20230712

Tal y como se detalla en el último newsletter de Confebask, el número de empresas en Euskadi disminuyó en junio en casi 500 (-498), la segunda peor cifra para un mes de junio. En total, durante el mes pasado había registradas en Euskadi 57.567 empresas. Respecto al mismo mes del año pasado, hay 136 empresas menos en Euskadi, lo que supone un descenso porcentual del -0,2%. Por lo que se refiere a las que había antes de la pandemia, todavía se registran hoy en día en Euskadi 1.326 empresas menos (-2,3%), habiéndose recuperado el 37% de las empresas perdidas durante el covid.  Por sectores, y con relación a la etapa prepandemia, las caídas más intensas siguen registrándose en Industria (-3,8% y 253 empresas menos), seguido de Servicios (-2,5% y 1.171 empresas menos), mientras que en Construcción hoy hay registradas 96 empresas más que entonces, esto es, un 1,9% más. En comparativa con el Estado, la evolución del número de compañías en Euskadi es menos favorable, tanto si comparamos las cifras con las existentes antes del covid (Euskadi -2’3%, Estado +0’5%) como si lo hacemos con lo ocurrido en los últimos doce meses (Euskadi -0’2%, Estado +0’3%). En cuanto al número de autónomos, creció en junio en Euskadi en 22 personas, la cifra más floja para un mes de junio desde 2019, con un descenso interanual del -1,1%. Por último, y en torno al número de empresas vascas concursadas, ascendió en el primer trimestre de 2023 a 38, un -34,5% menos que en el primer trimestre de 2022, lo que da continuidad a los descensos de esta variable registrados en 2022. Ver más en Confebask. 

Mientras el empleo aguanta con más de un millón de cotizantes a la Seguridad Social en Euskadi, la patronal vasca alertó ayer de malas noticias en la capacidad de creación de empresas. Con 57.567 compañías contabilizadas el pasado mes de junio, se acusó una caída en el primer mes del verano de 498, el segundo peor dato desde que comenzó la serie histórica hace 15 años. Se trata de una cifra que ahonda en esa idea de la desaceleración económica que vive Europa donde países como Alemania ya atraviesan una recesión técnica y que ha frenado el ritmo del crecimiento en Euskadi. Así, el PIB vasco crecía ya en enero, febrero y marzo un 2,2%, frente al 5,7% del pasado año, y tan solo un 0,5% más respecto al trimestre anterior. Los analistas coinciden en señalar que este fenómeno afecta especialmente a la industria, el principal motor de la economía vasca, como alertó en sus previsiones el departamento de estudios económicos de Laboral Kutxa hace dos semanas. Pero, en cualquier caso, la demanda interna aguanta todavía la subida de los precios y el verano verá en el turismo un refugio para esa situación. En lo que llevamos de año, las entradas han crecido un 19% hasta alcanzar 1,4 millones de personas. De mantenerse el ritmo, el impacto económico podría ascender a 5.747 millones de euros, cerca del 7% del PIB. Todas las previsiones para la economía vasca aseguran un crecimiento de en torno al 1,5% para este año –el Gobierno lo elevó una décima hasta el 1,6%– y hasta la propia patronal pronostica que el empleo aguantará reduciendo la tasa de paro hasta cerca del 8%. Pero en ese enfriamiento, el sector industrial es el que más sufre con la pérdida el mes pasado de 604 empresas, en los servicios también se acusa un retroceso (-67) y solo la construcción incrementa la actividad con 211 nuevas firmas en Euskadi. Respecto a la época previa a la pandemia, Confebask lamentó que quedan aún 1.326 empresas pendientes de recuperar, el 63% de todas las que sucumbieron al confinamiento y sus restricciones de movilidad.

Euskadi es una de las pocas regiones europeas que luce el distintivo de zona de «alta innovación». Así lo señala el conocido informe bienal de la Comisión Europea ‘Regional Innovation Scoreboard’ (RIS), que en su edición de 2023 –dado a conocer ayer– sitúa al País Vasco en el puesto 72 de entre un total de 239 áreas geográficas. Esa posición relativa (la mejor de España y también por encima de la media de los Veintisiete) supone escalar 21 puestos desde la anterior edición. El País Vasco, no obstante, recibe del mismo análisis una serie de ‘deberes’ a realizar para poder mejorar aún más. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, celebró ayer la calificación obtenida por Euskadi, sobre todo en su dimensión relativa (en el Estado y en el conjunto de las regiones europeas analizadas), pero ligó el merecido aplauso a esa remontada de 21 puestos a un mensaje de obligado refuerzo de la apuesta vasca por la innovación. Sobre todo, explicó, en las pequeñas y medianas empresas y en algunos aspectos que por ahora no están demasiado asentados en las agendas como pueda ser todo lo relativo a la mejora del márketing, el diseño o la gestión de la propiedad intelectual. «Son buenas noticias, pero hay que seguir profundizando en el mismo camino. Tanto las empresas como las Administraciones», señaló, para recordar a continuación que el objetivo ha de ser el salto al siguiente escalón, aquel en el que se sitúan las regiones europeas ‘líderes en innovación, según la clasificación que establece el propio RIS. Arantxa Tapia, que comparecía después de que el Consejo de Gobierno conociera el contenido del ‘Regional Innovation Scoreboard’, puso especial hicapié en el hecho de que la posición de Euskadi «no ha dejado de mejorar de manera sostenida» desde el año 2009».

La biotecnológica donostiarra VIVEbiotech se ha embarcado en el consorcio europeo ‘Magic’ (siglas de la alianza ‘Models And Genetic therapIes for rare neuromusCular diseases’) que, con financiación de los fondos Next Generation y conformado por quince socios de nueve países, busca soluciones en el ámbito de la terapia génica al problema de la distrofia muscular. El consorcio aúna a destacadas instituciones internacionales, pymes y asociaciones de pacientes para acelerar el desarrollo de las citadas soluciones «mediante la creación de modelos humanos avanzados 'quasi' vivos, el desarrollo de vectores específicos para tejidos y la exploración de estrategias de edición genética». El grupo pretende superar las barreras que han dificultado hasta la traslación de las terapias génicas a la clínica. «A través de la colaboración, la innovación y un enfoque centrado en el paciente, ‘Magic’ pretende tener un impacto significativo en la vida de personas afectadas por distrofias musculares», apuntó Jon Alberdi, CEO de la firma. El papel de la donostiarra (único actor español en la alianza) será el de producir el candidato a vector lentiviral a gran escala. De este modo, «contribuirá a establecer un proceso muy rentable, escalable y conforme a la normativa para la fabricación de vectores específicos de músculo», añadió Alberdi. «Es un proyecto de gran envergadura que puede abrir unas posibilidades comerciales importantes y que prestigia a VIVebiotech», concluyó. Ver nota Vivebiotech. 

 De 60 a 300 trabajadores en cuatro años. O lo que es lo mismo, multiplicar por cinco la plantilla con la que arrancó el proyecto industrial, duplicándola además respecto a 2022, y alcanzar la madurez en tiempo récord. Ese es el camino que está siguiendo Ingeteam Power Technology-Converters, la fábrica de convertidores de potencia que abrió la ingeniería eléctrica vasca en Ortuella a finales de 2019 y que encara una ampliación tanto de las instalaciones como del empleo con la contratación gradual ya iniciada de 150 personas este año, hasta alcanzar los 300 empleos a finales de diciembre. Según confirman fuentes de la compañía, ese es el personal que necesita la fábrica para atender la creciente demanda de pedidos y las expectativas de cara a los próximos años. En la planta de Ortuella, la antigua General Eléctrica, Ingeteam fabrica convertidores de potencia, un dispositivo clave en la transición energética. El objetivo es elevar la producción hasta los 700 convertidores anuales, 250 más que el récord alcanzado el año pasado.  Para ello Ingeteam ampliará su espacio de fabricación con el traslado de su zona de expediciones a una nave anexa. De este modo ganará ya en planta unos 500 metros cuadrados adicionales y podrá atender las necesidades actuales de sus clientes. Después del verano se prevé trasladar toda la zona de logística a una nave cercana lo que permitirá ganar en total 1.000 metros cuadrados destinados a la producción. 

Kutxabank ha anunciado su decisión de incrementar hasta 94 las nuevas contrataciones, tras haber apuntado para el primer semestre del año la incorporación de 75 nuevos profesionales a su plantilla. Fuentes del banco vasco señalaron que incluso antes de que termine 2023 puede producirse una nueva ampliación de esta cifra, que trata de responder a la sustitución de empleados que se jubilan, también a la renovación de perfiles con conocimientos digitales, así como al proceso de expansión geográfica que quiere abordar la entidad. «Kutxabank continuará a lo largo de los próximos meses incorporando profesionales para avanzar en las iniciativas contempladas en su plan estratégico», indicó ayer el banco en un comunicado que hizo público. Una parte de esas incorporaciones que se han producido en lo que va de año corresponde a profesionales que ya tenían alguna vinculación con la entidad, por haber tenido contratos temporales. Para ellos, la relación laboral será indefinida a partir de ahora. Por otra parte, la entidad ha concretado que el 64% de las nuevas incorporaciones son mujeres y también que la mitad de esta ampliación de plantilla se destinará a tareas de atención personalizada a clientes, en las oficinas. En la actualidad el banco tiene algo más de 5.000 empleados, repartidos en 700 oficinas.

Doce colectivos profesionales de Euskadi que pertenecen al sector de la rehabilitación, como constructores, ingenieros, aparejadores, arquitectos o administradores de fincas, solicitaron ayer al Gobierno vasco que financie con el Presupuesto autonómico o con otras partidas de los fondos Next Generation las obras de mejora energética de edificios, después de que responsables del Departamento de Vivienda anunciaran que se cerraba el grifo de las ayudas europeas para apoyar estas reformas. Euskadi destinó a este fin 130 millones de los fondos europeos, pero se han quedado cortos. Se han agotado en unos meses. La subvención media ha alcanzado los 12.100 euros por vivienda y se rehabilitarán más de 15.000, pero ya no se aceptan más solicitudes. El sector advirtió ayer de que la existencia de estas ayudas en la comunidad, con un parque de vivienda muy envejecido, generó «ilusión». Ahora, y tras desaparecer este incentivo, miles de propietarios se están viendo en la coyuntura de afrontar un gasto mayor del previsto para acometer la rehabilitación, o abandonar el proyecto ya iniciado. Uno de los portavoces de las entidades empresariales y colegios profesionales, Pablo Abascal, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia, relató que muchas comunidades han realizado desembolsos cercanos a los 40.000 euros en proyectos de reforma que ahora penden de un hilo porque no recibirán un apoyo económico que, en principio, iba a mantenerse hasta 2026. La plataforma solicitó, por ello, habilitar ayudas suficientes de forma plurianual que sirvan para atender «la demanda social que ha quedado desatendida» y para cumplir con los objetivos del Pacto Social por la Vivienda, que estimaba la necesidad de rehabilitar 350.000 hogares en 15 años.

Las estadísticas lo vienen avisando desde hace años, y el problema ya es una realidad. El progresivo descenso de la natalidad que se registra en Euskadi empieza a tener un impacto directo en el empleo del sector educativo. A menos niños y niñas, menos aulas. Esto ha empezado a provocar cierres y fusiones de centros escolares, reajustes de plantillas y, sobre todo, el despido de docentes en la red concertada. El Gobierno vasco aprobó ayer una partida de 13,8 millones para «afrontar» la situación e intentar «mantener» el empleo facilitando la recolocación de los afectados y acelerando el relevo generacional. Ejemplos empieza a haber ya muchos. En Santurtzi, el colegio Hijas de la Cruz está sentenciado y su alumnado pasará el curso que viene a depender del cercano Patronato Santa Eulalia. No tiene tan claro su futuro todo el cuerpo de profesores, que ha protagonizado concentraciones de protesta durante los últimos meses. En mayo también se conoció que tres centros de San Sebastián proceden a fusionarse para garantizar su subsistencia. La situación no va a ir a mejor. Los nacimientos marcan mínimos históricos año tras año, y el Departamento de Educación ya ha empezado a echar cuentas. Según un informe sobre la evolución del alumnado y las necesidades de plantilla del sistema educativo, durante la próxima década los centros no universitarios perderán 65.000 estudiantes y se verán obligados a cerrar 4.200 aulas. Según el estudio, se tocará fondo en 2027. Para entonces la población en edad de escolarización, de 0 a 17 años, habrá descendido un 21%. El propio consejero Jokin Bildarratz habla desde hace ya unos meses sin ambages de la posibilidad de fusionar centros, e incluso de «publificar» algunos si su supervivencia corre peligro y son necesarios para el sostenimiento de la oferta escolar en ciertas zonas. En febrero, un decreto de ordenación de los recursos para el curso que viene también abrió la puerta a reducir a once el número de alumnos necesarios para crear aulas de educación Infantil y Primaria. Pese a estos ajustes ya se están produciendo despidos. Kristau Eskola, por ejemplo, ha dado el paso de crear una bolsa de trabajo en la que sitúa a todos los educadores que se quedan sin trabajo con el compromiso de reubicarlos cuando exista la posibilidad. Esa alternativa es, en una amplia mayoría de los casos, que vayan ocupando las plazas que dejen vacantes quienes se jubilen. El 36% del profesorado vasco cumplirá los 65 años de aquí a 2032.

El nuevo equipo rectoral de la Universidad de Deusto tomó posesión ayer. Frente a los más de 100 invitados que esperaban en el paraninfo del centro, los cinco vicerrectores –de los que tres repiten– y el director gerente recogieron las credenciales que les acreditan para desempeñar sus tareas. El acto estuvo presidido por el rector, Juan José Etxeberria, que ya asumió el cargo el pasado mayo. y Javier López Ariztegui, presidente del Consejo de Gobierno universitario. La nueva estructura rectoral está diseñada para llevar adelante una transformación interna que «ofrezca respuestas a las necesidades de la sociedad», para así mantener «la excelencia». Impulsar la vinculación entre el aprendizaje, la digitalización y la innovación se avista como el gran reto del nuevo equipo directivo, según señaló Etxeberria. «Es la clave para llevar adelante proyectos estratégicos y cumplir los indicadores del plan 2023-2026», aseguró. El rector quiso resaltar que cuidar a la comunidad universitaria y la Agenda 2030 son un eje de acción fundamental en su proyecto debido a su carácter de «consenso social global». «Nuestro propósito es contribuir a la comunidad desde los valores que nos caracterizan», aseguró tras referirse a las «preferencias apostólicas» de los jesuitas como la forma de garantizar un servicio «socialmente relevante». El nuevo equipo incorpora dos caras nuevas. Aitziber Irigoras, exalcaldesa de Durango, asume el cargo de vicerrectora de Comunidad Universitaria y Agenda 2030. Esta jurista trabaja en el centro educativo desde 1999 y es tutora del Servicio de Orientación desde 2020.

El principal nombre que se barajaba como posible consejero delegado de Naturgy para ser ‘número dos’ de Francisco Reynés, el directivo Ignacio Gutiérrez-Orrantia, permanecerá en su actual puesto como jefe de banca de inversión de Citi y no accederá al cargo propuesto por la energética, según publicó ayer Bloomberg. El consejo de administración de Naturgy se reunió ayer para estudiar el posible nombramiento de este banquero de origen bilbaíno, de mucha confianza del presidente, y que gustaba a los fondos que llevaban meses pidiendo una reorganización de la cúpula de la compañía. Pero el corresponsable de Banca, Mercados de Capitales y Asesoría para Europa, Oriente Próximo y África de Citi indicó de forma interna a sus compañeros que seguirá en su puesto en el banco estadounidense, según fuentes financieras. En este cargo, en el que trabaja desde Londres, es responsable de más de 2.000 personas de 50 países. El puesto de consejero delegado había desaparecido de Naturgy tras el nombramiento de Reynés como presidente de plenos poderes en febrero de 2018 y ahora el núcleo estable de accionistas planteaban el restablecimiento de esta figura. Naturgy es una de las pocas empresas del Ibex que no aplica el modelo anglosajón de mantener separadas las funciones directivas. Por el momento desde la energético no han hecho comentarios sobre este imprevisto. 

A pesar de que desde la invasión rusa de Ucrania ha habido un esfuerzo consciente para reducir la dependencia de Rusia en mercados clave como el energético, España está hoy más ligada al gas de Moscú de lo que estaba antes de la guerra. En lo que va de año, se han duplicado las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso respecto al mismo periodo de 2022, un año en el que el peso de Rusia como exportador ya alcanzó un máximo histórico. En lo que va de año Rusia es ya el tercer exportador de España por importancia (20,1%), el doble del peso que tenía a mitad de 2022 (10,1%) y también con prácticamente el doble de gas enviado (41.145 GWh frente a 22.948 GWh) en un año con menor volumen de importación en España. Además, durante el mes de junio, España importó 7.673 GWh de GNL ruso, según el Boletín estadístico de Enagás. Es una cifra algo inferior a lo que registró en el mismo mes de 2022 (8.752 GWh), pero en este año, en el que han bajado las importaciones, supuso que Rusia se colocase como principal exportador en el periodo (26,8% del total de las importaciones). Rusia cerró 2022 como el cuarto exportador y con un porcentaje bastante inferior (12,1%) sobre el total, si bien esto ya supuso su máximo histórico. De continuar la tendencia, volverá a superar sus envíos (ya ha entrado en España el equivalente al 76% de todo el gas que entró en 2022) y su posición entre los países exportadores. En los seis primeros meses del año empata virtualmente con Estados Unidos (20,2%), que ha experimentado una caída considerable respecto a 2022 (34,4% a mitad de año) en los últimos meses. En mayo, de hecho, su aportación fue aún menor (5,7%).

La cumbre sobre energía que ha organizado el Gobierno de España en Valladolid bajo su presidencia europea se ha convertido en el escenario de un nuevo cisma entre los distintos miembros de la UE. En lugar de alcanzar acuerdos de mínimos sobre cómo encauzar la reforma del mercado energético, cada país ha expuesto sus postulados, dejando claro que en Europa hay dos bloques energéticos: el que defiende la energía nuclear como esencial para abordar la transición ecológica, y el que reniega de las centrales atómicas y apuesta solo por las renovables. El primer bloque lo encabeza Francia. El segundo lo apadrina España. El problema no es sólo que son dos posturas cada vez más irreconciliables, sino que esa disputa podría terminar contaminando otros frentes energéticos. Por ejemplo, Francia y España deben ponerse de acuerdo en el avance de diversos proyectos de interconexión energética, y sobre todo, en el desarrollo del proyecto de conexión de hidrógeno a través de un tubo submarino que una Barcelona con Marsella a través del Mediterráneo. Un enfrentamiento nuclear-renovables no ayuda a avanzar en ese proyecto, bautizado como H2Med. La cumbre de Valladolid, que acaba hoy, es la primera reunión informal de ministros de Energía y Medioambiente de la UE convocada bajo la presidencia del consejo europeo por parte de España.

El empleo público seguirá siendo uno de los motores del mercado laboral español, como en la época posterior a la pandemia, y se mantendrá en máximos tras superar este año los 3,5 millones de funcionarios. El Ejecutivo aprobó ayer la mayor oferta de puestos para trabajar en la Administración del Estado de la historia, casi 40.000 plazas, aunque deja en manos del próximo Gobierno su materialización. Antes de que termine el año las diferentes Administraciones Públicas tendrán que convocar 39.574 plazas para empleados públicos, un 15,8% más que en 2022. Además, tienen la obligación de realizar todas las oposiciones en un plazo máximo de dos años. Con el fin de agilizar y modernizar los procesos, la fase de exámenes no podrá durar más de nueve meses y no se permitirán más de cuatro pruebas. Así se establece en el real decreto ley que materializará, por tercer año seguido, la mayor oferta de empleo público con carácter ordinario de la historia, que creará de nuevo empleo neto (8.625 puestos), con el visto bueno de UGT y CSIF, pero no de CC OO. Sin embargo, el Ejecutivo no ha batido el récord de plazas ofertadas del año pasado, casi 45.000, puesto que incluyó también una oferta extraordinaria para estabilizar los puestos ocupados por más de 10.600 interinos. El grueso de los puestos ofertados corresponde a la Administración General del Estado, para el que se contemplan 29.818 plazas, de las que 19.947 son de libre ingreso (para nuevos funcionarios) y 9.871 de promoción interna (para promover ascensos). A fin de desatascar el colapso de las oficinas de la Seguridad Social, con una oleada de jubilaciones, se destinarán 2.500 plazas a este organismo, para facilitar la atención presencial. De estas, 1.025 serán para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Tras la pandemia, la recuperación del mercado laboral ha sido «sólida», pero la OCDE advierte de que «perdió impulso» a principio de este año por la desaceleración económica. En su informe ‘Perspectivas del empleo en la OCDE 2023’ publicado ayer, la organización constata una «resistencia y dinamismo» que ha demostrado el mercado laboral español en los últimos tiempos, con una tasa de desempleo que se sitúa en el 12,7%, su nivel más bajo en décadas. Sin embargo, destaca que pese a la evolución positiva, la tasa de paro se sigue manteniendo «muy por encima» de la media de la OCDE, que cayó al 4,8% en mayo, su nivel más bajo desde que hay registros. La reforma laboral aprobada en 2021 está contribuyendo a «mejorar la calidad del empleo en España», según constata la OCDE. Y es que un año después de su entrada en vigor el número de contratos temporales se ha reducido en un 30% y la mayoría de los nuevos contratos son indefinidos, «lo que ha reducido las diferencia en la proporción de contratos temporales entre España y otros países europeos de la OCDE», señala el informe. Pese a estas buenas palabras, el organismo duda de que los contratos indefinidos para el trabajo intermitente –los conocidos como fijos discontinuos– sean «eficaces» en la mejora de la seguridad laboral de los trabajadores temporales. «La eficacia de esta figura aún es incierta», señalan. Por ello, exigen una «supervisión continua» y una «regulación más estricta» para garantizar nuevos avances en este ámbito.

De acuerdo con los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el poder adquisitivo de una hora de trabajo se ha reducido un 4% en España desde el estallido de la se pandemia, casi el doble de la media de los países avanzados. Y a eso hay que sumar que la jornada laboral media se ha recortado sustancialmente en los últimos años, lo que agrava la merma del salario real. De acuerdo con los datos recogidos en el informe anual de perspectivas sobre el empleo publicado ayer por la OCDE, la capacidad de compra de una hora de sueldo en España se ha reducido un 4% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2022, una cifra que casi duplica el descenso medio en el conjunto de los países de la Organización (2,2%). Con todo, hay una gran disparidad, ya que hay un reducido grupo de países que ganan poder adquisitivo (Lituania, Israel, Corea del Sur, Eslovenia, Hungría, Reino Unido, Francia, Portugal y Eslovaquia) y algunos donde las pérdidas han sido mucho más intensas, alcanzando el 11% en Costa Rica, seguida de Estonia, República Checa, Italia, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Letonia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, todos ellos con deterioros acumulados de entre el 5% y el 10%. Esta pérdida del poder adquisitivo se debe a que la inflación en los últimos años se ha disparado muy por encima de los salarios nominales. Con todo, la OCDE también arroja un rayo de optimismo, ya que señala que en el primer trimestre se empieza a detectar un cambio de tendencia conforme la escalada de precios se modera y los salarios se aceleran.

Los sueldos en Reino Unido subieron en los últimos doce meses una media del 7,3%. Se trata de una cifra récord, que iguala el pico registrado a mediados de 2021, justo tras el retroceso del 0,2% que se produjo en el país en la primera oleada de la pandemia. El incremento fue mayor en el sector privado (7,7%) que en el público (5,8%). Los aumentos más significativos se dieron en la sanidad y en los trabajos sociales, mientras que los más moderados se registraron en el transporte y el almacenamiento. Los datos, difundidos ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), van justo en la línea contraria de lo que había exigido el gobernador del Banco de Inglaterra la víspera, que pidió una contención en el alza de la remuneración de los trabajadores para evitar que la inflación siga subiendo. Algunos indicadores avanzados indican que el alza de los salarios podría haber tocado techo. A pesar de este incremento, los trabajadores perdieron un 0,8% de poder adquisitivo por culpa de un IPC disparado hasta el 8,7%, frente al 1,9% de países como España. El Gobierno conservador ha prometido situarlo en torno al 5% a finales de este año y las previsiones de los últimos meses se han incumplido. Por su parte, el Banco de Inglaterra ha subido en un año y medio los intereses del 0% al 5% y se espera que los tipos escalen al 6,5% –algunos analistas hablan del 7%– con el objetivo de combatir una inflación descontrolada.

El Parlamento Europeo aprobó ayer de manera definitiva la Ley Europea de Chips, con la que la Unión Europea busca duplicar su producción de semiconductores hasta cubrir el 20% de la fabricación mundial y reducir así su dependencia de Taiwán y Corea del Sur en relación con este componente clave en el desarrollo tecnológico. En concreto, la ley, organizada en tres pilares, prevé aumentar la capacidad de fabricar chips en territorio europeo, consolidar el liderazgo europeo en investigación en semiconductores y favorecer el traslado de estas innovaciones al mercado, así como vigilar mejor las cadenas de suministros para anticipar crisis y responder a ellas. Para ello, la ley contará con 3.300 millones de euros del presupuesto europeo, aunque la Comisión Europea calcula que permitirá movilizar unos 43.000 millones de euros al atraer otras inversiones públicas, por ejemplo del fondo de recuperación pospandemia, y privadas. El objetivo de la UE es reducir su dependencia de los dos países asiáticos y entrar en la carrera global por impulsar un sector al que China, Estados Unidos y Japón destinarán subsidios milmillonarios en los próximos años. Además, la ley creará también un mecanismo de coordinación entre Comisión Europea y Estados para monitorizar las cadenas de suministro con el fin de anticipar problemas de abastecimiento y tomar medidas de emergencia en caso de crisis.

El cara a cara del lunes ha disparado la percepción de que Alberto Núñez Feijóo ganará las elecciones y ha ampliado su ventaja sobre Pedro Sánchez, según el sondeo diario de GAD3 para El Correo, que considera el debate «un punto de inflexión». El PP gana dos escaños y el PSOE pierde cuatro. La demoscopia da por ganador a Alberto Núñez Feijóo del debate que ha monopolizado el inicio de la campaña electoral y cuyo desenlace marca un «punto de inflexión» que puede acabar siendo determinante de aquí a las generales del 23 de julio. Quedan aún unos cuantos tramos en la carrera hacia la cita con las urnas, pero el ‘tracking’ diario de GAD3 para este periódico, el primero con parte de su trabajo de campo cumplimentado tras el duelo entre el jefe de la oposición y el presidente Sánchez en Atresmedia, registra ya una onda expansiva que «ha disparado» la percepción de que Feijóo ganará los comicios frente a un líder socialista que, de golpe y a la espera del posible impacto acumulativo en las próximas encuestas, pierde cuatro escaños. El sondeo, que suma ya 5.001 entrevistas desde su inicio el 29 de junio, comienza a traducir en diputados las consecuencias del debate. Un debate tan áspero como desigual que al tiempo que da aire a las expectativas de Feijóo –incluida la mayor querencia de los entrevistados por que, si gobierna, que lo haga sin Vox– viene a frenar en seco la recuperación que registraba Sánchez gracias, sobre todo, a la acumulación de voto útil de las izquierdas en torno a él. Así, los populares suben hasta los 153 escaños, dos más que la víspera, pero necesitados aún de un arreón para hacerse con ese «voto masivo» que le libre de ataduras que su jefe de filas reclamó en el ‘minuto de oro’ del debate. El PSOE cae de los 113 a los 109 asientos en la Cámara baja. «El cara a cara ha supuesto un punto de inflexión que ha disparado la percepción de victoria del PP y la preferencia de que gobierne en solitario. Más profundamente esto último. Así que podemos concluir que Feijóo ha cumplido su objetivo previo», detalla María Martín Revuelta, directora de Comunicación de GAD3.