20250717

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El alto tribunal contradice a Europa y a los sindicatos y dictamina que la compensación tasada de 33 días por año trabajado es legal y adecuada. El Tribunal Supremo ha cerrado la vía judicial a los trabajadores que recurren la indemnización recibida tras un despido improcedente por considerarla insuficiente. La decisión unifica el criterio frente a los fallos dispares emitidos en los últimos años por distintos juzgados, tras la ratificación por parte de España, en 2021, de la Carta Social Europea. Este no es el primer pronunciamiento del alto tribunal: en diciembre del año pasado ya había rechazado compensaciones superiores a los 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades -45 días y un máximo de 42 meses para los periodos previos a la reforma laboral de 2012-. En aquella ocasión, aclaró que no había tenido en cuenta la Carta Social Europea. Ahora, con ese marco legal plenamente en vigor, reitera su negativa a ampliar las indemnizaciones en función de las circunstancias particulares del trabajador, tales como la edad, la situación familiar, etc. La Sala de lo Social argumenta que ni el Convenio de la OIT ni la Carta Social Europea obligan a establecer cuantías más elevadas, ya que ambos textos solo exigen que la compensación sea «adecuada». En una nota de prensa -a la espera de que se publique la sentencia completa, que incluirá votos particulares- el Supremo sostiene que se trata de tratados no directamente vinculantes, sino de declaraciones de principios, y señala que cualquier cambio debe impulsarlo el legislador: «La virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa». Tras esta decisión, el Supremo deja en manos del Gobierno la modificación legal para aumentar la cuantía del despido. Sin embargo, está encallada en el seno del Ejecutivo. 

Pese a un complejo escenario internacional en el que reina la incertidumbre, una de las palabras más usadas por los analistas para definir el actual entorno económico, la economía vasca está demostrando una gran capacidad de resiliencia, ya que ha crecido un 2,2% durante el segundo trimestre del año, respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo atestigua el avance interanual del Producto Interior Bruto (PIB) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (Eustat). Asimismo, la economía vasca ha pegado un significativo tirón de cinco décimas respecto al dato del primer trimestre. Según ha indicado el Eustat, la buena evolución del PIB vasco se debe principalmente a «la evolución del sector de servicios», a falta de que Eustat publique los datos definitivos sobre la desagregación de ramas productivas, que se conocerá el próximo 19 de septiembre. Además de los servicios, la creación de empleo también refleja datos positivos. Medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha aumentado interanualmente un 1,4%, lo que implica la creación de más de 13.000 puestos de trabajo. En relación al trimestre precedente, el crecimiento estimado es de un 0,3%. En este sentido, las previsiones que manejan en el Ejecutivo autonómico estiman que durante el curso del año la tasa de paro se reduzca desde el 7% registrado al final de 2024 hasta el 6,7% a finales de año, un diagnóstico que coincide con el de Confebask, la patronal vasca.

Talgo ha dado esta semana un paso de gigante para allanar la toma de control de la empresa por parte del consorcio liderado por el industrial José Antonio Jainaga. Ha sido gracias al acuerdo entre los gobiernos central y vasco para encauzar la «participación definitiva» de la Sepi en el préstamo que necesita el fabricante de trenes para cerrar su refinanciación. Son 150 millones que se repartirán en dos partes iguales el holding del Ministerio de Hacienda por un lado y, por otra parte, un vehículo financiero sobre el que diseñó la operación en «tiempo récord» el Gobierno vasco. Esa herramienta es Ekarpen, un fondo de financiación y participaciones empresariales creado en 2008 por el Ejecutivo autonómico y las antiguas cajas de ahorro vascas. Entre las entidades que lo componen, y que han dado la luz verde al préstamo participativo convertible, el protagonismo reside en Kutxabank, que tiene un 44,44% de la entidad. Le sigue el Gobierno vasco, con un 34,81% y las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava –con un 7%, 4,3% y 2%, respectivamente–. Las acciones de Ekarpen se completan con el 7,4% de Mondragon Inversiones, una de las herramientas financieras del grupo cooperativo vasco. Hasta el mes pasado, las negociaciones se desarrollaban sobre la concesión del préstamo de 150 millones de forma íntegra por parte de la Sepi. Es la cantidad que requerían los bancos para sostener la deuda de Talgo, que supera los 400 millones y está agravada por la multa de 116 de Renfe. La solución financiera es un requisito imprescindible que ha fijado Jainaga para hacerse con el control del fabricante de trenes adquiriendo el 29,7% de sus acciones con Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital. El crédito participativo convertible en cuestión establece unos tipos de interés ligados a la evolución del negocio de la empresa y cuenta a su vez con la opción de devolverse con acciones de la propia compañía.

Las empresas industriales de Bizkaia perciben un futuro económico estable a corto plazo, tal y como indica el último Informe de Coyuntura Económica realizado por la Cámara de Comercio de Bilbao. En su encuesta, el 51% de las empresas industriales afirman que su nivel inversor se ha mantenido durante el primer semestre en línea con las cifras de la segunda mitad de 2024. Mientras tanto, otro 23% señala que han sido mayores y el 26% afirma que ha disminuido. Asimismo, el 83% de las compañías consultadas prevé que su producción crecerá o se mantendrá estable los próximos seis meses. En términos similares se manifiestan sobre las ventas, con un 80% que considera que éstas crecerán o se mantendrán en los mismos niveles. En cuanto a los principales factores que afectan a la actividad empresarial destacan el precio de las materias primas y la energía (3,8 sobre 5), los costes salariales (3,6) o la contratación de perfiles adecuados (3,5), una cuestión que subraya una gran parte del tejido empresarial del territorio como barrera para crecer. Por último, en relación a los aranceles que impondrá Trump a partir del 1 de agosto, la mayoría de las empresas vizcaínas –61%– cree que tendrán un impacto negativo o muy negativo en el corto plazo y el 17% vislumbra además una significativa afección a su competitividad.

El Gobierno vasco presentó ayer, ya de forma oficial, el estudio «técnico» con el que quiere apoyar el diálogo entre patronal y sindicatos para disponer de un salario mínimo de convenio en Euskadi, una negociación que está bloqueada por el rechazo de Confebask. El informe plantea que, para adaptarse a la realidad socioeconómica vasca, ese suelo debería oscilar entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un incremento de entre el 7 y el 17% respecto al SMI estatal (1.184 euros). En su exposición, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, insistió en que esa horquilla solo es una «propuesta orientativa» pero que corresponde a los agentes sociales negociar y les instó a hacerlo. El estudio también alerta de que subir el salario mínimo de convenio dejaría fuera a muchos colectivos puesto que los sueldos más bajos se concentran en la contratación a tiempo parcial y en los trabajadores sin convenio como las empleadas del hogar. Por eso insta a extender el paraguas de la negociación colectiva a más sectores. La presentación del informe de 80 páginas, encargado a la consultora Ikertalde por 14.000 euros, se realizó con gran despliegue. Torres estuvo acompañado por los viceconsejeros de Economía, Iñaki Ruiz, de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui. El vicelehendakari repitió que este informe solo pretende «arrojar luz» y «no imponer» nada, aunque llega después de un duro cruce de reproches con la patronal por su negativa a entrar en esta negociación, algo que calificó de «error mayúsculo» en su momento. 

2025 ya ha avanzado la mitad del ejercicio fiscal y ha asimilado el grueso de la declaración de uno de los impuestos más importantes, el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es por lo tanto una situación en la que los datos de la recaudación de las diputaciones empiezan a representar una guía sólida. Como sólida es también la cantidad de ingresos. En total, las haciendas de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa han recaudado hasta el 30 de junio 7.734 millones, 626 más que el pasado año, un crecimiento del 8,81%. Este parámetro, cerca del doble dígito, no se veía desde hace tres años, cuando estallaron los precios. Los datos reflejan la solidez del tejido económico en Euskadi del que, ayer mismo, se conocieron los datos de evolución del Producto Interior Bruto. Según el departamento de Economía del Gobierno vasco, el PIB creció un 2,2% interanual en el primer semestre. Una cifra que mejora las propias perspectivas del Ejecutivo, que ha marcado para este año un 2,1% de previsión. El caso es que el empleo, que mantiene la tasa de paro vasca en el entorno del 7% y máximos de afiliación a la Seguridad Social con más de un millón de personas, sigue siendo el primer motor fiscal. El IRPF es el impuesto que más crece en los tres territorios gracias a las retenciones en las nóminas que se aplican cada mes. En total, acumula un aumento de 225 millones, un 7% más con un total de 3.466 millones. La fortaleza del empleo sigue sosteniendo la demanda interna y el consumo, factores que reproducen su estado de salud en tiempo real con el comportamiento del IVA. Entre los impuestos que más crecen figuran los que gravan la adquisición de vivienda por el ‘boom’ de compras que se está registrando, mientras que Sociedades se presenta plano a la espera de su liquidación este mes.

Euskadi necesita captar más inversión extranjera si quiere transformar de verdad su economía y no perder el tren del desarrollo. Así lo afirma el Observatorio Anual de Grandes Retos y Oportunidades de Transformación Euskadi 2040, presentado ayer por Zedarriak, el foro de reflexión y acción que reúne a personas del ámbito económico, social y empresarial vasco. El documento, el séptimo informe publicado por el grupo, alerta, entre otras cuestiones, de que la captación de inversión extranjera directa «sigue siendo limitada en comparación con otros territorios europeos de similar nivel de desarrollo». Y no es por falta de atractivos objetivos: Euskadi cuenta con buena infraestructura, talento, calidad de vida y estabilidad. El problema, señala Zedarriak, está en otro lado: una propuesta de valor poco cohesionada, débil conectividad internacional del ecosistema inversor, y una mejorable proactividad público-privada a la hora de posicionarse como destino atractivo para el capital internacional. En cualquier caso, el documento recoge que la financiación empresarial sigue apoyándose de forma predominante en el crédito bancario tradicional, con escasa presencia de vehículos de capital riesgo u otros instrumentos de carácter privado. La falta de inversión afecta de manera especial al tejido empresarial vasco, que presenta otra de las grandes debilidades estructurales que analiza el informe: el pequeño tamaño medio de sus empresas. Según Zedarriak, muchas pymes vascas «siguen ancladas en lógicas de supervivencia o crecimiento incremental, sin planteamientos estratégicos de escalabilidad, cooperación o transformación organizativa». Una de las propuestas destacadas es la creación de consorcios y alianzas sectoriales, que permitan ganar dimensión sin necesidad de fusiones formales. Se trataría de integrar capacidades entre pymes complementarias con apoyo técnico y financiero. El informe recoge en total doce grandes retos estratégicos, que abarcan desde el fortalecimiento del sector público hasta la sostenibilidad, la atracción de migración cualificada o la mejora en conectividad e infraestructuras.

Innovación tanto en el continente como en el contenido. El campus del vino se erigirá como un espacio singular, sostenible y «abierto» a su entorno en sus sedes de Laguardia y Vitoria. Estos dos complejos, un «trampolín» para relanzar a la capital y a Rioja Alavesa en el mapa global del sector, no solo tendrán una arquitectura vanguardista y verde, sino que estarán dotados de instalaciones de última generación; con laboratorios, auditorio y áreas para emprendedores. Incluso dos bares «experimentales» en los que cualquier persona podrá degustar las creaciones del alumnado. Así será el esquema de EDA Drinks & Wine Campus, que sigue tomando forma. El próximo hito será en septiembre, cuando se convocará la licitación de las obras de construcción, cuyo arranque está previsto para el próximo diciembre. La «puesta en marcha completa» de ambas sedes será en «octubre de 2027», indicó ayer el director general del Basque Culinary Center (BCC), Joxe Mari Aizega, si bien, en 2026 se iniciarán dos másteres ‘online’. El responsable calcula que se llegarán a alcanzar «1.300 alumnos» (200 de grado, 220 de máster y mil de cursos) en cuatro años, para el curso 2030-31. El presupuesto será de «18 millones de euros» en esta iniciativa del BCC promovida por el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento. Son las previsiones de las instituciones impulsoras en coordinación con el estudio portugués Carvalho Araújo, que el pasado año ganó el certamen arquitectónico internacional para diseñar los complejos. Su fundador y autor del proyecto ‘Mugarik gabe’ (sin fronteras), José Carvalho Araújo, desgranó los detalles en una presentación en la estación de buses de Lakua, junto a la parcela donde se levantará una de las edificaciones. 

La tensión entre el grupo de empresas médicas del vasco Joseba Grajales, que operan sobre la marca Keralty, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue en plena escalada. El mandatario colombiano sobrepasó una nueva línea roja la pasada madrugada en una de sus habituales alocuciones presidenciales desde la residencia oficial de la Casa de Nariño. Mientras afronta una crisis por la gestión de la sanidad colombiana tras intervenir varias aseguradoras, Petro acusó al presidente de Keralty de ser un «criminal» y aseguró que «debe irse de Colombia». Las declaraciones llegan poco después de que la Corte Constitucional del país caribeño declarase ilegal la intervención del Gobierno sobre la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, integrada en el negocio de Keralty en Colombia. Petro ha ordenado recientemente la intervención de varias de estas piezas del sistema sanitario del país. Funcionan como aseguradoras que reciben el dinero del Gobierno para sufragar los gastos médicos y de hospitales de los ciudadanos. Ejercen, por lo tanto, un papel de intermediación entre los usuarios y el sistema de salud. Un mecanismo que Petro quiere modificar, para lo que ha intervenido varias de estas entidades acusando a sus gestores de «robar» porque «agrandan gastos para maximizar ganancias endeudando el sistema». Joseba Grajales, uno de los empresarios que estuvo en la génesis de proyectos bandera de la industria vasca como Gamesa o Guascor, dirige actualmente Keralty, una de las empresas de sanidad más importantes de Latinoamérica. La compañía, que comenzó en los años ochenta en Colombia como la división internacional de Sanitas, atiende hoy en Brasil, Venezuela, Perú, Puerto Rico... y ha llegado incluso a Estados Unidos y Filipinas. Solo en Colombia supera los 7 millones de asociados y ronda los 24.000 empleados.

Mundu mailan milioika zibereraso saiakera egiten dira egunero. Munduko Ekonomia Foroaren arabera, 10etik 9 entitate izan dira, gutxienez, eraso baten biktima. Tendentzia ere bera da EAEn eta, hilero, 3.500 zibereraso saiakera egiten dira Cyberzaintzaren, Zibersegurtasunaren Euskadiko Agentziaren, arabera. Urtean 40.000 inguru. Azken bi urteetako datuekin alderatuz gero %48 hazi dira asmo txarreko jarduera horiek gure inguruetan. Gehiago irakurri hemen

Los socialistas vascos se sumaron ayer a las críticas del PNV a la vicepresidenta Díaz, a quien culpan de frenar el traspaso a Euskadi de las prestaciones del paro. Si bien la cumbre del martes entre los gobiernos vasco y central se saldó con nuevas competencias para Euskadi que permiten abrir una tímida vía para el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, el balance acabó siendo regular porque no hubo pacto en la materia más importante del primer bloque. Las prestaciones y subsidios de desempleo seguirán en manos del Estado ante un desacuerdo del que Lakua (tanto el sector del PNV como el del PSE-EE) responsabiliza en mayor o menor medida a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una culpa que Sabin Etxea extiende también a los dos principales sindicatos nacionales, CC OO y UGT. La transferencia de las prestaciones familiares no contributivas y del seguro escolar, acordadas en la Comisión Bilateral presidida por Pedro Sánchez e Imanol Pradales en La Moncloa, supusieron un avance. Y es que por primera vez Euskadi asumirá funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General (TGSS). Sin embargo, el botín no se completó en lo relativo a las políticas pasivas de empleo, la principal materia en negociación. El Gobierno vasco aspiraba a gestionar 800 millones de euros al año en prestaciones y subsidios a través de Lanbide y que desaparecieran así las oficinas del Sepe. Al término de la reunión, desde la propia sala de prensa de La Moncloa, el lehendakari no ocultó su insatisfacción por el desacuerdo en este punto y apuntó de forma velada a la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Reconoció que Sánchez sí había mostrado «voluntad política» para avanzar en los traspasos comprometidos, pero le exigió que «ponga orden» en su Gobierno para «remover los obstáculos administrativos y las resistencias políticas que nos estamos encontrando». Habló, en concreto, de «concepciones centralistas o centralizadoras» que estarían impidiendo la transferencia de las prestaciones del paro.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasistas mientras ocupaba esa responsabilidad bajo los gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018. También están siendo investigadas otras 27 personas, más de una decena de ellas del equipo de Montoro en Hacienda, y seis empresas, por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Las empresas, según el auto del magistrado, se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legales que les beneficiaran, pasando antes por el despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el exministro popular en 2006. Las beneficiarias, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, lograron supuestamente la aprobación de al menos dos rebajas fiscales. El titular del Juzgado número 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro por supuestamente beneficiar a empresas gasistas mientras ocupaba esa responsabilidad bajo los gobiernos de Mariano Rajoy. La investigación, abierta en 2018 y que hasta ahora permanecía bajo secreto de sumario, ha hecho que el magistrado constate “la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”.

El Gobierno, sin estar, ha sido el gran protagonista del discurso de clausura de la Asamblea General 2025 que celebró la CEOE, como cada año, en Madrid. Su presidente, Antonio Garamendi, no ha dudado en cargar contra la actual política de «injerencia» en temas empresariales y les ha acusado de ahuyentar la inversión a consecuencia de los casos de corrupción que salpican a parte del Ejecutivo y la inseguridad jurídica que generan los anuncios de normas como la reducción de la jornada. «España vuelve a estar en las portadas internacionales por escándalos de corrupción, lo que afecta a la confianza y ahuyenta las inversiones», advirtió el líder de los grandes empresarios, que señaló que se ha producido un descenso efectivo del 27% de las inversiones, debido al elevado aumento de las desinversiones, lo que las ha devuelto a mínimos de 2020. «No solo hay que hablar de las que vienen, sino también de las que se van», argumentó. En este sentido, recalcó que «no nos podemos permitir como país ningún grado de corrupción, en ningún ámbito», y exigió al Gobierno que deje de desviar la atención hacia las empresas, que deje de culparlas, y que «paguen por ello quienes las practican». «Tengo que decir alto y claro que no comparto ese nuevo término que dice que las empresas son las corruptoras. El corruptor es el que tiene el poder. El que tiene el poder es el que lo gestiona», zanjó.

Los empresarios no comparten el triunfalismo del Gobierno en materia económica y advierten de los perversos efectos que tienen las medidas que pretende aprobar el Ejecutivo. Nada más lejos de la realidad, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que no se arrogue los buenos datos económicos que se dan, en buena medida, gracias a la labor de las empresas. Así lo expresó el máximo líder de la patronal española en la Asamblea General celebrada ayer, donde repasó las principales preocupaciones que tienen los empleadores en estos momentos. Y una sobresale por encima de todas: la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Aseguró Garamendi durante su discurso de clausura del acto que la medida estrella de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es en realidad una fuente de “inseguridad jurídica” que genera incertidumbre entre las empresas. Y prueba de ello es el frenazo que asegura se está produciendo en la firma de convenios colectivos: un 7% menos que hace un año, lo que ha provocado que haya un 9,5% menos de trabajadores protegidos por estos acuerdos laborales. La posibilidad de tener que renegociar los marcos pactados entre empresas y sindicatos si se reduce la jornada máxima de trabajo está detrás de ello. Este foco de inseguridad jurídica y de inestabilidad que constituye la reducción de jornada tiene otro efecto colateral: ahuyenta a los inversores extranjeros. “Están en el punto de mira”, avisa el líder de CEOE asegurando que se trata de una medida “partidista”. Además, recordó que este año vence el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y avisa de que será difícil pactar con los sindicatos un nuevo marco de recomendaciones, entre las principales en materia salarial, con la incertidumbre sobre la posible reducción de la jornada laboral. Una medida, que reitera Garamendi será un golpe especialmente severo para las pequeñas y medianas empresas y autónomos. 

El 27 de mayo el Gobierno dio un paso muy esperado por los trabajadores de los sectores más penosos, los que implican grandes esfuerzos físicos o exposición a sustancias peligrosas. El Consejo de Ministros aprobó la nueva vía para anticipar la jubilación en las profesiones más exigentes de esos sectores, un nuevo procedimiento que toma en cuenta las muertes, las bajas y la duración de las mismas en cada puesto. Los sindicatos más representativos de la construcción, CC OO y UGT, registraron ayer la petición para que la Seguridad Social estudie su caso, lo que coloca a albañiles, encofradores o peones en la rampa de salida para acceder a este nuevo derecho. Lo han hecho sin respaldo patronal, ya que la principal asociación empresarial denuncia el sobrecoste en cotizaciones que implicaría este nuevo instrumento, a pesar de que deriva de un acuerdo en el que participaron CEOE y Cepyme.

El Gobierno central ha adjudicado a la empresa guipuzcoana Sapa Operaciones más de 2,3 millones de euros del Perte VEC III (Vehículo Eléctrico y Conectado) en su sección de cadena de valor. La firma con sede en Andoain había presentado alegaciones a la comisión de seguimiento del Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) y tras su análisis otorgar 1.600.398 euros de subvención a la firma del sector de la Defensa y 701.787 euros de préstamo, para un total de 2.302.185 millones de euros. El objetivo de esta línea de ayuda del Ministerio de Industria es impulsar planes de inversión para la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, de sus sistemas, subsistemas y componentes, además de ciertos sistemas de infraestructuras auxiliares necesarios para su despliegue. Un área en el que está especializada la empresa de los hermanos Aperribay. La delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, destacó ayer que «el Gobierno de España sigue inyectando dinero en la economía vasca en su apuesta firme por la descarbonización y el impulso a una industria más sostenible. El dinero sigue llegando a nuestras empresas como se puede comprobar una vez más».

Las acciones se desplomaron ayer un 18,5% y los analistas temen que otras automovilísticas anuncien revisiones de beneficios a la baja por la presión comercial y la debilidad de la demanda. A Renault se le acumulan los problemas. En plena búsqueda de un nuevo consejero delegado tras la salida de Luca de Meo, la compañía francesa ha lanzado una advertencia de beneficios que ha sacudido al sector automovilístico europeo. El fabricante recortó su previsión de margen operativo para 2025, del 7% al 6,5%, y rebajó sus expectativas de flujo de caja libre hasta una horquilla de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Es decir, retrasa su objetivo de superar la barrera de los 2.000 millones. A la espera de que el próximo 31 de julio presente sus resultados definitivos, las cifras preliminares apuntan a unos ingresos de 27.600 millones de euros en el primer semestre, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y un margen operativo del 6%. Este revés llega en un momento delicado para el conjunto del sector. La industria del automóvil europea se enfrenta a una demanda interna debilitada, crecientes tensiones comerciales y una competencia cada vez más feroz por parte de los fabricantes chinos. En este contexto, los inversores se muestran escépticos ante una posible remontada y aceleran la venta de acciones. Renault lideró los descensos en las Bolsas europeas ayer con una caída del 18,5%, la mayor desde marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia. El desplome de Renault arrastró al resto del sector: Stellantis cedió un 6,2%; Volkswagen, un 3,7%; BMW, un 0,7%, mientras que Porsche se dejó un 3% y Mercedes, un 1,9%. 

“El momento de la verdad”. El rótulo que presidía el acto hablaba de un asunto demasiado abstracto para descifrar la complejidad de las cuentas públicas francesas. Sin embargo, la palabra, utilizada por el primer ministro francés, François Bayrou, para presentar un histórico plan de recortes, unos 43.800 millones de euros durante 2026, ponía ante el espejo a Francia y la realidad de su mala salud económica y financiera, con una deuda de más de 3,3 billones de euros. Y que no para de crecer, convertida ya en el 114% del producto interior bruto. Un monstruo que empuja lentamente al país al precipicio de la insolvencia. Esa es la verdad, anunció Bayrou. El problema es que el concepto es amplio y abarca también su propia situación, de soledad y debilidad política extrema en un Parlamento que debería acompañarle, pero que se encuentra completamente fragmentado tras las elecciones legislativas de hace un año. La verdad es que Bayrou no tiene el apoyo ahora mismo para comenzar este viaje y, muy probablemente, afrontará una moción de censura a la vuelta del verano. Pero, al mismo tiempo, cualquier candidato a las elecciones presidenciales de 2027 preferiría encontrar este impopular trabajo hecho. La verdad se manifiesta también de forma nítida, recordando a Francia que –siguiendo el ejemplo de Italia, acostumbrada a vivir en una creativa improvisación– no ha hecho los ajustes necesarios después de la gran crisis financiera y la pandemia, que agravó todavía más la situación. La austeridad no formó parte del vocabulario político. Y aquel “cueste lo que cueste” durante la pandemia del entonces ministro de Economía, Bruno Le Maire, evocando al Mario Draghi que salvó el euro, todavía resuena en las cuentas públicas.

La Comisión Europea plantea un ambicioso plan para aumentar sus ingresos sin elevar las contribuciones de los Estados Miembros. Junto con la presentación de sus nuevos presupuestos, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció una andanada de medidas, principalmente tasas e impuestos, con las que buscará disparar su recaudación en cerca de 60.000 millones de euros al año. Una de las propuestas más polémicas de este paquete es un nuevo impuesto a las empresas que operen en la Unión Europea. Todas las compañías que superen una facturación anual mínima de 100 millones de euros estarán sujetas al nuevo gravamen comunitario que se divide en tres bloques. Las compañías con ingresos de entre 100 y 250 millones de euros deberán abonar 100.000 euros cada año. Para aquellas con una facturación de entre 250 millones y 500 millones, la suma asciende a 250.000 euros y, si los ingresos superan los 500 millones de euros, el importe a pagar se incrementa hasta los 500.000 euros anuales. La tasa, además, se cobrará a nivel de empresa y no de grupo corporativo, por lo que las compañías con estructuras de filiales o de diferentes sociedades pagarán varias veces las cantidades especificadas. Con esta medida, Bruselas anticipa recaudar alrededor de 6.800 millones de euros al año. La Comisión Europea ha elevado finalmente el umbral mínimo a partir del cuál se aplica el impuesto desde los 50 millones de euros contemplados en el borrador adelantado la semana pasada por Financial Times.

El alumbramiento del próximo Presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, que llegará hasta los dos billones de euros, es como «una maratón», según destacó ayer la presidenta de la Comisión Europea. La política alemana tenía el reto de presentar una propuesta más flexible, a la altura de los desafíos que enfrentará en el futuro el bloque y que pueda recibir el respaldo de los Estados miembros y de los grupos políticos de la Eurocámara. El resultado lo presentó ayer: un proyecto financiero ambicioso de dos billones de euros (frente a los 1,2 billones de la etapa anterior ), que quintuplicará la partida para inversiones en Defensa hasta los 131.000 millones de euros. El diseño concuerda con la «nueva era» que afrontan los Veintisiete, con retos generales como la seguridad –acentuado como nunca con la guerra de Ucrania–, la migración y la transición energética. La tarea que la UE tiene por delante tampoco es sencilla. Los aliados europeos se comprometieron en la Cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada a finales de junio, a elevar su gasto militar hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, con presupuestos nacionales ajustados y sin un balón de oxígeno como los populares fondos Next Generation –que inyectaron 806.000 millones de euros en las economías de los Veintisiete para hacer frente a la pandemia del covid–, la duda estribaba en cómo financiará la UE su rearme.

Los socios comerciales de EEUU no han tomado represalias contra los aranceles generalizados de Donald Trump, lo que ha permitido a un presidente del que se burlan por “echarse atrás siempre” recaudar casi 50.000 millones de dólares (43.000 millones de euros) en ingresos aduaneros adicionales sin apenas coste. Cuatro meses después de que Trump lanzara la salva inicial de su guerra comercial, sólo China y Canadá se han atrevido a responder a Washington imponiendo un arancel global mínimo del 10%, y gravámenes del 50% sobre el acero y el aluminio y del 25% sobre los automóviles. Al mismo tiempo, los ingresos de EEUU por tasas aduaneras alcanzaron la cifra récord de 64.000 millones de dólares en el segundo trimestre, 47.000 millones más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados el viernes por el Tesoro estadounidense. Los aranceles de represalia de China sobre las importaciones estadounidenses, los más sostenidos y significativos aplicados por cualquier país, no han tenido el mismo efecto, con unos ingresos globales por derechos de aduana sólo un 1,9% superiores en mayo de 2025 que el año previo. Combinados con las limitadas represalias de Canadá, que aún no ha publicado los datos aduaneros del segundo trimestre, los gravámenes impuestos a las exportaciones estadounidenses en todo el mundo representan una fracción ínfima de los ingresos de EEUU durante el mismo periodo. Otros socios comerciales de EEUU han decidido no responder del mismo modo mientras negocian con Trump para evitar la amenaza de aranceles aún más elevados.

La carrera por el liderazgo mundial de la inteligencia artificial (IA) se juega decididamente en terreno estadounidense, con China como el antagonista a batir, aunque no se le nombre. Horas después de que OpenAI, Google de Alphabet, Anthropic y xAI, la empresa de IA de Elon Musk, obtuvieran contratos de hasta 200 millones de dólares cada uno para fomentar las capacidades avanzadas de inteligencia artificial en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció el martes una inversión de 92.000 millones de dólares (unos 80.000 millones de euros) en inteligencia artificial (IA) y centros de datos en Pensilvania, de la mano de grandes empresas y tecnológicas como Google o Blackstone. Durante una cumbre sobre innovación y energía celebrada en Pittsburgh, el mandatario desglosó el total entre los más de 56.000 millones de dólares destinados a nuevas infraestructuras energéticas y un proyecto de 36.000 millones para construir nuevos centros de datos. “En las próximas semanas voy a anunciar mucho más que esto”, dijo, apuntándose personalmente una apuesta que saldrá de los arcas de las compañías privadas. “Creo que estamos en una verdadera edad de oro para EE UU”, dijo, en referencia a la conocida Gilded Age de los grandes industriales del ferrocarril y el acero de finales del siglo XIX que forjaron el país moderno. “Van a ver acción de verdad aquí, así que prepárense. Muchos empleos, mucho éxito”, declaró durante la cumbre, en la que estuvo acompañado por los responsables de las principales empresas del ramo, como Meta, Anthropic, BlackRock, ExxonMobil y Amazon Web Services. El futuro que representan esos proyectos “se construirá aquí mismo, en Pensilvania, en Pittsburgh, y por extensión en los Estados Unidos de América”.