20230517

Euskadi tiene por primera vez en su historia un millón de cotizantes a la Seguridad Social. Así lo constatan las estadísticas de mitad de mes publicadas ayer por el ministerio encabezado por José Luis Escrivá. El pasado lunes, día 15, los afiliados vascos sumaban 1.003.069, mientras que la media de la quincena se situaba en 1.001.276. Todo apunta a que la cifra mágica se mantendrá al cierre de mayo, dado que es una época muy buena para el empleo. Pero al margen de lo que ocurra, ahora mismo es una realidad. El mes de abril ya terminó muy cerca del millón de cotizantes, con un récord histórico de empleo de 997.243 debido al empuje de la hostelería y el turismo en la excelente campaña de Semana Santa. Es de esperar que este sector y el conjunto del mercado laboral mantengan el impulso este mes, cuando tradicionalmente la afiliación a la Seguridad Social sube con fuerza. En mayo de 2022 se incorporaron 3.946 nuevos cotizantes, pero en ejercicios anteriores han sido más, entre 5.000 y 6.500. Por tanto, si se mantiene esta tendencia será la primera vez en la historia que se cerrará un mes por encima de la cota simbólica del millón de afiliados a la Seguridad Social. En el conjunto del Estado también se alcanzó un máximo histórico el pasado lunes, cuando se superaron por primera vez los 20,8 millones de afiliados.

«Van.EA se construirá en las plantas de Jawor (Polonia), Vitoria, Düsseldorf (Alemania) y otras en el futuro». Mercedes-Benz volvía a recordar ayer que su estrategia no cambia en cuanto al reparto de la producción de las furgonetas completamente eléctricas. Tampoco la filosofía que cimentará el futuro de la compañía (ese nuevo vehículo ‘green’ lo será todo). Ni lo que supone el camino emprendido: prioridad a las baterías y fecha de caducidad a los motores de combustión (el final marcado por Europa es 2035). Lo que sí variará será el calendario. La multinacional fija ahora la comercialización de la gama ‘full electric’ para 2026, un año más tarde lo que había previsto. En la práctica, el aplazamiento no afectará más allá de esta cuestión temporal a la planta de la Avenida de los Huetos, la mayor factoría de Euskadi con 4.800 trabajadores. Se transformará, como ya se anunció meses atrás, con una inversión escalonada de 1.200 millones de euros –una parte ya ha llegado– para el desarrollo de monovolúmenes «de tamaño mediano» sobre la citada plataforma VAN.EA, a la que la compañía fía hoy la plena descarbonización. Y, en la misma línea, no se prevé redimensionar a la baja su plantilla. El convenio firmado el pasado año quedó condicionado a la adjudicación, precisamente, del modelo eléctrico y tiene vigencia hasta 2026. El nuevo calendario que se impone ahora el grupo a nivel global llega en un contexto difícil: el ritmo de la demanda de los vehículos eléctricos ha sido menor de lo esperado, se vienen arrastrando problemas logísticos y de suministro, la pujanza de China en el sector de las baterías es innegable, el desembarco en Europa de cada vez más marcas asiáticas de vehículos eléctricos a menor precio se ve como una amenaza e incluso desde EE UU firmas bandera en el sector como Tesla han adoptado fórmulas agresivas para competir.

Un grupo de ‘hackers’ lanzó la pasada semana un potente ciberataque contra Euskaltel. Los piratas informáticos afirman que han secuestrado una gran cantidad de información relativa a clientes de la compañía telefónica y documentos internos de la empresa. Los ciberdelincuentes exigen dinero a la compañía a cambio de no divulgar los datos confidenciales que han interceptado. Cuestionadas sobre lo ocurrido, fuentes oficiales de Euskaltel consultadas por este diario se limitaron ayer a señalar que han «detectado una incidencia técnica» pero que «en este momento» todos sus servicios «funcionan con total normalidad». El ataque se produjo el pasado jueves. La compañía sufrió lo que los expertos en ciberseguridad denominan ‘ransomware’. Se trata de una especie de virus que permite a los delincuentes secuestrar la información que sus víctimas tienen almacenada en sus ordenadores y, en ocasiones, también bloquea los servidores informáticos. Después piden dinero a cambio de liberar los equipos o de no divulgar la información. El ‘ransomware’ es una de las modalidades delictivas que más ha crecido en la red en los últimos años. Numerosas entidades privadas e instituciones públicas se han visto afectadas en los últimos tiempos. «Es un problema muy grave, quizá el que más aterra hoy en día a las empresas de todo tipo y tamaño», advierten especialistas en la materia, que insisten en que ceder a la extorsión de estos criminales de la red tampoco es la solución. Según diversas fuentes consultadas. el pasado jueves Euskaltel bloqueó el acceso a los equipos informáticos que utilizan sus propios trabajadores. 

El primer paso fue despejar el consejo de administración de Indra de vocales independientes con ideas propias. El segundo, forzar la salida del consejero delegado y primer ejecutivo, Ignacio Mataix, que se oponía a una operación que no dudaba en calificar de «excesivamente cara», con escaso sentido financiero y dudosa justificación industrial. Aún no se ha consumado pero el afectado ya ha anunciado su renuncia al cargo, que se materializará a corto plazo. El tercer paso ya ha comenzado. El Gobierno central ha apretado de nuevo el acelerador para situar a la compañía Indra –de la que posee el 25,16% de las acciones– como accionista de la firma aeronáutica vasca ITP Aero y espera que el consejo de administración, ahora sí, respalde la inciativa. ITP tiene su sede principal en la localidad vizcaína de Zamudio, está dedicada a la fabricación de componentes para motores de aviación, fue la joya de la reindustrialización que siguió a la debacle industrial de los sectores siderúrgico y naval a principios de la década de los años 90 y en la actualidad está controlada por el fondo norteamericano Bain. El Gobierno central e Indra tienen prisa por resolver la entrada en ITP, porque además de ser una china en el zapato que duele desde hace más de un año –todos los intentos se han saldado con un fracaso–, corren los plazos. El próximo 30 de junio vence la ‘segunda oportunidad’ contemplada por Bain para que Indra se incorpore al capital de ITP. En ITP ya ha entrado el Gobierno vasco con el 6%, también un grupo financiero liderado por JB Capital que controla en torno al 8%.

El Gobierno Vasco está decidido a utilizar la fiscalidad como arma contra el cambio climático y para favorecer la descarbonización. El proyecto de ley de Transición Energética y Cambio Climático aprobado ayer en Consejo, que debe estar lista en un año, incluye gravámenes para penalizar «las actuaciones que hagan aumentar la vulnerabilidad o incrementen» las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Y prevé «incentivar fiscalmente» las actuaciones que reduzcan las emisiones y fomenten las energías renovables. Otra novedad es la obligación de que cada empresa, hogar o administración pública pueda calcular su «huella de carbono», es decir, la contaminación que provoca. Tras la presentación la semana pasada del Plan Territorial Sectoria que identifica posibles emplazamientos de futuros parques eólicos, fotovoltaicos y marinos, ayer fue el turno del proyecto de ley destinado a acelerar el proceso de descarbonización y alcanzar la «neutralidad climática» en Euskadi antes de 2050. La norma debería ser aprobada por el Parlamento Vasco en un año, antes de que finalice a mediados de 2024 la legislatura autonómica. Las diputaciones forales, como la de Gipuzkoa, en virtud de sus competencias fiscales, también podrán establecer mecanismos de incentivos y medidas fiscales para favorecer la transición energética y la descarbonización, según reza en el anteproyecto de ley. La otra gran novedad es el Registro de iniciativas en el que empresas, administraciones y hogares deben calcular su «huella de carbono» y, en función del resultado, diseñar un plan específico de reducción de emisiones con el reto de que sean cero.

Con la mirada puesta en alcanzar “la neutralidad climática” en 2050, el Gobierno Vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que incluye la aplicación de incentivos fiscales a las empresas vascas que tomen medidas para reducir su huella de carbono. Tal y como ha indicado la viceconsejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, tras el Consejo de Gobierno celebrado en Gasteiz, el registro será voluntario y estará abierto a las administraciones y entes públicos. La nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que debe ahora pasar por el Parlamento Vasco y cuya puesta en marcha está prevista para dentro de un año, antes de que acabe la legislatura, tiene como objetivo reducir los gases de efecto invernadero y alcanzar el nivel 0 de emisiones netas. Para ello, Tapia ha explicado que la nueva normativa estable un marco jurídico que permitirá “alinear” todas las políticas, planes y normas para alcanzar “la movilidad sostenible”. De este modo, el proyecto cuenta con varias medidas que buscan “incentivar” la transición energética de los diferentes agentes de Euskadi. Entre ellos, destaca la creación de un registro voluntario para industria, empresas e instituciones a las que se les analizará su actual huella de carbono y se fijarán diferentes objetivos “de aquí a 2050” que se les examinará de forma quincenal. Estas actuaciones de eficiencia energética serán obligatorias, pero, no obstante, su incumplimiento no acarreará sanciones. Al tratarse de una competencia de otras normativas, la Ley establece el uso de la fiscalidad como herramienta “para ayudar e incentivar la adaptación al cambio climático”. Por el momento, ha especificado Tapia, es pronto para detallar de cuánto serán los incentivos fiscales, ya que antes debe llevarse a normativa con las Diputaciones forales. Este registro también estará abierto a las administraciones públicas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya tiene otro frente abierto con expertos en el sistema de pensiones. En este caso, es el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que es el centro de estudios de la patronal CEOE y el grupo de expertos que ha elaborado un informe titulado La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española. Su conclusión no puede ser más demoledora: cuando estén plenamente en vigor las subidas de cotizaciones sociales de la última reforma laboral se destruirán, o las empresas renunciarán a crear, entre 100.000 y 190.000 empleos al año. Además, los expertos calculan que por cada punto de subida de las cotizaciones aumentará el deterioro de la competitividad fiscal de las empresas españolas, y el Producto Interior Bruto (PIB) se frenará en un 0,6% anual, con un descenso del 0,5% en el consumo, y del 0,2% en la inversión privada. Además, supondrá un incremento del 0,6% en el salario bruto de los trabajadores y un descenso del 0,2% en el salario neto. Según el IEE, y de acuerdo con la reforma de las pensiones, las cotizaciones de los salarios más altos subirán de forma adicional hasta 2050 en un 1,2% anual. “Esto supondrá incrementos acumulados de unas doce veces más en las cotizaciones que en las pensiones máximas”. Además, para financiar las pensiones, los salarios más altos, en función de la cuantía, tendrán que abonar una cuota de solidaridad adicional en ese período, entre 2025 y 2050, de entre el 5,5% y el 7%. Para el conjunto de las empresas y de los trabajadores, el informe calcula que las cotizaciones sociales subirán en los próximos treinta años una media del 2,7%, considerando las siguientes medidas: el incremento de 0,6 a 1,2 puntos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la subida de las bases máximas de cotización y el incremento de la cuota de solidaridad para los salarios más altos. Todo ello porque, desde este momento hasta 2050, se van a jubilar las generaciones más numerosas de la Historia de España, las que nacieron entre 1955 y 1975, en el siglo XX.

Este año la Seguridad Social ha tenido que asumir un incremento del gasto sin precedentes, fruto del aumento del número de pensionistas (por el envejecimiento de la población), del hecho de que cobren pensiones más altas (porque percibieron mejores sueldos) pero, sobre todo, por la revalorización que se ha producido de sus pensiones conforme a la inflación promedio de diciembre de 2021 a noviembre del 2022, del 8,5%. Sin embargo, hasta la fecha, el sistema ha sido capaz de cubrir ese agujero gracias al fuerte incremento de los ingresos que se ha producido en los primeros cuatro meses del año, del 8,9% interanual. Ese aumento se debe, por un lado, a la mejora insólita del empleo –que hace que haya más cotizantes– y al mayor pago de cotizaciones. Desde diciembre de 2022 y hasta el 15 de mayo, el número de afiliados medios a la Seguridad Social ha crecido en 542.889 personas y el número total de afiliados asciende a 20.839.159 personas, récord histórico, según informó ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En los primeros quince días de mayo, el empleo ha crecido en 158.500 afiliados medios. Si se miran los datos desestacionalizados, según el modelo que utiliza el ministro para conocer cuánto crecería el empleo cada mes si todos los meses fueran iguales, el empleo habría crecido en torno a 400.000 personas en cuatro meses, unos 100.000 nuevos empleos cada mes. Una cifra muy superior al límite de 40.000 nuevos empleos que marca tradicionalmente la diferencia entre un buen y un mal mes para el mercado laboral.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, persiste en su empeño de facilitar que sectores como la hostelería, el transporte o la construcción puedan contratar más mano de obra extranjera. El último movimiento es eliminar requisitos para que los inmigrantes que lleven en España dos años en situación irregular puedan obtener sus papeles a cambio de una formación reglada. El equipo de Escrivá ha reformulado las instrucciones que regulan el llamado arraigo por formación, una vía que ya se aprobó en verano. La nueva versión elimina el número mínimo de horas que debían tener los cursos; deja de exigir presencialidad y busca que pueda compaginarse la formación con un trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo de la patronal, pero ni Trabajo ni los sindicatos comparten el enfoque. También ha generado tensiones dentro del propio ministerio, según varias fuentes consultadas. Una de las claves es que para obtener la autorización de residencia baste con unas “microcredenciales”. En lugar de las 200 horas exigidas antes, ahora valdrán “experiencias de aprendizaje de corta duración de todos los niveles educativos”, según la instrucción a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Mientras que antes se apostaba por formaciones más largas y exigentes, el nuevo modelo favorecerá incorporaciones más rápidas gracias a las microformaciones, los módulos más básicos que recoge la nueva Ley de Formación Profesional. Estos responden a “un enfoque europeo recomendado por el Consejo de la UE en junio”, señala la instrucción. De esta forma, las patronales que demandan mano de obra menos cualificada podrían conseguirla con mayor facilidad. Según el INE, hay unas 140.000 vacantes en la industria, los servicios y la construcción. La figura del arraigo por formación, que se incluyó en la reforma del Reglamento de Extranjería de julio, ha permitido que cerca de 12.000 inmigrantes consigan sus papeles, según fuentes de Migraciones. Los números son altos, pero el departamento cree que la medida tiene “más potencial” y que muchas más personas podrían beneficiarse.

La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno en dos fases (2021 y 2023) no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo, por el hecho de haberse centrado en aumentar los ingresos –fundamentalmente del lado de las aportaciones empresariales vía cotizaciones sociales– y no haber tomado medidas de carácter paramétrico para controlar el fuerte aumento del gasto previsto en las próximas décadas. Precisamente, este foco sobre los ingresos –que recae fundamentalmente sobre las empresas, y en menor medida sobre la decisión de los trabajadores de retirarse más tarde–, que repercute también sobre el deterioro de la contributividad del sistema, es lo que ha llevado a un nutrido grupo de expertos a advertir que la reforma supondrá básicamente “un impuesto al empleo” que tendrán repercusiones negativas sobre el presupuesto, la economía, la ocupación y las sostenibilidad de las pensiones, según concluye un exhaustivo documento elaborado por media docena de expertos económicos, financieros y actuarios para el Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la patronal CEOE. En este documento, el citado deterioro de la contributividad generado por la reforma pactada entre el Gobierno y los sindicatos y respaldada por la mayoría parlamentaria provocará “un notable desacople entre las bases máximas de cotización y las pensiones máximas” porque las primeras crecerán a un ritmo muy superior a las segundas (cada año aumentarán las cotizaciones máximas 1,2 puntos adicionales al IPC frente a 0,115 puntos más que la inflación que subirán las prestaciones máximas). “Esto supondrá incrementos acumulados unas 12 veces superiores en las cotizaciones que en las pensiones”, ha explicado el profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) José Enrique Devesa.

La Comisión Europea considera que es el momento de retirar las ayudas que los Estados dieron a las empresas para afrontar la crisis energética. Estas subvenciones deben “desaparecer gradualmente a medida que bajen los precios de la energía”, dice un documento de Bruselas a los ministros de Economía. Ha llegado el momento de que los países de la UE empiecen a pensar en retirar las ayudas que están dando a las empresas para afrontar la crisis energética. Este ha sido uno de los mensajes que la Comisión Europea dio en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin a los ministros de Finanzas de ayer y del lunes. “Las ayudas a las empresas deben tener carácter temporal y desaparecer gradualmente a medida que bajen los precios de la energía”, recomienda uno de los documentos que el Ejecutivo comunitario ha presentado a los ministros de Finanzas, que recuerda que las cotizaciones del gas tocaron techo en la segunda mitad del año pasado. Algo que remachó el propio comisario de Economía, Paolo Gentiloni, al señalar que “los Estados deben dejar de subvencionar el crédito a las empresas y adaptar los marcos de insolvencia”. Se trata, por un lado, de acelerar la consolidación de las cuentas públicas y, por otro, de coordinar la política fiscal de los países de la UE con las monetarias del BCE para embridar la inflación. Bruselas ya cuenta, en realidad, con que las capitales desmantelen este año las ayudas que activaron cuando la energía se disparó con la invasión de Ucrania.

El superávit del sistema eléctrico sin precedentes registrado el año pasado (6.187 millones de euros) es el resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno para recortar la parte fija de la factura de la luz (peajes y cargos) y paliar así la escalada de los precios de la energía (la parte variable del recibo) por las altas cotizaciones del gas natural provocadas por Rusia. Primero, por el recorte de la oferta de gas en el verano de 2021 y por la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. “En tiempos tan convulsos” era complicado equilibrar las cuentas, indican fuentes del sector, y demuestra que la inflación de los precios del gas “era coyuntural”. Según la liquidación 14 de la CNMC, por el lado de los ingresos, una buena parte del excedente del sistema procede de la aportación de 2.000 millones de euros del Estado incluida en el RDL 20/2022, con la que el Gobierno quiso compensar la pérdida de recaudación de la suspensión del impuesto del 7% a la generación, que las eléctricas tributaban y repercutían al consumidor y que Hacienda devolvía al sistema.

El pasado mes de abril Rusia exportó más petróleo que en ningún otro mes desde la invasión de Ucrania el año pasado, y según la Agencia Internacional de la Energía, casi el 80% de los envíos de crudo se dirigieron a China e India. Las exportaciones rusas de petróleo aumentaron en otros 50.000 barriles diarios (b/d) en abril, hasta alcanzar un máximo de 8,3 millones de b/d tras la invasión, muy por encima de los 7,7 y 7,5 millones de barriles diarios registrados de media en 2022 y 2021, respectivamente. El aumento de los envíos refleja el éxito de Moscú a la hora de encontrar nuevos clientes que compren su petróleo desde que Europa bloqueó las importaciones y nuevos buques para transportar los cargamentos a esos mercados. Desde que Occidente amenazó por primera vez a Rusia con sanciones el año pasado, Moscú ha colaborado con un número creciente de empresas comerciales poco conocidas y propietarios de petroleros para desarrollar nuevos sistemas para mover su petróleo. “Rusia parece tener pocos problemas para encontrar compradores dispuestos a comprar su crudo y sus productos petrolíferos”, afirma la AIE en un informe mensual sobre el petróleo. El resultado ha sido uno de los mayores cambios de la historia en el comercio de materias primas: en los últimos 12 meses, Rusia ha desviado millones de barriles diarios de petróleo de Europa a Asia.

Pertenecer a uno de los sectores más señalados en el contexto de la transición energética y la descarbonización también ha impulsado a la aviación a ser una de las industrias que con mayor firmeza están asumiendo la necesidad de reducir sus emisiones. Es el caso de Airbus que, basándose en el concepto de sostenibilidad acuñado por Naciones Unidas –satisfacer las necesidades de la generación presente sin poner en riesgo la capacidad de futuras generaciones–, está impulsado una estrategia de descarbonización con ambiciosos objetivos, recientemente validados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). El gigante francés se ha comprometido a reducir el 63% de las emisiones directas de sus fabricas hasta 2030 y el 46% en el caso de sus aviones para 2035. “Es uno de los sectores en los que abatir las emisiones de CO2 es más complicado”, reconoce Javier Arnaldo, responsable de Sostenibilidad de Airbus en España. En cambio, aclara, “la aviación en sí no es negativa ya que permite conectar a las personas y a las culturas, pero tenemos que trabajar porque sus efectos sean los mínimos posibles o llegar a eliminarlos”. Aún hay mucho camino por recorrer, ya que sólo el 25% de la flota actual de toda la industria es de última generación. Por tanto, todavía tres de cada cuatro aviones no están en los niveles mínimos de emisiones deseables. Y ligada a los desarrollos tecnológicos, la apuesta de Airbus por la innovación está siendo clave para su transformación sostenible. “Queremos poner el mercado el primer avión propulsado por hidrógeno para 2035”. Y, de momento, ya maneja tres prototipos. “Un avión de entre 100 y 200 pasajeros y de alcance de entre 1.000 y 2.000 millas náuticas. De momento, sólo para vuelos cortos “porque las limitaciones técnicas para el largo radio aún se van a prolongar en las próximas décadas ”.

Josef Aschbacher (Ellmau, Austria, 61 años) es director general de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés). A sus mandos tiene un gigante formado por 22 países que realiza asombrosas misiones de observación de la Tierra, exploración de otros mundos y también estrellas más allá de la nuestra. La organización afronta uno de sus momentos más decisivos por la situación geopolítica mundial y la nueva carrera por llegar a la Luna y explotar todos sus recursos. En esta entrevista, concedida la semana pasada en la sede de EL PAÍS, Aschbacher detalla cuál espera que sea el papel de Europa en esa carrera y anima a los gobiernos a que se conviertan en una potencia espacial de primer orden. " En el pasado, en la mayoría de ocasiones, el espacio fue un ámbito de encuentro y de cooperación entre países de muy distinto signo político; incluso en tiempos de la Guerra Fría, con todos sus conflictos y tensiones. Esto ha cambiado drásticamente debido a la invasión rusa de Ucrania. La ESA tenía un gran proyecto conjunto con Rusia, Exomars, que llevaba en marcha 12 años y en el que habíamos invertido más de 1.000 millones de euros y Rusia otros tantos, aproximadamente. Tras la invasión quedó claro que esto no podía continuar. Lo que hice como director general fue consultar a los Estados miembros y recomendarles un plan de actuación. La decisión fue cancelar toda cooperación con Rusia... Europa muestra una gran excelencia en el espacio en ámbitos como observación de la Tierra, ciencia, telecomunicaciones, navegación por satélite. En esos campos estamos en el primer nivel junto a EE UU o China. Sin embargo, en otros aspectos no llegamos a este nivel. Uno de ellos es el de los cohetes. Éramos líderes en este sector hace 10 años, pero el mercado de lanzadores ha cambiado por completo. [La ESA afronta un problema porque su mayor cohete, el Ariane 5, ha dejado de operar y el sucesor, Ariane 6, lleva un considerable retraso. Mientras, los cohetes desarrollados por empresas privadas como Space X cada vez tienen más cuota de mercado y prometen llevar carga y astronautas a la Luna por un precio mucho menor, pues son reutilizables]. Tampoco estamos a la altura en exploración espacial humana y robótica, donde estamos lejos de EE UU, China e India, que dentro de poco ya tendrá capacidad de lanzar a sus astronautas al espacio. Esto no va solo de lanzar astronautas al espacio, hay mucho más. La exploración humana del espacio tiene un potencial geopolítico enorme..."

La producción de vehículos en España se ha ido recuperando poco a poco de los parones en su actividad industrial ocasionados por la falta de suministro de semiconductores experimentada durante el año pasado, así como por los problemas en la cadena de suministro. Sin que estos factores se hayan solucionado del todo, se está volviendo a una cierta normalidad en las factorías nacionales, con cifras positivas en lo que va de ejercicio. No obstante, los fabricantes todavía miran con prudencia lo que resta de 2023, puesto que ya hay fábricas que han anunciado paros en sus cadenas de producción ante una previsible nueva falta de piezas y componentes. En este entorno de recuperación paulatina del sector del automóvil global y del español en particular, los centros de Stellantis en Vigo y Figueruelas (Zaragoza) y el de Seat en Martorell (Barcelona) fueron los que lideraron las cifras de fabricación de vehículos en España en lo que va de año (de enero a marzo), ya que entre las tres instalaciones representaron casi el 60% de los turismos, vehículos comerciales e industriales salidos de las líneas de montaje nacionales en el período. Así, la planta de Vigo del grupo Stellantis mantuvo en los tres primeros meses del año el título de fábrica que más coches produce de España, ya que ensambló, según cifras, más de 135.000 unidades en lo que va de 2023. En todo 2022, la factoría gallega ensambló más de 404.000 unidades.

CaixaBank ha conseguido batir al histórico líder y esta vez lo ha hecho en todos los frentes. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri ha desbancado a Santander como principal prestamista a las grandes empresas españolas en lo que va de 2023 en los dos flancos en los que se mide el negocio: el volumen concedido y los ingresos por comisiones logrados por ello. Hace dos años CaixaBank ni siquiera estaba entre los cinco mayores bancos en préstamos sindicados, pero a partir de ahí ha emprendido una progresión en vertical. El ejercicio pasado por estas fechas ya era el segundo del ránking y a finales de año estaba el primero, aunque solo por volumen, porque en comisiones seguía ganando Santander. El arranque de 2023 lo ha aupado a lo más alto también por ingresos, aunque con Santander pisándole los talones. Según el ránking de Bloomberg, CaixaBank tiene un volumen atribuido de crédito corporativo en operaciones sindicadas de 1.169 millones de euros hasta el 16 de mayo y eso lo lleva a liderar la clasificación, con el 15,5% de la cuota de mercado sobre el préstamo total concedido. 

Vodafone recortará 11.000 empleos en Europa en los próximos tres años debido a que los resultados del último año «no han sido lo suficientemente buenos», según reconoció ayer la consejera delegada de la operadora británica, Margherita Della Valle, en la presentación de las cuentas anuales en la que también anunció que acelerarán «cambios estructurales» y que llevarán a cabo una «revisión estratégica» en su filial de España. Aunque la reducción de empleo se iniciará por el centro corporativo (Alemania e Italia), aún se desconoce cómo se distribuirá este recorte de personal en sus distintas filiales. En España, la operadora cuenta con casi 4.000 trabajadores, pero desde la compañía no quisieron hacer comentarios sobre cómo afectará esta reestructuración a la filial. Esta ha sido la primera decisión importante que ha tomado Della Valle tras asumir el cargo en sustitución de Nick Read. No dudó en reconocer que el desempeñó de la compañía no está siendo «lo suficientemente bueno» ya que pese a registrar un beneficio neto de 11.800 millones al cierre de su año fiscal, sus cuentas reflejan el impacto positivo extraordinario de la venta de Vantage Towers. Por ello, el Ebitda se situó en 14.600 millones, un 3,6% inferior al año anterior. De hecho, la facturación por servicios fue de 37.970 millones, un 0,6% menos que el año pasado. Por mercados, en Alemania cayeron un 1,6% (11.400 millones); en Italia, un 2,9% (4.250 millones); y en España se redujeron un 5,4% (3.500 millones). De los grandes mercados donde opera, solo mejoró en Reino Unido un 4% hasta los 5.300 millones de ingresos por servicios. «Vodafone debe cambiar», aseguró Della Valle en la presentación. 

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE lleva desde febrero anunciando, en mítines o en sus comparecencias en las Cortes, una ristra de compromisos de políticas sociales que en su mayoría ya están consignadas en los Presupuestos y que se encontraban a la espera de su activación en el Consejo de Ministros. Otras partidas mucho menos abultadas, como los 10 millones de euros para financiar el 50% del descuento del Interraíl a jóvenes de 18 a 30 años, no figuraban en las cuentas públicas de 2023. Lo mismo sucede con el cine a dos euros para los mayores de 65 años, que este martes se aprobará y supondrá una inversión de 10 millones. “Yo no anuncio, yo hago”, ha reivindicado Sánchez la gestión del Gobierno en su último mitin, el lunes en Vitoria. El Ministerio de Hacienda explica que el Gobierno dispone de cierto margen, beneficiado por la buena marcha de la economía –Bruselas acaba de mejorar las previsiones de crecimiento de España para este año con una revisión al alza de cinco décimas, de hasta el 1,9% del PIB– y, por lo tanto, de la recaudación. No obstante, el ritmo de crecimiento de los ingresos se va moderando, y si el Ejecutivo quiere cumplir con la tasa de referencia del déficit (3,9% del PIB para 2023) comunicada a la UE, no puede elevar mucho el gasto. El primer anuncio importante de Sánchez en un acto del PSOE se produjo el sábado 18 de febrero en Zaragoza ante un millar de militantes y simpatizantes. El presidente adelantó que el Consejo de Ministros aprobaría el reparto de más de 2.500 millones de euros en becas para un millón de estudiantes.

“Para empezar, quiero dejar claro que nunca me imaginé a mí mismo ni a SVB en esta situación”. La comparecencia del antiguo consejero delegado del Silicon Valley Bank, Gregory Becker, ayer ante la comisión bancaria del Senado, tuvo algo de acto de contrición, pero sobre todo parece un lamento y una manifestación de impotencia. Becker señala la subida de los tipos de interés como la raíz de los problemas, el cierre de Silvergate Bank como detonante y la fuga de depósitos por “rumores e ideas erróneas “como causante de la caída. La Reserva Federal señaló a Silicon Valley Bank (SVB) como “un caso de libro de mala gestión”. Sin embargo, el banco central también admitió los errores propios de supervisión y lo extraordinario e imprevisible de la fuga de depósitos que tumbó a la entidad. En la intervención inicial de Becker remitido por adelantado al Senado, el antiguo directivo señala: “Fui empleado de SVB durante casi 30 años y director general de SVB durante los últimos 12, hasta que fue intervenido por la FDIC [la Corporación federal de Seguro de Depósitos]. Creía en SVB y en su misión, y me preocupaba profundamente por nuestros más de 8.000 empleados y sus familias. Estaba comprometido con nuestros clientes y con ayudarles a tener éxito”, explicó. “Estoy desolado por nuestros empleados y clientes”.

Una de las figuras más icónicas de la industria de la inteligencia artificial advirtió ayer al Congreso de EE UU de la urgencia de regular su actividad. Sam Altman, cofundador de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, se sentó ante la Comisión Judicial para decir: “Es esencial regular la inteligencia artificial y que esas normas garanticen que el público acceda a sus muchos beneficios”. Y fue rotundo al señalar: “Mi peor miedo es que esta tecnología salga mal. Y si sale mal, puede salir muy mal”. El ejecutivo propuso crear una organización internacional que establezca estándares para la IA, como se ha hecho en el pasado para controlar las armas nucleares. Un ambiente de cordialidad reinó ayer en la primera audiencia sobre inteligencia artificial celebrada en el Capitolio. El tono fue muy distinto al de los agresivos interrogatorios celebrados en el pasado entre senadores estadounidenses y fundadores de redes sociales como Facebook o, más recientemente, el presidente ejecutivo de TikTok. Nadie parecía interesado en empezar con mal pie una relación que se promete larga y complicada. Ayudó que el invitado estrella, Sam Altman, cofundador de OpenAI, creadora de ChatGPT, la herramienta más poderosa creada por la humanidad en ese campo, se sentara ante los miembros de ambos partidos de la Comisión Judicial, de acuerdo por una vez, y les pidiera una actuación urgente: “Es esencial regular la inteligencia artificial, y que esas normas garanticen que el público acceda a los muchos beneficios de esta tecnología”, dijo en su parlamento inicial. “Mi peor miedo es que esta tecnología salga mal. Y si sale mal, puede salir muy mal”.

El sistema educativo afronta grandes retos marcados, sobre todo, por la irrupción de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Amaia Arroyo, investigadora de la Universidad de Mondragón y experta en educación, abordó ayer estas cuestiones junto a Cristina Sánchez, de la UNED, en el coloquio, ‘Educación digital: oportunidad y retos’, que tuvo lugar en la sede de la institución en Zorrotzaurre. "Generamos un discurso oscuro que crea un poco de ‘tecnofobia’, que ya de por sí existe en el ámbito educativo. Nosotros apostamos por un discurso un poco más constructivo...Podemos enfocarlo como una amenaza y prohibirlo porque los alumnos van a copiar. O podemos reenfocarlo y decir: ‘esta es la nueva realidad, la tecnología que tienen a mano nuestros estudiantes’. ¿Eso qué nuevo enfoque exige en educación? Pues igual los exámenes pierden su sentido, vamos hacia una educación basada en competencias. El cambio no es tanto sobre la herramienta en sí. A lo mejor debemos adaptar los nuevos planteamientos pedagógicos...El Chat GPT lo que ha hecho es poner entre la espada y la pared a la gente que hace su evaluación utilizando únicamente los exámenes. Ahora ya hay una tecnología que me fuerza a reenfocar. Y esa es la novedad realmente..."