20250530

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

En la clausura del Día de la Empresa celebrado por Adegi, Isabel Busto ha reivindicado el papel fundamental que las las empresas desempeñan en la sociedad. Unas empresas más competitivas generan más ingresos y mayores beneficios, ha señalado, para añadir que mayores beneficios, imprescindibles para seguir invirtiendo, adquiriendo tamaño, generando empleo de calidad y garantizando la recaudación que permita sostener nuestro estado de bienestar. Asimismo, generan un atractivo adicional para atraer nuevas inversiones, para atraer talento, para generar nuevas vocaciones y para arraigar nuestros proyectos empresariales. Leer discurso de Isabel Busto aquí Ver más en Adegi aquí

Adegi realizó ayer una defensa de los beneficios de las empresas como sostén del Estado de bienestar. La patronal guipuzcoana, que celebró su asamblea anual en Fabrika, reivindicó un «gran pacto de país» con las instituciones para impulsar la competitividad de las compañías, en particular las del ámbito industrial, que son las que más están sufriendo en la actualidad debido a una coyuntura marcada por la incertidumbre. La presidenta de Adegi, Isabel Busto, reivindicó en su discurso el papel de las compañías como generadoras de empleo, riqueza y recursos esenciales para sostener los servicios públicos. «Unas empresas más competitivas generan más ingresos y mayores beneficios. Sí, no habéis oído mal. Lo decimos sin tapujos. Mayores beneficios, imprescindibles para seguir invirtiendo, adquiriendo tamaño, generando empleo de calidad y garantizando la recaudación. Unas empresas más competitivas, con mayores beneficios, generan un atractivo adicional para atraer inversiones, talento, nuevas vocaciones y para arraigar nuestros proyectos empresariales», dijo en presencia de la diputada general, Eider Mendoza. Y es que el mensaje de no demonizar las ganancias como mecanismo para garantizar el progreso y la riqueza, llega apenas unas semanas después de que los tres territorios forales hayan aprobado una reforma fiscal que eleva la presión tributaria en el impuesto de Sociedades a las empresas que obtengan beneficios extraordinarios y no mantengan o creen empleo.

La oferta vinculante realizada por el fondo suizo Meteorix con que la empresa vasca Metal Group acudió la semana pasada a la apertura de su concurso de acreedores recoge el pago de un euro por la compañía, así como el compromiso de asumir solo la deuda financiera «que ostenta garantía real o privilegio especial» y las cantidades que debe a los proveedores comerciales «estratégicos». Así consta en el documento que también incluye el compromiso de mantener los 349 contratos de trabajo, incluyendo los temporales, y un plan para asegurar la viabilidad de las unidades productivas durante un plazo superior a tres años. Meteorix Trading, que se define en la oferta vinculante como una sociedad anónima suiza con una estrategia de inversión orientada a largo plazo y al mantenimiento de la actividad en las empresas, cuenta con una base inversora con más de 20 años de trayectoria y experiencia en compañías que atraviesan «periodos de transición» en «contextos macroeconómicos cambiantes». De hecho, el documento recoge «el entorno especialmente adverso» que han venido atravesando las siete firmas que conforman Metal Group –un conglomerado que dispone de cuatro plantas productivas de fundición y mecanizado–, como «la pandemia, el aumento de los costes financieros, la hiperinflación, los elevados precios energéticos y las disrupciones en la cadena de suministro», además de la reciente «crisis arancelaria» y «la creciente competencia asiática» en el que sigue siendo su principal mercado, la automoción. Su propuesta recoge una apuesta por el sector de la defensa.

El cruce de acusaciones entre las eléctricas y Red Eléctrica de España por la responsabilidad del histórico apagón que dejó a oscuras a la Península Ibérica el 28 de abril experimentó ayer un aumento en la escalada. Iberdrola y Endesa cargaron contra el grupo que preside Beatriz Corredor al que achacan, como gestor de la red, la obligación de mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Las eléctricas matizan la importancia de separar «la responsabilidad de la culpabilidad», señaló ayer el consejero delegado de Iberdrola España, Mario RuizTagle. Pero no dudan en apuntar al papel que juega el gestor de la red ante las tensiones y oscilaciones que se produjeron en el sistema antes del cero energético. «La responsabilidad de la amortiguación de esos fenómenos no es de los operadores, no es de la distribución ni de la generación, sino del operador único y exclusivo de la red», defendió el directivo de Iberdrola. El CEO de Endesa, José Bogas, apuntó en la misma dirección: «El responsable de la estabilidad del sistema eléctrico es Red Eléctrica de España». En el mismo evento, la propia Corredor replicó que los parámetros de tensión en los momentos previos al fallo eléctrico «eran correctos» y pasó al ataque poniendo en el punto de mira a las tecnologías convencionales. «En el momento del apagón, la hidroeléctrica, la nuclear y los ciclos combinados que estaban conectados a la red estaban absorbiendo menos potencia reactiva de lo que la normativa les obliga», detalló. Previamente, el responsable de Iberdrola España había revelado que la prueba de que falló inercia en el sistema es que cinco minutos antes del apagón Red Eléctrica pidió a la compañía que activara un ciclo combinado –gas– que estaba desconectado.

Evitar la «parálisis por la incertidumbre». Ante el vaivén de la justicia estadounidense a los aranceles de Trump, la Cámara alavesa no levanta la guardia. En la entrega de sus XXXIX Premios a la Internacionalización, el presidente de la entidad, Gregorio Rojo, admitió que el «cambio de rumbo» de la Administración americana ha generado «gran incertidumbre», pero no se quedó ahí. El máximo responsable de la Cámara puso deberes al territorio ante «los retos de nuestra industria», de los que matizó que «no son pocos». Entre las prioridades que se fijó Rojo, destacó cuatro: diversificar la economía alavesa, acelerar su digitalización, captar talento y contar con más renovables. «Debemos definir proyectos que nos permitan afrontar una demanda energética creciente, tratando de avanzar en la senda de la independencia en la generación», recalcó el presidente de la entidad en un momento en el que Álava sólo es capaz de producir el 8,78% de la energía que consume. Rojo, además, reivindicó el papel de las empresas en el territorio. Especialmente de la industria, donde «descansan las bases de los niveles de bienestar de los que gozamos». En un momento marcado por esa guerra comercial, la Cámara incidió en la necesidad de reforzar el comercio dentro de Europa. Rojo, de hecho, citó un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) según el cual las barreras internas del continente «equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas». También alertó de la urgencia de protegerse «de los competidores que no cumplan con las reglas de juego que se exigen para las empresas europeas», algo que en Álava afecta de modo especial a la automoción, que pugna con el coche chino por atraer compradores. 

Sarenet, el operador de voz, datos y servicios de alojamiento para empresas, anunció ayer la inminente puesta en marcha de un nuevo centro de datos ubicado en el Parque Tecnológico de Zamudio, coincidiendo con el 30 aniversario del nacimiento de la compañía. Se convertirá así en la novena infraestructura de la empresa que preside Roberto Beitia –el tercero en el parque tecnológico vizcaíno– y conlleva una inversión de 20 millones. Según señalaron, esperan que esté operativo «a finales de año». Con esta inversión, la compañía busca reforzar «la ciberseguridad, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y el crecimiento de las pymes». Este emplazamiento pasará a ser, además, la nueva sede de la compañía, ya que esta ubicación es «una especie de círculo virtuoso», donde la conectividad es «privilegiada», ya que hay cuatro centros de datos en un área de un kilómetro, según explicó Beitia. En concreto, el nuevo activo contará con una capacidad de 3 MW y solo consumirá energía 100% verde, ya que incluye su propia instalación fotovoltaica. Según incidieron desde Sarenet, el nuevo centro «responde a las necesidades reales del tejido empresarial local y nacional», y tiene la meta de «garantizar la continuidad de negocio y alojar desde aplicaciones empresariales críticas hasta servicios avanzados de inteligencia artificial, ciberseguridad gestionada y espacios de datos».

Los servicios jurídicos del Departamento de Industria del Gobierno Vasco continúan estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco –TSJPV– que anula la licencia ambiental que concedió la propia administración a la empresa Valogreene para instalar en Bergara una planta de tratamiento de residuos de empresas fabricantes de papel y generar desde ellos productos calcáreos. Sin haber concluido aún el análisis del documento judicial, desde Industria apuntaban ayer a este periódico que «estamos valorando recurrir la sentencia en casación». El argumento de mayor peso que esgrimen desde el Gobierno Vasco para defender un futuro recurso es el precedente de Pasaia y la planta de producción de energía eléctrica de 2011. Recuerdan que «en anteriores sentencias» vienen a decir lo contrario, que la existencia de un informe de compatibilidad urbanística negativo «no menoscaba que el órgano ambiental pudiera aprobar la Autorización Ambiental Integrada –AAI–». El fallo de Pasaia, según apuntan desde el departamento de Industria que lidera Mikel Jauregi, sirvió «como base» para la tramitación del citado expediente de Bergara.

San Sebastián acoge desde ayer y hasta hoy el primer foro internacional ASETT (Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank), un ambicioso encuentro internacional que sitúa a Euskadi como referente global en el impulso de la economía social como modelo empresarial centrado en las personas, comprometido con la inclusión y la sostenibilidad. Durante dos intensas jornadas, más de un centenar de referentes internacionales procedentes de más de 30 países abordan once retos sociales clave, entre ellos la inclusión sociolaboral, la vivienda, la financiación, la sostenibilidad o la equidad de género. El foro reúne a instituciones como Naciones Unidas, la OIT, la OCDE o el Parlamento Europeo, y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de países como Senegal, Brasil, Francia, Kenia o Palestina, junto a líderes del cooperativismo vasco como Mondragon. En un contexto en el que los modelos económicos convencionales muestran sus límites para dar respuesta a los desafíos actuales, la economía social se posiciona como una alternativa viable, innovadora y en expansión. Un modelo que apuesta por la estabilidad del empleo, la inclusión, la equidad salarial y la toma de decisiones democrática, y que reinvierte sus beneficios con un fin social. «El valor diferencial de este modelo es precisamente el que ha llevado a las instituciones europeas y a organismos internacionales a identificar la economía social como actor clave del futuro», destacaron en la inauguración la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el vicelehendakari del Gobierno Vasco, Mikel Torres, y la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino. El vicelehendakari Torres fue, precisamente ayer, uno de los ponentes de este foro internacional, en el que defendió una sociedad «más solidaria, cohesionada, inclusiva e igualitaria» a través del fomento de la economía social y del desarrollo de proyectos empresariales de éxito que «estén arraigados en el territorio, prioricen a la persona y creen empleo de calidad».

María López Negrete acaba de ser nombrada oficialmente nueva presidenta de Cecobi, la patronal del comercio vizcaíno. Por primera vez en la historia, una mujer se pone al mando de la principal organización comercial del territorio, fundada en 1987. Toma el relevo de Raúl Pascual, Julián Gómez y Pedro Campo, que cede el testigo tras los últimos 17 años al frente de la entidad. La gerente de Pinturas del Norte ha vencido sin oposición y sin medir sus fuerzas en las urnas, al encabezar la única candidatura presentada en unos comicios que han transcurrido con total normalidad. López Negrete afronta los próximos cuatro años con «el reto» de impulsar la actividad del pequeño comercio y sacudirse la presión de las grandes superficies, las bajas ventas y el auge del mercado electrónico, además de los cambios de costumbres. Bizkaia cuenta en estos momentos con cerca de 18.000 establecimientos, casi 1.200 menos que hace tres años, y mantiene en torno a 73.000 puestos de trabajo entre empleados y asalariados, lo que supone un descenso del 1,6% respecto a 2023. La empresaria bilbaína liderará una junta en la que el 40% de los cargos directivos serán mujeres y fomentará el asociacionismo como punta de lanza en un sector visibilizado por los rostros femeninos, aunque la mayor parte de los negocios siguen siendo propiedad de hombres. Pero si hay un paso que Cecobi desea realizar es «dar una mayor visibilidad al comercio», algo que confía en lograr con la participación en un mayor número de foros. «La marca Cecobi está creciendo. La verdad es que tenemos un equipo técnico fantástico, tenemos mucha gente joven también en la junta, gente que viene de la empresa familiar, y luego contamos con bastantes emprendedores», ha resaltado.

El primer avión de línea regular que cruzará el océano Atlántico ya está aquí. Y no es una conexión cualquiera. El enlace lo prestará United Airlines, la cuarta mayor aerolínea del mundo por volumen de clientes. Un gigante que se ha fijado en nuestra ciudad, en una urbe que resurgió del óxido de la desindustrialización para mostrar su nueva piel de titanio, a partir de la organización de grandes eventos internacionales. La reciente final de la Europa League es sólo el último destello. United vende Bilbao en Estados Unidos con carteles en los que promociona los pintxos (sí, lo escriben con tx) y nuestra cultura. Porque, en un principio, la ruta estaba enfocada a traer a Euskadi y a su zona de influencia a turistas estadounidenses. Pero a la empresa americana le ha sorprendido la cálida acogida cosechada en el norte de España. Aseguran fuentes de la empresa que las reservas van bien a ambos lados del Atlántico. Y esto invita a soñar. No se descarta que el proyecto, que no deja de ser un enlace estacional veraniego (funcionará solo hasta el 24 de septiembre), perdure a lo largo de todo el año. Por el momento serán exactamente 100 vuelos los que surquen el océano, con 17.600 plazas. La decisión sobre su posible continuidad se tomará en breve y dependerá de la rentabilidad obtenida. Porque un avión lleno hasta la bandera no es siempre sinónimo de beneficios. Aquí entra la variable precio. Los vuelos de United se están vendiendo a partir de unos 700 euros. Se pueden adquirir pasajes más baratos desde Bilbao en conexión con otras ciudades (vía Barcelona se pueden encontrar ofertas por menos de 500). United lo sabe, pero ofrece la inmediatez y comodidad del vuelo directo, sin escalas, sin esperas... Y lo hace mirando a un público que valora el tiempo y que, en definitiva, puede permitirse pagar un poco más por un servicio a la carta (con wifi gratis a bordo y todo).

Euskadi es la comunidad con la tasa más baja de riesgo de pobreza o exclusión social (14,8%) de todo el Estado, cifra que se ha reducido en 2,7 puntos con respecto al año anterior. ¿En qué se traduce esta bajada? Supone que hay 54.000 personas menos en situación de vulnerabilidad, según el último informe de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN, en sus siglas en inglés). Sin embargo, a pesar de que el País Vasco esté muy lejos de la media estatal (25,8%) de acuerdo con la tasa AROPE (indicador que usa la UE para medir el porcentaje de personas que residen en hogares con privación material y social severas), no hay que obviar que 290.058 personas están en riesgo de pobreza en Euskadi. En el resto de comunidades, son seis las que se sitúan por encima de la media nacional: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana. A pesar de que Euskadi se sitúa la primera en ingresos medios anuales, las dificultades para llegar a fin de mes afectan a un tercio de la población vasca (33,8%). No obstante, representa la tasa más baja de todo el Estado y 13,6 puntos por debajo de la media. Quienes viven en hogares con menores económicamente dependientes registran tasas de pobreza mucho más elevadas. Por sexos, aunque la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, la brecha se reduce en Euskadi y la diferencia entre hombres (14,8%) y mujeres (16,5%) se estrecha en 1,5 puntos.

Está acusado de ser el cabecilla de una trama fraudulenta de hidrocarburos que se está juzgando en la Audiencia Nacional. Se llama Alejandro Hamlyn, un empresario de Getxo que ahora reside en Dubái y que ha acaparado los focos al protagonizar unos vídeos en los que una ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, le pedía trapos sucios para desprestigiar a la UCO. Rompe su silencio en este periódico para declarar su inocencia y confesar que tiene «miedo». Yolanda Díaz habla de «extrema gravedad» y exige «depurar responsabilidades»

ELA y LAB mantuvieron ayer por separado su primer encuentro con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se desplazó a Euskadi. Reuniones inéditas que aprovecharon para reivindicar un salario mínimo interprofesional propio y un marco vasco de relaciones laborales. «ELA hará todo cuanto esté en su mano y pondrá en marcha toda su capacidad movilizadora» le advirtió el secretario general de esta central, Mitxel Lakuntza. La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, abordó también cuestiones como la situación de las empleadas de hogar y el aumento de la brecha entre el capital y las personas trabajadoras. Díaz aseguró que «me llevo tareas de esta reunión, como me las llevo siempre» y destacó la modificación del Estatuto de los Trabajadores para dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los de ámbito estatal. Sobre la propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas y a la espera de la tramitación en el Congreso, Díaz recordó que «hay margen absoluto para la negociación» con planteamientos como plazos y apoyos a las pymes. Ayer, la patronal CEOE, envió un comunicado pidiendo a los partidos que «tomen en consideración los graves perjuicios de esta reforma». La organización presidida por Antonio Garamendi insistió en que la medida empeorará la oferta y subirá los precios. Ver comunicado de CEOE. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está comprobando en primera persona que, a veces, la mera determinación no basta para imponer una reforma, sobre todo si se pretende sacar adelante con el rechazo frontal de quienes deben digerirla: los empresarios. La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin merma salarial, pactada únicamente entre Gobierno y sindicatos, ha puesto en pie de guerra a las organizaciones empresariales, y ha generado no pocas dudas entre algunas fuerzas políticas, lo que explica que, de momento, no acabe de coger impulso en el Congreso por la falta de suficiente respaldo. Las patronales insisten en que, tal y como está planteada, la reducción de jornada es inviable por su altísimo coste económico, en un contexto en el que el tejido productivo ya arrastra un carrusel de cargas, trabas y problemas, entre los que figuran el aumento continuado del SMI, de las cotizaciones sociales y otros impuestos... O el absentismo laboral, que se encuentra en zona de máximos históricos, un grave fenómeno del que es consciente el Ejecutivo. Precisamente, Yolanda Díaz hizo ayer un guiño a la patronal abriendo la puerta a la adopción de medidas contra el absentismo “de la mano” del proyecto de ley de la reducción de jornada. Esto es, vincular ambas cosas para allanar el camino hacia el recorte horario, que se ha convertido en el gran estandarte político de un Sumar declinante en las encuestas.

Entrevista con Ángela de Miguel,  la nueva presidenta de Cepyme "Los equipos están trabajando. Estoy convencida de que la ley de reducción de jornada no se va a aprobar en el Parlamento. Es una auténtica barbaridad y es inasumible para las empresas más pequeñas. Estamos planteando nuestras posiciones y propuestas a todos los grupos. Países como Alemania o Dinamarca están en 48 horas. No vamos a poder competir a nivel global y muchas empresas van a tener que cerrar...La jornada de 37,5 horas nos llevaría a una gran crisis económica. España no se puede permitir un coste de 23.000 millones con el nivel de deuda que tenemos.- Junts ha pedido que la medida se adapte a Cataluña. ¿Qué le parece?- Hay territorios que están más especializados en determinados sectores, pero la unidad de mercado es muy importante. Ese tipo de soluciones no son buenas para nadie. Creemos en la igualdad de todos los ciudadanos y de todas las empresas...Lo que sí tengo claro es que la unidad de acción de una institución independiente, como somos las organizaciones empresariales, haciendo frente común es lo más incómodo que puede haber para un Gobierno. La división favorece el intervencionismo. Cuanto más divididos estemos, más cómodo será para el Gobierno. Y cuanto más fuertes seamos, más fácil tendremos poder hacer frente a cualquier política pública que haga daño a las empresas..."

El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden para que los bancos realicen el pago del nuevo impuesto específico para las entidades en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, que sustituyó al gravamen temporal aplicado en 2023 y 2024. Este tributo busca gravar entre un 1% y un 7% el margen de intereses y comisiones obtenido por las entidades de crédito, las sucursales extranjeras y los establecimientos financieros de crédito por su actividad en España. En principio, esta figura sólo será aplicable en los ejercicios mencionados. El texto legal recoge que el pago fraccionado de 2025 debe realizarse en los primeros 20 días naturales de junio. Ante la inminencia de la fecha, Hacienda ha publicado en el BOE in extremis la orden que recoge los modelos de autoliquidación del impuesto y el pago fraccionado, que serán el 780 y el 781. Ello obligará a las entidades a abonar entre el 1 y el 20 del próximo mes las cantidades correspondientes al ejercicio 2024. Por su parte, en cuanto al modelo 780, que alude a la autoliquidación del impuesto, Hacienda expone en la orden ministerial que el plazo para presentarlo son los 20 días naturales del noveno mes posterior al de finalización del periodo impositivo. Por tanto, los bancos deberán declararlo entre el 1 y el 20 de septiembre de cada año.

La opa hostil de BBVA sobre Sabadell aterriza en los tribunales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) admitió ayer a trámite el recurso contra la consulta pública por la opa que presentó el pasado lunes el despacho de abogados Statera Legal. La Justicia analizará la legalidad de la consulta pública que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 5 de mayo y que un día después lanzó el Ministerio de Economía. El órgano judicial trasladó ayer la admisión del recurso a Economía por ser la institución que articuló la consulta y le ha concedido un plazo de 10 días para que presente sus alegaciones. Da otros 20 días al Gobierno para que traslade el expediente administrativo. La Audiencia Nacional también ha abierto una pieza separada para analizar si el Ejecutivo debe, o no, utilizar los resultados obtenidos con la consulta pública para resolver su análisis sobre la opa de BBVA. Fuentes jurídicas señalan que hasta este miércoles a última hora la Audiencia Nacional dudó sobre si derivar esta causa al Tribunal Supremo al entender que podría tener más competencia.

Maria Luís Albuquerque (Braga, Portugal, 1967) fue nombrada comisaria europea de Servicios Financieros el año pasado con una clara misión: completar la unión bancaria y de los mercados de capitales, proyecto que se puso en marcha hace una década pero que sigue incompleto. "Los servicios financieros tienen relevantes economías de escala. Y necesitamos que nuestros mercados de capitales y financieros ganen escala. Esto afecta a todos los participantes del mercado y a las infraestructuras; necesitamos ser grandes porque ello facilita eficiencias, menores costes e inversiones. Los desafíos tecnológicos exigen más inversiones y tener más escala nos permitirá afrontarlas...La cuestión de escala depende del mercado relevante que consideremos. ¿Con quién competimos? No estamos compitiendo entre nosotros, los europeos, o al menos no deberíamos. Deberíamos estar compitiendo con Estados Unidos, con China, con un mundo global. Y si piensas en esa escala, tiene sentido pensar a nivel europeo, no estar enfocado en cada estado miembro sino pensar de modo trasfronterizo...Desde la Comisión Europea no podemos comentar casos específicos, pero volviendo sobre lo que he comentado, se trata de considerar el mercado relevante y ver con quién estamos compitiendo, y esa es nuestra mayor preocupación. Desde ahí, debemos ganar escala hasta el punto de que podamos competir con ellos y atender a la vez a los intereses de los mercados más locales..."

El salario medio anual creció un 4,1% en 2023 y se situó en los 28.049,94 euros, 1.101 euros más que el año anterior, de acuerdo con la última Encuesta de Estructura Salarial (EES) que acaba de publicar el INE. Se trata de una subida que replica el porcentaje que se dio también en 2022. Son las dos más elevadas en la última década, pero insuficientes para seguir el extraordinario acelerón que dieron los precios tras la invasión rusa de Ucrania. Si la subida salarial acumulada en 2022 y 2023 (los últimos años para los que ofrece datos el INE) se situó en torno al 8%, el IPC en esos dos ejercicios progresó un 9%. Aunque la distancia entre sueldos y coste de vida empezó a cerrarse en 2023, habrá que esperar a los datos del año pasado para saber si terminó de hacerlo. De acuerdo con los datos del instituto estadístico, los hombres percibieron una retribución bruta media anual de 30.372,49 euros, frente a los 25.591,31 euros para las mujeres. La brecha de género se acortó algo en 2023 porque los sueldos de ellas subieron más que los de ellos (un 5,1%, frente a un 3,4%). Pero aun así la diferencia entre hombres y mujeres fue de 4.784 euros brutos al año. Sin embargo, para analizar la evolución temporal de los salarios los expertos suelen optar por otro dato: la mediana salarial. Esta marca el eje que deja por encima la mitad de todos los emolumentos percibidos, y por debajo la otra mitad. Y según el INE este salario típico se situó en 23.349 euros en 2023, 966 euros más que en 2022. Visto en porcentaje, este indicador progresó un 4,3%, más de medio punto por encima de la inflación media del ejercicio (3,6%).

Nuevo capítulo en las idas y venidas sobre la indemnización por despido improcedente: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reabierto la puerta a las indemnizaciones adicionales, pese a la doctrina en contra que fijó el Tribunal Supremo en diciembre de 2024. Este pronunciamiento se da en un momento agitado al respecto, pendientes de que el Ministerio de Trabajo cumpla su promesa de abrir una mesa de diálogo social para reformar la normativa (algo que Economía y las patronales rechazan) y después de que el Consejo de Europa diera la razón primero a UGT y después a CC OO cuando señalaban que la norma no cumple la Carta Social Europea. En una sentencia fechada el 8 de abril y conocida ahora, la Sala de lo Social del órgano judicial con sede en Barcelona analiza un recurso de suplicación en el que un trabajador reclama una indemnización adicional por su despido, “denunciando la supuesta infracción de los artículos 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 24 de la Carta Social Europea Revisada”. Es decir, el empleado alude a normativa internacional ratificada por España para reclamar una compensación superior a la que establece el Estatuto de los Trabajadores. El Tribunal Supremo dictaminó en diciembre del año pasado que la indemnización por despido improcedente establecida en el estatuto “no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas del caso, sin que ello suponga una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, en el que tan solo se indica que la indemnización sea adecuada”. 

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, anunció ayer que las compañías propietarias de las cinco centrales nucleares que funcionan en España , Endesa, Iberdrola y Naturgy, están de acuerdo en solicitar “en breve plazo” la extensión de la vida de las nucleares. Las eléctricas pactaron en 2109 el cierre del parque nuclear entre 2027 y 2035. Bogas justificó la revisión en el calendario de cierre en los cambios registrados en el sector y en circunstancias técnicas “fundamentalmente en la central de Almaraz” –contenedores, almacenes de residuos–. En el caso de Almaraz, en el que participan las tres eléctricas, el horizonte de cierre pasaría de 2027 a 2030. Para el resto, precisó Bogas, “siempre he defendido la extensión por 10 años, aunque una cosa es lo que yo quiero y otra lo que es posible con los intereses de todos”. La asociación Foro Nuclear, la voz de las compañías con intereses en el sector, aboga desde hace tiempo por revisar el calendario de cierre y extender el funcionamiento de las centrales más allá de su vida de diseño –40 años–. Con dos condiciones: reducir lo que pagan por la gestión de residuos y asegurar que la energía que producen las centrales tiene hueco en el mercado. Resumido: menos impuestos –menos pagos a la empresa pública de residuos Enresa– y una tarifa fija que asegure el negocio. La extensión, aseguró Bogas, “podría ser una opción que el Gobierno podría considerar y además daría tiempo a seguir operando [por parte de REE y tras el apagón] con seguridad reforzada”.

Europa conquista máximos históricos en sus principales bolsas y lo hace en un momento en el que la incertidumbre sigue ahí, languideciendo a la vuelta de la esquina. Nada en el horizonte hacía pensar que este momento iba a llegar precisamente ahora, cuando la Administración Trump ha dado la vuelta al tablero de juego. Sin el respaldo de Wall Street, podría concluirse que los máximos de los mercados europeos en un momento en el que faltan catalizadores no son una casualidad. Y es que el dinero está llegando a manos llenas al Viejo Continente rompiendo con todo lo anterior. De momento, 2025 es ya el año en el que más dinero nuevo ha entrado en las bolsas europeas de la última década. Según datos recopilados por Bank of America, los flujos de fondos que han llegado a nuestro continente superan los 110.000 millones de dólares desde el 1 de enero. Es una situación que no se veía desde 2015, después de siete años consecutivos de salidas de capitales de nuestro mercado, con la salvedad de 2021, donde prácticamente se empató. Mientras tanto, el inversor está huyendo claramente de todo lo que esté denominado en dólares y de las empresas domésticas estadounidenses, las que saldrían peor paradas en caso de que la hipótesis de una recesión económica se confirme. En lo que va de año, las pequeñas cotizadas de EEUU sufren la mayor salida de fondos de toda su historia, con una fuga que se valora en cerca de los 68.000 millones de dólares.

Revés judicial a la guerra comercial de Donald Trump, que se sume en el caos judicial a la espera de que los tribunales superiores se pronuncien de forma definitiva. La Corte de Comercio Internacional, con sede en Nueva York y jurisdicción federal, considera que el presidente de EEUU no tiene autoridad para aplicar aranceles generalizados sin el respaldo del Congreso y que se ha extralimitado en sus facultades, pero el Tribunal de Apelaciones suspendió horas después el fallo temporalmente, a petición de un recurso de la Casa Blanca que podría terminar hoy en manos del Supremo si fuera necesario. La Corte de Comercio es un tribunal federal con sede en Nueva York y su fallo ha sido rubricado por tres jueces, que coinciden al señalar que se ha utilizado de forma indebida la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA) para justificar los aranceles: “El presidente se extralimitó en sus funciones. La IEEPA no confiere una autoridad ilimitada para regular el comercio exterior mediante aranceles”. ¿Es el fin de la guerra comercial? Ni mucho menos. Para empezar, porque ya ha sido paralizada, aunque de forma cautelar, no en firme. Trump perdió la primera batalla, pero está decidido a librar muchas más y ya ha recurrido, alegando que “los constantes déficits comerciales” son, a su entender, “una emergencia nacional”. Por otra parte, “no corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. El presidente Trump se comprometió a priorizar a Estados Unidos, y esta Administración está decidida a usar todos los recursos del poder ejecutivo para restaurar la grandeza estadounidense”, declaró ayer Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado oficial.

Apoyó a Donald Trump en la pasada campaña electoral con 288 millones de dólares y, ya en la Casa Blanca, se convirtió en su mano derecha con la misión de recortar el gasto público. Pero el idilio no ha durado ni medio año. Musk, como cuando era un crío, se ha topado con alguien que manda más que él. A eso se suman los perjuicios económicos para sus empresas por estar en el Gobierno. Así que el miércoles anunció que se va. «Decepcionado» con Trump y con la política, donde no ha podido hacer lo que hace siempre: lo que le apetece. A través de X, la red social que adquirió cuando se denominaba Twitter para acabar con los mensajes de ideología ‘woke’, Musk dio por terminado el «tiempo programado» como empleado especial de la Administración. El portazo oficial. Apenas unas horas antes, el empresario sudafricano había cargado contra Trump. «Me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gasto, que, en lugar de disminuir, aumenta el déficit presupuestario y va contra el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE (departamento de Eficiencia Gubernamental)», criticó. Ha mostrado su clara oposición a la ley fiscal que tramitan los republicanos en el Congreso con el apoyo del presidente de Estados Unidos y que incrementará la inversión en defensa. Musk defiende el tijeretazo que él ha dado a las cuentas públicas en estos 130 días en el cargo. En X y tras anunciar su adiós, escribió: «La misión del DOGE se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el Gobierno». La decisión de irse ha llegado tras semanas de discrepancias con Trump y otros miembros del Ejecutivo, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y por la propia frustración de Musk, que no ha logrado imponer todos los recortes que pretendía. Ha recibido críticas, su imagen pública se ha deteriorado y los vehículos de Tesla, una de sus empresas, se han convertido en la diana de muchos grupos opositores. Esta compañía de automóviles eléctricos llegó a sufrir una caída del 71% en sus beneficios. Las ventas se desplomaron después de que el multimillonario impulsara despidos masivos en la Administración.