20231210

La compañía vasca de equipos eléctricos ronda los 400 millones en ventas impulsada por las inversiones en transición energética. En una vivienda, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por la instalación no suele superar los 50 amperios; una línea de transmisión puede tener 10.000 o 15.000, y en un reactor de fusión nuclear hay millones de amperios dando vueltas. La compañía vizcaína Arteche, fundada hace 77 años, es capaz de medir y gestionar con sus equipos toda esa potencia. Iberduero, ahora Iberdrola, fue uno de sus primeros clientes y lo sigue siendo hoy, relata Luis María Pérez, su director general. El 52% del capital está en manos de la tercera generación de la familia (su presidente es Alexander Arteche) cotiza en Bolsa y ha dado paso a inversores individuales, como el empresario cordobés Dámaso Quintana, a family offices, bancos y fondos. De la familia propietaria, solo el presidente y su primo Lander Arteche, secretario del consejo, trabajan en la compañía que este año espera alcanzar unas ventas de más de 400 millones de euros. La suya es una historia de resistencia y crecimiento discreto que no se ha visto arruinado, como ocurre a menudo en otras empresas familiares, por los herederos del fundador, Aurelio Arteche. En 1946 dio sus primeros pasos en la calle Gordoniz, en Bilbao, donde producía transformadores a medida bajo licencia. Después amplió el negocio en Mungia (Bizkaia), su actual sede, para producir relés. Ahora el grupo tiene 13 fábricas en cuatro continentes, con más de 2.700 empleados, de los que unos 900 son ingenieros. “La familia cuenta con un protocolo muy estricto que intenta profesionalizar la empresa lo máximo posible”, desarrolla su director, que llegó a Arteche en 2017 después de estar un cuarto de siglo en General Electric. 

La construcción sigue remontando tras la herida mortal que supuso la crisis financiera de 2008. Pero cuando estaba recuperando vuelo llegó la pandemia y, después, el encarecimiento de las materias primas y la subida de tipos que ha enfriado el mercado de la vivienda. Aun así, Alberto Marín, el presidente del clúster de la construcción en Euskadi, traslada confianza y energía con cifras. El sector representa el 11% del PIB vasco y el 12% de todo su empleo generando 1.500 millones de ingresos a las haciendas forales. Nunca más apropiado lo de ‘obras son amores y no buenas razones’. Pero Marín, que también dirige la planta de Cementos Lemona, no esconde la necesidad de afrontar un cambio de «paradigma» en las empresas de la construcción. Un momento clave para industrializar, digitalizar y traer y retener talento. Es el reto que se han marcado el más de un centenar de empresas que conforman el clúster. "...Creíamos desde hace tiempo que era importante tangibilizar lo que somos. Y aportamos un 11% del PIB de Euskadi y, en términos de empleo, un 12%. En cuanto a recaudación, generamos 1.500 millones de euros. Además me parece importante destacar que en nuestro sector el 96% de los recursos generados se quedan aquí...La demanda es la que es y sigue ahí. Y por parte de las empresas ha habido una serie de circunstancias que han elevado los costes. Lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar los procesos, hacerlos más competitivos para facilitar también el acceso al usuario final...Ya no es solo la búsqueda, sino también la retención de las personas. La competencia ya no es solo en España, sino con Europa. Tenemos que hacer el sector lo suficientemente atractivo para retener a las personas..." El sector de la construcción va asociado a ciertas incomodidades. Unas son las obras y sus molestias, pero también las industrias necesarias en la edificación como siderurgias, canteras o cementeras. Actividades que en ocasiones gozan de poca aceptación social. El presidente del clúster vasco de la construcción, Alberto Marín, recuerda «la necesidad de ese tipo de industrias para el desarrollo de este país y del bienestar de los ciudadanos». 

Bancos, inmobiliarias, expertos y notarios prevén que el parón de este año continúe el próximo en línea con los valores actuales de los tipos de interés. se prepara para cerrar un ejercicio que ha estado marcado por las subidas de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación, que han frenado compraventas e hipotecas pero no así los precios ante la falta de oferta existente. Con la vista puesta en la política monetaria y la situación macroeconómica, la vivienda encara un 2024 incierto en el que hay que medir el impacto que tiene el desarrollo de los aspectos pendientes de la Ley de Vivienda, como el índice de precios del alquiler para las zonas tensionadas. ¿Qué previsiones manejan los expertos para cierre de 2023? Bankinter prevé que las compraventas retrocedan un 14% y que los precios crezcan un 1% y subraya que estos están aguantando “sorprendentemente bien” gracias a la resistencia del mercado laboral, a la escasez de oferta en las principales ciudades y a la subida del precio del alquiler. La Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) apunta que el precio de la vivienda cerraría con una subida superior al 6% en el caso de la nueva y del entorno del 5% en la usada, crecimientos que se moderarán el próximo ejercicio. Fotocasa espera que, a pesar de la caída de las operaciones tras un 2022 de gran actividad, el año culmine con unas 550.000 compraventas, lo que convertiría en uno de los mejores ejercicios desde 2008, y espera un alza de precios del 5%. Calcula además que se podrían alcanzar 380.000 hipotecas, uno de los mejores años desde 2010. Idealista habla de menos de 600.000 viviendas vendidas, lo que supondrá un descenso de entre el 8% y el 10%, aunque en número será uno de los mejores ejercicios de los últimos 15 años.

El 16 de diciembre del año pasado las asambleas extraordinarias de Ulma y Orona decidieron por mayoría salir del Grupo Mondragon tras un proceso que en ocasiones adquirió un tono bronco. Un año después, la situación es bien distinta puesto que la actividad de los tres protagonistas ha transcurrido con absoluta normalidad sin que se hayan advertido efectos adversos para ninguno de los tres. Las dudas que pudieron surgir sobre las repercusiones que acarreaba que las dos cooperativas que representan la mitad de su división industrial abandonaran el grupo se han disipado, dado que fuentes del Grupo Mondragon afirman que este movimiento no ha afectado a la actividad y, aunque todavía es pronto para hablar de resultados globales, “las cosas no van mal”.  La incertidumbre en un contexto convulso es el factor que acapara el seguimiento de sus responsables, dado que la escisión es un asunto “que está olvidado”. Sin tener en cuenta los resultados obtenidos por Ulma y Orona, la división industrial del Grupo Mondragon facturó 4.800 millones el pasado año con un crecimiento del 15% sobre el ejercicio anterior. Al otro lado, tampoco la trayectoria en solitario ha encontrado obstáculos más allá de los que durante el año ha soportado el conjunto del tejido empresarial guipuzcoano centrados en los conflictos armados, la acusada inflación, los elevados tipos de interés y la ralentización de las economías europeas, principales clientes de las compañías del territorio. En el caso de Ulma, este ejercicio ha sido el de la presentación de Ulma Medical Technologies, un proyecto que emplea Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud.

El 20,6% de las 51.001 personas contratadas en octubre en Euskadi tiene nacionalidad extranjera, lo que supone unos 10.300 empleados foráneos, porcentaje 1,7 puntos superior al del mismo mes del año pasado, según datos de Lanbide. Del total de las personas extranjeras contratadas, el 48,3% tiene nacionalidad de algún país latinoamericano, el 15,7% del norte de África, el 13,7% de África subsahariana, el 7,9% procede de algún país de Europa no comunitaria, el 7% de Europa comunitaria y el 6,1% de Asia. Las personas autóctonas (35,48 años) son más jóvenes que las personas extranjeras (36,34 años). Entre la población extranjera con cierto volumen de contratación, los procedentes de Latinoamérica son los más jóvenes con 35,60 años y los procedentes de algún país de África subsahariana la población más madura, con 37,91 años. Durante el último mes, disminuye el número de personas contratadas de todas las procedencias con cierto nivel de contratación.

Euskadi afronta el final de las tres legislaturas de Iñigo Urkullu bajo una guerra de cifras económicas en la que se dirime que queda del «oasis vasco». El lehendakari, desplazado por su partido de una cuarta legislatura, se aferra a datos socioeconómicos que abrillantan sus casi 12 años de Gobierno junto al sondeo preelectoral encargado cuando ya rumiaba su relevo por Imanol Pradales. Según los datos defendidos por Urkullu en su última comparecencia pública, el paro en Euskadi se ha reducido a la mitad en 10 años, del 16,6% al 7,5%; el desempleo juvenil ha bajado más de 18 puntos. Por primera vez en la historia del País Vasco se ha superado el millón de personas trabajando y cotizando. Euskadi generó en 2022 unos 85.000 millones de Producto Interior Bruto (PIB), con una recaudación fiscal de 17.100 millones de euros, y en 2024 el Ejecutivo vasco tendrá 15.025 millones de presupuesto, también récord histórico. En una década, el gasto por persona en Sanidad ha aumentado de 2.700 euros per cápita a 3.500; el gasto en Educación, de 6.500 a 7.300; y en Protección Social ha repuntado de 7.900 a 9.900 millones. El argumentario de Urkullu, sin embargo, no oculta la pérdida de peso de la economía vasca en el conjunto de España ni los peores síntomas de sectores industriales cuando se afronta una etapa de ralentización económica en Europa. Porque ese «stand by» de Petronor –filial de Repsol– a dos inversiones icónicas de la transformación económica de Euskadi llega en el peor momento político y económico. La empresa petrolífera tenía previsto invertir 200 millones en el potente generador de hidrógeno verde con el que completaba otras dos instalaciones de 2,5 MW y 10 MW que ya ha puesto en marcha. Además, la planta de combustibles sintéticos (en colaboración con la saudí Aramco) requería de otros 103 millones. Dos inversiones estratégicas y de enorme simbolismo para el desarrollo del denominado Corredor Vasco del Hidrógeno, un proceso de reindustrialización de Bizkaia en el que participan 12 instituciones públicas, 13 centros de conocimiento y asociaciones empresariales y 52 empresas, hasta sumar 77 organizaciones que prevén invertir 1.383 millones. Y a todo ello se le han unido los recortes de producción y de empleo en las plantas de Michelin y Bridgestone. La multinacional francesa reducirá 150 puestos de trabajo que ya negocia con sus trabajadores en Vitoria. La japonesa Bridgestone ha activado este mes de diciembre un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que se extenderá aún sin fecha durante 2024 para sus 1.000 trabajadores en Euskadi.

El lehendakari Iñigo Urkullu presidirá el próximo martes 12 de diciembre la reunión de su gabinete con la mirada puesta en Bruselas. Allí, la delegación española defenderá ante al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE) la creación de una macrorregión del Atlántico, la quinta de la UE. Una alianza, a la que están invitadas un total de 17 regiones europeas, que es el instrumento activado por Urkullu para incrementar la presión en Bruselas y reactivar el arco atlántico superado por el dinamismo del Mediterráneo y amenazado ante el tirón del Este de Europa. «Europa no debe terminar en los Pirineos. No formamos parte de la periferia europea. Somos actores fundamentales que reclamamos nuestro lugar en el proyecto de futuro de Europa», ha proclamado Urkullu en el último año de su tercer mandato. El lehendakari pretende dejar como legado la consolidación de una nueva alianza, entre todas las regiones del arco atlántico, para afrontar «unidas» un ambicioso programa de inversiones que les permita recuperar el terreno perdido. El ejemplo más claro, la espinita clavada, es el corredor ferroviario de la Alta Velocidad. Francia rompió en mil pedazos el sueño de inaugurar en 2030 la conexión por TAV entre Paris,Madrid y Lisboa. Su Consejo de Orientación de las Infraestructuras retrasó hasta 2042 la construcción del tramo entre Burdeos y la frontera española. El presidente francés Emmanuel Macron eludió concretar sus verdaderas intenciones en una carta de respuesta a Urkullu que desde el Eliseo llegó hasta Vitoria el pasado mes de mayo. Lograr que Francia reconsidere sus plazos para el TAV es el primer objetivo de esta macrorregión que el próximo martes comenzará a tramitarse en el seno de la UE.

Medio mundo se pregunta estos días en Dubai cuál es la fórmula mágica para hacer una carrera sin avituallamiento. Para sorber sin soplar. Crecer sin la gasolina que hasta ahora era necesaria en cualquier economía: los combustibles, el gas y todas las materias primas fósiles que impulsan la actividad aun a costa de contaminar. Los dirigentes internacionales se plantean en la Cumbre del Clima (COP28) cómo transitar en la descarbonización sin que afecte al consumo, las inversiones, el empleo o el poder adquisitivo de las familias. Porque todos quieren ser verdes. Pero ninguno aspira a empobrecerse en ese camino. Y en esa disputa, el sector energético aguarda cualquier decisión de cambio que se materialice en un calendario del fin de los combustibles fósiles. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anticipaba antes de viajar a la cumbre su aspiración a fijar un calendario que determine el fin del petróleo. Aunque es consciente de su dificultad. Para Sergio Ávila, senior market analyst de IG, «seguiremos usando petróleo más tiempo de lo que los gobiernos de los países occidentales quisieran».A la vez, las organizaciones medioambientales presionan para acelerar el paso. Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de Ecodes, explica que «sin poner fecha al fin de los combustibles fósiles no será posible acabar con el cambio climático». «Solo de cara a 2030 hay que recortar un 50% las emisiones», recuerda. «El sector petrolero ve que se le acaba el negocio y hasta que no tengan alternativas van a tratar de exprimir al máximo la extracción», explica.

Las negociaciones de la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái, la COP28, tienen dos caras bien definidas: la más dura (que se focaliza en cómo deben salir los combustibles fósiles del sistema energético mundial) y la más amable (que se centra en impulsar las energías renovables). Respecto al primero de los debates —la salida del carbón, el petróleo, el gas—, la tensión es máxima. No ocurre así con el impulso a las energías más limpias, que cuenta ya con el respaldo de un buen número de los casi 200 países que negocian en estas citas y que ven cómo los flujos de inversión se desplazan hacia la fotovoltaica y eólica. La presidencia de la COP28, que está en manos de Emiratos Árabes Unidos, y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) resaltó ayer precisamente el gran apoyo con el que cuenta una propuesta concreta: triplicar la potencia renovable en 2030. En los borradores que se manejan ya para el acuerdo final de esta conferencia aparece ese objetivo global, que se ha convertido en una de las cifras mágicas de la lucha contra el cambio climático. En tiempos de malas noticias, empezar por lo positivo cobra sentido. El ritmo de adopción de las renovables, mucho más baratas —y más limpias— que cualquier otra alternativa energética se está acelerando considerablemente en todo el mundo. Pero, especialmente en China, el país que más toneladas de dióxido de carbono libera cada día a la atmósfera pero también uno de los que más está apostando por el sol y el viento (y, en mucha menor medida, por la hidráulica). Pero, a pesar de los bajos precios y la boyante producción de paneles e inversores fotovoltaicos, la velocidad de implantación no es suficiente.

Son varios los términos y definiciones con los que Pedro Sánchez y Teresa Ribera han anticipado la nueva configuración del impuesto extraordinario a las compañías energéticas. Del «rediseño» del tributo anunciado por el presidente del Gobierno el jueves al «margen razonable» que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica apuntaba en una entrevista a este diario el pasado fin de semana. Lo que ambas expresiones revelan –junto a otras muchas, como «definir» o «ajustar», lanzadas en los últimos días– es un gravamen con un impacto mucho menor que el actual para las compañías del sector a partir del 1 de enero de 2024. El Ministerio de Hacienda, donde se está elaborando el nuevo impuesto, trabaja con varios frentes a la vez. Por una parte, el meramente político: PSOE y Sumar acordaron en su pacto de gobierno de coalición una extensión del tributo extraordinario a partir del próximo año. Es un compromiso de Sánchez con Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda ha insistido en la necesidad de seguir aplicándolo. Pero al mismo tiempo, partidos como el PNV entran en la ecuación advirtiendo del impacto que puede tener su aplicación tal y como está en el País Vasco, donde se concentran buena parte de la actividad y sedes sociales de las firmas afectadas. Repsol en el primer caso e Iberdrola en el segundo. Una de las fórmulas en las que se está trabajando pasaría por vincular el impuesto a proyectos industriales que apoyen la transición energética. Es decir, que cuantos más compromisos adquieran las compañías gravadas en este camino ‘verde’, más beneficios (incluidos créditos fiscales, por ejemplo) se aplicarían en la estructura del gravamen, que podría quedar reducido a su mínima expresión.

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), fundada en 2010, intenta colarse en las mesas de trabajo aprovechando la reconversión que acucia a la industria para producir y vender vehículos cero emisiones. Arturo Pérez de Lucía, su director general, es el responsable de que ese camino acabe de consolidarse y, entremedias, tiene una misión: romper con ciertas consignas “negativas” que, en su opinión, acaban poniendo trabas del paso del coche de combustión al eléctrico y que han situado a España entre los países europeos con menos matriculaciones de vehículos eléctricos. Esas barreras de las que habla son populares. Desde que los nuevos coches propulsados por baterías son excesivamente caros en comparación con los alimentados por gasolina, que tienen poca autonomía o, sobre todo, una que repiten el resto de patronales es el déficit de puntos de recarga que sitúa a España en los furgones de cola europeos e influye en la falta de confianza sobre el cambio de paradigma: “Lo que no se puede decir ahora mismo es que no hay infraestructura de recarga porque ese es un mensaje muy negativo que la ciudadanía, a la que le llegan mensajes muy directos y simplificados, responde diciendo que el vehículo eléctrico no es útil, y eso no es cierto”. “Hay que informar bien”, exige Pérez de Lucía, quien admite una falta de coordinación en la comunicación que se ha realizado desde las empresas y las administraciones públicas. Él está convencido de que “la movilidad eléctrica ofrece respuesta a una gran cantidad de personas y empresas, si bien a muchos les tiran para atrás los cambios de hábitos necesarios y las reticencias de las nuevas tecnologías”. Lo que sí es cierto, y reconoce el directivo, es que la lentitud con la que se están vendiendo coches eléctricos está poniendo en peligro la consecución de los objetivos. 

Los salarios más altos, la menor capacitación tecnológica y el desinterés de las firmas por formarlos hacen vulnerables a los trabajadores sénior ante los ajustes. Sin embargo, las empresas han encontrado fórmulas perfectamente legales para hacer salir a sus trabajadores de más edad, con luz y taquígrafos. La arquitectura diseñada por los departamentos de recursos humanos es muy amplia y comprende desde las clásicas bajas incentivadas, a las que en muchas ocasiones solo se puede acceder a partir de una edad de corte, situada generalmente en la cincuentena; hasta los planes de rentas, planes de suspensión individual o las prejubilaciones. Prácticamente en todos ellos el resultado es el mismo: la persona trabajadora se ve en la calle (con más o menos indemnización) y, cada vez con más frecuencia, con hasta diez o más años de vida activa por delante antes de poderse jubilar. En el caso de las prejubilaciones, los planes de compensación hacen muchas veces innecesaria la vuelta al mercado laboral. Si bien van quedando atrás los años de las prejubilaciones doradas de la banca u otras grandes empresas del Ibex. Por el contrario, en los últimos años muchos de los ajustes han obligado a los trabajadores a seguir en activo. El último y más sonado ERE (expediente de regulación de empleo) de extinción ha sido el que ha anunciado recientemente Telefónica. Prevé que salgan de la compañía más de 5.000 empleados, mayores de 55 años fundamentalmente. Pero en los últimos dos años, otras muchas firmas como el Banco Santander, Unicaja, Sabadell, Naturgy, Pepsico, Danone o El Corte Inglés han tirado de estos ajustes de uno u otro tipo, que terminan centrándose en los trabajadores de mayor edad. En algunos de ellos hubo incluso más trabajadores dispuestos a adherirse al ERE que los pactados inicialmente con los sindicatos en el despido colectivo.

Han pasado ya siete años desde que el Banco Central Europeo decidió dejar de imprimir el billete de 500 euros, aduciendo que el principal uso que se le da es delictivo. Y en algunos países ya no se utilizan las monedas de uno y dos céntimos, porque suponen un engorro y un gasto innecesario en metal. Además, la legislación va reduciendo cada vez más el importe máximo que se puede abonar en metálico: en España son 1.000 euros. Por si fuese poco, la pandemia ha proporcionado un enorme espaldarazo al creciente uso de las tarjetas de débito y crédito: en Europa gestionan ya el 34% de los pagos, 15 puntos más que en 2016. En el extremo opuesto, aunque sigue siendo el principal medio de pago, el dinero contante y sonante ha caído 20 puntos desde que se le dio la estocada final al ‘binladen’, y ahora protagoniza el 59% de las transacciones. «Hombres, personas de 45 años y más y con estudios básicos usan el efectivo a diario en mayor medida», destaca el Banco de España en un informe. Los jóvenes de nuestro país, sin embargo, cada vez tocan menos billetes y monedas. Solo lo hace a diario un 43%, mientras que en 23% ya utiliza aplicaciones móviles todos los días. Así, el nivel de uso de Bizum –utilizado por el 36% de la población– es equivalente al de las transferencias bancarias. Antonio Macías, responsable de medios de pago de BBVA, confirma el cambio: «Este año las compras con tarjeta están creciendo a un ritmo aproximado del 16% sobre el año pasado, y el pago con móvil ya supone en torno al 28% del total». En Kutxabank registran estadísticas similares. «Los pagos móviles acumulan grandes crecimientos en los últimos años –126% en 2021, 79% en 2022 y 53% en 2023–, y ya suponen un 23% de todos los que no se hacen con efectivo. Entre enero y marzo de este año, el comercio electrónico ha aumentado un 28% y las operaciones con tarjeta un 11%, que se suma a los incrementos del 28% en 2020 y del 19% en 2021», informan desde la entidad vasca.

"La inversión, una de las claves del bienestar de nuestro país, arrastra un déficit desde la época de la crisis financiera. El gasto en equipamiento y adaptación del aparato productivo es a todas luces insuficiente para afrontar las transiciones energéticas y digitales, e impulsar la productividad, sustento del crecimiento futuro. Suecia, uno de los países más productivos del mundo, invierte en bienes de equipo un 30% más que España (en proporción del PIB de cada país). Su productividad ha crecido un 1,3% anual en lo que va de siglo, casi el triple que la nuestra. La comparación con otros socios comunitarios es también relevante. En los dos últimos años, hemos dedicado un 5,5% del PIB a la inversión productiva, es decir menos que todas las otras grandes economías europeas (y un valor inferior también al nivel anterior a la pandemia). El diferencial parece estar arraigado: ya se registró durante el periodo expansivo anterior a la crisis sanitaria, y por supuesto durante la crisis financiera, particularmente perjudicial para nuestra economía. La brecha podría incluso haberse ahondado, ya que el volumen de recursos dedicados al equipamiento de las corporaciones ha ido mermando, al mismo tiempo que la trayectoria ha sido ascendente en la mayoría de economías de nuestro entorno..."

Los malos resultados de los alumnos vascos en la última edición del informe PISA, los peores desde que Euskadi participa en la prueba educativa más prestigiosa a nivel internacional, son el último bocinazo que alerta de la tendencia a la baja de un sistema otrora referente. Desde el año 2012 las evaluaciones son cada vez peores. Lo demuestra no sólo PISA, que es puntual y evalúa las destrezas de una parte muy pequeña del alumnado vasco; también los estudios internos del Departamento de Educación. La pregunta es evidente. ¿Qué está pasando? El análisis debe partir de los datos. Los más fiables son los que aportan las Evaluaciones Diagnósticas de mitad de etapa. Es un examen que se realiza cada dos años a todos los alumnos de 4º de Primaria y 2º de ESO: más de 40.000 estudiantes en total. La evolución entre 2009 y 2019 (el último informe es de 2021, pero estuvo demasiado condicionado por la pandemia) revela una caída en el conocimiento de los alumnos de Secundaria en Euskera, Inglés, Matemáticas y Ciencias. En Castellano la media ha pasado de 250 puntos a 251. No sólo eso. Cada vez hay menos alumnos en los niveles avanzados y cada vez hay más en los iniciales en las competencias analizadas. Para muestra, un botón. En 2009, el 38% de los alumnos de 2º de ESO estaba en el nivel inicial de euskera; en 2019, el 53%. Eso significa que más de la mitad de los alumnos son incapaces de adquirir conocimientos en la que es la principal lengua de escolarización de Euskadi, toda vez que el modelo D matricula a más del 80% del alumnado. ¿Cómo van a aprender los chavales si ni siquiera entienden del todo el idioma? ¿Significa esto que deberíamos replantearnos el objetivo de la euskaldunización? Los expertos consultados creen que no. Recuerdan que existe un consenso «político y social» para que los alumnos sean competentes en ambas lenguas oficiales, tal y como contempla el Estatuto de Gernika. Y, además, en el debate en torno a la nueva Ley de Educación nadie ha planteado lo contrario. «Para la mayoría del alumnado, que es castellano hablante, se practica un bilingüismo de inmersión, o mejor de sumersión, que proscribe todo aprendizaje en lengua materna. No considerar para nada la lengua materna es un error que está hipotecando los aprendizajes de muchos alumnos, especialmente de los más desfavorecidos, como recuerda la UNESCO», explica Gonzalo Larruzea, doctor en Organización Escolar. «Eso no quiere decir que la euskaldunización no deba ser un objetivo, pero sí que deben buscarse los programas bilingües de éxito en el mundo que logran el dominio de dos o tres lenguas sin lastrar los aprendizajes. Es posible», señala.

Orain arte ezezagunak ziren Lizardiren bi olerki batu ditu Euskaltzaindiak gipuzkoar olerkariaren poema guztiak biltzen dituen liburu berrian, euskara batuaren eredura hurbildu dituenak Karlos Otegik. Guztira 56 poema jarri dira antologia honetan, berriki eskuratu diren biak barne, ‘Habiatxo’, 1917an idatzia, eta ‘Goiz-ibiltze’, datarik gabe agertzen dena eskuizkributan. Lizardiren arreben zarauzko etxean gordeta igaro dituzte urteak berreskuratutako bi poemek, «Bere arrebak hil zirenean dokumentu pila topatu ziren kutxa batetan, urtetakoak. Senide batek guztiak sailkatu zituen, gordetzekoak zeintzuk ziren jakiteko», kontatu zuen atzo Iñigo Agirre, Lizardiren bilobak, Durangoko Azokan burutu zen aurkezpenean. «Nire familiari zegozkion dokumentuak niri pasa zizkidan, nik gorde nituen, eta gero konturatu nintzen bi olerki hauek ez nituela ezagutzen». Orduan, Euskaltzaindiari eta Karlos Otegiri ezagutarazi zien aurkitutakoa. «Badira ia hamabost urte eskuizkribu hauek eskuartean nituela. Dokumentu zaharrak dira, baina orain lehenengo aldiz irakurriko ditu jendeak»