20230927

No hay prisa, más bien todo lo contrario. Ni el calendario ni la coyuntura política permiten cumplir las previsiones que situaban en la recta final de este año una reforma fiscal en el País Vasco. Una reforma que debía haberse abordado en 2020, que fue relegada por la pandemia y que ahora sufre otro retraso adicional. Las diputaciones forales, confirmaron ayer fuentes de toda solvencia, han decidido dejar para 2024 cualquier propuesta de cambio sustancial en los principales impuestos. Y eso en el caso del IRPF significa que los contribuyentes no notarán las modificaciones hasta la primavera de 2025 cuando elaboren la liquidación de su renta del año anterior. Cobra cuerpo también la idea de que a lo sumo habrá algunos retoques pero en ningún caso cambios profundos que aspiren al calificativo de ‘reforma’. De momento la liturgia institucional se llena con el mensaje de que «se va a comenzar a hacer un análisis» sobre la normativa actual, sus efectos en la recaudación –se supone que también en el dinamismo económico de la comunidad autónoma–, así como la oportunidad de introducir modificaciones. Este periodo «de estudio», apuntan las mismas fuentes, se prolongará durante varios meses y las conclusiones no se conocerían hasta el primer trimestre de 2024. Algunos cambios llevan sobre la mesa desde mediados de 2019, cuando comenzó a telegrafiarse la idea de que 2020 sería un ejercicio de cambios en los tributos. Es el caso, por ejemplo, de la incentivación fiscal para los planes de ahorro de empresa, que implicaría cambios en el IRPF y también en el Impuesto de Sociedades. Duerme en un cajón y han pasado algo más de cuatro años. ¿Será entonces 2024 el momento de la reforma? Nadie se atreve a garantizarlo porque las bases tampoco son sólidas. Hay más de un condicionante político que va a a influir en ello. El primero y más evidente es que los gobiernos forales de Gipuzkoa y Álava –el tándem PSE-PNV– no tienen una mayoría absoluta que garantice la aprobación de sus propuestas legislativas. No es el único escollo. El año 2024 habrá elecciones autonómicas, con una precampaña en el primer semestre del año que relegaría el debate fiscal a la vuelta de las vacaciones de verano.

La automoción vasca, un sector que da empleo a miles de personas y que responde de buena parte del PIB de Euskadi, aplaudió ayer la decisión tomada por los países de la UE (que aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo) para retrasar dos años, hasta 2027, la entrada en vigor de la exigente regulación sobre los límites de emisiones de gases contaminantes (Euro7). Un gesto que el clúster vasco de la automoción (Acicae) entiende «correcto» puesto que les da «un poco de oxígeno». El viaje hacia un horizonte más ecológico y en pro de unas menores emisiones en la Unión Europea había levantado en armas a toda la cadena de valor de la industria de la automoción, con un enorme peso en la UE. Un tira y afloja en el que el ‘lobby’ de los coches ha puesto toda la carne en el asador. Y es que, como defendió ayer Acicae, la llamada transición energética ha de hacerse aplicando siempre «el sentido común». Razón por la que el clúster entiende más lógico «optar por unos plazos más largos» que permitan a la industria adecuarse y cumplir con las «altas exigencias» que se les están planteando desde las instancias comunitarias. La organización pilotada por Inés Anitua –en línea con el mensaje que han expuesto otros actores relevantes, como el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz– cree que en este asunto se está aplicando un grado de presión político e ideológico tal que la industria «no puede» trabajar a semejante ritmo. En el mismo sentido, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, reiteró ayer que la decisión europea «era necesaria, casi imprescindible» y «va en la buena dirección». 

La pensión media en Euskadi alcanzó en septiembre los 1.482 euros. Es el importe en el que se reparten los 850 millones de euros totales que la Administración General del Estado destinó a este fin y que supone un crecimiento del 10,4% respecto a los 769,8 millones de nómina del mismo mes de 2022. El pago a los pensionistas, como viene ocurriendo mes a mes, registró un nuevo techo debido a la actualización de las prestaciones del 8,5% aplicada por el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado. Las pensiones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad, orfandad y en favor familiar ascendieron a 573.642 en el País Vasco, 5.000 más que en septiembre del año pasado. El peso de la industria en Euskadi sigue notándose en el cobro de las jubilaciones. Y es que los sueldos más altos de ese sector afectan directamente a la cuantía de estos pagos. El caso es que con esos 1.482 euros, la retribución media en Euskadi se mantiene como la más elevada de España, cuya media es de 1.196 euros. La comunidad autónoma que más se acerca a la media vasca es Asturias con 1.401 euros, le siguen Madrid (1.394 euros) y Navarra (1.373). Por contra, la más baja es la de Extremadura con 1.000 euros de media, seguida de Galicia (1.023) y Murcia (1.058). En total, en Euskadi ascienden a 518.867 personas las que perciben alguna de estas prestaciones contributivas, lo que supone el 23,3% de toda la población vasca. Un porcentaje solamente superado por Asturias con un 26,8% y por Galicia con un 25,3%. En el conjunto de España el número de pensionistas alcanza el 18,8% de toda la población.

El deseado momento de la jubilación para miles de trabajadores se está retrasando hasta tal punto que la edad efectiva a la que los españoles se retiran del mercado laboral superó ya en agosto los 65 años. La diferencia entre ese momento y la edad legal –la que impone la normativa actual– sigue acortándose. En concreto, este año la edad legal de jubilación se encuentra fijada en los 66 años y cuatro meses, si no se ha cotizado al menos 37 años y nueve meses; o en los 65 años si la cotización acumula más de 37 años y nueve meses. Son varios los factores que explican este incremento de la edad de retiro de los españoles. Por una parte, se está incrementando el número de trabajadores que están demorando su jubilación por el cheque que el Gobierno aprobó para reforzar esta posibilidad: se trata de un pago único que ingresa la Seguridad Social con un pago mínimo de 4.786 anuales y de 12.060 euros como máximo. También se deja notar el cambio en las condiciones de la jubilación anticipada incluidas en la última reforma de las pensiones. Las penalizaciones por adelantar el retiro han pasado de calcularse de forma trimestral a hacerlo mensualmente. Así, cuanto antes se anticipe la jubilación, mayor será el desincentivo mes a mes. Ello provoca que quienes anticipan su retiro no lo hagan justo dos años antes (momento en el que la ley lo permite) sino más tarde, lo que empuja hacia arriba la edad real de jubilación.

Las pensiones de jubilación ya ganan en septiembre 6,9 puntos de poder adquisitivo a la inflación. En este mes, la pensión media de jubilación es de 1.376,40 euros al mes, lo que supone un crecimiento del 9,5% respecto al mismo mes del año anterior, según informó ayer el Ministerio de la Seguridad Social. Por lo tanto, la renta de los jubilados gana, en estos momentos, 6,9 puntos de poder adquisitivo a la evolución de los precios. En agosto, último dato publicado, la inflación fue del 2,6%. Si la comparación se hace con la tasa de inflación subyacente, que es del 6,1%, y descuenta los precios de los alimentos frescos y de los carburantes, la pensión media de jubilación gana 3,4 puntos de poder adquisitivo. Todas estas ventajas en la ganancia del poder adquisitivo para los trabajadores retirados se debe a que, a comienzos de año, las pensiones subieron un 8,5%, lo mismo que la tasa media que registró la inflación en 2022. Por esta razón, el gasto de la Seguridad Social aumentó en 15.000 millones de euros adicionales. Además de la revalorización de la pensión media de jubilación por la inflación, el incremento constante de la pensión media de jubilación tiene otra razón. Las prestaciones que se dan de alta son en torno a un 35% más elevadas que las que se dan de baja. Es lo que se denomina el efecto sustitución. Pero además, la pensión de jubilación que ha entrado en el sistema en septiembre –1.439,82 euros al mes– es un 4,6% más alta que la que ya estaba antes en el mismo, 1.376,4 euros al mes. Este es el resultado de la negociación colectiva y de otras desviaciones, como las compensaciones por promociones profesionales.

Euskadi es la segunda comunidad autónoma que más invierte en políticas sociales por habitante. Es decir, en sanidad, educación y servicios sociales, tres partidas que vienen a representar los pilares del Estado de bienestar. En total, en 2022 el gasto ‘per capita’ destinado a estos servicios en el País Vasco ascendió a los 3.708 euros, cifra que solo supera Navarra, que dedica hasta 200 euros más. En cuanto a las comunidades con régimen común, Extremadura es la que mayores inversiones realiza en políticas sociales, con 3.629 euros por habitante. En el otro extremo están la Comunidad de Madrid, con 2.781, y Cataluña, con 2.399. «La partida presupuestaria que se dedica a sanidad, educación y servicios sociales depende exclusivamente de las decisiones políticas de los gobernantes», señala José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha elaborado un informe que compara la inversión entre las distintas comunidades autónomas. La cantidad de datos que muestra el estudio se traduce, en última instancia, en una mayor o menor prestación de servicios básicos. «Vivir en Euskadi o Navarra significa que alguien en situación vulnerable, enfermo o socialmente excluido tiene más posibilidades de salir adelante que en Cataluña, donde el Estado de bienestar está desmantelado», apunta Ramírez. Mientras el País Vasco encabeza la inversión en educación –1.426 euros por habitante– y es la segunda que más gasta en sanidad –1.989 euros ‘per capita’–, es la tercera por la cola en el presupuesto aportado a sus servicios sociales, con 292 euros por habitante, 80 menos que la media española. ¿El motivo? Ramírez lo tiene claro: «La falta de prestaciones a dependientes, que supone que sea una de las comunidades con más personas en listas de espera».

El pulso entre los sindicatos y el Gobierno Vasco continúa. 24 horas después de que el consejero de Educación Jokin Bildarratz calificara de «totalmente injustos» los dos días de huelga convocados en todo el sector público vasco, Steilas, ELA y CCOO han convocado una tercera jornada de paro para el próximo 24 de octubre y que únicamente afectará a la enseñanza pública vasca no universitaria. Esta tercera convocatoria se suma a las de los días 25 de octubre y 19 de diciembre a la que están llamados 150.000 funcionarios vascos de todos los sectores para reclamar al Ejecutivo autonómico que garantice «el poder adquisitivo de los trabajadores» mediante un incremento salarial del 10%, consolidar el empleo público y reducir la tasa de temporalidad al 8%. A este respecto, Bildarratz denunció en el pleno de control del Parlamento Vasco celebrado el viernes pasado que es «injusto» que se responsabilice al Gobierno Vasco de no se incrementen las retribuciones de los funcionarios públicos. Y en el caso concreto de Educación, criticó que «esto además se lleva a las aulas y los alumnos tengan que ser sufridores de estas huelgas es doblemente injusto y los sindicatos debieran cuestionárselo». La respuesta sindical no ha tardado ni un día en llegar y Steilas, ELA y CCOO han llamado a profesorado no universitarios, de educación especial y trabajadores de cocina y limpieza de los centros educativos públicos a sumarse a una nueva jornada de huelga el próximo 24 de octubre.

La búsqueda de rentabilidad ante la falta de remuneración al ahorro que han mantenido los bancos hasta ahora, un euríbor disparado elevando el pago de la hipoteca y unos precios que llevan dos años encareciendo el coste de la vida. Es la tormenta perfecta que ha desgastado el saldo de las cuentas corrientes de ciudadanos y empresas en Euskadi en el último año hasta reducirlo en 5.124 millones. Así se desprende de los datos del Banco de España que recogen el mayor recorte interanual en este ahorro desde 1986, cuando comienzan los registros en la serie histórica. Ni en la crisis inmobiliaria de 2008, ni en la de 1993 se produjo un fenómeno de este calibre. Según el boletín estadístico del regulador, al cierre del primer semestre de este año el dinero que tenían los clientes vascos en los depósitos a la vista de los bancos ascendía a 77.467,4 millones de euros. Un 6,2% menos que en la misma fecha del año pasado. En hogares y compañías, las causas de este movimiento que evidencia la reducción del ahorro embolsado durante la pandemia por las restricciones son varias. Por un lado, el impacto de los precios, que llevan dos años encareciendo la energía, la vivienda o la cesta de la compra a un ritmo de doble dígito, pero también la búsqueda de rentabilidad. Y es que muchas familias han decidido sacar el dinero de sus cuentas corrientes ante la falta de remuneración del ahorro para destinarlo a fondos de inversión, como recomendaban las entidades. Solo en el caso de Kutxabank esas figuras han aumentado su patrimonio entre junio de 2022 y el de este año un total de 4.597 millones de euros. El banco vasco, de hecho, se convirtió en la tercera entidad española en captación de recursos para estas herramientas. Un movimiento parecido se ha detectado en la amortización de hipotecas, que se ha duplicado este ejercicio en Euskadi.

El precio de la gasolina vuelve a rozar la barrera psicológica de los dos euros por litro y llenar un depósito medio de 50 litros con gasolina 95 sin plomo asciende en la actualidad a unos 90,6 euros, frente a los 76,1 –unos 14,6 euros menos– que costaba a estas alturas del pasado año, incluyendo el descuento de 20 céntimos por litro que aún estaba vigente para toda la sociedad. El coste medio de la gasolina registró ayer su precio más alto en lo que llevamos de año (1,812 euros/litro), y en los paneles de precios de diferentes estaciones de servicio del territorio ya se pueden ver guarismos que rozan los dos euros. Como ya ocurriera el pasado verano, este precio podría verse ya en Gipuzkoa a partir del puente de octubre, es decir, en apenas dos semanas, pronostica el sector. Desde la asociación de empresarios de automoción de Gipuzkoa (AEGA), su secretario general, Juan María López Osa, traslada la «preocupación y nerviosismo» de las estaciones de servicio de Gipuzkoa y asegura que los más perjudicados por esta imparable alza de los carburantes son «los consumidores pero también los propietarios de las gasolineras», que con estos precios se quedan con un margen «exiguo» de apenas «dos o tres céntimos por litro». Los carburantes acumulan ya doce semanas consecutivas de subidas, alcanzando un 13,7% de incremento acumulado desde principios de verano.

La quema global de combustibles fósiles dejará atrás los aumentos ininterrumpidos desde tiempos inmemoriales para empezar a caer antes de 2030. Así lo cree, al menos, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que atisba un máximo en el uso de fuentes de energía sucias, “incluso sin nuevas medidas” contra la emergencia climática. En el escenario de cero emisiones netas en 2050, el descenso debería rondar el 25% esta década; algo solo factible con una electrificación masiva en el transporte y un rápido desarrollo del hidrógeno verde y los combustibles derivados de él. Al compás de este menor consumo irán las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que, tras marcar un nuevo máximo de 37.000 millones de toneladas en 2022, un 1% más que antes de la covid, iniciarán también la trayectoria descendente. Solo así se podrá evitar el horizonte más traumático. “Los gobiernos tienen que separar el clima de la geopolítica, dado el tamaño del desafío”, urgió el jefe del ente, Fatih Birol. La complacencia debe desaparecer si se quiere cumplir el ya complicado objetivo de evitar un aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados respecto a los niveles de la era preindustrial. “El camino para limitar el calentamiento a esa cifra se ha estrechado, pero el crecimiento de la energía limpia lo está manteniendo transitable”, dice la hoja de ruta anual de la AIE, publicada ayer. “El sector energético está cambiando más rápido de lo que mucha gente cree, pero hay que hacer más. Y el tiempo es corto”. Las inversiones en energía limpia tendrán que pasar de los 1,8 billones de dólares de 2023 a unos 4,5 billones al año en 2030. El organismo ve posible que la suma de petróleo, gas y carbón pase de suponer las cuatro quintas partes de la energía que consume el mundo hoy a menos de dos tercios en 2030 y menos de un quinto en 2050. 

El fabricante francés de neumáticos Michelin busca alternativas al Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) para sus centros productivos en España, ya que el sector de neumáticos queda fuera de este programa. Una ventana abierta es el Perte de descarbonización industrial. Michelin ya trabaja en opciones para presentarse al Perte de descarbonización, al que se podrán registrar solicitudes desde mediados de octubre y que tendrá 1.000 millones de presupuesto en su primera línea de actuación. La directora general de Michelin en España y Portugal, María Paz Robina, confirma que la compañía –con plantas en Valladolid, Aranda de Duero, Lasarte y Vitoria– trabaja ya en el nuevo Perte y también en lo referente a las ayudas a los consumidores electrointensivos. “El Perte VEC no incluye neumáticos y no podemos aprovecharnos de estas ayudas, a pesar de que estamos diseñando y produciendo neumáticos específicos para vehículos eléctricos”, explica la directiva, que confirma que “todo en Michelin será sostenible en el futuro”, como un pilar “fundamental” de su estrategia corporativa. En este sentido, indica que la norma europea más significativa en materia medioambiental es la Euro 7, ya que, además de las emisiones de los vehículos en tubo de escape, también regula la abrasión producida en los neumáticos y las partículas que emiten los frenos en su utilización.

 Anged, la patronal de empresas como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o Alcampo, criticó este martes la “inoperancia” de los responsables políticos del país, culpables a su juicio de la “parálisis política” que vive España y que le conduce a un “estancamiento” económico. Así lo expresó el presidente de la asociación, Alfonso Merry del Val, en el cierre de la asamblea anual de la misma, al que también acudió el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. “El resultado más evidente de esta interminable batalla política y del olvido de la competitividad de las empresas es una parálisis de reformas y un empobrecimiento de nuestra economía”, dijo en su discurso Merry del Val, que centró el mismo más en el contexto político y macroeconómico que en la situación que arrastran las empresas de la distribución en el último año y medio, con una inflación de costes que ha llevado a una contracción de márgenes y unas constantes subidas de precios en los lineales. Por ejemplo, el presidente de Anged lamentó que “hemos pasado de rozar el sueño de la convergencia en renta per cápita con la media europea a una preocupante decadencia”. Como es habitual, la asociación aprovechó la celebración de su asamblea anual para reclamar una menor complejidad regulatoria y una mayor flexibilidad laboral, con el objetivo de mejorar la productividad económica del país. “Solo mejorando la productividad de las empresas podemos garantizar un crecimiento sano de nuestra economía a largo plazo”, dijo el presidente de la asociación.

El turismo dará en 2023 continuidad al mismo papel de «soporte del crecimiento» con el que lo ha calificado el Banco de España desde la recuperación de 2022. La evolución del conjunto de la economía el año pasado ya vino impulsada más por la reactivación de las visitas de viajeros internacionales que por la actividad industrial. En 2023 lleva el mismo camino. Ya antes del verano el turismo contribuyó con un saldo de 5.500 millones a la balanza de pagos, con unas tasas de crecimiento del 16% en los ingresos y del 12% en los pagos mientras que los bienes y servicios no turísticos mostraron un superávit de 600 millones. Su contribución está siendo decisiva para mejorar la capacidad de financiación de la economía. Tanto, que mientras subrayan su gran momento, bancos de inversión y economistas lo señalan como un riesgo. «El turismo representa una décima parte de la producción total de servicios de la economía española, lo que supone una debilidad potencial», ha indicado S&P al analizar España. Para CaixaBank Research, la dependencia del turismo ha sido de signo positivo en 2023 pero podría no serlo tanto el año que viene por la contracción del gasto que impulsa el Banco Central Europeo y la mala situación de los dos principales clientes: Reino Unido y Alemania. «Prevemos que los vientos de cara entren en acción sobre todo a finales de 2023 y durante 2024, año para el que esperamos un crecimiento positivo del PIB turístico pero más moderado debido al panorama macroeconómico complejo, la mayor competencia en precio de otros destinos en el Mediterráneo, y el riesgo de que tanto el turismo doméstico como el europeo vuelva a viajar a destinos más lejanos», explica su analista David César Heymann.

La imparable escalada de los precios del aceite de oliva se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los consumidores. No hay supermercado en el que el litro baje de los 8 euros y, en apenas un año, la subida del oro amarillo supera ya el 50%, según los últimos datos oficiales del INE. Un fenómeno que ha sido clave para que el gasto de los hogares en la cesta de la compra se disparase un 12% en agosto respecto al año anterior comprando lo mismo, según un estudio de la consultora NIQ. El problema es que en el periodo analizado, el volumen de ventas de bienes de consumo apenas creció un 2,7%. Es decir, para comprar prácticamente lo mismo, las familias tuvieron que gastar mucho más. Los datos que maneja la firma apuntan, en concreto, a que el aceite de oliva incrementó su precio un 62,3% en agosto respecto al año anterior, mientras que la gama virgen extra se encareció más de un 60%. Por su parte, el de girasol –que sí ha incrementado su volumen de ventas frente a las caídas del virgen extra– se abarató un 39,9%. Desde la consultora recuerdan que la alimentación ya es la categoría que mayor desembolso ha supuesto para los españoles, con un encarecimiento total del 9,3% en agosto, frente al 7,4% que subieron las bebidas o el 7,3% de la droguería y perfumería.

Adoptar la inteligencia artificial (IA), sí, pero con prudencia. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del estudio CEO Outlook Pulse Survey, un informe realizado por la firma EY a partir de las respuestas obtenidas de 1.200 consejeros delegados de todo el mundo a quienes se les ha preguntado por la IA y por todo lo que conlleva su implantación en sus organizaciones. El análisis también incluye aspectos como la asignación de capital, la inversión y las estrategias de transformación, además de los planes para incluir la sostenibilidad en la agenda de crecimiento. La explosión y el rápido avance de la IA generativa en 2023 han atraído la atención de líderes empresariales, inversores y consumidores. Las inversiones se cuentan en miles de millones de dólares, destinados a este tipo de herramientas y, especialmente, a su aplicación en el desarrollo de fármacos y software de vanguardia. De las respuestas a los cuestionarios se deduce que dos tercios de los encuestados se muestran plenamente confiados en que la inteligencia artificial contrarrestará el impacto de la sustitución de la mano de obra humana al crear nuevas funciones y oportunidades profesionales. No obstante, un 67% subraya la necesidad de que las empresas enfoquen sus esfuerzos en abordar las implicaciones éticas de la IA y consideren su impacto en aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como la privacidad o la utilización de información considerada sensible. Otra de las conclusiones que refleja el estudio es que los CEO tienen una visión clara de las enormes posibilidades que ofrece la IA y su capacidad para mejorar sus resultados. 

Ataviado con una gorra de béisbol con el logo del sindicato (Trabajadores del Automóvil Unidos, UAW por sus siglas en inglés) y suéter azul, y megáfono en mano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arengó ayer a los trabajadores de la central automovilística en Michigan, convirtiéndose en el primer jefe de Estado norteamericano en el cargo en apoyar un piquete en la era moderna. La Casa Blanca calificó el hecho de «histórico». El mandatario estuvo acompañado en el acto por el máximo representante de UAW, Shawn Fain, quien le invitó a visitar a los trabajadores en huelga. Él fue el primero en saludarle a su llegada en el Air Force One y juntos viajaron en la limusina presidencial hasta el piquete. El presidente de EE UU declaró enfáticamente su apoyo a las demandas de los trabajadores señalando que no fue Wall Street quien construyó el país, sino la clase media. «Os merecéis lo que habéis ganado, y habéis ganado mucho más de lo que os pagan ahora», defendió Biden ante un piquete en el exterior de una planta de producción en la localidad de Van Buren, al suroeste de Detroit. Ante los aplausos del personal en huelga, el mandatario elogió al sindicato UAW por los sacrificios de los trabajadores que salvaron la industria del automóvil en 2008 durante la crisis económica. «Ahora les está yendo increíblemente bien», añadió en una advertencia a las empresas del motor pues la bonanza en sus cuentas debería beneficiar también a las plantillas. La declaración supone un respaldo del presidente estadounidense a la subida salarial del 40% que reclaman los trabajadores del gran sindicato UAW, que suman 21 días en huelga en una disputa con los llamados ‘tres grandes de Detroit’ en la industria del automóvil. Así se conoce a las compañías General Motors, Stellantis –antes Fiat Chrysler– y Ford Motor.

Entrevista con Frances Chang, directora de Participación Internacional del programa Chips de EE.UU. La crisis de los chips trajo de cabeza al mundo en 2021 y parte de 2022. Ahora, las aguas bajan más tranquilas. Pero Occidente, con EE UU a la cabeza, no quiere nuevos sobresaltos: el Gobierno de Joe Biden ha movilizado más de 50.000 millones de dólares (más de 47.000 millones de euros) para llevar de vuelta a su país las fábricas de semiconductores, reducir su enorme dependencia de las importaciones procedentes de Asia y cortar amarras con China en plena pugna por el cetro económico mundial. "Los chips están en todo lo que utilizamos en nuestro día a día: desde la tableta que está utilizando usted ahora mismo hasta los móviles; de los coches a las lavadoras... Se han convertido en una parte integral en nuestra vida diaria...La reciente ley de chips busca ayudar a crear una cadena de suministro global de semiconductores más resiliente. La escasez de chips tras la pandemia llevó, a su vez, a una escasez de coches y ha tenido efectos realmente negativos sobre las economías mundial, estadounidense y europea. Hemos descubierto que había una concentración de la producción en muy pocos lugares, y que eso creaba dificultades. EE UU debe tomar un papel activo, pero desde que analizamos el problema nos hemos dado cuenta de que no podemos hacerlo por nuestra cuenta... Porque los semiconductores tienen muchos insumos: son centenares y muy especializados. Y requieren una disponibilidad de minerales críticos que está limitada por la propia geología. Eso hace que sea, naturalmente, una cadena global: es imposible que un solo país sea completamente autosuficiente en la producción de semiconductores. Ese no es el objetivo de la ley de chips..."

Estados Unidos presentó ayer una demanda contra Amazon por ejercer prácticas monopolísticas encaminadas a “inflar los precios, degradar la calidad y hurtar la innovación a consumidores y negocios”. La Comisión Federal de Comercio (FTC son sus siglas en inglés), junto a 17 fiscales generales de otros tantos estados, acusa a Amazon de “impedir que sus rivales bajen los precios, de degradar la calidad para sus clientes, cobrar de más a los vendedores, poner trabas a la innovación e impedir que los demás compitan de manera justa”. La demanda, que considera que unos 100 millones de compradores han resultado afectados por esas prácticas, fija el perjuicio en cientos de millones de dólares al año. “Pocas veces en la historia”, sentencia la FTC en un comunicado enviado ayer, “la ley antimonopolio se ha empleado con el potencial que tiene este caso de hacer tanto bien a tanta gente”. Cabe interpretar esta acción legal dentro de la ofensiva de la Administración de Biden para acotar el poder de las grandes tecnológicas estadounidenses. Otras causas abiertas han tenido como objetivo a Google, a la que ha sentado en el banquillo de un juzgado de Washington por abusar de su posición de dominio en las búsquedas por internet, o Microsoft, cuyo intento de compra de la compañía de videojuegos Activision ha sido impugnado. “Nuestra denuncia expone cómo Amazon ha empleado un conjunto de tácticas punitivas y coercitivas para mantener ilegalmente sus monopolios”, dijo en la nota enviada por la comisión la presidenta de la FTC.