20220316

En entrevista a Radio Euskadi (EiTB) esta pasada noche, el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha explicado que "la prioridad son los precios de los productos energéticos que están teniendo una incidencia gravísima en los costes y la viabilidad". Afirma que "hay muchísimas industrias que se están planteando seriamente la posibilidad de seguir funcionando porque se ha disparado una fuente de costes muy importante cómo es el precio de la electricidad o el propio gas, y está impidiendo que sean explotaciones viables".  Zubiaurre cree que "si la industria básica empieza a parar y tiene dificultades extraordinarias, va a generar un efecto en cadena que nos va a llevar una situación límite". Explica que esto se está acelerando desde la invasión a Ucrania por parte de Rusia. El presidente de Confebask asegura que "a no ser que encontremos una solución y se tomen medidas de forma urgente, va a traer consecuencias muy graves. No sería descartable que este mismo año nos encamináramos hacía una nueva crisis económica". Zubiaurre destaca que "nos va a llevar a unas dificultades extremas y a un empobrecimiento general tanto de la ciudadanía como de las empresas". Por ello, cree que plantear exigencias como las subidas salariales, "que las empresas no puedan abordar, van a agravar la situación". Escuchar entrevista aquí

Los empresarios vascos venían señalando desde hace meses que el encarecimiento de los suministros, los cuellos de botella en la logística y la dificultad de mantener un mercado de materias primas estable estaban tensionando y reduciendo los márgenes de las compañías. Aún así, las perspectivas marcaban que para mediados de este año la dinámica cambiaría, la inflación se relajaría y el tráfico de mercancías volvería a la normalidad, pero la invasión de Ucrania se ha convertido en otro ‘cisne negro’ que ha roto todas las previsiones. De ahí que el mensaje del presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, fuera ayer contundente: «Hay que poner medidas para contener el precio de la luz porque sino la afección va a ser brutal y muy grave, con consecuencias insospechadas». El máximo representante institucional de los empresarios vascos fue claro al advertir del riesgo de la situación al señalar que, de no activarse actuaciones extraordinarias, se pondría en peligro la recuperación iniciada tras la pandemia.  las palabras del presidente de Confebask tras la reunión ayer en Vitoria de la Mesa de Diálogo Social del País Vasco, no dan más plazo y son una demanda clara sobre la necesidad de parar la escalada de la luz que empuja al IPC, reduce la competitividad de las empresas y aumenta el coste laboral, sobre el que Zubiaurre solicitó llegar a acuerdos que permitan amortiguar el incremento de precios. Ver más en Confebask. Ver más en Confebask 

Adegi ha anunciado su postura que ya está trasladando a los representantes sindicales en un ejercicio en el que confluyen la actualización o renovación de numerosos convenios colectivos. El listado facilitado por la patronal guipuzcoana es extenso y afecta a alojamientos, artes gráficas, comercio textil, construcción y obras públicas, fabricación de pastas, papel y cartón, industria y comercio de alimentación. Según señala la patronal, en algunos casos las mesas ya están constituidas y en otros se encuentran próximas a constituir. Ante este intenso proceso negociador, Adegi advierte de "la realidad de los momentos que nos están tocando vivir" que, en el ámbito empresarial, contempla un "desmesurado" incremento de los precios de las materias primas y la energía, la intensificación del problema de escasez de suministros, la paralización de proyectos, inversiones, pedidos y reservas y la reducción del consumo. Todos ellos problemas que apuntaron las empresas de Gipuzkoa en la encuesta de urgencia que efectuó entre ellas la patronal. En este contexto, Adegi trabaja en las mesas de negociación "para que los acuerdos de los convenios sectoriales estén pegados a la realidad" y advierte de que "es más necesario que nunca poner en valor la empresa". Ver más en Adegi. 

Nueva reunión de las patronales CEOE y Cepyme con los sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo de negociación colectiva. En este contexto, la propuesta de la patronal CEOE es la siguiente: para 2022 un incremento de hasta el 2'5%. Para el 2023, los empresarios proponen una subida del 2%, y de hasta el 1'5% para 2024. No obstante, CEOE propone un incremento adicional del 1% en función, entre otras cosas, de un aumento de la productividad. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, propuso ayer a las empresas y los trabajadores, a las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO, un pacto de rentas que suponga un reparto de los sacrificios entre las empresas y los trabajadores. Hernández de Cos dijo que “este pacto debe suponer un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo que implican los aumentos de costes recientes”. Es decir, los que se derivan, fundamentalmente, del crecimiento de los precios energéticos y de las materias primas que los fundamentan. El gobernador explicó que la guerra en Ucrania “ha agravado el shock negativo a nuestros términos de intercambio y, por tanto, el empobrecimiento de nuestra economía” que supone el encarecimiento de los precios energéticos. En este contexto, “resulta crucial evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y costes”. “Espiral que puede evitarse a través de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores”, dijo el gobernador, alineándose con la idea que el Gobierno ha planteado a la patronal y a los sindicatos: moderación salarial y limitación empresarial en el reparto de los dividendos, para facilitar la reinversión y la creación de empleo. “Insisto: –dijo Hernández de Cos– se trata de repartir costes. Todos los agentes han de asumir una pérdida. Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes”. 

«No entra ni un solo camión. Estamos totalmente parados y hay fábricas importantes del metal que se van a quedar sin suministro en cuestión de días», advierten empresas de la terminal vizcaína. Los efectos van más allá y también la flota de bajura ha anunciado que va a seguir amarrada hasta el lunes al no tener garantizada la distribución de su mercancía, informa Mirari Artime. Así que no llegarán la anchoa y el verdel a las pescaderías. El paro, convocado por una plataforma estatal de camioneros ante la escalada del gasóleo, ha cogido fuerza en el Puerto de Bilbao, donde el 95% de los transportistas son autónomos. Tras acumular años en una situación asfixiante, este colectivo se ha unido en masa y han dejado aparcados los más de 800 camiones que mueven los contenedores y la mercancía general –siderúrgica sobre todo– en la dársena. Las 30 empresas contratistas para las que trabajan han tenido que dejar de dar servicio.

La flota vasca de bajura, que actualmente se encontraba capturando anchoa y verdel, es uno de los primeros colectivos que ya sufre las consecuencias del parón en el transporte de mercancías. Ayer, este sector decidió que las 55 embarcaciones vascas de anchoa no saliesen a faenar a la mar hasta el próximo lunes día 21 al no tener garantizada la distribución de las piezas pescadas en el mar Cántabrico. Por ello, las cofradías de Bizkaia y Gipuzkoa –también las cántabras, asturianas y gallegas– se han visto obligadas a tomar esta decisión, según explicó a este medio el presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Eugenio Elduayen. «De nada sirve salir a pescar si cuando llegamos a puerto no hay transporte para distribuir la mercancía. Un producto que además es perecedero», sostiene Elduayen. Pero, ¿qué consecuencias tiene en el consumidor vasco la paralización de la actividad pesquera de bajura? Desde la Asociación Detallista de Pescado de Gipuzkoa, que reúne a cerca de 80 empresas, sostienen que «desde esta misma semana vamos a dejar de tener anchoas en las pescaderías del territorio. Respecto al precio, todo dependerá de la escasez de anchoa y de la demanda que nos trasladen los clientes. Si llega poco producto, el precio subirá, pero si la situación se soluciona en los próximos días o semanas, se mantendrá».

Con prácticamente la mitad de cada litro de combustible destinado a pagar varios impuestos, el Gobierno está estudiando cómo aplicar una rebaja de tributos para amortiguar el roto que los máximos de gasolinas y diésel están provocando en el bolsillo de particulares y empresas. El margen que tiene Hacienda es amplio. Su decisión se dará a conocer en el Consejo de Ministros del 29 de marzo. Y aunque son varias las limitaciones regulatorias en vigor, una medida de calado podría abaratar hasta un 15% los precios actuales de los combustibles, que ayer marcaban una media de 1,86 euros por litro la gasolina de 95 octanos y de 1,84 euros el gasóleo normal. Dos son los grandes impuestos que gravan al combustible en España: el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA. El primero es una figura fiscal de carácter fijo, que grava en unos 0,47 euros cada litro consumido de gasolina y en unos 0,38 en el caso del diésel. Estos gravámenes solo se encuentran regulados por la UE en sus mínimos, aunque cada Estado tiene flexibilidad para aumentar esas cuantías. En concreto, en la gasolina, el mínimo establecido por Bruselas es de unos 0,36 euros por litro. Esto es, unos 0,11 euros menos frente al gravamen que se aplica actualmente en España. En el caso del diésel la actuación tiene menos margen de movimiento, al tener un suelo de 0,33 euros por litro, unos cinco céntimos menos que el que se paga actualmente.

El petróleo Brent bajó ayer de los 100 dólares el barril – el cierre se situó en los 99,12 dólares–, un nivel no visto desde antes de la invasión rusa de Ucrania ante la esperanza de progresos en las conversaciones entre Moscú y Kiev. El crudo de referencia en Europa ha recortado en pocas jornadas un 22,6% su precio desde el máximo de 128 dólares al que llegó a situarse –139 dólares en niveles intradía–. A la fuerte volatilidad provocada por la guerra en Ucrania se ha sumado el incremento de los contagios por Covid en China, que ha forzado el confinamiento de una población de más de 51 millones de personas –entre ellos la ciudad de Shenzhen con 17 millones de personas– y que pone de nuevo en jaque a las cadenas de suministro globales, además de la implicación que pueda tener en la demanda de combustible de Pekín. A ello se suma el avance de las negociaciones sobre el levantamiento de las sanciones de EE UU a Irán que implicarían reactivar el acuerdo nuclear de 2015 y un alza de la producción mundial de petróleo.

Bruselas dio ayer luz verde a los Estados miembro para que pongan en marcha ayudas que reduzcan el impacto de la guerra en Ucrania. Las consecuencias del conflicto han empezado a aflorar en la economía europea, con una subida de los precios de la energía y de ciertos productos agroalimentarios. «Vamos a autorizar las ayudas estatales a hogares y a las empresas que más se han visto afectadas por el alza de la electricidad», apuntó el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, tras la reunión de los ministros de Economía de la UE en Bruselas. Estas ayudas se pondrán en marcha a través de préstamos del Estado y de créditos a intereses bajos a compañías que, debido a su actividad, consumen grandes cantidades de energía. «Es una respuesta coordinada que sigue las guías marcadas por la Comisión Europea», señaló Le Maire. En clave nacional, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defendió la urgencia de poner un tope a los precios de la energía. «Cada vez hay un mayor consenso entre los países de la UE sobre esta cuestión. Debemos tomar medidas decididas», aseguró.

La guerra en Ucrania tiene en vilo a los principales motores económicos alaveses, como es el caso de Michelin. El gigante de los neumáticos anunció ayer que suspende tanto sus exportaciones a Rusia como su actividad industrial en este país, con el cese de su planta en la ciudad de Davydovo (próxima a Moscú), con 750 empleados y dedicada a la producción de ruedas para turismos y camiones principalmente destinados al mercado local. Este anuncio añade si cabe más incertidumbre a la factoría vitoriana, la mayor de las cuatro plantas con las que cuenta en España y la segunda industria más grande de Euskadi con una plantilla de 3.500 personas. Las consecuencias del conflicto bélico ya han impactado en la fábrica alavesa, que ha tenido que parar su producción en cuatro jornadas de este mes. En concreto se han cancelado los dos últimos fines de semana (días 5, 6, 12 y 13 de marzo). El grupo francés trasladó a inicios de mes que ya estaba «cumpliendo» con las sanciones impuestas a Rusia, pero ayer fue más allá y comunicó que cortaba sus exportaciones a la federación. La guerra y el bloqueo económico, indicó la empresa hace dos semanas, están provocando en el grupo «importantes dificultades» en materia de logística y transporte para abastecer las fábricas y entregar a sus clientes. Ello obliga a «ralentizar» su producción y a suspender jornadas de trabajo en sus fábricas. En Vitoria, que ya ha dejado atrás los cuatro días de parón, queda por conocer cuál será el impacto de este último anuncio.

El girasol necesita menos agua, abono y herbicidas que la patata o la remolacha. Y escasea por la guerra de Ucrania. Así que los agricultores alaveses lo ven claro: quieren que las 2.174 hectáreas cultivadas de girasol en Álava el año pasado crezcan de una manera considerable, aseguran desde el sindicato agroganadero UAGA. El desabastecimiento de este aceite de semillas es un temor más que fundado. El puerto de Tarragona, por donde entra la mayor parte de las materias primas de Ucrania en España, solo tiene existencias de maíz y otros cereales para poco más de un mes. En manos de los agricultores está paliar esa escasez, pero todavía quedan algunas incógnitas por resolver. La principal es si las tierras puestas en barbecho se podrán utilizar para girasol, maíz y productos proteicos. En la cooperativa cerealística Garlan calculan que entre un 5 y un 7% de la superficie cultivable del territorio permanece hoy baldía. Para que se puedan poner en producción hará falta que Bruselas apruebe una modificación de la Política Agraria Común (PAC) que permita labrar estas parcelas. El diputado general, Ramiro González, hizo ayer suya esta demanda y así se lo transmitirá a la UE a través del Gobierno vasco.

El confinamiento de Shenzhen, la ciudad china de 17 millones de habitantes considerada como el gran polo tecnológico del país, ha introducido un nuevo elemento de incertidumbre —otro más— en un entorno prácticamente monopolizado por las consecuencias de la guerra en Ucrania. El aislamiento de una semana decretado por Pekín para frenar la rápida propagación de la variante ómicron ha provocado alteraciones en plantas ligadas a Volkswagen, Toyota o Apple, entre otras muchas, y amenaza con alargar la pesadilla logística que desde hace meses genera interrupciones, retrasos y encarecimientos en el comercio global. La buena noticia es que su puerto, el cuarto mayor del planeta, sigue funcionando. Las malas están tierra adentro. Foxconn, uno de los proveedores clave de Apple para fabricar sus iPhones, ha tenido que detener su producción por las restricciones, y la derivará a sus otras instalaciones en el país. Un informe del banco estadounidense JP Morgan invita a no caer en el pánico. “Creemos que el impacto se limitará como máximo al 10% de la producción de iPhones, debido a la temporada baja y la pequeña porción que se fabrica en Shenzhen”, señala.

Intel planea invertir hasta 80.000 millones de euros en la UE durante la próxima década, pero ayer desveló la primera fase de su plan, que contempla invertir 33.000 millones en una megafábrica de chips en Alemania, otra fábrica en Italia, un nuevo centro de I+D en Francia y otros proyectos en Irlanda, Italia, Polonia y España. La compañía aseguró que con esta “inversión histórica” quiere poner a la UE a la vanguardia de las tecnologías avanzadas y abordar la necesidad de una cadena de suministro “más equilibrada y resistente” en un contexto de alta demanda de semiconductores y de alta dependencia de Asia. “La ley de chips de la UE permitirá a las empresas privadas y los Gobiernos trabajar juntos para mejorar drásticamente la posición de Europa en el sector de los semiconductores”, dijo Pat Gelsinger, CEO de Intel, que aseguró que estas inversiones son un paso importante tanto para Intel, que tiene en TSMC y Samsung dos duros rivales, como para Europa. El proyecto más ambicioso será la construcción de una megafábrica en Magdeburgo, Alemania, a la que destinarán 17.000 millones. Se espera que su construcción arranque en la primera mitad de 2023 y entre en funcionamiento en 2027. 

La brutal subida de los costes de energía y materias primas, agudizada tras la invasión de Ucrania, ha hecho mella en los resultados de Mercadona, la principal cadena de supermercados de España. Consiguió el año pasado unas ventas de 27.818 millones de euros, un nuevo récord, pero redujo su beneficio un 6% hasta los 680 millones. Este recorte se explica por el incremento de gastos en energía, transporte y otras materias primas, que no se ha trasladado por completo a los clientes, ya que ha limitado la subida de precios al 2%. Estos datos los expuso ayer su presidente, Juan Roig, en la tradicional rueda de prensa celebrada en Valencia. Según alertó, la guerra ha desbordado aún más los costes y, de prolongarse la actual inflación del 7,6%, «los precios podrían subir un 5% en la cadena», aunque se tomarán todas las medidas para atenuar la escalada. «Pero tenemos una máxima, los ingresos han de ser superiores a los gastos», dijo, tras apuntar que la cuota de mercado ha crecido 0,8 puntos, hasta superar el 27%. Roig también mandó un mensaje de tranquilidad: «No va a haber problemas de desabastecimiento». Hizo un llamamiento a la población para que no haga acopio de bienes como el aceite de girasol porque, subrayó, eso y la acción de los especuladores es lo que ha causado escasez en algunos momentos. «Es lo mismo que ocurrió con el papel higiénico en la pandemia».

Iberdrola, la mayor energética española en Bolsa, ha decidido aplazar sine die la celebración del Día del Inversor, en el que anualmente actualiza sus previsiones de beneficio, dividendo y sus coordenadas estratégicas. El Día del Inversor de este año estaba convocado para el martes 22 de marzo. Un anuncio en la web corporativa de la empresa explica que “dados los recientes y dramáticos acontecimientos que se están produciendo en Europa, Iberdrola ha decidido posponer su Capital Markets & ESG Day 2022”. El encuentro con inversores “tenía previsto celebrarse en Londres”, añade el comunicado. “Esperamos volver a programar el evento a lo largo del año y, en ese sentido, se hará un nuevo anuncio con los detalles correspondientes tan pronto como sea posible. La compañía mantiene vigentes sus estimaciones de evolución futura”. Además de los acontecimientos de Ucrania, Iberdrola está a la espera de las medidas que adopte el Gobierno para intentar frenar la escalada de los precios energéticos.

Las grandes constructoras agrupadas en la patronal Seopan piden al Gobierno una serie de medidas para paliar los efectos del encarecimiento de los materiales sobre la obra pública que, en su opinión, hace inviable seguir trabajando con los precios acordados en las adjudicaciones. Las empresas creen que si no se aplica una revisión de precios rigurosa, lo más probable es que las empresas dejen de trabajar y soliciten la rescisión de los contratos. Para evitar este extremo, las empresas de Seopan han consensuado una batería de propuestas entre las que destaca que el Gobierno aplace entre uno y dos meses las licitaciones de nuevos proyectos. Muchos de los concursos convocados por los organismo de contratación salen al mercado con precios de licitación que no recogen las distorsiones sufridas en las últimas semanas. Las empresas creen que, de esta manera, el Gobierno gana tiempo para actualizar el catálogo de proyectos a los precios actuales y, en paralelo, da tiempo a que las tensiones en la cadena de suministros se normalice total o parcialmente. Las constructoras también piden a la Administración medidas de protección para los contratistas para que, en el caso de que tenga que paralizar las obras por falta de suministros, no conlleve ningún tipo de penalización.

 La industria naval, con una destacada presencia en el País Vasco, será la beneficiada por el nuevo PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) aprobado ayer en Consejo de Ministros. Contará con una inversión total de 1.460 millones de euros, de los que 310 vendrán del sector público y el resto se estima que serán movilizados desde el privado. Este plan supondrá la creación de unos 3.100 puestos de trabajo «de calidad», sobre todo en regiones periféricas, lo que «contribuirá al reto demográfico», aseguró la titular de Industria, Reyes Maroto, otra de las principales políticas en las que se basa este plan vinculado a los fondos europeos. La competitividad del sector mejorará en un 15% y la actividad naviera se impulsará en un 9%, según los cálculos efectuados por el ministerio. La industria naval emplea a 70.000 personas en España, de las que unas 13.300 corresponden a Euskadi, y factura unos 7.500 millones al año –cerca de 2.800 millones en el País Vasco–, con más de 20 astilleros con capacidad para construir buques de gran volumen y avanzada tecnología, como los vizcaínos Murueta y Zamakona, y el guipuzcoano Balenciaga. España es la segunda mayor potencia europea en este ámbito y la novena a nivel mundial.

La iniciativa, que partió del Gobierno polaco, pretende mostrar a Zelenski el «apoyo inequívoco» de la UE aunque no cuenta con el respaldo de Bruselas. Los tres primeros ministros viajaron a Kiev en tren bajo la amenaza de los bombardeos rusos, que siguen arrasando barrios residenciales de la capital. Los líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia –Mateusz Morawiecki, Pietr Fiala y Janez Jansa– llevaron ayer el compromiso del este europeo con Ucrania, directa y personalmente, hasta Kiev. Se subieron a un tren en Polonia a primera hora de la mañana y viajaron hasta la capital asediada por las tropas rusas. Más que un gesto. Un desafío evidente a Moscú que, al mismo tiempo, generó incomodidad en Bruselas. Porque sí, las instituciones comunitarias (Consejo y Comisión) estaban informadas del desplazamiento. Pero eso no evitó que contuvieran la respiración. Porque un hipotético ataque (aunque fuese fortuito) derivaría en una escalada internacional del conflicto. Y eso es lo que Occidente quiere evitar. Los tres líderes eligieron el tren como el medio más seguro para atravesar, desde el oeste, una Ucrania en la que día a día los misiles del invasor se cobran vidas, arrasan edificios y devoran también kilómetros de carreteras. O los propios ucranianos echan abajo sus puentes en un intento por detener el avance enemigo.

La cuarta ronda de conversaciones iniciada el lunes entre las delegaciones rusa y ucraniana para tratar de acordar un cese de las hostilidades se reanudó ayer por videoconferencia. Las posiciones de ambas partes continúan aparentemente irreconciliables y los bombardeos no dan tregua. Sin embargo, en las últimas horas, fuentes próximas a los negociadores hablan de cierta «aproximación». Por lo pronto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó ayer en un encuentro telemático con altos mandos militares de la Alianza Atlántica que su país va a tener que renunciar a integrarse en el bloque. «Ha quedado claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos gente comprensiva. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas, pero ya hemos visto que no podemos entrar», se lamentó resignadamente. «Esto es así y debo admitirlo», añadió. Al mismo tiempo, el jefe del Estado dijo alegrarse de que «nuestra gente comience a entender esto y confíen en sus propias fuerzas y en la ayuda de nuestros socios».