20230509

Según los últimos datos disponibles, los de marzo del Ministerio de Trabajo, las empresas vascas ya están pactando subidas medias del 4% para este año. Además, también están apostando por diferir la carga actual del IPC en ejercicios posteriores, que es la segunda clave del acuerdo. Ese nivel del 4% fijado en el acuerdo de Madrid toma como referencia las previsiones que manejan prácticamente todos los analistas. El IPC se situó en abril en el 4,1%, ocho décimas más que en marzo, y se espera alguna subida adicional en lo que queda de año, que se verán compensados por algunos descensos. De modo que se estima que en diciembre se alcanzará ese listón de cuatro puntos porcentuales. Además, el acuerdo entre sindicatos y patronal recomienda incluir en los convenios una cláusula adicional para una subida extra del 1% en el caso de que la inflación desborde el 4%. De modo que la subida máxima aconsejada es del 5%. De momento, en el primer trimestre del año la negociación colectiva está dando frutos en Euskadi y avanza en el capítulo salarial por delante del Estado. Los datos del Ministerio apuntan a una subida media hasta marzo del 3,77% en la CAV y del 4,1% en Navarra. La media estatal apenas supera el 3%, pero donde más se nota la diferencia es en los convenios de empresa. El presidente del Consejo vasco de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, afirmó hace unas semanas en una entrevista publicada en Grupo Noticias que sindicatos y empresarios están encontrando en la Comunidad Autónoma Vasca soluciones a la subida de los precios. El metal vizcaíno cerró hace unos meses con la firma de LAB, CCOO y UGT de un acuerdo con una subida del 4% este año y del 2% y del 2,5% para 2024 y 2025. Es decir, del 8,5% frente al 10% estatal para todo el periodo, si bien, se aprobó también una subida del 6,5% con carácter retroactivo para 2022.

El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) alcanzado el pasado viernes entre la CEOE y los sindicatos CC OO y UGT tendrá una incidencia más relativa en Euskadi, por no decir escasa, en la medida en que las mayorías sindicales son otras y ELA y LAB, que aglutinan el 60% de la representación sindical, han denostado este pacto, por considerar que «no garantiza la recuperación del poder adquisitivo». En el caso de Gipuzkoa, los acuerdos suscritos en lo que llevamos de año superan el listón del 4% de incremento salarial marcado por el acuerdo estatal como guía para la negociación colectiva. Así lo corroboran los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), a los que ha tenido acceso este periódico, a cierre de marzo. Y es que en los convenios suscritos en estos tres primeros meses en nuestro territorio se recoge una subida salarial media del 4,16%. En los acuerdos sectoriales, el incremento de los sueldos pactados es del 4% y en los de empresa, ligeramente superior, del 4,21%. Cabe recordar que la negociación colectiva está siendo fructífera en este arranque de año en nuestro territorio, en lo que respecta a los convenios sectoriales, ya que tan solo en el mes de abril se han acordado tres pactos provinciales, entre ellos, uno de gran relevancia, como es el de Hostelería, que afecta a 17.000 trabajadores y que estaba decaído desde 2010. A este se suma el de Alimentación, que aglutina a 6.000 trabajadores, y el de Pastelerías y Confiterías, de menor impacto.

El presidente del CRL, Tomás Arrieta, explica que la incidencia del acuerdo salarial en Euskadi es más relativa, ya que en la mayoría de los convenios se requiere del concurso de ELA o LAB, que no lo suscriben. " Respecto a Euskadi, ni ha sido ni será suscrito por ELA y LAB, que tienen mayoría sindical, y en la mayoría de los convenios se necesita del concurso de alguna de estas dos organizaciones. Por lo tanto, la incidencia en el País Vasco es mucho más relativa que en el conjunto del Estado, porque la traslación a los convenios vascos es muchísimo más difícil... La negociación colectiva en Euskadi está sabiendo encontrar fórmulas para hacer frente a ese escenario complejo e inédito y hallar soluciones...Con datos a cierre de marzo se superará el 40% de acuerdos renovados. El dato es bueno. De los mejores de los últimos cinco años. Además, la tendencia es buena, ya que se está acelerando el ritmo de negociación de convenios. Se puede decir que son razonablemente positivos...Cada sindicato tiene sus estrategias y los procesos negociadores tienen sus dinámicas. Pero en lo que respecta a la conflictividad hay tres elementos medibles como son el número de huelgas, los trabajadores afectados y las jornadas perdidas. El año pasado, por ejemplo, la huelga del Metal de Bizkaia disparó las cifras, por su dimensión. Pero en lo que llevamos de 2023 las jornadas perdidas han disminuido..."

Entrevista con el presidente de CEOE Antonio Garamendi . "Es un acuerdo equilibrado, que es bueno para la estabilidad del país, es un buen acuerdo para España. Siempre he dicho que la primera infraestructura del país es la paz social y con este acuerdo queda garantizada para 2023, 2024 y 2025. Además, se lanza un mensaje muy potente: que los empresarios y los sindicatos hemos vuelto a ser responsables...El AENC no es un convenio colectivo, es una guía; y nosotros respetamos profundamente la fuerza legal y normativa de los convenios. Por ello, eso (la recuperación del poder adquisitivo) se hablará en cada sector, territorio o empresa, nosotros nos hemos centrado en 2023, 2024 y 2025; pero, luego, cada mesa de negociación de convenios decidirá qué hace...Me gustaría destacar que, además del capítulo salarial, este acuerdo abarca otros muchos temas. Por ejemplo planteamos (a las Administraciones públicas) qué pasa con la necesidad de indexar los contratos públicos, porque ha subido mucho el salario mínimo. También exigimos al Gobierno que hay temas que debe llevar al diálogo social y no aplicarlos directa y unilateralmente por ser legislación europea. Es el caso, por ejemplo, de algunas cuestiones de teletrabajo o de desconexión digital. Y otra cosa muy importante que hemos incluido es la incapacidad temporal...La parte de absentismo de la persona que no va a trabajar porque no quiere se resolverá con sanciones disciplinarias, pero sí es importante que hemos acordado con los sindicatos abordar que las bajas han crecido un 28%. Hay que explorar mejoras en los plazos y los tiempos en las pruebas y tratamientos, porque hay un agujero de más de 2.000 millones que se pueden ahorrar. En segundo lugar, hay que ver cómo se agilizan, con las mutuas, al menos las lesiones traumatológicas porque hemos detectado que el cuello de botella son las pruebas de atención primaria. Y, en tercer lugar, instamos al Estado y a las comunidades autónomas a que determinemos cómo podemos ayudar a que la gente se recupere antes. Con el hecho de que ya se admita por primera vez que existe este problema y que entre todos podemos arreglarlo, ya rompemos esa mecánica de decir que un señor no va a trabajar porque no quiere..."

La CEOE tomó la delantera a los sindicatos y dio su visto bueno al pacto salarial poco después de ayer a mediodía. Pero este acuerdo, que ha tenido una «dificultad» extra por el actual «contexto de máxima incertidumbre», no trata solo de salarios, sino que incluye toda una batería de medidas que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como la regulación de los contratos temporales y fijos discontinuos, el teletrabajo, la desconexión digital, la jubilación parcial, los planes de empleo… entre otras muchas materias que se recogen en un completo documento de 32 páginas. Una de las medidas estrella del documento –dejando a un lado el tema de los salarios– es actuar contra el elevado absentismo que se registra en los trabajadores españoles: cada día faltan a su puesto más de un millón de personas. Por eso, el nuevo AENC exhorta a «establecer líneas de actuación» para reducir el número de procesos de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes y su duración. Para ello, se permitirá que las mutuas puedan realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en las bajas laborales de origen traumatológico, según consta en el texto. De esta forma, se insta a las administraciones a activar ámbitos tripartitos nacionales y autonómicos para analizas las causas, incidencia y duración de las bajas laborales, así como estudiar el impacto que la respuesta del Sistema Nacional de Salud tiene en los procesos de IT. Esta era una de las principales reivindicaciones de los empresarios, introducir fórmulas eficaces del control del absentismo, aunque finalmente no han conseguido que las mutuas también puedan gestionar las bajas laborales, pero al menos sí que puedan agilizar los procesos para ofrecer asistencia de forma más rápida que la Seguridad Social. 

Las empresas y sectores podrán adaptar las condiciones salariales propuestas por la patronal y los sindicatos, en función de su situación, resultados o el impacto que tenga en sus costes una subida del salario mínimo interprofesional. En todo caso, el objetivo prioritario de la política salarial debe ser el mantenimiento y la creación de empleo. Es decir, que una empresa o sector, de acuerdo con sus trabajadores, puede decidir congelar los salarios o subir menos de lo que dice el acuerdo interconfederal para la negociación colectiva si, con ello, puede mantener o incluso crear empleo. Y, además, es muy importante que, por primera vez, un pacto de estas características tiene en cuenta el impacto del salario mínimo interprofesional para poder subir, o no, los salarios. Este último punto se debe a la voluntad de CEOE y Cepyme que, con ello, advierten a los sindicatos y al próximo Gobierno de las consecuencias de seguir subiendo el SMI sin contar con los empresarios. Sobre todo, para los autónomos, las pequeñas y medianas empresas. Todo esto se recoge en uno de los párrafos más importantes del V acuerdo para la negociación colectiva, que ayer adelantó Expansión.com, y que respaldaron las direcciones de CEOE y UGT. Se espera que la Ejecutiva de CCOO lo apoye hoy.

La patronal y los sindicatos han acordado “potenciar desde los convenios fórmulas de jubilación gradual y flexible para facilitar el tránsito desde la vida activa al retiro laboral”. Con ello, los agentes sociales contradicen uno de los cambios que hizo José Luis Escrivá en la regulación de la jubilación en los convenios. Dentro del primer paquete de la reforma de las pensiones, Escrivá pactó con los agentes sociales retrasar desde los 65 a los 68 años la jubilación voluntaria del trabajador y con todas las condiciones para cobrar toda la pensión. Y, además, a cambio, la empresa debe sustituir por nuevo empleo a ese trabajador o trabajadores. Con ello se suprimió la capacidad de la negociación colectiva de autorizar a las empresas a jubilar a los trabajadores con 65 años, siempre que lo pactase el convenio. CEOE, particularmente, está interesada en tener flexibilidad para adelantar la jubilación de los trabajadores, con el fin de que las empresa puedan rejuvenecer plantillas y reducir costes. De todas maneras, como señalan las patronales y los sindicatos en el acuerdo, el Gobierno debe cumplir su compromiso de abrir un proceso de negociación sobre la jubilación parcial y el contrato de relevo. Escrivá ha anunciado que en las próximas semanas discutirá estos temas con los agentes sociales y nuevos incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria.

Jamás habían nacido menos niños en un año en Euskadi en el último medio siglo. El histórico desplome de la natalidad revelado ayer por el Eustat registró 644 alumbramientos menos el año pasado y, lo que es peor, una caída por debajo de la marca psicológica de los 14.000. Los expertos cuestionan que las ayudas sean la solución y avisan que el País Vasco entra en una alerta demográfica máxima, que «podría cambiar de ciclo hacia 2030». El «desequilibrio demográfico» que padece Europa golpea especialmente a Euskadi desde hace décadas. Lo ha reconocido en más de una ocasión el Gobierno vasco, que desde el pasado año está desplegando un amplio paquete de medidas con las que pretende frenar la sangría poblacional. La realidad es que somos una de las regiones con la esperanza de vida más alta a nivel europeo, con la emancipación juvenil más tardía y en la que la tasa de hijos por mujer es más baja. Y el descenso de la natalidad, una tendencia imparable desde la generación del ‘baby boom’, no ha hecho sino agravarse en la última década, encadenando caídas un año tras otro. En 2022 se tocó de nuevo suelo: por primera vez desde que hay registros (1975), nacieron en la comunidad autónoma menos de 14.000 niños. La cifra provisional que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) publicó ayer habla de apenas 13.613 bebés, 644 menos que en 2021, hasta ahora el ejercicio con menos alumbramientos. Unai Martín, miembro del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico OPIK de la UPV/EHU, antes de valorar hacia dónde vamos, explica de dónde venimos. En 1994 se alcanzó la tasa más baja de hijos por mujer, 0,9.

Las diputaciones forales vascas mantendrán la incertidumbre sobre la aplicación del nuevo impuesto a las grandes fortunas hasta finales de año. Así, confirman fuentes de la Administración foral, la normativa que regulará la aplicación de este nuevo tributo en Euskadi llegará un año después que la legislación del Estado que, en principio, ha aprobado su aplicación de forma transitoria para los ejercicios de 2022 y 2023, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que se puede prorrogar. En ausencia de detalles sobre cuál será el calado real y los efectos de su aplicación en Euskadi, los expertos en materia fiscal ya descartan que pueda exigirse con carácter retroactivo el pago de las cantidades correspondientes a 2022. «El Gobierno vasco no aplica impuestos, lo hacen las diputaciones y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esto es, concertarlo con el Estado. A partir de ahí es una responsabilidad del las diputaciones», señaló el pasado viernes en el Parlamento vasco el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. En el resto de comunidades autónomas de España el periodo de declaración comenzará el próximo 1 de julio y finalizará el último día de ese mes. En Euskadi, sin embargo, no habrá declaración porque no hay normativa aplicable. «En relación con las dudas sobre si se puede aplicar con carácter retroactivo es una cuestión de juristas y no me voy a meter ahí», apuntó el consejero, que meses atrás en una rueda de prensa se mostró partidario de exigir el pago correspondiente a 2022. «Es imposible y está totalmente descartado que se pueda exigir el pago de 2022», asegura Margarita Bidegorri, socia de la firma Barrilero y experta en derecho tributario. «Otra cosa será el de 2023 si se consigue aprobar la norma aunque sea a finales de año», añade.

Con las clases a punto de terminar, la Formación Profesional se prepara para el curso 2023-24 y lo hace reforzándose. Así, el próximo septiembre la FP vasca ofertará casi 4.000 plazas más en sus diferentes titulaciones y grados para poder atender la creciente demanda tanto de estudiantes como de las propias empresas para poder cubrir puestos de trabajo que a día de hoy están vacantes. Esto supone un incremento del 11,47% de ofertas respecto a los datos de este curso 20222023. Además, se alcanzará una cifra récord de 59.910 plazas formativas. Estas surgen como medida para «paliar la demanda» que existe en los sectores industriales y de servicios «ante la falta de relevo, especialmente en áreas relacionadas con la informática y la salud», según apuntó Jorge Arévalo, viceconsejero de FP. Por niveles, habrá 465 plazas nuevas en ciclos de Grado Básico, 875 en ciclos de Grado Medio, 1.840 en ciclos de Grado Superior, y 740 plazas nuevas en cursos de especialización, ya que de cara al nuevo curso se ofrecen nueve cursos de especialización nuevos. De las 3.920 nuevas plazas, los cursos de electricidad electrónica e informática y comunicaciones serán los más reforzados con 810 y 765 nuevas plazas, respectivamente. 

Ingeteam ampliará su planta situada en Milwaukee (Estados Unidos), dedicada hasta ahora a la fabricación de componentes eólicos y solares, para fabricar cargadores de vehículos eléctricos para el mercado norteamericano, consolidando así su internacionalización, según informó ayer la compañía. En concreto, el grupo llevará a cabo una ampliación de 13.000 metros cuadrados para atender la fuerte demanda que este tipo de productos tendrán en los próximos años en el mercado estadounidense, que se ha cifrado en una red nacional de 500.000 puntos de recarga. La Administración de Joe Biden anunció que llevará a cabo un importante despliegue cargadores de vehículo eléctrico a lo largo de sus autopistas. Con esta ampliación de la planta, las nuevas líneas de producción de cargadores para vehículo eléctrico de Ingeteam en Estados Unidos tendrán una capacidad de producción superior a 13.000 unidades al año. Se trata de cargadores desde 7,5 kilovatios (kW) hasta 420 kW, que cumplirán con los altos estándares de calidad y requisitos marcados por Buy America de la Federal Highway Administration (FHWA). Se prevé que la fabricación se inicie en el segundo semestre de este año.

Repsol sigue adelante con sus proyectos en eólica terrestre en España. La multinacional energética ha adjudicado a Siemens Gamesa (SG) el suministro de 40 turbinas con una capacidad global de 200 MW. El importe del contrato ronda los 40 millones de euros, según fuentes del sector. Los aerogeneradores, del modelo SG 5.0-145, equiparán media docena de parques eólicos de Repsol en el país. Cuatro de esos complejos renovables se ubicarán en Palencia. Estarán equipados con 28 turbinas con una potencia total de 140 MW. Otros dos parques se implantarán en Zaragoza, con una docena de aerogeneradores que aportarán 60 MW. Siemens Gamesa realizará el mantenimiento de ambos complejos durante cinco años, según el acuerdo alcanzado con Repsol. Cuando estén en funcionamiento podrán cubrir la demanda de energía eléctrica de 160.000 hogares. Y de paso, evitarán la emisión de 540.000 toneladas de CO2. Según el plan de Siemens Gamesa, la mayoría de los componentes de las 40 turbinas se fabricarán en España, por parte de la propia filial de Siemens Energy (SE) y de sus proveedores. Se trata de torres, palas y nacelles, entre otros equipos. En concreto, las nacelles serán ensambladas en la planta del grupo eólico en Ágreda (Soria). La producción de las multiplicadoras se llevará a cabo en una planta de Gipuzkoa (Asteasu) y en las dos que posee en Burgos (en la capital de la provincia y en Lerma).

La mayor petrolera española, Repsol, se dispone a anunciar en las próximas horas la compra del 50,01% de la séptima eléctrica de Espala —CHC Energía— a CIDE, la patronal de las pequeñas distribuidoras eléctricas. La operación, que está previsto que reciba hoy el visto bueno de la junta de accionistas de CIDE, permitirá a la empresa que dirige Josu Jon Imaz sumar 356.000 nuevos clientes, según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 1,7% de los contratos activos en el mercado libre de la luz. De esta forma, la cuota de Repsol pasará del 4,9% actual al 6,6%. Se mantendrá como la cuarta mayor comercializadora, pero cada vez más cerca de Naturgy, que cuenta con 2,4 millones de clientes, el 11,8% del total. La operación permitirá a la empresa que preside Antonio Brufau consolidar el negocio de CHC en sus cuentas de resultados y superar dos años antes de lo previsto en su plan estratégico el objetivo de dos millones de clientes de luz y gas. Y llega en un momento en el que tanto la compañía como prácticamente todos sus competidores tratan de sacudirse la etiqueta de petrolera para convertirse en una “multienergética”: una empresa con intereses mucho más allá de lo fósil, que busca las cero emisiones netas de su negocio para mediados de siglo. El pacto garantiza la continuidad del equipo gestor, con la directora general Mariola Martínez Herrera al frente. E incluye un acuerdo de gobernanza que garantiza que cualquier decisión estratégica sobre la compañía tendrá que tener el visto bueno tanto de Repsol como de CIDE. El presidente de esta última es el jefe de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva.

Los vascos no tienen miedo a que la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial o los robots les ‘roben’ su puesto de trabajo en los próximos lustros. Es más, la mayoría cree que los avances crearán más empleo del que puedan llegar a destruir. Al tiempo, tienen claro que sus empresas son potentes en ese capítulo, bastante más que las del resto del Estado, y advierten de que la inversión pública en I+D no es hoy tan intensa como debiera. De la misma manera, y quizás por esa percepción más próxima y cotidiana de la ciencia, Euskadi se muestra mayoritariamente convencida de que no nos estamos preparando lo suficiente para el desafío que se nos presenta y que la formación que actualmente se ofrece a los más jóvenes en ese aspecto es insuficiente. Estas son algunas de las conclusiones más importantes de la VI Encuesta de la Percepción Social de la Innovación de la Fundación Cotec, realizada en colaboración con Sigma Dos y presentada ayer para todo España en el Hotel María Cristina de Donostia, de la mano de Fomento San Sebastián. La presidenta de la Fundación Cotec, la donostiarra Cristina Garmendia, no ocultó su satisfacción por dar a conocer el informe en su ciudad y, sobre todo, al explicar que el País Vasco es un referente en innovación. «Se nos reconoce como un lugar innovador, y los datos así lo avalan», dijo. En ese sentido, Garmendia puso como ejemplo el que en los últimos tres años el número de lo que conoce como ‘empresas gacela’ (aquellas de muy rápido crecimiento) había aumentado en 23, dando empleo a 800 personas. «Tenemos en Donostia un sistema maduro de apuesta por la ciencia y la innovación que ya está dando frutos», señaló. «Y no hablamos solo de empresas innovadoras que crean emprendedores de aquí, sino también de aquellas de fuera que nos han elegido para instalarse», añadió.

Los mensajes de alerta sobre los movimientos en las cuentas corrientes y pagos con tarjeta sirvieron para evitar el éxito de muchos de los intentos de ciberfraude, que se dispararon un 58% del primer al segundo semestre del pasado año. Ante la profusión de estas prácticas y el éxito de la detección mediante aviso, se han disparado los mecanismos de control que acumulan casi 43 millones de mensajes de advertencia sobre operaciones en los tres primeros meses de este 2023. Los datos son los del banco con mayor cuota de mercado en Euskadi, Kutxabank, y suponen un aumento del 90% en el primer trimestre de este año sobre los 22,6 millones enviados en el mismo periodo de 2022. Así lo explicó la responsable de canales de la entidad financiera, Marina Teruelo, que recordó que desde noviembre cada vez que un usuario actualiza la ‘app’ de banca digital se activa de modo automático este tipo de advertencias. Una notificación que ya llega al 62% de los clientes de la entidad y afecta a movimientos que pueden ir desde un simple pago con tarjeta hasta a envíos de dinero al extranjero o movimientos bruscos en los saldos de la cuenta corriente. La advertencia con más alertas es la de cargos en la tarjeta, que se ha incrementado en un 70%. Los avisos, por lo tanto, no son siempre consecuencia de intentos de ataque, sino que persiguen advertir lo antes posible de cualquier operación que pudiera ser sospechosa para poder reaccionar a tiempo.

Los seis grandes bancos españoles han perdido 35.000 millones de euros en depósitos en España en los primeros tres meses del año, según reflejan en sus cuentas trimestrales. En términos relativos se trata de una caída del 2,9%, y las entidades se han apresurado a explicar que se trata, en parte, de un efecto estacional. Pero esta erosión se ha producido en un momento en el que se desataron las turbulencias en el sector financiero debido a los colapsos de algunos bancos en Estados Unidos, precisamente por la fuga depósitos que provocaron falta de liquidez para operar. Por ello, el ahorro que mantienen los clientes en las entidades ha pasado a ocupar un primer plano para los supervisores. Las fuentes financieras consultadas explican que el Banco de España maneja incluso cifras internas ligeramente superiores, de 38.000 millones, para todo el sector. Y detallan que se debe a un múltiple impacto. Por un lado, el 43% de esos fondos volatilizados (unos 16.340 millones) se explican por un efecto estacional. Las empresas acumulan liquidez en los últimos meses del ejercicio y aprovechan el arranque del año para hacer pagos atrasados, abonar bonus a los directivos y realizar transferencias por operaciones pendientes. Por ello, el saldo disponible en las cuentas disminuye. El 57% restante de esos depósitos perdidos, unos 22.000 millones, se explican por varias causas. Las mismas fuentes apuntan al trasvase de fondos desde las cuentas de ahorro a productos de inversión. Se da la circunstancia de que los grandes bancos todavía no han realizado ningún movimiento en España para remunerar. 

Las fuerte inflación en el precio de los alimentos ha puesto al sector de la distribución bajo el foco de una parte del Gobierno, aunque los resultados de 2022 de las principales cadenas desmienten las acusaciones recibidas y muestran una caída generalizada de la rentabilidad de la industria. En otras palabras, las ventas de los supermercados se han disparado por el incremento de sus precios, pero no así los beneficios, que han crecido menos o incluso han bajado, por la decisión de las empresas de no trasladar toda su presión en costes a los consumidores. Mercadona y Consum son los dos mejores ejemplos. El líder de la distribución en España facturó 28.466 millones de euros durante el pasado ejercicio, un 11,5% más, mientras que su beneficio creció menos de la mitad, un 5,5%, hasta 718 millones de euros. Las cifras representan un margen neto del 2,52%, es decir, que Mercadona ganó apenas 2,52 euros por cada 100 euros de facturación durante el pasado ejercicio. Se trata de la cifra más baja registrada por la cadena en los últimos 13 años si se excluye 2017, cuando su margen neto fue del 1,53% debido a unos beneficios excepcionalmente bajos de 322 millones –cayeron a la mitad– como consecuencia de su decisión de sacrificar ganancias para acelerar el crecimiento y dar un fuerte impulso a sus inversiones. “Si no hubiésemos subido los precios, el desastre en la cadena de valor hubiese sido impresionante. Hemos tenido tensión con proveedores como nunca”, dijo Roig. Consum también registró el año pasado un margen neto histórico, aunque de nuevo por su debilidad. El grupo, que ocupa el sexto puesto del mercado de la distribución española por cifra de negocio, ganó 1,49 euros por cada 100 de venta, lo que representa su margen neto más bajo desde hace 15 años (2007).

El Gobierno está convencido de que las subidas de precios sin precedentes en los alimentos no se deben a los márgenes de la cadena alimentaria en España. Los motivos hay que buscarlos en factores internacionales. Y así se lo ha asegurado a Bruselas: “Los costes importados explican el 95% del incremento de los precios de los alimentos”, sostiene en el Programa de Estabilidad que acaba de enviar a la Comisión Europea, el documento que incluye la hoja de ruta del Ejecutivo sobre las cuentas públicas y la política económica. En este papel se recoge un estudio sobre la evolución de los precios de los alimentos. Las conclusiones son tajantes: de acuerdo con sus cálculos, “a lo largo de 2022 el incremento de la cotizaciones internacionales de las materias primas, incluyendo las alimentarias, contribuyó en 11 puntos a la subida de los precios de los alimentos”. Dado que el IPC de la alimentación registró un alza del 11,6% en 2022, el 95% del aumento de esta rúbrica se correspondió con factores externos. “La evolución de los componentes domésticos de los precios —márgenes y salarios de la cadena alimentaria— no está en el origen de este tensionamiento de precios”, concluye el Ministerio de Economía tomando datos del INE y de la Agencia Tributaria. También se ha usado un robot para hacer muestreos de internet. Tales afirmaciones entran de lleno en el debate sobre si los supermercados están especulando a costa de los bolsillos de las familias, tal y como ha defendido la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que los supermercados ofrezcan una cesta de productos asequibles y ha llegado a sugerir prohibir repartir dividendo al que no lo haga. En cambio, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha pedido rebajar el tono de esta discusión.

El tope de precios impuesto por el G7 a las exportaciones de petróleo ruso ha obligado al Kremlin a aumentar la presión fiscal sobre los productores, asestando un nuevo golpe a un sector energético que ya intenta como puede hacer frente a las sanciones occidentales. Según un análisis del cambio fiscal realizado por un miembro de la coalición liderada por el G7, la medida podría resultar contraproducente al sacrificar la capacidad de la industria para invertir a largo plazo con el fin de tapar un agujero en las finanzas del Gobierno. “Sin duda afectará negativamente a su industria”, declaró un funcionario de la coalición a Financial Times. “Los cambios de Rusia recortarán la capacidad de producción de la industria rusa del petróleo y el gas al restar ingresos que, de otro modo, podrían utilizarse para invertir en equipos, exploración y yacimientos existentes”, añadió. En abril, Vladímir Putin modificó el modelo ruso de imposición fiscal a las compañías petroleras, estableciendo gravámenes basados en el precio internacional de referencia del crudo Brent menos un descuento fijo, en lugar del precio del crudo de los Urales, el principal tipo de petróleo que exporta el país, que en los últimos meses ha cotizado a un precio inferior. Con esta medida, Moscú pretende captar hasta 600.000 millones de rublos (8.000 millones de dólares) de ingresos adicionales y tapar el agujero en los ingresos por exportación de petróleo provocado por las sanciones occidentales destinadas a reducir la financiación de la guerra de Ucrania.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se muestra pesimista sobre la posibilidad de parar la guerra en Ucrania. “Desafortunadamente, creo que en este momento no es posible una negociación para la paz: las dos partes están convencidas de que pueden ganar”, dice en una entrevista con EL PAÍS en Madrid. El dirigente de Naciones Unidas considera que “la posibilidad de una escalada nuclear es muy pequeña”. Guterres, que recibirá hoy de Felipe VI el Premio Europeo Carlos V, advierte también sobre la crisis climática. “Si no se toman las medidas necesarias, el objetivo de [contener el calentamiento global a] 1,5 grados se perderá para siempre y eso sería terrible para la humanidad”.