20230924

La transición de la economía vasca hacia los servicios y el sector público se ha acentuado más aún tras la pandemia. Así, desde el confinamiento, cinco de cada diez nuevos contratos creados en Euskadi han sido en el entorno de la administración. En agosto, los trabajadores del Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos o cualquiera de los entes autónomos como Osakidetza, Educación, EiTB o empresas públicas ascienden a 155.712. Son un 11,2% más que los 140.084 contabilizados en el mismo mes antes de la pandemia, en 2019. El incremento es muy superior al cosechado por el sector privado. Las empresas en Euskadi solamente han subido sus contratados un 1,8%, pasando de 816.480 afiliados en agosto de 2019 a 830.785 el mes pasado. Es el dato más bajo de España. Madrid es la comunidad con mayor expansión, un 9,3%, y la media nacional se sitúa en un 6,2%. Si bien es cierto que en Euskadi, con una tasa de paro en el entorno del 8% –la más baja desde la crisis inmobiliaria de 2008–, también pesa el envejecimiento de la población, además del crecimiento en la función pública. Y es que hay 18.200 jubilados vascos más que antes de la pandemia (un aumento del 5%), hasta alcanzar la cifra 380.759. Más allá de la titularidad del dinero de quién paga la nómina, el análisis por sectores evidencia el peso de Educación, Sanidad y la administración. Estos tres han copado el 60% de los nuevos contratos. La herida sanitaria se hace notar y, con 8.144 empleados más, es el área de la salud la que más gente ha contratado. Le sigue educación, con 6.704 personas. La función pública, en todas sus escalas administrativas, ha aumentado su personal en 4.000 casos. Por otra parte, destaca también el crecimiento de los empleados de nuevas tecnologías, con 3.495 contrataciones, un 15,1% de incremento. En el lado opuesto está la industria, especialmente el ámbito manufacturero, que desde la explosión del covid ha reducido sus empleados en 2.995 personas. Le sigue el comercio, con 2.848 afiliados menos y los bancos y aseguradoras, con un ajuste de 1.042. El balance es que de los nuevos trabajadores que hay en Euskadi desde la pandemia, 15.628, lo son en el sector público, frente a los 14.305 del sector privado. En la actualidad, el mercado laboral vasco arroja una foto en la que el peso del empleo sustentado por la administración alcanza el 15,78% de todos los contratos, por encima de la media nacional que marca un 14,17%, y en sexto lugar entre las comunidades autónomas.

Antón Arriola Presidente de Kutxabank asegura que si el banco ha sobrevivido a la crisis del sector «es porque se ha mantenido lejos de la influencia política». Hace algo menos de un año asumió la presidencia de Kutxabank y desde el primer momento ya deslizó la intención de hacer cambios. Los ha hecho en el equipo directivo y los quiere hacer en el negocio, porque aunque la estrategia del pasado estaba justificada para defender la solvencia de la entidad, ahora necesita un nuevo rumbo. Antón Arriola quiere que Kutxabank –advierte que «sin hacer locuras»– asuma más riesgos, en especial en la financiación de empresas; busca el crecimiento porque es la mejor defensa y reitera su convicción de que el banco está mejor alejado de la Bolsa. Retener la propiedad es, apunta, la mejor forma de garantizar que el centro de decisión no se deslocaliza como ha sucedido con otras grandes empresas vascas. También ha cambiado el talante. En apenas un año, él y el nuevo consejero delegado ya han protagonizado cuatro veces más comparecencias públicas que sus antecesores en ocho años. Algo ha cambiado. "Cada banco tiene su propia elucubración pero la remuneración del ahorro es una situación simple de mercado, de demanda y oferta. Solo se remuneran los depósitos cuando hay necesidad de liquidez y no la había. Ha habido mucha transferencia a fondos de corto plazo que cubrían las necesidades de los clientes... El control es esencial para evitar la deslocalización del centro de decisión, que puede llevar a la desaparición de un tractor de nuestra economía. Incluso a la desaparición de opciones para que nuestros jóvenes puedan aspirar a trabajos bien remunerados. La mejor manera de garantizar eso es tener la mayoría de las acciones..."

Antón Arriola Boneta (Durango, 1967), presidente de Kutxabank, reconoce que unos tipos de interés tan altos dan alas al beneficio de la entidad pero al tiempo dinamitan la actividad inmobiliaria y complican la inversión de las empresas, lo que le preocupa. El ejecutivo se ha conjurado para hacer crecer al banco de las cajas vascas, e invita a las fundaciones bancarias a invertir en sus territorios con mayor ahínco. Arriola reconoce que en Gipuzkoa se ha extendido una sensación de ‘bilbainización’ de la entidad contra la que ya está trabajando. "Las operaciones corporativas se pueden dar cuando uno de los jugadores esté mal, y ahora todo el mundo está fuerte. Aún así, estamos ojo avizor. En cualquier caso, para nosotros es fundamental mantener el control y el centro de decisión en el País Vasco. Eso es limitante, pero es una línea roja...Hemos estado muy centrados en las hipotecas, con un 70% de la cartera de préstamos, la mayor del sistema, y ahora estamos viendo una caída muy significativa en ese segmento, del 20%, por los tipos. Hay que apostar más por empresas como creadoras de riqueza que son. Seguros y banca privada son otros segmentos a trabajar...Ha sido una década muy difícil, en la que la mayoría de las cajas ha desaparecido, con una crisis financiera y económica y con tipos de interés cero durante años. El banco optó por generar plusvalías y por no meterse en problemas. Por eso hemos sido más tímidos en empresas y en consumo. En Euskadi la cuota hipotecaria supera con creces el 30% y la de empresas es menos de la mitad, pero no hemos dejado de atenderles...–¿Qué le parecen los nuevos fondos de inversión de capital vasco para invertir en Euskadi?–Es muy positivo, y tenemos relación estrecha con ellos. Hemos hablado de hacer cosas juntos. También tenemos una participación histórica en Talde. Eso sí, nos gustaría verles aunar esfuerzos, dado su tamaño. No puede haber territorialidades. Kutxabank va a intentar apoyar esa conjunción. El Clúster Financiero que promueve el Gobierno Vasco va por ahí. Si un día ITP se vende y queremos dejar aquí el centro de decisión será bueno tener engrasado ese diálogo..."

Continuación de la entrevista con Anton Arriola. "Pese a que la participación en empresas se ha de reducir a lo largo de los últimos años, la cartera de participaciones aún supone 1.800 millones de euros. La parte más importante es nuestra participación en Iberdrola. Esto no quiere decir que no haya inversiones en empresas, aunque con otras fórmulas, de forma indirecta a través de nuestro papel en Ekarpen, por ejemplo. Ahí acabamos de entrar en Haizea Wind, por ejemplo...– ¿Reitera la idea de que esas participaciones que están en manos de Kutxabank ya no están en venta? Me refiero no solo a Iberdrola sino a Petronor, Ingeteam o CAF.– Son estratégicas. No hay de momento interés en desprendernos de esas acciones. Al contrario, queremos apoyar a esas compañías en su expansión y también influir para que en el caso de que se produzcan procesos de concentración el centro de decisión siga aquí... Resulta difícil compensar el papel que jugó la banca industrial y que se ha perdido por razones regulatorias, porque era el principal motor. Pero tengo una visión optimista porque hay un sector emergente de fondos, ‘family offices’ muy importantes, con una intención clara de destinar una parte sustancial de su capital a inversiones aquí. También el Gobierno vasco está en la misma línea...Quizá lo que le falta es aunar esfuerzos para financiar proyectos grandes o retener el centro de decisión de algunas empresas. La idea del Gobierno de crear un clúster financiero va por ahí". 

Álava reanuda 18 años después la carrera por la transición energética. Tras llevar desde 2005 sin levantar ningún parque eólico en el territorio histórico, ahora está obligada a acelerar el paso para cumplir con las exigencias medioambientales por las que debe multiplicar por siete la potencia de origen renovable antes de 2030. Le queda mucho recorrido por delante y eso que desde la pandemia ha existido un ‘boom’ de iniciativas eólicas en la provincia. Un ‘goteo’ incesante. Muchos se limitaron a simples anuncios, dos no superaron la tramitación medioambiental (Arkamo e Iturrieta), ocho siguen con su tramitación administrativa y hay sólo uno que ya tiene fecha clara de inicio de la obra. En Labraza, en el municipio de Oion, se prevé que el próximo año arranquen los trabajos para erigir ocho molinos con una potencia total de 40 megavatios, que servirán para cubrir la demanda de alrededor de 28.500 hogares. Al proyecto sólo le queda pendiente el plan urbanístico que está en fase de información pública, un trámite sencillo después de haber salvado las exigencias medioambientales y los múltiples escollos burocráticos que se le han presentado en los últimos cuatro años. Ya no existe «vuelta atrás» en el impulso de energía ‘green’ en Euskadi. «Instalar aerogeneradores en el mar o en nuestros montes no es agradable. A nadie le gusta que se coloquen cerca de donde uno vive, pero es hora de tomar pasos claros y decididos», defendía esta misma semana el lehendakari Iñigo Urkullu. Y es que Oion no será el único parque en el larguísimo recorrido que le queda por delante a la provincia para cumplir con las exigencias de la Ley de cambio climático, por la que en 2030 debe haber una tasa de penetración de las renovables del 42% en el consumo final, cuando ahora apenas ronda el 7%. Y menos aún cuando desde 2005 no se ha levantado ningún molino en el territorio histórico. Los más recientes fueron en la Sierra de Badaia, mientras que en la vecina comunidad de Castilla y León no han parado de desarrollarse parques en las últimas décadas.

Las ayudas puestas en marcha por el Gobierno español para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania están llegando a su fin. Según adelantaba ayer el diario El País, el Ejecutivo de Sánchez va a comunicar a Bruselas que suprimirá el paquete de medidas aprobadas con este objetivo y que incluye la reducción de impuestos en la factura de la luz, el fortalecimiento del bono social térmico y eléctrico, la disminución del IVA en el gas y en los alimentos básicos, los cheques destinados a los hogares vulnerables y las ayudas sectoriales –agricultores, ganaderos y pescadores–. El descuento de 20 céntimos en los carburantes ya llegó a su fin el pasado 1 de enero, mientras que el Gobierno baraja mantener la bajada del IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros y la gratuidad de los trenes de Cercanías. Todo lo demás deberá decaer el 31 de diciembre de este año. Fuentes del Ejecutivo en funciones confirmaron al diario que, a día de hoy, no se prevén cambios de calendario y que ese es el plazo marcado en el Programa de Estabilidad que se envió a Bruselas en primavera. Ante la preocupación por el impacto que el fin de las ayudas pueda tener en los bolsillos de la ciudadanía, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, pidió ayer “prudencia” y destacó que esta es una decisión que deberá tomar el próximo gobierno. “Esta es una de las tareas pendientes para el próximo gobierno de coalición progresista”, apuntó. El Banco de España ha calculado que los precios energéticos podrían dispararse un 25% interanual en primavera, por una parte por los efectos base, pero por otra por el encarecimiento del petróleo y por la retirada de las medidas energéticas.

"...Hasta la llegada del verano nuestra trayectoria era de un crecimiento anual cercano al 2%, contrastando con el escuálido 0,4% de la eurozona. La clave parece estar en el comportamiento del consumo: en el último año y medio, los hogares españoles han incrementado su consumo un 6%, frente al 1,3% de la media europea (en términos reales, es decir, descontando la inflación). Aún no disponemos de datos completos para esclarecer totalmente este fenómeno. Sin embargo, todo apunta a que nuestros hogares han ido tirando del ahorro para sostener el gasto, a diferencia de la cautela de los países vecinos. A la luz de las revisiones, resulta que ahorramos bastante menos que antes de la pandemia: se estima provisionalmente que la tasa de ahorro ha disminuido al menos en dos puntos porcentuales en relación a 2019, una tendencia inversa a la media europea. Más recientemente, los salarios han recuperado una pequeña parte de la capacidad de compra perdida desde el inicio del brote inflacionario. Este plus se ha unido al sólido crecimiento del empleo durante la primera parte del año (frente al riesgo de no encontrar personal durante la temporada turística, las empresas anticiparon la contratación), impulsando el consumo en el primer semestre. Por otra parte, tanto los hogares como las empresas han intentado inmunizarse ante los sucesivos ajustes del precio del dinero, amortizando préstamos contraídos a tipo variable y reduciendo su demanda de crédito. En el último año, el volumen de financiación a empresas se ha reducido en nada menos que 30.500 millones de euros, y en el caso de los hogares el descenso se eleva a 17.200 millones...La inversión, el componente más reactivo a los cambios de expectativas, también ha capeado el ciclo monetario mejor de lo esperado. El tirón proviene principalmente del segmento de la construcción, donde se percibe el estímulo de los fondos europeos, en particular los que se destinan a la mejora de la eficiencia energética. La inversión en equipamiento y capacidad productiva, sin embargo, exhibe más volatilidad sin que se aprecie el impacto de los fondos...El panorama se complica con vistas a los próximos meses. Se agota la capacidad de seguir sosteniendo la demanda con el ahorro y a la vez recortar los pasivos..."

Los más de nueve millones de pensionistas que hay en España pueden respirar tranquilos: sus nóminas subirán sin lugar a dudas ya desde enero incluso aunque siga sin haber oficialmente Gobierno o no se aprueben unos Presupuestos para el próximo año. No ocurrirá lo mismo, sin embargo, con el salario mínimo, que se mantendrá congelado mientras no se forme un nuevo Ejecutivo. Incluso es más que probable que, en plena crisis de precios, los trabajadores más vulnerables del mercado laboral, los que menos ganan, vean retrasado cualquier incremento en sus ingresos durante varios meses, a la espera de poder negociar esta medida con los sindicatos y la patronal. También está en el aire la subida salarial de los funcionarios en enero, pese a haber un pacto con los sindicatos que recoge un alza del 2% para 2024. Los más de tres millones de empleados públicos tendrán que esperar a ver si el Gobierno en funciones decide aprobar el incremento acordado o, por el contrario, retrasa su aplicación hasta operar con toda normalidad y a que vean la luz unas nuevas cuentas. Las pensiones, sin embargo, están blindadas ya por ley, pase lo que pase, tanto en la política como en la economía, gracias a la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá, que vinculó su revalorización a la inflación para garantizar el poder adquisitivo de los mayores. Desde 2022, por tanto, la subida de las más de diez millones de prestaciones públicas no es objeto de discusión y se elevan automáticamente en enero con el dato de la inflación media que se haya registrado de diciembre del año anterior a noviembre.

Enagás, la empresa gestora del sistema gasista, va a analizar durante dos meses si producir, transportar y vender hidrógeno verde —a partir de energía renovable— es un negocio sólido. La compañía solicitará en una consulta no vinculante dirigida a productores, comercializadores y consumidores de hidrógeno, proyectos concretos para comprobar si encajan en la red de 3.800 kilómetros de transporte que presentó en enero. Algo así como certificar que la piscina tiene agua antes de la zambullida y que hay encaje entre una oferta que está en mantillas y una demanda desconocida. La compañía, con la gestora BlackRock, Pontegadea (Amancio Ortega) y el Estado (a través de la SEPI ) como grandes accionistas, se juega un sueño: mantener el tipo en un mercado donde su fuente de beneficios —el gas natural— pierde fuelle por su carácter contaminante, y asegurar su papel de vigilante del sistema (TSO, Transmission System Operator) con cuatro interconexiones en la península Ibérica y Europa orientadas a convertir a España en el gran centro (hub) del hidrógeno verde en el continente. El objetivo es desplegar 3.800 kilómetros en tubos en dos ramales. Uno, valorado en 1.650 millones, corresponde al eje de Cantabria, Ebro y Levante; el otro ramal, de 2.275 millones, conectará por la Ruta de la Plata los polos andaluces del hidrógeno con Puertollano y Galicia. Hay otros 580 millones para un almacenamiento en el Cantábrico y 590 millones para otro en el País Vasco. Importe total del sueño: 5.100 millones. Todo vinculado y bajo el paraguas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento (ERHA), aprobado por el Gobierno en 2021; un plan para asignar más de 6.900 millones de euros en fondos públicos a proyectos innovadores de energía verde y para movilizar cerca de 9.500 millones del sector privado.

Mientras China entra en una lógica etapa de desaceleración económica, acentuada en el terreno geopolítico por la creciente rivalidad con Occidente, India pacta con países de todas las ideologías y comienza a materializar la eterna promesa de convertirse en una superpotencia. «No se puede hablar de la emergencia de India sino de su resurgimiento. Porque es una civilización milenaria que ha sido clave en el desarrollo de la Humanidad, tanto en el plano político, en el que puso en marcha la democracia antes que los griegos, como en el económico y social. De hecho, el primer contacto que los británicos tuvieron con el imperio mogol fue desde una posición de inferioridad», puntualiza Rubén Campos, coordinador de Proyectos del Club de Madrid, que aglutina a más de un centenar de exjefes de Estado. India quiere recuperar el prominente lugar que ocupó durante siglos y que, como sucedió también con China, Occidente ha obviado en un relato histórico lastrado por su visión eurocentrista del mundo. «La industrialización provocó un vuelco en la economía global y el declive de India, pero ahora juega sus bazas de nuevo y despunta en el mundo digital para sustentar su nuevo auge», comenta Campos. Y el Gobierno quiere que esta resurrección se refleje incluso en su denominación oficial, razón por la que el primer ministro, Narendra Modi, ha propuesto dejar de utilizar India para sustituirlo por Bharat, el nombre en sánscrito. Pero, aunque está lejos de protagonizar un milagro económico como el chino, India sí que cuenta con algunas ventajas claras sobre el gigante vecino. La más relevante es su sistema político: si China es la principal dictadura del planeta y bandera del bloque político heredero de la Unión Soviética, India es la mayor democracia del mundo y un gigante que lidera el movimiento de Países No Alineados. «Nunca va a intentar ser una potencia dominante como China», comenta Campos. Eso le permite jugar todas las bazas: compra armamento ruso –por valor de 13.000 millones de dólares en los últimos cinco años– y se hace con el gas que Putin no logra vender a Occidente mientras negocia con Estados Unidos tratados de cooperación militar y nuclear; pertenece al selecto club de los principales estados emergentes –los BRICS– y a la Organización para la Cooperación de Shanghái –liderada por China–, sin renunciar a un puesto en la Alianza Quad –junto a la superpotencia americana, Australia y Japón–; y es capaz de organizar una de las reuniones más exitosas del G-20, y que Joe Biden se codee con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Los trabajadores de la industria del automóvil de EE UU dan la batalla por agarrarse a la clase media. La huelga en 37 instalaciones del sector es para ellos un momento histórico. El conflicto marcará una época por sus repercusiones laborales, industriales y políticas. Los trabajadores siguen el llamamiento del líder del sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, que a las 10 de la mañana se ha dirigido a ellos por Facebook y YouTube para pedirles que se unan a una huelga histórica, la primera que golpea a la vez a los Tres Grandes de Detroit (GM, Ford y Stellantis). La movilización empezó la semana pasada con la paralización de una planta de GM en Wentzville (Misuri), que fabrica el GMC Canyon y el Colorado; otra de Ford en Wayne (Michigan), que monta el modelo Bronco y la camioneta Ranger, y una tercera de Jeep, de Stellantis, en Toledo (Ohio), de donde salen los Gladiator y Wrangler. La huelga se llama Levántate (Stand Up), un eco histórico de las huelgas Siéntate (Sit Down )de hace casi un siglo, en plena Gran Depresión. Arrancaron el 28 de diciembre de 1936 en una planta de carrocerías de Flint (Michigan) de GM —por entonces la mayor empresa del mundo— por el despido de dos hermanos. Los trabajadores abandonaron la cadena de producción y se sentaron en la fábrica. Tras 44 días de tensión y algunas batallas campales, GM concedió una subida de sueldos del 5%, permitió a los trabajadores hablar de cuestiones sindicales en el comedor, reconoció su derecho a sindicarse y admitió a la UAW como interlocutor. Tras ese éxito, el sindicato pasó de 30.000 a 500.000 afiliados en un año, extendiéndose por todo el sector. 

Birmingham está en bancarrota oficial con su gestión financiera. La gran urbe inglesa es ahora controlada por agentes externos seleccionados por el Gobierno de Rishi Sunak y sin capacidad rutinaria de sus cargos electos para aprobar nuevas partidas de gastos. El margen de actuación de la segunda ciudad del Reino Unido, con fama de ser la autoridad municipal unitaria más grande de Europa, ha quedado reducido a mantener el flujo de inversión en los servicios esenciales regulados por ley, como asistencia de mayores, escuelas públicas, vivienda social o recogida de basuras. La alarma saltó el 5 de septiembre, cuando el departamento financiero del consistorio activó el mecanismo de «quiebra técnica», lo cual dio paso días después a la intervención del Ejecutivo central. El concejo, de mayoría laborista, debe ahora consensuar con los administradores designados un plan de recuperación que «implicará opciones duras» en la prestación de servicios y venta de activos municipales, y «desembocará en una organización más pequeña», según la moción que se presentará a debate en el pleno de este lunes. El Ayuntamiento afronta un déficit de unos 100 millones de euros en los presupuestos del año fiscal, que podría dispararse a 190 millones en el ejercicio 2024-25. Entre los detonantes puntuales de la hecatombe se mencionan problemas con la renovación del sistema informático y los exitosos, pero costosos, Juegos de la Commonwealth celebrados en 2022. De mayor peso y urgencia es el vencimiento del pago de unos 900 millones de euros en indemnizaciones a empleadas municipales como resultado de una demanda por discriminación salarial que se arrastra desde hace una década, cuando la ciudad estaba controlada por una coalición de conservadores y liberal-demócratas. «No es tarea del Gobierno rescatar a un Ayuntamiento de su mala gestión financiera», declaró Sunak. «El consistorio –añadió– «necesita mejorar la forma en que hace su contabilidad y ofrecer a los residentes servicios de buena calidad». Los laboristas recuerdan que los ingresos de Birmingham cayeron un 17% en la primera década de gobiernos liderados por los conservadores hasta 2020, obligando a concejales y técnicos a practicar tijeretazos por un valor global en torno a 840 millones de euros. Es la séptima autoridad municipal que se declara en bancarrota oficial desde 2020 –incluida Croydon, que activó el mecanismo en dos ocasiones desde entonces– y nadie espera que sea la última.