20230524

Representantes de Adegi y los sindicatos ELA y UGT firmaron ayer en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en Donostia el Convenio del Metal de Gipuzkoa, el acuerdo sectorial más importante del territorio y que afecta a más de 30.000 trabajadores. De esta forma, se certifica el acuerdo alcanzado el pasado 11 de mayo, con subidas salariales referenciadas al IPC y que se convierte en el mejor del Estado en este ámbito. Los tres firmantes coincidieron ayer en señalar que el acuerdo es «bueno para los trabajadores». Representantes de la asociación empresarial de Gipuzkoa y las dos centrales se reunieron a las nueve de la mañana en San Sebastián, aunque lo hicieron a puerta cerrada, sin foto del apretón de manos y la firma. Un acuerdo que se ha logrado en apenas cuatro meses y sin la conflictividad registrada en territorios vecinos como Bizkaia. El convenio contempla subidas en tablas –para los que cuelgan directamente del convenio provincial– del 5% para este año, del IPC más 0,7% en 2024 y del IPC en 2025 y 2026. En salarios reales, recoge un incremento del 4,25% para este año, del 85% del (IPC más 0,7%) para el siguiente y del 85% del IPC para 2025 y 2026. El nuevo convenio, que tendrá vigencia desde este año 2023 al 31 de diciembre de 2026, será de aplicación general en todas las empresas ya que lo respalda la mayoría sindical, pese a la oposición de LAB y CC OO. Hay que recordar que se trata de un convenio de mínimos y que en muchas factorías se negocian mejoras superiores a las que marca el pacto provincial, lo que se conoce como salarios reales. Tras la firma, Adegi destacó que es «un buen acuerdo para las empresas y sus personas trabajadoras, en un entorno de creciente incertidumbre y volatilidad, y confiamos que redunde en la necesaria estabilidad de las empresas».

Las trabajadoras de las residencias de Bizkaia llegaron ayer a un acuerdo con la patronal para renovar el convenio tras 68 jornadas de huelga. El nuevo marco laboral coloca a las plantillas de los centros asistenciales vizcaínos como las que percibirán «los mayores sueldos» a nivel estatal. El último documento databa de 2017 –vencía en 2020– y también se alcanzó tras 378 días de paros. Ahora, las centrales del sector tampoco han ido de la mano durante el año y medio de movilizaciones, que se han cerrado con un convenio para el período 20212025 que afectará a 5.000 empleadas. El pacto lo han firmado ELA, sindicato mayoritario con un 64% de la representación en el sector, y UGT con las principales empresas de residencias tras la convocatoria ayer a última hora de la mesa negociadora en la sede en Bilbao del Consejo de Relaciones Laborales. Tras la reunión, Ana Román, delegada de ELA, detallaba algunos de los principales avances de este pacto. El incremento salarial estará vinculado al IPC, por lo que, cuando termine el periodo de vigencia, las gerocultoras, «la categoría mayoritaria», percibirán 1.800 euros al mes frente a los 1.460 actuales. «No solo garantizamos recuperar el nivel adquisitivo, sino salarios por encima del mismo», celebraba la representante sindical, que destacaba que «supera» otros convenios del sector firmados recientemente. Las trabajadoras tendrán, además, una jornada de 35 horas semanales, tres menos que ahora. «Teniendo en cuenta la mejora salarial y la reducción de jornada, el valor por hora trabajada aumenta: mientras la media estatal es de 9,16 euros por hora, en Bizkaia se pagará, de promedio, a 15,83, un 73% más que el estatal», detallan desde la central nacionalista.

El movimiento del tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao tiene un signo positivo al cierre del mes de abril, pese a la ralentización de la economía y también a una bajada generalizada en el conjunto de los puertos españoles. Así, la dársena vizcaína han movido un total de 10,5 millones de toneladas en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo periodo del año pasado. Los datos agregados de todas las instalaciones que forman parte de Puertos del Estado arrojan un ligero retroceso para este arranque de 2023, con un descenso del 2,1% en las toneladas cargadas y descargadas en sus muelles. La estadística portuaria tiene su trascendencia como termómetro para medir la salud de la economía, ya que es un fiel reflejo del comportamiento de la actividad en el área de influencia de cada uno de los puertos. El movimiento de graneles sólidos fue el componente más destacado en el Puerto de Bilbao entre enero y abril, con un crecimiento del 16,5%, al tiempo que los líquidos –que están muy influenciados por el tráfico de petróleo, sus derivados y en los dos últimos años por el gas natural– se incrementó un 3,6%. Un dato extraordinariamente positivo es el aumento del 5,6% en la carga y descarga de mercancías en contenedores, ya que supone el tipo de tráfico de mayor valor añadido. Por contra, en estos cuatro primeros meses del año la principal nota negativa hay que situarla en el movimiento de pasajeros, que descendió un 13,8%. El ranking de puertos nacionales también arroja una mala nota para las instalaciones vizcaínas ya que, al menos en lo contabilizado hasta abril, el Puerto de Bilbao ha perdido el quinto puesto por volumen de mercancías movidas en sus muelles. La dársena del Abra se sitúa ya por detrás de Algeciras, Valencia, Barcelona, Cartagena y Tarragona.

El Puerto de Pasaia sigue manteniendo su crecimiento de tráfico de mercancías en lo que va de año pese al ligerísimo descenso de volumen del 0,4% en abril. La dársena pasaitarra mantiene un alza de 1,7% en el tráfico acumulado en lo que va de año respecto a 2022. Suma 1.154.665 toneladas en este primer cuatrimestre frente a las 1.134.880 del mismo periodo del ejercicio anterior, según el informe mensual de Puertos del Estado difundido ayer. Los buenos datos de marzo, que compensaron las caídas interanuales de enero y febrero, no han tenido continuidad en abril pero la caída interanual de abril es tan pequeña, apenas 1.051 toneladas, que no empaña el buen dato acumulado. El comportamiento por sectores ha sido bastante similar. La mercancía general, y los graneles líquidos y sólidos replican la ligera caída de abril y el aumento acumulado del 1,8% cuatrimestral. El tráfico ro-ro (vehículos con ruedas) es quizás el que presenta mejores cifras, ya que aumenta en abril, aunque sea de forma ínfima (97 toneladas) y alcanza un acumulado hasta abril del 7,1%. El tráfico de coches es la segunda actividad más importante de la instalación tras la siderurgia (encuadrada en la mercancía general).

La transición entre la salida del mundo académico y la entrada en el mercado laboral nunca ha sido una tarea sencilla para los jóvenes que han finalizado recientemente un grado universitario o una formación profesional. A pesar de que el paro juvenil en el Estado sigue arrojando la segunda cifra más alta de todo Europa, la afiliación media en Gipuzkoa registró en este primer cuatrimestre un nuevo récord de cotizantes entre los 16 (edad legal para comenzar a trabajar, con permiso de los tutores legales) y los 29 años con un total de 45.833 afiliados, 2.329 más que en el mismo periodo del año pasado. Si ponemos el foco en cada uno de los cuatro meses del inicio del año que recoge la Seguridad Social, podemos observar cómo la afiliación media juvenil no ha parado de crecer desde febrero, excluyendo de la ecuación al mes de enero por el efecto Navidades. Así, Gipuzkoa ha ganado desde enero 1.913 cotizantes de entre 16 y 29 años. La diferencia es mucho más significativa si nos retrotraemos, por ejemplo, al año prepandemia, cuando la afiliación joven en el territorio se encontraba en 7.866 cotizantes por debajo de la cifra actual. El paro juvenil también acapara la mayor parte del descenso en Gipuzkoa, con contraste con los mayores de 45 años. El número de desempleados menores de 25 años en Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) se redujo en 730 personas en abril respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de los 2.741 de 2022 a las 2.011 personas, lo que supone un descenso interanual del 26,6% según los datos aportados por el Gobierno Vasco. El empleo juvenil se ha visto favorecido por la inercia general de los récords de afiliación generales.

La mortalidad aumenta, la natalidad se desploma pero la población crece en Bizkaia. Y lo hace poco a poco, aunque sin pausa desde mediados de 2021. En el primer trimestre de este 2023, el territorio sumó 1.176 habitantes, hasta alcanzar los 1.156.541 vizcaínos. Es la cifra más alta de las últimas dos décadas (la serie empieza en 2002). Solo en el último trimestre de 2010 se rozó un dato similar, con 511 ciudadanos menos que en la actualidad. Esta es la cifra más reciente de cuantas se tienen, aunque es una estimación. La publicó ayer el INE en su Estadística continua de población, un producto nuevo que renovará de manera trimestral. La llegada en el primer trimestre de este año de cerca de 3.000 personas nacidas en el extranjero está detrás del aumento poblacional, puesto que los vizcaínos nacidos en España son a día de hoy casi 1.600 menos que en diciembre. Colombia fue el país que más población aportó al territorio, con 1.110 personas, por delante de Venezuela (450) y Marruecos (440). Según los datos hechos públicos este martes, en un año la población procedente de otros países ha aumentado en 12.420 personas en Bizkaia, y alcanza ya las 140.218. Los residentes que han llegado en el último año son casi el doble que los que recalaron en la provincia entre el primer trimestre de 2021 y el de 2022, cuando lo hicieron 6.917 personas. A nivel del País Vasco, a 1 de abril residían en la comunidad autónoma 2.255 personas más que a 1 de enero. Es la octava región que menos ha crecido, aunque cuenta con 2.222.164 de habitantes, un 0,10% más que tres meses antes.

La evolución del euríbor se aproxima cada día más a la barrera del 4% en una tendencia alcista que retomó a mediados de abril y que previsiblemente finalice este mismo mes sobre esa referencia. El principal índice hipotecario cerró ayer en el 3,9%, una referencia que no veía desde principios de marzo. Entonces fue cuando aparecieron los primeros conatos de la crisis bancaria, con la caída y rescate de Silicon Valley, Signature y Credit Suisse, y el euríbor se vino abajo repentinamente ante el temor de una nueva crisis financiera. Pero aquel episodio desapareció del sistema bancario y el índice se dirige casi irremediablemente hacia la frontera del 4%, el mismo nivel que tenía a mediados de 2008. Entonces comenzaba otra crisis, la gran recesión derivada de la burbuja inmobiliaria después de llevar el coste de las hipotecas al récord. Una década después, las cuotas de los préstamos referenciados a interés variable está creciendo a un ritmo superior en muchos casos a los 200 euros al mes. En concreto, un hogar que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés este mayo, registrará un aumento de su cuota hipotecaria de unos 285 euros al mes. En términos absolutos, pasaría de pagar unos 500 euros a casi 790, lo que equivale a un desembolso anual adicional de más de 3.420 euros.

Hace un año los tipos de interés estaban a cero, ahora en el 3,8% y subiendo. En solo siete meses han recuperado los niveles de hace 15 años. Una velocidad desconocida y que ha frenado la solicitud de créditos, así como la decisión de muchas inversiones que conllevan una hipoteca. Son algunas de las actividades que grava el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y que refleja ese frenazo. Así, en el primer trimestre de este año su recaudación se ha desplomado un 27% superando apenas los 9 millones de euros. Este tributo se carga sobre los documentos firmados en el notario, siempre que el objeto al que hagan referencia sea valorable e inscribible en el Registro. Es el caso del IVA de los pisos o lonjas comerciales, la división de un terreno o la declaración de nuevas obras, además de la constitución y liquidación de hipotecas. Pero también la creación de una empresa, así como una ampliación de capital. Por lo tanto, un termómetro de la temperatura de la economía vasca y que evidencia, con este dato, el enfriamiento que recogen las estadísticas oficiales del Gobierno vasco. Son las que señalan que el PIB en Euskadi, aunque evitó la recesión en el primer trimestre del año, solo creció un 0,4%. Una realidad que afecta a bancos, notarías y también a las arcas públicas, aunque en el global disfrutan de un aumento recaudatorio hasta abril del 12% –600 millones más que el año pasado– gracias al empleo y a la subida de precios. El parón se está dejando notar en el sector inmobiliario que, además de la caída en el ritmo de construcción de viviendas, acusa un descenso en la firma de hipotecas con una reducción del 9,1% en marzo acumulando tres meses negativos desde diciembre, según los datos del INE. El volumen total de crédito que los bancos en Euskadi tienen destinado a vivienda también reproduce este descenso en la actividad. 

Entrevista con Alfonso García Mora. Fue durante años un estrecho colaborador de Emilio Ontiveros en la firma AFI, hasta que aceptó la propuesta de incorporarse a la estructura del Banco Mundial. En la actualidad es vicepresidente para Europa y América Latina del IFC, la Corporación Financiera Internacional, la pata del organismo multilateral encargada de la financiación a empresas privadas que ejecutan proyectos en países emergentes. La institución ha prestado en el último año una cifra importante: 36.000 millones de dólares en países emergentes. Alfonso García Mora estuvo ayer en Bilbao para participar en una conferencia sobre el clima, además de presentar un acuerdo para financiar un proyecto de Iberdrola en Brasil. "En principio, somos agnósticos sectoriales, no ponemos límites. Pero también es verdad que estamos prestando mucha atención a la transición energética y también al sector financiero, porque es el que actúa como transmisor a pequeñas pymes. En este caso son financiaciones con objetivos muy concretos...La transición energética es cara. Ahí hay un problema. Por ejemplo, el hidrógeno verdes es caro y ni siquiera se sabe cómo de caro va a ser. Por eso se necesita financiación concesional, que tenga una parte de subvención. Hoy hablamos de energía solar como si fuese algo normal, pero hace diez años era carísimo. Por eso, lo que hace falta es subsidiar desde el sector público las tecnologías innovadoras hasta que alcanzan su madurez, porque luego es el propio mercado el que baja el coste. Los países en desarrollo no tienen otro remedio que esperar a que eso suceda...Hay países que te dicen que les resultaría imposible dejar de depender del carbón y pasar a paneles solares de golpe. Eso, por ejemplo, ha llevado al Banco Mundial a aceptar que en aquellos países donde no se pueda hacer esa transición se puedan apoyar proyectos vinculados al gas como energía intermedia..."

El BEC de Barakaldo acoge hasta mañana el congreso Innovate4Climate 2023 del Banco Mundial, que reúne a los sectores públicos y privados para mostrar las soluciones climáticas más innovadoras de los ámbitos de las finanzas, mercados, políticas y tecnología. El donostiarra Iñigo Ibiricu trabaja desde hace algo más de un año en el organismo multinacional como consultor del grupo de trabajo del cambio climático y es uno de los responsables de que esta convención se celebre en Euskadi. " El objetivo final del Banco Mundial, entre otras cosas, es la desaparición de la pobreza a nivel mundial. Con los años, ese objetivo ha ido evolucionando en cuanto a que se han ido identificando necesidades de desarrollo que imperativamente había que trabajar para alcanzar esa meta. Entre esas necesidades estaba el cambio climático, que en los últimos años ha cogido una relevancia muy importante por motivos obvios...La crisis climática obviamente afecta a todos los países, pero es evidente que no de manera equitativa. Si bien todos deben actuar en materia de clima, los países desarrollados tienen la responsabilidad y el compromiso de actuar primero, acelerando la descarbonización e intentando proporcionar más recursos a los países en vías de desarrollo para que puedan ejecutar su acción climática. La razón por la cual se llevan a cabo la mayoría de estos proyectos en esta serie de países no es por impedir que contaminen más, sino por evitar que el cambio climático les afecte menos porque son países más vulnerables a los efectos del clima. Por tanto, son los mayores emisores los que deben, de manera urgente, facilitar una transición justa desde los combustibles fósiles hacia las energías más limpias que protejan a las personas. No podemos imponer a los países en vías de desarrollo que abandonen el uso del carbón si eso va a suponer que no puedan abrir sus fábricas o calentar sus hogares..."

El Banco Mundial formalizó ayer un crédito de 138 millones de euros a la empresa Iberdrola para financiar un proyecto de mejora de eficiencia energética en Brasil, que incluye trabajos de mejora y digitalización en la red de distribución de electricidad del país. El crédito se gestiona a través del IFC, el organismo del Banco Mundial que se encarga de la financiación a proyectos privados y Neoenergía, la filial de Iberdrola que controla la actividad de la compañía en Brasil. El acuerdo alcanzado por Iberdrola y el Banco Mundial incorpora también el compromiso de analizar otros proyectos de inversión, todos ellos ligados a la transición energética y en varios países. Así, se encuentra en fase de negociación un préstamo para el desarrollo de generación eléctrica renovable en países como Polonia, Marruecos y Vietnam. También hay otra línea de trabajo abierta con el objetivo de poner en marcha proyectos de generación eólica marina y otros de producción de hidrógeno verdes en países de economías emergentes. Fuentes de Iberdrola han señalado que la compañía desarrolla en la actualidad, junto a la firma Seawind, parques de generación marina en Polonia con una capacidad de 7.300 megavatios. También tiene presencia en Vietnam, tras la adquisición de una empresa local, donde tiene en fase de desarrollo 550 megavatios eólicos y fotovoltaicos.

El precio del gas regresa a su banda habitual de fluctuación antes de que la invasión rusa de Ucrania hiciese saltar todo por los aires. El mercado TTF holandés, el que sirve de referencia en Europa, se ha instalado en los últimos días por debajo del umbral de 30 euros por megavatio hora (MWh) por primera vez en año y medio, una caída que tiene múltiples implicaciones: rebaja la presión inflacionaria en un momento en que el IPC se ha convertido en indicador económico de primer orden, permite llenar los depósitos para el próximo invierno a unos precios mucho más asumibles y allana el camino para que la UE y —en general— Occidente corten amarras definitivamente con el gas natural licuado (GNL, el que llega por mar) de origen ruso. Los Veintisiete llevan meses haciendo equilibrios entre lo que les pide el cuerpo —romper del todo con Rusia, como ya han hecho en otros ámbitos— y evitar pegarse un tiro en el pie con medidas que puedan complicar su ya de por sí intrincada matriz de suministro. El crudo ruso, como los derivados del petróleo procedente de ese país, llevan meses vetados en suelo comunitario, que ha aumentado las compras a otros proveedores para rellenar ese hueco. En el caso del gas, sin embargo, la cautela se ha impuesto. Si las llegadas por tubo son hoy mínimas es por decisión unilateral de Moscú: si por Europa fuera, el gas seguiría fluyendo bajo tierra. Tampoco en el caso del gas que llega por barco los socios comunitarios se han atrevido a cortar por lo sano con Rusia, uno de los grandes exportadores a escala mundial.

La patronal europea de automovilísticas, ACEA, sigue presionando a los países de la Unión Europea para que modifiquen la normativa de emisiones Euro 7 que debería de entrar en vigor a partir de mediados de 2025 (previsiblemente se retrasará). Según un informe de Frontier Economics citado por ACEA ayer, si la norma sigue adelante como está formulada actualmente, los turismos diésel se encarecerán una media de 2.629 euros, mientras que los que usan gasolina aumentarán en torno a 1.862 euros. Esto suponen cinco y diez veces más, respectivamente, que los cálculos de la Comisión Europea, según indica el estudio. Los camiones, por su parte, costarán 11.707 euros más, frente a los 2.765 euros de encarecimiento que calcula Bruselas. La nueva normativa propone endurecer el límite de emisiones de dióxido de nitrógeno para los turismos diésel, y medirá la contaminación de frenos y neumáticos. Además, cambiará el entorno en el que se hacen las mediciones, en un contexto de conducción con condiciones meteorológicas extremas. Según Anfac, la patronal española de fabricantes de coches (está dentro de ACEA), los vehículos más afectados serían los diésel de menor tamaño. Esto se debe a que los vehículos más grandes ya cuentan con sistemas de catalizadores que ayudan a reducir las emisiones, algo que los pequeños no tienen a día de hoy, porque estos últimos consumen menos y por tanto no los necesitan. “Somos el único sector que tenemos que cambiar por completo nuestra tecnología en un tiempo de 12 años [porque en 2035 solo se podrán matricular coches de combustión que usen combustibles sintéticos], algo que haremos con inversiones por valor de 250.000 millones. Sin embargo, en paralelo se nos pone un nuevo desafío al que tendremos que destinar una gran cantidad de dinero”, explicó el pasado mes de febrero el director general de Anfac, José López-Tafall, durante un acto de la patronal.

Madrid recibirá unas inversiones directas en el sector de los centros de datos de 6.120 millones de euros hasta 2026, según un informe elaborado por la patronal sectorial Spain DC con las previsiones de inversión de las empresas del sector. El estudio indica la inversión indirecta rondará los 10.100 millones. Hasta final de 2023, la inversión directa acumulada rondará los 2.052 millones de euros y la indirecta los 3.420 millones. En la actualidad hay distintos proyectos en marcha de empresas integradas en Spain DC, que tiene como miembros a Quark, Equinix, Digital Realty, Nabiax, XData, Global Switch, Data4, Schneider Electric, Fibratel, Siemens, Roll-Royce, Delta, ABB o Danfoss. Así, por ejemplo, Nabiax, participada por la gestora Asterion y Telefónica, prevé unas inversiones superiores a 500 millones para ampliar la capacidad de sus instalaciones en Alcalá de Henares, Madrid y Terrasa. La inversión indirecta incluye el valor de los activos alojados en los centros de datos como el hardware, software, operación y mantenimiento de todo ese equipamiento (empresas de outsourcing, integradores, instaladores y ciberseguridad, entre otros), cuyo coste se puede estimar en 20.000 euros el kW. El informe explica que Madrid ha alcanzado una potencia TI instalada de 147 MW, con un crecimiento superior al 43% en el último año. 

Sacyr, ACS, Ferrovial, Abertis, Globalvia y OHLA, entre otros, pujan en el exterior por oportunidades en concesiones que suman más de 200.000 millones de euros situados en EEUU, Canadá, Australia, Latinoamérica e Italia, principalmente. España, que fue la cuna del modelo concesional hace más de 50 años, ha renunciado a la gestión privada de infraestructuras y, si se mantiene la tendencia, desaparecerá completamente en los próximos 10 años. “Las constructoras españolas han dado por perdido el mercado español de concesiones después de que, en esta ultima legislatura, el Gobierno haya renunciado a este instrumento. Los proyectos se cuentan con los dedos de una mano y nacen casi muertos al no ofrecer atractivo al inversor privado”, aseguran desde una de las constructoras, que han dado la espalda al plan de carreteras de Aragón, que dejaron prácticamente desierto el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid y que no pujaron por el aparcamiento en concesión del Hospital Niño Jesús de Madrid, las tres últimas grandes obras basadas en modelos de colaboración público privada. En Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue, en teoría, en conversaciones con el consorcio formado por ACS y Acciona para construir la Ciudad de la Justicia, un complejo de 500 millones de euros de inversión en obra que las constructoras pueden recuperar mediante un pago por disponibilidad durante 40 años. Ni FCC, Sacyr, Ferrovial, OHLA, Azvi ni fondos de inversión se presentaron a un concurso que antes de presentar ofertas ya sabían que iba a generar pérdidas y que iba a ser difícilmente financiado por los bancos. 

La deuda comercial total -ordinaria y morosa- que soporta el conjunto de las pequeñas y medianas empresas (pymes) por los retrasos en los cobros de sus ventas, ascendió en el primer trimestre del año a 200.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 19,2% respecto al primer trimestre de 2022. Es la cifra más elevada de deuda comercial que soportan las pymes desde 2011. Es decir, desde la depresión económica que tuvo lugar entre 2007 y 2013. En 2011, esta deuda con las pymes fue de 208.000 millones de euros. Así lo recoge en el informe que Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, presentó ayer sobre la repercusión de la morosidad en los cobros que soportan estas empresas. El dato es muy importante, porque las pymes son el 98% del tejido productivo español. El informe señala que “este volumen [de deuda], su evolución al alza, en un contexto de intereses más altos, demuestra la dificultad que a las pymes les suponen los retrasos en los pagos, sortear los vetos legales para alcanzar pactos con las empresas clientes, más allá de los 60 días”. En consecuencia, las pymes también tienen problemas “para contener el desajuste temporal que supone la inflación, lo que limita la capacidad de aumentar la productividad del negocio”. Es decir, cuantos más problemas tengan las empresas para cobrar las deudas, más dificultades tendrán de financiación y, por lo tanto, de expansión de su actividad. 

La crisis de 2008 y la era de tipos negativos o cero del Banco Central Europeo zarandearon al sector financiero. Los números se resintieron y llegaron los años de fusiones bancarias, cierre masivo de oficinas y recortes de plantilla. Sin embargo, tras ese ajuste y con la apuesta por la digitalización, los grandes bancos vuelven a aumentar su número de trabajadores, según sus cuentas del primer trimestre: todos crecen respecto a cierre de 2022 (con la excepción de Unicaja, por las salidas tras la fusión con Liberbank). Destacan BBVA y Santander, donde el efecto sede hace que el impulso sea mayor por la contratación en el país de perfiles tecnológicos que prestan servicio a todo el grupo. Según los últimos datos del Banco de España, el número de empleados del sector se ha reducido casi un 40% entre 2008 y 2021, hasta quedarse en 168.352 trabajadores, mientras que han bajado la persiana más de un 60% de sucursales respecto a septiembre de 2008 (a finales del año pasado se contabilizaban 17.735 en España). “Se ve una continua pérdida de empleo, que es lógica al ir en paralelo a la reducción de la red de oficinas”, explica Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia. Una tendencia que la gran banca ha roto. En el inicio de este ejercicio, los seis bancos del Ibex –CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja y Bankinter– ganaron plantilla de forma agregada. “La transformación del sector está obligando a las entidades a demandar determinados perfiles más cualificados”, argumenta Marta Alberni, consultora de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

La pandemia creó una situación anómala: puso un tapón sobre el consumo. Durante la fase más aguda del confinamiento el consumo cayó por encima del 12%, más de lo que descendió la renta. Este aguante estaba, en parte, sostenidas por las ayudas públicas, según analizó en febrero la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. Merced a esa brecha, el flujo del ahorro llenó las carteras españolas hasta situar la tasa en un promedio del 15,6% sobre la renta bruta disponible entre 2020 y 2021, frente a una media del 6,7% antes de la pandemia (periodo 20152019), según CaixaBank Research a través de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Cuando las restricciones se relajaron, el caudal de fondos acumulado sumaba en torno al 10% del producto interior bruto (PIB) y, cuando se vació, aupó el consumo. Si bien no hay estimaciones concretas de cuánto ha impulsado el exceso de ahorro al PIB, las instituciones de análisis económico y el propio Gobierno afirman que es uno de los factores que explican el buen comportamiento de la economía en 2022. El año pasado, pese a las malas previsiones de mitad de año, el PIB creció un 5,5%. Pero el consumo se ha enfriado. A pesar de la pandemia, la invasión de Ucrania y la inflación, la recaudación del IVA deflactado –descontando el efecto del IPC– creció un 3,69% entre la media de los años 2015 y 2019 y la de 2020 y 2022, lo que indica un importante repunte del consumo tras el confinamiento. No obstante, en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023, el indicador del consumo privado cayó en el orden del 0,7% y el 1,4%, respectivamente. Desde la segunda mitad del año pasado, el buen comportamiento de la economía se explica en mayor medida por el sector exterior, según indica el Gobierno en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la Ley de Representación Paritaria que, en adelante, obligará a que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% en direcciones de empresas, en candidaturas electorales y altas instituciones de la administración (como el Tribunal Constitucional, por ejemplo) y, también, en el Gobierno. Una vez aprobada por el Ejecutivo, la norma iniciará ahora su tramitación parlamentaria para que pueda entrar en vigor antes de que termine la legislatura. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, destacó que esta norma garantizará la paridad en los órganos de decisión públicos y privados y supone un “paso más” en el camino de la igualdad de género, uno de los “vectores que guía la acción del Gobierno”. La norma, que se llevó en primera vuelta al Consejo de Ministros en marzo, obliga a las empresas a tener consejos y direcciones paritarias, es decir, con un mínimo del 40% de mujeres, algo que también aplica a las candidaturas electorales y a los miembros del Gobierno, así como a los colegios profesionales y a los jurados de premios o reconocimientos de carácter público. Ese principio de representación equilibrada afectará asimismo a órganos constitucionales y de relevancia, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Las empresas tendrán plazos para adaptar la ley en función de su tamaño: antes del 1 de julio de 2024 en el caso de las cotizadas y hasta julio de 2026 en las empresas no cotizadas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de volumen de negocio anual.

Las empresas del Ibex tendrían que incorporar a 11 mujeres en sus consejos de administración para alcanzar el objetivo fijado por el Gobierno en la ley para garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres en la política, la Administración pública y las empresas. El anteproyecto que aprobó ayer el Consejo de Ministros en segunda vuelta para su remisión al Congreso de los Diputados establece que en las sociedades cotizadas el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo de administración. Si bien el Ibex en su conjunto ha hecho importantes avances en esta dirección en los últimos años, alcanzando ya el 37,56% –y, por lo tanto, muy cerca de la recomendación que también promueve el código de buen gobierno de las sociedades cotizadas– y a pesar de que un buen número de empresas del selectivo español ya han superado el 40%, todavía hay 17 compañías por debajo de ese nivel y un puñado de ellas muy alejadas del objetivo que ahora ha fijado por ley el Gobierno. En concreto, son cinco las empresas que están ralentizando especialmente la carrera del Ibex hacia la paridad. Según la información extraída por la CNMV de los informes anuales de gobierno corporativo de las compañías, la peor posicionada es Fluidra, con un 16,67%; seguida de Sacyr, que tiene un 23,08% de mujeres sobre el total de consejeros. Escalando en el ranking aparece Naturgy, con un 25%; inmediatamente por encima, ACS, con un 26,67%; y algo mejor posicionada, pero todavía muy abajo, Indra, con un 28,57%. Estas cinco empresas no alcanzan ni el 30% de presencia femenina en sus consejos de administración, por lo que se sitúan muy alejadas del objetivo que persigue el Gobierno con esta nueva ley. 

El Banco Central Europeo (BCE) cumple 25 años marcados por la lucha contra la inflación y los esfuerzos para mantener la estabilidad financiera en la Eurozona. El organismo, que nació como un experimento para aplicar una política monetaria común a los países europeos, ha vivido varias etapas; de ilusión y consolidación, pero también de numerosas crisis (la financiera de 2007, la pandemia...). El Eurobanco, que trata ahora de doblegar la inflación disparada a consecuencia de la guerra en Ucrania, celebrará esta tarde un acto conmemorativo en su sede de Fráncfort, al que acudirán representantes de todos los países del euro. El Tratado de la Unión Europea de 1993 incluía la creación de una Unión Económica y Monetaria. Lo que al principio parecía un sueño inalcanzable, comenzó a materializarse gracias al trabajo preparatorio del Instituto Monetario Europeo, germen de lo que después sería el BCE. En 1998 se constituyó el Eurobanco, con la intención de ayudar a la transición al euro de once países –Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal–, que cedieron al organismo su soberanía en materia monetaria.