20231029

Los Presupuestos de 2024 no solo van a ser los de «un escenario de debilidad económica», con unos tipos de interés altos que enfrían la actividad y con la incertidumbre de los conflictos de Oriente Medio y Ucrania en los telediarios. Además, serán los últimos de esta legislatura y también los últimos del responsable de la cartera económica del Gobierno vasco durante los últimos ocho años, Pedro Azpiazu. Llegan con el clima social muy revuelto en la función pública vasca, que ha vivido esta semana la primera de las dos jornadas de huelga convocadas por todos los sindicatos salvo UGT. Unas protestas que el consejero afirma no entender, porque las «condiciones económicas de los trabajadores del sector público son bastante razonables». "Sinceramente no la entiendo. Las condiciones económicas son bastante razonables. Un ordenanza tiene un sueldo de 26.300 euros; un auxiliar administrativo, 35.000; la inmensa mayoría de los técnicos superiores, 48.000 y un responsable de servicio, 71.000. Teniendo en cuenta los horarios, que en la práctica están por debajo de las 35 horas semanales, no vemos que haya motivación suficiente...– Sin embargo Euskadi es líder en huelgas.– Es preocupante. Hemos hecho cálculos con las horas de trabajo perdidas por huelgas en 2022 y el impacto en el PIB es del 0,21%, unos 150 millones de euros. Luego nos preocupamos por si la economía crece una décima más o una décima menos. Es que es un impacto diez veces superior al de Cataluña y 35 veces el de Madrid. Esto, junto al daño reputacional y de imagen, supone una pérdida de competitividad si se mantiene en el tiempo...El impuesto a la bancas y a las energéticas, primero soy partidario de cobrarlo... Ciertamente, cuando ves beneficios históricos puede parecer razonable. Además, con esos datos, cuando los banqueros se quejan del impuesto, uno piensa ‘pues oye, dímelo otro día’..."

Continuación de la entrevista con Pedro Azpiazu. El consejero, que en abril cumplirá 67 años, avanza su despedida de la actividad política: «Es importante que otra gente tome el testigo». "Yo tengo fuerzas, lo que pasa es que también tengo ya una edad y es mejor que me dedique a otras cosas. Es importante que haya relevos, que haya gente que tome el testigo. Es un orgullo haber podido ser consejero durante dos legislaturas, pero creo que ir más allá sería una pesadez para los ciudadanos. – Por tanto, éstos serán sus últimos Presupuestos. – Posiblemente sí...– Antes de ser consejero fue diputado del PNV en el Congreso durante 16 años. ¿Cómo ve las negociaciones para la investidura de Sánchez?– No sé más que lo que leo en la Prensa sobre el acuerdo de Sánchez con Díaz y los problemas con Junts y ERC. Veremos. Creo que es un acuerdo muy, muy, muy complicado. Si Sánchez lo consigue debería escribir otro ‘Manual de resistencia’..."

Seis de cada diez empleados guipuzcoanos con pacto en vigor trabajan menos de las 37,5 horas que plantea el pacto del futuro Gobierno de PSOE y Sumar. La medida estrella del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, la reducción de la jornada laboral máxima de forma progresiva en los dos próximos años, hasta situarla en 37,5 horas semanales en 2025, sin que implique una rebaja salarial, tendrá un efecto limitado en Gipuzkoa. Y es que seis de cada diez empleados guipuzcoanos que tienen sus convenios sectoriales actualizados ya trabajan menos de esas horas. Así se desprende de los datos de que dispone el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco y al que ha tenido acceso este periódico. De hecho, de los 62.733 trabajadores guipuzcoanos que tienen sus convenios sectoriales vigentes, 40.417 cuentan con una jornada laboral inferior a las 37,5 horas que pretende establecer el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez si logra los apoyos suficientes para la investidura. Se trata, además, de los convenios más importantes del territorio tanto por volumen de trabajadores como por ser una referencia para el resto de la negociación colectiva, como es el caso de la Industria Siderometalúrgica, que aglutina a casi 30.000 empleados y cuya jornada semanal es de 37,17 horas. También el de la Construcción está por debajo de esa referencia, situándose con 36,93 horas. Artes Gráficas es otro de los convenios sectoriales que gozan de una jornada inferior a la que pretende fijar el futuro Gobierno, al igual que el del Papel y el de Estaciones de Servicio, como se puede ver en el gráfico adjunto. Y los pactos que registran una jornada más reducida son los de Instalaciones Polideportivas y Gestoras de Información y Documentación, en ambos casos con 34,87 horas semanales. Eso sí, la media de todos los convenios vigentes sectoriales arroja una jornada de 37,34 horas semanales, siempre por debajo de las 38,5 horas que se fijaría el próximo año y de las citadas 37,5 de 2025. 

El acuerdo de reducción de la jornada semanal se produce en un contexto en el que se están ensayando proyectos para aplicar la semana de cuatro días sin merma de salario. Lo está haciendo el Gobierno central en el ámbito industrial, con cuatro empresas vascas apuntadas, y también lo hará el Gobierno Vasco, aunque no la pondrá en marcha al menos hasta 2025, según adelantó a este periódico la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia. La idea es testarla no solo en empresas industriales y la jornada sería de 32 horas, es decir, por debajo de lo pactado entre PSOE y Sumar. Ahora se están sentando las bases del proyecto y el próximo año se hará el diseño definitivo y se fijará el momento de implementarlo.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, Iñigo de la Peña, indica que todos aquellos trabajadores que tengan una jornada por encima de las 37,5 horas se verán beneficiados con el cambio de legislación, porque será de obligado cumplimiento al establecer una jornada máxima, una cuestión que podría quedar fijada en el Estatuto de los Trabajadores, con lo que tendría que modificarse en ese apartado. Añade que para evitar cualquier duda en lo que se refiere a la jornada equivalente anual, lo ideal sería que el propio Estatuto recogiera también la referencia anual. Con todo, quiere dejar claro que hay algunos sectores o colectivos que trabajan ocho horas diarias, pero luego en el cómputo anual la media se reduce porque se compensa con más días de libranzas o descanso o con jornadas continuas más reducidas en verano. Y aunque la mayoría de los convenios establecen jornadas anualizadas, explica que por ejemplo, el de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa fija además una jornada semanal de 35 horas; es decir, establece un doble límite. Pero pone el acento en otro colectivo, como es el de los trabajadores que tienen jornadas parciales. Y es que indica que se verán muy beneficiados en la medida en que cobrarán más por las mismas horas, ya que a ellos no les pueden reducir más las horas trabajadas y con la reducción de jornada al resto de trabajadores sin merma salarial, la hora se paga más cara. De la Peña lo explica. «Si trabajan veinte horas a la semana y eso equivale a la mitad de un sueldo completo, con las mismas horas verán incrementado su salario, salvo que se produzca una picaresca y les reduzcan la jornada». 

Quien más quien menos, todos hemos experimentado cierta decepción por ese traicionero desfase entre los gráficos de la presentación de un gran proyecto y su resultado final. Edificios que parecían más grandes o bonitos, parques con menos juegos de los que se habían prometido, árboles que terminaron siendo arbustos... El Ayuntamiento de Vitoria no ha sido ajeno a ese fenómeno en los últimos años, ya sea por una mala ejecución o su falta de planificación. Esta semana se ponía el foco en el teatro vegetal de Olárizu, que acaba de cumplir dos años sin acoger espectáculos por sus numerosos condicionantes técnicos y la falta incluso de una toma de electricidad. Pero no es el único caso. La capital alavesa arrastra una decena de proyectos fallidos o que se encuentran atascados desde hace años, y que la nueva Corporación busca ahora reactivar, incluso con una finalidad distinta a la de su concepto original. Más que un ejercicio de arqueología del fiasco o de realizar una lista de la vergüenza, se trata de una relación de infraestructuras a las que el Consistorio pretende buscar una solución a medio plazo. De hecho, acaba de anunciar que analizará la viabilidad del teatro vegetal «para que no se traduzca en tirar dinero a la basura». De momento, ha costado 70.000 euros entre la materialización del proyecto (64.000 euros) y el mantenimiento actual (6.000). El Centro de Estudios Ambientales (CEA), gestor de este singular equipamiento, analizará si merece la pena instalar los suministros necesarios para que pueda empezar a funcionar.

Fundó su empresa IPmarketing con 23 años y enseguida echó un pulso a la dirección del colegio de economistas vascos a la que invitaba a cambiar de aires. La presidenta de la sección alavesa de ese colegio, vocal de la asociación de empresarias Ampea y desde hace muy poco responsable de administración y gestión de Giroa-Veolia, quiere dar visibilidad a la mujer economista, emprendedora y líder, en las antípodas de ese estereotipo de señor con americana y puro. Itziar Paunero (Vitoria, 1986) que ha llegado a llevar las riendas de dos empresas a la vez, habla de retos. "Solemos hablar de la incertidumbre y con las guerras pues más todavía. Suben los tipos; luego está ese casi pleno empleo, que supone que el movimiento de personas está un poco cerrado; cada vez te ahogan más a impuestos, las materias primas están más caras... Y si decides estar en medio y no trasladar todo ese gasto a tu cliente, pues vas perdiendo...Lo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas va a depender de la cultura empresarial. Hay empresas que son de producción pura y dura en las que se calculan los minutos y eso puede tener repercusión en la cuenta de resultados. Pero por contra, si quieres que esa persona trabaje contenta y esté a gusto pues es un le quitas y le das. Eso será cuestión de cada empresa...Cuando vemos las gráficas de economistas, la edad media es alta y el porcentaje de hombres también. Vemos más al hombre como director financiero y a la mujer en el campo de la administración y es algo a trabajar... No se ven mujas mujeres al mando y hace falta. Hace falta un equilibrio también, porque yo he tenido equipos de todo mujeres y no ha funcionado nada, un desastre. Sí es cierto que tenemos que llegar a esa paridad y en Álava no se ve; en Bizkaia por ejemplo hay más mujeres..."

Siete de cada diez vizcaínos tienen que salir del municipio donde residen para acudir a su centro de trabajo. Se trata del territorio vasco con más movilidad laboral y lo más llamativo es que con el paso de los años esta realidad va a más. Hace dos décadas, en 2001, solo la mitad de la población tenía que moverse de su lugar de residencia. Hay muchos factores que lo explican: los cambios en el mercado laboral, en el urbanismo, el precio de los pisos... Francisco Javier Azpiazu, secretario general de la patronal vizcaína (Cebek), certifica que «cada vez nos desplazamos más; en los últimos años la movilidad laboral se ha incrementado mucho y ha llegado para quedarse». Lo de tener un trabajo para toda la vida ya es parte del pasado, y cuanto más nos cambiemos de empresa más posibilidades hay de que ese cambio implique también tener que viajar a otro municipio. Hay probabilidades especialmente altas de que esto ocurra en un entorno como el de Bizkaia, con un área metropolitana donde las relaciones entre poblaciones diferentes y próximas son elevadas y a menudo cómodas. «Somos un territorio pequeño, con un metro que une diferentes municipios y con centros de investigación y empresas fuera de entornos residenciales», analiza Goio Martín, del gabinete técnico del sindicato CC OO. «Las industrias tampoco están dentro de los núcleos urbanos», continúa. Así que se antoja algo lejana esa pretensión, ese ideal sostenible, que se ha llamado ‘la ciudad de los quince minutos’, es decir, aspirar a un entorno donde vivir, trabajar, comprar y divertirse estando todo lo que se necesita a un cuarto de hora caminando. Es más difícil aún en los municipios más pequeños.

La productividad española, ese factor clave para el impulso de la economía, lleva años, incluso décadas, estancada. Es, junto al elevado desempleo, ese talón de Aquiles que ningún gobierno ha conseguido resolver y ni siquiera mejorar de forma significativa. Es más, está muy pero que muy alejada de otros países cercanos, como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda… E incluso la brecha con Europa, lejos de acortarse, se agranda. Y eso que dedican menos horas a trabajar. Hay muchas formas de medir la productividad, diferentes índices que analizan su evolución, pero se tome el que se tome como referencia el resultado puede variar ligeramente pero no la conclusión: España tiene un serio problema con su productividad, que prácticamente no ha mejorado en las últimas décadas pese a los grandes progresos tecnológicos que ha habido. Durante el periodo 2014 a 2022 apenas ha crecido tres décimas, una tercera parte de lo que se ha impulsado en el conjunto de Europa (0,9%), según el índice elaborado por Eurostat. Así, en 2022 el PIB nominal por hora trabajada en España era un 76% del valor registrado en la Eurozona y solamente el 63% de Alemania, una brecha de 13 puntos porcentuales que es idéntica a la que existía ya en el año 2000, según destaca un estudio publicado recientemente por CaixaBank Research. Y tampoco mejoran estos datos si se utilizan las estadísticas de la OCDE publicadas esta misma semana. De los 37 países que forman parte de este club de las naciones más desarrolladas, 19 están por delante de España. A la cabeza de la productividad, Irlanda, que duplica con creces la tasa española; seguida de Luxemburgo y Noruega. Y no solo eso, sino que España está por debajo de la media de la OCDE, que incluye a países emergentes como Colombia, México, Sudáfrica o Costa Rica –que rebajan mucho la media–, y su crecimiento en la última década ha sido aproximadamente la mitad que la media de esta organización.

La juventud trabaja distinto. Conciliación y flexibilidad horaria. Las empresas estudian cómo adaptarse a la generación Z. Conocidos también como ‘centennials’, en dos años coparán el 27% del mercado laboral. Y no quieren repetir esquemas del pasado. Son nativos digitales, gozan de habilidades diversas y buscan el aprendizaje constante, «características cruciales para triunfar en el mercado laboral actual», advierte Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo. Con estas credenciales y ante la alarmante falta de talento y mano de obra cualificada que soporta el tejido empresarial español –se calcula que hay entre 150.000 y 170.000 puestos sin cubrir–, el mundo se abre a este colectivo, integrado por jóvenes de entre 18 y 26 años. Mientras, las compañías estudian cómo adaptarse a sus reglas y buscan fórmulas que les incentiven. Porque los ‘Z’, que no han conocido el mundo sin redes sociales ni internet, resultan indispensables para las organizaciones y empresas que quieran adaptarse a los avances tecnológicos. «Muchos trabajos tradicionales están siendo reemplazados por tecnología automatizada. Ocurre en todos los ámbitos, y más desde la irrupción del teletrabajo. Nos encontramos con personas con una amplia gama de habilidades, polivalentes y con gran capacidad de adaptación al cambio, y esto es algo muy valorado por las empresas», explica Cruañas. «Son una generación muy pegada a la digitalización y a la tecnología, mucho más preparada que las anteriores y de una manera mucho más natural», apunta Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute. «Tienen formas diferentes de entender y de hacer, y eso se contagia», añade Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, el portal de ofertas de empleo líder en España. Ambos ponen en valor a este colectivo, sin olvidar los dos grandes problemas que sufre el país en materia laboral: la elevada tasa de desempleo y la escasez de talento. «Esto va a obligar a las empresas a cambiar a marchas forzadas, porque el talento hay que cuidarlo más que nunca», sostiene el responsable del centro de investigación, opinión y divulgación del Grupo Adecco.

En las actuales circunstancias la incertidumbre es aún mayor. Una situación geopolítica internacional convulsa, un ‘impasse’ nacional a la espera de una investidura y, por supuesto, sin Presupuestos Generales del Estado para 2024. Pero mientras se siguen haciendo números sobre el papel. Porque pasada la pandemia y viendo que la guerra de Ucrania se va a prolongar, la Unión Europea quiere volver a la ortodoxia macroeconómica y a la senda de reducción del déficit y la deuda públicas. En ese camino cada vez está más claro que «va a hacer falta un esfuerzo adicional, solo con suprimir las ayudas no va a ser suficiente para recortar el déficit al 3%», explica María Jesús Fernández, economista sénior en el Área de Coyuntura económica de Funcas. Bajar el déficit al 3% en 2024, como prevé el Gobierno, frente al 3,9% del PIB como espera cerrar este año supone un recorte de casi un punto porcentual del PIB, es decir un ajuste de más de 14.000 millones de euros. Y eso si se acaba el año con solo el 3,9% de déficit. En realidad, otros organismos como la Comisión Europea o el Banco de España calculan que el desfase entre ingresos y gastos será más elevado este año y se situará más cerca del 4,1%. En lo que coinciden todos, desde la OCDE, el FMI, la Comisión Europea, la Autoridad Fiscal Independiente, Funcas o BBVA Research es que, para reducir el déficit, hay que eliminar todas las ayudas indiscriminadas que se aprobaron temporalmente para paliar el impacto de la subida de precios en los alimentos y en la energía, sino que serán imprescindibles otras medidas de ajuste. Estas ayudas ‘mueren’ el 31 de diciembre salvo que el Gobierno decida prorrogarlas.

La reducción del déficit viene impuesta por la Comisión Europea, pero cómo hacerlo es una decisión política del Ejecutivo español. ¿Subiendo los impuestos o bajando gastos? No hay nada más político que las medidas fiscales. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular aprueban rebajas fiscales en el IRPF, el Impuesto sobre Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que reducirán su recaudación en 2.000 millones de euros en 2024. Por el contrario, en el acuerdo firmado por el PSOE y Sumar se contemplan varias subidas tributarias. Como la revisión y mantenimiento del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas, que en principio solo se iba a aplicar en 2023 y 2024, y que aporta en torno a 2.900 millones de euros anuales. Aunque este anuncio ya ha provocado la reacción de algunas empresas, como Repsol, que ha avisado de que puede reconsiderar sus inversiones en España si se mantiene el impuesto. El tributo que sin duda va a seguir es el Impuesto a las Grandes Fortunas, si finalmente es avalado por el Tribunal Constitucional, aunque es de suponer que corrigiendo el error de redacción para lograr la recaudación de 1.200 millones a la que aspiraba el Ejecutivo y que luego se quedó en la mitad.

Los vuelos cortos dentro de España que tengan una alternativa en tren de menos de dos horas y media estarán prohibidos por el Gobierno que intentarán formar PSOE y Sumar. Es el titular general, pero la letra pequeña no llega tan lejos. El acuerdo de coalición incluye una medida que según fuentes del sector aéreo es «más estética que efectista» ya que actualmente muy pocas rutas se verán afectadas y el impacto sería mínimo. Sobre el papel, la propuesta supone que cinco trayectos tendrían prohibida su opción aérea (Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla), pero añade que la excepción serían los casos de conexión con aeropuertos ‘hub’, como es el de Madrid-Barajas, por enlazar con líneas internacionales. Por tanto, será difícil determinar cuál de estas cinco rutas –que el año pasado movieron casi 3,5 millones de pasajeros– se podría eliminar, ya que las cinco llevan a Madrid y podrían ser la conexión de estos viajeros con otros destinos del mundo. La medida impactaría en las conexiones de Iberia y Air Europa con sus destinos internacionales, principalmente con Latinoamérica y Estados Unidos. Es lo mismo que está ocurriendo con la misma medida en Francia, donde el éxito está muy cuestionado porque tras dos años de polémicas se aprobó una norma que en la práctica ha quedado en casi nada. En el país vecino finalmente solo hay tres rutas desde el aeropuerto de Orly afectadas por la prohibición, ninguna desde Charles de Gaulle, que es el ‘hub’ del país, por lo que el impacto está siendo «muy residual».

"Los datos de crecimiento y de empleo divulgados esta semana afianzan la visión de una economía resistente ante las adversidades monetarias y geopolíticas, pero también apuntan a factores de debilitamiento a corto plazo. El consumo privado se consolida como el componente más dinámico, por el buen comportamiento del mercado laboral y los acuerdos de recuperación de poder adquisitivo de los salarios. Es también probable que las familias hayan sostenido su gasto tirando del excedente de ahorro acumulado. Otro factor es la política fiscal: el consumo público sigue expandiéndose a un ritmo superior al de la economía, situándose casi un 10% por encima del nivel prepandemia. La inversión, sin embargo, titubea. Y el endurecimiento acelerado del crédito constatado por la última encuesta de préstamos bancarios del BCE anticipa un escenario de debilidad para los próximos meses, incluso incorporando el estímulo de los fondos Next Generation. Sorprende que, pese a semejante inyección de transferencias europeas, la inversión todavía no haya alcanzado el nivel prepandemia. De momento, las empresas mantienen su cautela, optando por reducir deuda o acumular liquidez. En septiembre sus depósitos bancarios se incrementaron en 10.600 millones de euros. Además, el sector exterior, potente motor de la recuperación en el pasado ejercicio, se resiente del estancamiento de la economía europea, principal fuente de ingresos del exterior. El problema radica en una menor demanda externa, y no en una pérdida de competitividad. Prueba de ello, las empresas españolas ganan terreno no solo en los mercados internacionales, sino también en el doméstico: las importaciones se contraen, a la inversa de lo que suele ocurrir en un contexto de incremento del consumo. En todo caso, las exportaciones de servicios no turísticos siguen creciendo a un ritmo elevado —situándose nada menos que un 22% por encima del nivel prepandemia—pero sin compensar la caída de las exportaciones de bienes. El turismo aguanta, si bien su plena normalización enfría las perspectivas de cara a la próxima temporada..."

Las curvas se vuelven pronunciadas para la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y para la propia conservadora alemana en el último curso de su mandato, que finaliza en octubre del próximo año. Aumentan las críticas y los desafíos para la primera mujer al frente del Ejecutivo comunitario, especializada en gestión de las crisis y emergencias. Tras el respaldo recibido en la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania —dos hitos en los que asumió tareas antes impensables, con la compra conjunta de vacunas o la negociación de armas para Kiev—, su postura en la guerra de Israel contra Hamás puede complicar un periodo ya muy convulso. Esa crisis, unida a la batalla por la ampliación del Presupuesto para el próximo periodo, amenazan con empañar su legado y erosionar su capital político si decide postularse para repetir mandato. La cristianodemócrata, que desempeñó varios cargos en el Gobierno de Angela Merkel, llegó casi de rebote a presidir la Comisión, adelantándose a su compañero de familia política Manfred Weber (Partido Popular Europeo), a la liberal Margrethe Vestager y al socialdemócrata Frans Timmermans. Su nombre no dominaba las primeras quinielas. Quizá por eso ha tratado de diseñar una “Comisión geopolítica”, como prometió al asumir el cargo. Esa aspiración y su apetito para sobrevolar todos los temas ha generado, sin embargo, tensiones dentro del Ejecutivo comunitario y con otras instituciones, según varias fuentes comunitarias. Tensiones más vivas en las últimas semanas por su postura escorada hacia Israel y su polémico viaje a Tel Aviv tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, desde donde Von der Leyen respaldó al Gobierno de Benjamín Netanyahu el día que lanzó el asedio a Gaza.

Xi Jinping dice estar muy preocupado por el rumbo que está tomando la humanidad, con tantos conflictos en curso, inestabilidad financiera y continuas sacudidas del clima extremo. El presidente de China escribió hace unos días una carta con mucho peso dirigida a Estados Unidos en la que pide que ambas potencias trabajen de la mano para gestionar sus diferencias y que respondan juntas a los desafíos globales. Hacía mucho tiempo que el líder chino no usaba un tono tan conciliador para dirigirse a su gran rival, a quien parece ofrecer una tregua. Desde Washington también llevan tiempo con movimientos en ese sentido, como enviar en cuatro meses a Pekín a tres secretarios del Gabinete norteamericano, sumando más visitas que en los dos años y medio anteriores. La dura competencia perdurará, al igual que la lluvia de sanciones por ambos lados, así como la batalla por ganar la narrativa y extender la influencia global. Pero también es evidente el deshielo en las relaciones entre la primera y la segunda economía mundial. Esto es muy importante en un momento en el que el mundo ha visto estallar otra guerra en Oriente Próximo que amenaza con expandirse más allá de Israel y Palestina. «Si Estados Unidos y China logran establecer una forma correcta para llevarse bien, eso será crucial para el mundo», escribió Xi lanzando un llamamiento a favor de unas relaciones bilaterales más estables que se sustenten en los principios de «respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para todos». La inesperada misiva de Xi se leyó el miércoles en una cena de gala en Nueva York a la que asistieron destacadas figuras académicas, deportivas y culturales de China. 

«Hemos pasado a una nueva fase en la guerra. Anoche [por el viernes], la tierra de Gaza tembló. Atacamos por encima y por debajo de la tierra. Atacamos a todos los terroristas de todos los rangos y en todos los lugares», afirmó el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, horas después de que sus cazas bombardearan 150 objetivos subterráneos y sus soldados siguieran desplegados en el norte de la Franja de Gaza en la mayor incursión terrestre de la guerra contra el grupo yihadista Hamas iniciada hace tres semanas. «Entramos en la segunda fase de la guerra con objetivos claros, destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y la puesta en libertad de los secuestrados», declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmando la ampliación de las operaciones por tierra. Y añadió: «Hemos eliminado incontables asesinos y hemos destruido incontables infraestructuras terroristas. Es solo el principio. La guerra dentro de la Franja de Gaza será larga y difícil». Una ofensiva terrestre que, en declaraciones del jefe del Ejército, Herzi Halevi, es necesaria «para lograr los objetivos». ¿Cuáles? El desmantelamiento de Hamas, la seguridad en las fronteras y los máximos esfuerzos para recuperar a todos los secuestrados, enumeró Halevi señalando que hay un gran número de muertos en las filas de Hamas. Como el resto de oficiales y dirigentes, lleva sobre sus espaldas la pesada losa de no haber evitado el atentado del 7-O. Pero incluso sin miles de uniformados en las callejuelas de Gaza, los ataques son ya tan intensos que por un lado familiares de las 230 personas en manos de Hamas y de la Yihad Islámica se reunieron de forma urgente con el primer ministro Netanyahu, para exigir que no se ponga en peligro a los suyos; por otro lado, se causó un apagón en el enclave palestino.