20231213

Tal y como puede leerse en el último newsletter de Confebask sobre la evolución del número de empresas registradas en la Seguridad Social, Euskadi tuvo en noviembre un crecimiento de 132 compañías con respecto al mes anterior, lo que supone el mejor dato para este mes desde hace cuatro años (2019). De esta forma, el total de empresas registradas en Euskadi en la Seguridad Social en noviembre asciende hasta casi las 58.000 (57.909). El crecimiento se mantiene también en términos interanuales. En comparación con las que había en noviembre del año pasado, ahora hay 138 empresas más (+0,2%). Por sectores, en noviembre creció el número de empresas en todos ellos. Lo que no termina de recuperarse es la cifra previa a la pandemia, a pesar de que han pasado ya casi cuatro años. Y así, con respecto a las que había antes del covid (febrero 2020), la cifra de empresas en Euskadi sigue marcando casi mil menos (- 984), de tal forma que hoy en día sólo se ha recuperado la mitad (53%) de las perdidas entonces. sobre la cantidad de empresas vascas concursadas, en el tercer trimestre de 2023 hubo un total de 56, esto es, un -35,6% menos que en el tercer trimestre de 2022, volviendo así a la tendencia de descensos de esta variable de los últimos trimestres. Este descenso en Euskadi es superior al registrado en el Estado, donde el número de concursos ha descendido un 28,3%. En el acumulado de los nueve primeros meses del año el número de empresas concursadas en Euskadi se ha reducido un -15,3%. Ver más en Confebask. Ver newsletter 

La alianza del Gobierno vasco con las patronales para reclamar una transferencia de fondos europeos de 1.047 millones de euros, con el objetivo de poner en marcha un programa autonómico de subvenciones en proyectos estratégicos ya tiene una primera respuesta. Es un no rotundo. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, recién confirmado en el cargo por el gabinete de Pedro Sánchez, cree que esa reclamación no tiene recorrido y choca con el objetivo que persiguen esas ayudas de la UE. Itxaso recuerda que la Unión Europea ha querido impulsar proyectos transformadores, con una empresa que ejerza el liderazgo, pero sin importar su localización sino la capacidad para generar actividad económica en el conjunto de la UE. «Los PERTE regionales, como reclama el Gobierno vasco, irían en contra del espíritu del programa que ha diseñado la Unión Europea», asegura. «Yo pongo cifras sobre la mesa, otros solo palabras», señaló el delegado gubernamental, para defender que el Ejecutivo vasco ya ha tenido un papel importante en la gestión de los fondos europeos y aún puede tenerlo mayor en la fase de concesión de créditos, que liderará el Banco Europeo de Inversiones y que se va a apoyar precisamente en iniciativas regionales. Así, Itxaso apuntó ayer que en realidad el Gobierno vasco ha gestionado más del 50% de los fondos europeos que han llegado a Euskadi hasta ahora: un total de 1.039 millones, frente a los 968 asignados por diferentes ministerios del Ejecutivo central. Junto a ello destacó el hecho de que varias empresas vascas han liderado proyectos que han merecido el respaldo de estos programas, como es el caso de Mercedes, Sapa, Irizar o Fagor Electrónica, que han recibido 234 millones. Junto a ello, añadió, se han asignado 14,7 a Basquevolt y algo más de 26 millones a iniciativas relacionadas con el hidrógeno. Por último y para remarcar que la penetración de los fondos europeos ha calado también en las pymes vascas, el delegado del Gobierno en Euskadi indicó que un total de 10.200 pequeñas y medianas empresas vascas se han visto beneficiadas con las ayudas del Kit Digital.

El acuerdo para renovar el convenio de CAF ha sido aprobado con una amplia mayoría en las asambleas de trabajadores que se han celebrado en Beasain, Irun y Madrid. Según ha informado LAB, la propuesta ha recibido 1.306 votos a favor frente a 121 votos en contra, mientras que 26 votos han sido en blanco y siete nulos. Esta aprobación representa finalizar con un periodo en el que se han sucedido varios paros y la amenaza de iniciar una huelga indefinida. LAB ha destacado como puntos importantes que recoge este acuerdo la creación de empleo en las plantas productivas de Gipuzkoa y Navarra, jubilaciones anticipadas, incrementos salariales por encima del IPC y mejoras para el personal subcontratado. Añade que la renovación del convenio también recoge una reducción de jornada para el colectivo de titulados y otras mejoras en las condiciones laborales de la plantilla de CAF. Junto a la introducción de estos objetivos sindicales, la dirección de CAF se ha comprometido a invertir nueve millones de euros en la construcción de una nueva nave de pruebas en los terrenos que antes ocupaba la acería de la planta de Beasain. En lo que se refiere a la fábrica de Castejón, los trabajadores de esta planta han logrado tanto incrementos “sustanciales” de los salarios como una reducción de su jornada laboral.

La Autoridad Bancaria Europea, EBA, ha dado a conocer el resultado de sus pruebas a las principales entidades financieras del euro, con un resultado que se parece bastante al de ejercicios anteriores. Kutxabank, presidida por Antón Arriola, lidera una vez más el ranking correspondiente a los bancos españoles, con un ratio de capitalización del 17,6%, que supera con creces las exigencias mínimas e incluso la media europea, situada en el 16%. Estos análisis anuales de la EBA tratan de evaluar la resistencia del balance de los grandes bancos europeos a situaciones adversas y a la acumulación de pérdidas. El organismo ha destacado como positivo que, en términos generales, los bancos sistémicos del euro han conseguido superar con buena nota el conato de crisis registrado el pasado mes de marzo. Fue un momento clave, ya que se produjo la caída de dos entidades norteamericanas y el rescate del Credit Suisse, que fue absorbido por UBS. La buena calificación de Kutxabank contrasta con la media del ratio de capitalización de las entidades españolas analizadas además del banco vasco –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Cajamar– que se sitúa en el 12,64%. El resultado de los bancos de países como Francia, Italia y Países Bajos está alineada con la media europea.

Euskadi lamentó ayer la lentitud con la que avanzan los países en lo que respecta a la ambición climática, plasmada en las dificultades que se están manifestando en Dubái para alcanzar un acuerdo que incluya un compromiso de eliminación de los combustibles fósiles. La consejera de Medio Ambiente, Arantxa Tapia, manifestó ayer que al margen de esos pactos el País Vasco seguirá con su hoja de ruta: «Euskadi intensificará y acelerará las me- didas de descarbonización de la economía y de la sociedad, con una apuesta indudable por la eliminación de los combustibles fósiles», zanjó. La apuesta vasca por su eliminación progresiva está alineada con la manifestada por la Unión Europea. En ese sentido, al igual que la UE y que la ONU, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha acogido con decepción el insuficiente nivel de ambición que están mostrando algunos líderes presentes en la COP28. «Un país como Euskadi no va a bajar la guardia, ya que la descarbonización es imprescindible en nuestro desarrollo, que será sostenible y a la vez justo, desde el punto de vista social». Por esa razón, Tapia ha señalado que «mantenemos la apuesta de ‘emisiones cero’ en 2050, pero trabajaremos por acelerar y adelantar ese marco temporal». Tapia también señaló que el Gobierno vasco ve con satisfacción el consenso con el que se ha acordado triplicar la producción de renovables y duplicar la eficiencia energética de aquí a 2030. 

La sostenibilidad retumba en nuestras cabezas desde hace lustros, si bien su relevancia ha ido ganando enteros con el paso de los años. El motivo no es otro que el hecho de haber pasado de una visión simplista de reutilización de los residuos a convertirse en un elemento tractor para el presente y el futuro de las empresas, que ven en esta un elemento transversal que va a determinar cuáles van a seguir siendo competitivas. Compañías e instituciones, desde las locales a las internacionales, con especial incidencia en Europa, han puesto el foco en una sostenibilidad que ha empapado cualquier estrategia a medio y largo plazo. Con el ánimo de profundizar en este ámbito y de conocer cuál es la realidad y la implicación del tejido empresarial vasco y de nuestras instituciones, el Foro Telefónica, organizado por DV y promovido por la compañía de telecomunicaciones, reunió el pasado lunes en DVGunea a representantes de los sectores implicados. La consejera Arantxa Tapia quiso abrir su participación poniendo en contexto cómo la propia sostenibilidad ha evolucionado a lo largo de los años: «Tradicionalmente la hemos definido como el cuidado de la biodiversidad y del medio natural». Pero esta definición se queda corta actualmente, toda vez que el Pacto Verde Europeo «nos ha abierto la mente a verlo todo de una forma más integral». Queda claro que el reto es «utilizar la mínima cantidad de recursos para poner en marcha nuestras actuaciones», que deben tender al «residuo cero», lo que implica «introducir innovación». Objetivos a los que se enfrentan las empresas, inmersas en un cambio sustancial en la forma de concebir sus negocios. «Hay que involucrar a toda la sociedad y mirar el largo plazo; desde la administración nos tocará regular». Manuel Alonso, director Norte de Telefónica: «Queremos adelantar una década, para 2040, las cero emisiones como una clara muestra de diferenciación. El único mecanismo que tiene la empresa para recuperar competitividad es la sostenibilidad»...

Un pequeño paso en la Unión Europea (UE), pero que supone una gran victoria para las regiones de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. El Consejo Europeo inició ayer los trabajos para la creación de la Macrorregión del Arco Atlántico, que busca canalizar inversiones europeas a estos territorios. Esta cuestión fue retirada del orden del día del Consejo el lunes, pero después de que la noticia se publicara desde el Gobierno vasco se presionó para que entrase, con mensajes entre el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente español Pedro Sánchez. El secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, indicó tras el Consejo que «se trata de un paso fundamental y necesario» para su creación. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic aseguró que esta iniciativa y los territorios que la conforman son «muy importantes» para el bloque. El proceso llevará un tiempo. Navarro detalló que, una vez presentado el proyecto a los Estados miembros, se deberá solicitar un mandato al Ejecutivo comunitario para la creación de la macrorregión, que deberá ser validada de nuevo por el Consejo Europeo. Conexiones energéticas Hasta el momento, el proyecto solo se había discutido a nivel regional y se habían hecho un par de propuestas a la Comisión Europea y a las capitales. Sin embargo, el paso dado ayer supone el inicio de los trabajos a nivel comunitario y un espaldarazo a la iniciativa impulsada, entre otros, por el Gobierno vasco con el objetivo de avanzar en las conexiones ferroviarias y energéticas de la macrorregión, que agruparía a Portugal, España, Francia e Irlanda. Su presentación ante el Consejo, sin embargo, peligró hasta la tarde del lunes, cuando la Presidencia española decidió retirar este debate del orden del día de la reunión ministerial. Fuentes diplomáticas aseguraron a este periódico que el tema «no estaba lo suficientemente maduro» para tratarlo en el Consejo y que hacía falta «más trabajo para que todas las partes implicadas estén alineadas para hacer avanzar esta cuestión». Fue entonces cuando Lakua se puso en marcha para presionar a la delegación española –con mensajes entre Urkullu y Sánchez–, que finalmente reincorporó la discusión a la agenda en el último momento. 

Cerca de 71.000 pensionistas vascos y más de 2,6 millones en toda España, en su mayor parte mujeres, se beneficiarán el próximo año de una subida de sus prestaciones muy superior a la del resto, que incluso puede llegar a triplicar esa revalorización del 3,8% que se elevarán las pensiones con carácter general y, por tanto, triplicar con creces la inflación de este año. Se trata de aquellas personas que cobran una pensión mínima, de viudedad o no contributiva, que tendrán un incremento en enero que oscilará entre el 5% y el 14,1% gracias a las mejoras que establece para estos colectivos más vulnerables la última reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luis Escrivá. En concreto, las pensiones mínimas se revalorizarán en 2024 entre un 5% y un 7% –según avanzó ayer la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista concedida a la Agencia Efe–, las no contributivas aumentarán un 6,9% y las de viudedad con cargas familiares tendrán una subida del 14,1%, lo que llevará a este colectivo de mujeres a cobrar por primera vez en la historia una nómina de más de 1.000 euros al mes. Además, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ingresarán el próximo año un 6,9% más, aunque en este caso se desconoce a cuántos afectará esta subida, puesto que el Ministerio de Seguridad Social guarda con celo el número de personas que en la actualidad están disfrutando de esta renta mínima y solo informa cada mes de cuántos beneficiarios acumulan desde su entrada en vigor en junio de 2020, más de dos millones, aunque sin especificar si la inmensa mayoría ya no lo cobra.

El Gobierno ha comenzado a dar forma al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024 fijando un techo de gasto récord, pese a la reactivación de las reglas fiscales europeas el próximo año, que apuntala en la previsión de elevar un 9% la recaudación tributaria, lo que promete conllevar nuevas subidas impositivas aún por definir. Hacienda confía en que este diseño le permita cumplir una nueva senda de consolidación fiscal por la que se compromete a rebajar el déficit al límite comunitario del 3% del PIB el próximo año, dejándose a la vez algo de margen para prorrogar parte de las medidas contra la inflación. “Cuando se formó Gobierno dijimos que nos poníamos a trabajar desde el minuto cero para que España tuviera unos Presupuestos Generales cuanto antes y en el día de hoy, ni siquiera transcurrido un mes desde la investidura, el Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado para 2024”, celebró ayer la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término de la reunión del Gabinete. “La aprobación del límite de gasto no financiero de 2024 es un paso clave para que tengamos Presupuestos, esperemos en el primer trimestre del año que viene”, apuntó. En concreto, el techo de gasto total aprobado para el próximo año, incluyendo el anticipo de 9.905 millones de los fondos europeos Next Generation, asciende a 199.120 millones de euros, un 0,5% más que el de 2023. “Se trata de un límite de gasto realista para continuar con políticas de modernización de la economía, impulsar un crecimiento sostenible justo e inclusivo, y seguir fortaleciendo el Estado del Bienestar”, sostuvo Montero.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusó ayer al Gobierno de cargar sobre las empresas la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Garamendi dijo esto porque la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó el lunes que las empresas puedan trasladar el incremento del SMI a los precios que presentan en los concursos públicos. Montero dijo que los españoles, y las administraciones públicas, no tienen por qué sufragar la subida del SMI. La paradoja es que el sector público también tiene muchos trabajadores propios con esta retribución. El Ejecutivo propuso el lunes a la patronal y a los sindicatos que el SMI suba en 2024 desde los 1.080 euros a 1.123 mensuales. Por catorce pagas, la retribución anual pasaría desde los 15.120 a los 15.722 euros. Garamendi protestó también porque, mientras Hacienda rechaza esta propuesta de los empresarios, el Ministerio de Trabajo, que es el que negocia el SMI con la patronal y los sindicatos, sí está de acuerdo con CEOE y Cepyme. Por esta razón, el presidente de los empresarios pidió que el Gobierno tenga un criterio único, en lugar de mostrar su división ante los interlocutores sociales. “El Gobierno es uno, no son quince, ni son tres. A mí no me vale que el Ministerio de Trabajo diga, pues efectivamente, a mí me parece bien, lo voy a consultar. Que diga el Gobierno lo que opina cuando estemos en la mesa de negociación. Por tanto, yo no voy a entrar en a ver si convenzo a una parte o a otra”.

El aeropuerto de Bilbao está de enhorabuena. Loiu superó ayer por primera en su historia los seis millones de pasajeros en un año, y eso que aún quedan las navidades por delante. Se trata de un broche de oro inmejorable para cerrar un curso en el que la terminal de Loiu celebra su 75 aniversario. 2019, con 5,9 millones de viajeros, fue el año en el que ‘La Paloma’ estuvo más cerca de superar la cifra psicológica batida ayer. Justo después llegó la pandemia. En Araba, Foronda vuela hasta su récord absoluto y rebasará los 300.000 viajeros en un año histórico. El aeropuerto alcanza con 291.777 pasajeros la cifra anual más alta en sus 43 años de trayectoria. Abre una nueva etapa con el desafío de crecer más. Y en Gipuzkoa, Hondarribia roza su récord histórico de pasajeros. El aeropuerto supera los 445.000 viajeros hasta noviembre y está a 20.000 pasajeros de batir su marca absoluta, que data de 2007. 

En las zonas céntricas de las grandes ciudades, la proliferación de los pisos turísticos ha sido exponencial en los últimos años, con las molestias que ello conlleva para los vecinos. Ahora, dos sentencias recientes de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo permiten tomas cartas en el asunto: ambas establecen la posibilidad de vetar la existencia de pisos turísticos en aquellas comunidades de propietarios en las que sus estatutos prohíban “expresamente la utilización de viviendas para ejercer una actividad económica”, según reza un comunicado publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial. Así, “el tribunal considera al respecto que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica”, igual que lo es un despacho de abogados o una gestoría sitos en una comunidad. En cualquier caso, no se puede decir que hasta la fecha hubiera una situación absoluta de desprotección. El comunicado recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal fue modificada en 2019 para que, mediante el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios, fuera posible limitar o condicionar la cesión de una vivienda con fines turísticos. Eso sí, esta modificación no tenía efectos retroactivos, por lo que no servía para cesar la actividad de pisos que hubieran comenzado previamente a ofrecer este servicio. Además, es importante el matiz de que limitaba o condicionaba su actividad, mientras que la decisión de la Sala de lo Civil habla de prohibir.

Las universidades tendrán que elevar su presupuesto para 2024 en al menos 844 millones de euros si quieren cumplir con lo que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) contempla en materia de profesorado y que forma parte del objetivo estatal de llevar a mínimos la precariedad laboral. Esa es una de las conclusiones de la monografía sobre financiación pública en el sector, presentada ayer la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). La mejora de la calidad de la plantilla se llevaría la mayor parte de ese dinero (318 millones) al implicar la contratación de más de 8.800 plazas de lo que en la jerga académica se conoce como ayudantes de doctor –primer paso en la carrera–. La segunda partida con mayor gasto sería por la limitación del tiempo lectivo (225 millones). La ley ha fijado en un máximo de 240 las horas de docencia que cada profesor puede impartir. Para cubrir las jornadas perdidas se deberían contratar a 6.287 académicos; de ahí el desembolso adicional. Otra de las partidas que se llevaría al menos 100 millones de euros es la reducción de la temporalidad. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a bajar hasta el 8% la inestabilidad laboral en el sector público. Esto implica que las universidades deben convertir a miles de profesores en indefinidos con derechos de antigüedad, paro y vacaciones. Según los cálculos de CRUE, en el curso 2021-2022 había 5.895 efectivos con contratos laborales temporales, ya fuera de ayudantes (que trabajan en la tesis), asociados, sustitutos o visitantes. Esta cifra supone solo un 7% de los PDI computables, es decir, que se cumple con el tope máximo impuesto por el Estado. Sin embargo, hay 16 centros educativos que superan el porcentaje admisible, por lo que deberían abrirse casi 3.000 plazas para ayudantes de doctor. Su contratación implica un gasto extra de 106,4 millones de euros al año.

Orange y MásMóvil sellaron ayer un acuerdo con Digi para la venta de un paquete de frecuencias y un acuerdo de acceso a la red de Orange que permitirá a Digi construir su primera red móvil y a los dos primeros desbloquear la autorización a su fusión por parte de la Comisión Europea. Digi pagará 120 millones de euros por tres franjas de espectro, que le permitirán tener capacidad de prestar servicios móviles 4G y 5G en una red propia. Al mismo tiempo, podrá optar a un acuerdo de roaming con Orange, para usar su red móvil. El conocido como acuerdo de remedies debe ser ahora analizado por las autoridades de Competencia comunitarias, que contarán de nuevo al frente con Margrethe Vestager, tras su excedencia para competir sin éxito contra Nadia Calviño por la presidencia del BEI. Bruselas tiene 50 días de plazo, con lo que el veredicto puede demorarse hasta el año que viene, cuando se cumplirían dos años casi desde el anuncio del periodo de negociación exclusivas y año y medio desde el anuncio de la operación, un largo proceso que ha provocado amargas quejas por parte de los implicados. La Comisión fijó también ayer el 15 de febrero como fecha límite para decidir, si bien esta puede alargarse por los intercambios de documentación. En un encuentro con prensa, el CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger, señaló que espera que la autorización final llegue a final de trimestre. También remarcó que, en su opinión, no debería haber habido remedie alguno.

“Europa se encuentra en un punto de inflexión”. El diagnóstico es de Massimo Giordano, managing partner de McKinsey Europa desde hace algo menos de un año y senior parter de la firma, que aunque apunta que la región es puntera en algunos temas de primer nivel como la sostenibilidad, con un nivel de emisiones más bajo que otras regiones, hay importantes asignaturas pendientes como la carrera tecnológica. “De las diez tecnologías más punteras, Europa solo lidera en dos: next generation materials (nanomateriales o materiales de nueva generación para aplicaciones industriales y tecnológicas) y clean tech (tecnologías limpias). En el resto, China, Estados Unidos y otras geografías van por delante”, señala Giordano.  El máximo responsable de la consultora estratégica en el mercado europeo también apunta al problema del tamaño de las compañías. “Individualmente tenemos empresas muy buenas, pero cuando vemos el dato agregado, el retorno que generan es más bajo que en otros países como EEUU. El tamaño conjunto está descendiendo”, advierte. “Necesitamos compañías más grandes y fuertes para competir. Nuestro PIB es inferior”. Hasta aquí el diagnóstico del directivo, que también propone algunas ideas y soluciones. Aunque defiende que la Unión Europea no lo está haciendo mal, Giordano considera que ha llegado el momento de pisar el acelerador: defiende la regulación sin que sea excesiva, aboga por atraer mayor inversión privada y considera prioritario no quedarse atrás en la carrera tecnológica, para lo que es clave saber atraer talento y hacer crecer las empresas. “A veces se piensa que la regulación es mala por naturaleza, pero no es así y creo que sería positivo contar con una regulación europea común en algunos asuntos”, explica. “Cuanto más armonicemos algunos asuntos fiscales o jurídicos, la unidad de mercado sería más fuerte”. No obstante, deja claro que, a su juicio, el mercado único europeo ya es una historia de éxito.

La recta final de la COP28 augura maximizar la tensión de estos 10 días de Cumbre del Clima marcados por una clara polarización entre quienes abogan por la eliminación de los combustibles fósiles frente a aquellos países que sólo aceptan su reducción. Al cierre de esta edición, el primer borrador para la declaración final de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidad sobre Cambio Climático no incluía la mención a una “eliminación” gradual del carbón, el petróleo y el gas, ni un calendario especifico; sino que únicamente hacía referencia a una reducción en el consumo y la producción de combustibles fósiles. A la espera de las conclusiones finales, este borrador ha generado un gran revuelo y el rechazo explícito por parte de los ecologistas, de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS por sus siglas en inglés) –para quienes se trata de una “línea roja”– , así como para la UE, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón. La apropia Teresa Ribera, ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en calidad de presidencia del Consejo de la UE, comentó que el texto incluye elementos “totalmente inaceptables” porque “no hay ningún mensaje sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles”. Y dijo que “todavía estamos a tiempo”. El presidente de la COP28, y director de la compañía petrolera estatal de EAU, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Sultan Al Jaber, señaló: “Mi puerta sigue abierta para todos ustedes. Ahora, todos debemos trabajar mucho más rápido, mucho más inteligentemente, y no tenemos otra opción que trabajar juntos. Debemos trabajar en colaboración, y debemos trabajar juntos”.

Las diferencias entre EE UU e Israel sobre el conflicto en Gaza se evidenciaron ayer como nunca antes. El presidente de EE UU, Joe Biden, advirtió a Israel de que “empieza a perder apoyo” por su “bombardeo indiscriminado” en la Franja. Biden invitó a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, a cambiar de aliados en su Gobierno. Y añadió: “No puedes decir no a un Estado palestino”. La Asamblea de la ONU aprobó por 153 votos a 10 el alto el fuego en Gaza. “No puede decir no a un Estado palestino”, asegura el líder demócrata. “No voy a permitir que Israel repita el error de Oslo”, zanja el político israelí. Cuatro días después de que EE UU volviese a salvar a Israel de una resolución vinculante en la ONU que reclamaba un alto el fuego, las diferencias entre los dos aliados sobre la guerra en Gaza quedaron al descubierto como nunca. No fue en conversaciones a puerta cerrada, ni a través de filtraciones periodísticas o mensajes en clave, sino públicamente, tanto por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ayer en Washington, Biden aseguró que Netanyahu debía cambiar de coalición, en la que está la ultraderecha, porque “es la más conservadora en la historia” del país y le “está haciendo muy difícil moverse”, ya que aquella “no quiere una solución de dos Estados” al conflicto de Oriente Próximo.