20231023

En declaraciones a la cadena SER Euskadi, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, ha recordado que, según datos del propio CRL, “más de la mitad de los trabajadores vascos tienen su convenio renovado, por lo que este año 2023 ha sido diferencial para el sector privado. Hemos sido capaces de dar un arreón a pesar de las dificultades para llegar a acuerdos, y tenemos los deberes hechos para los próximos años”. Confebask mantiene sus previsiones de crecimiento para el conjunto de 2023 en Euskadi en torno al 1'5 % del PIB. Aretxaga explica que el primer semestre ha ido mejor de lo previsto pero el segundo acabará plano. Con relación a los fondos europeos, el director general de Confebask ha afirmado que “si los fondos Next Generation están llegando, lo hacen muy poco. Así nos lo dicen las empresas, que no llegan, y tenemos una cierta frustración porque había mucha esperanza en recibir unos fondos para dar ese salto transformador. Pero ya llevamos desde la pandemia y todavía no aterrizan, por lo menos a nivel empresarial, sobre todo en las pymes".  Por último, y sobre una posible reforma fiscal, Eduardo Aretxaga ha asegura que “nosotros lo dejamos claro; más allá de las medidas concretas lo que creemos es que hay que cambiar la orientación de la fiscalidad, es decir, debemos de orientarla a intensificar y fomentar el crecimiento económico porque sólo aumentando la tarta seremos capaces de aumentar los ingresos". Escuchar entrevista cadena SER Euskadi. 

Entrevista con Tomás Arrieta Presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. A punto de abandonar el organismo tras dos décadas, advierte de los riesgos de tanta huelga pero prevé que la tensión bajará en los próximos años. "– Abandona el CRL en un momento dulce, en el que el 60% de los trabajadores tiene su convenio renovado, con subidas del 4,5% en los negociados aquí. ¿Cómo se ha logrado?– Ese es el incremento para los vigentes, porque en los registrados en el año el aumento llega al 5%. Creo que, paradójicamente, la alta inflación ha sido un detonante de la renovación de convenios porque si no se actualizaban había una pérdida de poder adquisitivo muy perjudicial. Por el lado empresarial, la situación ha sido suficientemente favorable para firmar acuerdos porque hemos seguido creciendo pese a las incertidumbres. También me gustaría pensar que estamos ganando madurez. – La posición de ELA ha sido radical al exigir aumentos con el IPC interanual. ¿Cómo se ha salvado ese escollo? – ELA ha mantenido como posición negociadora la garantía del IPC interanual, pero ha habido otros acuerdos en los que se ha ido a fórmulas más complejas, con cláusulas para revisar las subidas salariales en comparación con la inflación al final del convenio. Es la fórmula que se ha utilizado en los convenios del Metal de Bizkaia y Álava, que firmaron todos los sindicatos salvo ELA...Euskadi tiene una conflictividad muy alta y es obvio que está vinculada a determinadas estrategias sindicales. Pero apuntaría que este año está bajando y que, con la cantidad de convenios firmados, lo lógico es que descienda en los próximos ejercicios. La duración media de los convenios es de tres años...La conflictividad es un elemento de desestabilización. Necesitamos más acuerdos y menos conflictos. Un territorio con alta conflictividad no es el mejor escenario para atraer inversiones..."

La industria, la hostelería y el ámbito de la limpieza son los tres sectores donde más contratos se suscribieron en Gipuzkoa el año pasado. Así lo recoge el prolijo informe sobre el mercado de trabajo del territorio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con datos de 2022. Según esta fuente, entre las tres profesiones capitalizaron cerca de un tercio de los 192.000 nuevos contratos suscritos entre las cincuenta ocupaciones más demandadas por las empresas. Peones de las industrias manufactureras se sitúa como la ocupación más habitual con 25.855 contratos firmados, al que le sigue el trabajo como camarero asalariado con 22.293 acuerdos firmados –el mayor crecimiento interanual– y los 17.344 creados entre el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos –ver gráfico adjunto–. Los peones de las industrias manufactureras continuaron siendo un año más la ocupación más importante, pese a haber registrado 2.486 contratos menos que el año precedente. Es una ocupación desempeñada principalmente por hombres, con una «elevadísima» tasa de temporalidad que ronda «el 90%» y con un índice de rotación «superior» a la media del conjunto de la contratación, según subraya el informe del SEPE. Con todo, no hay que olvidar que la industria es un motor robusto de la economía guipuzcoana. Según los datos aportados por la Diputación foral, relativos a 2021, el sector representa el 27,8% del Valor Agregado Bruto –producción total de bienes y servicios– y el 24,3% del empleo. El estudio del SEPE también recoge otros aspectos que funcionan como un termómetro del mercado laboral, como son la tasa de estabilidad –la calidad de un contrato– y cuáles son los empleos más masculinizados o feminizados. En este sentido, llama la atención el sector de los empleados domésticos, donde hasta un 94,93% de los contratos fueron firmados por mujeres. En el otro extremo sobresalen los peones del transporte de mercancías y descargadores, donde apenas hubo un 8,83% de féminas.

La alta capacitación de un trabajador puede convertirse en una ventaja desaprovechada si termina desarrollando su labor en un empleo con requisitos y remuneraciones inferiores a su categoría. Es lo que se conoce como el problema de la sobrecualificación laboral, que termina siendo también una barrera para quienes buscan empleo, ya que se enfrentan a un problema de discriminación invisible: muchas empresas rechazan sus candidaturas en un proceso de selección porque consideran que serán menos flexibles para hacer horas extra o que abandonarán la plantilla cuando les surja una mejor oferta. El Atlas Estadístico 2023 elaborado por Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, ha actualizado el estado de esta cuestión atendiendo a los datos –de 2022– de todo el conjunto de regiones europeas. Este instituto define la tasa de sobrecualificación como “el porcentaje de personas ocupadas, entre 25 y 64 años, con estudios superiores que están empleadas en trabajos de baja o media capacitación y para los que no se requieren estudios superiores”. Los datos sitúan a las regiones del Estado español y Grecia a la cabeza de la sobrecualificación profesional. En concreto, de las 238 regiones analizadas –también se incluyen en el estudio los extracomunitarios Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Suiza y Turquía–, figuran 17 comunidades pertenecientes al Estado y otras siete comunidades helenas. Los archipiélagos griegos de Ionia Nisia (47,5% de población empleada sobrecualificada) y Notio Algaio (47,1%) lideran esta tabla, seguidas por Cantabria (45,1%) y Canarias (44,5%). En el Estado, Euskadi ocupa el sexto puesto, con un 39,1% de trabajadores sobrecualificados, mientras que Nafarroa es novena (38,2%). La media en los Veintisiete es del 21,7%.

Siemens Gamesa afronta su cuenta atrás antes de una nueva reestructuración, quizá, la definitiva. El tercer mayor fabricante mundial de aerogeneradores y punta de lanza de esta industria en España vive un contraste dramático. Por un lado, el cambio climático y la transición energética que dan absoluta prioridad a las infraestructuras renovables, las convierten en objeto de inversiones multimillonarias. Pero por otro, los trabajadores de las nueve fábricas españolas que todavía están bajo el paraguas del gigante eólico (ocho de ellas a la venta) aguantan el aliento después de que, la semana pasada, el presidente de Siemens Gamesa y CEO de Siemens Energy, Christian Bruch, admitiese públicamente que la compañía había renunciado a contratos por 1.000 millones de euros y que preveía cerrar el año con 4.500 millones de pérdidas. El anuncio desconcertó más al mercado que a una plantilla que lleva seis años sufriendo una guerra de poder entre Berlín y Bizkaia. Hace tiempo que la primera ganó el partido. La vasca Gamesa debutó en Bolsa en el año 2000, casi 24 años después de iniciar su andadura. Un año más tarde se hizo un hueco en el Ibex 35. Desde su salto al mercado y hasta 2016, justo antes del desembarco del gigante alemán Siemens, obtuvo beneficios cada ejercicio, a excepción del año 2012, cuando cerró con 659 millones de euros de pérdidas antes de la única reestructuración que la firma había ejecutado hasta entonces. Fue en 2017 cuando se consumó la boda entre Siemens y Gamesa, a través de una fusión por absorción por la que la empresa española quedó integrada en la filial renovable de la alemana y adoptó el nombre de Siemens Gamesa. La operación se selló con el beneplácito de Iberdrola, entonces accionista de referencia de Gamesa. El capital de la sociedad resultante quedó repartido en un 59% para el grupo alemán y un 8% para Iberdrola. La empresa cerró el ejercicio con un beneficio de 118 millones. La fusión fue turbulenta desde el principio. 

Familia Enpresen Espainiako XXVI. Kongresuak 500 bat familia enpresetako ordezkariak elkartuko ditu Bilbon egun hauetan. Horren harira, enpresa mota horren berezitasunez hausnartu du Gaizka Zulaika AEFAMEko zuzendariak. "Gure lehen helburuetako bat da bereizten hastea familia enpresak enpresa mota berezia direla, bere ñabardura, behar, indar eta ahuleziak dituena. Hortik eraiki nahi dugu gure diskurtsoa, lehiakorra den ekosistema eraiki dadin halako enpresa gehiago eta sendoagoak izateko", plazaratu du. Erronka nagusia da gizartean ezagutza hori zabaltzea, baina aldi berean, epe luzean bizirauteko gobernantza familiarra deritzona lantzea ere. Alegia, enpresaren kudeaketarekin batera, akziodunen edo jabeen kudeaketa eta oinordeko izango direnena ere egitea. Gehiago irakurri hemen

El Gobierno Vasco se enfrenta al tramo final de la legislatura con un cartera repleta de leyes pendientes de aprobar. En concreto, de las 36 recogidas en el programa legislativo del Ejecutivo de Urkullu en 2020, 34 ya han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno, pero de estas últimas trece se encuentran todavía en tramitación en la Cámara vasca. A estas hay que añadir otras cuatro del Ejecutivo que no estaban previstas al inicio de la legislatura. En total, diecisiete normas del bipartito PNV PSE todavía en trámite parlamentario. Las trece leyes del Gobierno de coalición que quedan por recibir el visto bueno son relevantes, pero cuatro de ellas, según indicó el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una entrevista publicada por este periódico, resultan claves. Estas son la de Empleo, Cambio Climático, Salud y Educación. En el ámbito económico-laboral destaca la Ley Vasca de Empleo, aprobada por el Ejecutivo de Urkullu el pasado mes de abril. El plazo para la presentación de enmiendas terminó el 2 de octubre. Entre los objetivos que se plantea esta norma cabe resaltar que para julio de 2024 los desempleados tengan asignado su orientador, con la previsión de que un año después todos cuenten ya con su itinerario. También tendrán derecho a estas políticas activas los ocupados que así lo demanden. Para cumplir con la nueva ley se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, que cuenta con 46 oficinas (una virtual) y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430. La consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, destaca que la nueva ley busca regular por primera vez en el Estado el trabajo digno y de calidad, «el mayor reto al que nos enfrentamos como sociedad en materia de igualdad y competitividad». Para afrontarlo ha explicado que los ayuntamientos también tendrán un «protagonismo más acusado», garantizándoles financiación para responder a las necesidades de sus vecinos y empresas. La oposición se muestra bastante posibilista. Así, EH Bildu considera que la ley no va a permitir una acción integral de empleo porque las política pasivas no están transferidas. Sin embargo, estima a su vez que existe un «planteamiento adecuado» en cuanto a las políticas activas y a la nueva regulación de Lanbide. No obstante, considera que se debe reforzar el carácter de servicio público de esta última e incluir a las cooperativas en su consejo de administración.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es sincera y huye de las sobreactuaciones. “Ha sido un gran éxito”, pero “queda camino por recorrer”, dice de forma honesta cuando le preguntan sobre el acuerdo alcanzado la pasada semana en el Consejo Europeo para abordar una reforma del mercado eléctrico en toda la Unión Europea. “Ahora quedan otros pasos”, como el trámite del Parlamento Europeo y hacer que “todo encaje entre éste y la Comisión Europea, previsiblemente para antes de fin de año”, explica Ribera, que considera el acuerdo un logro común de la mayoría de los países, en lugar de presentarlo como un triunfo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante este semestre. “Nos hemos ganado la credibilidad de todos”, apunta la ministra. Es un acuerdo con un respaldo aplastante. “Lo hemos aprobado 26 de los 27 países”, señala antes de desgranar los puntos esenciales de este pacto. “Lo más complicado era ponernos de acuerdo en los mecanismos para dar estabilidad a los precios, los denominados CfD y los contratos bilaterales”. Alemania “tenía miedo” de que Francia distorsionara la competencia empresarial con precios subvencionados de la luz a través de las nucleares”, dado que controla la principal eléctrica, EDF. Y Francia tenía miedo de que se mermara su “capacidad nuclear en nuevas instalaciones”. Pero, “al final, se ha conseguido un acuerdo que respeta a todos”. El acuerdo tardará tiempo en “implementarse al completo, ya que se irá haciendo de forma progresiva a lo largo de tres años; hasta entonces no estará totalmente operativo”. Pero este pacto es un paso de gigante, porque “dará estabilidad a los precios, reducirá su volatilidad e inestabilidad”, que era el gran objetivo que se perseguía. Los consumidores se beneficiarán de “precios más estables y más bajos”, incluidos, por supuesto, los “usuarios españoles, tanto domésticos como industriales”.

“Cerrazón ideológica es defender los hidrocarburos; el cambio climático es algo real; no hay que pervertir el lenguaje”. De esta forma, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica en funciones, contesta de forma velada, y sin mencionar nombres, a Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. Hace unos días, en una presentación de un proyecto de hidrógeno en la refinería de Repsol cerca de Bilbao, Imaz reclamó de nuevo “neutralidad tecnológica” en la transición ecológica, y que ésta también contemple el uso de todas las energías, incluidos petróleo y gas, por seguridad y competitividad energética, hasta alcanzar la descarbonización total de la economía. “La neutralidad tecnológica no puede ser dejar que alguien haga lo que quiera; neutralidad tecnológica sí, pero con cero emisiones”, alega Ribera, que añade un dardo: “Es sorprendente la virulencia con la que se expresan algunas empresas energéticas, cuando resulta que algunas han sido amonestadas en Reino Unido por publicidad engañosa” dentro de lo que popularmente se ha venido a denominar greenwashing (ecopostureo). Antes del verano, el organismo de control de la publicidad del Reino Unido (Advertising Standards Authority) prohibió un grupo de anuncios de grandes compañías de petróleo y gas, entre ellas Shell, Repsol y Petronas por considerarlos engañosos. Según el organismo, contenían desinformación sobre los beneficios climáticos y ambientales de los productos de esos grupos en general. “Lo inteligente es buscar alternativas [al petróleo]”, dice Ribera.

Las centrales hidroeléctricas reversibles pueden ser claves en la transición hacia las renovables. Cinco proyectos avanzan en su tramitación ante el Gobierno. La revolución renovable que está viviendo España necesita, con urgencia, un elemento estabilizador. Algo que evite lo que ocurre muchos domingos, cuando se desperdicia un volumen no menor de energía en las horas centrales del día, en las que la suma de la generación de energías limpias supera con creces la demanda. El almacenamiento es, en este momento, la pieza que falta en el puzle de las renovables. Y, aunque a largo plazo, las baterías físicas tienen todas las de ganar, hace falta una alternativa puente para llegar al momento en el que alcance su madurez tecnológica y sea plenamente viable en lo económico. En esa transición, el agua tendrá un papel más que destacado, En un país con una orografía tan irregular como España, las centrales hidroeléctricas reversibles —también llamadas bombeos— tienen una ocasión de oro para sacar a relucir todo su potencial. Aunque caras de construir, su mecanismo es sencillo: son dos vasos conectados por un salto de agua, que sube en las horas en las que la energía es más barata y que se deja caer (generando electricidad) cuando más cara está la luz. Ganan todas las partes: los dueños de los bombeos se anotan unos beneficios más que jugosos con el arbitraje de precios (gastan electricidad cuando menos vale y la inyectan a la red cuando más cara está); los generadores renovables pueden vender a mejor precio (más estable) y evitan los desperdicios de su electricidad; y las emisiones caen por la menor necesidad de generación fósil para cubrir la demanda en las horas pico. “El almacenamiento de energía mediante centrales hidroeléctricas reversibles —especialmente las de bombeo puro— es clave para la explotación de un sistema eléctrico basado en producción renovable, siendo aún más relevante ante escenarios de mayor penetración de energías renovables”, reconoce el Gobierno en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), todavía en fase de audiencia pública. “El desarrollo de este tipo de instalaciones permitirá ir reduciendo la necesidad de centrales basadas en combustibles fósiles, contribuyendo, por tanto, a avanzar en la autonomía e independencia energética del sistema eléctrico español”.

Amazon ha invertido más de 670 millones de euros en renovables en España, según ha desvelado coincidiendo con el anuncio de 24 nuevos proyectos de energía limpia en nuestro país, que sumarán 794 megavatios (MW) a la capacidad de su red. La multinacional estadounidense impulsará 19 nuevas instalaciones solares y eólicas, y cinco techos solares. Cuando estén operativas, Amazon alcanzará 2,3 GW de capacidad renovable en España. El gigante de comercio electrónico da un fuerte impulso a su apuesta por abastecerse de energía renovable, dentro de su compromiso de proveer energía limpia a su red logística, las oficinas corporativas y los centros de datos que ha construido en Aragón para dar servicios en la nube. Amazon se ha comprometido a operar con energía 100% renovable en todo el mundo en 2025. Los nuevos proyectos consisten en 17 plantas solares –seis en Castilla-La Mancha, cuatro en Castilla y León, otras cuatro en Valencia y las tres restantes en Andalucía, Aragón y Extremadura– y dos plantas eólicas en Castilla y León. Además, la compañía instalará cinco techos solares en sus edificios. El anuncio de estos nuevos proyectos solares y eólicos de Amazon es uno de los mayores realizados por la compañía en nuestro país. Con estas inversiones, Amazon se consolida como el mayor comprador corporativo de energía renovable en España.

Telefónica España ultima la presentación a los sindicatos de un plan de bajas incentivadas voluntarias, similar a los tres planes de separación individual (PSI) que la filial española ha puesto en marcha desde 2015. Las estimaciones que maneja Telefónica es que podrían acogerse al PSI un máximo teórico de 5.000 empleados, aunque las previsiones de aceptación que contempla son más modestas, ya que prevé que se acojan al plan de bajas entre 2.500 y 3.000, más cerca del límite inferior. Una de las razones de esta estimación es que hay empleados actuales que ya cumplían las condiciones para acogerse a algunos de los anteriores PSI y no lo han hecho –a pesar de las generosas condiciones– por lo que es previsible que tampoco lo suscriban ahora. En el último PSI pactado, en 2021, Telefónica se comprometió a pagar entre un 65% y un 68% del salario –dependiendo de la edad del trabajador– hasta los 65 años. Y Telefónica también asumía el pago tanto de la cuota de la Seguridad Social como del seguro médico, de la aportación al plan de pensiones del grupo y del seguro colectivo de riesgo, hasta los 65 años. A pesar de esas condiciones, el plan, que se dirigía a 4.532 empleados, sólo fue suscrito por 2.982, un 66% del total. Aunque los dos primeros PSI pactados eran sin restricciones, excepto por edad, el tercero ya incentivó las salidas de algunos perfiles –los más ligados a las redes antiguas– y se limitaban los de los perfiles con más demanda, los de las áreas denominadas “críticas” como expertos en ciberseguridad, cloud, etc. Telefónica pretende una gestión continuista en la relación con los sindicatos y pactar salidas no traumáticas para mantener la tradición de la filial española –que preside Emilio Gayo desde enero de 2018– de mantener la paz social.

La economía española se encuentra ya de lleno en un periodo de sensible enfriamiento, en un frenazo que se va a extender al menos hasta mediados de 2024. El Instituto Nacional de Estadística (INE) lo evidenciará el próximo viernes, según todas las previsiones, con un dato de Contabilidad Nacional referente al tercer trimestre muy inferior al del segundo y, todavía más importante, que estará muy cerca de un crecimiento nulo. Y las estimaciones de los principales servicios de estudios y firmas de análisis del país así lo subrayan. «Prevemos que la economía española atravesará durante los próximos dos trimestres un periodo de crecimiento modesto, con tasas de avance del PIB que rondarán el 0,3% intertrimestral, afectada principalmente por el impacto del aumento de los tipos de interés que se han ido produciendo desde julio de 2022 y por la marcada debilidad de nuestros principales mercados exportadores. Aunque el sector turístico seguirá siendo un motor de crecimiento, su aportación ya no será tan elevada como en los últimos trimestres al haberse alcanzado ya cotas de actividad iguales o superiores a las de 2019», apunta CaixaBank Research en un reciente informe que, además, titula de manera muy concluyente: Nuevo escenario económico: el crecimiento en España se modera. El servicio de estudios de la entidad repite en varias ocasiones la palabra «desaceleración». Es, de hecho, el término más citado también por BBVA Research o Funcas, que igualmente han actualizado sus previsiones económicas para España en las últimas semanas. Todos ellos adelantan un dato de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,4% para este año, totalmente en línea con las cifras oficiales que el Gobierno remitió a Bruselas en el Plan Presupuestario. Pero para el que viene, el servicio de estudios de BBVA estima que el avance será del 1,8%, mientras que Funcas lo reduce al 1,5% y CaixaBank Research lo deja apenas en un 1,4%. El frenazo es evidente y las divergencias con el 2% que proyecta el Gobierno para 2024, también.

La gran promesa que hizo Pedro Sánchez de lograr el pleno empleo en esta próxima legislatura se evapora apenas tres meses después de que la pronunciara. Y se esfuma, además, por obra y gracia de su propio Gobierno, con versiones que son incluso contradictorias entre si. Fue el pasado julio cuando, en plena campaña electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retomó ese viejo sueño del PSOE y se comprometió a rebajar la tasa de paro por debajo del 8%, respaldado por su vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Dieciséis años atrás, también en julio pero de 2007, esta misma promesa la lanzaba el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lejos de cumplirla, el paro comenzó al año siguiente una escalada sin precedentes que le llevó a tocar máximos históricos al rozar el 27% en 2013, cuando ya había abandonado el Gobierno. Y Pedro Sánchez, si finalmente consigue investirse de nuevo como presidente, se irá también de La Moncloa sin lograrlo. Al menos así lo piensa su propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuyas estimaciones de cómo evolucionará el paro en los próximos años son mucho más pesimistas que las de su presidente. Escrivá no ve viable conseguir un desempleo por debajo del 8% hasta 2038, según recoge el informe sobre las proyecciones del gasto público en pensiones enviado a Bruselas hace un par de semanas. Es decir, retrasa más de una década ese objetivo que llevó también el PSOE en su programa de Gobierno. Es más, la tasa de paro que prevé la Seguridad Social para el año 2027, que es cuando acabaría esta legislatura, supera en más de dos puntos ese 8% soñado. La sitúa en el 11,2%, lo que significa que apenas se rebajaría cuatro décimas en los próximos tres años, puesto que ahora está en el 11,6%, la más baja desde el año 2008, pero la más elevada de Europa.

Europa afronta en la actualidad un escenario económico complejo, porque están apareciendo síntomas de que la región podría haber entrado ya en una recesión... Los puntos clave a vigilar comprenden tanto el papel de la curva de tipos de interés como las limitaciones del BCE, el impacto de las exportaciones, los costes laborales, los precios de los productores y la efectividad de las medidas de política monetaria. El euro ha estado bajo una presión constante, lo que refleja la incierta perspectiva económica en Europa. Un euro débil puede tener consecuencias tanto positivas como negativas: por una parte, puede impulsar las exportaciones al hacer que los productos europeos sean más competitivos a nivel global; pero si el periodo en el que la moneda se deprecia se prolonga demasiado, puede llevar a una inflación importada, con el consiguiente aumento del coste de vida para los consumidores, lo que supondría un lastre a la economía a la vez que mayor presión sobre el BCE. La inflación sigue siendo una preocupación importante en Europa. Los niveles de inflación por encima del objetivo del BCE podrían limitar su capacidad para reducir los tipos de interés y estimular, con una política monetaria expansiva, la economía europea. De hecho, los costes laborales han contribuido a la subida de la inflación, ya que a medida que los salarios siguen aumentando, las empresas pueden trasladar estos costes adicionales a los consumidores, incrementando aún más las presiones inflacionarias. Esta situación podría convertirse en un desafío importante para las economías europeas y para los bancos centrales a la hora de gestionar la espiral inflacionaria. Por el momento, los costes laborales siguen creciendo a tasas entre el 4% y el 5%, avivando esa espiral inflacionista y dificultando a los bancos centrales implementar políticas monetarias necesarias para combatir la recesión. Mientras los costes laborales continúan creciendo, los precios de los productores muestran una tendencia deflacionaria. Esta aparente contradicción sugiere que las empresas podrían estar absorbiendo parte de las presiones de costes en lugar de trasladarlas a los consumidores. Cabe recordar que, además del incremento de los costes operativos, los costes financieros de las empresas endeudadas también han crecido a consecuencia de la subida de los tipos de interés. Así, un periodo prolongado de presiones deflacionarias y costes financieros altos podría socavar la rentabilidad de las empresas y la estabilidad económica. 

El informe Evasión fiscal global 2024, elaborado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, ha puesto números a una de las grandes lacras de la globalización: la evasión y elusión fiscal, con una atención especial a los megarricos. El estudio, que propone una tasa para quienes recurren a esta práctica, detalla que los activos financieros que los españoles más acaudalados tienen en paraísos fiscales ronda la cifra récord de 140.000 millones de euros, lo que supone el 10,6% del PIB del país en 2022.  “La evasión fiscal, el ocultamiento de riqueza y el traslado de beneficios a paraísos fiscales no son leyes de la naturaleza. Son el resultado de decisiones políticas o de la imposibilidad de tomarlas”, resume el economista Gabriel Zucman, discípulo de Thomas Piketty, director del Observatorio y uno de los coordinadores del informe. No todo, sin embargo, es de color negro. Ha habido importantes avances en los últimos años. Entre ellos, el intercambio automático de información bancaria entre países, en vigor desde 2017, que ha permitido aflorar miles de millones de dinero oculto en refugios fiscales y reducir de forma drástica la evasión de las grandes fortunas. Si al inicio de este siglo hasta un 95% de la riqueza financiera offshore —es decir, acciones, depósitos, bonos, pero no obras de arte, joyas o inmuebles fuera del país de residencia del propietario— no era declarada, ahora la cifra que se escapa de tributar se estima en un 27% —no es ilegal poseer activos en territorios offshore, si se cumple con las obligaciones fiscales—. “Es un logro importante contra la evasión fiscal, que demuestra que se pueden hacer progresos en un periodo de tiempo relativamente breve”, concluye el documento, que se publica hoy.

El proceso de creación del euro digital va a ser la reforma monetaria más importante del siglo XXI, a la altura de la revolución de las telecomunicaciones en el siglo XX y supondrá el diseño de una plataforma para que, además de los bancos, los ciudadanos puedan utilizar también esta moneda, lo que producirá una liberalización de las actividades financieras, según explico el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la conferencia ‘Tech in Finance’. La semana pasada precisamente, el Banco Central Europeo decidió pasar a la fase de preparación del euro digital, que durará alrededor de dos años. A juicio de Fernández Ordóñez, una de las ventajas que traerá el euro digital es la desaparición de la política monetaria en la medida en que los bancos no tendrán que alterar los tipos de interés para controlar la demanda, sino controlar la emisión de dinero. Todo ello llevará a suavizar las políticas macroeconómicas y serán menos necesarias las intervenciones de los bancos centrales. El exgobernador subrayó que es imparable el proceso de creación del euro digital por parte del BCE. La jornada ‘Tech in Finance’ reunió en Málaga a más de 150 profesionales relacionados con la tecnología y el mundo financiero y el tema estrella fue la creación de monedas digitales por parte de los bancos centrales. Alex Saiz Verdaguer, CEO de Monei, advirtió de posibles presiones políticas para frenar este proceso de transformación financiera. Señaló además que tendrá que ser un proceso muy suave para no poner en peligro el actual sistema financiero. No obstante, aseguró que el euro digital tiene un potencial técnicamente abrumador y que abrirá un abanico de funcionalidades avanzadísimas a disposición de empresas y pymes.

La intensificación de la ofensiva israelí se transformó ayer en una lluvia de misiles sobre Gaza, el primer bombardeo selectivo sobre Cisjordania después de casi dos décadas y amenazas directas a Irán y Líbano si se implican en la guerra. Netanyahu volvió a arengar a las tropas preparadas para invadir Gaza. La intensificación de la ofensiva israelí anunciada el sábado por un portavoz del ejército se tradujo ayer en una madrugada de fuego continuo. Los misiles llovieron sobre Gaza. La aviación de Israel arrasó «multitud de túneles, sitios de almacenamiento de armas, centros de comando, mezquitas utilizadas como salas de guerra y un sitio de producción de armas», según un comunicado oficial, además de «activos de Hamás en edificios de varios pisos». Con este eufemismo, las Fuerzas de Defensa aluden a la demolición de los inmuebles más altos, donde suponen que hay francotiradores ocultos o lanzaderas de cohetes destinadas a minar la eventual ofensiva terrestre. La milicia islamista disparó, por su parte, 550 cohetes hacia Israel. Algunos también se precipitaron por error en Gaza. La muerte campó a sus anchas una noche más. Sometida a esta danza de las bombas, la madrugada de «aplastamiento» en la Franja se cobró al menos 266 vidas y varios centenares de personas resultaron heridos. Civiles y niños, en su mayoría, que fueron los principales receptores de los impactos. Muchos niños. La mitad de las víctimas nunca alcanzará la mayoría de edad, según el Ministerio de Salud de Gaza, que elevó a 4.651 el número de muertos en este enclave desde el inicio de los ataques aéreos. Tel Aviv aseguró que abatió a un número indeterminado de «terroristas». Las Fuerzas de Defensa no solo atacaron territorio gazatí. Un bombardeo de precisión destruyó una mezquita en Yenin bajo cuyos cimientos Hamás y la Yihad Islámica habían construido aparentemente una base donde sus activistas preparaban un atentado inminente. Esta ofensiva abre un nuevo espacio en mitad del conflicto entre Israel y la milicia palestina. Se trata de la primera ocasión en la que un avión de combate hebreo ataca dentro de Cisjordania en los últimos diecisiete años, lo que representa una «peligrosa escalada», según condenó el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina.