20211005

En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha querido resaltar los “buenos datos del paro registrado en Euskadi en el mes de septiembre, que nos colocan cerca de recuperar el nivel prepandemia en términos de desempleados. Se confirma pues, que continúa la mejoría del mercado laboral vasco, de la mano de una pandemia que va a la baja, y con la perspectiva de una parte final del año que también va a ser positiva...Suponen "la mayor caída en un año de toda la serie histórica. Con dos apreciaciones añadidas: de un lado, el descenso del paro se da en todos los sectores; y de otro lado, que ha venido acompañado de un aumento de la afiliación en algo más de 5.000 personas, lo que ha supuesto 12.500 afiliados más en los últimos doce meses. Además, la mayor pujanza se ha dado en el sector Servicios, y especialmente en la hostelería al ir eliminándose las medidas anti-pandemia. Además, la contratación indefinida vuelve a ganar peso”. Ver nota Confebask

La diferencia la marcó la hostelería, que se benefició de la relajación en las restricciones y también de la vuelta al trabajo presencial, que ha animado los negocios dedicados al menú del día. Así, el paro se redujo en 2.768 personas, un 2,26%, hasta situarse en 119.492, según datos de Lanbide. Se trata del mayor descenso en un mes de septiembre de los últimos 15 años. Esta mejora vino acompañada de creación de empleo, con 5.345 cotizantes a la Seguridad Social, hasta alcanzar los 958.475. «El factor principal para esta mejora ha sido la campaña de vacunación, que ha permitido recuperar la actividad presencial de forma masiva y, asociado a ello, ha impulsado sectores como el de comidas y bebidas muy ligados a centros escolares y a los trabajadores que comen fuera de casa», señaló la vicelehendakari, Idoia Mendia, al hacer el balance mensual. Añadió que también el ocio está remontando, aunque todavía sufre restricciones y «está a la espera de la decisión que adopte hoy el LABI». La comunidad ha recuperado 12.540 cotizantes en doce meses, un 1,3%, un porcentaje muy modesto si se compara con el 3,5% del conjunto de España, donde se ha alcanzado un récord histórico. «Hay que tener en cuenta que en el País Vasco la destrucción de empleo fue menor en los primeros meses y también influye la demografía, por el mayor número de jubilaciones», explicó Pablo Martín, de Confebask.

Confebask incidió en los datos positivos del desempleo, que se colocan ya, dijo «cerca de recuperar el nivel prepandemia». Además, cree que en la parte final del año la evolución seguirá siendo positiva, al tiempo que destacó que «en 2021 está ganando peso la contratación indefinida». Adegi también destacó la buena evolución de la afiliación en Gipuzkoa, al subrayar que ha registrado el mayor aumento porcentual (0,3%) para un mes de septiembre desde 2007 y levemente superior al registrado un año atrás. Pero los sindicatos vascos ponen el foco sobre todo en la calidad de los empleos que se crean, porque subrayan que en lo que va de año tan solo el 9% de la contratación acumulada ha sido indefinida, «por debajo del conjunto del Estado». 

Según los datos de la encuesta que las tres universidades vascas realizan anualmente, el paro de los graduados –medido tres años después– creció tres puntos en 2020 y se situó en el 13%, la tasa más elevada desde 2013. Eso sí, el tiempo medio desde que recibieron el título y fueron contratados se redujo en dos meses hasta los 11, y su sueldo medio mejoró ligeramente y se sitúa ya muy cerca de los 1.600 euros netos en 14 pagas. Otro dato positivo a ese respecto está en la reducción de la brecha salarial de género, ya que el incremento en la retribución de las mujeres es mucho más pronunciado que el de los hombres y el diferencial es casi nulo. Eso sí, solo el 3,5% de esos universitarios cobra más de 2.400 euros al mes.

"...Con la firma de este acuerdo se pacta el convenio colectivo que regirá las relaciones laborales en dichas plantas hasta finales de 2024. Entre las principales líneas del acuerdo destacan las bajas voluntarias, prejubilaciones, la reducción de una serie de partidas de gastos de personal, el incremento de la jornada laboral y la congelación salarial hasta 2025. Todas ellas con el objetivo ganar la competitividad necesaria en las plantas alavesas. Estas medidas no traumáticas para la defensa del empleo fueron planteadas por la compañía en julio de 2020...Con la reactivación de la actividad, la compañía encara los próximos trimestres con optimismo. El aumento en la entrada de pedidos ha permitido normalizar la actividad productiva en el resto de plantas del Grupo, retirando así los ERTEs realizados en los últimos meses; una decisión que se mantiene en las plantas alavesas condicionada a la recuperación de la actividad y el mercado..." Ver nota Tubacex

Hoy a las seis de la mañana las plantas de Tubacex en Llodio y Amurrio han vuelto al trabajo tras más de siete meses de huelga. De momento, son 340 operarios que regresan para reactivar una producción que quedó parada el 11 de febrero. Es aproximadamente la mitad de la plantilla, ya que Tubacex tiene en vigor un ERTE que afectará a un máximo del 70% de la jornada laboral hasta fin de este año. Lograr el acuerdo ha sido largo y complicado, pero ayer por fin se firmó a las dos y cuarto de la tarde. La rúbrica se retrasó por el malestar sindical, que rechazó formalizar públicamente el visto bueno ante los medios de comunicación convocados en la sede del Gobierno vasco para evitar la fotografía. La ratificación por parte de la plantilla ha estado plagada de dificultades. Finalmente fueron ocho de los trece delegados del comité los que firmaron el pacto: cuatro de ELA, tres de CC OO y uno de Atal. El sindicato STAT, con cuatro representantes, y uno de LAB lo hicieron en contra. Llegar a ese resultado final fue una carrera de obstáculos en la que los afiliados suscribieron el acuerdo en sus asambleas –excepto los de STAT y LAB– el viernes.

El grupo Urbas, que tiene su sede en Madrid, anunció ayer la compra del grupo promotor vasco Jaureguizar, uno de los que mantenía una actividad más intensa en el sector de construcción de viviendas, que vuelve a vivir una época de relanzamiento tras la brutal crisis que padeció a partir de 2008. La operación se enmarca en el proceso de crecimiento de Urbas, sociedad que cotiza en Bolsa, que ya ha protagonizado otras compras similares en los dos últimos años. Las empresas no han desvelado el importe económico de la operación. Con esta compra, Urbas incorpora a su cartera de viviendas en proceso de construcción y entrega un total de 2.400 unidades en diferente grado de desarrollo: 755 viviendas en construcción ya vendidas, 970 viviendas en oferta, 500 más previstas en suelos en desarrollo y 175 en activos inmobiliarios, entre los que se encuentran apartamentos tutelados, un apartahotel en Vitoria y viviendas y garajes en alquiler. Una parte importante de la cartera de viviendas en promoción de Jaureguizar se encuentra en Zorrozaurre, la zona de la capital vizcaína en la que se desarrolla un ambicioso proyecto de regeneración urbana. Pedro Campo, presidente de la patronal del comercio vizcaíno, mostró ayer su «preocupación» por la operación llevada a cabo por Urbas y Jaureguizar y «las consecuencias» que pueda conllevar para el futuro de la empresa vizcaína. «Me inquieta que grandes fondos de inversión estén poniendo el objetivo en nuestro tejido empresarial y de todo el País Vasco y perdamos poder de decisión», expresó el principal ejecutivo de Cecobi. Campo consideró que con estas operaciones Euskadi pierde una de sus «principales señas de identidad», como es el «arraigo» empresarial. En su opinión, la venta de Jaureguizar traslada, además, una «cierta sensación de debilidad y conformismo» al resto del país. 

Osasunberri, un consorcio integrado por 27 organizaciones del País vasco y de Navarra –17 empresas, 5 hospitales, 3 centros tecnológicos y 2 asociaciones sectoriales–, se han unido para potenciar y consolidar una cadena de suministro local. Una fórmula que, además de aportar una solución sanitaria frente a pandemias, dinamice el tejido industrial y la innovación y genere empleo. Entre todas ellas manejan proyectos que implican invertir más de 135 millones de euros y la creación de unos 300 puestos de trabajo. A este tipo de cadena productiva local se le denomina ‘Industria Km 0’. Los integrantes de este consorcio son las agrupaciones sectoriales Asebio (asociación española de bioempresas) y Basque Health Cluster (asociación sectorial de empresas de salud vascas); los tres centros tecnológicos, CIC Biogune, Tecnalia y Tekniker; y un grupo de empresas privadas (sanitarias e industriales) y hospitales lideradas por las farmacéuticas vasca Faes Farma y la navarra Cinfa. En este grupo están IMQ, Quirón Salud, Vithas, Histocell, Lazpiur, Mizar Additive, Biolan Health, C4E Consulting, Dhemen Design, Galbaian, Gogoa Mobility Robots, Hospital Aita Menni, Ikerlat Polymers, Innoprot, Mikrobiomik, Naru Intelligence Solutions, P4Q Electronics, Larrañaga Plásticos y Asunción Klinika.

La máquina-herramienta vasca luce estos días en la gran feria internacional del sector, la EMO de Milán, sus mejores galas y con ellas sus más modernos productos. Se trata de la primera gran cita internacional en el ámbito industrial tras más de un año y medio de pandemia, así que el sector acude al evento, que se prolongará hasta el sábado, con enorme ilusión. El carácter netamente exportador de la máquina-herramienta da idea de la importancia de la EMO y de las esperanzas que las empresas tienen puestas en ella. Así lo resaltaron desde Milán los responsables de la AFM, que defiende los intereses del sector en el ámbito internacional y que lidera la presencia española –el 80% de las empresas del sector son vascas– en la feria. La organización con sede en Donostia explicó que «tras el parón obligado por la pandemia, las empresas acuden a la EMO con buenas expectativas de negocio, derivadas del excelente comportamiento del mercado italiano (gran competidor de Euskadi pero, al tiempo, gran consumidor de máquina-herramienta) y de las buenas perspectivas generales para la economía mundial».

La Asociación de Usuarios Financieros Asufin presentó ayer lunes la primera demanda contra Geroa Pentsioak para reclamar por vía legal que permitan a sus socios rescatar de una sola vez el dinero ahorrado durante su vida laboral mediante aportaciones realizadas a través de su nómina. Geroa Pentsioak es una EPSV (Entidad de Previsión Social Voluntaria) de Guipúzcoa integrada por más de 200.000 personas, que tiene su origen en 1996, cuando la Asociación de Empresas de Gipuzkoa (Adegi) y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, llegaron a un acuerdo en el sector del Metal para realizar «aportaciones compartidas» entre el trabajador y la empresa. Ambas partes abonan una cantidad mensual que va engordando la bolsa para cuando el empleado se jubile. En el caso de Geroa, si la cantidad acumulada al llegar a la jubilación supera los 45.120 euros, los socios no pueden retirarla de forma total, sino en mensualidades que complementan su pensión. Y ésa es la clave de este caso que los afectados han apodado como el «euskorralito». Lazcano y varios cientos de socios exigen poder capitalizar el ahorro de una vez y denuncian que la entidad les impide hacerlo merced a un cambio en los estatutos que no se hizo conforme al reglamento y del que no fueron convenientemente informados.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acude hoy a Bilbao para inaugurar, junto con el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el nuevo centro de innovación del grupo especializado en redes inteligentes: el Global Smart Grids Innovation Hub, que se ubica en las instalaciones de Larraskitu. Este centro, al que se han unido 30 socios externos, ya tiene captados 120 proyectos de innovación, que conllevarán una inversión cercana a los 110 millones y en los que participarán unos 200 científicos y técnicos. Además del proyecto en sí mismo, la presencia de Galán despierta gran expectación después de que el grupo eléctrico anunciase que reduce inversiones en renovables en España por el ‘decretazo’ eléctrico, lo que perjudica notablemente a la industria vasca.

No es el primer político que adquiere un vínculo profesional con una poderosa empresa del Ibex y, para más inri, una eléctrica. Antonio Miguel Carmona, excandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, ni siquiera ha ocupado nunca, a diferencia de otros, cargos institucionales de relevancia ni puestos desde los que pudiera favorecer o perjudicar al sector. Pero su próximo nombramiento como vicepresidente de Iberdrola España, en un momento en el que el Gobierno se esfuerza en capear el temporal generado por el incremento del precio de la luz, ha caído como una bomba entre los socialistas. Carmona no ocupa desde hace años ningún puesto de responsabilidad en el PSOE. Su relación con Pedro Sánchez tampoco es fluida. No en vano, el economista, popular como tertuliano en programas televisivos, fue destituido como portavoz municipal del PSM en 2015, tras obtener unos magros resultados en las elecciones locales de ese año; rechazó ser senador y hasta ahora ejercía como profesor en la universidad privada San Pablo CEU. Pero la dirección del PSOE es consciente de que, con razón o sin ella, el asunto le hace daño.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunió ayer con los representantes de la industria electrointensiva con el objetivo de obtener información y contrastar opiniones en torno a la crisis que puede generar la escalada de precios de la electricidad. Hoy hará lo mismo con las asociaciones que representan a los pequeños consumidores. Ribera se comprometió a «hacer todo lo posible» para que las compañías eléctricas respeten los contratos de largo plazo que tenían firmados y que quieren renegociar o incluso cancelar. Iberdrola remitió una carta recientemente a las empresas que tienen firmados estos contratos con precios estables anteriores a las meteóricas subidas de los últimos meses, que han sembrado la incertidumbre. En síntesis, la eléctrica exponía que las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno suponen una penalización de entre 70 y 80 euros por megavatio en esos contratos. Muchos de ellos se situarían así en pérdidas porque están firmados con precios por debajo de los 60 euros. Ribera mostró su «preocupación» por las consecuencias que puede tener la ruptura de esos contratos ante representantes de grandes consumidores y también de patronales sectoriales como la del acero o la producción de cemento. La ministra no anticipó medidas que puedan amortiguar ese efecto de subida generalizada de costes en la industria, si bien dio a entender que las eléctricas no han mostrado hasta ahora una disposición a colaborar. 

Numerosas instalaciones de eólicas y fotovoltaicas se han desenchufado de la red durante el pasado fin de semana ante la imposibilidad de que, con la nueva regulación que ha puesto en marcha el Gobierno, les salieran los números. Prefirieron parar antes que tener que vender electricidad a pérdida. Es la primera vez que se produce una situación así en España, lo cual da idea del enorme caos que se está produciendo en el mercado eléctrico, que se había volcado durante las dos últimas décadas en el desarrollo de renovables precisamente para abaratar precios y desligarse de la dependencia del carbón, las nucleares y otras fuentes de energía contaminantes. La nueva regulación aprobada por el Gobierno el pasado mes trata de parar la escalada de los precios de la luz, que sigue totalmente descontrolada. Entre otras cosas, la nueva normativa recorta ingresos a las centrales nucleares e hidráulicas por los “beneficios extraordinarios” que según el Gobierno están obteniendo con la escalada de los precios. Desde el propio Gobierno se ha culpado a las grandes eléctricas como Endesa e Iberdrola de estar obteniendo beneficios “groseros”.

La presión de países como EEUU e India para elevar la producción de crudo y así contener su encarecimiento en medio de una virulenta crisis energética no ha hecho mella en el cartel petrolero. La OPEP y sus aliados (con Rusia a la cabeza) decidieron ayer en su última cumbre telemática mantener la hoja de ruta pactada en julio; esto es, dosificar el aumento de la producción limitándolo a los 400.000 barriles diarios acordados entonces, a pesar de que la propia organización reconoció semanas atrás que ese volumen de bombeo será insuficiente para satisfacer una demanda en ascenso de aquí a final de año. Esta negativa a abrir con mayor fuerza los grifos propulsó ayer el precio del Brent, crudo de referencia en Europa, hasta el umbral de los 82 dólares el barril, aunque posteriormente se moderó hasta el entorno de los 81,3 dólares (+2,5%). Son niveles inéditos desde octubre de 2018, que echan más leña al fuego de la crisis energética que está golpeando con especial virulencia a Europa por los precios desbocados de la electricidad, fruto a su vez de la escalada sin freno del gas natural. Todo ello en un contexto en el que Rusia, con su gas, su petróleo y su cada vez mayor influjo y poder en el seno de la OPEP+, desempeña un rol de importancia creciente en materia energética. En este escenario, el petróleo se ha encarecido cerca de un 60% en lo que va de año y prácticamente se ha duplicado en los últimos doce meses. 

El conjunto de las 122 multinacionales con facturación anual superior a 750 millones y matriz española declararon un tipo efectivo global del 18,3% y del 16,9% para España en 2018, cuatro puntos por debajo del que aplicaron en jurisdicciones de fuera de la UE, según la tercera edición del análisis que elabora la Agencia Tributaria (AEAT) a partir de la información suministrada por las empresas a través del modelo 231 de declaración de información País por país (Country by country report), que promueve la OCDE para detectar países en los que las multinacionales tienen tipos efectivos muy bajos, dentro de su lucha contra la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (proyecto BEPS, por sus siglas en inglés). La AEAT hizo ayer públicos estos datos en plena negociación presupuestaria para imponer un tipo mínimo de Sociedades del 15% (que se perfila sobre base imponible, lo que tendrá un efecto muy limitado, y a escala global, aunque sin que quede claro en ésta a qué se aplica el 15%) y destacó otro dato: el 16% de las multinacionales españolas que presentan este informe declararon haber pagado en todo el mundo una media del 1,9% de su beneficio global. Estos 20 grupos pagaron en concepto de Impuesto sobre Sociedades 336 millones sobre un beneficio de 17.833 millones de euros. El anterior informe, de 2017, se hizo público el pasado 25 de febrero.

La contribución fiscal total del Ibex en 2020, que incluye los impuestos soportados (Sociedades, cotizaciones e impuestos verdes) y recaudados (en lo que colaboran con la Agencia Tributaria) supone 32.847 millones en 2020, frente a 42.557 en 2019, un 22% menos. Así lo muestra el segundo estudio sobre la Contribución tributaria total del Ibex que ha realizado PwC y que hoy presenta CEOE, que mide por primera vez el impacto fiscal del año de la pandemia en el Ibex. La caída de 9.710 millones respecto a 2019 se debe a una disminución de 5.452 millones en los pagos por impuestos sobre beneficios por la pérdidas en el impuesto sobre Sociedades y por la reducción del pago de dividendos. En lo que respecta a los impuestos soportados, sobre productos y servicios caen 2.603 millones, sobre todo, el IVA, por el descenso de la actividad, y los medioambientales, en 1.725 millones por la menor movilidad. Las ratios de contribución fiscal total del Ibex en España en 2020 quedan distorsionadas por las pérdidas antes de beneficios. Estas empresas pagaron en Impuestos sobre beneficios 2.711 millones, pero les devolvieron 3.443 millones, lo que supone magnitudes negativas (732 millones, -7%) por las pérdidas antes de impuestos sobre beneficios agregadas, y arroja una contribución de 122 euros por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos. Cabe recordar que este indicador era de 56 euros en 2019, es decir, que las empresas del índice promovieron una recaudación tributaria de 56 euros para la Hacienda Pública de cada 100, o dicho de otro modo, que su contribución tributaria total fue del 56%.

Las aplicaciones y páginas web de Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron ayer una caída general en todo el mundo, según reconoció Facebook, propietaria de las tres marcas, que no dio ninguna explicación. “Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible”, dijo. Los problemas empezaron sobre las 17.30, hora peninsular española. Entorno a la medianoche, algunos servicios empezaban a recuperarse. El fallo se produce en un momento crítico para la reputación de la compañía, que en la sesión de ayer perdió un 4,9% de su valor en Bolsa. Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron ayer la peor caída total de su historia reciente, que afectó a sus servicios de forma global, según reconoció la compañía en varios mensajes en la red social Twitter. Al contrario que en otras ocasiones, esta vez el servicio estuvo completamente inaccesible.

Los más de 35,2 millones de españoles mayores de 18 años que ya han completado la pauta o que todavía están en ello podrán volver a ser llamados a lo largo del próximo medio año para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la covid. Y en todos los casos sería de Pfizer, independientemente de la profilaxis que recibieron la primera vez. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó ayer la administración en los 27 de una toma «adicional» (denominada ‘booster’) a todos los mayores de edad de la fórmula del consorcio germano-estadounidense. Ésa, reconocieron ayer responsables del departamento que dirige Carolina Darias, era la señal que Sanidad esperaba para poner inmediatamente en marcha este mismo mes de octubre la campaña de revacunación empezando por los grupos de más edad. A partir de ahora serán la comisión de Salud Pública y las comunidades autónomas las que determinen cómo trasladar esta decisión a España y detallen el orden de inoculación y el calendario correspondiente.