20231105

Entrevista con Tamara Yagüe. Es desde el pasado mes de julio la nueva líder de los empresarios vascos, tras haber asumido la presidencia de la organización que actúa como cúpula de representación empresarial en Euskadi, Confebask. Es la segunda mujer en ocupar el cargo y es un producto de la cantera de las organizaciones empresariales. Durante los tres años anteriores ocupó la presidencia de la principal patronal sectorial vizcaína, la del metal (FVEM), donde ya dejó claro que es de esas personas a las que se les entiende todo lo que dicen. Diplomacia sí, pero al turrón. No duda en elevar algo el tono para denunciar lo que, en su opinión, es una campaña de imagen de los sindicatos, al menos de algunos, que trata de distorsionar la realidad económica del País Vasco. "Tenemos que poner el acento en la formación, atraer talento, también hay que esforzase en contrarrestar el problema demográfico e incentivar la inversión.– ¿Bajar impuestos?– No, bajarlos no. Lo que me parece necesario es reclasificarlos y que haya incentivos para quienes invierten...s cierto que sería necesario valorar más el papel del empresario porque es el motor de la sociedad. Es quien crea riqueza, empleo y todo ello genera los impuestos para sostener el bienestar social. Hay que proteger, potenciar y premiar esa figura. La sociedad tiene que estar orgullosa de que haya empresarios y empresarias...¡Ya está bien de decir que los salarios en el País Vasco son precarios. No es cierto! Ya está bien de decir que la conflictividad es la vía para solucionar algo que no es real...Estamos en máximos históricos de concertación de convenios, se han pactado subidas salariales para este año por encima del 4% o el 5%, que superan el IPC, y tenemos los mejores salarios junto con la Comunidad de Madrid en el Estado, la jornada laboral más reducida y un bienestar social pionero en Europa. ¡Ya está bien!...Las empresas también tenemos que reflexionar sobre lo que tenemos que ofrecer. Tenemos que adaptarnos a los jóvenes y no los jóvenes a las empresas. Quieren cosas distintas, no es solo una cuestión salarial. Quieren flexibilidad, carrera profesional, entornos agradables… Tienen valores distintos. Disfrutar del tiempo libre, por ejemplo, es una prioridad. Quizá antes le dábamos más importancia a una dedicación plena al trabajo. Hay que adaptarse a estos cambios. Incluso hay que cuidar los valores de la propia empresa, porque los jóvenes cada vez le dan más importancia a la responsabilidad social de la compañía en la que trabajan..."

Continuación de la entrevista con Tamara Yagüe. "– En el pacto de Gobierno suscrito entre Sumar y el PSOE se recoge un aumento de la presión fiscal sobre las empresas. ¿Teme que esa ola se traslade también al País Vasco? –Lo primero que hay que recordar es que el que más gana más paga. Eso ya sucede y con un sistema que en el IRPF, por ejemplo, es progresivo. En momentos de máxima recaudación de nuestra historia como el que vivimos ahora, pensar en una subida de impuestos solo responde al afán recaudatorio. Y además con algunas propuestas que rozan la discriminación...– ¿Le pediría al PNV que no respalde en el Parlamento el impuesto especial a la banca y las energéticas?– Sí, por supuesto que se lo pediría. Creo que su efecto puede ser negativo.– ¿Y qué le parece la propuesta de reducir a 37,5 horas la jornada semanal?– De momento es un acuerdo para gobernar. Es una medida intervencionista que se toma de espaldas al diálogo social. No puede ser que el Gobierno se empeñe en regular, una y otra vez, materias que están reservadas a la negociación colectiva.– Pero en el caso de Euskadi hay muchos convenios que ya aceptaban una jornada como ésta.– Sí, pero también hay sectores que son intensivos en empleo, como los servicios, la hostelería o el comercio, en los que puede tener un gran impacto..."

Tamara Yagüe lleva las riendas de la patronal vasca (Confebask) desde el mes de julio. Firme defensora de la colaboración público-privada, exige respeto y reconocimiento a la figura del empresario, subraya que en Euskadi se negocian los convenios y se pagan los mejores salarios del Estado, con lo que no cabe hablar de precariedad ni optar a la ligera por las huelgas, y demanda a los gobiernos estabilidad y una fiscalidad que favorezca la actividad económica. "Yo me quedo con que ha habido récord de concertación de convenios. Este año, Adegi, Cebek y SEA han cerrado un récord de convenios, y más del 50% de los trabajadores tiene actualizadas sus condiciones con alzas del 4,5% o el 5% cuando el IPC está en el 3,5%. La defensa de los sindicatos de la huelga como única vía y el mensaje de la precariedad de los salarios, simplemente no son ciertos. Ninguna de las dos cosas. Tenemos los salarios más altos del Estado. Y los convenios se han cerrado mediante el diálogo. Nadie puede sacar pecho de que somos el país que más huelgas hace...Lo que sí puedo decir es que nos encontramos en un país donde los salarios medios son los más altos. Y con un Estado del Bienestar referente en Europa. No tenemos que trasladar una imagen catastrofista del país. Puede dañar el crecimiento económico. Si trasladas una imagen así determinadas inversiones pueden cambiar de país.–En lo que sí somos campeones es en absentismo...–Año tras año. El 90% es por enfermedad común. Y es muy difícil de entender para una empresa con plantas en dos comunidades autónomas que la vasca duplique a la otra. Por eso hemos insistido en crear un grupo de trabajo en la Mesa de Diálogo Social. Están a punto de salir las conclusiones...El salario no es un tema solo de voluntad de la empresa. También está relacionado con la productividad, con la experiencia... Lo que las empresas tenemos que trabajar es una parte del salario emocional, que es lo que requieren los jóvenes. Requieren flexibilidad en el trabajo, que me parece mucho más interesante que la semana de cuatro días, o entornos agradables. Analizan mucho los valores y la responsabilidad social de las empresas. Es mentira eso de que «los jóvenes no quieren trabajar»...Hay una parte del actual Gobierno central que ha desprestigiado y ninguneado la figura del empresario, y eso no se puede permitir. Hasta se ha personificado. Eso yo no lo he visto nunca. No ocurre lo mismo con el Vasco..."

Continuación de la entrevista con Tamara Yagüe. "Las pymes, que son el gran entramado de nuestra industria, lo que dicen es que esos fondos no llegan. De hecho, las inversiones las hacen a pulmón. El plan era ambicioso, con grandes pertes para grandes empresas, y cuesta ponerlo en marcha...Hay un tiempo para gastar el dinero y no se está siendo ágil. Si esas ayudas dependieran de un Gobierno autonómico, con conocimiento más cercano del tejido, podrían ser más efectivas...La transición energética es un hecho. ¿En qué tiempo? Tengo mis dudas sobre que se haga en los plazos que nos hemos fijado. Somos ambiciosos pero estamos acostumbrados a las moratorias. Lo importante es tener el objetivo. Ya hay países que piensan en más plazos. La ideología es importante, pero la tecnología también. Y hay que ser competitivos...–¿Faltan directivas en Euskadi?–Sí, ahí es donde más trabajo hay que hacer, hombres y mujeres. Nosotras tenemos que hacer más, y a veces es cansado (Ríe). Y hay que pensar que el empresariado está masculinizado, y más en el País Vasco. Tenemos que ayudar al de arriba a subir a la de abajo. A la mujer se le exige más y ella misma todavía se exige más. Se necesita un cambio. Y estoy a favor de las cuotas como impulso, y ojalá tengan que desaparecer"

Una de las primeras patatas calientes del futuro Gobierno de coalición –si finalmente sale adelante la investidura de Pedro Sánchez antes del día 27– tiene nombre propio: la prórroga del impuesto extraordinario a la banca y las energéticas. O más bien la «modificación» del gravamen, como reza el acuerdo entre PSOE y Sumar. O incluso el «ajuste» del tributo, como indicaba esta semana el número dos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No está claro cómo quedará esta controvertida figura fiscal por la que las entidades financieras, las eléctricas y las petroleras han pagado este año 2.900 millones de euros. La única verdad casi absoluta es que, de una forma u otra, ambos sectores tendrán que seguir sufragando este impuesto derivado de la escalada de tipos de interés y la subida de los precios energéticos, respectivamente. Otra verdad que casi se puede dar por sentada: el gravamen no será el mismo a partir del 1 de enero de 2024, tal y como apuntan diversas fuentes de la negociación política y gubernamental que participan en este proceso. Porque ni los tipos seguirán subiendo mucho más allá del 4,5% actual; ni el precio del barril de Brent se situará en los 120 dólares; ni la economía carburará como lo estaba haciendo hasta ahora, por encima del 2%. Y todos estos factores irán rebajando previsiblemente el impacto del impuesto en las cuentas de resultados de ambos sectores cuando definitivamente se ponga en marcha. Aunque los avisos de los directivos financieros y energéticos han sido constantes en estos últimos días de presentación de resultados, la advertencia de mayor calado ha llegado estos días por parte de Repsol. 

MásMóvil se hizo con Euskaltel por 3.000 millones en 2021. En cambio, a los saudíes de STC les han bastado 2.000 para convertirse en el primer accionista de Telefónica, desatando un terremoto que esta semana ha tenido su onda expansiva con la compra de la división española de Vodafone por parte del fondo inglés Zegona. Los británicos que gestionaron Euskaltel vuelven con 5.000 millones de los que, por cierto, no ponen ni un euro, ya que toda la operación ha sido financiada por bancos. Y todo cuando es inminente conocer las condiciones que fija el área de Competencia europea para autorizar la fusión entre MásMóvil y Orange, operación que alumbrará al principal operador en número de clientes en España. Las compañías avanzan hacia una configuración de mayor tamaño, con más capital internacional –en los dos últimos dos años se han movilizado más de 10.000 millones– y con centros de decisión más alejados. De ahí los esfuerzos del Gobierno de España por mantener la nacionalidad de Telefónica para el control de un activo estratégico: las redes, que se han convertido en oro. En oro, pero a muy largo plazo porque sus dueños hoy son incapaces de acometer las inversiones necesarias para desarrollarlas, aunque todo el mundo las quiere. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué estas empresas son a la vez tan codiciadas y tan vulnerables? A las tecnológicas, el Gobierno les ha encargado asumir la inversión de la red de 5G. Pero es demasiado voluminosa para unas compañías que no ingresan lo suficiente por la guerra de precios que les enfrenta. Mantener cuota de mercado es a costa de perder márgenes. Así que la apuesta del sector es buscar fusiones y reducir las siglas que compiten entre sí. Ahí es donde encaja la operación del dueño de Euskaltel, MásMóvil, que espera fusionarse con Orange a cambio de vender a Digi parte de la red móvil. Es lo que fuentes conocedoras del proceso dan por hecho para las próximas semanas. El hecho de que el regulador europeo de Competencia haya apostado por Digi como el beneficiario de la venta de los activos duplicados –lo que en el argot recibe el nombre de ‘remedies’– no ha hecho especial ilusión al sector.

Entrevista con Juan Luis Cañas, premio empresarial Joxe Mari Korta. "En el rango bajo de precios es donde más se vende y donde hay más competencia. Nosotros, en cambio, decidimos jugar en la liga de los productos de calidad, por lo que hacemos todo manual, vendimiamos con cajas, hay mesas de selección...Llegar hasta aquí no ha sido sencillo y a veces ha sido a base de no vender a cualquier precio. Nos han ofrecido comprarnos cajas de reserva a menos de lo que considerábamos, pero nos hemos negado para no prostituir el sistema. Si vendes barato, esto se convierte en una cadena en la que ganas poco dinero, pagas menos por la uva a los proveedores y generas una viticultura de calidad inferior. Yo creo que hay que buscar a un cliente que nos pague el precio acorde al trabajo que hacemos para darle prestigio a nuestra casa...Aquí han pasado cosas que nadie preveía. La pandemia ya es lo de menos, pero la guerra de Ucrania está haciendo que suban los precios en toda Europa. Tampoco hay que olvidar que las ventas bajaron una barbaridad con el ‘Brexit’. Yo creo que, además, la política de Rioja ha sido buena para algunas bodegas porque han ganado mucho dinero, pero para coger fama y prestigio ha sido negativa en el sentido de que se han preocupado más en vender mucho volumen a un precio barato en vez de buscar calidad y precio más alto. Todo eso hace que seamos reconocidos en cualquier lugar del planeta, pero luego ves a qué precio se venden los vinos y estamos por detrás de Francia, Italia, Chile, Argentina... No creo que la gente de Rioja hubiera cambiado hace 30 años si hubiese sabido las consecuencias...– Alguna vez ha dicho que puede entender que se pretenda aprobar una denominación alavesa para controlar desde aquí, pero siempre dentro de Rioja. – Estoy a favor de que eso ocurra. ¿Qué hay mejor que controlar nosotros mismos Rioja Alavesa sin salirnos de la Denominación de Origen y cooperando con ellos? Será difícil avanzar en ese sentido ya que el 85% de los votos en el Consejo Regulador sigue correspondiendo al grupo Rioja...Las visitas nacionales se concentran los días festivos. Entre semana hay muchos ingleses, franceses, mexicanos y sobre todo estadounidenses. El americano cruza el ‘charco’, pero luego va a Burdeos o la Toscana. Dos de ellos gastan más que algún autobús que viene un sábado"

El previsible cierre de Glavista, dedicada a la fabricación de parabrisas, pondría en una difícil situación a los 200 trabajadores que quedan en la plantilla. Sus empleos están en grave peligro. Su despido agravaría las tensiones en una zona sometida ya al traslado del almacén de Lidl a Nanclares y el cierre de empresas como Vicalde y Lipmesa en Llodio o Valvospain en Amurrio, sin contar los pequeños talleres afectados por la caída de pedidos y la crisis de la cadena de suministros. No es extraño en Llodio este panorama de crisis encadenadas. Tampoco para Jagoba Luengas, conocido en la zona por su especialidad como abogado laborista con experiencia en conflictos como la huelga de Tubacex. A cada paso, alguien le saluda y alguno le pregunta por Glavista, porque está personado en el proceso concursal de la vidriera, que ha iniciado ya su liquidación. «Informamos a unos sesenta trabajadores de lo que está ocurriendo en el concurso», aclara. En las manifestaciones, la plantilla culpa a Guardian, su empresa matriz, de la situación. «Es una operación diseñada. Guardian vendió hace dos años la sección de parabrisas a Parter Capital. Es una forma de hacer ya conocida para no asumir responsabilidades. La Ley Concursal se diseñó para que el que entra, salga indemne, pero hay aspectos aprovechables», analiza el abogado. De hecho, el cierre no parecía probable en junio, cuando Amine presentó una oferta. «No tenía recorrido. Se retiró de inmediato, en cuanto la admitió el Juzgado», explica. En esas circunstancias, Luengas entiende que se debería haber solicitado un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de extinción. Pero se pidió un nuevo ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que duró hasta finales de septiembre. «Perjudica a los trabajadores porque van a estar meses sin cobrar y sin acceder a las ayudas del Fondo de Garantía Salarial, más altas que las del Servicio Público de Empleo Estatal», apunta. Respecto a la reapertura de las conversaciones entre Guardian y Amine, asegura que «no me parece serio. Me extraña que no tuvieran nada apalabrado antes de ofertar».

Bergé y Compañía, empresa vasca que nació en el XIX al calor de los inventos en la marina mercante, el motor de vapor, el hierro y el acero, planea vender en Bolsa hasta el 49% de su filial de automóviles Astara para financiar su expansión. Bergé manda en dos sectores económicos clave, la automoción y los servicios logísticos, y Astara es una máquina de hacer dinero. Las tres familias que controlan el grupo desde hace más de un siglo —Gorbeña, Enciso y Bergé— creen que ha llegado el momento de hacer caja. Otras compañías familiares como Prosegur Cash, de la familia Gut Revoredo o Acciona Energía, de los Entrecanales, también han acudido al mercado sin perder el timón de las filiales. Es una buena idea, pero en un momento complicado. La incertidumbre, dentro y fuera del país, puede aplazar la venta prevista para la primavera del próximo año, según admiten fuentes conocedoras de la operación. La oferta de acciones de Astara, en la que participa con un 25% Mitsubishi Corporation, no cambiará la relación de fuerzas ni en el grupo ni en la filial, según las mismas fuentes. La salida a Bolsa, con Citi, Deutsche Bank y Santander como colocadores, pone en el escaparate una compañía que vende y/o alquila automóviles de 34 marcas de forma exclusiva en 19 mercados de Europa, América Latina y el sudeste asiático. Por sus registros han pasado muchos automóviles. Tres millones desde 1979. Es medio siglo vendiendo coches, lo que ha proporcionado una buena base de clientes y de datos. Ese material es oro molido para el negocio que quiere afianzar el grupo Bergé: la nueva movilidad, enfocada a un cliente que ha cambiado de hábitos y que no piensa ya en el automóvil como una inversión a largo plazo. 

32 centros guipuzcoanos de Bachillerato y FP participan en esta iniciativa pedagógica que inculca la cultura emprendedora. Esta iniciativa sigue contando con gran aceptación en el entorno educativo y con el respaldo de instituciones, empresas y entidades que año tras año renuevan su apoyo. A nivel académico, son 815 alumnos de 32 centros de Gipuzkoa que son tutorizados por 44 docentes de sus centros. A nivel estatal, son 4.500 estudiantes de centros de Formación Profesional y Bachillerato que también proceden de Araba, Bizkaia, Asturias, Castilla-León, Valencia y La Rioja quienes participan. La iniciativa cuenta con el patrocinio de ADEGI, BIC Gipuzkoa, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y UPV/EHU, mientras que Tknika vuelve a ser colaborador. Grupo Wisco, Irizar, KSB, Michelin Fundación, Sarralle, Serviglass y Unceta colaboran como empresas mentoras. El programa que ya está en marcha tiene una duración de cinco meses, durante los cuales se fomenta el espíritu emprendedor entre los jóvenes, contribuyendo a que estos desarrollen aptitudes y habilidades que les permitan identificar una idea y, mediante el modelo Canvas, convertirla en un proyecto real. Tutorizados por un profesor de su centro, los alumnos (divididos en categoría 16-17 años y mayores de 18) forman grupos para desarrollar esos proyectos de emprendimiento que les lleven a poner en práctica competencias transversales como la autonomía, la creatividad, la iniciativa o la reflexión. Todos estos valores, junto a otros tales como la confianza en sí mismos o la capacidad para la toma de decisiones de riesgo, les permitirán en el futuro afrontar los retos que les deparará una sociedad cambiante.

El próximo miércoles, 8 de noviembre, Telefónica celebra su Capital Markets Day. Bajo este anglicismo, se esconde uno de los días más importantes en la historia reciente de la compañía y de la presidencia de José María Álvarez-Pallete, con la presentación de un plan estratégico que se extenderá hasta 2026 y que debe aportar las herramientas para resolver varios retos en el horizonte y dar nuevos vuelos a la acción. Sin embargo, las semanas previas a este día han desviado el foco del evento. Primero, por el desenlace aún abierto de la irrupción saudí en el capital de la empresa y la falta de notificación oficial para materializar su 9,9% del accionariado. Y en segundo lugar, por la posibilidad de que este movimiento mueva al Gobierno a utilizar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como palanca para entrar en el consejo de la compañía. «Un Gobierno responsable tiene que analizar todas las operaciones», aseguró el pasado viernes la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que repitió que Telefónica es la empresa más estratégica de España. Si el interés es meramente estratégico lo pueden poner en duda casos como Indra, compañía que desde el relevo forzado por la SEPI de Fernando Abril Martorell en 2021 ha vivido dos años de crisis corporativa con una cúpula en constante inestabilidad, inversores y reguladores desorientados y parálisis en proyectos estratégicos . Este precedente y las pésimas relaciones del Gobierno con el mundo empresarial y financiero fundamentan la inquietud por el sentido en el que el Gobierno utiliza la palabra «estratégica» para referirse a Telefónica. Cómo de relevante son estos movimientos para los analistas e inversores se verá el próximo miércoles, un día en el que la compañía quiere centrar el foco sobre su negocio y que lleva preparando mucho tiempo. La jornada estará, sobre todo, marcada por la visión a futuro en un momento agitado y complicado para el mercado europeo de telecomunicaciones. «Es bastante necesario. Hace mucho tiempo que no se dan unas perspectivas de medio y largo plazo de la compañía», señala Álvaro del Pozo, analista de Banco Sabadell.

El viento y el agua dan un nuevo respiro a la tercera parte de los hogares españoles, los que han optado por la tarifa regulada de la luz o PVPC. El precio de la electricidad en el mercado mayorista, del que se nutren estos ocho millones de consumidores, seguirá hoy la tendencia de las jornadas anteriores, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), y promediará poco más de cinco euros por megavatio hora (MWh), con toda la madrugada, la mañana y las primeras horas de la tarde a precio cero. Solo a partir de las 17.00, el precio de la luz dejará atrás la zona cero. El hito de los precios cero durante buena parte de la jornada no es ni mucho menos habitual. Pero tampoco es un récord: hace algo más de diez años, el 29 de marzo y el 1 de abril de 2013, la electricidad promedió cero durante toda la jornada. Entonces, como ahora, los aerogeneradores operaron casi a plena capacidad y propiciaron una drástica caída en la cotización de la electricidad. La máxima es clara: cuantas más renovables hay en el sistema, más barata es la factura que paga un buen número de hogares y más baja es, también, la inflación. Es la invisible línea de puntos que une la meteorología y la macroeconomía. El mercado eléctrico español encadena, así, dos jornadas de precios bajo mínimos: ayer, el promedio diario —aún más bajo: 1,51 euros por megavatio hora (MWh)— fue el menor desde finales de enero de 2021. La semana que está a punto de terminar es, también, la más barata en el mercado mayorista (y, por tanto, también para el PVPC) desde mediados de febrero de 2021. Este domingo, el tramo más barato de la jornada para quienes están en el citado PVPC será entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, cuando pagarán menos de tres céntimos por kilovatio hora (KWh), la cuarta parte menos que justo una semana antes. 

"...Ante la magnitud de los desafíos y la marginalización progresiva del multilateralismo, el mantra del libre comercio, con sus más y sus menos, está dejando paso a una inflación de subsidios especialmente perjudicial para los países, como el nuestro, con un estrecho espacio fiscal. El caso de las ayudas de Estado es particularmente significativo. En principio los Estados miembros tienen prohibido subvencionar a sus empresas, ya que se considera que son una distorsión al mercado único europeo. Existen excepciones a esta regla, como cuando los subsidios son temporales y de interés general para la UE, caso de la crisis sanitaria. Pero las excepciones se han ido multiplicando tras la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro proteccionista de otros bloques comerciales. Desde marzo, las ayudas se pueden justificar con el objetivo de descarbonización industrial y de inversión en energías renovables, pudiendo extenderse hasta finales de 2025 —algo que pone fin a la idea de transitoriedad—. Asimismo, las ayudas pueden invocarse, y prolongarse durante dos años, cuando existe un riesgo de deslocalización, en alusión a las ayudas masivas del llamado Inflation Reduction Act de EE UU. La consecuencia es que estamos asistiendo a un aumento exponencial de las medidas de apoyo a los sectores más vulnerables o a los que se consideran como estratégicos. La Comisión aprobó en 2022 ayudas por un total cercano a 672.000 millones de euros, equivalente al 4,2% del PIB de la UE. Además, las ayudas se reparten de manera desigual: más de la mitad corresponden a Alemania, un país que dispone de recursos presupuestarios para proteger su tejido productivo. Otros, como España, no pueden permitírselo por la situación de la Hacienda pública. Nuestras ayudas alcanzan apenas al 2,5% del total. La dilución del apoyo, y su asimetría entre países, tiene un doble inconveniente. En primer lugar, se distorsiona la competencia a favor de los países con más recursos. La prórroga de las excepciones europeas hasta finales de 2025 contradice el principio de transitoriedad de los subsidios. En segundo lugar, las medidas se dispersan entre sectores y empresas, con el resultado de reducir el impacto para el conjunto de la UE..."

En octubre de 2022, la compañía británica Revolut dejaba el Reino Unido para instalarse en Lituania, a orillas del mar Báltico. La fintech —empresa digial de servicios financieros— se trasladaba definitivamente a territorio de la Unión Europea por la dificultad, cada vez mayor, de dar servicio al mercado del viejo continente como consecuencia del Brexit. “Siempre nos centramos en nuestros clientes y entendemos que a nadie le gusta lo desconocido”, declaró la portavoz de la empresa, Ieva Elvyra Kazakevičiūtė, poco antes de la salida. Junto a ella, ya son 263 las empresas que forman parte del sector fintech, que emplea a más de 7.000 profesionales en un Estado de apenas 2,8 millones de habitantes. “Somos el primer país de Europa en expedición de licencias de banca digital”, destaca Diana Girdenyté, directora de Proyectos de Inversión en la agencia estatal Invest Lithuania. Este hito es posible, añade, gracias a que han logrado construir “el mayor hub de empresas fintech de los países miembros de la UE y el décimo mejor país para estas empresas en el ranking mundial elaborado por Global Fintech Index, con una cartera de clientes que supera los 25 millones de usuarios”. La capital, Vilnius, ocupa el segundo lugar de ciudades de tamaño medio en atracción de inversión extranjera, según se refleja en el informe fDi’s European Cities of the Future 2022. Además del divorcio británico, el traslado masivo de empresas bielorrusas —aludiendo, sobre todo, a motivos de seguridad— a partir de 2020 y la estrategia de Lituania de posicionarse como la puerta de entrada al mercado europeo de las startups de origen estadounidense ha dado alas al conjunto del sector de la innovación. El país, que ya contaba con tres empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares o unicornios —Vinted, Nord Security y Baltic Classifieds Group— desde principios de este año, ha puesto todos los esfuerzos en liderar el sector de la innovación en Europa hasta convertirse en un auténtico referente mundial en el sector de la banca digital.

«No hay una inteligencia detrás, ni conciencia, ni nada parecido. Son matemáticas y probabilidades. Términos como Inteligencia Artificial y redes neuronales son engañosos», asegura Eneko Agirre, el director de HiTZ, el Centro Vasco de Tecnología de la Lengua de la UPV/EHU. Esta semana se ha celebrado en Bletchley Park –una histórica finca a 80 kilómetros de Londres donde se desentrañó el código secreto con el que se comunicaban los nazis en la II Segunda Guerra Mundial– una cumbre mundial para tratar de regular una tecnología que es capaz de mejorar los diagnósticos médicos y de ayudar a luchar contra los incendios pero también de crear noticias falsas y poner en riesgo la propia democracia’. Hay quien piensa que incluso nos podría superar en inteligencia. ChatGPT es la más conocida de esta nueva generación de programas. Pertenece a lo que se llama Inteligencia Artificial Generativa. La Inteligencia Artificial es una rama de la computación que trata de imitar la cognición humana, es decir, «no solo cómo aprendemos, sino también cómo entendemos, cómo razonamos y cómo interactuamos», explica Mikel Díaz, director de Innovación de IBM en España. La IA nació, como la Informática, hace setenta años. La Generativa se denomina así porque ‘generan’ un resultado a partir de una información inicial. Si trabajan con textos –otras, como Midjourney o Dall-E lo hacen con imágenes–, se llaman modelos de lenguaje. «Hasta hace cinco años, era la hermana pobre de la Inteligencia Artificial general. Se utilizaba en los traductores automáticos pero los resultados no eran demasiado buenos», explica Agirre. Ahora se les pregunta casi cualquier cosa y responden con sorprendente soltura. ¿Cómo lo hacen? Todo empieza con una especie de juego de adivinanza. 

Decenas de miles de personas (al menos 70.000, según estimaciones de la Policía municipal) se congregaron ayer en Bilbao para denunciar la «ofensiva judicial» contra el euskera, reclamar avances en la normalización de la lengua vasca y «poner en el centro» los derechos de la ciudadanía. Convocada por Euskalgintzaren Kontseilua, una amplia representación política, sindical y social censuró que sean «los jueces» quienes «de facto» establezcan la política lingüística. La manifestación abarrotó la Gran Vía de la capital vizcaína. La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, destacó la «necesidad de un nuevo acuerdo sociopolítico» para hacer frente «no sólo a la ofensiva», sino también «a los grandes retos futuros del euskera» en el ámbito educativo, digital, laboral... Un acuerdo, en fin, para hacer frente a la «ola reaccionaria» que, desde el ámbito «judicial», está «interviniendo por encima de consensos sociales» y «obstaculizando el proceso de normalización del euskera». En similares términos se pronunciaron Ana Esther Furundarena (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Lander Martínez (Sumar), Mitxel Lakuntza (ELA) e Igor Arroyo (LAB). Todos ellos tomaron la palabra antes de la protesta para escenificar un consenso político y sindical que, en plena precampaña hacia las elecciones autonómicas, sólo se da en el ámbito lingüístico. La manifestación fue convocada hace unos meses ante el incesante goteo de sentencias judiciales que ponen en tela de juicio el proceso de normalización lingüística en Euskadi y Navarra. 

Hace solo cuatro semanas, el mundo mostraba su solidaridad con Israel por el brutal atentado terrorista de Hamás que dejaba 1.400 muertos y 240 secuestrados en pleno ‘sabbat’ y al final de una de sus fiestas más importantes, la Simjat Torá, justo un día después del 50 aniversario de la guerra de Yom Kipur. Apenas un mes después de aquel ‘Sábado Negro’ del 7 de octubre, las tornas han cambiado y por todo el planeta se suceden las manifestaciones contra Israel por su actuación en Gaza, como las multitudinarias celebradas ayer en capitales como Londres, París, Berlín y Washington. Ante la salvajada de Hamás, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha respondido con otra barbaridad: machacando con más de 10.000 bombas la franja de Gaza, donde viven hacinadas 2,4 millones de personas en una superficie que ocupa algo más que la mitad de la ciudad de Madrid. A tenor de los cálculos de la organización Euro-Med Human Rights Monitor, todos esos proyectiles suman unas 25.000 toneladas de explosivos arrojados sobre Gaza, el doble de la potencia que tuvieron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. A los ataques continuos del Ejército israelí y su bloqueo de la Franja, que solo permite la entrada de una escasa e insuficiente ayuda humanitaria, hay que añadir sus bombardeos alrededor de los hospitales y escuelas donde se refugia la población civil. Unos ataques indiscriminados, como los que tuvieron lugar el viernes y ayer, que han desatado la indignación no solo entre las naciones árabes y musulmanes que apoyan la causa palestina, sino también en Occidente y en organismos internacionales.