20231220

El presidente del Gobierno ha cumplido con lo pactado con el PNV el pasado 10 de noviembre y el Consejo de Ministros aprobó ayer la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los sectoriales estatales, según desveló el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban. Era una vieja reivindicación de los de Andoni Ortuzar, que fracasaron en su intento de implantarla durante la negociación de la reforma laboral que se consumó a principios de 2022. De hecho, la negativa entonces del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos a incorporar esta exigencia a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores supuso que el PNV votase finalmente en contra de la reforma laboral. El acuerdo se llevará a cabo a través de la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores y debía materializarse en el plazo de medio año. No ha hecho falta tanto tiempo. Según recoge el texto del pacto, se establecerá que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, los sindicatos y las asociaciones empresariales «podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal». Además, precisa que se considerarán «materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica». El PNV saca pecho de esta cesión porque no olvida los duros momentos que pasó en aquella negociación. Y no sólo política. Ortuzar acusó a la CEOE de «coger de rehén al Congreso» y exigió a Sánchez que les pusiera «firmes». El motivo fue que la entidad presidida por Antonio Garamendi se negó en redondo a incluir esta modificación en la reforma laboral pactada con los sindicatos y el Gobierno. Si se reabría el acuerdo, dejaría de tener validez, advirtió. Garamendi, de hecho, subrayó que esta medida, la prevalencia de los convenios autonómicos, «rompería el mercado único». Una advertencia que, a su juicio, sigue vigente. Tal fue la tensión que Ortuzar le acusó de «decir una cosa en público y otra en privado», mientras que Aitor Esteban, en el debate ‘ad hoc’ del Congreso de los Diputados, denunció el «chantaje intolerable» de la patronal. Lo hizo a modo de protesta para justificar su «no» a la reforma laboral. Ahora, el escenario cambia por completo. La patronal mantiene su rechazo pero ha apostado de momento por el silencio. CC OO y UGT, sobre el papel, tampoco lo ven con buenos ojos porque este asunto debe abordarse en el marco del diálogo social, mientras ELA se felicitó de un acuerdo que, dijo, es «una gran victoria de la clase trabajadora vasca».

Optimismo contenido. Es la fórmula que el departamento de estudios de Laboral Kutxa ha utilizado para elaborar sus previsiones económicas para el próximo 2024. Un ejercicio que será de desaceleración y con tintes de estancamiento, pero con «síntomas de haber tocado suelo». Así lo anunció el director del área de análisis de la entidad, Joseba Madariaga, advirtiendo de la incertidumbre como incógnita determinante de la ecuación. Según explicó el director del área de negocio, Ibon Urgoiti, el periodo sigue marcado por los vaivenes de la geopolítica, que el año pasado protagonizó la guerra de Ucrania y en estos momentos se tensiona por el conflicto de Oriente Próximo y sus derivadas, como las afecciones al tráfico de mercancías del Mar Rojo. El caso es que la presión de los tipos de interés, que encarecen la financiación y asustan muchas decisiones de compra e inversión, sigue enfriando la economía en Europa. Euskadi no escapa a esa realidad, más aún por su naturaleza industrial y exportadora. Así, Madariaga avanzó que en 2024 el crecimiento del PIB vasco será de un 1,4%. Menos que el 1,7% previsto para este año y también por debajo del 1,5% estimado para el conjunto de España. Aún así, las cifras están muy por encima de la zona euro, donde las economías francesa y alemana esperan crecimientos medios para 2024 del entorno del 0,5% y asumiendo, además, periodos de retroceso. El escenario para Euskadi es, por lo tanto, de clara desaceleración, pero esquivando la recesión técnica por la que transita Europa. El principal responsable de ese aguante será el consumo, un vector poco habitual de la economía vasca más apoyada en la industria y en las ventas al exterior. Ver estudio Laboral Kutxa. 

Con la zona euro a las puertas de la recesión, el termómetro de la economía española también se desplaza hacia latitudes más frías. Así lo reflejan las nuevas proyecciones macro del Banco de España publicadas ayer y que muestran dos caras distintas: la del año que está a punto de concluir y la del menor crecimiento que se perfila en el horizonte. Así, el supervisor revisó al alza en una décima su pronóstico de PIB para este año, que sitúa en el 2,4%, fruto esencialmente de las revisiones estadísticas positivas realizadas por el INE en los últimos meses, ya que los indicadores muestran que, en realidad, la actividad ha ido de más a menos en la segunda mitad del ejercicio. De hecho, estima que el PIB crecerá un 0,3% en el cuarto trimestre, tasa similar a la del tercero y claramente por debajo del 0,6% registrado en el primero o el 0,4% del segundo. Hasta aquí las buenas noticias, porque el supervisor sacó la tijera y recortó en dos décimas su pronóstico para 2024, hasta el 1,6%, como consecuencia de “unas perspectivas menos favorables acerca de la evolución futura del consumo de los hogares”. En su anterior informe, de septiembre, la institución ya rebajó en cuatro décimas su previsión para 2024, hasta el 1,8%, tijeretazo en el que ahora ha profundizado restándole dos décimas más. El Banco de España, que augura un alza del PIB inferior al 2% anual en el próximo trienio (un 1,9% en 2025 y un 1,7% en 2026), se alinea así con los grandes organismos internacionales, que han revisado a la baja sus vaticinios para España el año que viene: desde el 1,4% que augura la OCDE, el más pesimista hasta la fecha, hasta el 1,7% que prevén el FMI o la Comisión Europea, todos ellos por debajo del 2% que sostiene el Gobierno.

El buen año que ha registrado el mercado laboral en 2023 hubiera sido imposible sin los extranjeros. Ellos representan más del 40% de los nuevos afiliados que en este año ha habido a la Seguridad Social, según el cuarto informe trimestral sobre la economía nacional, publicado ayer por el Banco de España. Detrás de este fenómeno está la necesidad de mano de obra y una estructura poblacional que no satisface los perfiles que se buscan a día de hoy, en parte condicionado a la baja tasa de natalidad y el alto nivel de envejecimiento. El número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 510.444 personas en los 11 primeros meses del año, hasta alcanzar los 20.751.338 trabajadores en el mes de noviembre –descontando la estacionalidad y el efecto calendario–. Se trata del nivel más alto de la serie histórica, condicionado principalmente por el avance que ha tenido la fuerza laboral migrante. En estos meses, la afiliación extranjera creció en promedio un 9,6%, según los datos publicados por el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos. En cambio, los nuevos empleos copados por españoles registraron un avance en torno al 1,7%. Su peso en el mercado de trabajo español sigue siendo bajo, pues representan el 12,8% de los afiliados totales a día de hoy. Sin embargo, es un crecimiento de casi dos puntos porcentuales respecto a 2019, lo cual revela el protagonismo que están adquiriendo en los últimos años. Esta evolución coincide además con el aumento sin precedentes en el número de permisos para extranjeros. 

La batalla pública que han mantenido en estas últimas semanas dos vicepresidentas del Gobierno por la reforma del subsidio de paro se ha saldado sin una clara vencedora, pero sí deja perdedores: los mayores de 52 años, el colectivo más numeroso que cobra esta ayuda, que no tendrán ninguna mejora y que sufrirán un recorte en su cotización. Tanto Nadia Calviño como Yolanda Díaz han tenido que ceder respecto a sus propuestas iniciales. La reforma, que era un compromiso con Bruselas para poder acceder a un cuarto tramo de fondos europeos de 10.000 millones y supondrá un gasto extra de 600 millones, fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros sin el respaldo de los sindicatos ni de la patronal que, de hecho, desconocían el texto final que se publicará hoy en el BOE. «No solo no recortamos sino que ampliamos y mejoramos sustancialmente la cobertura», proclamó Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que también anunció que se simplifican los tipos y el acceso, se cobrará desde el primer día y se podrá compatibilizar con un empleo. Sin embargo, no es del todo cierto que no haya recortes. Efectivamente se eleva la cuantía hasta los 570 euros al mes y se extiende a tres nuevos colectivos, al mismo tiempo que se mantiene la duración actual de un máximo de 30 meses, pero esta mejora económica, que puede implicar hasta 900 euros más que ahora en el primer año, no llega al grupo más vulnerable y que representa casi la mitad de los beneficiarios: los mayores de 52 años, que mantienen la misma cuantía que ahora y, además, sufrirán una merma en la cotización que realizan para su futura jubilación. En la actualidad el SEPE cotiza por ellos por el 125% de la base mínima (1.575 euros al mes en 2023) y la reforma irá reduciendo gradualmente esta cotización hasta situarla en el 100% en 2028.

Todos los trabajadores podrán disfrutar de un permiso de lactancia de hasta 28 días. El Gobierno aprobó ayer una transposición de la directiva de condiciones transparentes y trabajo previsible para que no sean solo los empleados cubiertos por un convenio colectivo que así lo recoja los que puedan disfrutar de este derecho. En la actualidad, la norma recoge que los trabajadores que hayan tenido un hijo tienen derecho a ausentarse una hora diaria de su puesto de trabajo para el cuidado del bebé hasta que este cumpla nueve meses, o bien media hora al inicio del día y otra a final de la jornada, pero solo podían acumular esas horas y disfrutarlo hasta un total de 28 jornadas completas aquellos trabajadores amparados por un convenio que así lo recogiera expresamente, derecho que ahora se extiende a todos, incluidos los empleados públicos. «Todos los trabajadores, también los de la Administración Pública, van a tener permiso de lactancia por un periodo acumulado de hasta 28 días», explicó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pese a que se había olvidado de anunciar esta medida durante su primera intervención en La Moncloa, Díaz señaló que se trata de una medida «de gran importancia», puesto que, al estar condicionada a «la incorporación de este derecho en la negociación colectiva», provocaba que se produjeran «situaciones también desiguales y discriminatorias en España. A partir de ahora la decisión final de un permiso por horas o acumulado la tomará el padre y, para saber cuántos días de permiso de lactancia le corresponden, debe contar los días laborables que hay desde su incorporación al trabajo tras la baja de maternidad o paternidad hasta los nueve meses de vida del bebé, calcular cuántas horas en total tendría para ausentarse y dividirlas entre el número de horas de la jornada laboral. El resultado son los días completos que puede disfrutar de forma retribuida.

El Consejo de Ministros decidió impulsar ayer la implantación en España del nuevo tipo mínimo global del 15% sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades, aunque ni siquiera anunció la medida durante la rueda de prensa posterior. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que transpondrá la directiva europea que fija una tributación mínima común a las compañías que facturen más de 750 millones de euros anuales (en al menos dos ejercicios de los últimos cuatro). El texto cumplirá ahora los trámites preceptivos antes del visto bueno final a su remisión al Parlamento. España tenía el compromiso con la Unión Europea de tener aprobada la normativa antes del 31 de diciembre de este año, si bien el periodo de Ejecutivo en funciones y la parálisis parlamentaria que han supuesto la convocatoria anticipada de Elecciones Generales, unida a los meses que ha costado formar nuevo Gobierno, habían retrasado nuevos avances después de que Hacienda iniciara la senda sacando el proyecto a audiencia pública en primavera. Pese a la urgencia, la norma no puede ser tramitada como real decreto ley por lo cual la tramitación del proyecto de ley promete demorar la aprobación definitiva hasta ya entrado 2024 (en otros países el retraso será mayor, ver Página 4 del suplemento Fiscal). La norma desarrolla la implantación en España del acuerdo sellado por 138 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para adoptar de forma conjunta un tipo mínimo del 15% en la imposición societaria de grandes firmas y multinacionales.

Las cifras cantan también en Euskadi y evidencian que las ayudas a los hipotecados con dificultades que han pactado el Gobierno de España y los bancos no han tenido eficacia, al menos hasta ahora. Solo las han recibido 348 titulares de un crédito, el 1% de los 33.000 que se estimaba que reunían los requisitos. Y, en lo que llevamos de año, solamente 1.121 personas se han acercado a su entidad financiera en el País Vasco para solicitar acogerse a estas medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas firmado entre el Ejecutivo y las patronales bancarias. De esas peticiones, esas 348, el 31%, han sido aceptadas y se han podido acoger a medidas como un periodo de carencia de cinco años, la congelación de la cuota durante 12 meses o una prolongación del préstamo para reducir el pago mensual. El dato cobra más relevancia aún porque es la foto de primeros de diciembre. Eso significa que las entidades ya han revisado los créditos de todos los meses completando el ciclo de un año con el impacto de los tipos de interés. Los datos provienen de la extrapolación de las cifras de las principales entidades del mercado hipotecario en Euskadi: Kutxabank, Caixabank y Laboral Kutxa. Y, además, no dejan de repetir el esquema del conjunto del país en el que el Gobierno de Pedro Sánchez esperaba llegar a un millón de familias y las que han recibido la ayuda han sido 7.000, un 0,7% del objetivo.

Tras cinco jornadas de huelga, ELA ha logrado un acuerdo en el almacén de Eroski en la localidad vizcaína de Elorrio, en el que trabajan 130 personas por cuenta ajena, y que forma parte de una plataforma logística que emplea a un total de 400, la mayoría de ellas cooperativistas. El pacto firmado con la empresa que lo gestiona, Cecosa, es para dos años y contempla una subida salarial del 22%, «lo que supone llegar a un salario anual de 22.618 euros», señaló ELA en un comunicado. La plantilla del almacén llevó a cabo elecciones sindicales por primera vez en mayo pasado y salieron elegidos seis representantes de ELA y tres de LAB. El comité convocó cinco días de huelga la semana pasada para denunciar las condiciones laborales de los empleados, «con salarios que rozan el SMI», y tenía previsto realizar nuevos paros esta semana. Pero ayer logró llegar a un acuerdo que pone fin a este conflicto en plena campaña navideña. La plataforma logística de Elorrio es la más importante de todo el grupo y se encarga de abastecer todo el producto no perecedero de la zona norte de España. ELA había exigido también cambiar del convenio de estatal de grandes almacenes al de alimentación de Bizkaia, pero se conforma por ahora con el pacto bianual firmado, mientras sigue negociando. Aparte de la subida del 22% hasta 2025, Cecosa reconocerá la antigüedad del personal, lo que podría suponer entre 256 y 481 euros anuales más. En cuanto a salud laboral, se ha acordado establecer los medios mecánicos necesarios para disminuir el esfuerzo físico.

La renuncia de la multinacional Plastic Energy Group al proyecto de nuevo Polo de Innovación de Economía Circular del Plástico que iba a instalarse en Zumarraga ha supuesto un jarro de agua fría para la Diputación de Gipuzkoa. De hecho, el diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio (PSE-EE) se teme que esta compañía acabe apoyando un proyecto similar «ochenta kilómetros más allá», en alusión a Bizkaia, y lamenta lo que considera obstáculos puestos por plataformas ecologistas y el propio PNV de la localidad del Urola, según fuentes del departamento. Asensio está decidido a impulsar la Economía Circular como uno de los ejes de la política de reciclaje y reutilización del plástico, y para favorecer la descarbonización en la fabricación de este producto que utilizan en sus procesos más de cien empresas guipuzcoanas. En este sentido, el futuro Polo de Innovación de Economía Circular del Plástico, que se preveía ubicar en instalaciones de la antigua Arcelor Mittal de Zumarraga, para aprovechar esas instalaciones, era una apuesta estratégica, y la británica Plastic Energy, con sedes en España, Francia y Asia, un socio fuerte para dar un impulso a la iniciativa, con una inversión prevista de 80 millones. No obstante, este proyecto suscitó críticas de organizaciones ecologistas como UZ Bizi! y partidos como el PNV, socio de los socialistas en la Diputación de Gipuzkoa aunque no en el consistorio de Zumarraga, EH Bildu y Elkarrekin, que lo consideraban una mera incineradora e inviable económicamente. 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el organismo público controlado por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, tomará hasta un 10% del capital de Telefónica, con lo que se convertirá en el mayor accionista de la operadora de telecomunicaciones, por delante de Caixa, BBVA y de la saudí STC. Esta operación supone una renacionalización parcial de la operadora, que es totalmente privada desde 1997, cuando el Gobierno del PP de José María Aznar culminó la privatización iniciada por el Gobierno anterior del PSOE. Así lo comunicó ayer la Sepi a la CNMV en una nota en la que señaló que “el Consejo de Ministros en su sesión de hoy –por ayer– ha acordado ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que lleve a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de la compañía Telefónica”. La Sepi señala que el grupo es una “compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y el bienestar de los ciudadanos”. El comunicado de Sepi señala también que “con una vocación de permanencia, la participación de Sepi permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. Sepi procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario”. La decisión de la Sepi supone un aldabonazo sin precedentes para el panorama empresarial español ya que se trata de una de las mayores empresas privadas de España y una de las grandes del Ibex 35.

La excepción ibérica, que permite a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del gas natural, popularizada también como el tope al gas, llegará a su fin este 2023, pese a la intención inicial del Gobierno de pedir a Bruselas una prórroga del mecanismo, que lleva vigente desde mediados de 2022. “La Comisión ya dejó claro que (el mecanismo ibérico) en principio acababa el 31 de diciembre”, precisó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La también vicepresidenta tercera del Gobierno entiende que “más allá del día 31 no era posible llevarlo a la práctica”. Fuentes ministeriales recordaron que cuando se aprobó esa medida el hidrocarburo cotizaba en torno a 200 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado de futuros, mientras que ahora apenas supera los 30 euros en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas). El mecanismo ibérico entra en vigor cuando el precio del gas natural supera un determinado umbral en el mercado ibérico (Mibgas), fijado en la actualidad en 65 euros el megavatio hora (MWh). El mecanismo lleva inactivo desde finales de febrero por una combinación de múltiples factores: la fuerte bajada del precio del gas natural en el mercado mayorista y la constante subida del umbral de precios requerido por la normativa, inicialmente establecido en los 40 euros. Las autoridades españolas, sin embargo, no querían inicialmente renunciar a una herramienta que creen que podía ser muy útil si la cotización de este combustible volviese a escalar, en especial en un contexto marcado por las tensiones en el mar Rojo. 

La tasa de inflación anual bajó cinco décimas en noviembre tanto en la eurozona, hasta el 2,4%, como en el conjunto de la Unión Europea, al 3,1%, con lo que se situó en ambos casos en su nivel mínimo desde julio de 2021, según los datos revisados publicados ayer por Eurostat. La oficina de estadística comunitaria confirmó así su estimación preliminar para el área del euro también en lo que respecta a la inflación subyacente –excluye el efecto de energía y alimentos frescos por ser los más volátiles–, que cayó seis décimas en comparación con el año previo, hasta el 3,6%. La caída de la inflación se explica por la moderación del aumento interanual de los precios en todos los componentes de la cesta de la compra: los alimentos, alcohol y tabaco subieron un 6,9%, medio punto menos que en octubre, mientras que los servicios registraron una inflación del 4% y los bienes energéticos no industriales, una tasa del 2,9%, en ambos casos seis décimas por debajo del mes anterior. Los precios de la energía, al mismo tiempo, aceleraron su descenso hasta el 11,5%, frente a la bajada del 11,2% el mes previo. 

Desde que el PNV comunicó en noviembre a Iñigo Urkullu que no volvería a presentarle como candidato, el lehendakari ha querido mandar un mensaje rotundo, el de que es pronto para darle por amortizado y endosarle el apelativo con que en la política norteamericana empezó a llamarse a los presidentes que se habían quedado ya sin margen de maniobra. Urkullu parece empeñado en demostrar que lo tiene y que no va a «desperdiciar», inciden en su entorno, las posibilidades que le brinda la mayoría absoluta que PNV y PSE suman en el Parlamento vasco a diferencia de lo que sucede en Álava y Gipuzkoa, donde Ramiro González y Eider Mendoza se han visto forzados a retirar sus Presupuestos. El Ejecutivo de Vitoria, en cambio, tiene garantizada la aprobación de sus Cuentas este próximo viernes y quiere todavía dar luz verde a otras iniciativas ya muy avanzadas en su tramitación, como, sobre todo, las leyes de Transición Energética y Cambio Climático y la de Cooperación y Solidaridad. Ese sería el siguiente paso, una vez se aprueben mañana mismo en la Cámara otros seis proyectos –entre ellos las leyes de Empleo y de Educación– en una sesión que, finalmente, no será el pleno escoba de la legislatura. La aprobación de esas dos leyes la alargaría, en cambio, como mínimo hasta la penúltima semana de febrero, lo que hace que abril sea ahora la fecha más plausible para celebrar las elecciones vascas y no marzo porque deben transcurrir 54 días entre la publicación del decreto de convocatoria y la jornada electoral. Las dos normas a las que el Gobierno da máxima importancia han agotado ya el plazo de enmiendas. Toda vez que los grupos no han registrado correcciones a la totalidad, bastaría con habilitar el mes de enero, que suele ser de parón parlamentario, para acelerar el debate en ponencia y poder aprobar ambas normas en pleno en febrero. 

La naviera danesa AP Møller-Maersk, segunda del ránking mundial de transporte marítimo de mercancías con contenedores, ha empezado redirigir los barcos que debían pasar por el mar Rojo y el canal de Suez hacia el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. El motivo son los ataques de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, aliados de Irán, a los barcos que atraviesan el mar Rojo en represalia por los bombardeos de Israel en Gaza. La decisión de Maersk, y la de otras navieras como MSC, CMA CGM o Hapag-Lloyd, eligiendo la ruta que bordea el continente africano, más larga y más costosa, ha puesto en guardia al comercio mundial, ya que anticipa un encarecimiento de las mercancías y de la energía –el petróleo es uno de los productos que más circulan por el canal de Suez–, justo cuando la inflación comenzaba a moderarse. El conflicto en el mar Rojo, paso obligado hacia el canal de Suez para alcanzar el Mediterráneo desde Asia o a la inversa, se une a los problemas de otro gran punto del comercio marítimo, el canal de Panamá, cuya circulación se ha frenado por la escasez de agua. Tras anunciar el viernes que paralizaba los envíos por el mar Rojo, Maersk dio ayer un paso más anunciando que redirigirá sus buques por la costa sudafricana debido al deterioro de la seguridad en la zona. El canal de Suez y el mar Rojo representan un 30% del comercio mundial de contenedores por mar y es crucial en el transporte de petróleo y de gas natural licuado (GNL). De ahí que su obstrucción represente un riesgo para la economía global por el aumento de costes, el encarecimiento de precios y los problemas logísticos.

Estados Unidos organiza a contrarreloj una operación naval internacional para proteger a los buques que operan en el mar Rojo y se ven sometidos a los ataques «en solidaridad con Gaza» de los rebeldes hutíes. El Pentágono quiere implicar en esta misión al mayor número posible de países. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció el lunes la participación de Francia, Reino Unido, Bahréin, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega, las islas Seychelles y España, cuyo Gobierno respondió que sólo enviará naves si así lo resuelve la OTAN o la Unión Europea. Por la tarde, la UE informaba de que no existía una posición común de los Veintisiete. Y posteriormente la Alianza declaró que tampoco tiene «planes para que la OTAN asuma un papel militar» en la región, por lo que dejó en manos de cada aliado la decisión de enviar tropas al mar Rojo. En suma, una respuesta que probablemente EE UU no esperaba y que deja en el aire el alcance absoluto de la coalición. El Reino Unido, Francia e Italia figuran entre los primeros en confirmar públicamente su aportación. Austin justificó el despliegue naval bajo la filosofía de que «los países que buscan defender el principio fundamental de la libertad de navegación deben unirse para abordar el desafío planteado por este actor no estatal», señaló en relación al grupo tribal. Los hutíes, que controlan desde 2014 la capital yemení, Saná, iniciaron los ataques contra barcos comerciales «vinculados con Israel» inmediatamente después de que Tel Aviv entrase en Gaza para combatir a las milicias de Hamás en respuesta a la masacre de los kibutz del 7 de octubre. El número de agresiones ha escalado durante los últimos dos meses hasta desestabilizar el tráfico en este área que concentra el 40% del comercio marítimo mundial.