20231228

Euskadi sigue siendo la comunidad autónoma con peor dato debido al 9,7% que recoge el informe del tercer trimestre del año de la compañía de recursos humanos Adecco. La cantidad de horas que los vascos faltan al trabajo sigue siendo bastante más elevada que la media nacional, que registró un 7%. En cuanto al resto de comunidades autónomas, siguen a Euskadi en estos datos Navarra y Cataluña con un 7,9% de absentismo. En el otro extremo, las que presentan índices más bajos son Islas Baleares, con un 4,3%, Castilla-La Mancha, con un 5,9%, y Canarias (6%). Euskadi lideró este ranking también en el sector de la industria, con un 10,2% de absentismo, en el de los servicios, con un 9,7%, y solo cedió la primera posición en la construcción, donde Cataluña, con un 8,7%, superó el 7,4% vasco. La patronal vasca, Confebask, ha hecho un punto fijo de su agenda la necesidad de abordar esta problemática que ha llevado a la mesa de diálogo social del Gobierno vasco, aunque todavía no se han concretado medidas. Ver informe completo de Adecco. 

Los trabajadores autónomos del País Vasco, un colectivo compuesto por más de 125.000 personas, tendrán que seguir esperando para comenzar a dotar un plan de pensiones específico para este colectivo. Algo que ya es posible hacer desde hace meses en el resto de España, en Euskadi no tiene aún cobertura legal, aunque el Gobierno vasco asegura que la voluntad es que se pongan en marcha «quizá en tres meses». El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, firmó ayer con las cámaras de comercio de Bilbao, Gipuzkoa y Álava un acuerdo para impulsar la creación de un fondo de este tipo, que estas entidades confiarán a su vez a una entidad gestora. Pero es como comenzar la casa por el tejado o adquirir un coche cuando aún no se tiene carnet de conducir y, lo que es peor, cuando no hay certeza absoluta de que se vaya a aprobar el examen. De momento en Euskadi no hay una legislación en vigor que ampare este tipo de productos de ahorro ni tampoco una normativa fiscal que actúe como incentivo para su suscripción. Todo está en ‘veremos’. El Gobierno central ha aprobado este año la legislación que da cobertura a este tipo de planes de pensiones, complementarios a los individuales, y que vienen a romper una brecha que existía entre los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. Estos últimos, además de los planes privados, pueden acceder a los de empleo, con aportaciones propias y de sus empresas. El gabinete de Pedro Sánchez impulsó la creación de planes similares para los autónomos y reformó la legislación del IRPF para permitir que las aportaciones estén exentas del impuesto, hasta un máximo de 4.250 euros anuales. En el País Vasco, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para su creación pero aún no ha sido respaldado por el Parlamento y las diputaciones ni siquiera han esbozado la reforma del IRPF para darles cabida. «Hay voluntad de hacerlo», dijo ayer Azpiazu, aunque la legislatura en Vitoria está ya colgada de un fino hilo y en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa cualquier reforma legal tiene ahora la complicación de exigir alianzas más allá de los partidos que gobiernan, PNV y PSE. Ver nota de prensa Gobierno Vasco y Cámaras. 

Yolanda Díaz aireó su oposición al acuerdo del Ejecutivo con el PNV para suavizar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. El alivio fiscal para estas compañías ha sido una prioridad para los jeltzales desde el momento en que se puso en marcha la tasa como reacción a la subida de precios de la luz por la guerra en Ucrania. En la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, los nacionalistas vascos ya presentaron una enmienda para mitigar el gravamen a través de incentivos a cambio de inversiones. Sin embargo, las formaciones del Gobierno desecharon una propuesta que, según sus propios cálculos, reduciría en 40 millones de euros la recaudación. Hay que tener en cuenta que, entre energéticas y banca, el Estado ha ingresado ya más de 4.900 millones, de los cuales ha traspasado a Euskadi unos 400. Al no ver recogidas sus demandas, el PNV se abstuvo en la votación y anticipó que seguiría tratando de modificar la ley. Esos intentos se han intensificado en el arranque de la legislatura y se han acelerado aún más desde que Petronor –la principal empresa vasca afectada por el impuesto junto a Iberdrola– anunciara que congela importantes inversiones en Euskadi por la «incertidumbre» en el marco regulatorio. La «mercancía averiada» de la que hablaba Andoni Ortuzar queda reparada, al menos en parte, porque el Gobierno acepta ahora lo que rechazó hace poco más de un año. En concreto, incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2024 un incentivo para las empresas energéticas por las inversiones estratégicas en proyectos industriales que contribuyan a la transición ecológica. Una bonificación, en definitiva, que permitirá un alivio fiscal a compañías como Petronor, que no quiso hacer ayer declaraciones al respecto. Aitor Esteban, sin embargo, sí puso en valor que esta medida facilitará las inversiones previstas por Petronor y «muchas empresas más» en el País Vasco, por lo que el portavoz del PNV en el Congreso se mostró «satisfecho» con el acuerdo en una entrevista en Radio Euskadi, en la que reveló, por otra parte, que su partido y el Gobierno han empezado a hablar ya sobre el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una negociación «complicada» –admitió– para la que pidió discreción.

El Gobierno convertirá en permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y al sector energético. Según el borrador del real decreto ley, ambos gravámenes se revisarán para “su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024 y se concertarán o conveniarán, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra”. Esto implica que los dos gobiernos autónomos se quedarán con la gestión y los ingresos de estos tributos. A la espera de este rediseño, las dos figuras se prorrogarán como estaban, salvo para las energéticas, a las que se les ha concedido una exigencia del PNV tras las protestas que hizo Repsol: “El real decreto ley prevé el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas que realicen desde el 1 de enero de 2024 en relación con las magnitudes a considerar respecto al año mencionado”, dice el texto. El presidente Pedro Sánchez especificó ayer que las compañías energéticas se podrán deducir sus inversiones estratégicas y para la descarbonización. Ambos impuestos, temporales en origen, se aprobaron para los ejercicios 2022 y 2023. Y se pagarían a año vencido, en el 2023 y el 2024. Con el nuevo cambio, el abono se extenderá un ejercicio más, por lo que el Ejecutivo se asegura la recaudación también para 2025. En el caso de la banca, como se liquida con el margen de intereses y las comisiones netas anotadas el año anterior, será entonces cuando contribuyan por los resultados de 2024.

Las patronales bancarias AEB y CECA rechazaron ayer la extensión del gravamen temporal al sector bancario anunciado tras el Consejo de Ministros. En un comunicado conjunto de las dos instituciones, rechazaron así el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que se prorrogará junto con el impuesto a las energéticas durante un año. Fuentes del sector señalaron ayer que los bancos esperan a conocer el detalle de lo aprobado por el Gobierno cuando el próximo viernes se publique en el BOE y se conozca el encaje del gravamen en el sistema tributario. Los bancos reiteraron ayer su oposición a la extensión del impuesto con los argumentos ya esgrimidos en el momento de su aprobación inicial. Bankinter, por ejemplo, manifestó en octubre pasado su confianza en la caducidad del impuesto fuera cual fuera el Gobierno que saliera tras las últimas elecciones. Santander y BBVA apuntaron que, en su opinión, el impuesto no es bueno para España, y que reduce la capacidad de los bancos para dar créditos si la economía empeora. Para CaixaBank, el impuesto a la banca genera pérdida de competitividad. La AEB y la CECA manifestaron ayer que el impuesto tiene “efectos negativos” sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional. Además, consideraron que la decisión de extenderlo “afecta negativamente a la competitividad del sector” y a “la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia”. 

El último Consejo de Ministros del año se centró en aprobar el nuevo decreto ley de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. El escudo social, como lo denomina el Gobierno, se compone de rebajas fiscales que han venido impulsándose desde 2021. Pero la situación ya no es la misma: la inflación ha bajado, no ha habido recesión y, sobre todo, hay que cumplir las reglas fiscales que Europa recupera a partir del año que viene. España tiene que reducir el déficit público al 3% del PIB y, para ello, hay que recortar ayudas que merman la recaudación, cuyo impacto fiscal se queda ahora en ‘solo’ 2.500 millones de euros. La negociación con su socio de coalición, Sumar, y otros grupos parlamentarios duró hasta el último minuto, de manera que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parecía conocer en detalle las medidas aprobadas cuando las presentó en la comparecencia posterior al consejo. El IVA en la tarifa de la luz, que se había reducido hasta el 5%, pasará a ser del 10% a partir del 1 de enero y estará así todo el año, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El IVA del gas subirá al 10% en enero y recuperará el nivel normal del 21% pasado el primer trimestre, cuando haya acabado el invierno. Además, se prorroga por seis meses la reducción al 80% de los peajes eléctricos de la industria electrointensiva.

Las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros para revisar lo que ha denominado como «escudo social» supondrán mantener un ahorro para los vascos de 117 millones de euros en el pago de impuestos, principalmente asociados a la alimentación y la energía. Es el resultado de un levantamiento suave de las iniciativas puestas en marcha entre 2021 y 2022 para evitar el impacto de la subida de la luz y los precios en general. Aun así, esa retirada progresiva de las bajadas de impuestos supone recortar en un 42% las ayudas fiscales que están en vigor hasta finales de este 2023. Y lo que ahora saldrá del bolsillo de los ciudadanos recalará en Hacienda, lo que provocará el regreso de unos ingresos no previstos a las diputaciones por valor de 162 millones. Y es que, tanto en el cálculo de la recaudación para 2024 del Consejo Vasco de Finanzas, como en los proyectos de presupuestos forales, las diputaciones optaron por un principio de cautela y no contemplaron este repliegue de las ayudas. El Ejecutivo central ha buscado un punto intermedio y un regreso escalonado a la normalidad de los tipos impositivos una vez que el coste de la luz es hoy siete veces inferior a los 360 euros a los que se cobraba el MWh antes de la guerra de Ucrania. Eso sí, los precios de la cesta de la compra siguen creciendo un 9%.

El tinte económico de los compromisos logrados por el PNV en la negociación del decreto ómnibus también se percibe en el otro anuncio que Sabin Etxea ‘vendió’ ayer a bombo y platillo: la prórroga del contrato relevo en la industria durante 2024. Se trata de una fórmula que facilita el rejuvenecimiento de las plantillas porque implica la reducción de jornada de un trabajador al borde de la jubilación y el alta de otro más joven que le sustituye parcialmente. El objetivo final es que el segundo acabe ocupando la plaza del primero cuando este se retire. El Gobierno accede así a una reivindicación que en los últimos meses le hacían tanto desde el sector como desde los sindicatos y la patronal, que habían unido fuerzas para exigir que se mantuviera esta modalidad contractual de la que dependen unos 8.000 empleos. El Ejecutivo fracasó en su promesa de haber hecho una reforma completa de la jubilación parcial en este año. Es más, el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, nunca llegó a presentar una propuesta pese a que se había comprometido a hacerlo antes de final de marzo de 2023. La extensión un año más del contrato relevo tiene especial impacto en Euskadi, fundamentalmente en el sector de la automoción. Podrá aplicarse una reducción de entre el 47% y el 87% a trabajadores con alto esfuerzo físico que lleven al menos seis años en la empresa, siempre y cuando en el momento de la jubilación el porcentaje de empleados con contrato indefinido en la compañía supere el 70% de la plantilla.

"El sector industrial siempre se ha caracterizado por su rápida adaptación al cambio y la adopción innovadora de las soluciones que mejor se acomodan a sus necesidades. En el País Vasco, el peso relativo de la industria en el total de la economía se cifra en el 23,4% en 2021, según datos del Eustat, por encima del que tiene en España (16,9%), Francia (13,1%) o la UE 27 (19,9%) y solo ligeramente por debajo de Alemania (24%)...Los materiales avanzados o la transformación de las cadenas de suministro para hacerlas más resilientes a los cambios geopolíticos sí son nuevos retos a los que sin duda nos enfrentaremos en 2024. Si hablamos de sostenibilidad, la mayor parte de los esfuerzos se han dedicado a los aspectos regulatorios, sobre todo a los relacionados con el cambio climático. Nuestra preocupación se ha centrado en analizar nuestro grado de cumplimiento de la normativa, que ha avanzado a pasos agigantados...Sin embargo, el cambio fundamental es el uso generalizado de la Inteligencia Artificial generativa (GenAI), tanto por su capacidad como por su facilidad de acceso. No obstante, al igual que todos los procesos de rápida implantación, esta tecnología no está exenta de riesgos. Todas las grandes compañías están implantando sus propias herramientas de GenAI para controlar el acceso a contenidos y por supuesto a los textos o imágenes creados por ellas. Hasta ahora son textos e imágenes, pero no conocemos lo que serán capaces de crear en el futuro. Hablando de materiales avanzados, a nadie se le escapa que, de momento, las iniciativas se centran en la creación de materiales más ligeros, más adaptables y también más sostenibles. Ya se habla de los ‘green alloy’, aleaciones de metales con otros componentes naturales que hacen el material más sostenible. Pero ¿quién no nos dice que, en el futuro, estas investigaciones y la coexistencia con la Inteligencia Artificial no nos llevará a conseguir materiales autorreparables o a piezas que recuperen su forma tras un impacto? Morteros que reparen sus grietas o polímeros que no contaminen. En definitiva, la investigación y el desarrollo de nuevos materiales será uno de los retos más relevantes en este próximo año..."

2024 arrancará en la enseñanza concertada vasca justo como finalizó 2023: con varias jornadas de huelga. Los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT convocaron ayer diez días de paros en los colegios de iniciativa social. Tendrán lugar los días 17, 18, 23, 24 y 25 de enero y los días 6, 7, 8, 19 y 20 de febrero. De esta manera, serán ya 18 las jornadas de huelga que han vivido los centros en lo que va de curso (19 si se cuenta otra a finales del pasado año académico). La convocatoria se enmarca en el conflicto para actualizar las condiciones laborales de 9.000 trabajadores de unos 200 colegios en los que estudian 130.000 alumnos. El convenio lleva caducado desde diciembre de 2021. Las centrales sindicales acusan a las dos patronales implicadas, Kristau Eskola y Aice-Izea, de no realizar ninguna «propuesta de contenidos», mientras las empresas cargan contra los trabajadores por no tener una actitud «propositiva de diálogo» y mantener una postura «infranqueable». Los trabajadores exigen medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, subidas salariales que garanticen el IPC y blindar los puestos de trabajo en un contexto de caída de la natalidad, entre otros aspectos. Entre mayo de 2022 y febrero de 2023 se celebraron trece reuniones entre las partes sin que fuera posible un acuerdo. Entonces se convocó un primer día de huelga en abril. Con la llegada del nuevo curso, el conflicto se enconó y se sucedieron los paros. Primero fueron tres días en octubre, tras los cuales tuvo lugar una nueva cita entre patronales y sindicatos sin que se registraran avances. Ante esta situación, se convocaron cinco días consecutivos de huelga en diciembre. Desde entonces no ha habido contactos, algo que los trabajadores califican de «inaceptable falta de responsabilidad» por parte de las empresas.

En pleno invierno europeo, el precio (cotización internacional) del gas natural trepó ayer un 3,6%, impulsado por el aumento de los conflictos bélicos en Medio Oriente. La preocupación, indican los analistas, es que la inestabilidad en la zona afecte decisivamente a los mercados energéticos. Esta inquietud generó que el precio se disparase más de un 8% a comienzo de la jornada. Sin embargo, las principales firmas del sector destacan que los inconvenientes en el transporte marítimo, especialmente los grandes cargueros, no han más que retrasado ciertas entregas de combustible. La tranquilidad de las últimas semanas en el Viejo Continente se explica por dos grandes motivos. Por un lado, las altas reservas de gas natural de los Veintisiete evitan un frenesí de compras a último momento. A mediados de enero, los depósitos europeos mantenían un 88,8% de su capacidad, dos puntos por encima del nivel registrado en 2022 y casi 30 puntos por encima de 2021, según Gas Infrastructure Europe. Asimismo, las temperaturas moderadas de las últimas semanas ha permitido a países como Alemania, Austria, Bélgica y Dinamarca aumentar incluso sus reservas. Las estimaciones de la agencia S&P Global Commodities prevén que los almacenes terminen el invierno con más de la mitad de las reservas. Por otro lado, la demanda relativamente moderada ha aumentado la confianza en que el continente debería superar fácilmente su segundo invierno sin importaciones desde Rusia.

A pesar de que desde la Unión Europea se han ido imponiendo normas económicas cada vez más restrictivas con respecto a las importaciones de energía desde Rusia, como medida de presión para que este país pare su ofensiva militar a Ucrania, España está comprando cada vez más gas ruso. Así se desprende de las distintas estadísticas que manejan Enagás (el grupo español que gestiona los grandes gasoductos y las regasificadoras donde descargan los metaneros en los puertos españoles), y Cores, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, que se encarga de mantener un stock permanente de hidrocarburos por seguridad nacional. España cierra el año 2023 con un récord de compras de gas a Rusia, todas ellas vía metanero (gas natural licuado, GNL). En concreto, España importó en noviembre de 2023 un total de 6.439 gigavatios hora (GWh) de energía en forma de gas desde Rusia. En el acumulado del año, de enero a noviembre de 2023, Rusia ha vendido un total de 67.209 GWh de gas, lo que supone un 18% más que en el periodo enero-noviembre de 2022.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó ayer el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), en el que se fija la política del Gobierno en la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares. La decisión más relevante es que se alarga la vida útil de las centrales nucleares en España, tal y como estaba previsto, ampliando el cese de la operación, a una horquilla entre 2027 y 2035.“Según el sexto Plan General de Residuos Radioactivos, la parada definitiva de las centrales que están en operación se hubiera producido, a los 40 años de vida útil, entre 2021 y 2028”, remarcó en un comunicado el Ministerio. En ese calendario también se incluye la fecha para el desmantelamiento de las centrales, que se producirá a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), que se ejecutará a partir de 2030. Esa decisión viene acompañada de la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, que recogerán el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su traslado al almacenamiento definitivo.

El cierre de centrales nucleares costará definitivamente 20.200 millones de euros en España. Así se deduce del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros. Ese coste es aproximadamente 1.000 millones de euros más que los 19.244 millones que se barajaban hace meses en los borradores previos de ese Plan General. El sobrecoste previsiblemente lo deberán asumir las grandes eléctricas propietarias de los siete reactores nucleares que quedan en funcionamiento en España: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Ayer mismo, el Ministerio para la Transición Ecológica se encargó de recalcar, en una nota informativa, que el coste del apagón nuclear “lo sufragan los titulares de las instalaciones nucleares”, porque debe aplicarse “el principio de quien contamina, paga”. El PGRR es uno de los documentos esenciales en la política energética en España. En él se fija la hoja de ruta durante años del mercado de las centrales nucleares y, sobre todo, qué hacer con sus residuos o cómo irse preparando para la futura demolición de esas instalaciones. Desde que se construyó la primera central nuclear en España, a principios de la década de 1960, España ha ido lanzando distintos planes de residuos.

Calviño se va, regresa a la Unión Europea, y lo hace por la puerta grande, asumiendo la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a partir del 1 de enero de 2024 erigiéndose, además, en la primera mujer en hacerlo. «Has aportado rigor, brillantez y audacia a la política económica del Ejecutivo. Por ello, te vamos a estar eternamente agradecidos», le regaló el presidente desde la tribuna de oradores del Congreso. Calviño se va y el Gobierno, por ende, se queda sin Nadia y, según el mismo argumentario del presidente, «sin nadie», como le reprochó al PP. No hay que olvidar que la todavía vicepresidenta primera se ha convertido en el gran baluarte de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa en 2018. No es que haya sobrevivido a las muchas crisis de gobierno (algunas radicales) impulsadas por el presidente, es que siempre ha ido ascendiendo en el escalafón hasta convertirse en la ‘número dos’. De ahí la relevancia de una pérdida que Sánchez intentará cubrir con un nombramiento de cierto relumbrón para eclipsar el vacío creado e intentar que el sucesor, o sucesora, no sufra el ‘síndrome del sustituto’. De momento, mantiene el secreto bajo siete llaves y sólo hay quinielas con nombres de lo más variopintos. ¿Se limitará a un cambio de cromos? Atendiendo a lo dicho ayer, habrá más de un movimiento ya que habló de «protagonistas». Sí, en plural. Uno de los nombres que viene sonando con fuerza es el de José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, que en la pasada legislatura ocupó la cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

Las grandes operadoras de telecomunicaciones españolas ya están echando cuentas sobre la evolución comercial del ejercicio de 2023. De nuevo, y van tres años consecutivos, Digi ha salido triunfadora en las portabilidades, y ha ganado un total de 598.000 líneas, en gran medida, a costa de las grandes telecos, especialmente Vodafone, que vuelven a contar las pérdidas de clientes por miles en este segmento comercial. Por actividades, Digi ganó en torno a 766.000 líneas en portabilidad durante 2023: cerca de 600.000 líneas en el ámbito móvil y 166.000 en el fijo, gracias a sus agresivas tarifas low cost. Las cifras, en cualquier caso, deberán ser confirmadas por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Digi, que ya en el tercer trimestre había superado la cota de los seis millones de clientes en España, su segundo mercado en ingresos y clientes tras Rumanía, acaba de cerrar un acuerdo con Orange y MásMóvil, clave para la aprobación de su fusión, para la compra de espectro con el que desplegará su propia red móvil, por cerca de 120 millones de euros. Entre los grandes grupos, únicamente MásMóvil ha mantenido la tendencia de crecimiento en el actual entorno competitivo. La operadora, a las puertas de la fusión con Orange, ganó unas 57.000 líneas. 

El New York Times ha demandado a OpenAI, la empresa que produce el famoso bot de Inteligencia Artificial (IA) generativa ChtaGPT y al gigante tecnológico Microsoft, que tiene el 49% del capital de la compañía, por violación de su propiedad intelectual. La clave es que OpenAI, al igual que otros Grandes Modelos de Lenguaje (LLM, según sus siglas en inglés) de IA, «lee» y analiza sin tener autorización para ello los textos del diario neoyorquino para así entrenar a sus chatbots y a otros productos que ofrece a particulares y empresas. Según la empresa New York Times, las actividades de OpenAI le causan miles de millones de dólares en pérdidas ya que, por un lado, toma sus textos y los despieza para crear su propio producto, pero basado en el trabajo de los periodistas del diario, y, por otro, depende tanto de este que existe la posibilidad de acceder gratuitamente a parte de la información del periódico solo usando ChatGPT, que es gratuito. La compañía de inteligencia artificial que dirige el controvertido directivo Sam Altman, y que ocho años después de su creación tiene una valoración de 100.000 millones de dólares (90.000 millones de euros) trató sin éxito de alcanzar un acuerdo con la editora del diario neoyorkino en abril. Como referencia, The New York Times Company, que al contrario que OPenAI sí da beneficios, tiene un valor en Bolsa de 7.800 millones de dólares (7.000 millones de euros). Microsoft, que, como socio principal de OpenAI también ha sido demandada por el periódico, vale en Bolsa 2,87 billones de dólares (2,58 billones de euros), es decir, casi todo lo que produce la economía española en dos años.

Los hutíes del Mar Rojo han recibido a su manera la misión naval capitaneada por Estados Unidos para proteger el tráfico comercial por esta ruta clave del transporte marítimo mundial. Desde que el Pentágono anunció la operación ‘Guardián de la prosperidad’ hace una semana y desplegó los primeros refuerzos en el estrecho de Bab el-Mandeb, se han producido dos enfrentamientos de notable intensidad –uno de ellos el día anterior a Nochebuena y el segundo este martes–, además de otros ataques menores. Sólo en uno de ellos han sido notificados daños en un buque. Las fuerzas estadounidenses en Oriente admiten que los rebeldes parecen decididos a elevar el pulso en estas aguas. Posiblemente su objetivo al incrementar los bombardeos consiste en minar cualquier atisbo de confianza que la expedición militar genere en las grandes navieras. De la docena de operadores que han redireccionado sus flotas hacia el Cabo de Buena Esperanza, sólo uno, Maersk, ha anunciado su intención de regresar al canal de Suez si la fuerza multinacional garantiza la seguridad de sus barcos. La alemana Hapag-Lloyd estudiaba ayer dar este mismo paso. Los hutíes, que recientemente celebraron la victoria del equipo juvenil yemení frente al saudí en la liga de fútbol de Asia Occidental con una fiesta en el secuestrado mercante ‘Galaxy Leader’, quieren a toda costa su propio triunfo moral en la región con la suspensión del tráfico comercial por Bab el-Mandeb. Más allá de las graves repercusiones económicas globales y de cuestiones como la «solidaridad con Gaza», Abdul-Malik al-Houti, el jefe de la milicia, ha convertido este bloqueo en un desafío personal contra Washington y Tel Aviv. «Dejen –ha dicho– que los estadounidenses y los israelíes entren en una guerra directa con nosotros».