20230918

Hace ocho años, en el peor momento de la crisis económica, la tasa de paro juvenil en Euskadi rozaba el 30%. Hoy en día, se sitúa por debajo de la mitad. El año pasado cerró con una tasa del 15% y en el segundo trimestre de este año se situaba en el 12,3%. Desde 2015, el desempleo entre las personas de 16 a 29 años no ha dejado de descender, a excepción del año de la pandemia, cuando tuvo un repunte y alcanzó en 23,9%. “Lo primero que debe subrayarse es que desde el tercer trimestre de 2020, cuando la pandemia y el confinamiento elevaron el dato del paro juvenil al 23,9%, hasta el segundo trimestre de 2023, el paro entre personas jóvenes, entre 16 y 29 años, se ha reducido en 11,6 puntos. Son doce trimestres de descenso ininterrumpido. Si echamos la vista atrás unos años más, cabe reseñar que en 2014 y 2015 esta tasa de paro juvenil alcanzó el 29 y el 29,5%, respectivamente. Desde entonces, el desempleo juvenil no ha dejado de reducirse”, resumió hace unas semanas Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno vasco. El dato contrasta con la situación en el Estado, con una tasa de desempleo que llega al 27,4% y le coloca en el primero puesto a nivel europeo. En contraste, si se realiza una comparativa de comunidades autónomas, Euskadi se coloca en el último puesto en paro juvenil. Sin embargo, según el Gobierno vasco, la cifra actual no es suficiente y se ha fijado como objetivo bajar la tasa del paro por debajo del 10%. Y para alcanzar esa cifra, Lanbide cuenta con cuatro programas dirigidos a la población más joven. Y mientras el paro juvenil baja, el gran reto que se dibuja en el horizonte y que más preocupa a las empresas es el envejecimiento demográfico. De hecho, se observa ya una escasez de mano de obra sin precedentes a nivel europeo. Y Euskadi no escapa a esa realidad.

Las empresas de Gipuzkoa están preocupadas por la falta de nuevo suelo industrial para posibles expansiones y por la «falta de agilidad en los trámites administrativos» de las instituciones a la hora de llevar a cabo obras de ampliación o adecuación de sus instalaciones por necesidades de mercado. Tanto la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, Adegi, como la sociedad para la promoción industrial Sprilur, dependiente del Gobierno Vasco, coinciden en el diagnóstico de esta doble carencia que, a su juicio, lastra el crecimiento, la expansión y el dinamismo de las empresas del territorio. En sus periódicos encuentros con las compañías industriales y económicas de Gipuzkoa, Adegi ha detectado que un porcentaje «importante» de ellas refiere esta «variable» y constan «bastantes casos» de firmas que se han topado con dificultades para expandirse, cambiar de ubicación o, incluso, adecuar parte de sus actuales instalaciones para, simplemente, poder mover maquinaria o productos que demandan clientes. Desde Sprilur, su director gerente, Txaber Ouro, coincide con el diagnóstico de la patronal guipuzcoana, aunque matiza que «no hemos perdido proyectos ni se han ido empresas por esa ausencia de espacio», y destaca los esfuerzos de la agencia dependiente del Gobierno Vasco de promoción de suelo industrial para encontrar nuevas parcelas, sea a través del impulso de nuevas zonas o de la regeneración de suelos que han acogido otras actividades o en desuso, a través de la descontaminación o su adecuación si están en zonas próximas a ríos, por ejemplo. No obstante, Ouro no quiere poner paños calientes y advierte de que si esto continúa así, «sí que se pueden perder proyectos o empresas». Tanto la Sprilur como Adegi precisan, en todo caso, que tampoco se puede hablar de un «problema grave» pero desde la asociación empresarial guipuzcoana sí señalan que la situación genera «inquietud» y dificulta el crecimiento y dinamismo de sus empresas.

Un total de 36 compañías vascas instalarán a partir de mañana y durante seis días su expositor en la EMO Hannover para mostrar sus productos más avanzados. José Pérez Berdud, presidente de AFM Cluster, reflexiona sobre esta feria y sus consecuencias para la máquina herramienta vasca. "En primer lugar, se trata de un lugar donde a lo largo de seis días se concentra lo más avanzado de la oferta mundial en máquina herramienta y tecnologías de fabricación, lo que atrae a un gran número de clientes buscando soluciones. En segundo lugar, la gran capacidad que tiene de arrastrar usuarios de todo el mundo. Más de la mitad de los 120.000 visitantes que acudirán son de fuera de Alemania, lo que hace que la exposición de los productos que se presentan es altísima y en distintos mercados. Si nos centramos en Alemania, además, el hecho de que sea en Hannover nos coloca en el punto de mira de unos de los principales mercados para nuestros productos.... Quizás nuestra singularidad, aunque no aplica a todas las empresas, es que en general fabricamos máquinas de alto rendimiento y precisión para aplicaciones y piezas de gran tamaño, complejidad y valor añadido...Venimos de meses que, aunque crecientes en dificultades y muy demandantes, han dado buenos resultados en ventas. Es cierto sin embargo que el panorama está cambiando, y la demanda se está ralentizando al compás de la economía mundial. Los tipos de interés complican la financiación de las ventas y la situación internacional tampoco ayuda...La realidad es que todos estos meses venimos notando la ralentización, en especial en algunos entornos geográficos importantes para nosotros como Alemania. En todo caso, nos hemos manejado en este contexto, y todavía continuamos con una captación razonable y una interesante carga de trabajo para los próximos meses.."

El grupo Stellantis tenía una carta guardada sobre su futuro en España y ésta tiene forma de gigafactoría. Tras el sinsabor del primer Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en el que sus proyectos sólo recibieron 68 millones en ayudas, la compañía lo ha vuelto a intentar en la segunda convocatoria con dos iniciativas, entre las que destaca la puesta en marcha de una gigafactoría de baterías en su planta de Figueruelas (Zaragoza). El consejero delegado de la empresa, Carlos Tavares, deslizó el pasado mes de abril que estaba estudiando instalar en la península Ibérica una gigafactoría. Tras meses de especulaciones sobre si sería en Vigo, en Mangualde (Portugal), en Figueruelas o en otra localización, la empresa presentó a la línea de las baterías del Perte VEC 2 un proyecto de gigafactoría en su centro de Zaragoza. La compañía, que no quiso hacer comentarios, aspira a recibir alrededor de 200 millones en ayudas para este proyecto en el marco del Perte VEC 2. La gigafactoría, dada la capacidad industrial de Stellantis en España, ya que es el primer fabricante nacional, es previsible que sea la de mayor tamaño en el territorio español, superando los 40 gigavatios (ampliables a 60) de la de VW en Sagunto (Valencia). Esta capacidad supondrá una fuerte inversión por parte de la compañía, que podría superar los 3.000 millones. La puesta en marcha de esta gigafactoría, además de a la recepción de esos 200 millones en la primera línea del segundo Perte VEC, también está supeditada a la adjudicación a las factorías de Figueruelas y a Vigo de la plataforma STLA Small para la próxima generación de vehículos eléctricos de la compañía.

La discusión sobre la evolución a corto plazo de la economía española vuelve a estar en el centro de las opiniones de los expertos. El Banco de España publicará el próximo día 19 su previsión sobre cómo se ha comportado la economía en el tercer trimestre y el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer la primera revisión sobre lo ocurrido en el segundo trimestre del año. Además, revisará las estadísticas anteriores a la luz de una mayor información real, por lo que se puede producir un avance sobre el PIB más importante del que se podría intuir anteriormente. “El tercer trimestre está ya hecho”, señalaban hace unos días fuentes cercanas al Banco de España al hablar sobre qué esperan de la evolución de la economía, añadiendo que, “en relación con la marcha del PIB, seguían sirviendo sustancialmente las previsiones que se hicieron públicas en junio” y que apuntaban a un crecimiento económico del 2,3% (después de haberlo subido en siete décimas sobre la previsión anterior de marzo), del 2,2% en 2024 y del 2,1% el año siguiente. Donde es muy probable que modifiquen la previsión es en la inflación, haciéndolo al alza, debido sobre todo a la reciente evolución de los precios de la energía. Mantienen, no obstante, que la subyacente seguirá su marcha descendente en los próximos meses. “En todo caso”, terminaban, “esta revisión será ligera”. De confirmarse, esta previsión del Banco de España sobre la evolución del PIB se situará entre medias de lo que sigue manteniendo el Gobierno (que no ha querido revisar su cálculo inicial del 2,1%, a pesar de que siempre afirma que el resto de los analistas e instituciones apuntan a un aumento mayor que el suyo) y entidades como BBVA y otros institutos privados, que la colocan en el 2,4%. Las diferencias entre unos y otros apenas son económicamente significativas. Tanto la desaceleración en la creación de empleo de los últimos meses como la mayor inflación registrada no parecen estar influyendo de manera negativa en el corto plazo. 

Aunque está lejos de los halcones del Banco Central Europeo, el economista Mário Centeno (Olhão, Portugal, 55 años) asume solidariamente la subida de tipos decidida el jueves en Fráncfort. Considera más injusta la inflación que la receta amarga que se le aplica. Gobernador del Banco de Portugal desde 2020, cree que la protección del empleo, en máximos históricos, debe ser un objetivo de todas las políticas, también la monetaria, para evitar una estanflación en Europa. "Hay que bajar la inflación y garantizar que los mecanismos económicos están por la tarea. No podemos desviarnos de este camino porque la inflación es más regresiva e injusta socialmente que las medidas que utilizamos para combatirla, que a menudo son duras y dañan la economía. El problema es que la inflación también lo hace...Desde la segunda mitad de 2022 estamos básicamente estancados. Eso quiere decir que la transmisión de la política monetaria se siente con fuerza, como se ve en la caída de préstamos. En los próximos trimestres se percibirá aún más ese impacto. La clave para seguir bajando la inflación y resistiendo a la subida de tipos es el mercado laboral, que está en máximos históricos. Desde el segundo trimestre de 2020 hemos creado casi 10 millones de empleos y casi la mitad están ocupados por personas que trabajan en un país distinto al de origen. Es casi una obligación de todas las políticas, también la monetaria, proteger este nuevo statu quo que nos aparta del estigma de la estanflación. Nos falta el desempleo para llegar a ella...La zona euro es una economía que no crece con un mercado laboral que bate máximos históricos positivos. Estas dos realidades no parecen muy compatibles. En algún momento algo va a ceder y hay que estar preparado. Nos recuperamos de la covid más rápidamente de lo que pensábamos y de repente nos estancamos debido a otros shocks .La economía paró, ahora tenemos que encontrar las fuentes de crecimiento en las razones estructurales de Europa, sea la educación o la productividad..."

"La subida de tipos es una decisión discutible y en el caso español, reprobable...El BCE no está ciego. Es perfectamente consciente de la incidencia de su política monetaria contractiva sobre la actividad económica, aunque gradualmente se esté logrando una contención de los precios. Pero, regresando al encabezamiento, está aplicando de forma no unánime sino mayoritaria, tras un acalorado debate y con la discrecionalidad y subjetivismo que le confieren sus estatutos y el acervo comunitario, el principio o la estrategia del mal menor. Cuando es forzoso escoger entre dos cosas que representan un determinado peligro se debe elegir aquella menos mala. De rebajarse los tipos de interés, el impulso sobre la economía real, en estos momentos visiblemente afectado, sería positivo y a la larga notable. Pero ello a costa de un elemento altamente distorsionador del sistema, socialmente reprobable, y autogenerador de más trastornos en el tiempo, que se considera un mal superior a la ralentización temporal del sistema productivo. Es obvio que esta decisión es discutible y en algunos entornos, como es el caso de la economía española, con una inflación general del 4,8%, la mitad del 7,5% de la media de la Eurozona, reprobable. Y es asimismo discutible porque, como el propio BCE reconoce, la persistencia de la inflación se debe más a los precios de la energía que a un exceso de demanda agregada, que no existe. Mientras tanto la financiación se encarece para los propios bancos, los tipos crediticios para los préstamos comerciales y el euríbor de las hipotecas continuarán aumentando...De proseguir esta tendencia y rebajándose gradualmente las tasas inflacionarias, como es previsible, los tipos reales (tipos oficiales menos tasa de inflación) pueden entrar en zona positiva, suceso que en la historia de la Eurozona ha precedido en ocasiones a la recesión..."

Giro de 180 grados en la política tributaria de buena parte de las comunidades autónomas. Las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo ya se vislumbraban antes de su celebración como una cita clave para el devenir de la política fiscal en España. En plena batalla ideológica entre el bloque de izquierdas liderado por el PSOE –desde el Gobierno central y entonces todavía a los mandos de la mayor parte de las autonomías–, por un lado, y el bloque de derechas encabezado por el PP con los ejecutivos de varias comunidades, por otro, ya desde 2022 se había planteado el escenario de dos modelos impositivos totalmente opuestos. El máximo paradigma de esta disputa política fue la creación por parte del Gobierno central del impuesto a las grandes fortunas con el objetivo de armonizar el Impuesto sobre Patrimonio mediante la anulación de las bonificaciones aplicadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La creación de dicho tributo fue el contraataque del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante los anuncios de rebaja fiscal de las comunidades gobernadas por el PP el pasado año, en un contexto marcado ya por el clima preelectoral de los comicios de mayo de 2023, que llevaron también a varias comunidades presididas por el PSOE a entrar en la carrera de bajadas impositivas. Ahora, una vez celebradas ya las elecciones autonómicas y conformados con mayor o menor dificultad los gobiernos en cada uno de los territorios, ha llegado la segunda parte de la batalla. El cambio del rojo PSOE por el azul PP en buena parte de las comunidades autónomas tras la cita electoral de mayo ha traído consigo una cascada de anuncios de rebajas fiscales en la que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha sido el principal denominador común. Cuatro comunidades autónomas –Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y La Rioja– ya han aprobado o al menos iniciado los trámites para bonificar plenamente o casi en su totalidad este tributo. 

El nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda el pasado enero, parece ir viento en popa en términos de recaudación. Según los últimos datos difundidos por la Agencia Tributaria, el gravamen logró ingresar hasta el mes de julio 345,5 millones de euros en toda España, una cantidad que se aproxima, a falta de cinco meses, a los casi 500 millones que el Gobierno esperaba obtener en un principio en el conjunto de todo el ejercicio. Las cifras, explican fuentes tributarias, son por ello positivas, aunque detrás de ellas se esconde un trabajo invisible de la Dirección General de Tributos y del departamento que responde a las consultas de los contribuyentes. La Secretaría General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior y sobre el Medio Ambiente, dependiente del organismo, lleva meses respondiendo a un aluvión de dudas por parte de todo tipo de obligados tributarios, desde grandes compañías a pequeñas y medianas empresas que tienen dudas a la hora de calcular la base del impuesto, sobre cuándo corresponden ciertas devoluciones o sobre qué productos forman parte del ámbito objetivo del tributo. El impuesto, explican las mismas fuentes, es complejo en su diseño, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Por ello, “no es de extrañar que esté generando tantísimas dudas en multitud de empresas, principalmente aquellas pequeñas y medianas”. A grandes rasgos, la figura grava con una tasa de 0,45 euros el kilo de plástico utilizado para fabricar envases de un solo uso. Sin embargo, hay un sinfín de matices en cuanto a los sujetos afectados o las exenciones, que los obligados tributarios elevan en forma de consulta.

La libertad horaria de Madrid ha convertido sus calles en un escaparate a gran escala. A día de hoy, es la comunidad con más densidad comercial de todo el país, con 527 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Supera en un 40% la media nacional, cuya proporción es de 375 metros cuadrados, según datos publicados por Savills en su último informe del sector retail en España. La estadística analiza solo las grandes superficies y no los pequeños comercios, lo que se traduce en que la capital está repleta de plazas, hipermercados y grandes centros comerciales. Madrid tiene tantas grandes superficies que duplica a Cataluña, el segundo pilar económico del país. Esta enorme diferencia se debe a la política comercial que impera en cada territorio. “La regulación en materia de horarios comerciales que se puso en marcha entre 2012 y 2014 ha tenido un desarrollo desigual. Contrasta la plena liberalización en Madrid con la limitación a 10 domingos y festivos de apertura en la gran mayoría de las comunidades”, detalla Marcos Gutiérrez, secretario institucional de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Otro factor que explica el auge de los grandes establecimientos es la laxitud para conceder las licencias. Alicia Corrales Miñambres, directora de análisis del sector retail para Savills, señala que “Madrid es mucho más permisiva que otras comunidades en la concesión de permisos para comercios que superan los 5.000 metros cuadrados”. Esto ha dado como resultado que en los últimos 10 años la región central haya inaugurado 17 centros y parques, mientras que País Vasco solo 2.

Los más de 2,8 millones de trabajadores a tiempo parcial que hay en España tienen ya los mismos derechos que los empleados que están contratados a tiempo completo de cara al periodo de cómputo para calcular su jubilación. Y a partir del próximo mes de octubre, este método que les beneficia se extiende a otras pensiones contributivas. Así, aunque coticen apenas una hora, la Seguridad Social se la contabilizará como un día entero. No es una cuestión baladí, puesto que se requiere tener como mínimo 15 años cotizados para acceder a una pensión de jubilación contributiva, más generosas que las no contributivas, y antes, por ejemplo, este colectivo necesitaba trabajar 30 años en lugar de 15 si estaban a media jornada. Además, se exige haber cotizado 37 años y 9 meses para alcanzar el 100% de la pensión y, asimismo, cuantos más años se acumulen, mejor será la paga que consigan cuando abandonen el mercado laboral. Pese a que esta forma de cálculo de la jubilación se aplica para los empleados a tiempo parcial desde el verano de 2019, a raíz de varias sentencias judiciales, la ley no lo ha recogido hasta ahora, cuando se modificó la redacción en la última reforma de las pensiones aprobada el pasado 16 de marzo. Es más, entrará en vigor oficialmente a partir del próximo 1 de octubre gracias al cambio del artículo 247, que además establece como novedad que cada día de alta con un contrato a tiempo parcial se considera día cotizado, «cualquiera que sea la duración de la jornada realizada», a efectos de acreditar no solo los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, sino también para las de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor.

Aunque así estaba recogido en la reforma de las pensiones, los becarios finalmente no comenzarán a cotizar de forma obligatoria a la Seguridad Social a partir de este mes de octubre. El Gobierno sucumbió a las presiones de universidades y empresas y retrasó hasta enero de 2024 el pago de las cuotas de todos los alumnos que realicen prácticas, sean remuneradas o no. Estas cotizaciones, no obstante, estarán bonificadas entre un 95% y un 97%, con lo que las cuotas a pagar por los empresarios serán inferiores a los 10 euros al mes por becario. Sin embargo, a cambio de esta cesión a la patronal, el Gobierno trató de contentar a los sindicatos al ampliar de dos a cinco años los convenios especiales para poder computar como cotizados períodos de prácticas realizadas con anterioridad. Esto significa que todas las personas que hayan sido becarios en algún momento de su vida y que no se le haya reconocido este periodo de cara a su vida laboral podrán rescatar hasta cinco años de cotización. Ya en 2011 se generó este derecho de recuperar dos años de cotización para las personas con una beca remunerada y, desde 2021, se extendió a todas las prácticas. Ahora, además, se amplía a cinco años e incluso para quienes ya hayan rescatado dos, pueden llegar a cotizar por siete años, lo que puede ser muy beneficioso para sus pensiones de jubilación y facilitarles retirarse antes. Para ello, tendrán que suscribir un convenio especial por el que pagarán una cuota bastante más reducida que la mínima y, además, se les permitirá abonarla en un periodo más largo. 

Este año, el PIB alemán se contraerá, como poco, un 0,3%, según la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero podría hacerlo hasta un 0,7% de acuerdo con las cuentas del Instituto de Investigación Handelsblatt. Otras instituciones también ven venir la recesión, aunque sitúan la caída entre esos dos valores. Por ejemplo, el Bundesbank ve al PIB teutón cayendo 0,5% este año, mientras que el Instituto IfO –otro centro de estudios económicos– plantea una contracción del 0,4%. A la vuelta de las vacaciones de verano y tras reunirse con su Gobierno de coalición, Olaf Scholz lanzaba un plan de ahorro fiscal valorado en 32.000 millones de euros desde 2024 a 2028. Éste llegará de la mano de una ley de nombre elocuente: «ley de posibilidades de crecimiento». Pero esa ley no lo es todo. También hay una iniciativa para reducir la burocracia que está en manos del Ministerio de Justicia. Si esa es la receta para salir de la crisis, Scholz quiere ahora que se acelere en cocinar el plato anti-recesión que prepara el Ejecutivo germano. Con lo que Scholz defiende como Plan Alemania, el canciller ha pasado a apremiar a las administraciones del Estado, también a nivel regional y local, para que apliquen las reformas del Ejecutivo. «Invito a todas las fuerzas a nivel federal, estatal y local a unirse a un Pacto Alemania que hará que nuestro país sea más rápido, más moderno y más seguro. Los ciudadanos están cansados del estancamiento. Y yo también. Abordemos las tareas juntos», defendió Scholz en el Bundestag. Lo que el canciller le pide concretamente al país es, sobre todo, «más velocidad». Para ello, según Scholz, «hay que acabar con la maraña burocrática» que tiene atenazado al país, especialmente sectores como el de la construcción. Por eso quiere ver el jefe del Gobierno alemán la posibilidad de que se puedan hacer «solicitudes de construcción digital» en los 16 estados federados del país, que se ponga «fin a a las montañas de expedientes para levantar una antena de telefonía móvil» o la supresión de «algunos requisitos para obtener permisos».

Argentina acabará este año con una inflación cercana al 170%, según las estimaciones llevadas a cabo por los analistas a los que todos los meses consulta el banco central del país. Esta proyección eleva en 28,6 puntos porcentuales el pronóstico anterior. Son cifras que no se registraban en Argentina desde la etapa de hiperinflación que los argentinos sufrieron entre 1989 y 1990. El alza de precios que se registrará este año prácticamente duplicará a la del año pasado. El mes pasado los precios subieron un 12,4 %. Los economistas argentinos atribuyen este salto a la brusca devaluación del 22 % que sufrió el peso el pasado 14 de agosto, un día después de las elecciones primarias en el país; comicios en los que se impuso el ultraderechista Javier Miley. La súbita devaluación en el tipo de cambio oficial –que el Gobierno achacó a una exigencia impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI)– se tradujo de inmediato en un alza del precio del dólar en las cotizaciones paralelas que siguen muchos eslabones de la economía para fijar precios en todo tipo de bienes y servicios. El aumento de precios del mes pasado fue, de hecho, el mayor desde febrero de 1991 (27 %), dos meses antes de que Argentina adoptase el régimen de convertibilidad entre el peso y el dólar estadounidense tras la hiperinflación de 1989-1990.

El Estado de California ha demandado a cinco de las mayores compañías de petróleo y gas del mundo ExxonMobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips, BP y a su grupo comercial, el Instituto Americano del Petróleo, a los que acusa de participar en una campaña de décadas contra el cambio climático y engañar a la sociedad sobre los riesgos asociados a los combustibles fósiles. El fiscal general del Estado, Rob Bonta, ha presentado la demanda ante el Tribunal Superior del Condado de San Francisco alegando que estas compañías sabían desde al menos la década de 1950 que la quema de combustibles fósiles calentaría el planeta y que, en lugar de advertir sobre los peligros de esta actividad para el medio ambiente, optaron por restarle importancia o directamente negar sus efectos. Según la denuncia, las autoridades estatales se han visto obligadas a desembolsar decenas de miles de millones de dólares para hacer frente a los riesgos y daños que provocan los combustibles fósiles en el medio ambiente. La demanda recoge que los acusados han dañado los recursos naturales y la propiedad estatal y violado la ley de California al engañar a sus residentes con publicidad falsa y un engañoso marketing medioambiental. Estados y ciudades, como Rhode Island, Baltimore y Honolulu, han presentado quejas similares contra las petroleras.

Según un estudio liderado por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) en el que ha participado un experto de la Universidad del País Vasco y se ha publicado en la revista ‘The Cryosphere’, la superficie del glaciar del Aneto ha disminuido un 64,7% en cuatro décadas, entre 1981 y 2022, pasando de 1,36 kilómetros cuadrados a solo 0,48. Si en el pasado se extendía casi desde el mencionado paso de Mahoma hasta el Portillón Superior, su presencia se ha ido reduciendo a marchas forzadas hasta quedar reducido al espacio entre los collados de Coronas y Maldito. Más datos atestiguan este declinar. Su espesor se ha reducido de los 32,9 metros que tenía en el inicio del periodo estudiado a los 11,9 medidos el año pasado. Algunas zonas, de hecho, no tienen más que dos metros de grosor y esa fragilidad podría hacer que desaparecieran en los próximos veranos, de continuar esta tendencia de incremento de temperatura. «Las tasas de adelgazamiento del glaciar, que estaban en torno a un metro por año, se han triplicado en el último año de estudio (entre 2021 y 2022), lo cual demuestra la afección de un año bastante seco y, sobre todo, extremadamente cálido como lo fue 2022, sobre la fusión de la nieve y el hielo en el glaciar del Aneto», explica el guipuzcoano Eñaut Izagirre Estibaritz, profesor del departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV. Los glaciares de montaña son fieles indicadores de los efectos del cambio climático porque su evolución depende del equilibrio entre la acumulación de nieve durante el período frío y la fusión de hielo y nieve durante la estación más cálida. Una mirada al resto de los existentes en la cordillera pirenaica tampoco invita a la esperanza. Todo lo contrario. Demuestra que lo que ha sucedido con el Aneto es la tónica general. Y es que de los más de cien glaciares que había en 1850 en los Pirineos, se pasó a solo 39 en 1984, quedaban 21 en 2020 y únicamente 18 en 2022. En otras palabras, en los últimos 172 años se ha perdido el 92% del área glaciar. Y la tendencia es que siga yendo a menos.

Hace casi dos meses de las generales del 23-J y el país está a ocho días de la sesión de investidura en la que Alberto Núñez Feijóo pedirá, baldíamente salvo campanazo, la confianza del Congreso. Pero si alguien no avisado se hubiera asomado a este domingo otoñal, con mítines del líder del PP y de Pedro Sánchez en Santiago de Compostela y en el municipio coruñés de Oroso, habría pensado que España inauguraba una nueva campaña electoral. Una hipótesis nada descartable ante la imposibilidad de Feijóo de forjar la mayoría que necesita para alzarse con la presidencia y la envergadura de las condiciones –para empezar, la ley de amnistía– esgrimidas por Carles Puigdemont para la reelección de Sánchez, con amenaza de reincidir en el ‘procés’ como gran escollo jurídico y político de las negociaciones. Ayer, a ambos candidatos les separaban apenas 21 kilómetros físicos pero un abismo estratégico. Sánchez camina sobre un finísimo alambre para intentar retener la Moncloa; y tanto él como su entorno en el Gobierno y en el PSOE emiten señales ambiguas ante el blindaje de los contactos con Junts, con la constatación de que la negativa de Puigdemont a renegar del ‘procés’ constituye la piedra en el zapato para exonerar a los encausados por la intentona separatista de 2017. En la Fiesta de la Rosa del PSdeG, que congregó este domingo a 3.000 militantes en Oroso, según el recuento de los socialistas, Sánchez desplegó pedagogía de partido ante los suyos dada la contestación que está suscitando el eventual borrón y cuenta nueva. Lo hizo por la vía de referirse indirectamente a la polémica y revestirla como el enésimo intento del PP y Vox de impedir la continuidad del «Gobierno progresista». Un Ejecutivo que el secretario general del PSOE volvió a dar por hecho –«¡Claro que lo va a haber!»– y no para una legislatura de circunstancias, sino ambicionando que dure los próximos cuatro años.