20230508

La escasez de mano de obra quita el sueño a Alemania. La primera economía de Europa arrastra desde hace años un grave problema de carencia de personal, que por diversas razones se está volviendo más acuciante y que lleva al Gobierno del canciller Olaf Scholz a mirar de nuevo al extranjero en busca de solución. En lo que va de año 2023, este país lleva registrados de media 773.087 puestos de trabajo anunciados y sin cubrir, según datos oficiales de la Agencia Federal de Empleo (BA), si bien es posible que sean muchos más, pues no todos los pequeños empleadores notifican necesariamente una vacante para la que no han encontrado trabajador. Mientras, la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (DIHK) constata con inquietud en un estudio de finales del 2022 que “la escasez de mano de obra cualificada va en aumento”. El problema afecta especialmente al conocido como Mittelstand, el tejido de pequeñas y medianas empresas que impulsan la pujanza económica del país. Pero también las potentes marcas de la gran industria acusan la penuria de efectivos a la hora de surtir sus plantillas. Un reciente informe del Ministerio de Economía sobre el mercado laboral alerta de que la escasez de trabajadores cualificados está “afectando gravemente” el potencial de crecimiento de muchas empresas alemanas. “Más del 50% de las empresas ven esto como la mayor amenaza para el desarrollo de su negocio”, señala el informe. Los baby boomers están emprendiendo el progresivo camino hacia la jubilación, que culminará para los últimos en torno al año 2035. Y no hay suficientes jóvenes para ir tomando el relevo. El Instituto de Investigación sobre el Empleo de la Universidad de Dortmund (Ifado) calcula que en el 2035 faltará en Alemania la abultada cifra de siete millones de trabajadores cualificados. 400.000 trabajadores extranjeros deberían llegar al año a Alemania durante el próximo decenio para cerrar la brecha. Hay también una causa interna de difícil diagnóstico. El sistema de formación profesional dual de Alemania, objeto de admiración en el mundo, afronta una creciente falta de aprendices. 

Hablan tres jóvenes que tras estudiar en España decidieron que lo mejor para sus vidas y sus carreras era irse a trabajar a Alemania. La madrileña Marta del Rosario Moreno dará la bienvenida el próximo 3 de junio a 21 nuevos maestros de infantil procedentes de España que se incorporarán a las filas de las Kita (abreviatura de Kindertagesstäte, lo que se podría traducir como ‘guardería’) de la ciudad de Frankfurt el próximo curso escolar. "Una amiga me habló de irnos a trabajar a Alemania, donde había y sigue habiendo déficit de maestros”, cuenta desde un parque de Frankfurt, donde ha hecho un alto para atender a La Vanguardia , mientras su hijo Liam pregunta quién acapara la atención de su mamá. “Tengo mis dudas de si podría hacer esto –dice refiriéndose a dedicar tiempo de calidad a su hijo– estando en España, divorciada como estoy ahora. Creo que todo sería más complicado. Aquí la conciliación no es solo de palabra”. Luís Martín es un claro ejemplo de los caminos que puede abrir la formación dual Este joven informático de 22 años estudió una carrera dual en Alemania que combinaba Informática y ADE. La misma empresa en la que realizó las prácticas, a razón de 1.200 euros al mes desde el primer día, le ofreció después quedarse. Lo hizo, amplió su experiencia laboral y ahora acaba de ser contratado por una empresa griega para ocupar un puesto de programador de software en su división alemana, un puesto por el que en España, y con su experiencia laboral –2,5 años– le pagarían unos 28.500 euros al año, y por el que en Alemania percibe de entrada el doble, aunque sabe que con el tiempo podría llegar a cobrar hasta los 7.000 euros mensuales. “Hay muchos pros para trabajar en Alemania. El salario es uno. Pero también hay contras. Es un país al que le gusta mucho la burocracia y si no eres alemán, la sociedad puede llegar a parecerte un poco cerrada y sentirte poco bienvenido”, comenta. Además, la barrera idiomática según su opinión, también influye"...

El mercado laboral de Europa vive un gran momento, con una tasa de paro en mínimos históricos: la media en la eurozona se sitúa en el 6,5%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea es del 6%. Unos buenos datos que no van en sintonía con los que registra el Estado español, que dobla la media europea y se sitúa a la cabeza de todos los países miembro. Según los últimos datos dados a conocer por Eustat, correspondientes a marzo, la tasa de paro española es del 12,8%, un registro que sólo es comparable al de Grecia, la única economía del euro en la que el desempleo alcanza también el doble dígito, en este caso del 10,9%. Italia y Suecia también se sitúan por encima de la media europea, aunque se quedan lejos de España, con un 7,8% y un 7,3%, respectivamente. Y si el Estado español dobla la tasa de desempleo de la Unión Europea, Euskadi marca distancia y se alinea más con las cifras europeas, al registrar un 8,4% de paro. Según el Instituto Nacional de Estadística, el mercado laboral mantuvo el ritmo de descenso en el arranque del año y, en el primer trimestre, el desempleo bajó al 8,4%, el porcentaje de parados más bajo de todo el Estado. Y mientras las cifras de desempleo se van reduciendo, la principal batalla en materia laboral pasa ahora por la exigencia de subidas salariales. Euskadi lidera la conflictividad laboral en el Estado, con un aumento del 35,3% en el número de huelgas en un año, hasta 131,1 cada 100.000 firmas, la mayor marca autonómica por amplia diferencia, mientras que el número de huelguistas ha crecido un 52,6% interanual.

Patronales y sindicatos rubricarán esta semana el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en este caso para el trienio 2023-2025, en el que se recomendará a las empresas y representantes de los trabajadores del país que aprueben subidas salariales del 4% para este año y del 3% en 2024 y 2025, con la posibilidad de incrementar esos porcentajes en un punto adicional en caso de la inflación promedio quede por encima de esos niveles. Se trata de unos incrementos salariales sustancialmente mejores que los que aprobó el Gobierno en acuerdo con los sindicatos para los empleados públicos del país, con lo que si siguen estas recomendaciones los asalariados del sector privado sufrirán una menor pérdida de poder adquisitivo. CEOE, Cepyme, UGT y CCOO llegaron a un acuerdo el pasado viernes para renovar este Acuerdo –que llevaba extinto desde 2020– y ese mismo día dejaron cerrados los elementos principales: las subidas salariales, la cláusula de revisión salarial –que finalmente no tendrá en cuenta los beneficios empresariales y estará topada– y el pacto para dejar sin compensación la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores en 2022, cuando los precios subieron en promedio un 8,4% respecto al año anterior. Durante el fin de semana, ambas partes se han dedicado a pulir los últimos flecos de un acuerdo «denso» que ha quedado plasmado en un documento de treinta páginas más un preámbulo. Según fuentes de la negociación, «no ha habido cambios sustanciales» durante el sábado y el domingo, y está previsto que la CEOE y Cepyme ratifiquen el texto definitivo hoy mismo en su junta directiva. 

«Queremos que quede claro que el Gobierno no ha tenido ningún papel en el acuerdo y que no haya políticos en la firma», aseguran en la cúpula de la patronal. En coherencia con la dura declaración de Garamendi el pasado día 4 de que la ministra de Trabajo «no pinta nada en esta negociación», su posición es de veto a invitar a Sánchez y Díaz y que apadrinen en imagen alguna el acuerdo en campaña electoral. «De hecho, este acuerdo llega a pesar del Gobierno, porque no propició un amplio pacto de rentas y sus subidas fiscales complican que se puedan subir en exceso los salarios», agregan dirigentes de CEOE. Empresarios y sindicatos han tenido que hacer concesiones en un importante ejercicio de consenso que no se estila en política. Por un lado, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) propusieron una subida del 5% para 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75%, en 2024. Lo que se ultima es del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025 dejando ya atrás 2022. «Había ya convenios firmados el año pasado que afectan a nueve millones de trabajadores. No tenía sentido insistir en 2022», razona un dirigente sindical. Por parte de los negociadores de CEOE y Cepyme, aceptan lo que era un anatema: una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. A cambio, la limitan a un 1%. Es decir, si la inflación de 2024 fuera del 5%, la máxima subida salarial es del 4%.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, situó ayer la vivienda como “una causa nacional” para España y anunció la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana de una línea de avales de hasta el 20 % de las hipotecas para facilitar el acceso a una casa. Esos avales se gestionarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se destinarán a la compra de la primera vivienda para jóvenes de menos de 35 años y familias con menores a su cargo, según ha dicho Sánchez. El presidente, que participó en Tenerife en un acto electoral del PSOE de Canarias, señaló que la política de vivienda pasa por aumentar la oferta a través de la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de que sea, al menos, el 20 % del parque de vivienda total. Según informaron fuentes del Gobierno, los avales del 20 % de las hipotecas para menores de 35 años se limitan a ingresos individuales de hasta 37.800 euros anuales o el doble si los adquirientes de la vivienda son dos. En el caso de familias con menores a cargo no habrá límite de edad, pero sí los mismos límites de ingresos, aunque habrá factores de mejora en función del número de hijos y se incrementará en el caso de familias monoparentales. “Vamos a poner todos los recursos al servicio de la vivienda, que es una causa nacional” por las dificultades para acceder este derecho por el aumento del precio de compra y de alquiler, ha añadido el presidente. El dirigente socialista recordó que el plan estatal impulsa la construcción de 100.000 viviendas protegidas, lo que permitirá un aumento del 50 % en los próximos cinco años, y afirmó que el aumento en la oferta a través de la vivienda protegida ayudará a contener los precios del mercado inmobiliario y a la emancipación de los jóvenes.

La reforma de las pensiones está teniendo en este inicio de año el efecto contrario al que buscaba: las jubilaciones de trabajadores antes de tiempo, precisamente a las que se quería poner coto con la nueva norma, se han disparado en el primer trimestre de 2023 y casi representan la mitad de las nuevas altas, lo que supone un máximo en la última década. Es más, en los dos primeros meses del año por primera vez se dio la vuelta a la tendencia que venía siendo habitual y llegó a haber incluso más trabajadores que decidieron jubilarse previamente que los que lo hicieron con la edad legal: 30.904 frente a 30.289, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso este periódico. Este porcentaje superior al 50% se ha amortiguado ligeramente en el mes de marzo, pero aún así los retiros anticipados representan a cierre del primer trimestre el 45,1% de las nuevas altas. Además, lo hacen con una pensión que por primera vez roza los 1.800 euros al mes de media, 421 euros más que la que reciben los que se van con la edad ordinaria (1.353 euros). Paradójicamente la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá, cuyo objetivo último es alargar la vida laboral de los trabajadores para así reconducir al sistema a la sostenibilidad, ha llevado a niveles récord a las prejubilaciones en el final del año pasado y en este inicio de 2023 pese a que se han endurecido. Pero detrás de este 'boom' del retiro anticipado hay una causa clara: los trabajadores han adelantado su decisión de pasar ya a ser pensionistas para poder beneficiarse de la fuerte subida que han experimentado este año las prestaciones, un histórico 8,5%. Esto se debe a otra de las medidas que ha introducido esta reforma: revalorizar las pensiones con la inflación media de cada año, sea cual sea, para garantizar de por vida el poder adquisitivo de los mayores.

Entrevista con Enric Asunción (Wallbox), fabricante de cargadores. La compañía afronta un año clave, en el que ha reducido plantilla con 96 despidos, con la idea de empezar a ser rentable a partir del cuarto trimestre. Su consejero delegado, Enric Asunción, recibió a CincoDías en las oficinas de la entidad en Barcelona. "Gran parte de las ventas en nuestro sector son los cargadores para uso doméstico, algo que depende mucho de la evolución de las ventas del vehículo eléctrico. En noviembre, empezamos a ver que las matriculaciones de coches eléctricos no estaban siguiendo el ritmo previsto por nosotros y el mercado. Para 2023, las previsiones hablaban de 3,9 millones de coches eléctricos vendidos en Europa, luego 3,3 millones y finalmente 3,1 millones...Nosotros tenemos una fábrica en EE UU no porque pensáramos en las ayudas que da el país, sino porque forma parte de nuestra estrategia de producir donde vendemos. Pero esto, obviamente, nos benefició y la Casa Blanca nos nombró como uno de los potenciales beneficiarios de estos planes, estábamos en una lista muy corta de compañías. Creo que Europa, comparado con la apuesta que están haciendo EE UU y China, se está quedando atrás. Tenemos la tecnología, los fabricantes, pero hace falta más, que Europa apoye esto desde el punto de vista del consumidor y del fabricante para liderar en vehículo eléctrico. De momento, no está a la altura..."

Iberdrola, la primera eléctrica española por número de clientes y la primera energética del país por valor bursátil, ha logrado el récord de vender el 100% de su electricidad antes de producirla. Así se desprende de algunas presentaciones a analistas financieros realizadas recientemente. En concreto, Iberdrola ha prevendido toda su producción de 2023, es decir, el 100%, y ya tiene asegurados clientes para el 77% de la producción de 2024. Son cifras especialmente altas. Este tipo de porcentajes son muy relevantes de cara a los inversores porque en la práctica garantizan el negocio de la compañía. En el contexto actual de cambios normativos cobran aun más importancia. La precomercialización de toda la producción es una forma de blindar los ingresos de Iberdrola de los recortes que quiere introducir el Gobierno con la reforma del mercado eléctrico. Iberdrola está incrementando notablemente el volumen de energía comercializada de antemano. Lo habitual hace unos meses eran cifras del 90% de comercialización para el año en curso y no más del 70% para el siguiente. Y lo está consiguiendo gracias a la firma de contratos de suministro con grandes empresas para largos periodos, que van desde los 5 a los 12 años. Son los denominados PPA (Power Purchase Agreement, por su tecnicismo en inglés). Puede haber otras fórmulas más sofisticadas, como los Contratos por Diferencias (Contracts for Difference, o CfDs). En general, esos contratos tienen precios fijos, de manera que quedarían al margen de posibles topes impuestos por el Gobierno a nucleares, hidráulicas o renovables.

La transición hacia las renovables está empezando a mutar el negocio. Con sus innumerables sombras, 2022 ha sido un año memorable para unos pocos elegidos. En este grupo, alejados del escrutinio público y del de los reguladores, los grandes operadores de materias primas han sabido pescar en río revuelto y capitalizar el caos en beneficio propio. Este ramillete heterogéneo de actores —que va desde los traders sectoriales (Glencore, Trafigura, Vitol: colosales organizaciones desconocidas para el gran público) hasta los grandes nombres de las finanzas y la banca de inversión— superó el año pasado la cota de los 100.000 millones de dólares (91.000 millones de euros) de beneficio conjunto. Cuatro años antes, en 2018, rebasaban por poco los 36.000: un salto al alcance de prácticamente ningún otro sector. El cambio radical de coordenadas geopolíticas y económicas iniciado por la pandemia y consumado por la guerra ha sido —y sigue siendo, en cierto modo— miel sobre hojuelas para quienes están en el ajo de las commodities. “En 2022, los mercados de materias primas han ido más allá del significado de la palabra volatilidad. (...) Y cada ciclo genera oportunidades para que los operadores hagan dinero, tanto en las subidas como en las bajadas”, sintetizaban recientemente los técnicos de la consultora Oliver Wyman en un monográfico sobre el estas firmas. No hay mejor definición posible de beneficios caídos del cielo.

«Es importante que las empresas entiendan que detrás de un ambiente saludable en el trabajo hay un ahorro de costes. Es clave para la sostenibilidad de las compañías y del propio sistema público de la Seguridad Social». Así de contundente se muestra Olga Merino, coordinadora de Prevención de Fremap, cuando analiza los últimos datos que ha arrojado el estudio de salud mental y trabajo elaborado por la mutua. Un trabajo que, según sus datos, dibuja un panorama laboral donde la salud mental ya es uno de los principales problemas del sistema: el 21,5% de los días de baja en Euskadi tienen tras de sí trastornos mentales. El estrés, la depresión y la ansiedad son algunas de las patologías que han convertido este tipo de enfermedades en la segunda causa de incapacidades temporales. Ya afectan al 3,49% de los trabajadores de Euskadi y han crecido en un 31% en el conjunto de España a lo largo de los últimos seis años. Las bajas por salud mental son, de hecho, las que tienen una mayor duración según este estudio. Cada empleado vasco que deja temporalmente su puesto laboral por un trastorno mental se pasa 102 días sin trabajar. Una cifra muy superior a la duración media de las bajas, que es de 37 días según los últimos datos anuales publicados por la Seguridad Social. La estimación con la que trabaja la mutua es que cada baja por salud mental cuesta en España 4.000 euros de media. De ellos, 2.000 corren a cuenta de las empresas y otros 2.000 se cargan sobre la propia Seguridad Social. En Euskadi, la media del coste por empresa es de 2.387 euros, casi 400 por encima de la media nacional.

Los jóvenes son el grupo de edad entre los que más están creciendo las bajas por salud mental. Sus ausencias en el puesto de trabajo son menos largas que cuando estas enfermedades impactan en personas de más edad, pero ya son el segmento de la sociedad entre el que más se está dando este fenómeno, que además crece más entre varones que entre mujeres, según las cifras de Fremap. Detrás de esas incapacitaciones están la depresión, el estrés y la ansiedad como principales patologías. Instituciones Merino también atribuye parte del crecimiento de estas situaciones temporales al proceso de «desestigmatización» de la salud mental. «Se está entendiendo como una patología más y cuesta menos pedir ayuda», puntualiza. Solo en el año 2018 -el último con datos oficiales disponibles-, el 8,3% de los jóvenes vascos de entre 15 y 29 años padecieron algún problema de ansiedad o depresión según el Observatorio Vasco de la Juventud.

Las mujeres ocupaban el 22% de los puestos de alta dirección de las empresas que cotizaban en la Bolsa española a finales del año pasado, según los informes de gobierno corporativo remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este porcentaje supone un aumento de cinco puntos respecto al 16,8% del cierre de 2020 y casi tres puntos más que en 2021 (19,3%). Sin embargo, se sitúa lejos de la futura Ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, que traslada a la legislación nacional la Directiva europea sobre equilibrio de género, que exigirá que los consejos de administración y los puestos de alta dirección de las compañías (cotizadas o no) tengan, como mínimo, un 40% de miembros del sexo menos representado. Los grupos del Ibex cuentan con 99 altas directivas, que suponen el 24% del total de ejecutivos del índice, dos puntos y medio más que en 2021 y subiendo siete sobre el 16,9% de 2020. El resto de las sociedades de la Bolsa tienen cerca de 120 directivas, situando el promedio en el 19,8% a finales de 2022, frente al 16,9% del año anterior y el 16,7% de 2020. Una amplia mayoría de grupos asegura en sus informes de gobierno que se encuentra a la búsqueda activa de mujeres para sus consejos y la alta dirección, una medida que se ha trasladado a los procesos de selección. Pero, de todas las cotizadas que cuentan con una alta dirección, 18 siguen sin tener, como mínimo, un componente femenino. Acerinox y Naturgy son las únicas sociedades del Ibex que no tenían al cierre de 2022 una mujer en su alta dirección, que incluye a nueve hombres en ambos casos. 

El Ministerio del Interior ultima una ronda de entrevistas con los operadores de servicios esenciales e infraestructuras críticas, como Aena, Agbar, Canal de Isabel II, Enagás, Endesa, Exolum, Iberdrola, Naturgy o Redeia. El objetivo de estos encuentros es recabar información sobre el grado de digitalización de estas empresas estratégicas de cara a redactar un informe que el ministerio elevará después al Consejo Nacional de Ciberseguridad, órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional. Lo que subyace bajo estos contactos es la preocupación creciente del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska por el aumento de los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrentan empresas y entes públicos estratégicos, toda vez que los técnicos de Interior han detectado ciertas situaciones que ya se perciben como potenciales amenazas que, de mantenerse, podrían abrir brechas en sus escudos. De la inquietud que existe en el ministerio se hizo eco hace unos días Alberto Francoso, jefe del servicio de análisis de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), organismo dependiente de la cartera que dirige Grande-Marlaska. En un encuentro on line organizado por la Fundación Naturgy, Francoso apuntó que «en Interior hemos observado que ciertas tecnologías que forman parte de la digitalización están sufriendo un impulso enorme por parte de las compañías». «Pero detrás no hay nada que las esté regulando, es decir, que se están produciendo situaciones que de alguna manera pueden derivar en problemas futuros», añadió.

En respuesta al incremento exponencial de los ciberataques en los últimos años, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para lanzar una nueva directiva de seguridad de información de redes. Se trata de NIS2, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2022. Desde entonces, los Estados miembros de la UE cuentan con un periodo máximo de 21 meses para transponer la directiva a sus respectivos ordenamientos jurídicos. Los requisitos que esta regulación exigirá a las empresas se trataron en el encuentro El impacto de la normativa NIS2 en los directivos y consejeros. La llegada de la nueva directiva plantea algunos retos clave para las compañías. David Fernández Granado, director general de Cipher, destacó los más importantes: “Deben contar con visibilidad total sobre el perímetro de seguridad, evitar la fragmentación tecnológica y organizativa, profesionalizar la función incorporando talento de ciberseguridad e implementar mecanismos de mejora continua para adaptarse a la velocidad de los cambios”. Pese a que aún queda camino por recorrer, Fernández Granado subrayó que “España está progresando de forma adecuada con el liderazgo de las grandes empresas, y tenemos una gran oportunidad para posicionarnos como referente en ciberseguridad”. Dado que NIS2 extenderá la responsabilidad personal a los consejeros y directivos, se prevé un aumento en la demanda de ciberseguros, sobre todo en el segmento de middle market. 

El euribor a 12 meses arranca la segunda semana de mayo desde el 3,77% en tasa diaria. Es el nivel más bajo desde el pasado 17 de abril, después de la caída del 1,90% del pasado viernes con la que el índice hipotecario respondió al alza de tipos de 25 puntos básicos hasta el 3,75% decretada por el Banco Central Europeo. La reducción de la intensidad de la subida respecto a otras anteriores de 50 o de incluso 75 puntos básicos se ha trasladado al euribor, que no bajaba tanto en un solo día desde la gran tormenta financiera del pasado mes de marzo provocada por el colapso de Silicon Valley Bank y el rescate de Credit Suisse. La tasa diaria, que alcanzó el 3,90% el pasado mes de abril, sirve para calcular la tasa media mensual, que tras el movimiento del pasado viernes se situaba en el 3,82%, en cualquier caso por encima del 3,757% de abril. El euribor se aleja de los niveles más altos del año, cercanos al 4% que marcó antes de la crisis financiera, mientras los expertos hacen cábalas sobre cómo puede evolucionar a partir de ahora, cuando la diferencia entre el euribor diario y el precio oficial del dinero es de apenas 0,07 puntos a favor del primero. El bróker hipotecario iAhorro cree que viene un período de consolidación de los actuales niveles y no espera que a partir de ahora haya “ni grandes subidas ni bajadas de tipos, por lo que el euribor se mantendrá también más o menos estable”.

Las reformas puestas en marcha por el Gobierno desde 2018 están teniendo sus frutos y todo apunta a que seguirán prolongando su influencia al menos hasta 2026, según se recoge en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido por el Ejecutivo a Bruselas. El despliegue del plan de recuperación con medidas para fomentar el autoconsumo energético o las actuaciones frente al Covid, como los ERTE, el ingreso mínimo vital o las ayudas directas y avales a empresas, han tenido un impacto estructural en la economía, al tiempo que se han generado importantes cambios en el ya anquilosado patrón de crecimiento económico basado fundamentalmente en el ladrillo. Sin embargo, será el componente tecnológico, reflejado a través de las inversiones en I+D+i, el que dé un paso de gigante y deje de lado el habitual retraso existente con respecto al resto de las grandes economías europeas. Su inversión ha pasado de representar el 1,2% del PIB en 2018 a cerrar el pasado año en el 1,5%. Sin embargo, su avance no finaliza aquí, ya que una vez se ha registrado una velocidad de crucero, el Gobierno estima que para 2026 la I+D+i alcance el 2,5% del PIB. La inversión pública ha contribuido en un 50% al aumento, mientras que el sector privado ha respondido con la otra mitad.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá mañana con los líderes republicanos y demócratas del Congreso para desbloquear las negociaciones para elevar el techo de deuda del país y evitar la suspensión de pagos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió ayer mismo de que Estados Unidos (EEUU) afronta una “crisis constitucional” si no se eleva el techo de deuda. La semana pasada Yellen avisó de que las arcas públicas se quedarán sin dinero a partir del uno de junio si no hay un acuerdo antes de esa fecha para elevar el techo de deuda –actualmente fijado en 31,4 billones de dólares– no podrá hacer frente a sus obligaciones financieras con terceros. Como responsable del Tesoro, para Yellen, este asunto se ha convertido en su máxima prioridad, hasta el punto de acortar su participación en la reunión que los ministros de Economía del G-7 mantendrán esta semana en Japón. Si no hay acuerdo, EEUU se enfrenta a la suspensión de pagos, lo que tendría efectos devastadores no solo en su propio economía, ya de por si tocada por la última crisis del sector bancario, sino que además tendría un efecto contagio en el resto de países, en cuanto el dólar es la divisa de referencia internacional. En este contexto, Biden, que hasta ahora se había negado a sentarse a negociar con el Congreso, especialmente con la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha cedido para intentar llegar a un entendimiento y se reunirá con los líderes de ambas cámaras mañana. Aun así, los analistas no confían en que estas primeras conversaciones vayan a ser muy productivas. 

Isabel Díaz Ayuso logrará la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid el 28 de mayo, según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER, que predice que la candidata del PP sumará cuatro escaños más de los que tiene ahora (pasaría de 65 a 69, uno más de los 68 necesarios para gobernar en solitario). Como Vox mantendría su representación actual (13 diputados), el éxito de la líder conservadora se construiría por la izquierda: según el estudio demoscópico, la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde se quedará en el 4,4% de los votos, lejos, por tanto, del 5% necesario para entrar en la Asamblea regional, por lo que se quedará sin representación. Esa conclusión, sin embargo, no es definitiva, porque el margen de error del sondeo (±2,8%, para un 95% de confianza) deja espacio tanto para que Podemos logre un mínimo de siete diputados como para que no sume ninguno. Así, la mayoría absoluta de Díaz Ayuso depende en gran medida del resultado de la formación morada y de lo que ocurra durante la campaña que arranca este jueves. “Es muy importante tener en cuenta el grado de incertidumbre sobre Podemos, ya que está en el entorno del 5% de votos que marca la entrada en el Parlamento y, dado el margen de error de la encuesta, eso es como tirar una moneda al aire”, explica Belén Barreiro, directora de 40dB. “Ayuso sí o sí va a gobernar, porque tiene unos datos espectaculares, pero si Podemos entra en la Asamblea es mucho menos probable que logre la mayoría absoluta”, sigue.“Por eso, las estimaciones han de presentarse con esa cautela”.