20231110

El sueldo inicial medio de una persona que nada más finalizar sus estudios de Grado Medio o Superior de Formación Profesional (FP) se incorpora a un puesto de trabajo supera por primera vez en Euskadi los 1.300 euros. A jornada completa, el salario neto en catorce pagas asciende a 1.320 euros, 357 euros menos que un universitario vasco a los tres años de graduarse ya que, según la última encuesta de Lanbide entre los egresados universitarios vascos, el salario medio de estos se situaba en 1.677 euros. Además, el 71% de quienes trabajan lo hacen en un empleo relacionado con sus estudios y el 47% tiene un empleo estable. Son algunos de los datos que se extraen del ‘Estudio de incorporación a la vida laboral. Inserción laboral a octubre de 2022’ realizado por Lanbide entre quienes concluyeron sus estudios de FP en 2021. En el sondeo participó el 70% del alumnado que finalizó sus estudios ese año por lo que sus datos son fiables. Si hace diez años el sueldo medio se establecía en 1.060 euros, el incremento salarial ha sido constante en esta última década y ha alcanzado la media de 1.320 euros el año pasado, un 5,31% más con respecto a 2021. La facilidad para encontrar trabajo es un hecho. El intervalo entre el fin de los estudios y la consecución del primer empleo es en el 52% de los casos menor de un mes, el 15% tardó entre uno y tres meses y el 16% entre 4 y 12 meses. En 2021 terminaron estudios de Grado Medio y Superior de FP en Euskadi un total de 13.489 personas. Hacer prácticas es la opción más frecuente para conseguir el primer empleo: el 32% de los casos asegura que empezó a trabajar gracias a ellas frente al 10% que encontró un empleo pero no por causa de ellas. Las ramas de industria (36%) y administración gestión-comercio (31%) son las que más oportunidades de contratos ofrecen tras el periodo de prácticas. Las mujeres suponen una de cada tres matrículas en Grado Medio y Superior. 

En medio de una evidente desaceleración económica que es más patente en la industria, alimentada por las circunstancias geopolíticas y los distintos conflictos internacionales abiertos y la política restrictiva del Banco Central Europeo, las empresas de Gipuzkoa se resisten a recortar sus plantillas, sabedoras de que el territorio sufre una enorme falta de personal en prácticamente todo tipo de actividades. Así, prefieren blindar a sus profesionales, a pesar de que las perspectivas económicas, sin ser malas, sí aparecen algo más tenues. Así lo destacó ayer el director general de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Javier Zubía, en la presentación de la segunda Encuesta de Perspectivas Económicas que elabora la institución cameral con las respuestas de más de 400 empresas de todos los sectores y que, como no podía ser de otra forma, evidencia que el tejido «anticipa una moderación en su actividad». «Sólo el 6% de nuestras empresas prevé rebajar su plantilla en los próximos doce meses (en abril era un 8%), mientras el 77% apuesta por la estabilidad y el 17% por el crecimiento», explicó el ejecutivo, que calificó ese escenario de «muy buena noticia». Esa apuesta por fortificar la fuerza laboral es, afirmó el directivo, «muy loable». Los datos de la encuesta revelan que la industria es el sector guipuzcoano en el que más empresas se plantean ampliar plantilla (el 22%), seguida de los Servicios (19%), la Construcción (15%) y el Comercio (11%). En el extremo opuesto, los ajustes parecen más factibles en la construcción (el 10% da por hecho que su plantilla mermará en los próximos doce meses).  La clave de esa resistencia del empleo, insistió Zubía, hay que buscarla en que «falta gente, y eso es un problema muy serio en una economía que quiere crecer». Prueba de ello, remacha, es que en una reciente feria de empleo de la Cámara, «había lista de espera de empresas que buscaban candidatos para contratar». «Hay falta de personal y eso es una suerte para quienes se acercan al mercado de trabajo o buscan mejorar, aunque con la pirámide poblacional que tenemos es algo a vigilar muy de cerca". Ver informe Cámara de Gipuzkoa. 

Por primera vez el pasado mes de octubre en Euskadi se vendieron más coches eléctricos, híbridos y de gas que convencionales. Un paso importante en un mercado que sigue reacio a los vehículos enchufables, precisamente por su elevado coste. Un problema que ha ayudado a paliar en parte el plan Moves III, gestionada por el Gobierno vasco, con una subvención de hasta 7.000 para la compra de estos automóviles. El problema es que esa línea termina el 31 de diciembre y en Euskadi no hay alternativa prevista, por lo menos hasta ahora. Una situación que ha llevado la «inquietud» a los concesionarios vascos, tal y como explica, Juan María López Osa, secretario general de la asociación guipuzcoana de empresas de automoción y concesionarios (AEGA). La venta de coches en Euskadi estaba recuperando fuelle este año con un total de 19.798 nuevas matriculaciones hasta octubre, un 12% más que el pasado. Pero aún así, es uno de los pocos sectores que todavía no ha regresado a las cifras previas a la pandemia y se espera cerrar el año con 24.200 matriculaciones, que son un 65% menos que en 2019. López Osa explica que la compra de automóviles sigue resentida y no se alcanzará este año tampoco el millón de turismos vendidos en España. Y advierte de que «si no hay rapidez en diseñar una nueva ayuda se generará un vacío y un efecto de ‘stop’ en las ventas». López Osa recuerda además que esta dinámica ha provocado que el parque móvil de vehículos haya pasado de una edad media de 7,4 años en 2006 a 13,9 en este 2023.

 Mercedes-Benz ya tiene preparado el rediseño de su planta en Vitoria para afrontar desde 2026 la fabricación, junto al actual VS20, de la nueva furgoneta basada en la plataforma “innovadora, modular y escalable” VAN.EA –Van Electric Architecture–. La mayor empresa de Euskadi verá así ampliar sus ya importantes instalaciones de la capital alavesa, en un proceso de obras que ya se ha iniciado y en el que este año ya ha invertido 70 millones de euros. El objetivo final es que, en dos años, esté lista una fábrica flexible, sostenible y altamente tecnológica que aborde la producción del VS20 de combustión y el VAN.EA eléctrico. La multinacional alemana confirmó a finales del año pasado que la planta de Gasteiz es una de las factorías del grupo en la que se fabricará el nuevo modelo eléctrico de furgoneta de tamaño medio de la marca basado en la denominada plataforma VAN.EA –en la que también se incluyen inicialmente la factoría alemana de Düsseldorf y la de Jawor en Polonia–. 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) acaba de lograr en Reino Unido el gran contrato del año. La compañía beasaindarra ha cerrado una operación que supera los 500 millones de euros y que incluye el suministro de una decena de trenes y su mantenimiento durante ocho años. CAF ha sido seleccionada por el operador británico ‘London North Eastern Railway’ (LNER) para fabricar diez trenes ‘trimodo’ que podrán operar en modo eléctrico, diésel o con baterías, convirtiéndose así en unidades de «gran versatilidad» gracias a su capacidad de utilizar distintas tecnologías de propulsión. Fuentes de la firma pilotada por Javier Martínez Ojinaga explican que la cartera de pedidos ascendía a 13.337 millones de euros a cierre del mes de junio, récord histórico. El último contrato adjudicado a CAF data del mes pasado, cuando la firma goierritarra fue seleccionada por una empresa sueca para suministrar autobuses eléctricos por 45 millones. Hay que retrotraerse a julio para encontrar otro pedido de trenes, en este caso con Italia, con un monto de 150 millones. Otro contrato relevante de estas características se firmó en abril con Francia, sobre un valor de 161 millones para fabricar 18 trenes. Volviendo al contrato con Reino Unido conocido ayer, las unidades estarán formadas por diez coches cada una y están basadas en la plataforma de CAF denominada ‘Civity UK’, un tren diseñado para servicios intercity, que dispone de los «últimos avances» en cuanto a seguridad, además de cumplir con las mayores exigencias en lo que refiere al diseño interior y confortabilidad para el pasajero.

Bilbao acogió ayer el arranque del VI Congreso por el Empleo. Dos jornadas organizadas por el Gobierno vasco que pretenden analizar la aplicación de las nuevas tecnologías y la innovación en las políticas públicas de empleo. Es precisamente una de las líneas que, con el impulso de fondos europeos, ha llevado al Ejecutivo a rediseñar Lanbide, que contará en 2024 con mil millones de euros en el Presupuesto. La vicelehendakari y consejera de Empleo, Idoia Mendia, inauguró el congreso y en su intervención reclamó un nuevo «pacto social por el empleo de calidad». Un acuerdo al que llamó a sindicatos, patronales e instituciones académicas para «afrontar este tiempo nuevo ofreciendo a la ciudadanía certezas en tiempos de incertidumbres». La convocatoria llega después de una legislatura en la que los sindicatos nacionalistas ELA y LAB siguen sin acudir a la mesa de diálogo social vasca. Los parados de larga duración y mayores de 55 años, así como el reemplazo generacional del ‘baby boom’ y las nuevas necesidades de perfiles de las empresas generan unos retos para los que Mendia defendió la innovación. Soluciones que arbitrar desde ese acuerdo y que requieren de la aplicación de nuevas tecnologías. Hasta hoy esa será una de las cuestiones que se analice en el congreso al que acuden 400 personas y que ayer contó con una ponencia de apertura a cargo del filósofo y pedagogo, José Antonio Marina, con el título de ‘Cómo formar para un futuro desconocido’. La tasa de paro en Euskadi se ha situado en el entorno del 7% y el número de afiliados a la Seguridad Social supera el millón de personas. Son cifras récord que dan por superada la herida generada por la pandemia y desde la que afrontar la incertidumbre de una desaceleración económica y problemas endémicos a Euskadi como el absentismo o la conflictividad laboral.

La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, compareció ayer en las Juntas Generales del territorio para presentar y defender el proyecto de norma del impuesto sobre grandes fortunas, que se aplicará este año por primera vez en Euskadi. En su comparecencia, Berrojalbiz defendió la idea de que se aplicará en el País Vasco porque existe la obligación de mantener la misma estructura fiscal que en el Estado y también porque se pactó incluirlo en el Concierto Económico. Pero al mismo tiempo reconoció que no hay un gran interés de recaudación. «La fiscalidad sobre los patrimonios radica fundamentalmente en el Impuesto de Patrimonio, que está vigente en el País Vasco, de aquí que el Impuesto de Solidaridad tenga un carácter complementario», matizó. También admitió que la iniciativa legislativa del Estado tuvo como objetivo principal «la armonización de las comunidades que aplican bonificaciones totales o parciales en el Impuesto de Patrimonio», lo que ha permitido concentrar en torno al 80% de los ingresos –555 millones de euros– en la comunidad de Madrid. «Es complementario y la tributación sobre la riqueza hay que contemplarla en su totalidad», dijo la diputada de Hacienda vizcaína, para recordar que en Bizkaia se ingresaron 86 millones de euros por el Impuesto de Patrimonio de 2021, el último ejercicio del que se tienen datos cerrados. Así, restó importancia al hecho de que el ingreso esperado por el impuesto de grandes fortunas sea marginal, de apenas 2,4 millones de euros para el conjunto de Euskadi y de tan solo 1,9 millones en Bizkaia. «Es un plus sobre el Impuesto de Patrimonio», insistió. Para reforzar esta idea recordó que en siete comunidades autónomas que también aplican el Impuesto sobre el Patrimonio no se ha recaudado ni un euro con el nuevo tributo.

ArcelorMittal se mantiene optimista sobre la demanda de acero a medio y largo plazo y afirma que sigue centrada en la ejecución de su estrategia de crecimiento con generación de valor gracias a su “sólida posición financiera”, tras presentar unos resultados del tercer trimestre superiores a lo previsto por los analistas. El mayor productor de acero del mundo, excluida China, tuvo unos beneficios netos de 3.885 millones de dólares (3.632 millones de euros) en los primeros nueve meses, un 57% menos respecto al mismo periodo de 2022. El resultado bruto de explotación (ebitda) bajó un 51,2%, hasta 6.292 millones de dólares, mientras que los ingresos cayeron un 14,6%, con 53.723 millones de dólares (50.231 millones de euros). El grupo acusó la menor demanda de acero, principalmente por parte del sector de la construcción, y la baja reposición de existencias de metal en el tercer trimestre de 2023. Los datos de ArcelorMittal mejoraron en el tercer cuarto comparado con los datos de julio-septiembre del año pasado. El beneficio neto ascendió a 929 millones de dólares, un 6,4% por debajo del tercer trimestre de 2022, pero un 50% menos respecto a los 1.860 millones de dólares del segundo trimestre de este año. El ebitda también cae a la mitad, con 1.865 millones de dólares, y la cifra de negocio retrocede un 12,4%, hasta 16.616 millones de dólares. Según el grupo, durante los últimos tres meses sobre los que hay datos disponibles, los precios del acero cedieron un 12,5%. Además, los incidentes operativos en las plantas europeas que afectaron a la producción en el primer semestre continuaron limitando los envíos y redujeron las existencias de metal.

La siderúrgica sueca SSAB tiene en marcha un plan de inversiones de 5.000 millones para convertirse en 2026 en el primer fabricante de acero del mundo con cero emisiones al final del proceso. Martin Pei, vicepresidente ejecutivo y director técnico de la multinacional nórdica, explica que esta estrategia incluirá el cierre paulatino hasta 2030 de cinco hornos altos en Suecia y Finlandia y su sustitución por otras tantas acerías de horno eléctrico, además de dos centros de transformación. El plan no tiene impacto industrial en España, donde la pasada reconversión de la siderurgia integral, que opera con mineral de hierro y con carbón de las explotaciones subterráneas, solo dejó dos hornos altos operativos, ambos en Gijón (Asturias) y propiedad de ArcelorMittal. Uno de ellos parará a finales de 2025, por el plan de descarbonización de 1.000 millones que el grupo de la familia Mittal desarrolla en este país. Pei lidera un proyecto diseñado a diez años y basado en la tecnología Hybrit de SSAB, que factura 12.000 millones al año con 14.500 trabajadores. En una primera fase, la multinacional, que tiene una capacidad anual de producción de 8,8 millones de toneladas, se alió con el grupo minero LKB, propiedad del Gobierno sueco, para elaborar unas piezas de mineral de hierro compactado (pellets). Estos componentes conseguían eliminar el fósforo de la materia prima inicial, que se utiliza en los citados hornos altos para obtener acero. El siguiente paso fue excluir gran parte de los combustibles fósiles de los procesos de fabricación.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer, por 329 votos a favor, 230 en contra y 41 abstenciones la revisión de la normativa Euro 7, que supone en la práctica rebajar, suavizar o ablandar los límites actuales de las emisiones contaminantes de los vehículos a motor. De esta forma, el organismo respalda la propuesta que semanas atrás elaboró la comisión de Medio Ambiente de la cámara. Se trata de una interpretación más laxa de lo que pretendía la Comisión Europea, pero más dura que la que quieren los países miembros de la UE. La propuesta de la Euro 7 que salió ayer adelante reemplazará a la actual Euro 6, aunque mantiene los métodos de medición de las emisiones para que no haya que incurrir en nuevas inversiones. Asimismo, no se cambia el límite de emisiones NOx que se permitirá a los automóviles de gasolina, en 60 miligramos (mg) por kilómetro, que es la cifra que también se exigirá a los vehículos ligeros (turismos y furgonetas) con mecánicas diésel (ahora es de 80). En el caso de los camiones y autobuses, se propone una reducción del 60% en su nivel de contaminación. Pero en ninguno de los dos casos se exigiría una aplicación inmediata de la normativa. La idea inicial de la Comisión es que la nueva norma entrase en vigor en julio de 2025. Lo que plantea el Parlamento es dar una carencia de hasta tres años para los coches y de entre cuatro y cinco años para los vehículos pesados. La gran novedad es que, por primera vez, se medirán las partículas que desprendan los neumáticos y los frenos, lo cual también se aplicará a los coches eléctricos. Y para éstos, se quiere que las baterías mantengan como mínimo un 75% de la capacidad pasados 10 años en un turismo, y de un 70% en el caso de las furgonetas. 

La reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea da un tímido paso hacia delante, y lo hace en la dirección de una mayor disciplina presupuestaria. Pero todavía falta la parte mollar de esta reforma para poder concretarla: los números. Algo que queda pendiente para la próxima reunión, a finales de noviembre, la última antes de cerrar, previsiblemente en la reunión del 8 de diciembre, un acuerdo sobre las normas sobre cómo limitar el de cada país comunitario al 3% del PIB y la deuda al 60% de este. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea constataron ayer avances significativos hacia un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales europeas, tras hacer varias concesiones a Alemania y otros países, que exigían más esfuerzo para reducir el déficit y la deuda a los países más endeudados. Esta exigencia por parte de Berlín se produce después de años de incumplimientos en numerosos países, que han disparado su deuda durante la Gran Recesión y la pandemia pero apenas la han corregido posteriormente, lo que ha provocado que la deuda pública europea escale al 90,3% del PIB comunitario, con trece países por encima del umbral del 60% del PIB. “Es un progreso que se reconozca la idea de salvaguardas y puntos de referencia en relación con la ratio de deuda sobre el PIB y los déficits anuales, pero ahora lo que hay que considerar es el nivel de ambición, ahora se trata de hablar de números no sólo de instrumentos”, señaló a su llegada a la reunión el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, sobre el nuevo “documento de aterrizaje” que ha puesto sobre la mesa la presidencia española del Consejo.

Bruselas ha encontrado un aliado en el Abogado General de la UE para su batalla contra los multimillonarios beneficios fiscales que Apple obtuvo de Irlanda. El abogado Giovanni Pitruzzella rechaza la sentencia del Tribunal General de la UE que tumbó la reclamación de Bruselas a Apple por 14.300 millones en impuestos impagados en Irlanda entre 2007 y 2014 gracias a los beneficios fiscales que ese país ofrecía la multinacional estadounidense y que la Comisión Europea considera que son ayudas de Estado ilegales. Ese fallo está recurrido ante el máximo tribunal comunitario, el TJUE, y en su informe previo Pitruzzella pide que lo anule y vuelva a juzgarse desde el principio. “El Tribunal General incurrió en una serie de errores de derecho al declarar que la Comisión no había demostrado de manera suficiente que las licencias de propiedad intelectual de Apple Sales International y Apple Operations Europe [dos filiales del gigante tecnológico en Irlanda] y los beneficios correspondientes, generados por las ventas de productos Apple fuera de los Estados Unidos, debían atribuirse a efectos fiscales a las sucursales irlandesas”, explica el comunicado emitido ayer por los tribunales europeos. Esta exposición lleva al abogado general Pitruzzella a concluir que “es necesario que el Tribunal General proceda a una nueva apreciación del asunto”. Las conclusiones del abogado general, que la mayor parte de veces coinciden con lo que decide finalmente el TJUE, resucitan las esperanzas del Ejecutivo comunitario de vencer en el caso más emblemático y de mayor cuantía económica de los que tiene abiertos en su batalla contra los regímenes fiscales ventajosos para las empresas que crean capitales como Dublín.

No será esta semana sino la próxima, pero Pedro Sánchez tiene ya asegurada su investidura, tras cerrar el polémico pacto con Carles Puigdemont. El PSOE y Junts escenificaron ayer en Bruselas, el lugar elegido por el expresidente catalán para evitar la acción de la justicia española, el acuerdo por el que los siete diputados de la formación independentista se comprometen a votar a favor de la designación del socialista como jefe del Ejecutivo y a garantizar la estabilidad de su Gobierno durante los próximos cuatro años con dos condiciones: la contestada amnistía para los encausados del procés y que se produzcan avances en la negociación del «reconocimiento nacional» de Cataluña y en la «superación de las limitaciones del autogobierno»; asuntos que los posconvergentes vinculan con la celebración de un referéndum y la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña. El documento de cuatro páginas rubricado en la capital comunitaria por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, no compromete estrictamente a Sánchez con ninguno de esos dos fines. A lo que sí le obliga es a discutirlos, desde este mismo mes de noviembre, con la formación secesionista, bajo la supervisión –otra concesión a la que en el pasado se opusieron los socialistas– de un verificador internacional. Puigdemont advirtió aun así de que los Presupuestos y otras leyes importantes dependerán de lo que se logre en ese ámbito. «El ‘a cambio de nada’ –remarcó en alusión despectiva a ERC, socio del PSOE la pasada legislatura– está en la papelera de la historia». La encrucijada en la que voluntariamente han decidido ponerse los socialistas, después de toda una legislatura negando la constitucionalidad de la amnistía y defendiendo que Puigdemont fuera puesto a disposición judicial, es muy compleja, más allá de la ya contundente respuesta de la oposición ( PP, Vox y UPN suman 170 escaños en un Congreso de 350); de la reacción social canalizada en protestas y disturbios como los vividos en los últimos días frente a sus sedes, y de la previsible actuación de una parte del poder judicial, ya atisbada en la declaración de los vocales conservadores del CGPJ este lunes o en el acelerón dado por el juez Manuel García-Castellón a la causa de Tsunami Democrátic al acusar de terrorismo al expresident. Ver acuerdo PSOE-Junts

Todas las asociaciones judiciales y, a última hora de ayer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresaron su «profunda preocupación» por el acuerdo cerrado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, ya que podría suponer una «quiebra» de la separación de poderes. El texto del pacto, que incluye una amnistía extendida hasta los supuestos casos de ‘lawfare’ o judicialización de la política en Cataluña y contempla emprender «acciones de responsabilidad» contra los autores de los mismos, lo que incluiría incluso a jueces o fiscales, supone un «riesgo evidente» de intromisión en la independencia judicial. Un «repudio» al que se sumó la Comisión Permanente del CGPJ, que manifestó su «frontal oposición» a esta iniciativa y adelantó su apoyo a las «futuras actuaciones» de los juzgados y tribunales en contra de la aplicación de esta norma parlamentaria: «Una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes». De forma previa, los cuatro colectivos judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, salieron al paso con un mismo mensaje dejando atrás las diferencias que, por ejemplo, mostraron tras la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la ley de amnistía, aprobada el pasado lunes por la mayoría conservadora. Esta iniciativa podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales «con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

El anuncio del pacto entre el PSOE y Junts para amnistiar todas las causas del ‘procés’ como contrapartida a la investidura de Pedro Sánchez provocó anoche una reactivación de las convocatorias en la calle en varios puntos de España contra el acuerdo. Particularmente en Madrid, centro de las mayores protestas en los últimos días –el martes saldadas con disturbios– y que lleva siete jornadas ininterrumpidas de movilizaciones. Cerca de 8.000 personas se congregaron en la capital española, según el cálculo de la Delegación del Gobierno, colapsando algunas de sus principales arterias. La calle Ferraz, donde se encuentra la sede federal del PSOE, volvía a registrar momentos de tensión al cierre de esta edición, con lanzamiento de objetos, petardos y bengalas, que provocaron cargas policiales y la detención de al menos quince alborotadores, según la Delegación del Gobierno en Madrid. La mayoría de los asistentes trataban de cortar de raíz los intentos ultras de hacerse con las riendas de la manifestación: acallaron con pitidos un intento de cantar el ‘Cara al sol’, abroncaron a los que lanzaban objetos a la línea de policías y expulsaron de la concentración varias banderas preconstitucionales al grito de «esa no es nuestra bandera». Aun así, la presencia de radicales, muchos de ellos embozados, fue evidente a partir de las nueve de la noche con cada vez más consignas de «España cristiana y no musulmana» y «la Constitución destruye la nación» y agitando alguna enseña nacional con el escudo constitucional amputado. Y una periodista de TVE fue acosada por los asistentes más sectarizados. Aunque no es el convocante de estas protestas, Vox sí es su principal promotor con insistentes llamadas a través de las redes sociales a unirse a las movilizaciones. 

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, convocó ayer urgentemente, para el próximo lunes, al Comité Ejecutivo de la organización, para analizar el acuerdo que alcanzaron ayer el PSOE y Junts y la situación de España. El comunicado dice lo siguiente: “Tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para el próximo lunes en el que se abordará la situación de España”. Con ello, la patronal avanza que criticará el acuerdo entre las dos formaciones políticas, tras haber manifestado, en diferentes ocasiones, su rechazo a la amnistía de los sediciosos por la promoción ilegal de la independencia de Cataluña en octubre de 2017. La CEOE también criticó el pacto entre el PSOE y Sumar por abordar la reducción de la jornada laboral y el encarecimiento del despido improcedente sin contar con los agentes sociales.

El PSOE y Sumar han acordado en su pacto de investidura volver a medir la representatividad de las organizaciones empresariales para mejorar la presencia de las pymes en el diálogo social, un movimiento que se interpreta como una clara intención de incluir como interlocutor autorizado en la negociación a la organización catalana Conpymes, afín al Ejecutivo y sus socios de investidura en el plano ideológico. «Se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos», recoge el acuerdo firmado por el líder socialista, Pedro Sánchez, y su homóloga en Sumar, Yolanda Díaz. El compromiso responde a las presiones de Conpymes, que lleva desde su nacimiento en 2021 pidiendo al Gobierno que garantice su entrada en el diálogo social. Fue en mayo de ese año, en plena negociación de la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de la pandemia con los sindicatos, CEOE y Cepyme, cuando se produjo la presentación oficial de esta plataforma en un acto al que asistieron la ministra de Trabajo y también la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez. La presencia de ambas fue interpretada entonces como un respaldo expreso del Gobierno a la organización que preside José María Torres García, algo que no gustó en la patronal, como contó entonces este medio, y en particular al presidente de la organización de las pequeñas y medianas empresas, Gerardo Cuerva, quien dijo públicamente que «la presencia de la vicepresidenta y la mujer del presidente invitando a la creación de esta plataforma hace una lectura clara y evidente de que es una medida de presión para el diálogo social». Conpymes dice representar a más de dos millones de pymes y autónomos y está integrada por en torno a 30 organizaciones y asociaciones (frente a las 125 organizaciones y 3.500 asociaciones adscritas a Cepyme). 

La Policía investiga si el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, tiroteado en la cara a primera hora de la tarde de ayer en el centro de Madrid, está relacionado con su apoyo a la oposición iraní. Los agentes de Homicidios y de Información creen que el ataque contra el veterano político conservador, que salvó milagrosamente la vida al echar hacia atrás la cabeza en el último momento, fue un encargo de sicarios por sus vínculos con la oposición al régimen de los ayatolás. Durante sus años como político europeo, Vidal Quadras se mostró muy sensible con la oposición iraní y muy cercano al Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI). De hecho, su estrecha relación con los críticos y disidentes le llevaron a participar hasta 14 veces en el encuentro anual del CNRI en París. Tras recibir el disparo, el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, de 78 años, fue trasladado consciente y estable al hospital Gregorio Marañón, donde fue intervenido de urgencia. Aunque se encuentra en estado grave, no se teme por su vida. Vidal-Quadras sufrió una herida por arma de fuego en la zona mandibular con orificio de entrada y salida, que le provocó una doble fractura. La bala le penetró por el pómulo derecho, cuando el político movió la cabeza hacia atrás en el momento en que el pistolero le apuntaba al cráneo. La Policía busca a los dos individuos que, según los numerosos testigos que estaban en la zona en esos momentos, participaron en el tiroteo.