20241202

El terremoto proteccionista que Donald Trump insiste en enarbolar como una de las banderas que le ha llevado a la Casa Blanca tendrá su derivada en el tejido económico vasco. El anuncio del magnate republicano de imponer un arancel del 25% a «todas» las importaciones de México, y también a las de Canadá, dos de sus principales socios comerciales que tradicionalmente se benefician del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TMEC), impactaría en 192 empresas de la Comunidad Autónoma Vasca, que tienen entre todas ellas 126 fábricas y 134 plantas comerciales en el país azteca, según los registros de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (Grupo Spri). Además, dichos tributos aduaneros también «afectarían negativamente» a las compañías vascas que dan servicio a otras que físicamente están implantadas en Centroamérica, según avanzan desde la Cámara de Gipuzkoa. Aunque habrá que esperar al 20 de enero –día de la investidura de Trump– para ver si el ‘arancelazo’ a México y Canadá se traduce en una orden ejecutiva o no, varias de las compañías vascas y estatales más importantes con presencia en el país azteca, como BBVA y las de automoción CIE Automotive y Gestamp, ya han comenzado a sufrir caídas de entre un 1,5% y un 3% en Bolsa. El presidente electo supeditó el citado gravamen a que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el canadiense, Justin Trudeau, logren «que la invasión de las drogas y los inmigrantes ilegales» no llegue a EE UU. Lo cierto es que la cuestión arancelaria entre México y EE UU no es nada desdeñable en lo que se refiere al capítulo del comercio exterior vasco. El país azteca, principal socio del gigante norteamericano junto a Canadá, es la nación del mundo con el mayor número de implantaciones de compañías vascas, un total de 260 entre productivas y comerciales pertenecientes a 192 empresas, según datos del Spri, el organismo de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco. Y buena parte de las ventas del producto vasco realizado en suelo mexicano recaen sobre el cliente estadounidense, por lo que la imposición del gravamen aduanero del 25% estrecharía, previsiblemente, el margen de beneficios de estas firmas. Parte de las compañías guipuzcoanas y vascas con fábricas en México reconocen que observan «expectantes» la presunta aplicación del gravamen aduanero del 25%, aunque también ponen entre paréntesis las palabras de Trump, que pueden terminar siendo, a su juicio, «otra advertencia que puede quedar en nada». Sin embargo, si finalmente el anuncio del presidente electo se traduce en una orden ejecutiva, el impacto del ‘arancelazo’ se expandiría como un «efecto dominó», añaden.

Jean-François van Boxmeer (Ixelles, Bélgica, 1961) organizó el pasado mes en Madrid una sesión plenaria de la Mesa Redonda Europea por la Industria (ERT) que preside, además de Vodafone. ERT es el gran lobby industrial europeo al que pertenecen 60 multinacionales, entre ellas las españolas Inditex, Iberdrola, Ferrovial o Telefónica. "Europa está perdiendo competitividad rápidamente. Perdemos año tras año si nos comparamos con los chinos y, fundamentalmente, con Estados Unidos. Y si nos remontamos al año 2000, nuestra cuota en la industria mundial era del 22,5% del mundo, mientras que EEUU estaba en el 21%. Ahora, 20 años después, esa cuota de Europa bajó al 14,5 y EEUU está en el 16. También bajó, pero menos, y China pasó del 10 al 28. Necesitamos una economía vibrante junto con una educación de primera, que es a lo que debemos aspirar y restablecer el crecimiento. Porque nuestra opinión de la ERT es que no se puede sostener nuestro sistema democrático, tan único y específico europeo, y el sistema socioeconómico, que es diferente del estadounidense, sin crecimiento. La gran mayoría en la ERT pensamos que si se aplican las recomendaciones del informe Draghi, volveríamos a invertir en Europa en tres años...-¿Hay riesgo real de deslocalización y fuga de empresas europeas?-. No es un riesgo. Es peor. Es una realidad. La primera razón es que para determinadas industrias que son muy intensivas en energía, la última sacudida de los precios energéticos hizo que sectores como el acero o el aluminio dejaran de ser competitivos. La desindustrialización en Europa va más rápida que su descarbonización. Y no es porque los costes de la industria sean demasiado altos. Es porque la regulación es demasiado estricta. Los productores multinacionales eligen entonces producir fuera de Europa y volver a entrar. Si no hay una oferta de energía descarbonizada que sea fiable no sólo en su suministro, sino también en su horizonte de precios a largo plazo, no habrá estas inversiones. Así que no es un problema de recibir subvenciones, sino de inseguridad jurídica y eso requiere un enfoque radicalmente diferente por parte de la nueva Comisión Europea...No debemos rehuir la producción continuada de electricidad nuclear. A corto plazo, hay que pensar en energías renovables más clásicas, como la eólica y la solar. Y a largo plazo, también hay que pensar en el hidrógeno y la energía nuclear. Los necesitamos a todos en la combinación energética. La decisión de Alemania de cerrar sus centrales nucleares no era realista...La situación a la que Alemania tiene que hacer frente ahora no sólo está relacionada con la energía, sino también con el comercio internacional, las tensiones que están surgiendo entre China y la UE, entre EEUU y la UE, y entre EEUU y China. Y más allá de Alemania, hay que reconocer el suministro con renovables, pero también organizar las infraestructuras...Se ha ido demasiado deprisa. Europa ya es campeona mundial en descarbonización a gran velocidad. El único competidor al que nos enfrentaremos es China; han crecido tanto que su camino hacia la descarbonización es bastante impresionante. En América, es más irregular. En Europa, tenemos que ser más realistas en el ritmo, para no perder nuestra prosperidad, mientras descarbonizamos..."

Los resultados financieros de los grandes fabricantes de automóviles han demostrado que los grupos europeos son los que más están sufriendo la crisis que azota a la industria automovilística. La debilidad del mercado europeo, la competencia china, la incertidumbre económica o la desaceleración de ventas en China, primer mercado automovilístico mundial, han llevado a los gigantes del motor a una situación límite. Estos factores están lastrando la rentabilidad de los fabricantes de coches, aunque son los europeos los que más lo notan. De hecho, durante el tercer trimestre del año los primeros puestos de rentabilidad del sector los han ocupado Suzuki, Kia, Tesla, Toyota o Hyundai, todos ellos de fuera de Europa y hay que bajar hasta la séptima plaza para localizar a la primera empresa europea por margen de rentabilidad (Mercedes-Benz). En este contexto de vientos de cara para el automóvil son las automovilísticas europeas, como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz o Stellantis, las que se han visto más perjudicadas y obligadas a anunciar profit warning para el cierre de 2024. Los grupos automovilísticos europeos se han lanzado a ambiciosos (y costosos) planes de electrificación que no están consiguiendo rentabilizar por el momento, a causa de las bajas ventas de vehículos eléctricos, un problema que se combina con el enfriamiento de los mercados europeo y chino. Lo habitual en el sector en los últimos años era que grupos como BMW o Mercedes-Benz estuvieran siempre entre los tres más rentables del motor. No obstante, en el tercer trimestre, la empresa nipona Suzuki fue la que logró el mejor margen operativo. 

Acciona Energía, Audax, Ecoener, EiDF, Energy Solar, Enerside, Greening, Grenergy, Holaluz, Solaria, Solarprofit, Soltec, Umbrella Solar... Incluso Cox, que acaba de salir a Bolsa. Todas y cada una de las empresas de renovables en Bolsa en España independientes de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP) están en estos momentos por debajo de los máximos de cotización alcanzados hace apenas uno o dos años o, en el peor de los casos, incluso por debajo del precio de colocación en el parqué. ¿Casualidad? ¿Crisis generalizada del sector energético? ¿Del mercado bursátil? ¿Qué está pasando? Está ocurriendo una gran paradoja. Las renovables en España no dejan de celebrar récords de producción. Aparentemente, viven un auténtico festival. Pero tras ese frenesí, lo que subyace es una crisis estructural encubierta. Literalmente, las renovables pueden morir de éxito, por una serie de problemas que se han ido encadenando unos a otros. El desarrollo masivo de renovables en España ha provocado un aluvión de nuevas instalaciones enchufadas a la red, lo que a su vez ha provocado una competencia feroz entre ellas. Eso ha llevado a algunos proyectos a hacer ofertas de derribo para colocar su electricidad. Los precios cero en el mercado diario (spot) o los contratos de entrega de energía a largo plazo (PPAs) por debajo de 40 euros por megavatio –totalmente inimaginables hace años– son ahora la norma, no la excepción. Conceptos como la “canibalización” fotovoltaica –competencia a muerte entre unos proyectos y otros– están de moda. Todo ello en un momento de subida de tipos de interés que han endurecido las condiciones de financiación, provocando la inviabilidad de algunos proyectos. O con cambios de patrón de consumo súbitos. La guerra de Ucrania, que disparó los precios de la luz, puso de moda el autoconsumo. La bajada de precios posterior, en cambio, lo está matando.

El impulso económico de España en los últimos dos años se ha basado fundamentalmente en turismo y exportaciones. Ambas patas han registrado récord de ingresos en 2023 y 2024. El turismo ha tocado techo con récord de visitantes en España, con un sector que ha logrado desestacionalizar las llegadas y, en gran medida, también expandirlo a más zonas del país. Por su parte, las ventas de bienes al extranjero se han disparado desde la pandemia, sobre todo las de alimentación y productos energéticos. El problema ahora es que ambas patas están comenzando a tocar techo, lo que afectará directamente al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). De hecho, las previsiones de crecimiento muestran esta realidad: mientras que España creció un 2,7% en 2023 y previsiblemente rondará el 3% en 2024, para el año que viene, organismos como el Banco de España o el FMI calculan un avance del PIB en torno al 2,1% y que no llegue al 2% en 2026. Un crecimiento por debajo del 2% no se veía desde antes de la pandemia y revela la ralentización económica que supondrá un estancamiento de las exportaciones. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, explica que el sector exterior ha sido «clave» en el elevado crecimiento de la economía desde que salimos de la pandemia. En 2023 aportó la tercera parte del crecimiento total y este año alrededor de un 20%, cifras «muy significativas tanto a nivel histórico como de comparación internacional».

Se han quedado por el camino varias de las medidas más relevantes a efectos recaudatorios, como son el gravamen energético y el alza del diésel, ahora pendientes de retomar, lo que complica el cumplimiento de los objetivos en un escenario al que se suman amenazas como la del incremento de la factura de las pensiones o la guerra comercial global que podría desatar la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, aunque la pasada semana la Comisión Europea validó el Plan Fiscal Estructural que recoge la estrategia del Gobierno para impulsar una paulatina reducción de déficit y deuda pública, el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis recordó que España tiene pendiente remitir un Plan Presupuestario para 2025 que comience a aterrizar la ejecución de esta hoja de ruta y que debe cumplir los compromisos de ajuste de ingresos y gastos adquiridos. El Plan Fiscal es la propuesta plurianual de medidas que cada país con desequilibrios fiscales (déficit por encima del 3% de su PIB o deuda que exceda el 60%) debe remitir a Bruselas explicando cómo garantizará una senda descendente de deuda a los 10 años de su conclusión. La estrategia debe plantearse a cuatro años vista aunque puede diluirse en siete si, como hizo España, se comprometen reformas estructurales. En el caso español, la estrategia pasa por incrementar los ingresos públicos de forma estructural en una décima de PIB (unos 1.500 millones de euros) antes de que concluya 2025 a través de reformas tributarias; en otra décima recortando beneficios fiscales; y en una más aplicando ajustes a partir de los informes de revisión del gasto (spending reviews) que emite la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en materias como deducciones tributarias, gasto farmacéutico, infraestructuras de transporte o gestión de residuos.

El euríbor continuó su descenso en noviembre hasta cerrar en el 2,5%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022. Pese al importante abaratamiento que este descenso supone para las hipotecas a tipo variable, son las fijas las que están recuperando terreno en los últimos cinco meses. De hecho, en septiembre, coparon el 61% de la constitución de nuevos préstamos para la adquisición de vivienda en el conjunto de España frente al 52% de abril, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Euskadi su cuota es tradicionalmente menor y solo llega al 53% pero la tendencia es exactamente la misma, es decir, también están ganando peso aquí. La explicación es sencilla. Con la caída de los tipos de interés se ha reactivado el mercado hipotecario –en septiembre estos préstamos crecieron un 40% en el País Vasco– y los bancos están compitiendo para aprovechar el buen momento y captar clientes. Uno de los ganchos es la mejora de su oferta a tipo fijo –que les deja mayores márgenes– para atraer a quienes buscan seguridad después del susto que dio el euríbor al experimentar una escalada vertiginosa a partir de 2022, tras la invasión de Ucrania. La subida de este índice llegó encarecer las hipotecas en más de 350 euros al mes entre finales de 2021 y 2023. Una locura. «Ahora puedes encontrar ofertas a tipo fijo nominal al 2,6%2,7% a 30 años, aunque nuestra expectativa es que mejoren más en los próximos meses, después de que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a bajar los tipos», explica Miquel Riera, especialista del sector de HelpMyCash. La media según la estadística del INE está en el 3,3%, lo cual supone un abaratamiento respecto al 3,64% de marzo, aunque queda margen de mejora. Las variables están en el 2,92%.

Un peón del metal en Gipuzkoa, cuya retribución es de 15,2 euros por hora trabajada supera en tres euros y medio el sueldo de un ingeniero del sector metalúrgico de Cuenca, que percibe 11,7 euros la hora. Según el informe de la "Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2023", elaborado por la patronal Confemetal, la retribución de un trabajador de la categoría de peón en Gipuzkoa, el denominado grupo 7, supera a la de los trabajadores del grupo 1, ingenieros licenciados, en 13 convenios provinciales más. Así, gana más por hora que un trabajador en esa categoría de ingeniero en Almería, Badajoz, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Lérida, Lugo, Murcia, Orense, Las Palmas, Salamanca y Soria. Junto a Gipuzkoa, Navarra tiene la segunda mejor retribución por hora para peones, con 14,63 euros; mientras que a la cola de esta categoría del sector metalúrgico están Lérida, con 7,93 euros por hora; y Cuenca, con 8,7 euros. De esta forma, un trabajador en la categoría de peón en Gipuzkoa (15,2 euros) casi doblaría la retribución de uno en Lérida (7,93 euros). También en Gipuzkoa se encuentran los ingenieros mejor retribuidos, con 25,98 euros por hora; seguidos por los de Gerona, donde se pagan 24,11 euros por hora; y Pontevedra, con 22,58 euros. A la cola de esta categoría, está la retribución por hora en Cuenca, con esos 11,7 euros; Badajoz, con 12,15 euros; y Cáceres, con 12,31 euros. Con estas cifras, un trabajador en la categoría de ingeniero en Gipuzkoa (25,98 euros) doblaría con holgura la retribución de uno en Lérida (11,7 euros).

Madrid se ha convertido en la nueva meca para las fortunas latinoamericanas. En los acomodados barrios de Almagro, Justicia, Jerónimos y, sobre todo, Salamanca, cada vez se oyen más acentos mexicanos, venezolanos o peruanos. Personas que llegaron como turistas, enviaron a sus hijos a cursar postgrados, adquirieron una vivienda y, ya más arraigados, comienzan a realizar inversiones empresariales y financieras. “Es una ola que no para de crecer”, asegura Joaquín Casasús, director general de la firma de banca privada Abante. Los asesores financieros monitorizan esta tendencia desde hace tiempo, y son muchos los que han movido ficha. Hay entidades españolas como iCapital o Diaphanum que han creado equipos especializados en Madrid para atender a estos clientes. Y también firmas de origen mexicano o peruano —como Finaccess, Alterna Inversiones y Creuza Capital—, que ya estaban en Miami y que ahora han decidido abrir oficina en España. Es 17 de octubre. Ocho y media de la tarde. En el salón de actos de la sede de Abante Asesores, justo delante de la Puerta de Alcalá, el expresidente de México, Felipe Calderón, presenta sus memorias Decisiones Difíciles (Debate, 2020) ante un aforo a reventar. Casasús ejerce de maestro de ceremonias, ante el presidente de Abante, Santiago Satrústegui, y una nutrida representación de la colonia mexicana de Madrid. En primera fila hay representantes de la Asociación Empresarial México-España. Después de la presentación, firma de libros y vino español. “Este tipo de actos son muy interesantes para nosotros, porque nos acercan a una comunidad que cada vez es más importante”. El directivo de Abante explica que llevan años viajando a México para estrechar lazos con otras firmas y despachos, para que sus clientes les tengan de referencia cuando se animen a dar el salto. “Para nosotros, los mexicanos son el perfil más habitual dentro de estos nuevos clientes latinoamericanos”, asegura. 

"...Según ha señalado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la dana podría haber causado una reducción de dos décimas al crecimiento de la economía española durante el cuarto trimestre del año, manteniéndose en negativo un año después y una subida de 0,15 puntos del índice de precios al consumo. BBVA Research añade detalles a la siniestralidad de las lluvias torrenciales: solamente en la Generalitat Valenciana, unas 50.000 viviendas afectadas, 100.000 automóviles y vehículos pesados dañados, polígonos industriales y parques empresariales inutilizados en los que operan más de 60.000 empresas. Según otras fuentes, el daño económico (stock) se estima en 17.000 millones de euros, lo que equivale al 1,3% del PIB nacional y al 12% del PIB de la Comunidad Valenciana. La catástrofe habría afectado gravemente a 15.700 empresas y 92.000 empleos, solamente en la provincia de Valencia. En más de 40 municipios, las caídas del consumo han sido superiores al 80%. En cuanto al impacto en el empleo, 1.699 empresas han solicitado un ERTE para sus plantillas, de manera que 19.846 trabajadores se encuentran en esta situación, el 1,9% del empleo de la Comunidad Valenciana. Las comunicaciones comarcales tardarán meses en restablecerse. La normalización de la enseñanza en las escuelas también deberá esperar. El sector agrícola aun evalúa el desastre..."

La red eléctrica en España es un traje que se ha quedado demasiado pequeño y la transición energética amenaza con estallar todas las costuras de una infraestructura clave que refleja con un decalaje de cinco años las inversiones aprobadas de lustro en lustro. Durante la última década, la partida que Redeia ha destinado al desarrollo de las líneas de alta tensión, en virtud de la planificación que han aprobado los distintos Gobiernos, se ha mantenido ininterrumpidamente por debajo del máximo fijado por ley, hasta sumar un déficit de 3.200 millones entre la inversión posible y la ejecutada. Esta cifra es la diferencia entre el total desembolsado a lo largo del periodo por la compañía pública en la red de transporte, respecto al tope establecido en la regulación en 2013, del 0,065% del PIB. «Red Eléctrica ha mantenido sus inversiones dentro de los límites establecidos por la normativa. Las inversiones obedecen a la ejecución de la planificación aprobada por el Gobierno tras un largo proceso en el que intervienen las administraciones autonómicas y los sujetos del sector», justifican desde la compañía. Cabe recordar que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el máximo accionista de Redeia, con un 20% del capital. Lo cierto es que la rigidez del procedimiento de actualización del diseño de la infraestructura eléctrica nacional no ayuda a acompasarla a las nuevas necesidades. 

En un congreso marcado por lo que ocurre extramuros –singularmente, las causas judiciales que afectan a la mujer y al hermano del presidente, la ‘trama Aldama-Ábalos-Koldo’ y el sumario abierto al fiscal general por supuesta revelación de datos del novio de Díaz Ayuso–, la dirección socialista ha tratado de no perder pie en un terreno, la vivienda, en el que parecía adentrarse la legislatura hasta que los escándalos de presunta corrupción y la dana lo anegaron todo. Un mes después de que la ministra del ramo y cargo consolidado en la renovada ejecutiva federal, Isabel Rodríguez, sufriera en una comparecencia en el Congreso zaherida por rivales y socios, Pedro Sánchez aprovechó su discurso de cierre del cónclave sevillano para deslizar una iniciativa: la creación de una empresa pública para construir y gestionar viviendas asequibles. El jefe del Ejecutivo no especificó ni cuándo promoverá la iniciativa ni detalló su contenido, en un contexto en el que la ley de vivienda que salvó gracias al independentismo de izquierdas tropieza con los recelos de otros socios –en especial, el PNV– por cuestiones competenciales, con las objeciones de los mayoritarios gobiernos autonómicos del PP y con la propia operatividad de la norma, que ejerce efectos contraproducentes en el objetivo, por ejemplo, de abaratar los alquileres, según operadores del sector. Y ante el horizonte, también, de una alambicada negociación presupuestaria en la que Podemos exige una rebaja, a través de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, del 40% en los alquileres. Una reclamación descartada, de entrada, por los socialistas en un congreso en el que el líder del PSOE se ha querido rodear una vez más de sus fieles para sortear la presión de la oposición y de los escándalos que rodean a su entorno.

Pedro Sánchez llamó ayer al PSOE a activar desde ya el modo de combate con la vista puesta en unas citas electorales que, sobre el papel, aún se vislumbran lejanas. Después de dos días de un Congreso Federal de carácter netamente defensivo, en el que los socialistas se presentaron a sí mismos como víctimas de una «cacería humana» de la que participa incluso el Poder Judicial, el presidente del Gobierno esgrimió ante los suyos que ganar a la ultraderecha «y a la derecha rehén de esa ultraderecha» se ha convertido en una «responsabilidad histórica» frente a los «profetas del desastre». «No solo por nuestro país –llegó a decir– sino por toda la socialdemocracia». Dicen en el entorno del jefe del Ejecutivo que «los liderazgos se asientan sobre estados de ánimo» y que el cónclave celebrado en Sevilla ha resultado en ese sentido satisfactorio porque, dado el clima político, las dificultades objetivas a las que el Gobierno se enfrenta cada día en el Parlamento con sus socios y la frustración de ver cómo las causas que se le agolpan en los tribunales opacan una gestión económica que arroja datos muy positivos, existía un riesgo de «desmoralización» que se ha sorteado. El partido ha respondido con un cierre de filas claro que tuvo reflejo ayer en la votación de la nueva ejecutiva. Casi un 90% de los delegados respaldó a una dirección federal que seguirá pilotada en lo político por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en lo orgánico por Santos Cerdán, después de haber sido señalado hace pocos días por el «nexo corruptor» del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, como perceptor de una mordida de 15.000 euros. Son cinco puntos menos que hace tres años, pero un porcentaje en todo caso elevado.

La amenaza del presidente electo de que imponer aranceles a México, Canadá y China se concrete a las 24 horas de tomar posesión, hizo que puertos como el de Los Ángeles o el de Long Beach, que en conjunto reciben un tercio del total de los contenedores llegados a EE UU, registraran niveles récord de actividad ya en octubre, antes de las elecciones, cuando el candidato republicano repetía a los cuatro vientos que tarifa es “la palabra más bonita del diccionario” y amenazaba con un gravamen del 60% a China. Los fletes desde este país aumentaban, mientras, casi un 13% con respecto al mes de octubre del año anterior; en septiembre, crecieron un 2,4% en tasa interanual. China sigue siendo el principal exportador de bienes del mundo y Estados Unidos, su mejor cliente. El año pasado, compró unos 430.000 millones de dólares al gigante asiático, la mayor parte en productos informáticos y electrónicos. Pero vestirse o calzarse tampoco va a resultar barato en EE UU si se concretan los impuestos anunciados. La firma de calzado y complementos Steve Madden planea recortar entre un 40% y un 45% su producción en China y trasladarla a países vecinos, como Vietnam. El alegre tiro en el pie de las tarifas, su uso para objetivos comerciales y de política exterior por parte del presidente electo, ha quedado resumido en un informe del Instituto Pearson para la Economía Internacional (PIIE, en sus siglas inglesas) titulado Lo que los populistas no entienden de los aranceles (pero los economistas sí). “Los aranceles que Trump propone ahora se aplicarán a más de ocho veces las importaciones de su última ronda (unos 3,1 billones de dólares en datos de 2023), lo que implica un impacto mucho mayor en los precios”, advierte el texto, que subraya que, lejos de promover el empleo y la producción locales como pretende el republicano, lo perjudicarán.

El primer tratado internacional contra la contaminación por plástico tendrá que esperar al menos hasta 2025. Los 177 países que han estado negociando durante la última semana en Busan (Corea del Sur) para alcanzar un pacto que reduzca el uso de este material no han llegado a ningún acuerdo y han decidido emplazarse a una futura ronda de negociaciones, que se celebrará el próximo año. Los representantes de los 177 países que han negociado durante la última semana en Busan (Corea del Sur) el primer tratado internacional contra la contaminación por plástico no han conseguido resolver sus diferencias para acordar un texto antes de que acabara este 2024, como se habían comprometido los gobiernos hace dos años en el seno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Los desacuerdos en asuntos básicos como el alcance del tratado, la financiación y cómo se deberán resolver las disputas para evitar los bloqueos en el desarrollo del futuro acuerdo siguen presentes. Los países se han emplazado a una futura ronda de conversaciones, que se celebrará el próximo año. La duda es si en esa ronda extra se conseguirá un acuerdo. Porque esas nuevas negociaciones se llevarán a cabo en un contexto aún más complicado. Al avance registrado ya en muchos países de los populismos de derechas, que abominan de las políticas medioambientales y del multilateralismo, se le añadirá el aterrizaje en enero en la Casa Blanca del republicano Donald Trump, que ha recibido un apoyo rotundo en su campaña del sector de los combustibles fósiles, muy interesado en no poner coto al plástico. Mientras, el problema no deja de crecer y cada año millones de toneladas de residuos de este material contaminan los ecosistemas terrestres y marinos, y ponen en peligro la salud de los seres humanos.