20231111

El PNV ha conseguido en su negociación con Pedro Sánchez, destaca uno en materia económica que los jeltzales consideran una gran victoria: la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los sectoriales estatales. Lo es, sobre todo, porque los de Andoni Ortuzar fracasaron en su intento de implantarla durante la negociación de la reforma laboral que se consumó a principios de 2022. De hecho, la negativa del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de incorporar esta exigencia a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores supuso que el PNV votase finalmente en contra de la reforma laboral. «Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral. Lo que entonces fue imposible, ahora lo hemos conseguido», se felicitó ayer el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en su comparecencia ante los medios tras la firma del pacto de investidura suscrito con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. El acuerdo se llevará a cabo a través de la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores y deberá materializarse en el plazo de medio año. Según recoge el texto, se establecerá que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, los sindicatos y las asociaciones empresariales «podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal». La patronal ha apostado por el silencio en un primer momento mientras que sindicatos como ELA admiten que esta medida, de confirmarse, «corregiría la imposición de algunas medidas centralizadoras» en la negociación colectiva. A su juicio, queda mucha tela por cortar debido a la «incertidumbre» sobre la aplicación de lo pactado, dado que debe «validarse» en el Congreso. Comisiones Obreras asegura que este acuerdo «blinda jurídicamente» la prevalencia de los convenios vascos. 

«Es un acuerdo bueno para Euskadi». Así introdujo Ortuzar las explicaciones sobre el pacto que firmó ayer en Madrid con Sánchez para apoyar su investidura. En su conjunto, el documento recuerda al suscrito por ambos partidos hace cuatro años en las mismas circunstancias, aunque el presidente del PNV matizó ayer que entonces «se hablaba de estudiar» los traspasos y ahora se culminarán en «el plazo improrrogable de dos años». En el caso de la Seguridad Social, donde el déficit vasco es de 6.500 millones al año, no se rompe la caja única. El puzle de la investidura de Pedro Sánchez ya está completo. Un día después de encajar la pieza más enrevesada, la de Junts, el mandatario socialista remató ayer la jugada de su reelección gracias al segundo acuerdo de legislatura consecutivo con el PNV. Un pacto que reproduce gran parte de lo ya comprometido (e incumplido) hace cuatro años, sobre todo en materia de autogobierno, pero que ahora eleva el listón con plazos más tasados y hasta comisiones bilaterales ‘ad hoc’. Garantías, aun así, que no han evitado que la sombra del incumplimiento planee sobre la alianza desde el primer día, habida cuenta del enredo provocado ya ayer por la siempre delicada transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Ver acuerdo completo PSOE PNV. 

La normativa básica seguirá siendo competencia del Estado y los criterios para acceder a la pensión y para calcular la misma seguirán siendo los mismos para un ciudadano vasco que para un madrileño o andaluz. Ni a quienes ya perciben una pensión ni a los futuros pensionistas les va a suponer un aumento o una rebaja. El establecimiento de las pensiones mínimas y máximas, y el método de cálculo de todas seguirán siendo facultad del Estado. Otra cosa será que el Gobierno Vasco decidiera añadir un complemento o una prestación adicional para garantizar a los pensionistas unos ingresos mínimos, siguiendo un modelo equiparable al de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Pero sería un «extra» a cuenta de los Presupuestos vascos, no de la Seguridad Social. El Gobierno vasco será el ejecutor del pago. Pero lo hará en condición de intermediario, porque el dinero seguirá saliendo de la caja única española. el Gobierno Vasco asumirá las tareas que tiene encomendadas ahora la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Esto es, la gestión de las altas y las bajas de afiliación, la gestión y control de la recaudación y los pagos de cotizaciones y pensiones, la inscripción de empresas, la potestad sancionadora, la capacidad de aprobar aplazamientos o fraccionamientos de los pagos, la titularidad de los bienes que ahora son patrimonio de la TGSS, la organización de los medios y el diseño de los procesos para los cobros y los pagos. La función del Gobierno Vasco será la de gestionar los ingresos, pagos e incidencias de la Seguridad Social en Euskadi, a modo de ventanilla o cajero, pero el sistema seguirá siendo el mismo, unificado en todo el Estado. Lo que se llama la «caja única».

Los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PNV, Andoni Ortúzar, firmaron ayer un acuerdo que abre la vía para romper en dos años –en 2026– la caja única de la Seguridad Social y, con ello, la unidad y la solidaridad de las pensiones y la recaudación de las cotizaciones sociales. El acuerdo menciona “el compromiso del Gobierno del Estado de implementar de manera inmediata una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi, comenzando con el cumplimiento de sus competencias establecidas en el vigente Estatuto de [Gernika]”. “En este sentido –continúa el acuerdo–, se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia, según el listado acordado por los gobiernos español y vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno”. Entre las materias pendientes, citadas por el propio presidente del PNV, Andoni Ortúzar, está “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Es decir, la recaudación de las cotizaciones sociales de las empresas y trabajadores y el pago de las pensiones contributivas. Todo ello, referido a las empresas, trabajadores y pensionistas del País Vasco.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, no ocultó ayer su visión crítica en torno a las recientes declaraciones del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, corroboradas después por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, en torno al efecto dañino que puede tener el nuevo gravamen a las energéticas sobre los proyectos que ya estaban diseñados para el futuro de la compañía vasca. «No es bueno trasladar a través de los medios de comunicación estas discusiones, porque generan confusión. Yo pediría que nos calmáramos todos y que se hiciesen declaraciones más ajustadas», apuntó Azpiazu en una intervención en el Forum Europa, que se salió de la línea que habían marcado días atrás otros compañeros del Ejecutivo vasco en torno al mismo tema. Tanto el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, como la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, habían trasladado hasta ahora en sus declaraciones el respaldo implícito a los argumentos de la compañía al señalar que «las empresas necesitan un horizonte de estabilidad regulatoria para decidir sus inversiones». Ayer, en su intervención en el Forum Europa, en Bilbao, Azpiazu se mostró más preocupado por el fuero –si es o no impuesto y quién lo regula– que por el ‘huevo’, su impacto en la actividad económica. Así, admitió que «efectivamente es necesario que las empresas tengan estabilidad regulatoria», pero también se mostró escéptico sobre el hecho de que «sea solo el tema de los impuestos de lo que están hablando. Si es la única razón, pelearíamos por ello», matizó, pero con la convicción de que no es el caso. Azpiazu fue más allá y no ahorró críticas a la iniciativa de Josu Jon Imaz y de Emiliano López Atxurra de hacer públicas sus advertencias en torno a esas inversiones. «Estas empresas han obtenido beneficios extra, beneficios récord después de haber pagado este gravamen. Tenemos que buscar un consenso y hablar claro pero no en los medios de comunicación. Un ciudadano ve en la primera página un beneficio récord y en la segunda página ve que se quejan y dicen que no van a hacer inversiones. Eso genera confusión y no hay que poner a la gente en esas discusiones. Abogaría por un diálogo más sereno y que nos calmáramos todos. Pediría a todos que nos calmemos y que hiciéramos declaraciones más ajustadas. No quisiera pensar que porque haya un gravamen en el Estado no se hagan inversiones en Euskadi». 

«Queremos empresas arraigadas, con centros de decisión en Gipuzkoa, comprometidas y vinculadas con su entorno, internacionalizadas, que atraigan y retengan talento, y que piensen a largo plazo». La frase la dijo ayer, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Jon Ander de Las Fuentes, presidente de la fundación Artizarra, la organización de la que cuelga Stellum Capital y sus distintos fondos de inversión; vehículos financieros de capital vasco que se han conjurado para dar oxígeno al tejido local para crecer y competir allá donde sea necesario. Todo, bajo una filosofía sencilla pero de gran calado y que se resume en la idea de «reciclar» la creación de valor que genere ese dinero de los inversores locales para volverlo a reinvertir aquí, con lo que supone de oportunidades de futuro para el territorio, sus personas y el bienestar de la sociedad. «Queremos acompañar a las empresas sin renunciar a su origen», dijo. Con esa idea en el frontispicio de la fundación Artizarra, la jornada de ayer, que le sirvió para presentarse en sociedad en Donostia, reunió a lo más granado del mundo financiero y corporativo guipuzcoano en una sesión que abrió la diputada de Promoción Económica, Ane Insausti. Ante su compañero de gabinete Jokin Perona (Hacienda), los máximos responsables de la Cámara (Mauri Arregui y Javier Zubía), de Adegi (Eduardo Junkera y José Miguel Ayerza) y representes del mundo empresarial como Maria Luisa Guibert (Algeposa), Iván Martén (Orkestra), Jose Antonio Barrena (Norgestión), Zenón Vázquez (Elkargi), Jesús Suárez (Abanca-Bankoa) o Ana Beobide (reciente premio Korta), Insausti –que recordó que el 60% del empleo del territorio reside en empresas de menos de 50 empleados– resaltó la importancia de «crecer con arraigo». Junkera abogó por trabajar en Gipuzkoa para lograr «un hábitat que garantice la supervivencia» de las empresas y que genere «el deseo de permanecer en el territorio». Para ello, y con el arraigo como eje central, apostó por «una fiscalidad amable» y un «capital inteligente», que caminen en paralelo a una filosofía de «cuidar a las personas», lo que, aseguró, «logra mejores empresas». En esa línea de «cambio cultural» citó el proyecto Fabrika, con el que «en Adegi estamos mojándonos a tope».

Euskadi ha registrado en los diez primeros meses del año 222 concursos, lo que supone un 18% menos que en el mismo periodo del pasado año, según los datos sobre procedimientos concursales extraídos por Informa D&B. Entre enero y octubre de este año, se han contabilizado 265 procedimientos concursales y 1.249 disoluciones en el País Vasco. Del total de procedimientos de estos diez meses, los concursos llegan a 222, un 18% menos, mientras que los datos generales descienden un 11%. Además, se han formalizado 15 planes de reestructuración y 28 procedimientos especiales para microempresas en Euskadi. Las disoluciones en la comunidad autónoma se mantienen en la misma cifra que el año anterior, mientras que la media del conjunto de España baja un 5%. El comercio lidera los datos vascos de concursos con 59, y construcción y actividades inmobiliarias las disoluciones, con 296. Industria concentra el mayor número de planes de reestructuración (4) y de los procedimientos especiales (7). Por territorios, Álava suma 36 concursos y 232 disoluciones, Bizkaia 118 y 621, y Gipuzkoa 68 y 396 en cada caso.

Acelerón de los salarios después de años de contención y pérdidas. Hasta el punto de que por primera vez en mucho tiempo hay un significativo número de trabajadores que tienen subidas cercanas o superiores al 5%. De hecho, según recoge la estadística de convenios colectivos publicada ayer por el Ministerio de Trabajo, en Euskadi casi 256.000 empleados disfrutan este año de un incremento de sus sueldos de un 4,99% de media y sortean, por tanto, la escalada de la inflación, que en octubre se situó en el 3,5%. De esta forma, y teniendo en cuenta que en el País Vasco había el mes pasado cerca de 1.008.700 ocupados, uno de cada cuatro trabajadores vascos están, por fin, ganando poder adquisitivo. En el conjunto de España son más de 4,4 millones de empleados los que este año disfrutan de subidas salariales por encima del IPC, es decir, más del 21% –uno de cada cinco–, pues hay más de 20,8 millones de cotizantes, y casi la mitad de los que están adscritos actualmente a un convenio colectivo. Claro que en la otra cara de la moneda estos datos revelan que tres de cada cuatro trabajadores vascos –y cuatro de cada cinco en España– todavía pierden poder adquisitivo, puesto que la subida salarial que han experimentado ha sido inferior al 3%, por debajo, por tanto, del 3,5% del IPC, con lo que acumulan otro año más de devaluación salarial. A nivel nacional, la negociación colectiva se está impulsando con fuerza desde que el pasado mes de mayo sindicatos y empresarios firmaran por fin un acuerdo salarial que recomendaba alzas del 4% en 2023. 

En Gipuzkoa un total de 106.011 trabajadores cubiertos por un convenio colectivo disfrutan este año de una subida salarial media del 6,43%. Por lo tanto, un 31,5% de ellos, prácticamente uno de cada tres del total de afiliados (336.757), logra sortear la inflación (3,5% en octubre). La cifra mejora la de Euskadi, donde casi 256.000 empleados disfrutan este año de un incremento de sus sueldos de un 4,99% de media y sortean, también, la escalada del IPC. De esta forma, y teniendo en cuenta que en el País Vasco había el mes pasado cerca de 1.008.700 ocupados, uno de cada cuatro trabajadores vascos están, por fin, ganando poder adquisitivo.

Instalador de gas es un trabajo en el que ni madrugas, ni te manchas ni tienes que trabajar muchos fines de semana y está razonablemente bien pagado. Sin embargo, no hay relevo generacional y cada vez son menos las personas que se dedican a este oficio. ¿Por qué no hay vocaciones?. Félix Angulo, pasaitarra de 61 años y con más de tres décadas, media vida, en el sector, da algunas de las claves: «El problema es que a la Formación Profesional se le ha dado poco empuje. Todos hemos querido que, antes que estudiar FP, nuestros hijos vayan a la Universidad para ser abogados, informáticos, ingenieros .... y eso que son carreras que exigen estudiar mucho y no todos llegan». Esta parece ser la respuesta a la falta de instaladores de gas, según quienes conocen el sector, pero también de otras profesiones en las que no falta carga de trabajo como pueden ser pintores, escayolistas, carpinteros o fontaneros, los oficios de toda la vida. Lo mismo pasa con los soldadores, con los que los instaladores de gas colaboran estrechamente. Unos son tuberos y los otros trabajan con el acero para soldar. Angulo, tras muchos años en el tajo instalando tubos, en comunidades de vecinos y empresas, o realizando acometidas para instalaciones de gas y reparando averías, ve cerca ya la hora de jubilarse, aunque en su caso es un afortunado ya que sus dos hijos, de 35 y 31 años, van a seguir sus pasos y continuar con la empresa, en la que tiene una docena de trabajadores. El caso de Angulo no es lo habitual. «Somos muy pocos los que tenemos este privilegio. No hay gente que se dedique a esto, no hay relevo generacional, encontrar un soldador bueno para una acometida de acero es difícil. Y como tampoco hay soldadores, a final los tuberos acabamos también como soldadores», relata

En este complicado entorno macroeconómico, los tres tótems de los componentes para vehículos–Gestamp, Cie Automotive y Antolin– han salvado con nota los nueve primeros meses del año, logrando fuertes crecimientos de ingresos y también en términos de rentabilidad. Todo ello lo han conseguido a pesar de la fuerte presión de los principales fabricantes de automóviles para que no subieran los precios a los que compran los componentes, pese a la inflación y el encarecimiento de las materias primas. La mayor producción de coches también impulsó los balances del sector de componentes. Desde dichas compañías explican que no ha sido sencillo lograr el equilibrio de ganar dinero en un contexto de fuertes subidas de precio y que han hecho lo posible para no trasladar este encarecimiento a los fabricantes de coches sin que ello repercuta sobre sus márgenes. En la gran mayoría de casos, el mayor coste de los materiales ha sido asumido del lado del proveedor, aunque en otros no han tenido otra opción que repercutirlo a las marcas de coches. Algo que, según afirman, ha sido asumido de forma comprensiva ante el difícil contexto geopolítico y económico internacional. Pese a estos factores, las Big 3 del sector de componentes para automóviles en España, que también tiene un papel de liderazgo en el panorama mundial, salió no sólo indemne de estos vientos de cara, sino que mejoró sus resultados desde varios ángulos. El principal ejemplo de este desempeño es el gigante Gestamp, que cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 225,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 23,1% respecto al mismo período del año pasado. Cie Automotive, por su parte, también contabilizó un incremento del 7,6% de su resultado neto a lo largo de los tres primeros trimestres del año, hasta rozar los 253,5 millones, frente a los 235,5 millones que se anotó en dichos meses de 2022. Esta cifra posiciona a la enseña vasca como la más rentable del sector en España.

Los grupos del Ibex han vuelto a marcar beneficios récord en los nueve primeros meses del año, gracias al tirón de la banca, los grupos turísticos, las energéticas Iberdrola y Naturgy, y las constructoras, y pese al impacto negativo de ArcelorMittal, cuyo hundimiento provocó un descenso del resultado global del 6% y del 4,4% en el primer trimestre y en el semestre de 2023, respectivamente. Entre enero y septiembre, y con los datos semestrales de Acciona, Acciona Energía, ACS, Inditex, Merlin, Naturgy y Solaria porque no han presentado resultados del periodo, las grandes cotizadas obtuvieron un beneficio neto de 43.433 millones de euros, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo de 2022, un porcentaje que aún sería mayor sin el impuesto a bancos y energéticas aprobado por el Gobierno. El resultado marca máximos y consolida la tendencia tras dos ejercicios, 2021 y 2022, en los que las grandes cotizadas anotaron beneficios históricos dando carpetazo a la crisis del Covid. Además, si se excluye el efecto Arcelor del cómputo global, –la siderúrgica redujo un 57% el resultado y ganó 4.823 millones menos entre ambos ejercicios–, las ganancias del Ibex habrían aumentado casi un 17%. Por otro lado, aun sin los datos a septiembre de las siete compañías citadas, las sociedades estrella de la Bolsa española ganaron un 60% más que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, lo que refleja la fortaleza general de las cuentas del Ibex en un momento en que hay amenazas crecientes, como la ralentización económica, la inflación o la incertidumbre geopolítica mundial.

Las ganas de disfrutar se imponen, al menos de momento, al ‘efecto carcoma’ que el actual entorno inflacionista ejerce sobre el poder adquisitivo de los españoles. Los últimos datos de Contabilidad Nacional ya demuestran que el avance del 0,3% experimentado por la economía española en el tercer trimestre se debió en buena parte por el consumo de los hogares, que avanzó un 1,4% en el periodo, frente a la desaceleración que registraron otros componentes como la inversión, que cayó un 0,8%. Ese mayor gasto vino derivado, además, por el repunte de los precios de los alimentos, que acumulan ya 18 meses consecutivos –desde abril de 2022– creciendo a doble dígito interanual. Pero el mayor coste de la cesta de la compra no ha impedido el consumo en hostelería y ocio. Y las previsiones apuntan a que la tendencia seguirá en la recta final del año, un periodo en el que se concentra el grueso de las compras y que en las próximas semanas tendrá su pistoletazo de salida con el ‘Black Friday’, al que seguirán las compras de Navidad y las rebajas de enero. La resistencia del mercado laboral está detrás de ese mantenimiento del gasto frente a la subida de precios. Una tendencia que también se observa en el seguimiento que, prácticamente en tiempo real, realizan los bancos a través de los pagos con tarjetas de sus clientes. Los analistas de CaixaBank Research recuerdan que no todas las tipologías de consumo se comportan igual, algo que se ha visto reflejado en la recuperación tras la pandemia: el consumo total de los hogares solo recuperó niveles previos en el tercer trimestre de 2023, mientras que el de bienes duraderos hace ya más de un año que alcanzó ese hito y ahora está un 7% por encima.

Christine Lagarde dijo ayer en la conferencia Global de Financial Times que la inflación de la eurozona se reducirá a su objetivo del 2% si los tipos se mantienen en los niveles actuales “el tiempo suficiente”. En octubre, el BCE dejó sin cambios su tasa de depósito, poniendo fin a una serie de 10 aumentos consecutivos que la han llevado desde un mínimo histórico de -0,5% el año pasado a un máximo histórico de 4% en un intento por controlar la inflación. Los mercados ahora valoran una probabilidad del 75% de un recorte de tipos del BCE para abril, frente a una probabilidad del 30% a principios de octubre. Lagarde dice que la inflación de la eurozona aún podría despuntar desde su reciente mínimo de dos años si hay otro shock de oferta en el sector energético. La inflación en la eurozona se desaceleró al 2,9% en octubre, por debajo de su máximo del 10,6% de un año antes. Pero la subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, se mantuvo en 4,2%, más del doble del objetivo del BCE. “No debemos dar por sentado que esta respetable tasa general del 2,9% puede darse por sentada”, dijo Lagarde. “Incluso si los precios de la energía se mantuvieran donde están, puede haber un resurgimiento de cifras en el futuro”.

La nueva ley de inmigración del Gobierno francés, que se presentó como «equilibrada» y que ha comenzado estos días su periplo parlamentario, ha endurecido su contenido. En la primera semana de debate en el Senado, que concluyó ayer, se han aprobado medidas para facilitar la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos, no respeten los valores de la República o supongan una amenaza grave para el país. Además, se ha descafeinado el único artículo que podía contentar a la izquierda y a las asociaciones de inmigrantes: el de la regularización de los sin papeles que trabajan en oficios donde apenas hay mano de obra. El debate arrancó el lunes. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, había dicho que el proyecto buscaba «ser bueno con los buenos y malo con los malos». El texto original contenía medidas para contentar a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, día a día se ha ido retocando el contenido, haciendo concesiones más a los últimos, que consideraban que el texto era demasiado laxo. El lunes, por ejemplo, se votó a favor de retirar el dispositivo de asistencia médica del Estado del que se beneficiaban los sin papeles. En su lugar, habrá una ayuda médica de urgencia. Se facilitan las expulsiones, se complica la solicitud de asilo y también se endurecen las condiciones para el reagrupamiento familiar. El artículo que preveía la regularización de las personas en situación ilegal que trabajan en sectores sin mano de obra como la hostelería o la construcción, se ha quedado en mínimos. Ahora, lo que se ha votado es que sean los prefectos de cada región los que valoren cada caso de manera individual, evaluando no sólo el trabajo que desempeña el inmigrante, sino su integración y si respeta los valores de la República.

Mientras que el crecimiento económico de su vecino asiático, con quien comparte una larga frontera en el Himalaya, se ralentiza, la locomotora de Nueva Delhi continúa con un impulso histórico, lo que está ayudando a que aparezcan nuevas fortunas que van más allá de los habituales magnates corporativos, sobre todo inversores o jóvenes emprendedores de empresas tecnológicas. En Delhi llevan mucho tiempo eufóricos. El año pasado pasaron por encima de Reino Unido para convertirse en la quinta economía más grande del mundo. Hace unos meses, otro zarpazo dieron a China al proclamarse el país más poblado del mundo. Y lograron ser los primeros en aterrizar una nave al polo sur de la Luna. Tanto en la geopolítica como en la economía global, India cada vez tiene más peso. Este año, todos los indicadores, entre ellos los del FMI, apuntan a que el crecimiento económico de esta potencia asiática en ascenso superará el 6%. Cada vez más multinacionales están mostrando interés en trasladar la fabricación a India en sus estrategias de diversificación. «La nación cuenta con estabilidad política, una fuerza laboral joven y en crecimiento y una clase media en ascenso, todo lo cual la ha convertido en la favorita de los inversionistas extranjeros. Es un lugar de aterrizaje para los fabricantes que buscan alternativas a China como bases de la cadena de suministro, y el Gobierno del primer ministro Narendra Modi ha defendido hábilmente la independencia del país para perseguir sus propios intereses económicos», escribe en Financial Times el economista indio Eswar Prasad, exjefe de la División de Estudios Financieros del FMI. Prasad da algunas recetas del éxito económico de su país. «El sistema bancario está en buena forma gracias a la eficaz supervisión del Banco de la Reserva. La independencia operativa otorgada al banco central para gestionar la política monetaria ha ayudado a evitar una inflación galopante. El Gobierno parece comprometido con la disciplina fiscal y con controlar el alto nivel de deuda pública». El brillo de India concentra mucha más atención porque coincide con la desaceleración de China, que ha sido el motor del crecimiento global durante décadas. Aunque la brecha entre Pekín y Delhi sigue siendo enorme, con el segundo arrastrando unos niveles de pobreza y desigualdad que hace mucho que su vecino dejó atrás. Una ventaja de India es que tiene una población muy joven, con uno de cada cinco habitantes del mundo menores de 25 años, aunque también muchos de ellos son analfabetos.