20250716

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

ELA y LAB han denunciado este martes que la propuesta hecha pública «no es suficiente» al centrarse en una medida de convenio frente a su reclamación de fijar un salario mínimo interprofesional propio para el territorio. Por último, en cuanto a la cuantía fijada, señalan que la propuesta desvelada ahora «no responde a las necesidades reales de la clase trabajadora ni al coste de la vida». «Para garantizar condiciones laborales y de vida dignas, es imprescindible un salario mínimo más elevado», han reiterado. En el escenario «más optimista», el estudio encargado por el Gobierno vasco plantea un salario mínimo de convenio en Euskadi que rondaría los 1.385 euros, según ha trasladado CC OO, frente a las 14 pagas de 1.184 que fija el SMI para toda España. Así lo recoge el informe que la consejería de Economía, Trabajo y Empleo ha presentado este martes a la mesa de diálogo social en la que están presentes tanto CC OO, como UGT y Confebask. El estudio, con un coste de 14.000 euros, también apuntaría que un aumento de los salarios no afectaría negativamente al empleo, como vienen reivindicando desde la patronal, sino que sus efectos se traducirían en un mayor consumo, al tiempo que reducen los niveles de pobreza actuales y las brechas salariales. «Además de mejorar las condiciones de trabajo de las personas más desfavorecidas, también reducen la presión a las arcas públicas al reducir el potencial número de personas perceptoras de la RGI», detallaron en CC OO Euskadi. La central ha remarcado que el informe respalda que fijar un salario mínimo en los convenios supone una herramienta «perfectamente legal y viable» con la normativa existente, y se podría aplicar «mañana mismo». 

El III Foro de Absentismo de Cebek ha consolidado un enfoque práctico frente a uno de los retos más complejos del ámbito laboral. A lo largo de varias sesiones, las empresas participantes han trabajado con herramientas prácticas, análisis de datos y experiencias compartidas para construir diagnósticos propios y planes de acción realistas.  En la última sesión se ha puesto el foco en técnicas del cálculo del coste directo e indirecto del absentismo, la batería de acciones a disposición de las empresas para la prevención y/o gestión, y en aprender a presentar un plan para la gestión del absentismo en formato de business plan, permitiendo decisiones basadas en datos y con impacto directo en la organización. Este ciclo de actividades se iniciaba a principios de año con un sondeo sobre la gestión actual, un “piloto” con empresas que han hecho un diagnóstico in-company, y 3 foros que completaban 7 sesiones de debate y trabajo conjunto entre empresas especialistas y personal de dirección y técnico de gestión de personas. En base a lo aprendido en los sondeos, diagnósticos y lo trasladado por las propias empresas, se detectó la necesidad de seguir sistematizando el trabajo de las empresas en este ámbito.  Más en Cebek aquí. 

La voluntad política que los gobiernos central y vasco compartían para salvar Talgo ha servido finalmente para encontrar el modo en que la Sepi participe en la refinanciación de su deuda. Así lo comunicó ayer el lehendakari Imanol Pradales después de una reunión de trabajo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa y tras la cita de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, que acordó cuatro nuevos traspasos de competencias. Según explicó Pradales se ha alcanzado una «noticia muy esperada: ambos gobiernos hemos encauzado definitivamente la participación de la Sepi para hacer viable la operación y mantener la actividad y el empleo de Talgo en Euskadi». La operación salvó así el momento más crítico desde que ambos gobiernos se pusieran a trabajar en el aterrizaje del industrial vasco, José Antonio Jainaga, en la compañía, que trasladará de nuevo su sede a Euskadi. El PNV evidenció la semana pasada la crisis al enviar un comunicado acusando al Ejecutivo central de «obstaculizar» el proceso. Una denuncia en la que, además, el grupo jeltzale en el Congreso de los Diputados responsabilizó a Moncloa de las consecuencias si la solución para el fabricante de trenes terminaba en fracaso. El caso es que los intensos contactos que se pusieron en marcha la semana pasada terminaron por dar por bueno lo que la Sepi rechazó hace tan solo siete días. Así, ya hay fórmula «definitiva» para que el consorcio vasco –formado por el Gobierno de Pradales, Jainaga y las fundaciones BBK y Vital– participe con la Sepi en la concesión de un crédito convertible de 150 millones a Talgo. Una herramienta financiera cuyos intereses de devolución se ajustan a los beneficios que vaya cosechando la empresa, además de, en caso de impagos, poder convertirse en acciones de la compañía. El préstamo es clave para refinanciar la deuda de más de 400 millones de euros del fabricante, agravada por la multa de Renfe de otros 116 millones por los retrasos en las entregas de los trenes Avril. Era, además, una exigencia de los principales bancos que participan en el ‘pool’, BBVA, Caixabank y Santander principalmente.

Que se ha puesto toda carne en el asador lo evidencia una cifra: los 376 millones de financiación, en su mayoría con fondos públicos e institucionales, que se han puesto encima de la mesa. Por partes, 155 millones han sido los aportados por Gobierno vasco (45), BBK (45) y Vital (20), añadidos a los 45 del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, para poder afrontar la compra del 29,7% de las acciones de Talgo que tiene el fondo inversor Trilantic. De otra parte, están los 116 millones de la multa de Renfe que el operador público ha financiado en siete años a empezar en 2031. Y, por último, los 150 millones del préstamo participativo convertible que acaban de acordarse con la Sepi. De ellos, en principio, 75 millones serán del holding dependiente del Ministerio de Hacienda y otros tantos del paquete del crédito públicoprivado diseñado en tiempo récord por el Gobierno vasco. Aunque Lehendakaritza habría preferido separar la cuestión de los traspasos competenciales que se iban a tratar ayer en Moncloa, hizo de la necesidad virtud y apretó el acelerador para amarrar una operación de enorme calado simbólico y estratégico para Euskadi. En una legislatura en la que el Gobierno vasco aspira a dar un giro de timón a una política industrial que llevaba años atrapada por la inercia, la ‘operación Talgo’ se ha convertido en todo un símbolo de la defensa del arraigo productivo vasco.

La bajada de la producción de la planta de Vitoria lastró las cuentas de Mercedes-Benz España el año pasado. La sociedad, que concentra la actividad industrial y comercial del grupo alemán en España, recortó un 71,5% su beneficio anual a cierre de 2024, hasta 29,76 millones de euros. La compañía, según las cuentas anuales remitidas al Registro Mercantil, también vio cercenada su facturación al término de 2024, hasta 7.103 millones, mientras que el beneficio de explotación se contrajo un 57%, hasta 56,74 millones de euros. El mercado español concentró el 38% del negocio de la empresa, con 2.885 millones a cierre de 2024, y el mercado exterior concentró el 54% del total, hasta 4.219 millones, un 12% menos. Estas cifras a la baja contrastan con los resultados históricos alcanzados en años anteriores, aunque están en línea con los menores volúmenes de producción en su factoría española de Vitoria y también de sus ventas. La compañía alemana fabricó el año pasado 120.355 vehículos en su factoría vasca, lo que representa una disminución del 24% en comparación con el año anterior. De este total, 76.500 unidades correspondieron al modelo Vito, de las que 4.543 unidades eran eléctricas, mientras que se montaron 43.855 unidades del Clase V (3.360 eléctricos). La bajada de producción se explica por la crisis que atraviesa el sector del automóvil en Europa y también por los trabajos adaptación a la fabricación de una nueva generación de furgonetas eléctricas en la planta de Vitoria.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha vuelto a repuntar en junio hasta elevar la tasa interanual al 2,8%, lo que se traduce en una subida de siete décimas respecto al mes anterior. Según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el sexto mes del año la tasa interanual ha vuelto a incrementarse cuatro décimas en la comunidad, tras haber descendido el mes anterior. Este indicador, una vez más, vuelve a situar al País Vasco como la comunidad más inflacionista, de nuevo empatada con Baleares en el primer puesto. Por grupos, Euskadi destaca como la comunidad en la que más ha subido el precio de la cesta de la compra, es decir, los alimentos y bebidas no alcohólicas. Han subido un 3,8% respecto al año pasado, un capítulo en el que solo Navarra llega al mismo nivel. Otros grupos que también se han encarecido notablemente son las bebidas alcohólicas y el tabaco (+4,5%) o el que engloba a los hoteles, cafés y restaurantes, que suben un 4,3% en conjunto. Cabe destacar que la vivienda también sube notablemente (+4,5%), aunque es algo que ocurre en prácticamente todas las comunidades autónomas. A nivel nacional, el índice también ha repuntado tras varios meses consecutivos de moderación en las subidas. Se fija así en el 2,3% interanual, lo que supone una décima más de lo previsto en el indicador adelantado que el INE publicó a finales de junio. Según explican desde el organismo, el alza se debe al aumento de los precios de los carburantes, en línea con el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, y del gas, frente a la bajada que registraron en junio del año pasado. Acompañando a Euskadi y Baleares en los puestos más altos de la tabla se encuentran Extremadura (2,7%) y la Comunidad Valenciana (2,6%). En el lado opuesto se sitúan Murcia (1,7%), Canarias (1,7%) y La Rioja (1,9%).

La recaudación de impuestos sigue reflejando la realidad económica de Bizkaia en la que conviven un empleo sólido que mantiene altos niveles de consumo, pero también la incertidumbre por la crisis industrial de la UE y la guerra arancelaria de Estados Unidos. El saldo, eso sí, sigue siendo positivo y la Diputación de Bizkaia ha ingresado en la primera mitad de año un total de 4.500 millones, un 8,7% más que el año pasado, que se traduce en 358 millones de aumento en los ingresos del fisco.  El empleo, que sigue en máximos de personas afiliadas en la Seguridad Social se percibe en las retenciones por trabajo aplicadas en las nóminas a cuenta del IRPF. Hasta junio han ascendido a 1.963 millones, 125 más que el pasado año y un 6,8%. El consumo, reflejado en el IVA, también evidencia fortaleza con crecimientos de doble dígito que no se veían desde hace dos años. Y eso que los precios han moderado sus subidas asentándose en el entorno del 2%. La recaudación por el IVA de gestión propia ha crecido un 12,2% hasta llegar a los 1.562 millones, 169 más que en 2024. La activación del mercado inmobiliario que acumula un aumento de la transmisión de viviendas por encima del 50% se ha notado en el impuesto que las grava. Ha crecido hasta los 55 millones, un 34,6% más. También han sumado la recuperación del impuesto de generación eléctrica, que quedó suspendido hasta el año pasado para amortiguar la subida de la luz, y el nuevo impuesto de la banca. La cruz de la moneda fiscal en el Impuesto de Sociedades. Las empresas acusan la marcha más fría del mercado europeo, que sigue con datos de crecimiento económico que rayan la recesión, y también la incertidumbre arancelaria abierta por el presidente estadounidense Donald Trump. Así, la recaudación del tributo que grava las ganancias empresariales ha caído un 20,4%, 69,5 millones menos con un total de 271.

El fisco alavés cierra el primer semestre de este 2025 con un claro balance al alza. La Diputación foral ha recaudado en la primera mitad del año un total de 1.078,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8%, es decir, 78 millones más que en el idéntico periodo del curso precedente. Una escalada a la que han contribuido en la misma medida los impuestos directos y los indirectos. Cabe destacar el comportamiento del gravamen sobre Hidrocarburos, que refleja la mayor subida al dispararse el 19%. Son datos que se registran a pesar de la incertidumbre económica global, con la amenaza de incremento de aranceles por parte de Estados Unidos. En Álava, la tasa de paro se ha mantenido alrededor de un 7% entre enero y junio, lo que tiene su reflejo en el aumento que se observa en el IRPF. En el desglose de las cifras hechas públicas ayer por la Hacienda foral, los impuestos directos suponen 480,4 millones de euros (5,7%) y el IRPF 401,6 millones (6,8%). En este último tributo se han ingresado 25,5 millones de euros más que el año anterior. El importe de recaudación correspondiente a retenciones del trabajo y actividad profesional ha sido de 521,6 millones de euros, lo que constituye un alza de 37,6 millones (un 7,8%). Este incremento, resalta la Administración, permite compensar la «mayor devolución» que se está produciendo en esta campaña de la Renta hasta este mes de junio con 17,3 millones de euros más que el año anterior. Una subida que «en parte» obedece a la deflactación de la tarifa del 2,5% que se ha aplicado en esta campaña. En cuanto al impuesto de Sociedades, se ha recaudado un total de 54,8 millones de euros, esto implica una escalada del 4,1% con respecto al curso anterior.

La alianza Hetel, Confebask, Politeknika Txorierri y Adegi ha lanzado una nueva convocatoria de becas 'Global Training', que permite a las personas jóvenes vascas tituladas en grados superiores de FP y Universidad realizar prácticas en empresas del extranjero, con 60 plazas. El programa de becas Global Training es una iniciativa de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de la Internacionalización), SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y el Departamento de Industria, Transición energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, y de cuya gestión se encarga, entre otros, el consorcio formado por Hetel, Confebask, Politeknika Txorierri y Adegi. Este consorcio acumula más de 10 años de experiencia en la gestión de estas becas. El programa favorece la movilidad internacional de diferentes jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca que cuentan con la posibilidad de realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil académico en empresas y organizaciones de todo el mundo, según ha informado la alianza. Las Becas 'Global Training' tienen por objeto mejorar la empleabilidad y potenciar la internacionalización de los jóvenes, posibilitando una mayor adecuación entre la preparación y perfil competencial de estos jóvenes y las necesidades competitivas de las empresas vascas. Las becas tendrán una duración mínima de seis meses, con una dotación mensual para el beneficiario de 1.635 euros. Con esta cantidad se cubrirán los gastos de desplazamiento hasta el país de destino, la manutención, alojamiento y cotización a la Seguridad Social de los beneficiarios. La beca incluye también la cobertura de un seguro médico y de responsabilidad civil durante la duración de la práctica. Previo a su salida de Euskadi, los participantes contarán con un período formativo de 50 horas. Los seleccionadas partirán a partir de noviembre a su destino en países como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, China, Chipre, Corea del Sur, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Italia, Malta, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa y Tailandia.

Pese al incesante alza en el precio de las viviendas que experimenta Euskadi, la comunidad cerró mayo con un incremento del 25% en las operaciones de compraventa respecto al mismo mes del año anterior, hasta llegar así a las 2.195, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercer mejor dato de mayo de toda la serie histórica y de números que evidencian que el mercado sigue estando al rojo vivo en el territorio, que registra así once meses consecutivos de subidas. Un fenómeno que se puede explicar por la gran demanda existente en estos momentos para adquirir vivienda. En tasa mensual, y comparado con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 17,8% en el País Vasco. Teniendo en cuenta el total de transacciones, la inmensa mayoría de ellas (2.076) se han realizado sobre viviendas libres y 119 sobre inmuebles de protección oficial. Por provincias, en Bizkaia se han efectuado 1.204 operaciones de compraventa, en Gipuzkoa se han registrado 702 y finalmente, en Álava 289. Por otra parte, además de las 2.195 operaciones de compraventa, también se han llevado a cabo otras 993 transmisiones mediante herencias, 49 por donaciones y finalmente 28 a través de permutas. Así las cosas, desde enero hasta mayo, las operaciones de compraventa de vivienda en Euskadi alcanzan las 10.822, un incremento del 24,6% frente a las 8.687 registradas en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Las últimas pruebas a los estudiantes de 9 y 10 años revelan una evolución positiva tras los efectos de la pandemia. Las últimas pruebas realizadas a los alumnos vascos de 4º de Primaria en el mes de abril revelan una mejora en lengua castellana y matemáticas y una peor evolución en euskera. El alumnado vasco de 4º de Primaria (9 y 10 años) mejora de forma sustancial en lengua castellana; también obtiene mejores resultados en matemáticas, aunque no de forma tan pronunciada; y empeora ligeramente en euskera. Esta es la fotografía que arroja la última Evaluación Diagnóstica elaborada por el Departamento de Educación, a la que ha tenido acceso este periódico. Se trata de una prueba que realizan cada dos años todos los estudiantes de 4º de Primaria, unos 19.000 escolares. La última edición del examen tuvo lugar en la primera quincena de abril, por lo que los datos son muy recientes. También se examinaron los estudiantes de 2º de ESO (13 y 14 años), pero esos datos aún no han sido remitidos a los centros educativos del sistema educativo vasco. Por partes. La mejora en lengua castellana en Primaria es la más relevante. Aún no se conoce la puntuación media obtenida, pero sí cuántos alumnos se encuentran en los niveles inicial, medio y avanzado, lo cual da muchas pistas. Apenas un 14,4% de estudiantes se sitúan en el nivel más rezagado, casi seis puntos menos que en 2023, una diferencia considerable. Esto, además, es una buena noticia por un segundo motivo. La OCDE establece como objetivo que los sistemas educativos no tengan más de un 15% de su alumnado en los niveles iniciales. Y aquí Euskadi cumple. Es la única competencia de las tres analizadas en las que eso sucede. Por otro lado, también hay más estudiantes en el nivel avanzado que en la última edición (un 25,3% frente a un 23%).

Si hubo algo de lo que el lehendakari pudo presumir en lo relativo al autogobierno es de haber abierto una tímida vía en el camino para el traspaso de materias relativas a la gestión económica de la Seguridad Social, tal y como se esperaba. Junto a cuatro prestaciones familiares no contributivas –con un coste aproximado de 100 millones de euros al año que se descontarán vía Cupo–, llega la recaudación, gestión, inspección y abono del seguro escolar, con lo que Euskadi asume por primera vez funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General (TGSS). «Esa puerta ha permanecido cerrada a cal y canto con 46 candados, uno por cada año de incumplimiento del Estatuto en esta materia. Por fin se ha abierto», celebró Pradales. Sin embargo, el primer bloque de la Seguridad Social, el principal objetivo que Lakua se había marcado para la cumbre y en el que, en todo caso, no están incluidas las pensiones, queda incompleto porque finalmente no hubo acuerdo en torno a las prestaciones de desempleo. Con un impacto cercano a los 800 millones de euros al año, el Gobierno vasco aspiraba a abonarlas a través de Lanbide y que desaparecieran así las oficinas del Sepe, pero ese objetivo aún no se ha colmado. Los «obstáculos administrativos y las resistencias políticas» están, según denunció el mandatario nacionalista, detrás del desacuerdo. Y no precisamente por parte de Sánchez, del que Pradales quiso destacar en todo momento su «voluntad política» para avanzar en el proceso, sino de otros miembros de su Ejecutivo. «He solicitado al presidente que ponga orden». 

Cuatro traspasos y un compromiso clave para mejorar la red eléctrica vasca. Estos fueron los frutos tangibles de la reunión bilateral de los gobiernos central y vasco. El Gobierno central ha asumido un calendario de inversiones en redes eléctricas que permita dar respuesta a las necesidades planteadas por la industria vasca. En ese sentido, la nueva planificación eléctrica priorizará las necesidades de la industria frente a otros proyectos; se priorizará la industria a la hora de realizar las inversiones en redes de transporte y distribución; y se aumentarán los límites máximos de inversión en redes eléctricas alienados con las nuevas demandas industriales Respecto a los cuatro traspasos pactados, el de más enjundia es que Euskadi asume la gestión de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Gestionará así la tramitación, reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora de las prestaciones familiares no contributivas y del subsidio especial por nacimiento. Se trata de las siguientes: asignación económica por hijo menor acogido a cargo, prestación económica por nacimiento o adopción, prestación económica por parto o adopción múltiples, y subsidio especial por nacimiento de carácter no contributivo. En segundo lugar, Euskadi asume la competencia del Seguro Escolar: recaudación, gestión, inspección y abono de las prestaciones económicas del Seguro escolar de manera integral. A su vez, se ha transferido la competencia de Salvamento Marítimo, y, en cuarto lugar, amplía funciones y servicios en Seguridad y Salud en el trabajo, con el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo. España, además, defenderá el viernes en la UE la oficialidad del euskera.

La reducción de la semana laboral a 37,5 horas no aparecerá finalmente en el orden del día del pleno extraordinario que se celebra la semana que viene en el Congreso. Yolanda Díaz da marcha atrás y retrasa hasta después del verano el debate a la totalidad de la medida estrella del programa electoral de Sumar al comprobar que sigue sin contar con el apoyo de Junts, con los que miembros del Ministerio de Trabajo mantuvieron una reunión este martes en la que los posconvergentes volvieron a evidenciar su rechazo a la iniciativa. La intención de su departamento era la de negociar «hasta el último segundo» y, llegado el caso, obligar a «retratarse» a Junts y al PP «ante los doce millones de españoles que se beneficiarían de la medida» en el hemiciclo. Pero esta estrategia tenía un problema:habría supuesto un duro revés para el Gobierno en el último pleno del curso político y en un momento de debilidad por el impacto del 'caso Cerdán'. Pese al optimismo que mostraba Díaz en las últimas semanas, los socialistas no terminaban de verlo. Descartado ese escenario, la líder gallega, aún sin reconocer que la iniciativa no iría al pleno del 22 de julio, ya concedía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes que «este debate debe de darse en las condiciones más favorables posibles en este país». Por la tarde, y tras la reunión entre las delegaciones de Trabajo y de Junts, su departamento enviaba una nota enviada a los medios en el que reconocía las discrepancias ya conocidas con la formación que dirige Carles Puigdemont por el impacto que la medida pueda tener sobre las pymes. Los soberanistas catalanes siguen sin aceptar las contraofertas que les ha hecho llegar Sumar en las últimas semanas. 

El BBVA no quiere perder ni un minuto más en la toma del Banco Sabadell. Tras acumular casi un año de retraso, el banco de origen vasco trabaja a pleno rendimiento para iniciar la integración de la entidad catalana después del verano, a partir del mes septiembre, para cuando consideran que la opa ya estará vista para sentencia, según indican fuentes financieras. Todo ello con permiso del Gobierno y los movimientos que le permita hacer en el Sabadell tras la condición extra impuesta a la transacción en junio. El banco que preside Carlos Torres trabaja desde hace tiempo en dibujar el futuro de la entidad una vez termine la opa hostil que lanzó hace ya 15 meses. Para ello ha creado una oficina llamada de coordinación y planificación, cuyo principal cometido es diseñar el día después a la toma y cómo ejecutar su adquisición. Torres ha puesto al frente a su mano derecha, Jordi García Bosch. Antes de recalar en este puesto fue jefe de gabinete de Torres cuando era consejero delegado del banco, entre 2015 y 2018, y después comandó la estrategia, así como tiene responsabilidades en la tecnología del grupo. El trabajo de la oficina de García Bosch sufrió un varapalo el pasado 24 de junio, cuando el Consejo de Ministros decidió introducir una condición extra a la opa. Se trata de la obligación de mantener los dos bancos de forma independiente como sociedades, a nivel de patrimonio y de gestión, durante tres años, ampliable por dos más. Esto, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, supone que el BBVA no puede fusionar ambos bancos durante este tiempo, ni realizar grandes procesos de despido ligados a la operación ni reducir drásticamente su red de oficinas, entre otras cuestiones.

Europa cierra filas en torno a su seguridad. Los organismos comunitarios están reforzando su respaldo a proyectos orientados a incrementar la autonomía estratégica de la región, principalmente en el ámbito de la Defensa. En este entorno, la empresa española Indra, llamada a capitanear el ecosistema nacional de Defensa en el marco de los nuevos fondos europeos, ha recibido un apoyo histórico por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), al ser beneficiaria del mayor acuerdo de financiación suscrito hasta el momento por dicho organismo en España para reforzar capacidades de seguridad y Defensa de la UE. El presidente de Indra, Ángel Escribano, firmó ayer en la sede del BEI en Luxemburgo un acuerdo para recibir 385 millones de euros en concepto de financiación que se destinará a impulsar su actividad de I+D. El objetivo es que el grupo español se centre en el desarrollo de tecnologías destinadas a los sectores de Defensa y Espacio. “En el actual contexto geopolítico, es más importante que nunca reforzar las capacidades de seguridad de Europa, con un enfoque paneuropeo y proyectos estratégicos”, explicó Nadia Calviño, presidenta del BEI. Indra destinará el importe que reciba del BEI a impulsar la I+D en campos como radares, defensa electrónica, electro-óptica, comunicaciones de mando y control o tecnologías de digitalización.

El primer ministro francés, François Bayrou, ha propuesto una amplia congelación del gasto para el próximo año y la eliminación de dos días festivos nacionales, poniendo su supervivencia política en riesgo para reducir el déficit. En una rueda de prensa este martes, Bayrou presentó el borrador de un paquete fiscal de 44.000 millones de euros en subidas de impuestos y recortes del gasto para 2026, que incluye contenciones en las pensiones y las prestaciones sociales, y una “contribución solidaria” de los ricos aún por definir. “Este es nuestro momento de la verdad”, declaró Bayrou, advirtiendo que Francia podría enfrentarse a una crisis de deuda similar a la que sufrió Grecia en 2008. “Nos hemos vuelto adictos al gasto público”. Los franceses deben trabajar más para impulsar un crecimiento más sólido, afirmó, añadiendo que la eliminación de los días festivos nacionales del Lunes de Pascua y el Día de la Victoria en Europa, el 8 de mayo, generaría 4.200 millones de euros en ingresos. Francia tiene 11 días festivos al año. Bayrou también propone reducir las prestaciones por desempleo. Sólo el gasto en defensa se ha salvado ante las crecientes amenazas de Rusia. El presidente Emmanuel Macron ordenó a Bayrou aprobar un aumento de aproximadamente el 10% para el ejército en los dos próximos ciclos presupuestarios, equivalente a unos 6.500 millones de euros. Muchas de las medidas propuestas han sido criticadas por los partidos de la oposición de la izquierda y la extrema derecha. Estos ya amenazan con derribar al Gobierno por lo que definen como un presupuesto de austeridad que afectaría a los pobres, los trabajadores y los jubilados.

La Unión Europea no ha abandonado aún la esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconsidere el arancel del 30% a productos europeos a partir del 1 de agosto. Pero mientras el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ya tiene el aval de los Estados miembros para seguir negociando, la UE se prepara para lo peor. Bruselas presentó este lunes a los ministros de Exteriores y de Comercio un segundo paquete de contramedidas por 72.000 millones de euros por si las negociaciones fracasan, que propone gravámenes que podrían llegar a ser recíprocos para los productos incluidos en una lista de 202 páginas a la que este periódico ha tenido acceso. Esa relación apunta a sectores claves para las exportaciones estadounidenses como la industria aeronáutica y automovilística, el agroalimentario y los productos químicos. “Las categorías clave de productos son aeronaves, automóviles y repuestos para automóviles, productos de maquinaria, productos químicos y plásticos, dispositivos y equipos médicos, equipos eléctricos y otros productos industriales y agrícolas”, resume el texto de Bruselas, que precisa que esas importaciones se han elegido según tres criterios. El primero es la “necesidad de reequilibrar las condiciones” comerciales “a la luz de los aranceles estadounidenses que afectan a las exportaciones de la UE a los Estados Unidos”. Los otros dos son la disponibilidad de “fuentes alternativas de suministro” y los productos en los que el “riesgo de deslocalización es alto”.

La locomotora productiva del planeta resiste los cañonazos arancelarios del presidente estadounidense, Donald Trump. La economía China creció en el segundo trimestre un 5,2% anualizado, según reveló ayer la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). El dato, ligeramente por encima de las previsiones de analistas especializados, coloca al gigante asiático, a pesar de las tormentas globales, en una posición favorable para lograr su objetivo oficial de crecimiento para el conjunto del año, fijado “en torno al 5%”, igual que el logrado en 2024. Los efectos de la guerra comercial y la incertidumbre en los mercados apenas han dejado huella en los últimos meses, a juzgar por las estadísticas. El aumento del PIB en el segundo trimestre, en el que se han concentrado los golpes y contragolpes de la batalla comercial entre la primera y la segunda economía del planeta, fue dos décimas inferior al del primer trimestre, que fue del 5,4%. En los seis primeros meses, el crecimiento fue del 5,3%. “La economía nacional resistió la presión y estuvo a la altura del desafío”, señaló este martes, en una comparecencia, Sheng Laiyun, subdirector de la ONE, que hizo referencia a un entorno internacional “complejo y cambiante”, un orden económico global que “ha sufrido un duro golpe” y al aumento de “la inestabilidad y la incertidumbre”.

La evolución de los precios en algunos capítulos, como el energético, no puede ser más errática. El gas natural fue el principal motor inflacionista el mes pasado, con un incremento cercano al 15%, mientras que la gasolina fue uno de los elementos que más descendió, con un recorte cercano al 8%.  La economía estadounidense empieza a mostrar los primeros efectos claros de la guerra arancelaria de su presidente, Donald Trump. La inflación repuntó en junio tres décimas, hasta el 2,7% interanual, lo que sugiere que los consumidores ya están percibiendo el aumento de los costes derivados de los primeros aranceles que entraron en vigor hace unos meses. El IPC cerró en junio con un alza del 2,7% respecto al año anterior, en línea con lo que esperaban los analistas. Se trata del mayor salto registrado en el último año, y tres veces más que el de mayo, cuando fue de solo una décima, según se desprende de los últimos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, que dependen del Departamento de Trabajo. De esta forma, se trata del segundo mes consecutivo con la inflación al alza en EEUU, confirmando también los temores de la Reserva Federal, que ya había alertado de un aumento de la presión inflacionista que podría alterar su hoja de ruta y retrasar más de lo previsto la llegada de la primera rebaja de tipos este año, que podría ser a finales de este mes o bien ya al final del verano, en septiembre. Los inversores podrían empezar a prestar atención a las preocupaciones de la Fed sobre un aumento de la inflación impulsado por los aranceles, reavivando una preocupación que muchos esperaban que no se materializara”, reconoce Bret Kenwell, analista de eToro en EEUU.