contamos con 20 ingenieros mecánicos y 7 ingenieros eléctricos capaces de diseñar cualquier equipo relacionado con plantas de acerías, no solo para India, sino para cualquier país del mundo», asegura Animesh Dey, director de operaciones de Sarralle India.

Álava tiene sin gastar cinco millones de euros por contratos que quedan desiertos (El Correo Araba)

En un año donde se espera una contención de la inflación pero con un IPC todavía del 5,3% en Álava, el territorio afronta ahora el reto de evitar uno de los lastres que administraciones públicas y constructoras acarrean desde 2022: la contratación desierta. El pasado ejercicio, los altos precios de materiales como el acero o el aluminio a raíz de la guerra en Ucrania provocaron que los presupuestos que manejaban la Diputación y los ayuntamientos para obras públicas quedasen muy lejos de los costes reales. Se atascaron obras como la reforma de la gruta de la Florida o las destinadas a facilitar el acceso a la oficina del Ararteko en Vitoria. Ahora están bloqueados en las cuentas de las principales instituciones alavesas 5,25 millones de euros por contratos desiertos, pero destacan sobre todo los ligados al sector servicios, lo que indica un cambio de rumbo en estas dinámicas. Esto se explica porque los precios de la obra pública «se han adecuado», aunque fuentes de Uneca, la patronal de la construcción alavesa, matizan que sólo parcialmente. Las subidas de presupuesto en las licitaciones, aseguran, «no han recogido toda la subida» y «no es igual entre distintas administraciones». Desde que comenzó el año, las entidades públicas del territorio acumulan un total de 15 expedientes que no encuentran interés en el sector privado. Seis de ellos corresponden al Ayuntamiento de Vitoria, dos a la Universidad del País Vasco, uno al Departamento de Seguridad, otro a la Fundación Artium y el resto a distintos ayuntamientos y entes del territorio. Entre esas licitaciones algunas destacan por el presupuesto y otras por el servicio en cuestión. Como botón de muestra de las primeras, el gran contrato desierto de Álava: la contrata para la limpieza del campus de la UPV. 

La rectora de la UPV advierte de que la ley de universidades repercutirá en los costes (Diario Vasco)

La aprobación de la reforma integral de la universidad conocida, como la Losu, este pasado viernes en el Congreso traerá nuevo aires a los centros universitarios, especialmente a los públicos. Entre las principales novedades se encuentra la obligación de destinar al menos 1% del PIB del Estado y comunidades a la investigación académica para 2030. Además, amplía el perfil del rector que no tendrá por qué ser catedrático ni funcionario, reconoce el derecho a la huelga de lo alumnos y combate la precariedad y el amiguismo. La rectora de la Universidad Pública Vasca (UPV/EHU) acoge con satisfacción el mínimo establecido para la inversión en investigación. «Es una buena noticia», dice Ferreira, quien también le pone un pero: «sería conveniente que se fijara un plazo para el cumplimiento de dicha obligación». La entrada en vigor de algunos de los puntos de la Losu supondrán «un coste adicional apreciable» por lo que Ferreira solicita que «se condicione a la existencia de dicha financiación», ya que la entrada en vigor de la ley este año «lleva asociados cambios que incrementarán los costes». En Mondragon Unibertsitatea encuentran «algunos elementos» positivos en la norma. Su rector, Vicente Atxa, valora que se haya incluido «un reconocimiento de todas las lenguas oficiales», algo que «no aparecía en las primeras versiones». La referencia específica que se hace «por primera vez» a las sociedades cooperativas como figuras jurídicas de universidades no públicas de iniciativa social reafirma el modelo de esta universidad. Además, Atxa considera que «la referencia que la propia ley hace a los doctorados industriales impulsa la estrategia que MU lleva año implementando en su modelo de investigación colaborativa». Por último, entiende que «la referencia a la formación dual reafirma la apuesta histórica y liderazgo de MU, que en la actualidad ofrece en esta modalidad más del 70% de su oferta académica. En la Universidad de Deusto también se sienten reconocidos en el apartado de universidades no públicas sin ánimo de lucro. Eduardo J. Ruiz Vieytez ve con buenos ojos que «se insista en la internacionalización y en la formación dual, algo en lo que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo».

Los empresarios piden estabilidad política, regulatoria y apoyo público (Expansión, El Mundo, Cinco Días, El Correo)

Los empresarios españoles asisten relativamente optimistas a la ralentización de la economía española, si bien muestran su preocupación sobre la persistencia de la inflación y demandan nuevas medidas de apoyo público, así como estabilidad política y regulatoria, para consolidar la recuperación económica y laboral. Estas son algunas de las principales conclusiones de la decimonovena edición del informe anual Perspectivas España, elaborado por KPMG en colaboración con CEOE a través de consultas a más de 1.100 empresarios y directivos, y que fue publicado ayer. “Las conclusiones del informe reafirman la necesidad de impulsar medidas de apoyo efectivas a las empresas para mantener la marcha de la economía y el empleo, así como de contar con un marco de estabilidad política y calidad normativa que genere un clima de inversión favorable”, resume Antonio Garamendi, presidente de CEOE. La encuesta, realizada entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, a 1.116 empresarios y directivos de 24 sectores y todas las comunidades autónomas, indica que el 54% señala a la inflación como la principal amenaza para la economía española este año, y a derivadas de esta, como el coste de la energía o la volatilidad de los precios de las materias primas, como los mayores riesgos para su negocio. Después de todo, siete de cada diez directivos manifiesta que la inflación ha tenido un impacto “alto o muy alto” en los márgenes de beneficio de su compañía, y más de la mitad declara haber redefinido sus políticas de precio y renegociado sus contratos con proveedores para absorber el aumento de costes, mientras que un tercio prevé hacerlo este año.

Bruselas ve margen para que las empresas suban salarios (El País)

La inflación, y la pérdida de poder adquisitivo que conlleva, es tal vez el principal problema económico de los tiempos que corren. Pero puede que el lío esté más en los márgenes empresariales que en los salarios: la evolución de los beneficios de las compañías “sugiere que las empresas tienen algo de espacio para asumir subidas salariales”, según concluye un documento de la Comisión Europea remitido a los ministros de Finanzas del euro ante su reunión de hoy. El texto señala que los cambios en el comportamiento de las familias, por el ahorro acumulado en la pandemia, “puede haber favorecido los márgenes en algunos sectores”. Las conclusiones de Bruselas coinciden con el diagnóstico del Banco Central Europeo, que considera que las empresas están haciendo caja. “El BCE reconoce que no son los sueldos los que impulsan la inflación; mientras los salarios pierden poder adquisitivo, los beneficios aumentan”, subrayan fuentes comunitarias. El aumento anual de los sueldos pactados en convenio es del 2,9% y la remuneración por asalariado crece al 4%, cuando la inflación europea se situó en el 8,4% en 2022. 

Las empresas, obligadas desde hoy a crear un canal de denuncias anónimo (Expansión)

En España, pasar de 49 a 50 empleados supone entrar en otra dimensión en la que será obligatorio auditar las cuentas, crear un comité de seguridad y salud; implantar un plan de igualdad, crear un comité de empresa, asumir al menos un 20% del coste de la formación de trabajadores, incorporar el registro horario o regular el teletrabajo. Es decir, lanzarse de cabeza a la piscina de un fuerte aumento de costes y lastres burocráticos al que ahora se añade una nueva piedra en el camino. Hoy entra en vigor la nueva Ley de Protección del Informante, que obliga a todas las empresas de 50 o más trabajadores, así como a las entidades del sector público, partidos políticos, sindicatos y patronales, a crear un buzón o canal de denuncias sobre posibles infracciones o casos de corrupción que se detecten en su seno. Esta ley es la transposición de una norma comunitaria conocida como Directiva Whistleblowing, que por cierto España ha adoptado con más de un año de retraso, lo que en su día le valió una denuncia de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE, y supone una nueva vuelta de tuerca en las exigencias regulatorias al tejido productivo. Además de suponer un incremento de las cargas y los costes para las empresas afectadas (las compañías con más de 50 empleados rondan las 24.700 según datos del INE de 2022), puede acarrear severas sanciones económicas, con multas de entre 1.001 euros para las infracciones leves y hasta un millón en los casos más graves tanto para las empresas y entidades que incumplan la ley como para aquellas que obstaculicen o tomen represalias contra los denunciantes (despidos, degradación o denegación de ascensos, acoso laboral...). Además de sanciones de hasta 300.000 euros a los directivos y administradores de la empresa que no adapten sus canales de denuncia e incumplan la normativa. 

El impuesto al plástico, a revisión (El Mundo)

El Ministerio de Hacienda está preparando cambios en el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, el conocido como impuesto al plástico, que entró en vigor el pasado 1 de enero pese a las reticencias de la industria y que ha provocado el caos en las primeras liquidaciones por las dificultades a las que se enfrentan las empresas a la hora de cuantificar la base imponible. La Agencia Tributaria es consciente de las dificultades que están sufriendo las empresas a la hora de liquidar el impuesto y ha elevado la problemática al departamento que dirige María Jesús Montero, que está estudiando distintas fórmulas para facilitar el trámite a las compañías. Las empresas afectadas –que no son sólo las que se dedican a la fabricación o distribución de envases, sino también cualquier importador o adquiriente intracomunitario de mercancías– se han encontrado con un problema a la hora de afrontar el pago del impuesto y parte directamente de la dificultad para determinar la cantidad de plástico que contienen los envases, que es precisamente lo que determina la base imponible. Los afectados por el impuesto tienen que abonar 0,45 euros por cada kilo de plástico no reciclado que utilicen en el proceso de fabricación o por cada kilo de plástico importado. El problema es que la cuantificación del plástico que reciben cuando compran mercancías a otros países es muy difícil de determinar. Es el caso, por ejemplo, en el film protector de palés o en el plástico de burbujas que emplean los operadores logísticos para embalar las mercancías. Las empresas están elevando sus quejas a la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda está analizando ya la fórmula para «flexibilizar» el impuesto. 

Las eléctricas afrontan esta semana una reforma de 50.000 millones en el ‘pool’ (Expansión)

La cuenta atrás para la reforma del mercado eléctrico en Europa ha empezado. La Comisión Europea, a cuyo frente está Ursula von der Leyen, puede dar a conocer esta misma semana su propuesta final para acometer esa reestructuración, que supone un hito histórico en el sector. La reforma toca de lleno el mercado mayorista de la luz, el polémico pool eléctrico. Este sistema es la gran columna sobre la que se ha asentado el mercado de la luz desde su liberalización. Durante tres décadas ha permanecido sin cambios, pero el descontrol de precios energéticos provocado por la guerra de Rusia contra Ucrania ha roto todas sus costuras y ha demostrado sus ineficiencias. Ahora, cientos de empresas esperan con ansiedad conocer el alcance de una reestructuración que, en España, puede suponer ajustes en un negocio que, a raíz de la escalada de los precios de la luz y del gas, se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar 50.000 millones de euros. Nunca como hasta ahora, una reforma había causado tanta expectación. La consulta realizada por Bruselas para sondear la opinión de empresas, asociaciones y usuarios ha tenido un récord de aportaciones. Según datos de la Comisión, hasta el pasado mes, cuando se cerró el plazo para presentar alegaciones a la reforma, se habían recibido un total de 1.350, de las cuales, unas seiscientas eran de empresas, patronales y otras asociaciones empresariales. El resto eran aportaciones a título individual. De esa cantidad, 53 (el 4%), procedían de España, un país que, para bien o para mal, ha tenido un papel protagonista en este proceso.

Naturgy acelera en renovables con una inversión de 2.000 millones en España (Cinco Días)

El desbloqueo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) que estaban pendientes para casi 80.000 MW de renovables (60.000 fotovoltaicos y 19.000 eólicos) va a dar un fuerte impulso al desarrollo de estas energías verdes a partir de este año, con un aumento del 50% de su cartera renovable en solo tres ejercicios. Aunque muchos de los proyectos que recibieron dicho permiso el 25 de enero (según datos del ministerio, el 80% resultaron positivas y el resto se desestimaron o archivaron) aún deben seguir su tramitación, otros podrán comenzar a materializarse este año. Tal es el caso de Naturgy, energética que prevé iniciar este año la construcción de 51 proyectos de renovables en España con una potencia de 2.000 MW. Entrarían en operación entre este año y 2025. Algunos de estos proyectos forman parte de los autorizados en enero (Naturgy recibió entonces luz verde ambiental para 1.300 MW), pero otros ya estaban en marcha. Según datos de la compañía, estos proyectos se suman a los 11 que ya inició en 2021 y 2022, con una potencia de 403 MW, que podrían entrar próximamente en operación. En total, la nueva capacidad verde instalada de Naturgy alcanzará los 2.400 MW, lo que supondrá aumentar casi un 50% la cartera actual en 2025, con una inversión asociada de 2.030 millones de euros. En estos momentos, la compañía que preside Francisco Reynés tiene en todo el mundo una potencia renovable de 5.500 MW, lo que da idea del impulso que supondrá la nueva cartera española.

1,6 millones de empleos no cualificados los ocuparán robots (El Mundo)

La robotización de la economía tendrá un impacto positivo neto en el empleo en España, con una ganancia esperada de 672.351 empleos hasta el año 2030. Sin embargo, este saldo no esconde que habrá profesiones en las que se destruirán miles de empleos, como son las físicas o que requieren actividades manuales y las que implican habilidades cognitivas básicas. Según el estudio Impacto de la robótica y la automatización en la productividad y el empleo, elaborado por José Ignacio López-Sánchez, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, España perderá 1,6 millones de puestos de trabajo en esas profesiones, de los que 1,16 millones se corresponderán con oficios físicos o manuales y 455.624 de aptitudes básicas. En el primer grupo se enmarcan profesiones como conductores, trabajadores de cadenas de montaje, mecánicos, canteros, techadores, electricistas, cocineros, alimentadores de máquinas, limpiadores, empaquetadores, guardias de seguridad y personal encargado del control de calidad. En estas áreas, 1,16 millones de puestos pasarán a realizarse por robots a medida que ganen terreno en el mercado laboral. «Se trata de profesiones en las que la actividad está automatizada y en las que no suele existir relación con el usuario. En este grupo podrían incluirse también ciertas labores puntuales de otras profesiones que sí requieren formación superior, como la enfermería, ya que a lo mejor las analíticas o poner una vía son acciones que sí podrían ser realizadas por un robot», explica López-Sánchez. El segundo grupo en el que se producirá una pérdida de casi medio millón de puestos de trabajo en unos siete años engloba actividades como la de los cajeros de los supermercados, la atención al cliente, los mecanógrafos, contables o encargados de introducir y procesar datos. «Todas las actividades en las que no sea necesario pensar podrán ser realizadas por máquinas», ilustra.

El Gobierno cree ya «factible» subir un 30% el gasto en pensiones (El Mundo)

El Gobierno prevé que el gasto en pensiones en España pasará de representar el 11,7% del Producto Interior Bruto anual, según su último dato oficial, a un 15,5% en el período 2022-2050, según aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones entre la Comisión Europea y el ministro José Luis Escrivá. Es un peso sobre la economía sin precedentes que colocará al sistema español en el grupo de cabeza de la Unión Europea, según se desprende de un estudio comparativo del Banco de España del pasado enero. Los compañeros de liderato son precisamente los más endeudados de la Eurozona, Grecia e Italia, donde el gast0 del sistema supera el 15%. Francia también se acerca a expensas de cómo quede la reforma de Emmanuel Macron. ¿Puede España permitírselo? «Es perfectamente factible», según ha defendido este fin de semana en su cuenta de Twitter el secretario de Estado de Derechos Sociales y economista de Podemos, Nacho Álvarez, que incluso tampoco ve problema en llegar al 16% del PIB. También fuentes del Ministerio de Inclusión señalan a este diario que es manejable. El 15,5% corresponde al gasto en pensiones, pero el coste del sistema puede quedar en torno al 13,5% con las medidas introducidas, según los compromisos de Escrivá con Paolo Gentiloni. El problema es si se conseguirá atenuar tanto el temido 15,5% y cómo se pretende lograr. El borrador del nuevo decreto lo centra sobre todo en aumentar ingresos y no reduciendo gastos como en reformas anteriores, incluida la de Zapatero en 2011. Retrasó la edad de jubilación a los 67 años y no bastó. Fiarlo a los ingresos es confiar en un alto crecimiento económico y del empleo. Un amplio espectro de economistas de toda tendencia critican el plan de Escrivá con aumento generalizado de las cotizaciones sociales –que forman parte del coste del empleo– en un país con la mayor tasa de paro de la Eurozona. 

Los tres primeros años de reducción de jornada o excedencia cotizarán al 100% (El Correo)

Las madres cuya carrera laboral se ha visto perjudicada tras el nacimiento de sus hijos son las grandes beneficiadas por la segunda fase de la reforma de las pensiones que ultima el Gobierno y que contempla una serie de medidas encaminadas a reducir la fuerte brecha de género que existe a día de hoy en las prestaciones: en Euskadi, más de 700 euros separan las jubilaciones que cobran los hombres (1.961 euros al mes) de las de las mujeres (1.253 euros). Para ellas se mejora la compensación por los vacíos que tienen a lo largo de su vida laboral (esos periodos en los que no se ha cotizado, en muchas ocasiones por el cuidado de hijos o mayores); se incrementa un 10% el complemento por brecha de género, que eleva en 66 euros al mes de media las pensiones de más de 430.000 personas (un 93% mujeres), y las pensiones mínimas y no contributivas, que se concentran en su mayor parte en el colectivo femenino, subirán bastante más que la revalorización que experimenten las ordinarias. Pero hay otra iniciativa que hasta ahora no se conocía que pondrá en marcha el Ejecutivo para mejorar las pensiones de aquellas mujeres que tuvieron que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos, mayores o familiares enfermos o discapacitados. Los tres primeros años de excedencia o reducción de jornada se darán por cotizados al 100% una vez se apruebe la nueva ley, según establece el borrador del real decreto al que ha accedido este periódico. «Se considerarán efectivamente cotizados a los efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, los tres primeros años del período de excedencia que los trabajadores disfruten (…) en razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida», recoge el documento. Hasta ahora la Seguridad Social solo rellenaba el vacío del primer año de excedencia.

Urkullu busca liderar un frente que proteja los intereses de las comunidades del norte (El Correo)

El Palacio de Ajuria Enea acogerá este lunes una cita inédita, de carácter multilateral y que sobre todo busca lanzar un mensaje de unidad. Cuatro presidentes autonómicos, de cuatro partidos diferentes, pero con mismas preocupaciones y similares exigencias. Convocados por Iñigo Urkullu, los mandatarios de Galicia (Alfonso Rueda, PP), Asturias (Adrián Barbón, PSOE) y Cantabria (Miguel Ángel Revilla, PRC), y bajo el amparo de la Comisión Arco Atlántico que en estos momentos preside el lehendakari, tratan de reivindicar el papel de una zona que corre el riesgo de quedarse descolgada. El último jarro de agua fría ha sido la decisión de Francia de aplazar hasta 2042 la conexión de alta velocidad con la ‘Y’ vasca por Irún, pese al acuerdo alcanzado en la cumbre hispano-gala de enero para que el Corredor Atlántico de alta velocidad (Madrid-Vitoria-Dax-París) se inaugurase en 2030. Se trata de un eje que la propia Unión Europea ha calificado como «estratégico» y que no solo afecta a Euskadi. La reunión también incluye una reflexión conjunta sobre la transición energética, digital y sociodemográfica. Los cuatro mandatarios, en diferentes ocasiones, han alertado del riesgo de que comunidades centradas durante décadas en la industria –sobre todo Euskadi y Cantabria– no sepan coger el tren del nuevo modelo económico y sean incapaces de atraer inversiones y retener talento.

EE UU busca evitar el efecto contagio tras la caída del Silicon Valley Bank (El País)

Hoy será un día clave. Tras la caída del Silicon Valley Bank (SVB) el viernes. El Gobierno de EE UU y los organismos reguladores financieros intentan contra reloj encontrar una solución que permita que los depositarios puedan recuperar su dinero y evitar una crisis de confianza que pueda contagiar a otros bancos más sólidos. Según Reuters, en las próximas horas podría producirse un anuncio oficial por parte de la Administración del presidente Joe Biden para respaldar los depósitos del banco e impedir que se propaguen los efectos de la quiebra. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quiso también enviar ayer un mensaje de tranquilidad. Yellen estuvo trabajando “todo el fin de semana” con los organismos reguladores para “diseñar políticas apropiadas que respondan a la situación”, según afirmó en una entrevista en la cadena de televisión CBS. “Estamos preocupados por los depositarios y nos centramos en tratar de resolver sus necesidades”, subrayó Yellen, que también destacó que la Administración quiere asegurarse de que “los problemas que existen en un banco no crean contagio en otros que son sólidos”. La Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), el organismo regulador que ha tomado las riendas del banco, comenzó el sábado una subasta de la entidad, según Bloomberg. Estaba previsto que se aceptasen pujas hasta ayer por la tarde y el ganador podría no conocerse hasta esta madrugada. Según las fuentes citadas por la agencia, es posible que esto no dé resultado. SVB registró el jueves la mayor retirada de depósitos de un banco en la historia reciente de EE UU. En 10 horas desaparecieron de sus libros de contabilidad 42.000 millones de dólares (unos 39.500 millones de euros), o más de un millón de dólares por segundo.