20230710

Las diferentes organizaciones de empresarios han preparado sus peticiones electorales para trasladarlos a los partidos políticos y, por ende, al Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio. Entre sus principales reivindicaciones figuran la rebaja de las cotizaciones sociales y de los impuestos que lastran la inversión y la creación de empleo. También piden a la clase política la reducción de la burocracia administrativa, mayor flexibilidad laboral, un impulso nuevo al reparto de los fondos europeos entre las empresas, una reforma de la educación y apoyo fiscal para los planes de ahorro de previsión complementaria. Corresponde a CEOE, la organización empresarial más grande, que representa a todas las compañías, los autónomos y los sectores, plantear varias de las peticiones más representativas para el sector privado. Por ejemplo, la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. La patronal estima que estas aportaciones son superiores a las que pagan de media las empresas en la UE. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo el pasado día 4 que ya es posible rebajar las cotizaciones del desempleo porque el desempleo se ha reducido en los últimos años. Claro que Escrivá hace esta propuesta para compensar la fuerte subida de cotizaciones sociales que para financiar las pensiones acaba de hacer en su reciente reforma del sistema de protección. La organización de Antonio Garamendi también plantea reducir los tipos marginales del impuesto sobre la renta; rebajar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y eliminar el impuesto sobre el patrimonio. De acuerdo con CEOE, la Cámara de Comercio de España considera que “una de las acciones más urgentes es la reducción de la presión fiscal que soportan las empresas, para incentivar la competitividad y contribuir a incrementar las inversiones, la innovación y, en definitiva, la creación de empleo.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la UPV/EHU, Víctor Etxeberria (Sayma) e Iñigo Garmendia (Norgestión) coinciden en la necesidad de «garantizar las prestaciones públicas reflexionando sobre las políticas de gasto, y adaptar el nuevo sistema fiscal a las necesidades de la nueva economía», sin perder de vista la «progresividad». Una época de bonanza como la actual puede ser el momento adecuado para abordarla, señalan. Ignacio Zubiri Catedrático de Hacienda Pública de la UPV/EHU: «Este sistema fiscal no produce los suficientes recursos para mejorar las prestaciones públicas...Por ello, si se quieren garantizar las prestaciones públicas que demanda buena parte de la sociedad, es necesario dotar al sistema fiscal de una capacidad recaudatoria que permita financiar adecuadamente estas prestaciones...En el caso del IRPF se debe buscar un impuesto justo con el contribuyente y sin privilegios para diferentes grupos o tipos de rentas. Esto incluye, igualar la fiscalidad del capital y la del trabajo, no gravar la inflación, evitar los artificios (como el uso de empresas) para pagar menos, revaluar la estructura del impuesto y eliminar deducciones, bonificaciones y exenciones poco justificadas...Respecto al impuesto de Sociedades, «se deben depurar los muchos incentivos y bonificaciones que, como poco, tienen una efectividad dudosa y sólo benefician a quienes los reciben. Ninguna empresa toma una decisión económica (de inversión o empleo) no rentable por un incentivo fiscal. Víctor Etxeberria, de la consultora Sayma, opina que, «a pesar de que las Haciendas forales hayan registrado récords recaudatorios, los gastos también se han disparado. La reforma fiscal es necesaria para poder mantener el Estado de Bienestar y los servicios públicos (pensiones, Sanidad, enseñanza…), sin perder de vista la inversión, el empleo, la competitividad. Está claro que la progresividad en los impuestos va a resultar fundamental, y la mejora-homogeneización de distintos tributos»...Iñigo Garmendia Socio-director del Departamento legal y tributario de Norgestión: Debemos acometer una profunda reflexión sobre las políticas de gasto para que los contribuyentes no tengan la sensación de que pagamos más de lo que debemos por iniciativas que luego no repercuten en las familias. En definitiva, racionalizar o reubicar diferentes políticas sociales que permitan una mayor concienciación y no tanto gasto superfluo...Debemos ser conscientes de lo que se hace en nuestro entorno para no morir con maximalismos ideológicos, y ser conscientes del Estado de Bienestar que nos podemos permitir».

¿Debe Euskadi entrar en una competencia fiscal con comunidades como Madrid o Andalucía con el Impuesto de Patrimonio? Zubiri dice que eliminar este tributo «sería un beneficio para los más ricos», «reduciría sustancialmente la progresividad del sistema fiscal y tendría un coste recaudatorio no despreciable. Euskadi perdería casi 170 millones y Gipuzkoa, 70». Dice no haber visto pruebas de deslocalizaciones de empresas por este tributo. Desde Sayma, Etxeberria pide «tender hacia una armonización fiscal entre los distintos territorios, España y Europa». Garmendia, de Norgestión, pone el foco en la «atracción de talento», y considera que «no puede ser que la gente a la que le vaya bien tenga que pagar un 65% de rentas generadas. No es nada atractivo teniendo en cuenta que en otras comunidades hay impuestos bonificados».

Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp y de Sernauto, Asociación Española de Proveedores de Automoción. El motor se encuentra inmerso en uno de los mayores procesos de cambio de su historia con el paso al coche eléctrico. La transición supone una gran inversión y ha abierto una batalla sin cuartel entre las grandes potencias mundiales por quedarse con proyectos ligados a la electromovilidad. Esto no solo afecta a las marcas como tal, sino también a su red de proveedores de componentes que tienen que adaptar su producción a las necesidades de los clientes. "Lo cierto es que todos los fabricantes están lanzando vehículos eléctricos, no coches de combustión. Hay un mensaje de fondo, que es que parece que la construcción de un vehículo eléctrico puede llevar menos contenido de partes, lo que puede afectar al número de empleados. La verdad es que el vehículo eléctrico está ahí y hay que hacer ahora la transición hacia él. Dependiendo de los sectores habrá que ajustar cosas, porque sobrarán capacidades en ámbitos que todos entendemos, pero hay un enorme tema de oportunidades en torno al coche eléctrico...No es lo que queramos, es por dónde van nuestros clientes. Cuando trabajas con ellos te das cuenta de que para el transporte ligero solo sacan coches eléctricos. Lo que ha dicho la Comisión es que el objetivo de las cero emisiones está bien, pero hay que dejar al sector que vea cómo llega a él. Si se consigue un coche de combustión que no emita dióxido de carbono, déjame hacerlo...Lo que dice la industria es que se nos dé un poco de margen, que ya tenemos un camino fuerte. Además, va a tener más impacto en los coches pequeños de combustión, de los que dependerá la producción de las plantas españolas hasta 2035. España debería estar más alineada con que la Euro 7 se relaje. Si queremos bajar más las emisiones hasta 2035, que se abogue por cambiar los coches que más contaminan del parque actual..."

En Euskadi el mercado de vehículos de ocasión está en descenso. Así lo alertan las patronales del sector, Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores), que señalan una bajada del 1,7% en las ventas de turismos y todoterrenos usados en el primer semestre del año. En total se vendieron 34.511 unidades. El descenso del mercado de ocasión fue algo más pronunciado el pasado mes de julio, en el que se realizaron 6.028 ventas. Esta cifra representa una bajada del 5,4% respecto al último dato. Raúl Morales, el director de Faconauto que representa a más de 2.000 concesionarios, señaló que la regularización del mercado del vehículo nuevo también está permitiendo que el de ocasión «se parezca cada vez más a lo que veíamos antes de la pandemia», con un protagonismo de los vehículos de hasta cinco años. Además valoró la subida del 2,7% en las ventas de vehículo de ocasión en el primer semestre, a nivel nacional, con 943.910 unidades. «Se puede decir que el mercado de ocasión recupera su velocidad de crucero en nuestro país», afirmó. En junio, sin embargo, las ventas en España se quedaron en 164.497 turismos y todoterrenos, lo que supone un descenso del 2,3%. Destacan los vehículos de más de diez años, que se desplomaron un 21,6% el pasado mes, en contraste con las ventas de los automóviles más recientes, que aumentaron un 15% en el caso de los que tenían entre 5 y 8 años, y un 12,9% los de entre 1 y 3. La portavoz de Ganvam, Tania Puche, destacó que una cuarta parte de las ventas están protagonizadas por los modelos de hasta cinco años, lo que representa un 2% más que el año pasado. 

Los cuatro puestos de inspectores que el Gobierno vasco anunció en febrero de este año para controlar el precio de los alimentos, en pleno auge de la inflación y cuando la cesta de la compra se disparó un 16,6% respecto al mismo mes del año pasado –la subida más alta de la serie histórica iniciada en 1994–, controlan ya una docena de operadores de la cadena de valor, desde distribuidoras y mayoristas a los propios productores. No obstante, el objetivo marcado ahora es «intensificar progresivamente» su labor. La decisión se adopta ante el encarecimiento mantenido en los precios de la alimentación y las bebidas no alcohólicas. En su último dato de mayo –el de este junio se comunicará la próxima semana– mostró una ralentización por tercer mes consecutivo. Con todo, pese a una bajada en el precio de la leche (-0,4%) y una moderación en la escalada de los huevos (0,3%), la subida se mantuvo en los dos dígitos, con un 12%. Entre tanto, el dato general de la inflación caía al 3,2%, empujada principalmente por el descenso de los carburantes. En este contexto, la medida creada para garantizar que se cumple la ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, prevé seguir redoblando esfuerzos el próximo año, cuando «el número de inspecciones se incrementará considerablemente», tal y como anunciaron en el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Allí también advirtieron que «a este plan de control ordinario» hay que añadir la vigilancia «complementaria» que se realiza «por indicios o derivadas de denuncias».

El IVA reducido de los alimentos no se mantendrá hasta final de año, pese a que así lo aprobó recientemente el Gobierno dentro de su plan de choque contra la guerra, sino que se acabará antes de tiempo, ya en noviembre. Así al menos lo considera la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ve factible que la inflación subyacente se sitúe por debajo del 5,5% el próximo mes de septiembre, por lo que se recuperaría el tipo impositivo habitual del IVA en los alimentos durante los dos últimos meses del año, tal y como se estableció en la letra pequeña del real decreto ley de finales de junio. El Gobierno estipuló que estas rebajas tributarias a alimentos permanecerán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre que la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. La Airef calcula que la prórroga del Gobierno de mantener las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad y del 10% al 5% en otros productos básicos impactará durante cuatro meses en el segundo semestre del año con un valor estimado en unos 520 millones, alcanzando unos 1.300 millones durante la totalidad del año 2023. Este organismo estima que el coste total de las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y la sequía será de un 1,1 % del PIB en 2023, dos décimas más respecto a lo previsto en sus anteriores proyecciones, por el efecto de la prórroga de medidas aprobadas.

"...¿Cómo se sitúa la economía española en la carrera por la competitividad de los 64 países analizados en el informe? La respuesta es que nos hallamos en la zona tibia, medianamente. Para comparar los datos que siguen con nuestra capacidad productiva, debemos recordar que España es la 15ª economía más grande del mundo, en términos de PIB. España se mantiene en 2022 en la posición 36 del ranking global –igual que en 2021– entre las 64 economías estudiadas y en el lugar 18 entre los 30 países europeos contenidos en el informe, con una puntuación de 67,2. En el segmento superior de la tabla –entre paréntesis las puntuaciones de 0 a 100– figuran Dinamarca (100), Irlanda (99,7), Suiza (99,1), con EE UU (91,1) y EAU (90,5) cerrando la clasificación de los primeros diez. La media mundial se instala en 70,2. A destacar que los lugares de cabeza están ocupados por tres economías pequeñas en las que sobresalen la fortaleza y la eficiencia de sus instituciones. Para IMD, cuatro son las columnas básicas de la competitividad: el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia empresarial y las infraestructuras. El primer lugar en cada una de ellas está ocupado por Irlanda, Suiza, Dinamarca y Suiza, respectivamente. Suiza repite liderazgo. La situación de España se pondera en función de distintos factores...Así, algunas de las posiciones desagregadas, siempre sobre el total de 64, son las siguientes: solidez de las economías domésticas (31), comercio internacional (13), inversión internacional (11), empleo (55), finanzas públicas (58), deuda pública (55), financiación de las pensiones (58), nivel de gasto público (54), fiscalidad (57), marco institucional (43), legislación sobre empresas (51), cotizaciones sociales (55), economía sumergida (50), regulación laboral (57), empleo (52), precios (30), resiliencia de la economía (53), desempleo juvenil ( 59), legislación de desempleo (60), mercado laboral (43), productividad y eficiencia (30), valores (48), infraestructuras básicas (25), infraestructura científica (25), salud y medio ambiente (21) y educación (23). Los peores resultados se obtienen en finanzas públicas, fiscalidad, empleo y legislación empresarial. A subrayar la negativa percepción del informe sobre la eficiencia gubernamental situándola en el lugar 51 de las 64 economías estudiadas..."

La banca duplica el coste de las hipotecas tras un año de continuas subidas de tipos por parte del BCE. Según los datos que proporciona el Banco de España sobre los intereses (entendido como la tasa anual equivalente, TAE) que ofrecen habitualmente las entidades al cliente medio, se refleja que en el primer trimestre de 2022 los bancos comercializaban préstamos hipotecarios con un tipo de interés que se movía en una horquilla de entre el 1% y el 2%, y un año después los precios han aumentado a un rango de entre el 3% y el 4%. En concreto, las hipotecas fijas se comercializaban a una TAE media del 1,7% en el primer trimestre de 2022. Aunque en ese momento el BCE todavía no había llevado a cabo ningún alza de tipos, el euríbor, que es el índice al que están referenciados la mayoría de créditos, ya empezaba a repuntar, anticipando el giro de política monetaria. Desde entonces, los precios de las hipotecas comenzaron a subir hasta situarse en una media del 3,88% TAE en el primer trimestre de este año (últimos datos disponibles por parte del supervisor español), ya con los tipos al 3,5%. Se trata de un aumento de 2,1 puntos porcentuales, lo que supone que los precios se han más que duplicado. Los bancos que más han encarecido los préstamos han sido el Sabadell, que ha pasado de aplicar una TAE media del 1,36% al 6,81% (+5,45 puntos porcentuales); BBVA, que pasa del 1% al 5,12% (+4,12 puntos porcentuales); y Abanca, que ha pasado de comercializar hipotecas a un tipo medio del 2,07% al 5,05%.

¿Cuántas viviendas vacías hay realmente en España? El último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado recientemente, parecía arrojar luz al respecto: más de 3,8 millones. Sin embargo, distintos analistas del sector creen que esta cifra es desproporcionada y no refleja la realidad inmobiliaria. En cambio, consideran que es posible que muchas de estas viviendas tenga un uso anómalo, como de alquiler turístico y de habitaciones, o que estén en un proceso de rehabilitación o disputa legal. En cualquier caso, para tener una valoración fiable, aseguran que sería necesario cruzar la información de distintos servicios y proveedores más allá del consumo eléctrico, que es la base censal del centro estadístico. Tanto Jaime Palomera, codirector del Instituto de Investigación Urbana (IDRA), centrado en estudios sobre la vivienda, como José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, recuerdan el caso de la capital catalana por ser paradigmático. En 2019, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda hizo un estudio de campo para conocer con exactitud cuántas casas vacías había en la ciudad y concluyeron que de los casi 104.000 inmuebles susceptibles a estar deshabitados, solo 10.000 realmente lo estaban. Esto es el 1,22%. Ambos expertos están convencidos de que este caso es extrapolable, al menos al resto de grandes ciudades españolas como Madrid, lo que no descarta que en algunos municipios de la España vaciada haya un alto porcentaje de casas sin ocupar. En una visión general, hay quienes piensan que de existir tanta vivienda desocupada, el mercado manejaría valores más bajos. Sin embargo, los precios no han parado de subir en lo que va de año. 

El nuevo reglamento del escudo antiopas, que permite al Gobierno bloquear la toma de inversores extranjeros en sectores estratégicos, también prevé sanciones para los inversores que se salten el blindaje. La norma (Real Decreto 571/2023, sobre inversiones exteriores) abre la puerta a una suspensión de los derechos políticos y económicos del inversor foráneo que burle esta normativa, así como la posibilidad de imponer multas de hasta el precio de la transacción. Desde la pandemia, en marzo de 2020, todo inversor extranjero que quiera tomar más de un 10% de una compañía considerada como estratégica en España debía obtener la autorización del Gobierno para realizar la transacción. Este blindaje se hizo permanente para los inversores de fuera de la UE y para los comunitarios, que solo aplica a las cotizadas, expira en 2025. La ejecución de esta normativa no estaba negro sobre blanco y aguardaba al desarrollo de un reglamento que lo aclarase. Este ha llegado en uno de los últimos Consejos de Ministros de la legislatura. Uno de los aspectos que aclara el texto –además de acortar el plazo a tres meses, puntualizar los sectores afectados y establecer excepciones, como con las renovables– es el régimen sancionador para quien trate de burlar el blindaje del Gobierno.

Las mujeres ocupan ya el 39,46% de los puestos de los consejos de administración de las empresas que componen el Ibex. Este porcentaje supone casi dos puntos más que al cierre de 2022 (37,56%) y se coloca a medio punto del objetivo de que el sexo menos representado, en este caso el femenino, ocupe cuatro de cada diez puestos en los consejos del principal órgano de administración. Este porcentaje supondría alcanzar la paridad prevista en la Directiva europea sobre equilibrio de género, que exigirá a las empresas cotizadas que, como fecha límite máxima en 2026, las mujeres estén en el 40% de los puestos de administrador no ejecutivo. Esta norma debe ser trasladada a la legislación española. El Consejo de Ministros dio luz verde en mayo a la Ley de representación paritaria, que debía iniciar su trámite parlamentario para su entrada en vigor. La disolución de las Cortes, ante la convocatoria de elecciones generales, ha aplazado de momento este trámite. En el proyecto original, la Ley obliga a las empresas a tener, como mínimo, un 40% de mujeres en sus consejos de administración y órganos directivos. La norma daba de plazo a las empresas que cotizan en Bolsa hasta el 1 de julio de 2024 para alcanzar ese porcentaje. Las no cotizadas de más de 250 empleados y un volumen de negocio anual superior a los 50 millones de euros tendrían de plazo hasta julio de 2026.

La esperanza de vida no deja de aumentar si se analiza su evolución en las últimas décadas. Cada vez vivimos más –aunque la incidencia del Covid haya supuesto un parón en estas cuentas– y esto supone múltiples consecuencias en ámbitos muy variados. El seguro tiene muy en cuenta esta evolución, ya que la proporción de centenarios aumenta constantemente, y cada vez son más las personas que celebran un siglo de vida. VidaCaixa, filial de CaixaBank, Santander Seguros, Mapfre y BBVA Seguros, igual que el resto de las aseguradoras de vida trabajan con proyecciones que sitúan la base de la pirámide de mortalidad en 120 años. Esto significa que “existe un determinado grupo de población que se prevé que alcance esta edad”, explican en una aseguradora. “Estos datos marcan el final de las tablas aprobadas por la Dirección General de Seguros y Pensiones, del Ministerio de Economía”, que sirven como referencia, añaden. Se trata de unas tablas que dibujan una curva en la que la tasa de mortalidad es inferior al 1 por mil, hasta los 46 años para las mujeres y hasta los 42 años para los hombres (ver gráfico adjunto). Y en cambio, aumenta progresivamente hasta el 1.000 por 1.000 desde los 118 años hasta los 120.

En su lucha contra la inflación, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se dispone a fijar los tipos más altos desde 2001. La duda es si provocará una recesión o si encontrará pista para un aterrizaje suave. El banco central de Estados Unidos subió los tipos cinco puntos, hasta el 5%-5,25% actual en 10 ascensos desde marzo de 2022 hasta mayo pasado. La lectura de las últimas actas del organismo refuerza la idea de que la Fed volverá a subir tipos el próximo día 26. En su lucha contra la inflación, Jerome Powell se dispone ahora a fijar los tipos más altos desde hace más de 22 años. La duda es si provocará una recesión o si encontrará pista para un aterrizaje suave. El banco central de Estados Unidos se tomó en junio un respiro en el endurecimiento de la política monetaria más agresivo desde la década de 1980. Ha subido los tipos cinco puntos, hasta el rango del 5%-5,25% actual en 10 ascensos consecutivos desde marzo de 2022 hasta mayo pasado. Varios de los miembros del comité de política monetaria de la Reserva ni siquiera eran partidarios de la pausa de la última reunión, según revelaron las actas. La lectura de ese documento ha reforzado la idea de que la Fed volverá a subir los tipos el próximo 26 de julio, a pesar de que la creación se frenó en junio se frenó algo más de lo esperado y de que el efecto base puede hacer caer la inflación a niveles inferiores al 4% este mismo miércoles.

Con la campaña electoral (oficial) recién estrenada, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y candidato de los populares a la presidencia del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, se verán esta noche las caras en un debate a dos, un formato poco habitual en las campañas electorales españolas, aunque con precedentes que forman ya parte de la historia de la política española. Feijóo llega al debate con las encuestas a favor y tras sellar múltiples pactos de gobierno con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas, como Valencia o Extremadura. Aunque el líder del PP insiste en que aspira a gobernar en solitario en la próxima legislatura, lo cierto es que, por el momento, ninguna encuesta le ha otorgado la mayoría absoluta que necesitaría para ello. Su futuro gobierno pasa, necesariamente, por una alianza con la ultraderecha y ese será, sin duda, uno de los flancos por los que atacará Sánchez. El candidato socialista, por su parte, se ha mostrado confiado en la remontada tras su gira mediática de los últimos días y ha reconocido abiertamente que, si gana las elecciones generales del 23 de julio y la aritmética parlamentaria le es favorable, formará su Ejecutivo junto a la plataforma Sumar que lidera Yolanda Díaz, un conglomerado de partidos de izquierda y de ultraizquierda que tampoco ha ocultado su intención de llegar a acuerdos con el PSOE. El debate tendrá lugar en Atresmedia, comenzará a las diez de la noche; durará 100 minutos, lo abrirá Sánchez y lo cerrará Feijóo, que dispondrá de lo que se conoce como el minuto de oro.