20250715

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Tal y como se describe en el último newsletter de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en junio en la Seguridad Social se situó en un total de 57.117, esto es, 742 menos que en el mismo mes del año pasado. Se trata de un descenso interanual del -1,3%, una caída superior a la habitual para un mes de junio. Por sectores, el descenso en comparación con junio del año pasado se da en Industria y Servicios, mientras que el número de empresas ha crecido ligeramente en Construcción. Respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), las caídas más intensas tienen lugar en Industria (-7,6% y 503 empresas menos), seguido de Servicios (-3% y 1.370 empresas menos). Por el contrario, en la Construcción se registran 92 empresas más que entonces (+1,8%). Por otra parte, la caída interanual en Euskadi (-1,3%) es mayor que la registrada en el Estado, en donde el número de empresas también ha bajado, pero en menor medida (-0,4%). Desde la pandemia, la caída de empresas en Euskadi (-3%) contrasta con el crecimiento registrado en el Estado (+1’1%). En cuanto al número de autónomos, descendió en junio en Euskadi en 142, una cifra también peor que lo habitual para este mes, sumando un total de 166.565 personas, lo que supone un descenso interanual del -0,4%. Ver más en Confebask

El tejido empresarial vasco sigue contrayéndose, tal y como constata el último informe de coyuntura publicado ayer por la patronal vasca, Confebask, a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El documento indica que Euskadi ha llegado al fin del primer semestre con 57.117 empresas tras un mes de junio en el que se han perdido 765. Una caída muy intensa que desde la patronal consideran «poco habitual» para lo que suele ser común en el sexto mes del año. Asimismo, se han contabilizado 742 menos desde hace justo un año. Un descenso que, lejos de suponer un hecho puntual, supone la consolidación de un fenómeno cíclico que el territorio lleva arrastrando durante muchos años. De hecho, antes de la crisis financiera de 2008, el País Vasco contaba con 64.635 empresas registradas en la Seguridad Social. Los estragos se hicieron notar en el tejido empresarial vasco, que perdió 7.337 compañías desde entonces hasta 2014, momento en el que se registraban 57.298, cifras similares a las actuales. Lo que vino a continuación fue un periodo de recuperación acompañado de un crecimiento paulatino en el número de sociedades, hasta que llegó la pandemia. El covid supuso otro gran mazazo para la economía vasca, que aún sigue sin recuperarse . En este sentido, la comunidad registra actualmente 1.776 empresas menos de las que tenía en febrero de 2020, habiendo recuperado tan solo el 16% de las compañías perdidas. Esta tendencia a la baja se puede explicar en gran medida por la desaparición de firmas industriales, el sector más azotado por la crisis y, a su vez, el que experimenta la caída más intensa y sostenida en el tiempo. Desde enero de 2014, ha desaparecido el 10,9% de las fábricas, según datos de Confebask. Este descenso se compensa en parte con el tamaño medio de las empresas, que ha crecido notablemente. Según los datos, ahora hay 175.784 afiliados en el sector, frente a los 167.123 que se registraban en enero de 2014. Asimismo, el sector de la construcción ha ido en dirección contraria al industrial, ya que desde esa fecha ha incrementado en un 10,7% el número de empresas. 

El futuro de Talgo está pendiente de la reunión que celebran hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. Fuentes cercanas a la preparación de la comisión bilateral esperan “un avance significativo” en el plan de desembarco del consorcio vasco que lidera el empresario José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, en el fabricante de trenes con un 29,7% del capital. Para ello, el Gobierno central tiene previsto comprometer el respaldo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 75 millones entre crédito participativo convertible a medio plazo en acciones y, muy probablemente, la toma directa de una participación en Talgo. Se trata de fortalecer el balance de la firma industrial para que los bancos refinancien su deuda, y el capital vasco vea allanada su entrada. Los detalles de este respaldo estatal podrían oficializarse tras el encuentro entre presidentes, en el que la situación de Talgo sobrevuela un orden del día centrado en la transferencia de un primer paquete de gestión de la Seguridad Social, que reclaman el Gobierno vasco y el PNV. El Ejecutivo de Sánchez llega a este 15 de julio necesitado de apoyos en el Congreso tras el desgaste por el caso Cerdán, pero también se trata de dar viabilidad a la apuesta del consorcio formado por Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones bancarias BBK y Vital por una compañía estratégica que pierde fuelle en el mercado jornada tras jornada.

El consejo de administración de SNCB, el operador estatal de trenes belga, se reunirá el próximo 23 de julio para decidir sobre la adjudicación provisional que hizo en marzo a CAF para fabricar varios cientos de unidades intercity (hasta 170.000 plazas) por valor de 3.400 millones de euros. Antes de esa reunión clave para decidir el mayor pedido ferroviario de la historia del país, el Gobierno belga ya ha tomado partido al apoyar la legalidad del proceso de selección de CAF como la mejor oferta frente a la presentada por su rival Alstom, que ha logrado suspender la adjudicación tras una polémica decisión del Consejo de Estado. “La puntuación original de los candidatos ha sido confirmada tras una revisión legal independiente y de una auditoria técnica”, detalló la semana pasada el ministro de Transportes, Jean-Luc Crucke, que considera un error reiniciar la licitación por los sobrecostes sobre el sistema ferroviario. “Es crucial tomar una decisión sobre la renovación de la flota”, alertó el ministro, para quien está en juego el cumplimiento del contrato de servicio público. Fuentes próximas a CAF coinciden en interpretar las declaraciones del Gobierno como un apoyo explícito a la decisión de la mesa de contratación que tomó la SNCB en marzo, pero eso no garantiza que el próximo 23 de julio se retome el contrato. En el fabricante vasco saben las presiones que han ejercido políticos locales y sindicatos para que Alstom se lleve el contrato, al estar en juego los puestos de trabajo que el fabricante sostiene en una planta de Brujas, que da empleo a unas 800 personas. El contrato del siglo belga fue suspendido cautelarmente por el Consejo de Estado el pasado 17 de abril. 

 La digitalización del tejido empresarial es una de las vertientes que pueden resultar decisivas en el progreso económico de Euskadi. En general, las empresas de la CAV han hecho avances en la última década, pero les resta adoptar novedades que pueden proporcionar un salto cualitativo. Son dos de las conclusiones del informe ‘Economía y Sociedad Digitales del País Vasco’, elaborado por el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra. El documento, que cuenta con la colaboración del Departamento de Industria del Gobierno vasco, subraya que “la transformación digital de las empresas, especialmente las pymes, continúa siendo uno de los principales desafíos”. El análisis confeccionado por los expertos Carla Peletier, Ander Sánchez, Susana Franco y James Wilson, indica que “aunque se observa una evolución positiva en el uso de herramientas básicas como el intercambio de información o los medios sociales, la adopción de tecnologías más complejas como la analítica de datos, la inteligencia artificial o la computación en la nube aún es limitada”.  Se trata de tecnologías que se están implantando “a gran velocidad” en el panorama empresarial europeo y que son “críticas” para mantener “la productividad y la competitividad internacional” de la industria vasca, según el informe. En líneas generales, en esta clase de tecnologías de carácter disruptivo, ”más complejas y con mayor potencial”, el tejido empresarial vasco muestra unos resultados “correctos” en relación a la media europea “pero sin llegar a superar el 50% del total de empresas”.  

Las empresas vascas dependen cada vez más de la incorporación de trabajadores extranjeros para sustentar su actividad. Después de romper por primera vez en mayo la barrera de los 100.000 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, la fuerza laboral de este colectivo ha seguido creciendo y el pasado mes marcó un nuevo récord con 101.580 cotizantes, 5.000 más que en junio del año pasado (un 5,26% más), según los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta forma los trabajadores foráneos absorben algo más de la mitad –el 54%– de todos los empleos ganados durante los últimos 12 meses. Se trata de una presencia que prácticamente dobla a su incorporación antes de la pandemia, cuando apenas representaban el 28% de las nuevas incorporaciones. Su presencia crece y lo hace especialmente en aquellos sectores donde copan la mayor parte de los nuevos empleos, como ocurre con la construcción, los trabajos asociados a las labores de reparto y la hostelería. Lo cierto es que la actualidad, uno de cada diez afiliados en el territorio ya es de origen extranjero. En el último año su presencia en las obras ha crecido casi un 10%. En total se han sumado más de 1.150 nuevos asalariados, suponiendo el ámbito que más trabajadores de fuera incorpora en un momento en el que la construcción vive un estallido impulsado por las nuevas edificaciones. Los extranjeros en este sector superan ya los 12.800 integrantes. Por su parte, en el ámbito del transporte y el almacenamiento, que engloba a los repartidores, ha ganado casi otro millar de nuevos empleados de fuera, superando en junio los 6.500 asalariados. La hostelería vasca es otro mercado habitual para su incorporación laboral, y más ante el previsible tirón de clientes que se espera de cara al verano. 

Los agentes del campo ya se refieren a la dana que azotó Álava este fin de semana como el «peor siniestro» climatológico soportado en este 2025. La virulencia de la tormenta, que llegó a descargar más de 80 litros en algunos puntos del territorio, se hizo evidente el mismo sábado, cuando vecinos y bodegueros se afanaban en sacar el agua y el lodo de sus negocios y sus casas, a la espera de poder acceder al terreno agrícola y cuantificar cómo de mermada se vería este año su cosecha. Esos daños empezaron a concretarse ayer. El fuerte diluvio, que vino por momentos acompañado de pedrisco, castigó en la provincia a 5.300 parcelas, que se corresponden con 2.900 hectáreas, principalmente de viñedo y cereal. Las cifras, provisionales, las maneja la entidad Agroseguro, con quien tienen sus pólizas la gran mayoría de profesionales del primer sector, en base a los partes recibidos este lunes y que prevén seguir creciendo en las próximas horas y días. Las principales víctimas de este fenómeno meteorológico fueronlas viñas, con al menos 1.600 hectáreas afectadas en Álava, lo que ha provocado que salten todas las alarmas en el sector. La preocupación por la vendimia de este año ya era máxima antes de las lluvias torrenciales por la presencia del mildiu en casi todas las plantaciones y la amenaza de un recorte de la producción. Pero, tras este fatal episodio, las perspectivas han empeorado aún más. La humedad y el calor son el caldo de cultivo perfecto para este hongo que debilita las plantas y reduce la producción de la uva, lo que puede provocar que ésta pueda ser la «puntilla» para la comarca dando lugar así, quizás, a la peor cosecha en años. El panorama en el resto de la DOCa Rioja no se dibuja mucho más prometedor. En la comunidad de La Rioja Agroseguro gestionó hasta primera hora de la tarde de ayer partes en 2.100 hectáreas de vides y, ante esta situación, los agricultores de una y otra zona ya han solicitado ayuda institucional. En el caso alavés, la zona más afectada es la central de Rioja Alavesa,

Un mes después de la impredecible y excepcional tormenta que dejó fuertes precipitaciones e inundaciones en una treintena de municipios de Goierri y Tolosaldea, las tareas de limpieza y reparación continúan en las comarcas afectadas, que se compaginan con las labores destinadas a presentar los justificantes de daños, recibir las visitas de los peritos y encauzar de la mejor manera posible las reclamaciones a los seguros. Aquella noche del 13 de junio no hubo que lamentar pérdidas humanas, pero sí muchos daños materiales en carreteras, viviendas, caseríos, vehículos, caminos rurales y empresas que se han valorado inicialmente en 2,8 millones de euros. Es la cantidad que los particulares –vecinos y compañías– han reclamado al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), ente dependiente del Ministerio de Economía. En el primer mes posterior a la tormenta el Consorcio de Seguros ha recibido un total de 348 solicitudes de indemnización con un valor total de 2.850.287 euros, de los que ya se han pagado 129.786 euros, el 4,5%. La compensación media de cada solicitud es de 8.190 euros.

Artículo de Ander Goikoetxea, parlamentario y responsable de política industrial de EH Bildu. "...En el Parlamento Vasco, en junio, expusimos nuestra propuesta: una política industrial vasca que apoye, oriente y exija. Que no subvencione sin más, sino que condicione el apoyo público al cumplimiento de objetivos estratégicos: empleo de calidad; retorno al territorio; transición ecológica y digital; innovación abierta; participación de trabajadores en la gobernanza. Fuimos claros. Bastaría un mínimo de espíritu crítico para no caer en caricaturas. Esto exige reforzar la capacidad pública: técnicos preparados, agencias evaluadoras, alianzas con universidades y clústeres. No se trata de inflar administraciones, sino de dotarlas de músculo estratégico. La condicionalidad es una herramienta para orientar la inversión privada hacia el bien común. El modelo que Olano defiende como «vigente» presenta síntomas de agotamiento. Es un modelo que, en nombre de la «competitividad», ha externalizado riesgos, debilitado la cadena industrial local y apostado por una colaboración público-privada sin control ni evaluación. Sin embargo, no existe país avanzado que se haya reindustrializado sin liderazgo público claro. No proponemos nacionalizar empresas ni volver a esquemas del siglo pasado. Proponemos algo más ambicioso: coordinar inversión privada, talento científico y acción pública hacia metas comunes. Que la administración participe en empresas estratégicas para asegurar su arraigo. Con reglas, exigencias, justicia y transparencia..."

«Más de 85.900 personas se movilizaron con motivo de la final», comenzó el análisis Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Bilbao. De ellas, «49.862 asistieron al partido en San Mamés», mientras que «unas 36.000 más se unieron a actividades festivas organizadas en distintos puntos de la ciudad». Esencialmente, las ‘fan zones’. No toda esa gente eran ingleses que venían a animar a sus equipos. También había «ciudadanía vasca», en concreto, «15.500 personas» locales se mezclaron en las zonas de animación. Así que, según confirmaría luego la concejala, fueron más de 70.000 los británicos que llegaron finalmente a Bilbao para el partido. Compareció ayer Claver en una comisión en el Ayuntamiento de Bilbao a petición de Elkarrekin para hacer una valoración del impacto de la cita deportiva en la ciudad. Hay que tener en cuenta el entorno, el debate abierto sobre cómo afectan estos grandes eventos a la ciudad, e incluso sobre si merecen la pena las incomodidades que generan frente a los beneficios que reportan. ¿Qué beneficios han sido en la final del pasado 21 de mayo? La concejala quiso dejar muy claro que aún no hay datos cerrados y el balance definitivo no llegará hasta octubre, cuando la UEFA y las instituciones implicadas (el Gobierno vasco, la Diputación y el propio Ayuntamiento) presenten el estudio conjunto. Pero, de momento, lo que la edil jeltzale apuntó es que «por cada euro invertido por las instituciones vascas en la organización de la final, el retorno económico ha sido más de diez veces superior». 

Éxito de la conexión áerea con Nueva York. La ruta que enlaza el aeropuerto de Bilbao con el de Newark, que comenzó el 31 de mayo, cerró hace dos semanas su primer mes de trayectoria con unos números muy buenos. El primer vuelo transoceánico de la historia de Loiu ha conseguido atraer a más de 3.500 pasajeros en junio, lo que supone un factor de ocupación del 77,3%, según datos oficiales. En concreto, entre la Gran Manzana y ‘La Paloma’ se movieron 3.541 clientes, lo que constituye un buen estreno para la aerolínea United Airlines, que ha sido la empresa que finalmente ha apostado por una conexión que las autoridades vascas llevaban años anhelando. Aunque las compañías de bajo coste requieren de factores de ocupación por encima del 80% para que las líneas puedan ser rentables, en el caso de las aerolíneas de alto posicionamiento la necesidad de llenar el avión es muy inferior ya que juegan con la variable precio. Y eso es, precisamente, lo que está haciendo United con el LoiuNewark. Además de rozar ese 80% de reservas está vendiendo billetes a precios elevados, con especial atención a los 16 asientos business que tiene por trayecto. En la mayoría de operaciones se está viendo que estas butacas de clase ejecutiva gozan de una respuesta muy importante por parte de los clientes. Con respecto al flujo de viajeros, las estadísticas revelan que hay un mayor volumen de pasajeros desde el otro lado del Atlántico. Los aviones vienen más llenos de lo que se van: los trece vuelos procedentes de Newark trajeron a 1.888 clientes por los 1.653 que partieron de Loiu. Es un dato que avala la sensación que había hasta ahora en ‘La Paloma’, donde se percibía una mayor afluencia en la llegada de esta ruta que en la salida hacia allí.

La planta de biometanización en el ecoparque de Artigas para transformar los residuos del contenedor marrón en biometano ya está en marcha. La instalación se levantará junto a la actual planta de compostaje y tratará 50.000 toneladas de residuos al año. Primero, se extraerá biogás tras un proceso de descomposición de la basura, que después se purificará hasta convertirlo en biometano, de iguales características caloríficas que el gas natural. De hecho, será inyectado y comercializado a la misma red. La producción equivaldrá al consumo térmico de al menos 6.000 familias. Del proceso resultará un material sobrante que se llama digestato, que se convierte en abono orgánico. La sociedad Garbiker, dependiente de la Administración foral y gestora de los residuos del territorio, y Cadem, del Ente Vasco de la Energía, acordaron formar la sociedad de economía mixta Metabarri para impulsar y explotar esta planta durante 25 años con un socio que aportará conocimiento técnico y operativo «y una parte importante de la financiación». La empresa Prezero fue la elegida tras un concurso. Ahora, las administraciones cuentan con el 51% de las acciones. La redacción del proyecto y dirección técnica de la obra recayó en Goc SA. Y la propia construcción de la planta también ha sido adjudicada a Prezero, aliada en UTE con Construcciones Intxausti, por 25,6 millones. El plazo para levantar la misma arrancó el 11 de febrero y se prolongará 20 meses. Precisamente, el Ayuntamiento de Bilbao tiene previsto aprobar hoy mismo en el pleno municipal el estudio de detalle de la parcela tras el correspondiente periodo de alegaciones.

Las sensaciones van por bandos. Si bien el Gobierno Vasco avisó la semana pasada de que las negociaciones para transferir la gestión de la Seguridad Social a Euskadi van «más lento de lo que esperábamos», el Ejecutivo central aseguraba que «van a buen ritmo», según relatan a este periódico desde el ministerio del Política Territorial. En lo que sí coinciden ambos gabinetes es en la confianza en cerrar hoy un acuerdo «satisfactorio» en la Comisión Bilateral encabezada en Madrid por el presidente Pedro Sánchez y por el lehendakari Imanol Pradales. Sobre la mesa estarán las prestaciones no contributivas y las de desempleo para completar el primer bloque de la transferencia de la Seguridad Social. Aunque ambos mandatarios también tratarán la gestión migratoria o la oficialidad del euskera en la Unión Europea. En el Gobierno Vasco confían en que las negociaciones lleguen a buen puerto aunque la portavoz del Ejecutivo y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ya avisó el pasado viernes de que «Euskadi no acepta acuerdos a medias». Un tirón de orejas que tratan de minimizar desde el ministerio de Ángel Víctor Torres, en el que destacan que esta sea ya la segunda reunión bilateral que convocan en apenas un año. Ambos equipos técnicos llevan meses trabajando en la materia y confían en poder cerrar un acuerdo después de haber mantenido ya varias reuniones en las que se ha abordado el traspaso de las prestaciones no contributivas y el seguro escolar, además de los traspasos de subsidio por desempleo y prestación contributiva de desempleo.

Constituye un fuerte golpe y el inicio del troceo de la caja común de la Seguridad Social, según denuncia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cabe aclarar que el traspaso previsto no implica la cesión de la gestión económica –que seguiría corriendo a cargo de la Tesorería General–, lo que supondría de facto una quiebra de la caja única, pero sí abre la puerta a que las prestaciones que se gestionen en el régimen autonómico puedan ser, por ejemplo, mejoradas a través de complementos, lo que ya provocaría una primera diferenciación entre territorios, tal y como explican fuentes de la Inspección. La denuncia parte del agravio que supone la maniobra contra la normativa vigente. “Una redistribución de competencias en la que el Estado retuviera solo la normativa, cediendo las potestades ejecutivas a las comunidades autónomas, supondría, tanto material como formalmente, una quiebra” de los principios de unidad de caja y de solidaridad financiera, “así como la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y deberes en relación con la Seguridad Social”, advierte la Inspección en un comunicado hecho público ante la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, de la que se esperan avances en este punto como parte del salvoconducto de los nacionalistas vascos para mantener su apoyo al Ejecutivo.

Ni se ha alcanzado el grado de concreción que ERC pretendía ni se ha llegado tan lejos –al menos, aún– como se apuntó hace un año en el acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa. La Generalitat no podrá, por ejemplo, asumir la gestión del IRPF ya en 4048. Pero el Gobierno central y el autonómico dieron ayer un paso hacia la «financiación singular» catalana y pusieron sobre la mesa las bases de una reforma radical del sistema financiación de las autonomías del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra). Que el pacto pueda traducirse en reformas legales y, por lo tanto, materializarse es harina de otro costal. Hoy por hoy, no tiene los votos suficientes en el Congreso. Pero su mera formulación ya ha soliviantado a las comunidades del PP, ha puesto en guardia a los dos presidentes autonómicos del PSOE afectados y ha provocado una reacción furibunda de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. El Gobierno, con todo, parece haber tenido éxito en una de sus pretensiones, la de amarrar el apoyo de sus socios en un momento delicado para Pedro Sánchez por el ‘caso Cerdán’. Pese a advertir de que necesita «pasos más firmes y convincentes» y «menos escenificación», el partido de Oriol Junqueras se mostró comprensivo con las «dificultades» materiales a las que se enfrenta su pretensión de desplegar una Agencia Tributaria propia con capacidad para asumir la gestión de todos los impuestos soportados en Cataluña y dejó claro que no romperá. Por ahora, a Sánchez le vale con eso. Lo demás, lo gestionará a la vuelta del verano.

El pacto de financiación singular para Cataluña sellado ayer entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña ha suscitado la oposición frontal del resto de gobiernos territoriales y la oposición política, pero también ha cosechado críticas y dudas en el ámbito técnico, soliviantando al cuerpo de inspectores de Hacienda, generando incertidumbre en las oficinas del propio Ministerio y preocupación entre los economistas. Inspectores. “Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas que, tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda”, alertó ayer la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). “Hay que señalar que este modelo no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, estamos hablando de un régimen ilegal, que además vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución”, agregaron. A partir de ahí, avisan, su generalización tendría “consecuencias muy graves”, pues “supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria”, y “el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones”, incluyendo el pago de pensiones, intereses de la deuda o servicios sociales. Técnicos. “Hoy se han puesto las bases de un modelo tributario federal”, advirtió a su vez Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, que consideran que su aplicación conllevará “dificultades” que harán necesario un “consorcio tributario” para gestionar el IRPF. Desde Gestha, calcula que el traspaso de 27.590 millones del Impuesto sobre la Renta supondrá que la región pase de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones en 2026, seis veces más que ahora, de los que calculan que devolverán 2.737 millones a los contribuyentes catalanes y un cupo al Estado...Fedea. “El acuerdo es un mejunje de ideas generales en su mayor parte sin suficiente precisión para una valoración técnica”, expone Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador de Fedea experto en financiación autonómica, que alerta, sin embargo, de que se trata de “la primera etapa de un proceso que desembocará en la recaudación de todos los impuestos devengados en Cataluña por la Agencia Tributaria Catalana”, lo que “dañará considerablemente la redistribución de la renta de ámbito nacional y, con el tiempo, la disponibilidad de recursos para el resto de comunidades autónomas”...

A falta de una semana para que se voten en el Congreso de los Diputados las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, parece complicado que la medida pueda pasar del primer examen de su tramitación según las posturas de rechazo total planteadas por Junts y el PP –también Vox ha presentado una enmienda de devolución–. Sostienen las formaciones que el impacto económico para las empresas será severo y defienden su negativa, entre otras cuestiones, porque el texto presentado por el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no cuenta con el sello de las organizaciones empresariales. El último análisis realizado por el Consejo General de Gestores Administrativos ahonda en estas cuestiones, advirtiendo de que el impacto económico será considerable. Señalan que pasar de 1.630 horas a 1.560 horas anuales por trabajador supondría una pérdida agregada de 1.390 millones de horas laborales al año. Y calculan que compensar esa caída para mantener el nivel actual de producción requeriría incorporar al mercado casi 900.000 nuevos trabajadores a jornada completa. Contratar a ese volumen de personas con el salario mínimo interprofesional tendría un coste directo de más de 14.000 millones de euros en sueldos. Si se añaden las cotizaciones sociales, la factura se eleva a más de 19.250 millones de euros anuales. “Necesitamos políticas que impulsen la productividad y que el aumento de los costes laborales no recaiga exclusivamente sobre el empresario. Las políticas de empleo también deben asumir parte de esa carga si queremos avanzar en competitividad”, señala el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero.

Las nuevas cotizaciones de los autónomos a partir del año que viene están en el aire ante la negativa de la patronal a negociar y ante la debilidad política y parlamentaria del Gobierno, que tiene muy difícil aprobar nada en el Congreso y menos si no cuenta con el respaldo de los agentes sociales. El Ministerio de Seguridad Social inició ayer la mesa de diálogo social para establecer las cuotas que tendrán que abonar los más de 5,7 millones de trabajadores por cuenta propia durante el periodo 4048-4048, basadas en sus rendimientos netos, pero ATA –la asociación que, bajo el abrigo de la CEOE, es la mayoritaria del colectivo– se negó a asistir, tal y como ya había anticipado la semana pasada. Y no se sentará a la mesa hasta que el Gobierno ofrezca una solución a los «errores» en la regularización de los autónomos en pluriactividad con el nuevo sistema (a los que se les ha aplicado una repentina subida de cotizaciones) y hasta que no cumpla con su palabra y prorrogue el cese de actividad para los afectados por la dana, algo que sigue pendiente pese a haberlo anunciado el pasado mes de enero, según denunció ayer Lorenzo Amor, el presidente de la organización.

El mandato concedido a la Big Four se produce en un momento en el que el grupo familiar, con sede en Burgos, busca contrarrestar la caída de su negocio, severamente impactado por la bajada en la producción de automóviles en Europa a causa de la incertidumbre económica y regulatoria y por la debilidad de la demanda de sus clientes, entre los que figuran BMW, Mercedes-Benz, Ferrari o Volkswagen, entre otros. Entre las posibles desinversiones que está analizando Antolin en la actualidad figura la venta de una participación mayoritaria en su división de iluminación o en la de parasoles, así como el eventual traspaso total o parcial de su negocio en alguna región, según las fuentes consultadas. La primera de estas unidades de negocio se dedica al desarrollo y producción de cualquier tipo de iluminación de un vehículo, tanto interior como exterior, a excepción de los faros. Entre estos productos figuran consolas de techo con funciones avanzadas, luches de techo, spots de lectura, luces multifunción, luces de bienvenida, luces de matrícula y luces intermitentes.

El mercado de telecomunicaciones español siempre ha estado muy influido por el precio y 2025 no es la excepción, según los datos de cambios de compañía de móvil que maneja el mercado para el primer semestre. Digi con sus precios por debajo de los diez euros sigue siendo el gran dominador y se ha llevado a 428.000 clientes, una cifra similar del año pasado y que no sorprende tanto como la de quien le sigue en el podio: Telefónica. El histórico incumbente va camino de sumar el segundo récord de portabilidades consecutivo de su historia tras años en los que tener la mayor cuota de mercado le abocaba a las pérdidas. La compañía ha conseguido sumar 72.000 nuevas líneas en los seis meses de 2025 y es la empresa que más mejora respecto al primer semestre del año anterior, donde el saldo fue negativo en 31.000. La empresa no dio la vuelta a su balanza de portabilidades hasta el tercer trimestre, con lo que también suma un año completo en positivo. La empresa dirigida en España por Borja Ochoa lleva varios años reforzando su apuesta comercial, Primero con la flexibilidad a la hora de escoger paquetes de MiMovistar y luego con la búsqueda de la retención de clientes con medidas como la aplicación de mejoras y bonos que, tradicionalmente el sector venía repercutiendo solo a las captaciones. Además, Telefónica está mostrando fortaleza en el segmento de medio o bajo precio O2, que se ha vitaminado además con servicios de televisión de pago de Movistar Plus+, un combo que también ha devuelto al signo positivo las altas de televisión y refuerza los precios que pagan sus clientes y que se siguen situando en torno a los 90 euros mensuales.

España no había devorado tanta electricidad en un mes de junio desde hacía más de un lustro. Tampoco había vivido nunca un sexto mes del año tan caluroso como el último. Millones de aires acondicionados funcionando a la vez a toda potencia llevaron a niveles récord para la época del año la demanda eléctrica en la primera ola de calor de 2025. Temperaturas de más de 40 grados coincidieron con el efecto apagón, o lo que es lo mismo, con un uso más intenso del gas natural como fuente de electricidad para minimizar la inestabilidad de la red desde el pasado 28 de abril. Ambos factores metieron presión al recibo, y todo apunta a que lo seguirán haciendo. La curva de precios de la electricidad replicará este escenario a lo largo del verano, proyectan los analistas. Para este mismo mes, desde Grupo Ase esperan ya una inyección de gas mayor a la de hace un año y una electricidad un 20% más cara frente a los valores de julio de 2024. Cualquier lector habituado a revisar sus facturas, probablemente, replicará: ‘¿Acaso no se disparan los precios todos los veranos?’. La respuesta es sí, pero no tanto ni tan pronto. «Efectivamente, es habitual en los meses de verano que descienda la aportación eólica e hidráulica y su hueco [conocido como hueco térmico] lo cubran los ciclos combinados de gas. Pero también es cierto que este año se está produciendo un crecimiento excepcional de la demanda eléctrica, por el ascenso de las temperaturas a niveles nunca vistos a estas alturas del año», asegura Juan Antonio Martínez, analista de Grupo Ase.

Las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos están «en un estado muy avanzado», tanto que «estamos muy cerca de cerrar un acuerdo». Así lo destacó ayer el comisario de Comercio y jefe negociador de la UE en esta materia, Maros Sefcovic, a su llegada a la reunión de ministros de Comercio en Bruselas. «Estamos acercándonos a un buen resultado», insistió Sefcovic, quien reconoció sentirse «decepcionado» con la carta que el presidente Donald Trump envió al bloque comunitario este fin de semana, en la que anunció un arancel del 30% a todos los productos europeos a partir del 1 de agosto. Un porcentaje que supera el 20% anunciado en abril. «El nuevo gravamen haría prácticamente imposible el comercio entre la UE y EE UU», advirtió. «La incertidumbre que están creando los aranceles injustificados no puede continuar», subrayó Sefcovic, quien intercambió impresiones con los ministros de Comercio de los Veintisiete para tratar de lograr la unidad frente a Washington. También mantuvo contactos con sus contrapartes estadounidenses para seguir avanzando en el diálogo, ya que la prioridad absoluta de Bruselas sigue siendo encontrar una solución negociada a las tensiones comerciales. Trump, por su parte, aseguró de nuevo ayer que «siempre estamos abiertos a hablar». «Estamos abiertos a hablar, incluso con la UE, y, de hecho, ellos ahora están diciéndonos que les gustaría hablar», apuntó al tiempo que recordó que si no se sella un pacto ‘in extremis’, a partir del 1 de agosto todos los productos europeos que entren en el mercado estadounidense sufrirán un gravamen del 30%.

La Comisión Europea ha remitido a los Estados miembros la lista del segundo paquete de represalias sobre exportaciones estadounidenses valorado en alrededor de 72.000 millones de euros y a la que imponer aranceles para devolver el golpe a EEUU en caso de que sea necesario. Esta lista, que alcanzaba originalmente los 97.000 millones en productos estadounidensesantes de que los diferentes países solicitaran hacer algunas exenciones, se activaría también a partir del 1 de agosto como respuesta a los gravámenes del 30% avanzados por Trump. El segundo paquete se uniría a los 21.000 millones de euros en productos ya gravados con aranceles de entre el 15% y el 25% y anunciados en abril. Esta primera lista está completamente preparada, pero en la actualidad se encuentra pausada también hasta el próximo 1 de agosto. Teniendo en cuenta el tiempo que se tardó en dar luz verde a la primera lista de contramedidas europeas desde que la Comisión Europea la dejó en manos de los Estados miembros para una última revisión, la segunda andanada de represalias podría quedar preparada esta misma semana. “La incertidumbre actual causada por los aranceles no puede persistir indefinidamente y, por lo tanto, debemos prepararnos para todos los escenarios, incluyendo, si es necesario, contramedidas proporcionadas y bien pensadas para restablecer el equilibrio en nuestra relación transatlántica”, expresó Maros Sefcovic. La Unión Europea ya no se fía de los avances en la negociación y, aunque siguen valorando que el acuerdo debería estar próximo, entienden que es necesario blindarse frente a imprevistos. 

Nadie –ni los países con más incentivos a acabar con la guerra comercial aceptando casi cualquier pacto– puede firmar los aranceles del 30% propuestos por Donald Trump el pasado fin de semana. Así de claro lo dejó la Unión Europea después de la reunión de los ministros de Comercio de los Estados miembros en la que se abordaron las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos. “Un arancel del 30% es, en la práctica, prohibitivo para el comercio mutuo. Seguimos convencidos de que nuestra relación transatlántica merece una solución negociada que siente las bases para una estabilidad y una cooperación renovadas”, expresó ayer Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio y responsable de las negociaciones con Estados Unidos. La Comisión Europea quiere seguir negociando y considera que puede retomar las conversaciones en donde se quedaron la semana pasada a pesar de reconocer que “las dinámicas han cambiado”. Antes de recibir casi por sorpresa la carta de Trump con el nuevo golpe arancelario, Sefcovic aseguraba que estaba “muy cerca” a falta de concretar algunos aspectos en dos o tres sectores. Y ese sigue siendo el punto de partida para salvar la relación. En 2023, el intercambio entre ambos bloques de bienes y servicios alcanzó los 1,6 billones de euros, según datos de Eurostat. “Quedó muy claro en la discusión que el 30% es absolutamente inaceptable. Es un nivel en el que resulta absolutamente prohibitivo para cualquier comercio”, expresó Sefcovic, que manifestó que esta postura también sería perjudicial para Estados Unidos.

Vladímir Putin tiene a Donald Trump «muy, muy descontento», repitió ayer este último, pero no lo suficiente para tratarle tan mal como a otros aliados. «No quiero decir que sea un asesino, pero sí un tipo duro», explicó, con el que además se ha sentido frustrado en sus conversaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. Como resultado de ese descontento, el presidente de EE UU anunció que podría imponerle «un cien por cien» de aranceles si no hay un acuerdo sobre la guerra en 70 días. Serían «aranceles secundarios. Ustedes saben lo que eso significa», precisó. En realidad, no lo sabía ni él. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aclaró después a los periodistas de la Casa Blanca que el presidente en realidad quería decir «sanciones secundarias», no «aranceles». En el contexto internacional, los aranceles secundarios son gravámenes que se imponen a los bienes de un tercer país para sancionar el comercio indirecto y evitar que se triangulen las ventas con idea de evitar otras sanciones o tasas. Por ejemplo, si los productos de China se comercializaran hacia otro mercado a través de Vietnam, que tiene un acuerdo más favorable, sufrirían un cargo adicional. «Lo puedes hacer como una multa económica», explicó Lutnick. O sea, «si te cojo haciéndolo, tendrás que pagar». En realidad, Trump perseguía los titulares de que ha dado un golpe sobre la mesa para poner firme a Rusia. La explicación no llegará a la mayor parte de sus bases. Tampoco le interesa dañar el comercio directo que tiene con Rusia, estimado en 5.700 millones de dólares.