20230201

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Senado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 8% en 2023 hasta los 1.080 euros. Una medida que afectará en Euskadi a 54.000 trabajadores. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la patronal vasca Confebask y el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) es el conjunto de empleados que en el País Vasco desarrollan su labor profesional sin el amparo de un convenio laboral propio o del sector. Lo que afecta especialmente a ámbitos como las empleadas domésticas, los trabajadores del campo, la ganadería y los de sectores de servicios como las peluquerías. La subida del SMI para este 2023 se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y contempla el abono de 14 pagas con esos 1.080 euros. Su incremento del 8% se acerca a la subida media de precios en 2022, que fue del 8,4%, aunque está por encima del dato interanual de diciembre que se quedó en el 5,7%. Así, el Gobierno, aunque no alcanza las demandas sindicales que pedían 1.100 euros, sí logra mejorar el poder adquisitivo de este colectivo. La decisión supone atender al comité de expertos que el pasado diciembre envió al ministerio un informe en el que estimaba que el salario mínimo debía situarse entre 1.046 y 1.082 euros para alcanzar el 60% del salario medio, que es el compromiso de legislatura que había adquirido el Ejecutivo de Sánchez. En Euskadi, en cambio, esos 1.080 euros suponen el 44% de la retribución media, marcada en 2.452 euros al mes, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística.

Entrevista con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. "La subida del SMI es una facultad del Gobierno. En muchas ocasiones no ha habido ni mesa. Pero dicho esto, el primer motivo es que ni siquiera en la noche del lunes he recibido ninguna propuesta del Gobierno para negociar. Hay veces que lo envían a última hora, que ya está mal, pero esta vez ni eso. Tampoco una respuesta a nuestra propuesta...Subir el SMI un 4%, que creo que en la situación que estamos viviendo las empresas y pensando en cómo viene la inflación está en un punto más que más que razonable, por encima de la media de convenios y por encima de lo que se ha ofrecido a los funcionarios públicos. Pero es lamentable que sólo se habla de cantidades y no se tiene presente que no todo el mundo vive ni en Madrid, ni en Valencia o en Barcelona. Hay muchos territorios donde realmente supera ampliamente el 60% del salario medio que el objetivo que dice el Gobierno que quiere alcanzar...Se verá con el tiempo, pero esta subida no crea empleo. Se dejarán de hacer contrataciones previstas posiblemente. Hay sectores en los que se va a reducir el empleo, como el de las empleadas de hogar o personas que atienden a dependientes, porque los costes suben y habrá quién no pueda asumirlos. El problema es querer intervenir lo que funciona. Los empresarios estamos firmando muchos convenios, no quitemos espacio a la negociación colectiva, pero está claro que entramos en un año político...-¿El problema es que en un año electoral no va a ser posible ningún pacto?-R. No lo sé, pero va a ser muy difícil con esta campaña de miembros del Gobierno contra el mundo de la empresa, cuando somos los que creamos riqueza, creamos empleo, pagamos impuestos. Es un gran error. Pido moderación política y respeto institucional. Cuidado con mensajes que se lanzan porque, porque, porque eso al final radicaliza la sociedad y eso no es bueno..."

Según detalla el CRL, la firma en 2022 del Convenio de la Industria Siderometalúrgica de Álava ha hecho posible que el número de trabajadores con sus convenios decaídos y sin cobertura se haya reducido al finalizar el ejercicio a 43.000 personas, el 7,2% del total, el porcentaje más bajo desde la reforma laboral de 2012. Asimismo, al finalizar el año pasado, casi la mitad, el 45,4% de la población trabajadora, se encontraba con sus convenios actualizados (vigencia plena), y el otro 47,4% tenía sus acuerdos en situación de prórroga y pendientes de renovar. En cuanto al incremento salarial medio pactado para 2022 para los convenios negociados en Euskadi, el aumento fue del del 4,80%, con un incremento interanual en Euskadi del IPC del 5,4%. En el caso de los estatales con incidencia en la CAPV la subida fue del 2,89%. En materia de conflictividad laboral, los datos hasta octubre muestran "un importante aumento", con 283 huelgas en las que participaron 68.147 personas y que suponen que se dejaron de trabajar 195.027 jornadas. Sin embargo, precisa que las jornadas de huelga relacionadas con un único conflicto, el de la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia, concentraron el 45% de todas las jornadas no trabajadas. Ver informe completo del CRL. 

Euskadi cerró el año pasado con un incremento salarial del 4% en sus convenios colectivos vigentes, el alza más elevada de toda España, donde se quedó en el 2,9%. Con todo, la tasa se coloca por debajo de la inflación de diciembre, situada en el 5,4% en Euskadi, y muy lejos del 8% que alcanzó el IPC como promedio, según los datos publicados por el Consejo vasco de Relaciones Laborales. Dentro del apartado de los convenios vigentes, el aumento salarial es mucho mayor en los acuerdos negociados en Euskadi que en los pactados a nivel nacional con aplicación en la comunidad. En el primer caso el incremento llega al 4,8% y en el segundo se queda en el 2,9%. Además, hay que recordar que este aumento solo beneficia al 45,4% de trabajadores vascos –casi 274.000– que terminaron el año con su convenio actualizado. La mayoría –algo más de 330.000 asalariados, un 54,6%– no tuvo esa suerte y acabó con los sueldos congelados debido a que su convenio estaba prorrogado o decaído. Aunque se trate de un porcentaje muy elevado, no es el peor de los últimos años. De hecho se puede considerar un logro dado que, a la habitual dificultad para negociar en Euskadi, se ha sumado la inflación más alta de las últimas décadas empujada por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. El 54,6% de trabajadores sin el convenio actualizado se desglosa de la siguiente manera: el 47,4% –286.721 en términos absolutos– lo tiene prorrogado, lo que supone la tasa más alta desde 2013; aunque un 7,2% –54.752– lo tiene decaído. El CRL destaca en su informe como dato muy positivo este último porcentaje porque es el más bajo desde 2012, cuando se aprobó la reforma laboral. Esta mejora se debe, en gran medida, a la firma del acuerdo del Metal de Álava, que llevaba cinco años sin renovar.

Con una inflación elevada, que cerró el año pasado en Euskadi con el 5,4%, los sueldos de los trabajadores guipuzcoanos con convenios vigentes se incrementaron un 5,76%, según un informe del Consejo de Relaciones Laborales. Se trata de un aumento superior al del conjunto de Euskadi, donde los salarios registraron un aumento del 4,08%. Con estos datos se podría decir que los salarios de los trabajadores con convenios vigentes, ya sean acordados con anterioridad o suscritos el año pasado, han mantenido el poder adquisitivo, ya que se sitúan casi cuatro décimas por encima del aumento que ha sufrido el coste de la vida (5,4% en Euskadi). Aunque si se toma la inflación media del año, que como recuerda el CRL, fue del 8%, los salarios sí han visto mermada su capacidad de compra en un año en el que hay que recordar que el IPC llegó a superar el 10%. Los mayores incrementos lo registraron los convenios sectoriales, que vieron aumentados sus sueldos de media un 6,12%, frente a los de empresa, que lo hicieron un 4,85%. Cabe recordar que el convenio del Metal contemplaba una actualización del IPC del año anterior, que fue del 6,5%, y que otros pactos sectoriales negociados anteriormente o incluso durante el pasado año han seguido esa senda. Con todo, en los convenios registrados en 2022 el aumento fue ligeramente inferior, ya que se quedó en un 4,89%, con un 4,90% para los sectoriales y un 4,88% para los de empresa. En el conjunto de Euskadi, los incrementos fueron del 4,83% en el primer caso y del 4,67% en el segundo. En los convenios estatales con incidencia en Euskadi el aumento fue muy inferior tanto en los acuerdos vigentes en el año (2,89%) como en los suscritos en 2022 (3,47%).

PNV y PSE dieron ayer por iniciados los contactos para abordar la reforma tributaria aplazada desde 2020 por la pandemia y la crisis energética y escenificaron además unidad de acción en un asunto de gran simbolismo que hasta esta semana estaba pendiente aún de un acuerdo político: la aplicación en Euskadi del Impuesto sobre las Grandes Fortunas. La controvertida figura, a la que Moncloa dio luz verde el año pasado para contrarrestar la exención de Patrimonio en las comunidades gobernadas por el PP y que se concertó en la Comisión Mixta a finales de 2022, estaba en una especie de limbo en Euskadi por las dudas que genera –y sigue generando– su aplicación efectiva en los territorios forales, donde el gravamen debería hacerse compatible con el impuesto que grava la riqueza y que sigue vigente para los contribuyentes vascos. Y eso es precisamente lo que han pactado PNV y PSE, el «compromiso» de que el impuesto «entre en vigor» en 2023 y «tenga efectos» también este año. Son varias las implicaciones de la entente a la que llegaron el lunes los interlocutores del EBB –los responsables de Relaciones Institucionales y Organización, Koldo Mediavilla y Joseba Aurrekoetxea– y sus homólogos en la ejecutiva socialista, Miguel Ángel Morales y Begoña Gil, con la que pretenden lanzar, subrayan ambos, un mensaje de «estabilidad» y «tranquilidad» en puertas de las elecciones de mayo. La más relevante e inmediata, que queda prácticamente descartado que el impuesto tenga carácter retroactivo y se aplique a los patrimonios declarados a fecha del 31 de diciembre de 2022. La cuestión no es baladí ya que, a expensas de que el tributo pudiera transformarse en permanente si Pedro Sánchez se mantiene en La Moncloa, en principio es una figura ideada para aplicarse durante dos años. De este modo, en Euskadi estaría en vigor sólo para 2023, una solución salomónica que permite salvar la cara al PSE –que sentía la presión de los barones del partido para que Euskadi no proyectara una imagen de «impunidad fiscal» o de alineamiento con los planteamientos de Isabel Díaz Ayuso– y al PNV, al quedar salvaguardada, recalcan en Sabin Etxea, la «seguridad jurídica» para garantizar que «mucho o poco, nadie pague dos veces».

La afluencia de dinero en las arcas públicas alcanzó tal intensidad el pasado año que el Gobierno vasco pudo aplicar un recorte extremo a sus necesidades de endeudamiento. En los Presupuestos aprobados por el Parlamento de Vitoria para 2022 se había contemplado una emisión total de deuda de 1.497 millones de euros, pero solo se lanzaron bonos por un importe de 497. El exceso de liquidez que ha generado el crecimiento de los impuestos ha permitido a la Administración vasca ahorrarse 1.000 millones de euros en deuda. Aunque los datos concretos de liquidación de las cuentas públicas de 2022 no se conocerán probablemente hasta el próximo mayo, ya es evidente que el año terminó con superávit. Esto es, con más ingresos que gastos. Incluso, finalizó el año con una reducción de deuda viva, tras haber amortizado 787 millones de emisiones realizadas en el pasado. La evolución de los ingresos por impuestos fue espectacular el pasado ejercicio, con un claro impulso del IRPF por el buen tono del empleo, pero con un aliado coyuntural en el Impuesto sobre el Valor Añadido. La inflación, en el corto plazo, siempre juega a favor de Hacienda porque el aumento de precios también se traduce en una escalada de un tributo que es proporcional. A precios más elevados, impuesto más alto.

Euskadi cerró el cuarto trimestre de 2022 con un crecimiento del PIB del 0,2%, igualando la media estatal, según se desprende de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este estudio indica que la Comunidad de Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Murcia y Castilla y León terminaron el 2022 con un crecimiento del PIB en tasas intertrimestrales superior al de la media nacional, que se sitúa en el 0,2%. Por su parte, en términos interanuales, se observa cómo Canarias, Baleares, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Catalunya terminaron el 2022 con un crecimiento del PIB en tasas interanuales superior al de la media nacional, que se sitúa en el 2,7%. En concreto, la AIReF coloca a Canarias con un crecimiento interanual del 4,2%, seguida de Baleares (3,5%); Madrid y Murcia (3,2%); Castilla-La Mancha (2,9%); y Andalucía y Catalunya (2,7%). Por debajo de la media nacional, la AIReF sitúa a Navarra (2,5%); Castilla y León (2,4%); Comunidad Valenciana y Euskadi (2,1%); La Rioja y Extremadura (2%); Galicia (1,9%); Aragón (1,8%); Cantabria (1,7%) y Asturias (1,3%).

La economía española es un motor a varias velocidades, tantas como comunidades autónomas existen, con fluctuaciones en sus tasas de crecimiento que difieren notablemente de unas a otras. La Airef publicó ayer su estimación por regiones del PIB del cuarto trimestre, que de acuerdo con los datos del INE, creció un pírrico 0,2%. Un desglose que permite hacerse una idea de qué autonomías tiraron del carro de la economía en la recta final del año y que, según la Autoridad Fiscal, fueron lideradas por Madrid y Navarra, con tasas de crecimiento trimestral del 0,4% en ambos casos. También por encima de la media crecieron Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Murcia y Castilla y León, con avances en todos los casos del 0,3%. Al otro lado de la balanza, entre las economías que menos crecieron o que, directamente, se estancaron, figuran la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias y Extremadura, cuyos PIB mostraron encefalogramas planos (0%), mientras que Cataluña, País Vasco y Cantabria crecieron un 0,2%; y Aragón, Baleares y La Rioja, un 0,1%. En tasa interanual, fueron las regiones más turísticas las que encabezaron el ránking: Canarias (+4,2%) y Baleares (+3,5%), seguidas por Madrid, con un alza del 3,2%. Cataluña creció un 2,7%. Asturias, Cantabria y Aragón fueron las que menos crecieron: 1,3%, 1,7% y 1,8%.

quinto del mundo, con 1.200 megavatios (MW) de potencia instalada, según ha informado la compañía. La mayor fotovoltaica en España, también de Iberdrola, es de 500 MW. La de Portugal estará ubicada en el municipio Santiago de Cacém, cerca de Sines, y contará con Prosolia Energy como socio. Cuando entre en operación, prevista en 2025, la planta, denominada Fernando Pessoa en consideración al poeta portugués, será capaz de suministrar energía limpia, barata y generada localmente suficiente para cubrir las necesidades anuales de unos 430.000 hogares, una población equivalente a casi dos veces la ciudad de Oporto. La instalación, cuya conexión de red ya está contratada con el operador portugués REN, evitará cada año el consumo de 370 millones de metros cúbicos de gas, que hubieran sido necesarios para producir la misma cantidad de energía en un ciclo combinado. El terreno que albergará el proyecto ya ha sido asegurado, y la construcción generará 2.500 empleos, ocupados en su mayoría por trabajadores locales. “La instalación solar Fernando Pessoa marca un nuevo hito en Europa al combinar las ambiciones en energías limpias con la generación de impactos positivos y tangibles tanto medioambientales como sociales. Tenemos que reducir nuestra exposición a los combustibles fósiles. Estamos orgullosos de continuar comprometidos con la construcción de nuevas infraestructuras energéticas limpias en Portugal, como ya hicimos con la gigabateria del Tâmega”, ha resaltado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Ver nota Iberdrola. 

Los fabricantes de coches están en pie de guerra contra la normativa de emisiones Euro 7 que la UE pretende que entre en vigor a partir de 2025. Luca de Meo, consejero delegado de Renault y presidente de ACEA (la patronal europea de automovilísticas), aseguró ayer que la norma, que aún no ha sido aprobada, puede derivar en el cierre de fábricas en el Viejo Continente. En el caso de Renault, el directivo señaló que podría suponer echar el cierre a “cuatro plantas”. “Y solo estoy poniendo el ejemplo de un fabricante”, añadió De Meo. El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea hizo una nueva propuesta de normativa Euro 7 que resultó ser menos dura de lo que se había tratado en un principio, después de que las automovilísticas pusiesen el grito en el cielo ante unos objetivos de emisiones que consideraron demasiado ambiciosos. “Es un problema de plazos, porque la norma definitiva no se conocerá antes de 2024 (...) y solo se aplicará durante pocos años, porque en 2035 ya se prohibirá la venta de vehículos de combustión”, explica Anfac, la patronal española de fabricantes de coches (está dentro de ACEA). Tal y como está actualmente, la Euro 7 establecerá un límite de 60 miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro para turismos y furgonetas, ya sean diésel o gasolina. En el caso de la gasolina no hay cambios respecto a la Euro 6, pero para el diésel supone un endurecimiento de los requisitos de emisiones de 20 miligramos, ya que a día de hoy está en 80. También se espera un endurecimiento de los rangos de emisiones para los vehículos industriales.

El Gobierno podrá prolongar hasta 2028, tres años más de lo previsto actualmente, el gasto por parte de las empresas de las ayudas al sector del automóvil que articula a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), tal y como le demandaban los fabricantes. La Comisión Europea le trasladó la semana pasada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la aceptación de su propuesta, de forma que los cambios podrán ser incluidos en la segunda convocatoria del esquema de ayudas que está previsto lanzar en marzo o, a más tardar, en abril, según confirma el secretario general de Industria, Francisco Blanco: “Ya han dicho que sí y han aprobado todo lo que les demandamos”, aseveró. El alargamiento del calendario de ejecución de ayudas era la medida más importante que estaba sobre la mesa de negociación entre el Gobierno y Bruselas en lo que respecta al sector del automóvil. Algunos fabricantes demandaban más margen para poder introducir sus planes de inversión, después de ver cómo el tope que marcaba la primera edición del PERTE, finales de 2025, los dejaba fuera. 

Los bancos y las compañías eléctricas tendrán que abonar ya este mes el pago anticipado de los nuevos impuestos que el Gobierno ha instaurado sobre sus respectivos sectores. La fecha de inicio era este miércoles 1 de febrero, aunque se ha producido un retraso en la tramitación de las nuevas figuras que podría retrasar «unos días» el proceso, según el propio Ministerio de Hacienda. Pero en cualquier caso, el abono inicial es inminente, y por lo tanto el inicio de la batalla judicial que van a plantear las empresas afectadas. Iberdrola, Endesa, Cepsa o Repsol han apuntado, en algún momento y de forma oficial u oficiosa, un frente legal contra el impuesto a sus ingresos. En los corrillos de las consultoras y los despachos de abogados se da por hecho que petroleras y eléctricas ganarán una batalla que se prevé que se extienda durante años. «Esperamos que el aluvión de recursos comience pronto», confirman fuentes legales. «La estrategia jurídica definitiva está todavía en la cocina de las energéticas, pero todas buscarán convencer al juez de que el gravamen es inconstitucional», añaden. Los equipos jurídicos de eléctricas y petroleras atacarán el real decreto del gravamen por los flancos que presenten mayor debilidad, «aunque no sean los más lesivos». Se espera que el sector cargue contra la inequidad del impuesto, dado que el Gobierno ha limitado el tasazo a un grupo determinado de empresas excluyendo, por ejemplo, a energéticas europeas que operan en el país como la italiana Eni o la francesa Engie. Otro argumento del sector será la falta de proporcionalidad de la norma: las empresas alegarán que la tasa es superior al margen de algunas de sus áreas de negocio.

La economía europea se debate entre la esperanza de una crisis más suave de lo que se preveía semanas atrás y el temor a que la realidad, siempre tozuda, agrie ese giro en las expectativas ante unos datos que, si bien han empezado a mostrar síntomas de mejoría, siguen deparando sorpresas negativas. Entre ellas, el tropiezo de Alemania en el cuarto trimestre, con una contracción del PIB del 0,2%, en lugar del estancamiento que se había anticipado, situando a la locomotora germana al filo de la recesión técnica si se cumplen los pronósticos de una nueva caída en este primer trimestre. El resbalón germano, cuya economía representa alrededor del 20% del PIB de la UE, nubla el horizonte a corto plazo en la región, porque si Alemania estornuda, toda Europa se resfría. Así lo muestran los datos de Eurostat, que ayer corroboró el frenazo económico de la región en el cuarto trimestre de 2022, con un anémico crecimiento del 0,1% en la zona euro y del 0% en el conjunto de la Unión Europea. La palabra es estancamiento y ello a pesar de que el dato promedio está edulcorado por el fuerte crecimiento registrado por Irlanda, un 3,5% trimestral, a lomos de las numerosas multinacionales instaladas en la isla por sus ventajas fiscales. Aunque ese dato es suficiente para aportar algunas centésimas al crecimiento global y maquillar así tibiamente un cierre de año aciago (el peso de Irlanda en el PIB europeo no es muy grande), no lo es para ocultar el mal de fondo que aqueja a la eurozona por la crisis energética, la guerra en Ucrania y la tormenta inflacionista. “Hay muchos indicios de que la zona euro experimentará un periodo de debilidad durante el invierno”, advirtió ayer Martin Moryson, economista jefe de la firma de inversión alemana DWS.

España crecerá por encima de la media de los países de su entorno, alrededor del 1,1%, aunque en su caso las previsiones han empeorado. Las cifras para Italia figuran entre las que más han progresado. Tras la última revisión, su PIB mejorará un 0,6%, frente a la caída del 0,2% que se estimaba antes. Alemania también regresa al crecimiento, al mejorar cuatro décimas –se prevé que termine el año con un modesto 0,1%–. Francia se mantiene estable en el 0,7%. La eurozona no es la única que mejora. En general, el FMI ha revisado al alza sus previsiones para el conjunto de la economía mundial al considerar que “los riesgos adversos se han moderado”. Según sus cálculos, 2023 podría cerrarse con un avance del 2,9% (dos décimas más de lo que se estimaba en octubre), para llegar al 3,1% en 2024. Entre las grandes economías occidentales, destaca EEUU, con un crecimiento previsto del 1,4% (ha mejorado cuatro décimas). Aun así, el FMI recordó ayer que “la subida de los tipos de interés de los bancos centrales para combatir la inflación y la guerra de Rusia en Ucrania continúan lastrando la actividad económica”. En el caso de EEUU, por ejemplo, su PIB podría recortarse hasta el 1% en 2024, tras el 1,4% previsto para este año. Por el contrario, destacó que en la mejora de las previsiones ha sido clave la reapertura de China tras el levantamiento de las restricciones impuestas en su lucha contra el Covid. El gigante asiático será uno de los motores de 2023, al impulsar su economía un 5,2%, frente al 3% del año pasado. Con un 6,1%, India será otro de los polos de la recuperación en los mercados emergentes.

El primer viaje de un Boeing 747, el 22 de enero de 1970, no empezó muy bien. Lo hizo con retraso, debido a un problema mecánico. Era como si el avión quisiera jugarle una última mala pasada al mayor fabricante aeroespacial del mundo. Boeing, cuyo presidente, William Allen, se había jugado literalmente la empresa para sacarlo adelante al apostar por un avión que, según sus críticos, era obsoleto en el momento de su nacimiento, y que había costado a la compañía una fortuna tal que la supervivencia del proyecto estuvo en mas de una ocasión en peligro. Nadie pensaba entonces que la última unidad de ese avión sería entregada el 31 de enero de 2023. Entre otras cosas, porque en 1970 se daba por hecho que todos los aviones del futuro serían, en el peor de los casos, supersónicos, y en el mejor, naves espaciales para viajar a otros planetas. Han pasado 53 años, 7 meses y dos días, y el último Boeing 747, apodado en su época de gloria de los setenta Jumbo (que significa enorme) y, también, Reina del Cielo fue entregado ayer a la aerolínea de transporte neoyorquina Atlas Air. Era la unidad número 1.574 de este gigante de los cielos que ha marcado la historia de la aviación civil y que es, de hecho, el octavo avión de pasajeros con más naves construidas además de, posiblemente, el más elegante gracias a su particular configuración que le hace tener una especie de cabeza en la proa. No tiene, por lo tanto, el aspecto de supositorio gigante de sus rivales.

Los sindicatos franceses volvieron a protagonizar ayer una nueva jornada de lucha en su pulso contra la reforma de las pensiones que persigue el presidente, Emmanuel Macron. En la segunda gran convocatoria de huelgas y manifestaciones exigieron la retirada del proyecto estrella del actual inquilino del Elíseo y anunciaron futuras protestas para el próximo martes 7 y el sábado 11. Macron quiere elevar progresivamente la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a los 64 en 2030 y fijar en 43 años el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa. Según la prefectura de policía, 1,3 millones de franceses salieron a las calles de todo el país para manifestar su oposición. De este montante, 87.000 lo hicieron en París. El sindicato CGT, convocante de las marchas, reivindicó 2,8 millones de manifestantes, entre ellos 500.000 capitalinos. El 19 de enero, día de la primera movilización, también hubo baile de cifras: 1,2 millones de manifestantes, según la Policía, y 2 millones, para las centrales.

«Nosotros no vamos a concertar centros que separen por género». Con esta rotundidad afirmó ayer el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que el Gobierno vasco dejará de financiar con dinero público a los seis colegios privados en Euskadi, todos ellos del Opus Dei, en los que chicos y chicas no comparten las aulas. Bildarratz indicó que el Departamento que encabeza está manteniendo ya reuniones con los centros para comunicarles la modificación de criterios a la hora de otorgar los fondos. Para poder recibirlos será requisito indispensable que sean mixtos. Esto es algo que figura en la Lomloe y es, reiteró el consejero, voluntad tanto del Gobierno vasco como del Parlamento de Vitoria, expresada en el pacto educativo. Según detallaron fuentes de la consejería, esta medida se comenzará a aplicar de forma «progresiva» a partir «del próximo curso». Esto quiere decir que no se cortará de golpe en septiembre la financiación pública a aquellos colegios en los que solo haya alumnos de un género. Tendrán un plazo de hasta tres años para adaptarse si quieren mantener la concertación. Si no lo hacen dentro de este margen temporal recogido en la ley, sí que perderían la ayuda pública de forma definitiva y pasarían a ser totalmente privados, lo que presumiblemente se traduciría en un incremento de las cuotas que abonan las familias de los alumnos.

El Legislativo de Vitoria recupera el pulso –mañana habrá pleno ordinario; el viernes, sesión de control al Gobierno; y la semana que viene se reanudarán las comisiones y ponencias– con nueve proyectos de ley en plena tramitación a la espera de ser ratificados; entre ellos, la nueva norma de Salud Pública, la de Memoria Histórica y Democrática, y la de Movilidad Sostenible. Todos ellos tienen la luz verde asegurada gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, que a lo largo de esta legislatura han conseguido llevar 23 leyes al Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). En la mayoría de los casos, además, con la abstención o el voto a favor de alguno de los cuatro grupos de la oposición: EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox. Esa plácida mayoría aritmética que suman jeltzales y socialistas, en todo caso, pretende ensancharse de cara a uno de los proyectos estrella de la tercera legislatura de Iñigo Urkullu: la Ley de Educación. Tras acumular varios retrasos, el Consejo de Gobierno prevé aprobar el proyecto en el primer trimestre de este año –antes de abril–, por lo que, si no hay nuevas dilaciones, el texto deberá registrarse en el Parlamento vasco durante este nuevo periodo de sesiones, que termina el 30 de junio. La futura norma, de la que todavía se están elaborando los últimos borradores, encuentra su base en el «histórico» pacto educativo que sellaron en abril PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. La pugna electoral y las diferencias de enfoque entre los partidos tendrán igualmente su reflejo en la negociación de otras leyes que llegarán a la Cámara en los próximos meses. Las más destacadas, la del Sistema Vasco de Empleo y, sobre todo, la de Transición Energética y Cambio Climático. Este último proyecto, dependiente de la cartera liderada por Arantxa Tapia, ha ganado relevancia por los efectos derivados de la invasión rusa de Ucrania.