20230407

En declaraciones al Teleberri de ETB, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha valorado los datos de paro y empleo registrados en Lanbide correspondientes al mes de marzo, recién conocidos. Asegura que, "a pesar de todas las incertidumbres, la inflación y la crisis provocada por la invasión de Ucrania, el empleo resiste mejor de lo esperado. En cuanto hay una posibilidad, la empresa vasca contrata. El aumento de cotizantes y el descenso del paro ha sido generalizado, en todos los sectores y en todos los tamaños de empresa. Pero - añade- la creación de empleo hubiera sido mejor en la construcción y en la industria si se hubieran encontrado todos los perfiles que se requieren". "En ese sentido - continúa Pablo Martín-, hay que intentar disponer de las políticas activas de empleo necesarias para formar a las personas que tienen dificultades de inserción en el mercado laboral en lo que piden las empresas vascas y tienen dificultades para cubrir. En todo caso, - concluye el responsable de Economía de Confebask - los datos de marzo demuestran el compromiso de la empresa vasca con la creación y mantenimiento del empleo, aún con crecimientos de la actividad que, tal y como avanzamos a finales del año  pasado, están resultando menos intensos durante este primer trimestre". Ver más en Confebask. Ver vídeo ETB

Igor Arroyo (Iruñea, 1978), coordinador general de LAB, responsabilidad que comparte con Garbiñe Aranburu, corrobora que las relaciones entre su sindicato y ELA están en uno de sus momentos más críticos. Responde sin paños calientes a las acusaciones vertidas por el líder de ELA, Mitxel Lakuntza, en una reciente entrevista en este periódico y pasa al contraataque al señalar que «ELA ha firmado un pacto de paz social con Adegi, cuyo precio es la desmovilización». "–¿Existe en la práctica una alianza entre LAB, CC OO y UGT, como afirma Mitxel Lakuntza?–Esa afirmación es falsa. Miente a sabiendas. Se trata de una campaña de intoxicación que ha puesto en marcha ELA porque entiende las relaciones respecto a LAB de manera perversa. Se trata de una particular versión de conmigo o contra mí. O LAB se subordina respecto a la línea sindical y política de ELA o ELA empieza a hacer las más variadas acusaciones sin ningún tipo de base...ELA no busca la colaboración con nosotros sino la subordinación de LAB, y eso no lo va a conseguir...La realidad es que ELA se ha echado en brazos de Adegi. ELA ha firmado un pacto de paz social con Adegi y prueba de ello es que mientras en Bizkaia el año pasado hubo más de 300.000 jornadas de huelga, en Gipuzkoa hubo 33.000. Nueve veces menos. Estamos viviendo un periodo de gran conflictividad por la negativa de la patronal a garantizar el poder adquisitivo...Nos venderá que consigue buenos contenidos, su mercancía, pero ocultará que esa mercancía tiene hipoteca, que esos contenidos tienen precio, y el precio es la desmovilización de los trabajadores en Gipuzkoa. Y ELA está en esa estrategia únicamente por intereses corporativos...A Adegi le conviene que no haya huelgas en Gipuzkoa, y a ELA presentarse como un sindicato que consigue contenidos. Pero el resultado es perjudicial para la clase trabajadora, porque genera división sindical, desactiva a los trabajadores y dificulta que en el pulso con la patronal podamos avanzar a nivel de empresa y a nivel global...El enemigo o el adversario es la patronal, no otro sindicato. Y parece que eso se le está olvidando a ELA. Últimamente invierte más energía en descalificar a LAB que en criticar a la patronal..."

Igor Arroyo no se pronuncia respecto a la propuesta de EH Bildu de que se conforme una nueva patronal en Euskadi. Dice que no les compete «la forma concreta en la que se organizan». Y también habla del conflicto en Geroa. – LAB decidió suspender la participación en los órganos de gobierno de Geroa. "Desde la creación de Geroa LAB ha sido crítico con ese modelo por dos motivos. El primero es que no sirve para la mayoría de los trabajadores y especialmente para los que tienen condiciones más precarias y pensiones futuras más precarias. No sirve para reducir la brecha de las pensiones, sino que las agranda. Y el segundo es que aborda la pensión como un plan de ahorro individual, legítimo, pero alejado de un plan de pensiones que tiene que basarse en la solidaridad...– EH Bildu está planteando que haya una nueva asociación empresarial. Está el precedente de Garen. ¿Ven la necesidad de que haya una nueva patronal más pegada a lo que piensan muchos empresarios como dice la coalición?– La manera concreta en la que se organizan los empresarios es algo que no nos compete. Sí reclamamos que la patronal esté sujeta a las reglas de representatividad tal y como lo está la parte sindical. Es algo que hemos reclamado al Gobierno Vasco y no vemos voluntad..."

Faltan empresarios vascos con recursos financieros para dar el salto internacional. En Euskadi, con una economía apoyada al 40% en la industria y sus servicios anexos, se apuesta por la creación de grandes grupos en diferentes sectores fabriles para que sean referentes internacionales. Pero la dimensión corporativa a la que obligan unos negocios cada vez más globales excede los recursos financieros de los inversores locales. Hay varios ejemplos. Uno de ellos es el del fabricante de componentes aeronáuticos ITP Aero. Creado por la ingeniería Sener de la familia Sendagorta hace 34 años, los fundadores vendieron la empresa en 2016 a Rolls-Royce porque no podían mantener el ritmo de reinversión que exige el ámbito aeroespacial. Y la multinacional británica, con un balance estresado, la traspasó al fondo estadounidense Bain Capital. En este baile accionarial, la participación vasca es mínima. De una empresa de capital local al 100% se ha pasado a un accionariado en el que el Ejecutivo de Vitoria ha tomado el 6%. La compañía guipuzcoana SAPA pudiera tomar otro 3%. Con Gamesa, fundada por los empresarios alaveses Juan Luis Arregui y Joseba Mikel Grajales, sucedió algo similar. El productor de turbinas eólicas está actualmente participado al 97,59% por la corporación alemana Siemens Energy. Dos joyas de la industria vasca que han perdido parte de su arraigo local en relación con su capital. Para evitar estas deslocalizaciones de la propiedad, el Gobierno vasco creó el fondo Finkatuz, dotado con unos recursos que rondan los 300 millones de euros. Además del citado 6% en ITP Aero, tiene posiciones minoritarias en CAF (3%) y en la láctea Iparlat. Los intentos por crear grupos de mayor presencia mundial no han fructificado. El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, realizó una propuesta hace tres años para crear una corporación siderúrgica con ventas de más de 2.000 millones de euros y una plantilla de 6.000 trabajadores. Integraría al propio fabricante de aceros especiales, a Olarra (centrado en inoxidable), a Tubos Reunidos y a Tubacex. Fue desestimada.

El retraso de Euskadi en la incorporación de energías renovables queda aún más patente con el nuevo objetivo establecido por la Unión Europea, acordado a finales de marzo y pendiente de ratificación. La meta ahora es llegar a cubrir con energías ‘verdes’ un 42,5% del consumo en 2030, muy por encima del 32% vigente, y el País Vasco no llega ni siquiera al 10%. Es cierto que estas regulaciones vinculan a los Estados miembros y no a las comunidades autónomas, pero no deja de ser otro aviso más de la necesidad del territorio de avanzar con rapidez, una urgencia ya asumida por el Gobierno vasco. Un dato sirve claramente para ilustrar la demora: desde 2006 no se ha puesto un solo molino eólico en Euskadi, la tierra que presume de tener una industria capaz de producir todas las piezas de un aerogenerador. La Unión Europea, por su lado, no para de endurecer sus objetivos de renovables, no solo motivada por la lucha contra el cambio climático sino también por una cuestión de autonomía energética respecto a fuentes como el gas ruso. Ahí se enmarca la nueva meta del 42,5% acordada entre los negociadores del Consejo Europeo y el Parlamento comunitario. A ese porcentaje podría incluso sumarse otro 2,5% adicional, para llegar al 45%. España, que tiene en la actualidad una cuota del 21%, considera asumible el objetivo y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es partidaria de ser lo más ambiciosos posible. Aunque no sea vinculante para Euskadi, la nueva meta supone más presión para la comunidad autónoma, que en su estrategia energética, diseñada hace más de un lustro, preveía llegar al 15% en 2030. «El documento se encuentra en revisión y se tendrán en cuenta las nuevas directrices europeas», apuntan en el Ente Vasco de la Energía (EVE). La actual meta del 15% para 2030 implica ya un importante reto para Euskadi, dado que supone triplicar la actual potencia renovable instalada. 

Las cooperativas integradas en la Corporación Mondragón aspiran a alcanzar este año unas ventas internacionales de 3.900 millones de euros, lo que implicaría un aumento del 8% respecto al ejercicio pasado. El presidente de Mondragón Internacional, Oskar Goitia, compartió ayer estas previsiones en una entrevista con Europa Press en la que destacó que prevén oportunidades de crecimiento en Norteamérica, India y Oriente Medio. En 2022 Mondragón sumaba 104 implantaciones en más de 25 países, tras las últimas aperturas en México y Egipto en el ámbito de la Línea Blanca. Goitia valoró el desarrollo de la actividad desde la pandemia y defendió que en el primer año del covid se produjo una caída de las ventas internacionales del 13%. La recuperación posterior fue «muy rápida», ya que en 2021 se lograron superar las operaciones de 2019 al crecer el 17%. El año pasado las ventas internacionales subieron el 15% respecto a 2021, cuando los beneficios en el extranjero llegaron hasta los 3.625 millones. Los resultados ya no incluye los datos de Orona y Ulma, que en diciembre salieron de la Corporación. La facturación en el exterior representa tres cuartas partes del total de las ventas del área industrial (el 75,8%). En cuanto al empleo, se mantuvo estable en torno a las 10.000 personas.

El año que viene Euskadi contará con una festividad feminista, pero se desconoce la fecha concreta de la celebración. Existen dos propuestas sobre la mesa, la de la consejera de Trabajo, Idoia Mendia, que defiende que sea el 8 de marzo, aprovechando que es el Día de la Mujer; y la que plantea Emakunde, el 5 de noviembre, que conmemoraría que esa jornada de 1933 fue la primera vez que las mujeres vascas votaron. De momento, sigue adelante la propuesta del 8 marzo al haber sido rechazada la del 5 de noviembre por la dirección de Trabajo del Gobierno Vasco. La génesis del enredo arrancó el 22 de febrero, cuando Mendia anunció por sorpresa en el cierre de unas jornadas celebradas en Vitoria su intención de que el Día de la Mujer de 2024 sea festivo. La consejera explicó que la propuesta se incluirá en el procedimiento que sigue la dirección de Trabajo para elaborar el calendario anual. El anuncio de la consejera socialista pilló a contrapié tanto a su socio de gobierno, el PNV, como a Emakunde. De hecho, la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgerresta, mostró el 27 de febrero su «sorpresa» porque, como subrayó, es una cuestión que necesita concitar una adhesión amplia de la sociedad, lo que implica contar con Emakunde y con el movimiento feminista. Emakunde optó por el 5 de noviembre debido a que, como se ha señalado anteriormente, ese día de 1933 las mujeres vascas se estrenaron en las urnas. Emakunde recuerda que lo hicieron «con una votación propia, la del Estatuto de Gernika, y en masa, según los documentos de la época». Por el contrario, el organismo indica que declarar festivo el 8 de marzo podría suponer un freno a su carácter reivindicativo. El acuerdo no cuenta con el apoyo de la dirección de Trabajo. Este organismo comunicó el 31 de marzo que continuaba con el procedimiento para que la festividad sea el 8 de marzo, una fecha que reconoce que cuenta con la «oposición» de Emakunde, pero no de otras instituciones.

El último gran Eurobarómetro publicado recientemente por la Comisión Europea (referido al periodo invierno 2022/2023) pone en evidencia la gran contradicción española. Lo mío muy bien, pero lo de mi país, muy mal. Y todo ello sustentado con porcentajes radicalmente opuestos. El 70% de los españoles entrevistados asegura que la situación financiera de su hogar es buena, un punto más que la media europea y superior a la de países como Francia e Italia. Pero es que cuando se les pregunta por su situación laboral particular, el porcentaje que contesta de forma satisfactoria es del 63% frente al 60% de la UE, el 57% de Italia y el 49% de Francia. En Alemania, por su parte, es del 65%. Choca, sobre todo, esta última referencia ya que España, junto a Grecia, es el país de la UE que peores datos tiene de paro, duplicando la media comunitaria. Somos los últimos de la clase, al menos oficialmente, pero los primeros en cuanto a satisfacción. Paradójico. Por contra, cuando la pregunta se refiere a la situación que atraviesa España, el optimismo torna a un pesimismo casi existencial. Un 77% de los entrevistados la califica de mala, 14 puntos más que la media comunitaria. El porcentaje se eleva hasta el 80% cuando la pregunta se refiere a la situación laboral española. Aquí, la distancia es abismal con la Unión Europea, con el 53%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó ayer de un fuerte parón en el crecimiento de la economía mundial. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, adelantó que la institución espera que el crecimiento se mantenga en torno al 3% en los próximos cinco años. “Es nuestra previsión de crecimiento a medio plazo más baja desde 1990, y muy por debajo de la media del 3,8% de las dos últimas décadas”, advirtió. Georgieva adelantó estos datos ayer. Sus declaraciones se producen antes de las reuniones de primavera del FMI y su organismo hermano, el Banco Mundial, que se celebrarán la próxima semana en Washington, y en las que los responsables políticos se reunirán para debatir los problemas más acuciantes de la economía mundial. La directora gerente del FMI confirmó el “duro golpe” que suponen estas cifras, que confirman que el escenario de bajo crecimiento se mantendrá en los próximos años. Las últimas proyecciones del FMI, publicadas en enero, ya arrojaban un crecimiento del 2,9% para 2023 y del 3,1% para 2024. Georgieva subrayó que el crecimiento sigue siendo “débil” si se compara con el histórico, tanto a corto como medio plazo. “Esto dificultará aún más la recuperación de los países de renta baja. La pobreza y el hambre podrían seguir aumentando, una tendencia peligrosa que se inició con la crisis del Covid”, afirmó.

El peor escenario imaginado hace aproximadamente un año para Alemania no se ha cumplido: no se agotaron las reservas de gas el pasado invierno y se encontraron alternativas –aunque caras– al que suministró Rusia hasta que cortó los envíos a través del gasoducto NordStream. Primero, por decisión de Moscú; luego por el sabotaje no aclarado que inutilizó sus dos conductos. Es probable también que la primera economía de la zona euro logre esquivar la temida recesión. Los principales institutos económicos del país, como el IW, coinciden en que de producirse la denominada recesión técnica –es decir, que la economía se contraiga durante dos trimestres consecutivos– ésta será leve y por un periodo corto, para empezar a recuperarse en la segunda mitad del año. Incluso empezó a contenerse la inflación, que en octubre llegó al pico del 10,4% a efectos interanuales, pero que en marzo descendió ya al 7,4%, más de un punto por debajo de la registrada en febrero. El nivel sigue siendo alto, pero por primera vez desde agosto del año pasado el índice de precios al consumo (IPC) quedó por debajo de la marca del 8% interanual. Y, finalmente, se disipó la amenaza de una paralización del transporte de pasajeros en avión o ferrocarril coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, destinadas a marcar la plena recuperación del sector turístico tras los años de parón por la pandemia. El sector público no convocará de momento huelgas como la que el pasado día 27 paralizó el tráfico aéreo y ferroviario de prácticamente todo el país. No hay un acercamiento entre la patronal y el sindicato del sector público Ver.di –que reclama un 10,5% de incremento salarial o una subida mensual mínima de 500 euros para sus 2,5 millones de trabajadores–. Pero tras la tercera ronda negociadora, que terminó sin avances, se convocó una comisión de arbitraje. Mientras ésta delibere reina el llamado «compromiso de paz» entre las partes implicadas, por lo que no habrá más huelgas de advertencia. 

Si la energía fue el principal impulsor de la primera etapa de la espiral inflacionista que arrancó a finales de 2021, empujando con ella numerosos bienes industriales electrointensivos, la alimentación tomó el relevo con mucha fuerza en la segunda mitad del pasado ejercicio, llegando a registrar incrementos superiores al 15% anual. Y todo apunta a que los precios seguirán estando tensionados este año, dando una vuelta de tuerca más, con alzas en torno al 10%. Eso hará que una familia con dos hijos que en 2021 gastó 6.500 euros en alimentación pueda llegar a necesitar 8.300 euros por la misma cesta de la compra. ¿Las razones de este nuevo encarecimiento? El aumento de costes que soporta el sector, la sequía que limita las nuevas cosechas, el incremento de la demanda y el mayor proteccionismo de los países exportadores para proteger los precios en sus respectivos mercados, todo ello aderezado con el hecho de que el incremento de los costes se traslada al producto final con hasta doce meses de decalaje. A pesar de que el Ministerio de Agricultura lleva varios meses trasladando a la opinión pública que los precios de los alimentos se van a suavizar a lo largo de este año, lo cierto es que es muy improbable que lo hagan en una cantidad suficiente como para que llegue a notarse en el bolsillo de los consumidores.

Mercadona, Carrefour, Lidl y Dia, los cuatro líderes del sector de la distribución alimentaria en el mercado español, han pasado de facturar 40.735 millones de euros en 2019, antes de la pandemia, a rozar los 49.000 millones en 2022. La cifra, que supone un crecimiento de 8.000 millones, incluye dos salvedades. Una a la baja, ya que Mercadona ofrece sus ventas netas totales, pero no en España, por lo que al dato comunicado hay que restarle los 737 millones brutos que generó en Portugal. Y una al alza, ya que la cifra de Lidl está calculada en el rango bajo (10%) de la previsión de crecimiento de doble dígito del grupo en 2022 –no ha publicado aún cuentas–, por lo que es probable que el dato final sea mayor. Se trata, en cualquier caso, de al menos 7.500 millones extra en ventas en tres años, un crecimiento que se ha logrado con evoluciones dispares tanto a nivel de márgenes como de la red comercial. El líder de la distribución en España, con una cuota superior al 25%, cerró 2022 con unas ventas netas –incluyendo Portugal– de 28.466 millones, un 11,5% más que un año antes y 5.000 millones por encima de los 23.361 millones que facturó en 2019. No obstante, Mercadona ha empeorado su rentabilidad por el camino. Si la cadena elevó sus beneficios por encima de sus ventas en 2020, ganando margen, el grupo encadena dos años con una caída del mismo. 

En el sector español de telecomunicaciones hay una sensación de parón, después de un trienio (2020-2022) con una gran actividad empresarial, especialmente corporativa pero también inversora. Y lo peor es que ese parón en el que está inmersa la industria –del que hay pocas excepciones– no parece tener solución hasta 2024, según señalan los analistas. Las razones para esta ralentización se pueden resumir en una palabra: incertidumbre. Pero la incertidumbre sectorial tiene, a su vez, varias causas. La más importante es la guerra de Ucrania, con sus derivadas de inflación y subidas de tipos y ahora de problemas bancarios. Esa es la razón de que la actividad corporativa se haya parado casi por completo, debido al encarecimiento del dinero y las mayores dificultades que tienen ahora los fondos para financiar sus operaciones apalancadas. No hay que olvidar que venimos de una larga temporada de actividad intensa de compraventa de operadoras y redes en el mercado español protagonizadas fundamentalmente por fondos de inversión, de pensiones, aseguradoras y family offices que cristalizaron, entre junio de 2020 y septiembre de 2022, en una decena de operaciones (entre las que destacan la venta de Adamo; la del 49% de Reintel, la de Lyntia Networks y el 45% de Bluevia) por un valor global de unos 7.240 millones de euros. Una cifra que se eleva a 15.000 millones de euros si se incluye la venta de las torres de Texius (7.700 millones en enero de 2021), aunque buena parte de ellas no estaban en España. Y eso sin contar las adquisiciones de Cellnex fuera de nuestro país.

Las renegociación de préstamos hipotecarios gana velocidad en el arranque de 2023 por el impacto de la subida del euribor, que se está trasladando a toda velocidad a los precios de las hipotecas. En los dos primeros meses de 2023, se produjeron cambios de condiciones en las hipotecas por valor de 595 millones. Esta cifra más que triplica los 180 millones sumados en los meses de enero y febrero de2022. El ritmo de inicio de 2023 proyecta un volumen de renegociaciones de cerca de 3.600 millones para todo 2023, cifra que se situaría muy por encima de los 1.910 millones del año pasado y alcanzaría cotas no vistas desde 2016. La brusca subida de 2023 da continuidad a la que ya se inició en los dos últimos meses del año pasado. Cada vez son más los hipotecados que negocian con los bancos la modificación de las condiciones de los préstamos con el objetivo de reducir la cuota mensual, renegociando plazos o tipos de interés o cambiando de tipo variable a tipo fijo para protegerse del alza de los precios. Aunque la gran tormenta provocada por la caída de Silicon Valley Bank y el rescate de Credit Suisse ha alejado el euribor de los máximos del año (en marzo rozó el 4%) en tasa diaria, la escalada ha puesto a muchas familias al límite.

Los sindicatos USCA y CCOO volvieron a levantarse el jueves de la semana pasada de la mesa negociadora con Saerco y Skyway, las dos empresas que gestionan las torres de control aéreo privatizadas, sin un acuerdo que desatasque el nuevo convenio colectivo de controladores. Frente al bloqueo en la negociación del marco laboral sectorial, los representantes de los trabajadores han convocado un abril de huelgas en los 16 aeropuertos liberalizados repartidos por todo el país. Los paros, según han informado fuentes presentes en la negociación, se producirán en franjas de dos horas los jueves y domingos de este mes, arrancando el próximo día 9. Los controladores de las bases liberalizadas de la Península pararán entre las 15 y las 17 horas, mientras que los de los aeropuertos canarios lo harán entre las 7 y las 9 horas. Unos 160 controladores están llamados a la huelga. Las bases afectadas por los paros son Alicante, Ibiza, Valencia, Murcia, Sabadell y Lleida (controladas por Skyway) y Vigo, Jérez, Sevilla, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Castellón y El Hierro (gestionadas por Saerco).

La incorporación de excargos políticos dentro del organigrama de las organizaciones empresariales es una práctica recurrente por parte de las patronales, pero que ha tomado más fuerza en los últimos años. Los contactos y la influencia forjados durante años por estas figuras suponen un aliciente para reforzar a los organismos que velan por los intereses del empresariado. Tras llegada de Antonio Garamendi a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en 2019, se produjo el fichaje de la exministra de Empleo en el Gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, para dirigir la Fundación, y el nombramiento como vicepresidente de la organización y responsable del Instituto de Estudios Económicos de Íñigo Fernández de Mesa, exsecretario General del Tesoro y de Economía con el PP. Pero ha sido en la catalana Foment del Treball donde esa irrupción de expolíticos, en este caso vinculados a la antigua Unió Democràtica, ha sido más evidente. Báñez y Fernández de Mesa, que han adquirido un peso significativo (y algo polémico) dentro la organización, no son las únicas con un pasado político afín al Partido Popular dentro de la CEOE. José Luis Ayllón, actual director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la confederación, fue director del Gabinete del Presidente con Mariano Rajoy; y anteriormente, entre 2011 y 2018, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia. En su currículum acredita, además, 18 años —entre octubre de 2001 y mayo de 2019—, como diputado por Barcelona del PP. Otros nombres que presentan un recorrido político —de menor calado que los anteriores, pero igualmente relevantes—, son los de Marta Blanco Quesada, actual presidenta de CEOE Internacional, y que entre 2011 y 2013 fue directora de Gabinete de la Secretaria de Estado de Comercio, además de dirigir Turespaña (el Instituto de Turismo de España) y directora General de Turismo de la Comunidad de Madrid (todos ellos bajo la gobernanza del PP); y María Teresa Gómez Condado, exsecretaria del Ministerio de Ciencia e Innovación entre 2008 y 2009, en este caso con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) al frente del Gobierno.

El grupo aeronáutico europeo Airbus construirá una segunda línea de ensamblaje de aviones de la familia A320 en su planta de Tianjin (China), que entrará en servicio en la segunda mitad de 2025 y le permitirá duplicar su capacidad de producción en el país asiático, hasta una docena de aeronaves al mes. Esta nueva planta en el complejo de Tianjin, cuya inversión Airbus no ha cuantificado, contribuirá al objetivo de aumentar la producción mundial hasta 75 aviones de la familia A320 en 2026 frente a las cerca de 45 unidades al mes del año pasado. El anuncio se hizo este jueves en Pekín, donde se encontraba el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, con ocasión de la visita a China del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para entrevistarse con su homólogo chino, Xi Jinping, en el que se presentaron varios acuerdos económicos. Faury señaló que la segunda línea de ensamblaje en el mercado chino contribuirá a la solidez de la factoría en el contexto actual de tensiones políticas y comerciales entre los grandes bloques económicos. Actualmente, salen de su planta de Tianjin cuatro aviones al mes, una cifra que debe pasar a seis a finales de 2023. Con la segunda línea de montaje, se pasará progresivamente a una docena de unidades al mes, aunque la factoría podría elevar su capacidad.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aterrizaron en Pekín el miércoles con un objetivo claro: convencer a China de que use su influencia sobre Moscú para acabar con la guerra en Ucrania. “La agresión rusa en Ucrania ha asestado un golpe a la estabilidad”, dijo Macron a su homólogo chino, Xi Jinping, tras ser recibido con honores. “Sé que puedo contar con usted para hacer volver a Rusia a la razón y a todos de vuelta a la mesa de negociaciones”, continuó. Xi apuntó al documento presentado en febrero y que define su posición ante el conflicto. Reafirmó el compromiso chino de “facilitar las conversaciones de paz” y mostró su disposición a hablar con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, llegado el momento “adecuado”, según explicó Von der Leyen. Tras el encuentro, el Kremlin enfrió las expectativas. Por ahora, dijo, no tiene más alternativa que la guerra. 

«Las personas subestiman la influencia que tienen las respuestas de ChatGPT sobre sus propios juicios morales, incluso sabiendo que están interactuando con un ‘bot’ (programa informático)». Así lo afirma un equipo de investigadores que preguntaron varias veces a este sistema de inteligencia artificial (IA) si es correcto sacrificar la vida de una persona para salvar las de otras cinco. Los resultados de su estudio se publicaron ayer en la revista Scientific Reports. Lo que descubrieron los científicos fue que, según cómo formulaban o redactaban la pregunta, el ‘software’ ofrecía respuestas distintas, unas veces a favor y otras en contra, lo que indica que esta tecnología no está sesgada hacia una cierta postura moral y se produce al azar. «Si bien una investigación exhaustiva de la moral de ChatGPT está más allá de nuestro alcance, las respuestas contradictorias muestran que el software carece de una postura moral firme. Sin embargo, esta carencia no le impide dar consejos morales», expresan los autores. Posteriormente, hicieron esa misma pregunta a 767 participantes estadounidenses, cuya media de edad era de 39 años, con un rango de 18 a 87. Antes de responder, se les dio a leer uno de los argumentos a favor o en contra, proporcionados por ChatGPT o por un asesor moral. Después de que contestasen, se les preguntó si la declaración leída había influido en sus respuestas. El 80% dijo que no. Sin embargo, otras preguntas llevaron a los científicos a confirmar que los participantes, inconscientemente, eran más propensos a considerar que sacrificar una vida para salvar cinco es aceptable o inaceptable dependiendo de si el texto que habían leído defendía o no el sacrificio.