20230327

El sector de la automoción vasca se enfrenta a un momento crucial con la vista puesta en 2035, año a partir del cual la UE prohibirá la venta de vehículos diésel y gasolina, aunque permitirá los combustibles sintéticos. El sector prevé inversiones de más de mil millones para afrontar el reto que supone el coche eléctrico. El PERTE activa este año una inversión de 650 millones que lidera la planta vasca de Mercedes. CIE Automotive pone a la venta tres plantas de Alemania para destinar recursos a la nueva automoción. Las empresas de motores invierten buscando cuáles de las otras 20.000 piezas de un coche pueden fabricar. El combustible sintético, clave para Euskadi, ante el reto de abaratarse. Está en juego una industria líder en Europa, pero que para Euskadi supone una facturación de más de 22.000 millones de euros en todo el mundo y que emplea a cerca de 44.000 personas. Rápido o despacio. Es también la diferencia que han evidenciado durante estos meses los gobiernos central y vasco. La amenaza de un veto brusco en 2035 al coche de combustión llevó al lehendakari Urkullu a pedir que se flexibilicen los plazos y que se incluyan más tecnologías. Mientras que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende con vehemencia que, precisamente, es «prisa lo que hace falta». Y rápido o despacio es el duelo entre las compañías que hacen del combustible su negocio, como Repsol, y que defienden que «la descarbonización no pasa solo por la electrificación», frente a las eléctricas, como Iberdrola, que insisten en la necesidad de apostar sin freno por la electrificación total en 2035. Mientras tanto, la venta de vehículos eléctricos en Euskadi, aunque avanza, solo representó el 13% (266) de todos los turismos matriculados en febrero, que fueron 2.017. Según el IHS Markit, la previsión es que la fabricación mundial de coches eléctricos, que en 2022 representó el 14,2% de un total 81,6 millones, se eleve hasta un 29,8% en 2025.

85,6% de empleabilidad. Es la cifra mágica que deja la FP en Euskadi. Es el dato que explica un modelo de éxito, al que otras comunidades han mirado y que inspira la ley de FP impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada ahora hace un año. El modelo vasco logra colocar a su alumnado porque siempre tiene presente las necesidades del mercado laboral al que esos estudiantes se van a dirigir. "Una de las características de la FP en Euskadi es su cercanía y colaboración con la Empresa", resume Asier Aloria, director de Formación, Talento y Empleo de Confebask, la patronal vasca. "Es un sistema que siempre está adaptándose a las demandas y necesidades del tejido empresarial vasco", remarca Aloria. Destaca las tres ces en las que se basa el modelo: "Colaboración, compromiso, consenso". Y en un tiempo en el que la colaboración público-privada se esgrime como ejemplo, la FP vasca corrobora que el sistema funciona. "Fuimos pioneros en el Estado en su impulso con la firma de un convenio específico con el Gobierno vasco hace ya más de 30 años", rememora Aloria. Para el empresariado la Formación Profesional debe jugar un "papel primordial" en el futuro económico y laboral de la comunidad. De hecho, los datos ya apuntan a esta realidad. Informes elaborados por Confebask señalan que "alrededor de un 50% de los perfiles demandados en Euskadi, son de FP. En el ámbito industrial, incluso se alcanza el 65%". Desde la patronal vasca entienden además que con el reto demográfico y los problemas para acometer el relevo generacional, la FP "debe jugar un papel aún más relevante". En cuanto a los desafíos que afronta el modelo de Formación Profesional, desde Confebask señalan que "hay que tratar de ser aún más eficientes, rápidos y flexibles para dar respuesta a las necesidades de nuestras empresas". Por eso, abogan por "establecer un sistema de reskilling-upskilling mucho más ágil del actual y capaz de formar a cualquier persona, independientemente de su nivel de cualificación".  Ver más en El Confidencial

La patronal CEOE es pesimista sobre la evolución de la economía a medio plazo. Es más, ya ha detectado que “lamentablemente, se está produciendo una destrucción importante de tejido empresarial”. Un deterioro “que se traduce en la pérdida de 17.300 autónomos, desde principios de año, y en el cierre de 16.764 empresas, sólo en el mes de enero”. Es decir, entre los diferentes tipos de empresas y negocios, la patronal ha detectado que en lo que va de año se ha producido la destrucción de 34.000 sociedades. Ya la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año pasado daba cuenta de la desaparición de un elevado número de autónomos. En concreto, en el último año dejaron de estar registrados 111.200 autónomos, con un recorte respecto a 2021 de un 3,48%. En estos momentos, según la EPA, hay 3.080.000 autónomos. Por todas estas razones, CEOE señala que, “pese a que nuestro mercado laboral está en volúmenes de afiliación [a la Seguridad Social] que encabezan la serie histórica –20.170.142 trabajadores en febrero–, la destrucción del tejido empresarial puede comportar pérdida de empleo a medio plazo”. Es decir, a lo largo de este año. Esta es la opinión de la confederación empresarial recogida en su último informe sobre el Mercado laboral y negociación colectiva, correspondiente a este mes. De esta forma, la confederación empresarial analiza la ralentización de la economía, que vaticinan desde el Gobierno hasta el Banco de España y todos los analistas privados e internacionales. El Ejecutivo, que es el más optimista, calcula que el Producto Interior Bruto (PIB) pasará de crecer un 5,5% en 2022 a un 2,1% en 2023.

El pasado 30 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) firmó una sentencia que podría marcar un antes y un después en materia de indemnizaciones por despido en España. Este tribunal elevó la indemnización legal que le correspondía a una trabajadora despedida de forma improcedente –de 33 a 48 días por año trabajado–, al considerar que la cuantía que le correspondía era “insignificante” y no reparaba los daños causados por la pérdida del puesto de trabajo ni resultaba disuasoria. Se trataba de la primera sentencia en España en la que el juez aumentó la cuantía legal de la indemnización en un despido improcedente. Pero existen otras muchas sentencias de primera instancia de los juzgados de lo social que reconocen el derecho a cobrar mayores compensaciones, aunque los tribunales superiores de justicia, como ha ocurrido en el caso del de Madrid, han tumbado estas reparaciones adicionales en los despidos improcedentes. Sin embargo, según distintas fuentes jurídicas consultadas, es cuestión de tiempo que haya más jueces de instancias superiores que reconozcan estas indemnizaciones mayores a las legales. De esta forma, dichas fuentes aseguran que las demandas por despido que reclaman una “compensación adicional resarcitoria” junto a la indemnización legal están incrementándose sustancialmente y empiezan a generalizarse en muchos despachos de abogados.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la reforma de las pensiones del Gobierno supondrá una reducción de 33.000 empleos a tiempo completo en los tres primeros años desde su entrada en vigor. El organismo liderado por Cristina Herrero advierte, en su último informe, de que las cotizaciones sociales tendrán «efectos desincentivadores» tanto sobre la demanda de empleo –al aumentar los costes laborales para las empresas–, como sobre la oferta –al reducir el salario real de los trabajadores y mermar la participación en el mercado de trabajo–. Así las cosas, en base a la «evidencia empírica» en España, la AIReF prevé que, por cada incremento de un punto en el tipo efectivo de cotizaciones sociales, se reproducirá un impacto negativo en el empleo de una décima transcurrido el primer año desde la subida del tipo efectivo –previsiblemente, 2024– y de dos décimas en el segundo y el tercero. «En términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, ello supone una reducción de unos 6.000 empleos en el primer año y de 33.000 transcurridos tres años respecto al escenario sin reforma», concluye. Además, advierte de que el impacto de las cotizaciones será «muy heterogéneo» por niveles salariales al final del periodo transitorio de implementación y augura que, una vez finalizados los períodos de aplicación gradual, la reforma supondrá «un aumento de los costes laborales especialmente focalizado en las rentas laborales que superan los 54.000 euros brutos anuales».

El nuevo recargo de solidaridad, una cotización adicional que se aplicará en los tramos de salarios que excedan de la base máxima de cotización y que irá aumentando a medida que crece el salario, actuará como revulsivo para que algunas empresas opten por deslocalizar a sus trabajadores a otros países. Así lo advierten a este periódico distintos bufetes de abogados especializados en derecho laboral, que creen que este impacto se verá aún más a medio y largo plazo. «La cuota de solidaridad puede tener impacto en la deslocalización de directivos para sortear ese nuevo recargo que no tiene impacto en prestaciones. Las compañías deberán hacer los cálculos de esta nueva cotización adicional y en función del número de directivos y mandos que superen la base máxima de cotización y el impacto en los gastos podrán tomar decisiones», señala Carlos de la Torre, socio de Laboral de Gómez Acebo & Pombo (GA&P). Cree que la deslocalización de directivos para ahorrar esta cuota de solidaridad podría ser una medida «excesivamente agresiva», ya que implica un cambio de residencia del trabajador y de su proyecto de vida, por lo que aunque contempla «que empresas y trabajadores busquen la ley aplicable del país de destino para ahorrar costes», cree que las deslocalizaciones «no serán masivas porque además a los directivos les va a interesar mantener carreras largas de seguro en España». El recargo de solidaridad no sólo afectará a altos cargos, recuerda Pedro Llorente, consejero y abogado de Laboral de Cuatrecasas: «Dada la cuantía sobre la que se aplica (54.000 euros brutos anuales), su implantación a partir de 2025 y su incremento progresivo durante los siguientes 20 años, no solo afecta a puestos directivos sino también a mandos intermedios y a personal altamente cualificado cuya captación y retención no es fácil».

El voluminoso gasto del sistema público de pensiones puede suponer un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Esta es una de las principales conclusiones del Consenso Económico y Empresarial del primer trimestre de 2023, el estudio que PwC elabora desde 1999 y para el que, a partir de la opinión de un panel de 450 expertos, empresarios y directivos, se ha centrado en medidas para combatir el déficit estructural de la economía española. Según los datos del panel de PwC, el 63,2% de los encuestados considera que las finanzas públicas no se han corregido lo suficiente tras la crisis económica y financiera de 2008, llegando a la pandemia con un desequilibrio excesivo. En este contexto, el 76% de los panelistas estima que el paquete anticrisis aprobado por el Gobierno a finales de 2022, con el cheque de 200 euros y la reducción del IVA, entre otras medidas, aumenta la probabilidad de que el gasto público exceda lo presupuestado inicialmente. En concreto, el 54% de los expertos consultados ve riesgo “alto” de incumplir los objetivos de déficit en 2023, y el 55% lo ve de cara a incumplir los previstos para 2025 en los planes de convergencia. Los panelistas consideran, además, que el año de citas electorales que albergará 2023 no ayudará a reducir el déficit, sino al contrario. El 77,8% opina que los presupuestos para 2023 están condicionados por el año electoral; el 70% apunta que habrá desviaciones discrecionales del gasto público; y el 65% cree que el aumento del coste de la deuda pública será superior a las proyecciones del Gobierno. Además, el 65,5% advierte de que en los últimos años no se ha producido una reestructuración del gasto público, sino que la mayor recaudación y la mejora que esto supone para las finanzas se debe únicamente al incremento nominal de la economía.

 El grupo parlamentario del PNV ha puesto sobre la mesa una cuestión que a nivel estatal puede pasar desapercibida, pero que es de capital importancia en Euskadi como es la especificidad del movimiento cooperativo a la hora de establecer las condiciones de cotización a la Seguridad Social. Este modelo empresarial representa a 135.000 personas trabajadoras en la CAV que no ven representadas sus peculiaridades en las reformas impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social y que resultan perjudiciales para sus intereses, lo que el grupo jeltzale en el Parlamento español quiere evitar. El problema se sitúa a inicios del presente año, cuando entró en vigor la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos RETA por el que este colectivo cotizará por sus ingresos reales, lo que ha sido acogido con satisfacción por las diferentes asociaciones que les representan. Pese a sus bondades, tiene como principal agujero, por lo menos a nivel de la CAV, la inexistencia de la figura del cooperativista, que se ve así perjudicado. “El régimen cooperativo no existe”, sentencia el diputado del PNV Iñigo Barandiaran, quien lamenta que los cooperativistas en la actualidad son considerados autónomos sin tener en cuenta que, además de trabajadores, son socios de las cooperativas. Por este motivo, junto con su sueldo mensual reciben los denominados retornos, que podrían equipararse a los dividendos de los accionistas de las empresas de capital. 

Albañiles, carpinteros, instaladores de cocinas, talleres de coches, agencias de viaje, balnearios, clínicas de odontología, salas de baile, discotecas, casas de apuestas, peluquerías y un sinfín de actividades económicas entran este próximo sábado en TicketBai –el nuevo sistema de facturación digital que conecta las cajas registradoras con la Hacienda de Gipuzkoa. Ello supondrá que prácticamente el cien por cien de los contribuyentes del territorio ya estén adheridos a uno de los proyectos estrella de la Diputación que tiene como objetivo eliminar el fraude fiscal. Este colectivo, el más nutrido según la Hacienda de Gipuzkoa, reúne a cerca de 15.000 contribuyentes, de los que alrededor de 4.500 operan ya con este nuevo sistema en el periodo voluntario de prueba. Esto supondrá que casi el 100% del total de obligados ya estarán dentro de TicketBai, a la espera del último grupo del 1 de junio (fabricación, comercio al por mayor, telecomunicaciones y financieras y artísticas). En total, son más de 28.000 contribuyentes (entre hostelería, abogados, comercio al por menor y los gestores tributarios) quienes están funcionando a pleno rendimiento en este sistema de facturación digital que echó a andar por fases el pasado 1 de julio. Son más de dos tercios sobre los alrededor de 43.000 obligados, cifra que se rozará seguramente desde el 1 de abril. La Hacienda Foral, según los últimos datos de finales de febrero, recibía al mes la espectacular cifra de 23 millones de tickets o facturas al mes, un número que calificaban de importante, y que casi doblaba los trece millones que llegaban de media en octubre, antes de la entrada en el sistema de restaurantes, hoteles, tiendas y bares. 

Han pasado ya prácticamente tres meses desde que entró en vigor el nuevo plan anticrisis del Gobierno cuyo principal objetivo era bajar la inflación. Pero por ahora esa intención no se ha visto reflejada en los precios. Los datos no dejan lugar a dudas: el IPC de diciembre fue del 5,7%, pero el de enero subió al 5,9% y el de febrero a 6%. Habrá que esperar al próximo jueves para conocer cómo se han comportado los precios en este mes de marzo, pero todo apunta a que continuará la tendencia. Sobre todo en el caso de la inflación subyacente, que al no tener en cuenta energía ni productos frescos suele enquistarse más en el tiempo. De hecho, la bajada de la inflación general desde el pico que alcanzó en julio del año pasado (10,8%) se ha debido «casi en exclusiva» a la reducción de los precios de los productos energéticos en los mercados internacionales, según el informe que el Banco de España publicó el pasado miércoles y que señala que a cierre de 2023 la energía tendrá un precio un 11% inferior al de 2022. Pero la subyacente no ha dejado de subir y ya se sitúa en el 7,6%, máximo desde hace 40 años, una tasa muy por encima de la general. Las previsiones del Banco de España indican además que irá descendiendo durante el año, pero cerrará en el 3,9%, dos décimas aún por encima de la inflación general, algo muy poco habitual.

Ignacio Silva es presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) desde diciembre de 2022. Presidente y CEO de Deoleo, cuenta con una experiencia de tres décadas en el sector para encarar ahora una etapa de máxima incertidumbre por la situación política y económica y de gran complejidad para las empresas. "...-¿La rebaja del IVA aprobada es suficiente para contener la inflación?- No. Lo dijimos desde el primer momento: si no se incluía la carne y el pescado el efecto sería muy reducido. El impacto es de tres puntos sobre el total de alimentación. Si se baja el IVA de la carne y el pescado, se pasaría del 16% de inflación alimentaria al 13% y el IPC general bajaría un punto. Lo pusimos sobre la mesa hasta la saciedad, pero no se hizo caso. Nos están intentando convencer de que es una inflación de márgenes y es mentira. Es de costes. Los márgenes están bajando. Cuando una compañía está obligada a subir los precios, crece su facturación. Las empresas viven de la productividad y cuando reinvierten generan trabajo y las economías van bien. Si se rompe ese círculo, no se genera riqueza. El año pasado, el sector de alimentación y bebida vio cómo sus costes energéticos se multiplicaban por tres. Los retailers defendieron sus precios, intentando no subirlos, y los márgenes bajaron...No soy alarmista, pero la situación es muy complicada. Aunque haya vientos a favor, existe una incertidumbre general. Las inversiones son miedosas. Eso lo ha puesto sobre la mesa una compañía. La inseguridad jurídica es el peor enemigo que podemos tener. El dinero tiene alas y vuela a otro sitio...Se está legislando demasiado y eso genera inseguridad. Cuando no sabes qué van a legislar, por qué, cuándo y cómo, genera inseguridad...Es absurdo decir que los empresarios se están forrando porque los márgenes caen..."

La banca española endurece el crédito a las empresas tras las advertencias del Banco Central Europeo para vigilar el repunte de la morosidad. En el arranque de 2023, las entidades han elevado los criterios para aceptar las solicitudes de préstamos en medio de la crisis de precios, la nueva subida de tipos por parte del supervisor y la crisis de confianza que se ha desatado en los de los mercados hacia el sector bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank y Credit Suisse. Por un lado, los bancos consultados admiten una caída en la demanda de crédito por parte de las empresas en inicio del año. Por otro, reconocen que de forma gradual se han endurecido las condiciones para acceder a la financiación. Aunque puntualizan que no obedece a una política por parte de las entidades de cerrar el grifo, sino a las condiciones macroeconómicas. A mediados de marzo, el Banco Central Europeo ejecutó una nueva subida de tipos de interés de 0,5 puntos, hasta el 3,5%, para tratar de frenar la crisis de altos precios. Un entorno de tipos más altos encarece el precio del dinero y provoca que muchos clientes, en las condiciones actuales, no puedan acceder a la financiación.

Santander fue el primero entre los grandes de Europa. En febrero de 2019 dejó con vida un bono contingente convertible (CoCo o bono AT1) al saltarse la primera ventana de amortización y mantenerlo en el mercado en lugar de refinanciarlo. Fue un hito que causó conmoción en el mercado y solo unos pocos bancos han seguido sus pasos desde entonces, pero la crisis de los CoCos de Credit Suisse amenaza con convertir esa excepción en la norma. Santander ha marcado el camino. Es el riesgo de extensión, el peligro de que los CoCos no sean recuperados en la primera oportunidad que se presenta. Casi 13.000 millones de euros en emisiones de catorce bancos europeos están amenazados porque ese momento llega en lo que queda de año y hay cuatro españoles entre ellos. Santander, BBVA y CaixaBank tienen el mayor volumen en España. Suyos son 2.500 millones en CoCos con una primera ventana de amortización en septiembre. Abanca se suma al grupo con una colocación menor, de 250 millones, pero que también estaría en el ojo del huracán. El precio de estos bonos, que sirven para llenar los colchones de deuda con capacidad para absorber pérdidas que piden los reguladores, se ha disparado, porque los inversores exigen una rentabilidad más alta a cambio del riesgo que Credit Suisse ha puesto de manifiesto. Y eso hace muy cara cualquier refinanciación. “Si los precios se mantienen donde están, el riesgo de extensión se va a convertir de forma inevitable en una consideración muy importante. Refinanciar a estos niveles sería imposible o muy caro para los bancos, incluso para los más grandes”, alerta la firma experta en solvencia CreditSights.

Las facturas de las ayudas a los bancos siguen aflorando una década después. El Santander y el BBVA han recibido 1.240 millones de euros de Hacienda por los números rojos que registraron en 2020. Al haber arrojado pérdidas con la pandemia, las entidades pudieron reclamar una parte de los créditos fiscales que acumulan, la mayoría generados con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y que estaban garantizados por el Estado desde 2013. Este aval fue una de las medidas que se facilitaron en plena crisis financiera para respaldar su solvencia y proteger los depósitos. La conversión de estos activos fiscales monetizables en un pago solo se puede exigir en los ejercicios en los que se registren pérdidas en España o en el caso de liquidación. Tanto el Santander como el BBVA tuvieron resultados negativos en 2020 al consolidar sus filiales españolas y centros corporativos. Según sus memorias anuales, el banco que preside Ana Botín pidió a Hacienda 642 millones de euros y el que pilota Carlos Torres, 598 millones. El proceso, según fuentes del sector, comenzó a mediados de 2021 con la liquidación del impuesto del año anterior. Entonces solicitaron el cobro, que se produjo ya en 2022. La normativa permite a estas compañías dos opciones: recibir la cantidad reclamada en efectivo o compensarlo con pagos tributarios del ejercicio y posteriores. Fuentes de ambos bancos aseguran que optaron por la segunda vía. “Estos 598 millones de euros no se han cobrado, sino que han compensado el pago de deudas tributarias correspondientes al Impuesto sobre Sociedades”, confirma el BBVA. Y también el Santander: “Es un crédito que compensamos con impuestos futuros”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió ayer sobre el aumento de los riesgos para la estabilidad financiera y la necesidad de vigilancia tras la reciente agitación del sector bancario en Estados Unidos y Europa. La directora del FMI señaló que la incertidumbre económica sigue siendo “excepcionalmente alta” y se espera que el crecimiento global se sitúe por debajo del 3% este año debido a la guerra de Ucrania, las “cicatrices” que aún perviven tras la pandemia de Covid-19 y el endurecimiento en la política monetaria. “Los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado en un momento de mayores niveles de deuda”, dijo Georgieva en el Foro de Desarrollo de China, un espacio en el que se dan cita directivos de todo el mundo y altos responsables políticos del gigante asiático. “La rápida transición de un período prolongado de tasas de interés bajas a otras mucho más altas, necesarias para combatir la inflación, inevitablemente genera tensiones y vulnerabilidades, como hemos visto recientemente en el sector bancario”, afirmó la directora del FMI en el Foro de Desarrollo de China, según recogió Financial Times.

"... La normativa europea fija el límite de indemnización en 100.000 euros por depósito. La estadounidense lo establece en 250.000 dólares. Una indemnización razonable que obliga a los propietarios de grandes sumas –exceptuadas de dicha compensación– a seguir con cautela los avatares de cada entidad en la que depositen su dinero. Sigamos ahora con una propuesta asombrosa. En EE UU, tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y la crisis en First Republic, una coalición de bancos medianos ha solicitado del Gobierno que, para preservar la confianza en una situación como la actual de elevada turbulencia, se extienda el seguro de depósitos a todas las cuentas sin límite de importe. La Comisión Europea estudia algo similar. Se trataría de generalizar la excepción puntual ya aplicada al SVB. La pretensión de este grupo de bancos presentaría dos características que acabarían de un plumazo con el sistema financiero que hoy conocemos. De un lado nos encontraríamos con un sector que sería la mera elongación del Estado con todas las consecuencias que ello acarrea. De otro, la medida introduciría en la industria bancaria un componente de riesgo moral que lo lanzaría a una actividad dictada por la irresponsabilidad. Algo sin sentido y, en consecuencia, impensable. Es, además, muy dudoso que la introducción de dicha medida reforzase la necesaria confianza de los clientes en las entidades bancarias. Más bien sería al revés y podría dar lugar a una explosión del atesoramiento doméstico. No cabe en cabeza alguna promocionar el modelo demandado..."

Bilbao triunfa entre los europeos como uno de los destinos favoritos para pasar la próxima Semana Santa, según el buscador de vuelos y hoteles Jetcost, especializado en el tratamiento de datos turísticos. La capital vizcaína es la séptima ciudad más solicitada por los viajeros portugueses, ocupa el puesto número 13 en las preferencias de los italianos, el 14 de los alemanes y franceses y el decimoquinto de los neerlandeses. Con estos datos, hoteleros, restauradores y propietarios de aparcamientos de autocaravanas y hostels se frotan las manos. Creen que el próximo periodo vacacional será «muy bueno» y pronostican cifras de ocupación «muy parecidas» a las del año pasado e incluso a las de antes de la pandemia. Sostienen que rozarán el cartel de ‘completo’ en los tres días clave del periodo festivo –Jueves, Viernes y Sábado Santo–, pese al impacto de la inflación y la incertidumbre que marca la economía global por la guerra de Ucrania. Según Destino Bilbao, organización que engloba a la mayoría de establecimientos hoteleros, el sector mantiene el pulso tras haber asegurado las reservas del 90% de las habitaciones. Está siendo un triunfo cocinado a fuego lento, ya que la mayoría de contrataciones –en torno al 75%– se han realizado con casi dos meses de antelación. Los expertos sostienen que se vuelve a observar «una mayor planificación» de los viajes tras la explosión del coronavirus.