20230610

Las empresas buscan atraer talento, pero no será un reto sencillo. La patronal SEA-Empresas Alavesas reclamó ayer en su asamblea anual una respuesta «contundente» y «conjunta» a las instituciones públicas y los agentes sociales: «Sólo con una labor conjunta afrontaremos con garantías el reto de atraer a los nuevos profesionales que tanto necesitan nuestras compañías y nuestra sociedad», destacó el presidente de la organización, Pascal Gómez, en un mensaje indudablemente dirigido a los responsables políticos del territorio histórico, muchos de los cuales acudieron al acto con el lehendakari Iñigo Urkullu; la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia; el diputado general en funciones, Ramiro González, o Gorka Urtaran, alcalde saliente de Vitoria, a la cabeza. Según datos de SEA, el 20% de las compañías de la provincia prevé aumentar su plantilla en los próximos meses para hacer frente al aumento de pedidos y acabar de superar los duros baches que han supuesto la pandemia y la posterior «visión pesimista» de los mercados. En ese reto de atraer nuevos profesionales, defendió Gómez, también resultarán «decisivos» otros aspectos como la oferta cultural, educativa y sanitaria para acabar de convencer a esos «alaveses del futuro». Así que, en resumen, hay tarea pendiente en todos los escalones de la administración pública. Un camino que en principio será «ilusionante», pero que en ningún caso resultará sencillo porque el territorio se encamina hacia un «invierno demográfico» por la jubilación del 25% de profesionales –la generación del ‘baby boom’– durante la próxima década. «Vamos a necesitar 33.000 nuevos trabajadores para sustituirlos, un relevo que las previsiones actuales de crecimiento (de población) descartan», evidenció Pascal Gómez. Por eso, y aprovechando la próxima constitución de los gobiernos municipales y forales y la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio, reclamó a los futuros mandatarios que doten a Álava, y por ende a Euskadi, de «una fiscalidad justa que nos permita competir en igualdad de condiciones» con otras provincias y una «estabilidad política que allane el camino y nos facilite el trabajo». En otras palabras, sugirió que se debe huir de las posiciones políticas que defienden aumentar la presión impositiva sobre las compañías, cuando ya aportan más de mil millones a la Hacienda foral a través del IRPF y Sociedades.

El CEO y fundador de la empresa SLK Sarkis Lagunketa, y presidente de Elkargi, Josu Sánchez, ha recibido el Premio SEA al Compromiso Empresarial que por segundo año la asociación empresarial alavesa ha entregado con motivo de su Asamblea General. Esta distinción reconoce a empresarios y empresarias que participan activamente y de manera absolutamente altruista en diferentes foros, organismos y asociaciones; todo con el objetivo de poner su granito de arena en el desarrollo socioeconómico y la vertebración social de esta provincia y este país. Sánchez ha recibido el premio de manos del también empresario Roberto Larrañaga, quien obtuvo el galardón en la primera edición celebrada el pasado año. Además, la Asamblea General ha servido para repasar el intenso ejercicio económico del último año y poner sobre la mesa el escenario que se abre a partir de ahora para las empresas de Álava. En su intervención, el presidente de SEA, Pascal Gómez, ha mostrado su optimismo por un nuevo ejercicio en el que puntales como la paz social o las perspectivas de futuro de las empresas del territorio resultarán determinantes. En este mismo tono positivo, Gómez ha puesto en valor el papel de la empresa como “bien social” que es necesario proteger y respaldar para garantizar el alto nivel de bienestar del que goza la población alavesa. El presidente de SEA ha citado la necesidad de “más empresa, más progreso y más bienestar”, como tres pilares fundamentales del territorio. En su opinión, el futuro también pasa por la capacidad que tenga Álava para la captación de talento, para lograr los profesionales que demandan las empresas del territorio, y para ello ha augurado que será necesario un trabajo conjunto de todos los agentes sociales, políticos y económicos. 

Laboral Kutxa ha colocado la sonda sobre las impresiones que tienen las empresas vascas para actualizar su índice de confianza, con la vista puesta en lo que puede suceder en el tercer trimestre del año. El escenario que plantean las 215 compañías encuestadas refleja una especie de escenario de transición, que empeora ligeramente en comparación con las estimaciones que se habían hecho para la primera mitad del año, pero que no anticipa una debacle. La muestra encaja con el escenario de desaceleración de la actividad que reflejan las últimas mediciones del PIB de la comunidad autónoma. Ese índice de confianza elaborado por la entidad financiera se sitúa ahora en un valor de 49 puntos, frente a lo 52,7 que había alcanzado en la encuesta del segundo trimestre. Los autores del trabajo, el servicio de estudios de Laboral Kutxa, advierten de que un valor de este índice inferior a 50 puntos ya anticipa una contracción de la actividad. Todos los parámetros que ha medido el estudio se sitúan entre el equilibrio –que nada cambie en comparación con la situación actual– y un ligero empeoramiento. De ahí que la estimación sobre lo que puede pasar en el entorno económico que condiciona la situación del País Vasco arroja que el 73,7% de los encuestados apuestan por que no haya cambios o una ligera mejoría. Cuando ya se entra en detalle de lo que puede suceder en cada empresa, el barniz pesimista es mas evidente. En relación a la facturación, a los ingresos que tendrán las empresas vascas en el tercer trimestre del año, solo un 23,7% apuesta por una mejoría, frente al 24,6% que apuesta por una reducción. El conjunto de la actividad también arroja una fotografía similar, además de inclinarse por una reducción de los nuevos pedidos. En el lado negativo también se suma la idea de que el peligro de que sigan creciendo los precios es evidente, aunque ello se produzca con algo más de moderación que lo que se ha registrado en el último año. Casi el 23% también cree que van a empeorar las condiciones de financiación bancaria –probablemente porque creen inevitable una subida de tipos de interés–, lo que unido al aumento de costes también reduce de forma considerable la posibilidad de incrementar los márgenes de negocio. Sólo el 14,2% de las empresas encuestadas cree que esto será posible. Ver informe Laboral Kutxa. 

Tres días. Ese es el plazo que los sindicatos dieron ayer a la empresa para convocar una nueva reunión y tratar de que la negociación del nuevo convenio de Michelin no entre en vía muerta. Así lo confirmó el comité intercentros mediante un comunicado en el que advirtió de que si la empresa no acepta la propuesta habrá huelgas en todas las plantas de Michelin en la Península –excepto la guipuzcoana de Lasarte– los días 19 y 23 de junio. Esa es la principal novedad que dejó un encuentro en Burgos en el que sucedió lo que ya se había ido conociendo en los últimos días: las negativas de Comisiones Obreras (CC OO), UGT y CSIF a la «última» oferta de Michelin. Un rechazo al convenio que hizo que estas tres centrales oficializasen su adhesión a las huelgas que hoy y el lunes ya estaban convocadas por el bloque sindical de CGT, ELA, ESK y LAB. El rechazo deja un último hilo al diálogo que los sindicatos no quieren perder con la empresa. Sin embargo, la reunión del lunes –siempre y cuando la cúpula de Michelin acepte sentarse de nuevo con los interlocutores de la plantilla– se plantea desde la parte social como la última oportunidad para evitar que el conflicto laboral se enquiste. «Hemos emplazado a Michelin a que recapacite y que en un plazo de no más de tres días se vuelva a sentar a la mesa y retomemos las negociaciones y el diálogo para conseguir un convenio. El objetivo para Comisiones Obreras es alcanzar un acuerdo y no un conflicto», relataba Octavio Álvaro, portavoz de CC OO en el conjunto de Michelin España. Unai Arregi, delegado de LAB, se felicitó ayer por la incorporación de UGT, CSIF y la propia CC OO a las huelgas: «Es muy positivo que se sumen; era la petición de toda la plantilla», aseguró. ¿Y si la empresa no comparece el lunes? «Iremos haciendo más movilizaciones o lo que nos vaya pidiendo la plantilla», aseveró Arregi.

En la agenda de la industria automovilística europea hay una fecha marcada a fuego: 2035, el año en que empezará el fin de los motores de combustión. Los gigantes del ramo han aceptado el reto y aseguran estar trabajando ya para completar una de las principales transiciones en materia de movilidad en más de un siglo. Pero los desafíos no empiezan ni acaban en 2035. En un horizonte mucho más inmediato, la Comisión ha propuesto nuevas normas, Euro 7, para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos. Grandes retos, fechas cortas. Y la industria del motor empieza a decir basta. Demasiadas reglas, en demasiado poco tiempo y que, sobre todo, “distraen” del objetivo principal, que es lograr la transición al coche eléctrico sin perder el pulso de la competencia con China y EE UU, advierte el nuevo presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Luca de Meo (Milán, 55 años). El sector, que pide como mínimo mover los plazos fijados, cuenta con el apoyo de un grupo de países —República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Rumania— que en mayo hicieron circular un documento con su rechazo a Euro 7 tal como está propuesto, al considerar que sus metas son “muy difíciles de lograr”. Para De Meo, que desde enero representa a las 14 principales empresas automovilísticas de Europa, hay un problema de base: la falta de una estrategia fuerte para esta industria. “A Europa, en lo que se refiere al futuro del sector del automóvil, le falta una estrategia consistente y ambiciosa que como industria nos merecemos, y en la que queremos participar, no podemos ser solo espectadores pasivos”, dice en un encuentro con varios periodistas en Bruselas. La industria automovilística, afirma, es “una de las más reguladas” de Europa. Una industria que insiste en que está haciendo esfuerzos ingentes para cumplir con la transición verde y seguir siendo competitiva frente a China y a EE UU. “Es bastante urgente desarrollar una estrategia”, insiste De Meo, para quien Bruselas tiene que demostrar que puede superar el dicho de que “EE UU estimula, China dirige y Europa regula”. Normas sí, por supuesto, asegura el expresidente de SEAT y, desde julio de 2020, consejero delegado de Renault. “Pero regular solo es parte de la historia”. “Queremos acelerar la electrificación, pero si continúa acumulando reglamento tras reglamento, eso va a distraernos y hacernos invertir mucho dinero en cosas que no contribuyen a la meta final. Hay que poner el esfuerzo donde se necesita, porque no tenemos con recursos infinitos para hacer cada una de las cosas” que pide Bruselas, advierte. “Flexibilidad”, subraya, es la palabra clave que quizás le está faltando a Bruselas.

El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT trabajan en los últimos flecos del futuro estatuto del trabajador en formación, conocido como el estatuto del becario. La patronal CEOE ya ha advertido que no firmará un eventual acuerdo sobre esta cuestión, porque no comparte su regulación. Y, porque, además, los empresarios han decidido que no van a firmar nada con el actual Gobierno, que suponga un cambio legislativo. No, con las Cortes disueltas por la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, la regulación laboral de los jóvenes en las empresas, en las escuelas de maestrías y las universidades es una de las grandes promesas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para esta legislatura que termina. Es más, el anuncio de un acuerdo sobre esta cuestión sería una baza importante para recabar el voto joven en las elecciones generales del 23 de julio. Díaz encabeza el Movimiento Sumar, que pretende rebañar todo el voto posible que haya a la izquierda del PSOE. Obviamente, el acuerdo también le vendría bien a los socialistas, con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno. En este contexto, Adriá Junyent, secretario de Juventud de CCOO, dijo ayer que “el Ministerio se ha precipitado en hablar ya de un acuerdo” sobre el estatuto de los trabajadores más jóvenes. “Estamos muy cerca [del consenso] pero todavía quedan algunos flecos por cerrar. Seguimos trabajando para que los jóvenes no tengan una entrada en el mercado laboral por la vía de la explotación y de la precariedad laboral”. La patronal no apoya el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos “porque cree que limita tanto el número de horas [de trabajo en las empresas] e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado”. CEOE considera que “mayor flexibilidad en la gestión del horario es algo imprescindible para garantizar la empleabilidad [del trabajador] y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo”. “Además, –continuó la patronal– hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada [mediante ley] con lo que el riesgo [de las empresas y los centros univeristarios] de incurrir en sanciones por falta de seguridad jurídica es alto”.

Iberdrola ha anunciado la construcción de una planta de producción de amoniaco verde en la que invertirá 750 millones de euros tras alcanzar un acuerdo con la multinacional Trammo que será la encargada de comercializar la producción de esta factoría a partir de 2026. La inversión está incluida dentro de los proyectos que Iberdrola espera financiar con cargo a los fondos europeos y por el momento no tiene una ubicación geográfica definitiva. La eléctrica presidida por Ignacio Galán tan solo ha apuntado que se construirá «en el sur de Europa», aunque fuentes consultadas dan como seguro que se ubicaría en España y, en concreto, en Andalucía. La inversión proyectada contempla no solo la construcción de las instalaciones de producción de amoniaco –una materia prima fundamental en la elaboración de abonos para el campo–, sino también la construcción de un parque de generación renovable con una potencia de 500 megavatios. El amoniaco verde se fabrica a partir de nitrógeno capturado de la atmósfera e hidrógeno producido en electrolizadores alimentados con electricidad renovable. La principal característica de este tipo de amoniaco es que en toda su cadena de producción no hay emisiones de CO2 a la atmósfera. Una de las llaves para garantizar la viabilidad del proyecto –la primera será que reciba ayudas suficientes por parte de los fondos europeos– ha sido la firma del acuerdo con Tammo. En una nota que ha hecho pública Iberdrola se identifica a esta empresa como «la mayor comercializadora y distribuidora marítima mundial de amoniaco anhidro» y se concreta que el acuerdo contempla la comercialización de 100.000 toneladas del producto a partir de 2026. La construcción de las instalaciones generará 3.500 empleos según las estimaciones de la compañía eléctrica, al tiempo que durante su fase de operación y mantenimiento podrá tener una plantilla estable de 50 empleados. Ver nota Iberdrola. 

El Gobierno Vasco ya trabaja en un proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Un texto que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, presentó ayer en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento Vasco con el objetivo de establecer “por voluntad propia” un marco jurídico con el fin de alcanzar la neutralidad climática en Euskadi en el año 2050. Un propósito para el que la intención principal es “incentivar fiscalmente” las actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La necesidad de incluir sanciones fue uno de los puntos de debate de la Comisión, en el que Tapia se mostró abierta a insertar en el proyecto de ley un régimen sancionador. “Los mecanismos sancionadores están en todas las leyes asociadas a medio ambiente”, recordó la consejera aludiendo al caso del texto legal relativo a la sostenibilidad. No obstante, durante su turno de réplica a los representantes de los grupos parlamentarios, explicó que, en el caso de que los castigos recogidos en otras leyes no sean suficientes y haya “que poner algo más allá, lo valoramos y lo ponemos sin ningún problema”. “Entendíamos que existiendo las sanciones previas o los mecanismos anteriores y con un poco de incentivación podía ser suficiente”, proclamó la consejera, pero si no es así, “estamos abiertos a valorar [las sanciones] sin ningún problema”, insistió la consejera. Asimismo, destacó que la ley no contempla un régimen sancionador, ya que considera que “para eso están ya otras normas, como las leyes de administración ambiental o de conservación de Patrimonio Natural de Euskadi, entre otras”, pero recoge “el uso de la fiscalidad, incentivando fiscalmente las actuaciones que favorezcan la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. Tapia, sin embargo, subrayó que el espíritu de la ley es “motivar más que amenazar”, contemplando bonificaciones y extendiendo la cultura de la responsabilidad por el trabajo en el Medio Ambiente a todos los agentes. 

La ola inflacionista, que en España alcanzó su cénit en julio del año pasado con un incremento del IPC del 10,8%, disparó las presiones sindicales sobre los salarios para mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que en el punto álgido de la crisis vieron cómo el alza de precios cuadruplicaba sus mejoras retributivas. Con la inflación en fase de moderación, que no controlada, como evidencia una tasa subyacente todavía muy elevada del 6,1%, la distancia entre los incrementos del IPC general y de los salarios se ha reducido, hasta el punto de converger en mayo. Los convenios laborales registrados hasta el mes pasado recogen una mejora salarial media del 3,26%, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, igualándose así con el IPC de mayo, que, según el indicador adelantado por el INE, habría finalizado el mes en el 3,2%. Es la primera vez en muchos meses que la inflación no crece más que los sueldos, a pesar de que éstos han seguido desde finales de 2021 un lento pero inexorable ascenso, encadenando diecisiete subidas mensuales consecutivas. Para encontrar un alza superior habría que remontarse a 2008, cuando los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,6%. La paulatina ralentización de los precios ha permitido a los sueldos recuperar parte del terreno perdido, en una trayectoria que sigue apuntando al alza. De hecho, el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos en el marco de la negociación colectiva prevé un incremento del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025, además de un 1% adicional cada ejercicio en función del IPC. Esto es, la presión de los precios ha terminado calando en los sueldos. Y aunque no lo ha hecho con la intensidad que se temía, amplias franjas del tejido productivo recogen subidas próximas al 5%.

Entrevista con Rafael Pampillón Catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. El catedrático asegura que lo importante no es tanto un relevo en La Moncloa como un cambio de políticas públicas porque, a su juicio, las actuales no son las adecuadas para lidiar con la grave falta de competitividad y productividad que sufre España. "España tiene la mayor tasa de paro de Europa y la gente no es tonta. Sabe que las políticas de gasto populista que se han aplicado no son el camino para el crecimiento y el desarrollo. Me refiero al bono joven, el cultural, la gratuidad de los trenes, los dos euros para los jubilados que vayan al cine, la subida del 8,5% en las pensiones... También ha influido el tema fiscal. La subida de impuestos como consecuencia de no deflactar el IRPF, los tributos a la banca y las energéticas, los insultos a Mercadona... Por otro lado, el empleo público ha aumentado en 400.000 personas pero no se han debido de asignar correctamente porque hay grandes dificultades para realizar cualquier trámite...Uno de los problemas es, sin duda, la inseguridad jurídica. No se puede cambiar a las empresas los impuestos de una manera caprichosa y subiendo las cotizaciones sociales. Eso ha hecho que Ferrovial se vaya. Si mañana las empresas de ingeniería y construcción tienen ganancias por la reconstrucción de Ucrania, ¿quién no teme que pueda caerles un impuesto? En segundo lugar pondría la esquizofrenia del mercado laboral, en el que, por un lado, hay tres millones de parados y, por otro, los empresarios no encuentran trabajadores. Hay que traer gente del extranjero para la construcción, la hostelería, los cuidados... Ligado con este capítulo está la baja productividad, que hace que los salarios sean bajos. España tiene que dar un salto en educación porque, como se dice en el libro, está estancada en la mediocridad...La tasa de paro está en el 13% y es la más alta de Europa. Aunque la ocupación haya subido, habría que analizar qué tipo de empleo se ha generado porque igual es de baja productividad y con baja formación: construcción, hostelería, conductores, agricultura... Gran parte de los puestos están siendo ocupados por extranjeros porque a los nacionales les parece que se paga poco en esas áreas. Pero ocurre que el 50% de los parados en España se han quedado en los estudios obligatorios..."

La innovación y la sostenibilidad se van abriendo hueco en la construcción residencial mediante la industrialización del proceso, una forma de trabajar que, pese a estar aún en un estado embrionario en nuestro país –apenas representa el 1 o 2% del total–, va a marcar el futuro. Las obligaciones que fijan las administraciones en materia de reducción de emisiones de CO2, unidas a la necesidad de atraer gente joven a un sector que abandonaron muchos profesionales tras el parón sufrido por la crisis inmobiliaria, sitúa a la construcción industrializada como «la evolución natural» de la actividad. Los retos que supone esta alternativa a la edificación tradicional, que se caracteriza por producir en taller componentes que se ensamblan en su ubicación final, centraron un coloquio organizado por El Correo. Moderado por Patxi Chocarro, decano del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), tuvo como invitados a Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno vasco; Luis García Malo de Molina, director de Operaciones de AEDAS Homes; Pedro Rebollar Buldain, socio fundador y director general de JIT Housing, y Gorroño, director comercial y de marketing de Egoin Wood Group. «Entramos en una nueva fase en la que la construcción industrializada representa la gran oportunidad para la modernización, digitalización e innovación del sector, tanto el Plan Director de Vivienda 2021-2023 como el Pacto Social por la Vivienda aprobado el año pasado apoyando la industrialización», afirmó el representante del Gobierno vasco, que recordó la «importancia» de una actividad cuyo peso en el PIB de Euskadi supera el 6%.

Hoy en día estamos muy familiarizados con esa imagen de arrantzales, fundamentalmente africanos y en concreto, senegaleses, compartiendo tareas de pesca, descarga, limpieza .... con otros autóctonos. Pero en contra de lo que pudiera parecer, estos siguen siendo minoritarios y todavía predominan entre los arrantzales los nacidos en Gipuzkoa y unos pocos originarios de otros puntos de la geografía española. Y es que la mar, y la pesca de bajura en concreto, vuelve a ser atractiva para muchos jóvenes. El gran problema está y estará sobre todo en un plazo corto en los puestos de mando, donde la edad media actual de los patrones roza prácticamente la edad legal de jubilación. Norberto Emazabel, patrón del barco de bajura ‘Tuku Tuku’ de Hondarribia desde hace 25 años señala que «el patrón más joven de esta localidad pesquera tiene 45 años y la edad media es de 55-56 años, cuando la edad legal de jubilación son los 58 años. Y a dos patrones solo les queda un año para jubilarse», explica. Una situación dramática que no parece tener una solución fácil. De hecho, para paliar este déficit, así como el de mecánicos y otros oficios ligados a la mar, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha el programa ‘Itxasoratu’ con el objetivo de que los jóvenes se puedan formar, realizar luego prácticas en los barcos y puedan ir cogiendo experiencia, según explica Eugenio Elduayen, presidente de las Cofradías de Gipuzkoa. Pero su efecto es muy limitado. «Alguno se queda, pero no es nada fácil porque buscan otras salidas laborales en tierra diferentes a la pesca». Norberto Emazabel lo corrobora. «Algunos no han visto nunca el mar. Además, suelen venir en verano, que es cuando más tiempo estamos fuera de casa, y desisten enseguida. Están unos días y lo dejan. Además, Emazabel señala que los jóvenes no «quieren asumir la responsabilidad de llevar un barco; es algo que ocurre en todos los ámbitos», subraya.

Alba Urresola (Bilbao, 51 años) lleva cinco años al frente de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), el órgano vasco que vela por que no haya abusos en el funcionamiento del mercado vasco. En 2022, la AVC abrió 31 expedientes de defensa de la competencia (colusión o acuerdos de precios, abusos de poder, competencia desleal .... ), con seis sanciones. Son muchos los sectores a vigilar y a tradicionales como el sector alimentario, inmobiliarias o tanatorios se suman otros como los taxis y las VTC o las sidrerías, amén de los retos de la inteligencia artificial. "Las autoridades tenemos que estar muy alerta porque una coyuntura como la actual es propicia para que se produzcan distorsiones de la competencia o problemas en la regulación. En Euskadi tenemos la gran suerte de tener un organismo propio con actividad, recursos y medios...-¿Por qué no pelean más para que las VTC den un servicio que mejore al taxi?– Hemos trabajado mucho en este tema a nivel de promoción de la competencia. Nosotros nos retrotraemos al decreto vasco sobre VTCs que impugnamos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2018, que nos dio la razón en que el decreto incluía restricciones que no eran necesarias ni proporcionadas a los objetivos que se querían conseguir, porque la precontratación de una VTC con 30 minutos de antelación y la prohibición de geolocalización de estos vehículos lo único que hacía era limitar al sector en la libertad de establecimiento en detrimento de ofrecer al consumidor un servicio más ágil, rápido y barato. El Tribunal Supremo nos dio también la razón en febrero...La IA va a afectar a todos los ámbitos de la vida y requerirá de ámbitos de intervención, como la ley de mercados digitales. Como AVC tenemos claro que hay que reflexionar sobre sus límites pero que es una oportunidad muy útil para la detección de prácticas anticompetitivas. Y como autoridad autonómica el reto es dotarnos de los medios suficientes para que sea una herramienta habitual de detección. No es el futuro, es ya el presente..."

Irlanda ha sido un milagro económico en las últimas décadas —con notables altibajos, como el rescate financiero que recibió a principios de la década de 2010, víctima de la misma crisis de deuda que hizo tambalearse a Grecia—, pero sus cuentas públicas van siempre acompañadas de cierta confusión, y distorsionan la realidad, no solo del país en sí, sino la del entorno económico en el que se desenvuelve. La eurozona entró en recesión en el primer trimestre de 2023, en gran medida porque Irlanda corrigió con fuerza sus cifras de crecimiento. El 2 de junio, la Oficina Central de Estadísticas (CSO, en sus siglas en inglés) anunció que el producto interior bruto de la República de Irlanda se contrajo un 4,6% en el primer trimestre de 2023, un descenso mucho más abultado que el 2,7% previsto inicialmente. Añadido a la revisión del dato de crecimiento del trimestre anterior —cayó un 0,1% frente a la subida del 0,3% que se había estimado—, la cifra indicaba que el país había entrado técnicamente en recesión. “Las cifras reveladas por el CSO siguen mostrando crecimiento en la economía doméstica, a pesar de todos los retos de la economía global. Ha sido sobre todo la volatilidad en la producción de las multinacionales la que ha provocado ese descenso del 4,6%”, explica Hazel Ahern-Flynn, economista de IBEC, la principal asociación empresarial irlandesa. “Cambios en la producción de un pequeño número de firmas multinacionales en un trimestre particular pueden producir un impacto sobredimensionado en las cifras del PIB, aunque el impacto anual total, calculamos, sea finalmente de un 0,2%”, añade la analista. En un país de apenas cinco millones de habitantes (siete millones en toda la isla si se incluye a Irlanda del Norte) se concentran más de 1.500 multinacionales, que incluyen a los principales gigantes tecnológicos y a los grandes laboratorios farmacéuticos. De hecho, son estos últimos los responsables, por razones hasta ahora difusas, del varapalo del primer trimestre. Parte de la causa de la contracción de este sector puede derivar del boom que experimentó durante la pandemia. Junto con las empresas de servicios digitales (favorecidas estas por el confinamiento y el teletrabajo), demostró ser un sector resistente que retuvo su fuerza laboral, y contribuyó, a través del pago del Impuesto de sociedades, a sostener la economía irlandesa. Pero todo lo que sobredimensiona las ganancias, también afecta a las pérdidas.