20230906

Movimiento de calado en una de las mayores y estratégicas compañías españolas, Telefónica, cuyo accionariado ha dado un vuelco total después de que la compañía de telecomunicaciones Saudí Telecom (STC Group), el principal operador de Arabia Saudí, anunciara a última hora de la tarde de ayer la adquisición de casi el 10% de las participaciones de la multinacional española. No solo es relevante el quién –STC–, un grupo indirectamente controlado por el reino saudí a través de diferentes fondos y participaciones, sino por qué ha alcanzado exactamente el 9,9% del capital de Telefónica por 2.100 millones de euros. Ese es el límite que permite la legislación española frente a la incursión de un inversor extranjero, ajeno a la UE. El grupo STC aclaró que no tienen intención de adquirir el control o una participación mayoritaria de Telefónica, cuyo presidente es José María Álvarez-Pallete. «Se trata de una gran oportunidad de inversión que nos permite utilizar nuestro sólido balance y mantener al mismo tiempo nuestra atractiva política de dividendos», apuntaron anoche en un comunicado. Esta adquisición representa «otro hito importante» en su estrategia de expansión y crecimiento, y refleja la confianza en el crecimiento sostenible y el potencial alcista de Telefónica. El movimiento se dio a conocer con la Bolsa ya cerrada y con los títulos de Telefónica a 3,75 euros. Pero las acciones que cotizan en Wall Street sí recogieron el movimiento al repuntar un 1%. Si la operadora saudí quisiera incrementar esa participación por encima del 10% en alguna empresa estratégica para España (entre las que se encuentra Telefónica), tendría que contar con la autorización del Gobierno para poder materializar ese movimiento. El Ejecutivo aprobó en plena pandemia el conocido como ‘escudo antiopas’, una ley que se impulsó a raíz del estallido del covid en 2020 para proteger a empresas estratégicas españolas ante posibles tentaciones de otras firmas extranjeras para tomar posiciones a precio de derribo durante el confinamiento y la posterior crisis.

El tren de la economía europea se frena e incluso empieza a dar marcha atrás. El pinchazo de sus dos grandes motores de impulso, la industria y los servicios, es cada vez más palpable y empuja a la economía del bloque del euro hacia el túnel de la contracción, umbral que podría haber cruzado ya, como anticipan los Índices de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés), uno de los principales termómetros del estado de salud de la actividad económica. Y lo que muestran sobre el rumbo del Viejo Continente, incluida España, no invita precisamente al optimismo. “La actividad total en la economía de la zona euro disminuyó en agosto al ritmo más rápido en casi tres años” (esto es, desde noviembre de 2020), advirtió ayer S&P Global tras constatar que el fuerte deterioro de la industria se ha terminado contagiando al sector servicios, que, pese a la fortaleza del turismo, sufrió en agosto su primera contracción desde diciembre de 2022. En concreto, el índice PMI de los servicios descendió hasta los 47,9 puntos frente a los 50,9 de julio, traspasando la frontera que separa la expansión económica (por encima de 50 puntos) de la contracción (por debajo de esa cota). El sector servicios se ve arrastrado así por el declive que la industria viene mostrando desde hace meses y lanza un jarro de agua fría sobre las expectativas de la zona euro, cuyo PIB logró esquivar la recesión técnica en el primer trimestre al mostrar un encefalograma plano y repuntó un 0,3% en el segundo, aunque –eso sí– con varios de sus estados miembros ya en contracción. En agosto, sin embargo, se produjo “la primera caída simultánea de la producción manufacturera y la actividad del sector servicios”, lo que ilustra la intensidad y rapidez del deterioro de la actividad, cuyo PMI compuesto se hundió hasta los 46,7 puntos en la zona euro el mes pasado frente a los 48,6 de julio. Un escenario que, según el informe de S&P Global, preludia un descenso del PIB europeo del 0,1% en el tercer trimestre, reflejo de una letal combinación de factores: la caída de los nuevos pedidos, que se hundieron “al ritmo más fuerte desde finales de 2020”; la pérdida de fuelle del empleo, con un crecimiento prácticamente estancado, y el empeoramiento de las perspectivas económicas de los empresarios para los próximos doce meses. Todo ello en el contexto de una demanda debilitada por la inflación y el encarecimiento de los costes financieros. 

El precio del petróleo ya dibujaba una curva ascendente desde finales de junio a golpe de recortes en los volúmenes de bombeo y exportación, pero probablemente no lo estaba haciendo a la velocidad que esperaban los principales países productores, que ayer decidieron darle un empujón a la cotización del crudo. Arabia Saudí y Rusia, dos de los mayores exportadores de petróleo del mundo, que vienen aplicando importantes recortes en su producción desde hace meses, tensaron ayer aún más la cuerda al anunciar que esa política restrictiva se prolongará en el tiempo. En concreto, Arabia Saudí mantendrá hasta finales de diciembre su reducción voluntaria de un millón de barriles de petróleo diarios, tijeretazo que comenzó a aplicar en julio y que, en principio, se iba a extender hasta este mes de septiembre. De este modo, su producción total durante los próximos meses rondará los 9 millones de barriles al día, precisó la agencia de noticias oficial saudí SPA. Rusia, por su parte, sobre la que pesa un veto a su petróleo por parte de la Unión Europea, también ampliará hasta final de año el haircut de 300.000 barriles diarios en su suministro a los mercados mundiales. Arabia Saudí, líder de facto de la OPEP+, volvió a esgrimir ayer el mismo argumento utilizado en los últimos meses para justificar sus recortes en medio de un incipiente déficit de suministro por el aumento de la demanda derivado de la fuerte reactivación de los viajes aéreos y el aumento del consumo de crudo en China. 

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, confirmó ayer que el Gobierno vasco volverá a revisar al alza sus previsiones de crecimiento de la economía vasca para este año, que el pasado mes de julio ya elevó al 1,6%, y consideró que para 2024 el crecimiento puede estar «en torno al 2%». Azpiazu recordó anoche en una entrevista en Radio Bilbao que el próximo día 19 el Eustat publicará los datos del PIB y del empleo vascos del segundo trimestre de este año que, según dijo, «nos van a permitir, junto con otros indicadores, hacer una revisión seguramente favorable a la alza de la previsión de crecimiento para 2023». No obstante, apuntó que, «últimamente, sobre todo en el entorno europeo, están apareciendo datos bastante negativos y hay problemas bastante importantes desde el punto de vista económico. No sabemos qué va a pasar con el Banco Central Europeo, porque a la inflación le cuesta bajar más de lo que pensaban y, por lo tanto, es posible también que se tomen medidas de subida de tipos de interés que puede también frenar más aún la economía», advirtió. Por ello, dijo que hay motivos para «estar más atentos que preocupados». Sin embargo aseguró que el Gobierno vasco no va a revisar las previsiones «en término negativo», sino que para este año se van a «revisar al alza, aunque sea poco».

El Ejecutivo foral que integran PNV y PSE debe afrontar en minoría la reforma profunda del sistema asistencial tras el covid, facilitar inversiones fundamentales como la anunciada por Mercedes y el polo de automoción que va a generar, además de liderar la difícil transición energética con decenas de proyectos previstos en el territorio. El diputado general, que arranca su tercer mandato consecutivo, se ha propuesto también acabar con el desempleo. En Álava, resaltó González, «estamos cada vez más cerca de conseguir pleno empleo», con niveles actuales de paro de «en torno al 7%» y «tenemos que trabajar para generar empleo pero tenemos que centrarnos en el de calidad, mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores». Impulsar la economía con grandes proyectos –además del centro de Mercedes, la llegada del TAV o el crecimiento de Foronda– será uno de los ejes de su acción política. Iniciativas para las que será vital el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Vitoria que está en elaboración. La Diputación cargó contra el Consistorio por la escasez de suelo industrial a través de sus alegaciones al proceso. González, en un tono mucho más diplomático, enmarcó esas «aportaciones en positivo» en el «pleno ánimo de colaborar para lograr el mejor documento». «Liderar las políticas sociales, a la par que los países más desarrollados de Europa» es otra de las pretensiones en las que puso énfasis el máximo dirigente foral. «Queremos atender a más personas y hacerlo mejor». 

El Gobierno vasco ha dado luz verde a una convocatoria de subvenciones que repartirá 781.711 euros entre asociaciones empresariales y organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos que irán orientados a mejorar la cualificación de su personal en los ámbitos propios de su actividad. Las subvenciones se distribuirán entre las dos categorías de entidades beneficiarias, destinándose el 60% a las organizaciones sindicales y el 40% restante a las empresariales.

La conocida como Plataforma de Agraviados de Geroa, que reclama que los socios puedan cobrar siempre sus prestaciones acumuladas en la EPSV de empleo de una sola vez y no en forma de renta (como señalan los estatutos de la organización para capitales atesorados superiores a los 45.000), promete un «septiembre negro» repleto de movilizaciones y protestas. «Estamos hartos de los incumplimientos que hemos visto en muchos ámbitos y actores en este asunto y vamos a forzar la marcha», señala Jose Mari Lazkano, portavoz del colectivo. «Vamos a ser unos borrokalaris para intentar que todo esto esté resuelto antes del 31 de diciembre, que vamos ya para cinco años de lucha», remacha. El mensaje llegaba apenas unas horas después de que la plataforma celebrara una nueva y sonora concentración de protesta ante la sede de Geroa, al igual que en los últimos martes. Ese recrudecimiento de las protestas tiene hoy un n uevo capítulo en el marco de las Euskal Jaiak de Ordizia, localidad a la que llegará una manifestación que saldrá de Beasain y que, según sus promotores, se iniciará a las once de la mañana. «No vamos a permitir que nos den más largas, estamos cansados de reclamar lo que es nuestro dinero y creo que a veces nos toman por tontos», asegura el portavoz de la Plataforma, quien hace un llamamiento al Gobierno Vasco para que «ejerza un papel de mediador en todo este asunto». «Ese papel ha de hacerse antes del 30 de septiembre», añade Lazkano, que carga también contra las centrales sindicales, en especial contra LAB, «que nos ha dicho claramente que no nos va a ayudar». «Se han lavado las manos como Poncio Pilatos», lamenta, para reclamar «unos sindicatos más valientes en Euskadi». ELA, LAB, CC OO y UGT controlan al 50% Geroa, cuyos órganos de gobierno completan los representantes de Adegi. Una organización empresarial que señala que «no será un obstáculo» a un cambio en los estatutos si la mayoría sindical así lo solicita.

LAB pretende aprovechar la nueva coyuntura política que se ha abierto en el Estado, «donde el independentismo es decisivo», remarca, para «avanzar en el marco vasco de relaciones laborales y protección social, de modo que se pongan límites a la estatalización de los convenios y blinde la negociación colectiva en Euskadi». Así lo puso de relieve ayer la coordinadora del sindicato, Garbiñe Aranburu, durante la presentación de los retos para este nuevo curso. Aranburu abogó por no dejar pasar esa oportunidad e hizo también referencia a la proximidad de las elecciones autonómicas en Euskadi. Al respecto, señaló que los comicios municipales y forales han dejado en evidencia que los trabajadores «tienen voz y voto y por lo tanto capacidad para castigar a quienes hacen política a favor de la patronal y reforzar a quienes sitúan las reivindicaciones de los trabajadores en la agenda política». LAB plantea además para este curso activar luchas sindicales tanto en sectores como en empresas desde un «nuevo sindicalismos que llegue a todos los trabajadores, desde una vertiente feminista y dando nuevos pasos en el sindicalismo antirracista». La dirigente de LAB indicó que hoy trasladarán sus peticiones a la vice- lehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, en la ronda de reuniones que ésta mantendrá con los sindicatos y la patronal vasca Confebask. Aranburu denunció además que desde Lehendakaritza se han posicionado «siempre a favor de la patronal», y de cara a las elecciones autonómicas señaló que los trabajadores «no solo tienen voz, sino también voto». 

ELA ha anunciado este martes su intención de convocar próximamente la mesa de negociación del convenio del Comercio del Metal de Gipuzkoa tras quince años "sin renovarse", ha informado este sindicato. ELA sostiene, en un comunicado, que ahora "urge" renovar este convenio "para lograr una distribución de la riqueza generada por los trabajadores del sector y mejorar así sus condiciones laborales".  La central ha avanzado que sus objetivos en esta negociación serán la "actualización salarial tras años de pérdidas", la consecución de "garantías de protección frente a las reformas laborales" y "adecuar el resto de condiciones laborales a las necesidades actuales, asumiendo derechos y eliminando la precariedad". Con este fin, ELA se pondrá en contacto con otros sindicatos para abrir "cuanto antes" la mesa de negociación y conseguir renovar el convenio que lleva "congelado" quince años.

El juzgado de lo mercantil que instruyó el procedimiento concursal del astillero La Naval de Sestao ha dado por cerrado todo el proceso. Carpeta definitivamente cerrada para una quiebra que se gestó durante años, estalló a finales de 2017 y se salda con un agujero de 122 millones de euros. Esa es la cantidad que los acreedores –las empresas y profesionales autónomos que eran proveedores del astillero– no cobrarán jamás. Un total de 344 acreedores que se vieron atrapados en el concurso apenas han recuperado el 21,5% del importe de sus facturas. El procedimiento legal ha durado seis años, desde que a finales de 2017 los responsables de la gestión de la empresa decidieron solicitar el concurso ante las dificultades de tesorería que tenía el astillero. La banca ya no estaba dispuesta a financiar con más crédito una actividad que se había revelado ruinosa, pese a la existencia de una amplia cartera de pedidos. Los últimos barcos construidos en el astillero se habían contratado por debajo del coste real de producción y en el momento de paralizarse las actividades había tres buques en proceso de construcción y uno más en fase de diseño. Tras no pocos esfuerzos por encontrar inversores que se hiciesen cargo de La Naval para continuar con la actividad de construcción de barcos, esa opción fue desechada. Un recurso judicial presentado por los sindicatos contra el ERE de extinción de los contratos laborales generó tal inseguridad jurídica que nadie se atrevió a pujar para adquirir la empresa. Ante esa coyuntura el juzgado decidió iniciar una liquidación por partes, con los terrenos como principal activo. 

Reinauguración, en la Gran Vía bilbaína, de la sede central de SLP (Servicios Logísticos Portuarios), empresa estibadora y consignataria. El 31 de enero de 1996 se fundó SLP (Servicios Logísticos Portuarios), empresa estibadora, consignataria y agente de línea regular. Una de las compañías que se dedican a hacer todas aquellas actividades que se desarrollan en el puerto de Bilbao, desde carga y descarga de barcos, arenas, cereales, chatarras, tubos, material eólico y todo tipo de productos industriales, y al almacenamiento de mercancías. Para ello cuentan con 143 metros cuadrados de espacio en el puerto bilbaíno, donde están instaladas unas oficinas y siete pabellones que les sirven para tener la maquinaria necesaria para realizar el trabajo cotidiano y para almacenar y distribuir la mercancía. Durante el primer semestre de 2023 han manipulado 1.268.000 toneladas y han consignado 126 buques, cifras que mejoran de manera notable las conseguidas en años anteriores. SLP, cuya presidenta es María Luisa Guibert Ucín –también es presidenta de Algeposa–, tuvo su primera oficina en el edificio Jado. Su sede central, que desde hace casi un cuarto de siglo se encuentra en la Gran Vía de Bilbao, a unos metros de la Plaza Moyúa, se reinauguró en la mañana de ayer. Un local de 500 metros cuadrados, donde trabajan 16 personas, que ha sido reformado de manera integral. Se trata de un centro moderno, que cumple todos los parámetros de eficiencia energética que se requieren en la actualidad, En la reinauguración estuvieron Antonio Campoy, consejero delegado de Noatum Holdings; Manu Pérez Riveras, director general de SLP, hombre dinámico y resolutivo; Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao; y Carolina Pérez Toledo, presidenta de Cebek.

El Gobierno marca terreno en el rescate de Celsa. El Ministerio de Industria ha aclarado que la operación de conversión de deuda en capital, por la que los acreedores de la siderúrgica se harán con su control, requiere la petición de autorización por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo tiene la potestad de autorizar o rechazar la toma de más de un 10% de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros. Al tratarse Celsa de una compañía no cotizada, esta petición de autorización solo aplica a los inversores de fuera de la UE que tomen más del 10% del capital. Los acreedores no tienen claro si la norma les permite eludir este trámite. Se citaron a una cumbre ayer en la que plantear la hoja de ruta hasta que la decisión del juez se haga efectiva. Fuentes próximas confirman que han mantenido intensas negociaciones con los fondos durante los últimos meses precisamente para intentar allanar la autorización gubernamental. Entre las alternativas que han manejado está incorporar a un socio español de pedigrí que blinde la españolidad de la compañía o que los inversores no comunitarios cedan parte de su deuda a los europeos, de modo que se queden con menos del 10% y puedan burlar así el escudo antiopas.

Bayer suelta lastre en España. El grupo ha iniciado conversaciones con la representación legal de sus trabajadores para iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 135 posiciones de su división farmacéutica, informó ayer la compañía. Esta medida, que afectará a casi el 6% del total de la plantilla en España integrada por más de 2.400 profesionales, “es consecuencia de la situación del mercado en el país, marcada por las dificultades de acceso a nuevos fármacos, y de la madurez de algunas de las marcas clave de la compañía”, declaró la multinacional. Ante este contexto, Bayer decidió enfocar su acción de promoción comercial en los nuevos lanzamientos con potencial de crecimiento, reduciendo así esfuerzos en productos que se encuentran en la fase final de su ciclo de vida. Asimismo, la empresa busca ajustar sus estructuras y modificar el modelo organizativo de promoción comercial y de soporte de diversas unidades de negocio. Esto permitirá a la farmacéutica “seguir avanzando hacia una organización altamente innovadora y competitiva, que responda de manera ágil y eficaz a las necesidades de los pacientes y clientes”, señaló. Además, Bayer aseguró que mantiene su compromiso con todos los agentes del ecosistema de salud para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario.

La nueva Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) nacerá con una estructura y una dirección completamente dependiente del Gobierno, y más en concreto del Ministerio de Asuntos Económicos, que tendrá total potestad para nombrar a su director y a la mayoría de miembros del Consejo Rector, el otro órgano de gobierno de la entidad. Para nombrar al director, el único requisito será que tenga «la titulación, la experiencia y las aptitudes, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial, necesarias para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus poderes», una definición vaga que deja manos libres al Ejecutivo. Esto, por ejemplo, contrasta con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), una entidad a la que se esperaba que se equiparase, en la que para nombrar a su cúpula es necesaria una convocatoria pública que, posteriormente, evalúa un comité de selección con figuras independientes, Esta terna luego se refrenda por mayoría absoluta en la Comisión de Justicia del Congreso. Además, en el caso de la incipiente Aesia, la presidencia, y con ella atribuciones como un voto de calidad en los órganos colegiados, la representación institucional o la capacidad de firmar convenios u otro tipo de acuerdos con entidades externas, recae directamente en la titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, en el momento actual. Por su parte, el Consejo Rector estará formado por presidente y director de la agencia, cuatro representantes del Ministerio de Asuntos Económicos, uno de Hacienda, otro del Ministerio de Industria y una persona experta que represente al ecosistema a propuesta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial y la Comisión Permanente de Digitalización de la Economía, la Administración y la Ciudadanía.

La subida de precios en el actual entorno inflacionista ha obligado a muchas familias a recomponer sus finanzas del día a día para hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra, la factura del gas o la cuota hipotecaria. Sin embargo, en la temporada estival y al no disponer de ahorro suficiente muchos hogares han preferido endeudarse antes que seguir ajustándose el cinturón, optando por contratar crédito fácil y rápido como último recurso para pagar las vacaciones y hacer frente a la cuesta de septiembre con la vuelta al cole más cara de la historia. Las estadísticas del Banco de España reflejan cómo las familias han vuelto a recurrir con fuerza a productos como las tarjetas ‘revolving’, que tantos quebraderos de cabeza judiciales han dado en los últimos años por unos intereses considerados en muchos casos abusivos. En concreto, el uso de este tipo de medio de pago se ha incrementado más de un 2% en lo que va de año, hasta rozar los 11.700 millones de euros. Se trata de niveles máximos desde diciembre de 2019, antes del estallido de la pandemia. Y también supera los 11.395 millones que este tipo de préstamos suponían en febrero de 2020, justo antes de la sentencia del Tribunal Supremo que calificó de usurarios los intereses ‘revolving’ que fuesen «notablemente superiores al interés normal del dinero». Es cierto que las entidades han ido moderando el tipo aplicado desde entonces y tras una larga batalla judicial que, a día de hoy, sigue vigente para muchos afectados por la enorme bola de deuda que en ocasiones genera su uso. Pero los intereses medios se mantienen por encima del 18%, máximos del año y subiendo desde principios de ejercicio, según el Banco de España.

Hay partido, aunque será muy embarrado. Carles Puigdemont podía haber optado por la vía más dura, pero evitó dinamitar todos los puentes, abrió juego y esperará acontecimientos, como la Diada de este lunes, que se espera bastante ‘caliente’ porque hay sectores del independentismo que no quieren ni oír hablar de sentarse con el «Estado opresor». Ya ocurrió aquel 2017, cuando la presión popular provocó que a Puigdemont le temblase la mano en el último minuto. Ahora, tras llevar mucho tiempo sumido en el más absoluto ostracismo, vuelve a marcar la agenda. «España tiene un dilema de resolución compleja: o repite elecciones o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre (el referéndum ilegal de independencia de 2017) y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos», advirtió. El expresidente de la Generalitat fijó ayer sus líneas rojas para sentarse a negociar la investidura del actual presidente del Gobierno, si bien se dirigió tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo. En una conferencia desde un hotel en Bruselas, muy cerca de donde compareció por primera vez hace seis años, tras huir en octubre de 2017 poco después de declarar la independencia, el líder de Junts exigió el «abandono completo y efectivo» de la vía judicial contra el independentismo a través de una ley de amnistía inminente, que abarque desde el 9-N de 2014 al 1-O de 2017. También el «reconocimiento y el respeto» a la «legitimidad democrática del independentismo» (por ejemplo, la reunión que tuvo el lunes con Yolanda Díaz) y la creación de un mecanismo de mediación y de verificación que aporte las garantía del cumplimiento de los acuerdos. Todo ello, ojo, como paso previo para empezar a negociar la investidura.

Felipe González no comparte en absoluto la senda elegida por Pedro Sánchez para lograr su investidura. Cree que es nociva para el país y quiere que se sepa. Un día después de que el jefe del Ejecutivo en funciones prometiera «audacia» para «pasar página» del procés y de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se desplazara hasta Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont como si fuera «el rey Midas», el expresidente socialista alertó ayer de que las bases de la convivencia están en «riesgo» y expresó su preocupación: «La erosión del pacto constitucional va avanzando». González dejó claro en una entrevista en Onda Cero que ni la autodeterminación ni la amnistía, que tanto Junts como ERC han puesto sobre la mesa como condiciones para hacer a Sánchez presidente, caben en la Constitución ni deberían ser moneda de cambio. El exdirigente socialista aseguró, además, que él también es partidario de dejar atrás el procés, pero insistió en que la fórmula para lograrlo no puede pasar ni por poner en peligro la integridad territorial de España ni por aceptar que el español es un Estado represor. «La democracia – añadió– se basa en el respeto a las minorías pero partiendo de la base de que las minorías respetan a la mayoría. Si lo que se te dice es ‘por los siete votos que te hacen falta te voy a cobrar como si fueran 70’, la mayoría no está siendo respetada. Este no es un buen camino». 

El objetivo de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 puede convertirse en una misión imposible. Así lo refleja un estudio publicado en la revista científica The Lancet, el cual afirma que las 11 grandes economías que han conseguido aumentar su PIB sin emitir más dióxido de carbono tardarán, de seguir al ritmo actual, más de 200 años en reducir a cero sus emisiones. La investigación, realizada por Jefim Vogel, del Instituto de Investigación sobre Sostenibilidad de la Universidad de Leeds (Reino Unido), y Jason Hickel, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, es clara: el crecimiento económico supone un obstáculo que ralentiza significativamente el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Acuerdo de París. Solo 11 de los 33 países más desarrollados analizados lograron un desacoplamiento absoluto entre 2013 y 2019 al disminuir sus emisiones de CO2 y aumentar su PIB nacional. Se trata de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Sin embargo, y pese al esfuerzo que han realizado, ninguno logró reducciones de emisiones que sean lo suficientemente rápidas como para tener un 50% de posibilidades de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Los científicos advierten de que el crecimiento solo puede ser verde si se quiere conseguir una reducción lo más rápida posible de las emisiones para cumplir con los compromisos rubricados en el Acuerdo de París. Las diferencias entre las reducciones registradas y las necesarias son abismales.