20220729

Los temores a una recesión se hicieron realidad ayer en Estados Unidos con la publicación de los datos relativos al segundo trimestre del año: el PIB se contrajo un 0,9% en tasa anualizada y un 0,2% con respecto al primero. Teniendo en cuenta que la economía también cayó entre enero y marzo –un 1,6%–, marcando un giro de 180 grados después del robusto crecimiento –6,9%– de la recta final de 2021, la superpotencia americana entra técnicamente en territorio de recesión lastrada por una coyuntura inusual: el crecimiento es negativo en un persistente contexto de elevada inflación –9,1% en junio–, pero el país registra una tasa de paro mínima –3,6%– y crea 372.000 empleos al mes, la escasez de mano de obra impulsa al alza los salarios y el consumo continúa en ascenso –1% en el segundo trimestre–. La noticia, que llegó horas después de que la Reserva Federal subiera los tipos 0,75 puntos –el precio del dinero está en 2,5%, el más alto desde 2018–, es el resultado de una inédita suma de factores que comienza con la pandemia y sus problemas de suministro y concluye, de momento, en la guerra de Ucrania. 

Deflactación. Todos los tramos del IRPF serán ajustados un 4% para compensar el alza del IPC. Bonificación de 200 euros. Beneficiará a 840.000 vascos en la declaración de la renta. Los autónomos se verán exonerados de presentar los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestre de este año. Al igual que las empresas cuya facturación no supere los 50 millones de euros.  «Todas las personas y familias van a disponer de más dinero en su bolsillo». Con esa elocuente frase trató de explicar ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, el objetivo de las medidas fiscales pactadas por diputaciones y Gobierno vasco. Un paquete que, de facto, supone reducir el pago de impuestos de modo generalizado a través de un ajuste en el IRPF que, pese a todo, no termina de contrarrestar el impacto de una subida de precios que ronda el 10%. La iniciativa estrella de las presentadas ayer es la deflactación de los tramos de tarifa del IRPF en un 4%, que se añade al 1,5% fijado en enero y que acumula así un 5,5% para este 2022. Ya en septiembre se ajustará en este sentido la tabla de retenciones en los rendimientos de trabajo, con lo que los empleados verán algo más engordada su nómina. La medida supone un alivio fiscal y cambiar el paso abriendo un nuevo escenario en Euskadi que contrasta con la posición del Gobierno central, que no ha tocado este aspecto del impuesto. Ver nota conjunta de la Diputaciones con las medidas aquí. 

Con las medidas anunciadas ayer, las haciendas vascas han tirado del Concierto Económico y de capacidad normativa para marcar diferencias con el Estado y con las comunidades que, como Madrid y ahora también Andalucía, han decidido utilizar la fiscalidad como arma de atracción de inversiones, empresas y contribuyentes. Un movimiento inesperado, que se produce cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu y las diputaciones habían lanzado un mensaje de tranquilidad en torno a cambios legislativos en materia tributaria. La tantas veces anunciada reforma fiscal, cuyas primeras líneas se dibujaron ya a finales del año 2019, sigue guardada en el cajón y por ahora no hay intenciones de rescatarla. El gesto de abordar un segundo ajuste en la escala de gravamen del IRPF, el impuesto de mayor impacto para la población junto al IVA que abonan los ciudadanos en todas sus compras, es también un guiño a los sindicatos, que lo habían demandado con intensidad en los últimos meses para hacer más llevadera la escalada de la inflación. Lo es asimismo la rebaja de la presión fiscal a las rentas inferiores a 35.000 euros anuales. Pero la decisión adoptada por los ejecutivos forales con el respaldo del lehendakari es, sobre todo, un mensaje de diferenciación con la estrategia de Pedro Sánchez, empeñado en apurar al máximo la recaudación de impuestos para combatir el déficit público.

El Gobierno de coalición llega al parón veraniego con el registro en el Congreso de la proposición de ley que aplicará un nuevo impuesto a la banca y a las energéticas para recaudar 7.000 millones de euros en dos años. La primera gran novedad es que habrá dos tipos de gravámenes distintos: los bancos tendrán que pagar un tipo impositivo del 4,8% y las energéticas, del 1,2%. La diferencia reside en circunstancias que afectan a unas y otras actividades. Una de ellas es que el sector financiero no soporta el IVA en la mayor parte de sus operaciones (nueve de cada diez están exentas). Por tanto, había más margen para aplicar un tipo más elevado (casi del 5%), que junto al tipo efectivo medio del Impuesto de Sociedades que paga el sector, rozaría el 30%, similar al de otros países europeos. La segunda gran novedad es sobre dónde actúa el tributo. No lo hará sobre los ‘beneficios caídos del cielo’ ni sobre sus ganancias extraordinarias. Se gravarán los ingresos que obtienen por cada negocio. En el caso de la banca, el impuesto gravará el importe que cada entidad obtenga en los intereses que aplica en sus créditos y en las comisiones que cobra a sus clientes. En el caso de las energéticas, tributarán por todas las ventas realizadas en cada periodo. Como los intereses y comisiones bancarios no constituyen el conjunto de todos los ingresos de los bancos –algo que sí ocurre con la facturación de las eléctricas–, Hacienda ha decidido elevar también el tipo que aplica al sector financiero frente al que soporta el energético.

Los dos nuevos gravámenes que el Gobierno activará a partir del próximo 1 de enero afectarán a un total de 19 empresas con sede en España. En el caso de la banca, las entidades que estarán afectadas son Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Sabadell dentro del Ibex. También gravará a otras firmas como Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar, dejando fuera a Abanca. En cuanto a las empresas del sector energético se verán afectadas por el nuevo gravamen, bien por ser operadores del sector eléctrico, gas natural, carburantes o gases licuados del petróleo: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona, Repsol, Cepsa, BP, Galp y la distribuidora y comercializadora de combustibles canaria Disa. El sector bancario, representado por las principales asociaciones AEB y CECA, ha denunciado este jueves que el nuevo impuesto a la banca supondrá un obstáculo para la recuperación económica y la creación de empleo. En un comunicado conjunto, tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han advertido a su vez de las consecuencias que puede tener el nuevo gravamen para la estabilidad financiera.

Los resultados semestrales del Banco Santander han pasado en esta ocasión a un segundo plano: la atención estaba puesta en la reacción del mercado y la entidad ante el impuesto extraordinario al sector anunciado por el Gobierno. El grupo que preside Ana Botín advirtió ayer de las consecuencias que puede tener este tributo en la actividad bancaria: “Si salen 3.000 millones de capital [eso es lo que prevé recaudar el Ejecutivo en dos años], se resta capacidad de prestar por un importe de unos 50.000 millones”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez. Aunque matizó que luego el mercado tiene su propia dinámica. Este posible efecto nocivo es uno de los indicadores que vigila el Banco Central Europeo, como ha dejado claro en la última semana Luis de Guindos, vicepresidente del Eurobanco. Además, otra de las amenazas de este sobrecoste es que acabe repercutiendo en el precio del servicio a los clientes. Todo ello se uniría al impacto de la alta inflación, que va a ser más duradera de lo esperado. Sobre esto, Álvarez ha sido taxativo: “La inflación difícilmente se combate con impuestos”. Esta cuestión acaparó los focos en el día que el Santander presentaba sus resultados del primer semestre. Hasta junio ganó 4.894 millones, un 33,2% más que en el mismo periodo de 2021, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Repsol obtuvo un resultado neto de 2.539 millones de euros en el primer semestre del año 2022. Esa cifra supone el doble que los 1.235 millones de euros del mismo periodo del pasado año. El grupo ya está muy por encima del nivel de antes de la pandemia. En el primer semestre de 2019 ganó 1.133 millones. En términos de beneficio neto ajustado (descontando el efecto de la volatilidad de precios sobre los inventarios), el resultado más que se ha triplicado, pasando de los 959 millones de hace un año a los 3.177 millones del primer semestre de este ejercicio. Destaca en los últimos seis meses la gigantesca provisión que ha hecho Repsol de más de 1.800 millones para hacer frente al efecto de algunos golpes regulatorios que ya han llegado o están por llegar. Uno de ellos es el nuevo impuesto que el Gobierno quiere establecer contra los supuestos beneficios extra que están obteniendo las energéticas por la escalada de precios. Precisamente, en una conferencia con analistas para presentar los resultados, Imaz aseguró que Repsol “no tiene beneficios caídos del cielo”. Explicó que, en el sector del oil and gas, “los márgenes son cíclicos. Los márgenes son por definición volátiles”. Pidió “no olvidar” los “miles de millones de euros de pérdidas” registradas en los años anteriores. El ejecutivo aseguró no tener “ninguna duda” de que el marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea “nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria”. Reafirmó: “contra las medidas arbitrarias, el imperio de la ley y la seguridad jurídica”. “No tiene sentido en un mercado abierto, no regulado” una intervención del regulador, defendió Imaz. “La actividad de oil and gas”, dijo, es una “actividad a riesgo. No existe una tarifa regulada que asegure la rentabilidad”. 

Kutxabank cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 163,2 millones de euros. Supone un aumento del 30% en comparación con el mismo periodo de 2021, con una mejora generalizada en todas sus fuentes de ingresos y especialmente en las comisiones por servicios y también por comercialización de seguros, una actividad que le ha reportado 316,4 millones y que ha crecido el 9,7%. Si el cobro de comisiones se ha comportado de forma positiva, también lo ha hecho el margen de intereses –la diferencia entre el precio que paga el banco por disponer de dinero y lo que cobra por prestarlo–, aunque de forma mucho más moderada, con una aportación de 280 millones a la cuenta de resultados. Una cifra que supone un aumento del 1,4%. Hay que tener en cuenta que hasta ahora las entidades financieras pagaban el 0,5% por tener su dinero depositado en el BCE y ese tipo se ha rebajado hasta el 0%, junto con una moderada elevación de los intereses en los créditos que a partir de ahora será más pronunciada tras la última decisión del eurobanco.

El tren propulsado por hidrógeno que ha desarrollado CAF junto con un consorcio de empresas y que se encuadra en el proyecto FCH2Rail sigue dando pasos firmes y ha echado ya a andar a modo de prueba. El tren, que está desarrollando el consorcio de empresas formado por la firma guipuzcoana, DLR, Toyota, Renfe, ADIF, CNH2, IP y Stemmann-Technik, ha iniciado esta semana las pruebas dinámicas en vía tras haber superado la fase de pruebas estáticas llevadas a cabo en la planta que tiene la empresa beasaindarra en Zaragoza. Este proyecto toma como base una unidad actual de cercanías de Renfe, en la que se ha instalado un nuevo sistema de generación eléctrica a partir de la hibridación de la energía proveniente de pilas de hidrógeno y baterías, integrándose a su vez con el sistema de tracción ya existente en el vehículo. De esta forma se convertirá, según sus impulsores, en uno de los primeros demostradores ferroviarios de vehículo bimodo con pila de hidrógeno, es decir, un concepto de vehículo sin emisiones que podrá por tanto circular en modo eléctrico en infraestructura electrificada, mientras el modo híbrido lo utilizaría para la circulación en tramos sin catenaria. Ver nota CAF. 

ArcelorMittal registró un beneficio neto de 8.048 millones de dólares (7.926 millones de euros) hasta junio, con un aumento del 27,9% respecto al mismo periodo de 2021, convirtiéndose en el mejor primer semestre del gigante siderúrgico en dos décadas. El resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 23,5% más, hasta 10.243 millones, con una cifra de negocio de 43.978 millones de dólares (43.311 millones de euros), un 23,7% más, impulsadas principalmente por el incremento medio del 37,7% del precio del acero. La producción de acero bruto entre enero y junio fue de 30,9 millones de toneladas, frente a los 35,4 millones del mismo periodo del año pasado. El grupo ha calificado de “sólidos” los resultados de este semestre, aunque el consejero delegado del grupo, Aditya Mittal, señaló que este periodo “se vio ensombrecido por el estallido de la guerra en Ucrania”. Allí, cuenta con instalaciones siderúrgicas y mineras y 26.000 empleados. “El conflicto está afectando al crecimiento y acentuando la presión inflacionaria a escala mundial, lo que provoca una desaceleración de la demanda”, afirmó.

Seat cerró el primer semestre del año con unas pérdidas operativas de 97 millones de euros, convirtiéndose en la única marca del Grupo Volkswagen en números rojos en ese periodo. La compañía española, que ganaba dinero hasta marzo, argumenta que se han aprovisionado los gastos asociados al plan de bajas hasta 2026 incluido en el convenio que se selló con los sindicatos esta semana. Son 244 millones de euros para afrontar el coste de las 1.330 salidas de trabajadores. Sin ese apunte, Seat calcula que habría marcado un beneficio operativo de 147 millones. El informe semestral de grupo Volkswagen muestra, en todo caso, cómo los ingresos por ventas de Seat cayeron un 4,9% y se situaron en 5.377 millones tras haber vendido 236.000 vehículos. Esa cifra es sensiblemente inferior a la de un año antes (un 23,9% menos, 310.000 unidades) y se explica por los problemas para proveerse de semiconductores. En todo caso, la compañía defiende que Seat está en la buena senda de negocio, aprovechándose de los mejores márgenes de beneficios que ofrece Cupra en cada uno de sus vehículos, y un mix de ventas con mayor peso de los coches de mayor valor añadido (y caros).

Ni la guerra ni la inflación ni los problemas de suministro impiden al mercado laboral español seguir generando empleo a buen ritmo, aunque con menor dinamismo. En el segundo trimestre del año se crearon 383.300 nuevos puestos de trabajo, menos que el año pasado pero algo más que en 2019, antes de que estallara la crisis sanitaria, y en sintonía con los años precedentes, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer por el INE. España se acerca así a los 20,5 millones de ocupados, la cifra más alta desde 2008, y se aproxima al máximo histórico del verano de 2007, cuando se superaron los 20,7 millones. Euskadi se mantiene en el grupo de comunidades con menos paro. Su tasa es, según la EPA del Instituto Nacional de Estadística, del 8,75%, la segunda mejor solo superada por Cantabria, con el 8,17%. Los datos de la EPA del INE, como es habitual, no coinciden con los de la PRA que elabora el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, a pesar de que teóricamente miden lo mismo: ocupación y paro. De hecho, el pasado viernes el Eustat certificó que Euskadi tenía una tasa de paro del 8,5%. Es decir, mejor que la difundida ayer. La diferencia entre ambos institutos estadísticos es mucho mayor en el caso de la ocupación. Mientras el INE sostiene que Euskadi es, junto con Asturias, una de las comunidades con descenso de personas ocupadas (18.400), el Eustat apuntaba la semana pasada que en el último trimestre habían aumentado en 9.300, creándose cien empleos al día. Además, mientras el INE dice que en Euskadi hay 934.900 personas ocupadas, el Eustat señala que son 963.000, 28.100 más.

La Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE ha arrojado un jarro de agua fría respecto a la evolución del empleo en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi, ya que revela una bajada de la ocupación entre abril y junio de 15.000 personas en nuestro territorio en relación al trimestre anterior. Un descenso que en el caso del País Vasco es de 18.400 personas, siendo una de las dos comunidades –junto con Asturias– en la que se produce una evolución negativa, ya que el conjunto del Estado se anota una ganancia de 383.300 ocupados. Pero lo más llamativo es que durante ese mismo periodo los datos de afiliación a la Seguridad Social han marcado registros históricos. De hecho, Gipuzkoa fue el primer territorio vasco en alcanzar ese listón en abril y volver a batirlo en los dos meses siguientes. En total, en ese periodo ha sumado 2.607 nuevos afiliados hasta lograr los 330.281 cotizantes a finales de junio. En pocos días –el próximo martes– el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dará a conocer los registros de julio. Según los datos adelantados a mediados de mes se prevé que sigan creciendo, pero habrá que esperar. No es la primera vez que la EPA y la afiliación muestran tendencias diferentes, aunque hacía tiempo que no eran tan divergentes. En cualquier caso, hay que aclarar que mientras la primera es una encuesta que sirve para la comparativa europea y marca una tendencia sobre la evolución del mercado laboral, la segunda ofrece registros concretos de afiliación.

La vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá, han detectado ya, en la segunda quincena de julio, que la creación de empleo se está ralentizando, empieza a frenarse, según reconocieron los dos ayer. El mismo día que el Instituto Nacional de Estadística publicó la encuesta de población activa del II trimestre, que fue muy positiva. Sin embargo, Díaz y Escrivá tienen información puntual sobre la evolución del mercado de trabajo, porque todas las mañanas reciben el dato diario de cómo va la afiliación de trabajadores ocupados en la Seguridad Social y de desempleados en las oficinas del servicio público de empleo. La ralentización de la creación de empleo se produce con el crecimiento exponencial de la inflación, cuya tasa interanual en junio fue del 10,2. Esto se debe al fuerte incremento de los precios energéticos, como consecuencia de la guerra en Ucrania, y del impacto que está causando en otros sectores. Por ejemplo, en el transporte y en la alimentación. Y, además, los sectores turísticos han aprovechado la demanda de vacaciones de los ciudadanos, después de dos años de pandemia, para incrementar los precios notablemente. En este contexto, en declaraciones a Radio Nacional, Díaz apuntó que en su Ministerio han empezado a observar “ciertos síntomas en el mercado de trabajo, debido al escenario de máxima incertidumbre” producido por los efectos de la guerra de Ucrania en la economía.

La hostelería de Gipuzkoa podrá hacer frente a la escasez de personal que sufre el sector contratando a inmigrantes sin papeles que, con la última reforma legal, podrán regular su situación en España siempre y cuando quieran formarse o estén ya formados en profesiones particularmente deficitarias como la de la restauración, donde se calcula que solo en el territorio la falta de mano de obra supera el medio millar de puestos de trabajo. El sector trabaja ya la vía para que estos extranjeros puedan ser susceptibles de ser instruidos e integrados laboralmente tras el real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros para reformar el reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, que facilitará y agilizará la incorporación al mercado de estas personas y que permitirá aliviar la falta de camareros que se vive en el territorio guipuzcoano. La hostelería es uno de los sectores donde más ha impactado el ‘cuello de botella’ del mercado laboral. La fuga de personal durante la pandemia –con los bares y restaurantes cerrados a cal y canto durante la época más cruda de la pandemia– a otros sectores como el comercio ha puesto en jaque a muchos propietarios durante los últimos meses. Esta nuevo marco legal, por tanto, ha caído como agua de mayo en un sector que valora como «muy positiva» la reforma llevada a cabo por el ministerio que encabeza José Luis Escrivá. «Es un avance muy importante que permitirá regular situaciones de precariedad que había hasta ahora y acelerar la firma de contratos en muchos casos», asegura Kino Martínez, secretario general de Hostelería Gipuzkoa.

Los extranjeros que se formen en sectores con escasez de mano de obra tendrán más fácil regularizar su situación en España. Esta es una de las medidas que se incluyen en el real decreto que el martes aprobó el Consejo de Ministros para reformar el reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería. Su objetivo no es otro que «modernizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia», ya que los actuales procedimientos en muchos casos son «lentos e inadecuados», según explicó el ministro José Luis Escrivá. Estudiantes. Se mejora la normativa para favorecer su permanencia, incrementando sus posibilidades de trabajar y atrayendo con ello talento internacional. En este ámbito, se permite que compaginen trabajo y formación, siempre que sean compatibles con los estudios realizados y no superen las 30 horas semanales, y se eliminan las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización de los estudios (hasta ahora era necesaria una estancia de tres años en España para poder obtener un permiso de trabajo).

Mondragon Unibertsitatea liderará una alianza europea que impulsará la formación dual, es decir, la combinación de estudios superiores y prácticas remuneradas en empresas. Según informó ayer la institución académica, Bruselas ha seleccionado cuatro nuevas alianzas universitarias y una de ellas, la EU4DUAL, la encabezará el centro vasco, el único de Euskadi elegido. A nivel nacional, Oviedo, Almería y Extremadura también coordinarán alianzas europeas. En el caso de Mondragon, el objetivo es utilizar la formación dual para ayudar a Europa a abordar sus diferentes desafíos sociales entre los que se encuentran el «cambio climático, la descarbonización, la digitalización y el envejecimiento saludable», donde todas ellas tienen mucha experiencia que aportar. Las universidades europeas cuentan con un total de 44 alianzas, en las que participan 340 instituciones de Educación Superior de 31 países.

Muy esperada y necesaria». Expertos vascos respaldan la reforma escalonada de la Selectividad que ha planteado el Gobierno central para dar continuidad a los cambios que exige la LOMLOE y evaluar al alumnado en función de su desarrollo competencial y no por la mera memorización de datos y contenidos. Sin embargo, también ven «dudas» y reclaman «consenso» entre el Ministerio, las comunidades y las universidades para aprobar un nuevo modelo que permita fomentar el razonamiento en los jóvenes, una carencia que se observa en los centros superiores. «Se echa en falta a estudiantes con una alta capacidad de pensamiento crítico», afirman. «Se prima la reproducción de temarios. Está preparada para vomitar memoria», señala este experto bilbaíno. Además, consta de «demasiados exámenes» –un total de ocho–. La propuesta ministerial los reduce a la mitad. «Hay un dilema entre cantidad y calidad de lo que se pide a los estudiantes. Cuanto más temario pidas, menos vas a poder profundizar», apunta. Por tanto, para Gortázar la nueva Selectividad es un «avance» y permitirá que los universitarios ganen en capacidad de expresión escrita y en pensamiento crítico. «Hay un convencimiento común de que es necesario mejorar la capacidad crítica de los estudiantes, más que que se sepan la Historia de España».

En medio de la escalada de tensiones por Taiwán, el presidente, Joe Biden, y su homologo chino, Xi Jinping, mantuvieron ayer una extensa conversación telefónica en un intento de Washington por enderezar, de nuevo, el rumbo de la difícil relación entre ambos países. La quinta conversación entre los mandatarios, de dos horas y 17 minutos de duración, se centró en asegurar que las necesarias «líneas de comunicación» sigan abiertas cuando las crecientes tensiones económicas y geopolíticas dejan pocas expectativas al logro de avances reales en cooperación económica y cambio climático. Las relaciones están en su punto más peligroso en décadas, ante la creciente actividad militar en la región que, según un reciente informe, incluye movimientos de un grupo de ataque estadounidense y el vuelo de un dron armado chino sobre el Este de Taiwán cuando la isla iniciaba sus ejercicios anuales de defensa. Una complicada relación marcada por las profundas diferencias sobre temas de salud global, política económica y derechos humanos, a la que se añade la negativa de China a condenar la invasión rusa en Ucrania. Ambos líderes conversaron sobre varios temas, incluidas áreas de posible cooperación en un campo minado de relaciones bilaterales que incluyen disputas de propiedad intelectual, la campaña mundial de espionaje de Pekín y la agresiva militarización del Mar de China Meridional.