20230526

 Adegi lanzó ayer en Fabrika tras su asamblea general anual y en plena celebración del Día de la Empresa un mensaje de alerta urgente e ineludible. «Se acerca el invierno demográfico», advirtió con gesto serio el presidente de la organización empresarial, Eduardo Junkera, quien no dudó en situar la pura falta de personas suficientes para trabajar en Gipuzkoa (y en todo Euskadi) en un plazo de tiempo muy corto como uno de los grandes retos de país. «Llega la gran jubilación», aseguró Junkera en relación al inminente comienzo del masivo proceso de retiro de todos los hijos del conocido como ‘baby boom’ de los años sesenta y setenta. Un inexorable vaciamiento de fábricas, talleres, tiendas y despachos que amenaza la línea de flotación de la actividad económica vasca. Junkera comenzó su intervención subrayando «el valor y la importancia de la empresa y su aportación insustituible al mantenimiento de nuestro estado de bienestar». Tras esa defensa de la empresa, el presidente de Adegi aseguró que las empresas no van a poder afrontar las grandes transiciones que se imponen por falta de gente. Y explicó que esa ‘gran jubilación’ hará que «en 2030 tengamos 80.000 personas menos en edad de trabajar». «En Euskadi, en diez años, se jubilará cerca del 25% de las personas empleadas hoy, y ya sabemos que menos demografía supone menos desarrollo y menos estado del bienestar», afirmó. «Para revertir el invierno y propiciar una primavera demográfica –expuso– necesitamos atraer entre 200.000 y 220.000 personas a Euskadi». Un renacer, dijo, que comportará «más natalidad, sí, pero también más inmigración». «Tenemos que empezar a actuar; ¡y tenemos que hacerlo ya!», sentenció Junkera. «Vamos a necesitar de la colaboración público-privada, tendremos que remar juntos», aseguró. «Y desde Adegi estamos dispuestos a participar», añadió su presidente.

“Es el momento de retomar el debate de la dimensión”. El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, ha abordado una cuestión que había quedado diluida en un contexto de dificultades económicas, y en su intervención en el Día de la Empresa que ha celebrado en Donostia la patronal guipuzcoana, ha incidido en que el tamaño importa si se pretende crear un tejido empresarial competitivo. Este entramado en Gipuzkoa está integrado en una inmensa mayoría por pequeñas y medianas empresas y, tal y como ha advertido Junkera, “el problema que se nos puede presentar es que llegue un momento en que nuestras pymes, tal y como las conocemos hoy, no puedan asumir simultáneamente” todos los retos que plantea la realidad económica, entre los que sobresalen las transiciones digital, medioambiental y social. Según ha explicado, estas transformaciones vienen acompañadas del mantenimiento de la competitividad “y al mismo tiempo los esfuerzos necesarios para cumplir con el incesante aumento de requerimientos, certificaciones y normativas de todo tipo”. Para hacer frente a estos desafíos, el presidente de Adegi ha avisado de que el empresariado guipuzcoano debe adquirir una mayor dimensión “sí o sí”.

La Comisión Europea destaca que Euskadi es una de las regiones con menor tasa de desempleo y «menor riesgo» de exclusión social, además de considerarla como «fuertemente innovadora» igualando la inversión en I+D media europea. Estas referencias al País Vasco se recogen en el paquete de primavera del Semestre Europeo 2023 en el que Bruselas ofrece orientaciones a los Estados miembros para construir «una economía sólida que garantice la competitividad y prosperidad en un entorno geopolítico difícil». En el informe se añade también que en 2020 Euskadi fue una de las tres regiones españolas con un PIB per cápita superior a la media europea. Además, la Comisión destaca que en 2021 la productividad laboral en la comunidad autónoma vasca fue superior a la media europea y la más alta de España.

Las cifras son pequeñas, poco relevantes comparadas con la creación de empresas que en el primer trimestre del año ascendió a 295, pero no dejan de evidenciar una realidad compleja: la tendencia entre las compañías que mueven su sede a no tener a Euskadi entre sus destinos. De hecho, en lo que va de año el saldo de llegadas y salidas de empresas ha sido negativo en el País Vasco, con un total de 29 salidas. Una cifra solo superada por Andalucía con 58. El impacto económico de la marcha de estas 29 firmas asciende a 744 millones de euros. Es la facturación que, según la compañía de análisis empresarial D&B, declaraban estas firmas como volumen de negocio y por el que ya no tributarán en las haciendas forales. En el conjunto de España, el estudio de la consultora señala que en el primer trimestre del año se han registrado un total de 1.544 traslados de compañías. El destino en la mayoría de esos cambios de dirección, un total de 31, ha sido Madrid, seguida de Castilla La Mancha (26), Galicia (25), Valencia (17) y Navarra (16). La dinámica no es nueva, ya que Madrid se ha convertido en el principal polo de atracción de las cerca de 2.200 sociedades que se han marchado de Euskadi en la última década. Un 44% ha optado por la capital de España. El año pasado el porcentaje fue algo inferior, del 36%, pero es ya una tendencia convertida en goteo constante, a pesar de que la fiscalidad en Euskadi es una de las más competitivas del país, junto a la de Madrid. En concreto, en el pasado ejercicio 207 sociedades vascas se llevaron su sede fuera de Euskadi, de las que 75 eligieron establecerse en Madrid. 

El presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, destacó ayer que la subida salarial de los convenios negociados en Euskadi está un 0,7% por encima de la media nacional, fijada en el 5%. Además, el porcentaje de trabajadores que han conseguido renovarlos hasta abril alcanza ya el 70%, lo que supone «el mejor dato» de la última década. Durante una entrevista en la radio pública vasca, Arrieta celebró que la negociación colectiva está demostrando que sabe dialogar «en un escenario muy difícil y complicado, caracterizado por un cierto nivel de incertidumbre económica que persiste, y sobre todo, por el fantasma de la inflación que parece que poco a poco se va diluyendo». El presidente del CRL atribuyó los incrementos salariales conseguidos a la firma reciente de importantes acuerdos que afectan a muchos trabajadores, como los del convenio del metal de Gipuzkoa, y remarcó que «ha disminuido la inmovilización que se le atribuye a las empresas». El porcentaje de los trabajadores que han renovado su convenio es del 60%, aunque Arrieta indicó que si se le suman los alcanzados en abril «uno de cada dos trabajadores tienen actualizadas sus condiciones salariales y de empleo». Arrieta también se pronunció sobre los convenios «enquistados», que aún están sin acuerdo, y defendió que la negociación en estos casos «está viva». Asimismo añadió que su objetivo es reintegrar a la cobertura del convenio a las 50.000 personas que quedaron excluidas tras la reforma laboral del PP.

La economía de Alemania entró en recesión en el primer trimestre de 2023, según confirmó ayer la Oficina Federal de Estadística (Destatis). El anuncio llegó después de que este organismo revisara a la baja el dato del Producto Interior Bruto (PIB) de los tres primeros meses del año. En un principio estimó que la economía se había estancado entre enero y marzo, pero ayer constató que cayó tres décimas. Con este nuevo retroceso, la economía alemana encadena dos trimestres consecutivos de contracción. En el último trimestre de 2022, su PIB se contrajo medio punto. “Después de que el crecimiento del PIB entrara en territorio negativo a finales de 2022, la economía alemana ahora ha registrado dos trimestres negativos consecutivos”, confirmó Ruth Brand, presidenta de la Oficina Federal de Estadística. Con el mal dato del primer trimestre sobre la mesa, la economía alemana ha registrado el peor comportamiento entre las grandes economías de la eurozona, ya que España e Italia crecieron un 0,5 % y Francia lo hizo un 0,2%, mientras que el promedio de la zona euro fue del 0,1%. En esa misma senda de crecimiento moderado, el PIB de Estados Unidos creció un 0,3 % entre enero y marzo. En su análisis, Destatis destacó el lastre que han supuesto para la economía alemana las fuertes subidas de precios que se han registrado en los últimos meses y han tenido un impacto especialmente negativo en el gasto en consumo final de los hogares, que disminuyó un 1,2% en el primer trimestre de 2023.

La patronal CEOE ha detectado que en el primer trimestre del año “la economía española ha ganado tracción”, aunque sea “de una forma moderada”. Por esta razón, el servicio de estudios de la organización ha decidido revisar al alza su previsión de crecimiento para este año de la economía española. En su Panorama Económico, correspondiente a mayo, los empresarios elevan del 1,3% al 1,9% su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Por lo tanto, seis décimas más que en su estudio de abril. En la mejora de las previsiones, CEOE se suma así a la tendencia que sostienen el conjunto de los analistas nacionales, el Banco de España y las instituciones internacionales, así como la Comisión Europea, el FMI y la OCDE. La previsión de la CEOE, del 1,9%, es dos décimas menos que la cifra del 2,1%, que el Gobierno ha presentado recientemente a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad 2023-2026. Son varias las razones inmediatas que empujan levemente el optimismo de los empresarios. En primer lugar, la fortaleza del sector exterior que, en el primer trimestre, en tasa interanual, creció un 3,8% frente al 2,9% del cuarto trimestre de 2022. En relación directa con las exportaciones, la CEOE también ha detectado, en los primeros meses del año, una mejora de la actividad industrial. 

La empresa beasaindarra CAF hará fijos a más de 130 trabajadores eventuales de sus plantas de Beasain e Irun tras un requerimiento de la Inspección de Trabajo de Euskadi, a raíz de una denuncia realizada por LAB, según confirmó la propia compañía a este periódico. La Inspección da la razón, de esta forma, a la demanda de la central sindical abertzale por la «fraudulenta utilización de los contratos eventuales de circunstancias de la producción». Inspección da la razón a LAB, que defiende que los contratos eventuales de la fabricantes de trenes y autobuses son para el desempeño de trabajos «totalmente previsibles», con lo que su duración máxima debería ser de tres meses y no de un año como «por norma» ocurre en la citada empresa, señala la central. La compañía confirma que acatará la medida y que convertirá en fijos a ese grupo de 130 trabajadores. El sindicato confía, además, que esta medida tenga influencia en la futura negociación del convenio de esta compañía, la más importante de Gipuzkoa, en lo relativo a la política de empleo, y espera que la eventualidad quede limitada.

La asamblea general de Eroski aprobó ayer las cuentas de la cadena de supermercados del pasado 2022. Un ejercicio «muy complejo» en palabras de la primera ejecutiva de la compañía, Rosa Carabel, porque el aumento de costes elevó el gasto en un 15%, mientras que los ingresos solo subieron un 7%, con 5.476 millones. El resultado: un recorte del 38% del beneficio neto, que se quedó en 64 millones. De esa cantidad, la mitad son los que corresponden a la cooperativa, 32 millones, y que los representantes de los 9.500 socios aprobaron destinar íntegramente a contrarrestar pérdidas de años anteriores, además de a los intereses correspondientes de las subordinadas. Carabel defendió la «consolidación económica» y el esfuerzo que hizo Eroski el pasado año, cuando la cesta de la compra en España subió hasta un 15% en diciembre, para evitar el impacto en los clientes. Una tarea que se tradujo, solamente en la contención de la tarifa de la marca blanca, en 55 millones de euros de gasto. A pesar de las dificultades, Carabel recordó que no solo las ventas crecieron, sino que el ebitda –el resultado antes de pagar impuestos y afrontar los créditos– ascendió a 204 millones, un 15% más y el mejor resultado desde 2015. Gracias, entre otras cosas, a los programas de mejora de eficiencia. Por ello, la máxima responsable de la cadena de distribución alimentaria defendió que «la situación financiera evoluciona favorablemente y continúa la senda de la consolidación económica». 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, avanzó ayer en el Día de la Empresa de Adegi que el Consejo de Gobierno Vasco aprobará el próximo martes (y posteriormente remitirá al Parlamento de Vitoria) el proyecto de Ley del Instituto Vasco de Finanzas, el verdadero brazo financiero del Ejecutivo, «para seguir consolidando la gestión de los instrumentos de financiación pública». La norma, explicó, persigue «adaptar la normativa del IVF a la nueva realidad económica y normativa». «Con ello se pretende enraizar y potenciar el crecimiento del tejido productivo con todos los instrumentos que están en nuestras manos», destacó Urkullu. Según ha podido saber DV, el proyecto de ley persigue dar al IVF una regulación estructural y de alguna manera blindar jurídicamente su ámbito de actuación, sus funciones y su organización». Un proyecto en el que el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y su equipo llevan trabajando largo tiempo. El IVF fue creado en la Ley de Presupuestos vascos de 2008 con la idea de reordenar la política financiera y los instrumentos de crédito públicos, pero durante sus primeros años de vida su actividad se limitó apenas a la concesión de algunos préstamos para realizar inversiones científicotecnológicas. Fue a partir de 2013 cuando el Gobierno Vasco inició un proceso de reordenación de los instrumentos financieros, dándole más protagonismo. 

El sector industrial mantiene su exigencia de reformas que permitan rebajar los costes del suministro eléctrico en España, disparados desde hace casi dos años, que se agravaron con la invasión de Ucrania y que supone un hándicap en la competencia con empresas de países que pueden acceder a tarifas más reducidas. «Los consumidores industriales de países de nuestro entorno se están beneficiando de medidas destinadas a proteger su actividad, tanto las de carácter permanente como las habilitadas dentro del marco temporal aprobado por la Comisión Europea. Esto, lógicamente, ayuda a mitigar el impacto en sus precios energéticos, evitando paradas en la producción y deslocalizaciones. Se produce un fuerte desequilibrio de la competitividad que perjudica seriamente a nuestras industrias electrointensivas frente a nuestros principales competidores», aseguró ayer el empresario vasco José Antonio Jainaga, tras la asamblea de AEGE, la asociación de empresas electrointensivas. Jainaga ha sido reelegido como presidente de la asociación para un nuevo mandato. En el informe de actividad presentado ayer por esta asociación se destaca que el consumo de las grandes empresas españolas se redujo el pasado año un 25%, lo que puede trasladarse también a una reducción similar de la producción, como consecuencia de un año récord en los costes del suministro eléctrico. De cara a 2023, el presidente de la asociación apuntó que las estimaciones apuntan a precios por encima de los 100 euros por megavatio y hora, lo que supone costes todavía muy elevados y una perspectiva «no muy optimista».

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, hizo ayer una encendida defensa del papel que debe jugar el sector del petróleo en el proceso de descarbonización y de transición energética, al tiempo que criticó la contradicción que supone «prohibir por ley en España la explotación de gas natural, para tener que importarlo de Estados Unidos». Algo que, matizó, «no es ético» y genera una mayor huella de carbono porque además de la extracción del gas y de su combustión hay que contabilizar el que se desprende en el transporte hasta las plantas de regasificación españolas. Imaz lanzó este mensaje en el transcurso de la junta de accionistas de Repsol, celebrada ayer en Madrid y en respuesta precisamente a una pregunta realizada por una asistente, que se identificó como miembro de Greenpeace y de la Fundación Finanzas y Ética. La representante de estas organizaciones, en su intervención, había cuestionado el papel de Repsol al mantener la producción de combustibles fósiles. «Para ser ustedes éticos también deben preocuparse por la garantía de suministro y preocuparse de los precios, porque si este sector deja de producir petróleo y gas las familias no van a poder pagar la energía en sus hogares», apuntó Imaz en defensa del papel que juega aún el mundo del petróleo y el gas no solo en la economía sino en el bienestar social. En ese contexto no dudó en señalar que «no me parece ético que se prohíba por ley, por ejemplo en España, explotar el gas natural y que haya que traerlo de Estados Unidos. La huella de CO2 en este proceso está en Estados Unidos cuando se produce, aquí cuando se quema en una central de ciclo combinado para producir la electricidad que alimenta los hogares y también en el transporte», desgranó el primer ejecutivo de Repsol para evidenciar que la resultante es aún más negativa para el medio ambiente. «Es ético producir el petróleo y el gas que el mundo necesita porque de otra forma las industrias tendrían que cerrar, los empleos industriales se perderían y Europa perdería bienestar», advirtió.

Antonio Brufau, que ayer fue ratificado como presidente de Repsol por otros cuatro años en la junta de la compañía, aprovechó su discurso en la asamblea para alertar del nuevo poder que está adquiriendo China en el sector energético, sobre todo en negocios clave para el desarrollo de la transición ecológica. Brufau reiteró sus críticas a la Unión Europea por sus políticas de descarbonización sin prestar la atención necesaria a la industria, la seguridad de suministro o el coste de la energía, y por apostar casi exclusivamente por la electrificación. Encendió así aún más la batalla dialéctica que mantiene con eléctricas como Iberdrola, presidida por Ignacio Galán. “Las decisiones de hoy no van a ser neutras para el futuro de Europa”, ya que en estos momentos “se está jugando el nuevo liderazgo industrial y tecnológico entre las grandes regiones del mundo”, especialmente entre Estados Unidos y China como alternativa. Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, “el mundo se está transformando de forma acelerada” y como consecuencia “se ha trastocado” la globalización de los primeros años de este siglo. Por ello, según explicó, actualmente “es tan importante conseguir aprovisionarse como desde dónde aprovisionarse” y la “dependencia del mundo es brutal con China” para obtener la mayoría de materiales necesarios para llevar a cabo la descarbonización.

En España casi un cuarto de los puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos instalados se encuentra fuera de servicio, por factores como encontrarse en mal estado, averiado o porque no se ha podido conectar a la red de distribución eléctrica. Este dato pone de manifiesto que la infraestructura sigue siendo uno de los principales cuellos de botella que están frenando la expansión de la movilidad eléctrica. A cierre del primer trimestre del año había en todo el territorio nacional un total de 6.475 puntos de recarga de acceso público fuera de servicio, lo que representa un 24% del total de la infraestructura de recarga de acceso público en España, según indica el último Barómetro de la electromovilidad publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). El informe, publicado ayer, apunta que existen 20.243 puntos de recarga de acceso público operativos en todo el territorio español, lo que supone una subida de casi el 12% en comparación con los 18.128 puntos que había al cierre del trimestre anterior. Si se sumasen los puntos fuera de servicio, la red de recarga pública española alcanzaría los 26.718 puntos. El plan del Gobierno era contar con entre 80.000 y 100.000 puntos públicos para este año. El barómetro destaca que el mercado español ocupa la antepenúltima posición en lo que se refiere al indicador de infraestructura de recarga en Europa, al contabilizar 4,5 puntos sobre una media en el continente de 10,6 puntos, mientras que logra 6,8 puntos en el indicador de infraestructura de recarga sobre población motorizable, solo por delante de Hungría y R. Checa.

El BOE publicó ayer la Ley por el Derecho a la Vivienda, con lo que entra este mismo viernes en vigor. Desde hoy ya tiene efecto este corpus de normas que, entre otras medidas, hace permanentes los topes al alquiler y crea los conceptos de zona tensionada o gran tenedor, cuestiones que llevan en el centro del debate político los últimos meses. Y es que meses, 19 en concreto, han pasado desde que, en octubre de 2021, fuera presentado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley. Fue su llegada al Congreso para su tramitación lo que retrasó que saliera adelante, fruto de los desacuerdos en la materia del Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios. La proximidad de las elecciones de este domingo aceleró el acuerdo y la ley recibió el visto bueno en el Congreso y, posteriormente, en el Senado. La norma rebaja la deducción general por alquiler, pero introduce nuevas bonificaciones “Los propietarios, tendrán que soportar los efectos de la inflación en favor del inquilino”. 

Klaas Knot (Onderdendam, Países Bajos, 1967) preside el Consejo de Estabilidad Financiera, el organismo internacional asesor del G20 que presidió Mario Draghi en su día. Es además gobernador del banco central holandés y uno de los miembros más influyentes del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Su reputación es de gran halcón, y en esta entrevista con cuatro grandes periódicos europeos muestra garras, pero no tan afiladas. Celebra el 25 aniversario del BCE, apelando a que «el euro cree estabilidad para sus 20 miembros en un mundo que está lejos de ser estable». "Hay mucha incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación. Actualmente estamos viendo efectos de segunda ronda. Los precios de la energía se han trasladado a otras partes de la cesta de la compra. Se ha producido una ampliación de la inflación. La inflación subyacente es actualmente nuestra principal preocupación y aún no muestra signos de remitir, especialmente en el sector servicios. De hecho, la actividad manufacturera parece estar retrocediendo. Pero por el momento no vemos ninguna ralentización en los servicios. La mayoría de los servicios requieren mucha mano de obra y la evolución salarial es claramente uno de los principales riesgos al alza para las perspectivas de inflación. Lo peor de la inflación general ya ha pasado claramente, pero en lo que respecta a la inflación subyacente, no estamos seguros de que hayamos tocado techo todavía. Como responsables de la política monetaria, necesitamos tener la seguridad de que también vemos una reversión significativa de la inflación subyacente...«Los que apuestan por bajadas de tipos son excesivamente optimistas. Es difícil volver a meter el genio en la botella» ESPAÑA E ITALIA: «Crecen más porque están en posiciones cíclicas diferentes. Países Bajos está ya en recalentamiento». RECESIÓN:  «Vamos a un crecimiento bajo o moderado en la Eurozona. La recesión no es mi escenario central...La deuda en países del sur de la UE es más prominente. No hay un tiempo infinito para bajarla. Debe haber ajuste ya». 

Si en la primera semana la presencia de condenados por terrorismo en las listas de Bildu ya sirvió al PP para poner el foco en los pactos del Ejecutivo con la formación independentista, en la recta final han sido el escándalo de compra de votos en Melilla y Mojácar y un goteo de sucesos en distintos puntos de España lo que ha eclipsado cualquier intento de hacer llegar el mensaje pretendido. A tres días para que se abran las urnas, la dirección del PSOE no daba ayer abasto para tanto sobresalto. Al intento de gestionar el escándalo de la ciudad almeriense se sumó la noticia de la detención del ‘número dos’ del partido en la lista de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, por una presunta agresión que acabó con un hombre de setenta años con el tobillo, la tibia y el peroné fracturados. Poco después llegaba el aviso de que el juez de instrucción número 5 de Granada había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que deduzca testimonio al secretario de Organización del PSOE regional y diputado autonómico, Noel López, tras ver indicios de su implicación en un secuestro en la localidad granadina de Maracena. Martín acabó dimitiendo de todos sus cargos, según anunció la candidata socialista a la alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández. Pero en el caso de Noel López la dirección del partido ha evitado, de momento, tomar medida alguna. El propio ‘número tres’ de los socialistas andaluces emitió un comunicado en el que niega cualquier relación con los hechos y dice que los indicios a los que alude el juez se basan en el testimonio de una persona «desequilibrada» (el autor del secuestro de la concejal Vanesa Romero) contra la que advierte de que actuará por calumnias.

La trama de compra de votos para el PSOE desmantelada en la localidad almeriense de Mojácar ofrecía cien euros en metálico y un puesto de trabajo a partir de junio a cambio de que el ciudadano solicitara el sufragio postal para votar a los socialistas. A veces, incluso los corruptos habían prometido pagar el alquiler a los electores que aceptasen. A diferencia de Melilla, la red no usaba a terceras personas para entregar en las oficinas de Correos las papeletas, sino que obligaba a los propios electores a acudir en persona para no levantar sospechas. Eso sí, antes de entrar en la oficina los miembros de la trama confirmaban que la papeleta del sobre era la del PSOE y solo pagaban el soborno tras inspeccionar el certificado emitido por Correos. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el entramado que lideraban los dos candidatos socialistas detenidos se centró en un perfil de captación de papeletas muy concreto: inmigrantes sudamericanos empadronados en el municipio, con escasos recursos y absoluto desinterés por la política. Para acercarse y convencerles, la red usaba a ciudadanos latinoamericanos como mediadores. Varios de estos ‘captadores’ de origen paraguayo, colombiano y ecuatoriano figuran entre los siete detenidos del miércoles, algunos de los cuales en las últimas horas, en los interrogatorios ante los agentes, han señalado al ‘número dos’ de la lista del PSOE en Mojácar, Francisco Bartolomé Flores y el 5, Cristóbal Vizcaíno González, en lo más alto de la operación de fraude electoral.

Fuentes policiales prevén “tensiones” en muchos de los colegios el domingo de votos solicitados por correo en Melilla han quedado fuera de juego. De las 11.727 peticiones efectuadas en la ciudad autónoma, se han emitido finalmente 3.612, solo el 30,85% del total, según los últimos datos del Ministerio de Interior, actualizados en la tarde de ayer, el último día para entregar los sufragios por vía postal. La Junta Electoral de Zona (JEZ) y la Junta Electoral Central (JEC) decidieron la semana pasada exigir a todo melillense que acudiese a una oficina de Correos a entregar su papeleta personarse individualmente y con el DNI. La medida, unida a la presión policial y judicial, han disuadido al 70% de los censados en la ciudad autónoma de ejercer la participación activa. Los acuerdos de la JEZ y de la JEC se adoptaron la semana pasada ante los altos indicios de compra de esos votos por correo. Poco después, la jueza María del Carmen Perles abrió diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, que derivaron, ya este martes, en la operación policial por la que se detuvo a 10 sospechosos de haber intentado captar esos sufragios. Entre ellos, el ahora exconsejero del Gobierno y número tres de la lista de Coalición por Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal, en libertad sin fianza y bajo la prohibición de abandonar el país.