20220912

El objetivo de Repsol con la venta de una cuarta parte de su negocio tradicional petrolero es doble: reducir deuda y captar recursos para seguir invirtiendo en su adaptación al nuevo horizonte productivo más respetuoso con el medio ambiente. Los proyectos ligados al hidrógeno verde que lidera Petronor en Euskadi van precisamente en esa dirección. De modo que la compañía vasca refuerza posiciones en la carrera y se consolida como una de las inversiones clave de cara al futuro. La refinería vasca es una de las piezas principales de la multinacional de cara a su adaptación a la transición energética. Repsol tiene previsto invertir casi 2.600 millones de euros hasta 2030 en su apuesta por el hidrógeno verde. El objetivo es alcanzar una potencia instalada de 552 megavatios (MW) en 2025 y casi 2 gigavatios (GW) en el horizonte de 2030, año clave porque las marcas dejarán de fabricar coches de combustión en Europa. En su apuesta por el hidrógeno, Repsol se ha marcado el reto de ser el líder en la península y el tercer productor de Europa. Y el primer hito será en enero de 2023 cuando ponga en marcha su primer electrolizador en la refinería de Petronor. Tendrá una capacidad de 2,5 MW y abastecerá de energía a la refinería de Muskiz, el Energy Intelligence Center y algunas empresas del Parque Tecnológico de Ezkerraldea. El hidrógeno producido también irá destinado a los primeros autobuses y vehículos ligeros de la plataforma logística del propio parque, que contará con la primera hidrogenera (surtidor de hidrógeno) de Euskadi, impulsado por el EVE y Repsol.

Un año después, el parque de ‘electrolineras’ de Gipuzkoa sigue atascado. El territorio cuenta con aproximadamente dos centenares de postes de recarga para vehículos eléctricos, pero apenas ha incrementado su red en un par de decenas en los últimos doce meses, una cifra muy pobre si se quiere lanzar este tipo de turismos alternativos al asfalto. Además de existir pocos puntos para recargar las baterías de un coche eléctrico, la gran mayoría de los existentes, en torno al 85%, son de carga lenta, es decir, aquellos de menos de 22kw, aunque con el paso de los meses estos cargadores se han sustituido por los de carga rápida o ultra rápida con mayor celeridad. Alrededor de 500 puntos de recarga públicos al año debe instalar Gipuzkoa para cumplir los objetivos del Gobierno de cara a descarbonizar el parque automovilístico en 2030 tal y como contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Se trata de multiplicar por 24 los actuales dos centenares de postes hasta alcanzar los 4.800. Así se desprende del último Barómetro de Electromovilidad del primer trimestre de este año de la Asociación Española de Automóviles y Camiones (Anfac). Para lograr ese objetivo, según los cálculos de Anfac, es imprescindible alcanzar para 2030 en nuestro territorio, como mínimo, los 4.769 puntos de recarga de acceso público. En el caso de los territorios vecinos, Bizkaia necesitará 7.767 puntos de recarga, y Álava 2.451. Así las cosas, Euskadi arrojaría una cifra de 14.987 ‘electrolineras’ para 2030. Y es que metro a metro, kilómetro a kilómetro, la red de ‘electrolineras’ de Euskadi y también la de Gipuzkoa recorta distancias a los objetivos del Gobierno de cara a descarbonizar el parque automovilístico en 2030. Si hace un año existían 443 puntos de recarga, ahora las diferentes vías, carreteras y estaciones de servicio del País Vasco disponen de 561, lo que se traduce en un aumento del 26,5% que, pese a ser un incremento considerable, no es suficiente para impulsar el coche eléctrico, aunque aúpan a Euskadi a la sexta plaza de la clasificación de comunidades con más postes de recarga.

Un verano difícil que da paso a un otoño incierto. Este es el sentir general de los inversores, que encaran la vuelta al cole bursátil con el reto de ajustar sus carteras a un nuevo entorno marcado por la elevada inflación y las subidas generalizadas de los tipos de interés. El Ibex despide el periodo estival con una caída del 10% desde principios de junio hasta el pasado viernes; y los números rojos en lo que va de año ceden hasta el 7,8%. Es cierto que la Bolsa española se ha comportado mucho mejor que otros grandes mercados internacionales, con pérdidas acumuladas que rondan el 20% en Italia, Alemania o en algunos índices de Wall Street. Pero la tensión en el parqué nacional es más que palpable, mucho más tras unas jornadas en las que los bancos centrales han dejado claro que la prioridad sigue siendo la lucha contra la escalada de precios, aunque eso suponga entorpecer el crecimiento o incluso «causar dolor» a las familias, tal y como reconoció el propio presidente de la Reserva Federal de EE UU (Fed), Jerome Powell. El escenario central que maneja la firma es que el Ibex-35 despedirá el año en los 8.200 puntos. Es decir, más o menos en los niveles actuales. Pero es previsible que esos niveles se ajusten a la baja si la macro y los bancos centrales siguen apuntando al riesgo de contracción. «La actitud de los bancos centrales, que priorizan el control de la inflación y de sus expectativas frente al crecimiento, tendrá que ser a partir de ahora el escenario base con el que trabajen los inversores», explica Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities. El consenso apela a la prudencia. 

Los expertos coinciden en que cada dato y movimiento de los bancos centrales será clave para ir delimitando el movimiento de las Bolsas en la recta final del año. Uno de los indicadores del sentimiento inversor más seguido por el mercado es la encuesta de gestores de fondos de Bank of America, que en agosto reflejó cierta mejora en algunos de sus modelos. Por ejemplo, un 67% de los inversores piensa que la economía mundial se debilitará en los próximos 12 meses. Parece una cifra muy elevada. Pero hay que tener en cuenta que viene de un récord en julio del 79%. Respecto a Europa, un 73% de los encuestados espera una desaceleración del crecimiento, también por debajo del 88% anterior. La visión es, sin duda, algo menos pesimista que hace unas semanas. Pero los nubarrones siguen muy presentes y habrá que esperar a la encuesta de septiembre para comprobar si las sensaciones han empeorado tras los últimos movimientos de los bancos centrales. De momento, energía e industria farmacéutica siguen siendo los favoritos de los gestores, frente a construcción e inmobiliario, que han pasado a ocupar las últimas posiciones. La encuesta también refleja cómo la gran preocupación de los inversores sigue siendo la inflación y su impacto en el consumo y el crecimiento. No hay que olvidar que en economías como la estadounidense el consumo privado representa casi un 70% del PIB.

La histórica subida de los tipos de interés del BCE del pasado jueves, de 0,75 puntos, ha beneficiado a los bancos, que han encadenado dos jornadas de fuertes avances en los mercados: las seis entidades cotizadas españolas en conjunto se apreciaron casi un 10%. Este efecto se debe a los ingresos extra que les supondrá el endurecimiento de la política monetaria en Fráncfort, que también favorecerá al Gobierno: el empuje esperado en el negocio bancario en los próximos ejercicios —los tipos ya están en el 1,25% y el mercado espera que lleguen al 2% este año— provocará que la recaudación por el impuesto temporal al sector financiero supere en unos 500 millones la previsión inicial del Ejecutivo. El aumento de los ingresos de las entidades por las fuertes alzas de tipos son el argumento principal del Gobierno para sostener el nuevo gravamen con el que pretende recaudar 3.000 millones en dos años, un tributo que el próximo martes — junto al de las grandes energéticas— comienza su tramitación parlamentaria para sacarlo adelante antes de que finalice el año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que los bancos sufraguen parte de la factura de las medidas para paliar los efectos de la inflación que azota España. Las entidades financieras rebaten que esas ganancias sean “caídas del cielo”, como en el caso del sector energético, puesto que creen que el BCE se dirige hacia una “normalización” de la política monetaria, tras años de tipos negativos o en el 0%, que permitirá a los grupos financieros recuperar una rentabilidad muy castigada. Y añaden que se tardará al menos un año hasta que se refleje la mejora en sus cuentas. Pero para el Ejecutivo está claro: la banca es uno de los vencedores de esta crisis.

El impuesto a la banca y a las compañías energéticas con el que Pedro Sánchez puso el broche al anterior curso político abre el nuevo período ordinario en el Congreso, que este martes votará la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos. Con el regreso de la actividad ordinaria en la Cámara baja tras el parón estival, los socialistas utilizarán su cupo para llevar esta iniciativa al primer pleno, que contará con el respaldo de la mayoría de sus socios. Una vez se admita su toma en consideración, la intención de los socios de coalición es tramitar la medida de manera urgente y que el nuevo gravamen quede aprobado antes de que finalice el año para atraer al bloque de investidura a la negociación de las Cuentas de 2023. Para finales de octubre el proyecto de ley podría estar aprobado en el Congreso, para mediados de noviembre en el Senado y pasar directamente al BOE si no se acepta ninguna enmienda. El Gobierno de coalición ha decidido priorizar esta iniciativa con la que confía en recaudar 7.000 millones en los dos próximos años, en un momento en el que el presidente ha incrementado sus críticas a la actitud de las grandes entidades financieras y compañías energéticas que están registrando enormes márgenes de beneficios en un momento marcado por la incertidumbre económica, con la inflación desbocada. «He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Sánchez Galán, y si protestan, es que vamos en la buena dirección», afirmó Sánchez en julio tras avanzar en el debate sobre el estado de la nación la iniciativa. 

Bruselas duda sobre cómo podrá ejecutar la intervención del mercado de la energía en cada uno de los países. En un documento de trabajo del gobierno comunitario al que ha accedido este diario se especifica que el nuevo límite de ingresos o precios «no sería compatible» con los impuestos extraordinarios a los ingresos de las grandes empresas energéticas, como el de España. Y, por tanto, los países que lo han puesto en marcha o están a punto, como es el caso de España, deberían «abolirlo». En concreto, el documento de trabajo asegura que «la introducción del tope» que prepara Bruselas para los ingresos de las empresas que producen energía nuclear o renovable «no sería compatible con esquemas impositivos paralelos» destinados a gravar «el exceso de beneficios». Y éste es el caso de España, que ha incluido ese impuesto del 1,2% para los beneficios de las compañías más grandes, que han incrementado sus ingresos de manera extraordinaria por fortísimo aumento del precio mayorista de la energía, derivado sobre todo del incremento del gas. El debate sobre si sería viable o no «compatibilizar» el nuevo tope de precios y el gravamen extraordinario es algo que impacta de lleno en los planes de España, ya que mañana martes se vota en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que instaura los nuevos impuestos, que serán del 1,2% a las ventas de las grandes energéticas y del 4,8% a las comisiones e intereses netos de la banca. Con estos impuestos temporales y extraordinarios (2022 y 2023), el Estado espera recaudar 7.000 millones de euros.

La estabilidad que se ha asociado tradicionalmente al contrato indefinido en comparación con el temporal ha quedado diluida tras la entrada en vigor el pasado enero de la reforma laboral, una norma que al delimitar de forma exhaustiva el uso del contrato temporal ha provocado que mucho empleo que es temporal por naturaleza recurra a contratos indefinidos para abastecerse de personal. Esto supone, en la práctica, que los sectores o actividades que por su idiosincrasia necesitan empleados de forma temporal los contratan bajo distintas modalidades de contrato indefinido, a pesar de que ya tienen definido (precisamente) cuánto va a durar esa relación laboral y que los despedirán pasado ese tiempo. Los números reflejan esta circunstancia ya en los primeros ochos meses del año –los primeros de vigencia de la nueva reforma– el número de trabajadores que han firmado más de un contrato indefinido en un mismo mes ha sido de 175.183 personas, 11 veces más que en el mismo periodo del año pasado, cuando –sin la reforma– esto le sucedió a 14.980 personas, según datos de Randstad Research a partir de información del Ministerio de Trabajo. En este volumen sólo se contabilizan a aquellos empleados que han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes, pero no computan aquellos que, por ejemplo, han firmado un contrato indefinido en abril que ha expirado en mayo, con lo que el número de empleados que en verdad han disfrutado de un contrato indefinido por un periodo definido ha sido mucho mayor. «Se cumple lo que anticipábamos antes de que la reforma laboral entrara en vigor: que la mortalidad del contrato indefinido iba a aumentar, porque parte de la contratación temporal que antes se formalizaba con contratos de obra y servicio iba a hacerse con contratos indefinidos. La cuestión es que si la actividad laboral que subyace al contrato sigue siendo temporal, da igual que la vistas con un contrato indefinido», apunta Valentín Bote, director de Randstad Research. 

La subida del coste de la vida, que se ha recrudecido por la guerra en Ucrania, amenaza con un otoño caliente. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, advirtió ayer de que la central sindical promoverá movilizaciones si CEOE sigue “empecinada” en no negociar una subida salarial. En declaraciones a Radio Euskadi, el representante sindical dijo, además, que si el Gobierno quiere impulsar un pacto de rentas, lo que tiene que explicar es “qué medidas pone encima de la mesa para facilitarlo”. En agosto, UGT había amenazado también con movilizaciones si los empresarios no se sentaban a negociar los convenios en este mes de septiembre. Así, este nuevo curso que apenas comienza “pinta complicado”, como reconoció Sordo. De hecho, el Gobierno y los agentes sociales retoman hoy la negociación de la reforma de las pensiones. En el centro del debate, la subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. Sordo, en tanto, insistió en la necesidad de “un acuerdo general” sobre salarios que se pueda trasladar a los convenios colectivos de tal forma que, “aunque no es realista pensar que los sueldos vayan a subir ahora un 10%, sí lo es que, en los años 2022, 2023 y 2024, se establezcan cláusulas de revisión que permitan recuperar la pérdida de poder adquisitivo”. Respecto a la reforma de las pensiones, Sordo la calificó de “muy positiva” y apostó por hablar ahora de “la política de ingresos para garantizar la viabilidad del sistema”.

La cadena alimentaria afronta un fin de año en una situación de máxima tensión en los diferentes eslabones que la componen. El contexto inflacionario, marcado por el encarecimiento constante de la energía y las materias primas, ha arrastrado al conjunto del sector a una espiral de subidas de precios que hoy forma parte del debate político, y que no tiene visos de revertirse en los próximos meses, en la medida que la situación energética puede seguir empeorando con la llegada del otoño. Los datos y las perspectivas del sector tampoco invitan a ello. A falta de conocer el dato de agosto, el IPC alimentario encadenaba entre abril y julio cuatro meses consecutivos creciendo a dobles dígitos en la comparativa anual, y por encima del dato general. Aunque la alimentación tardó, comparado con otros sectores, en trasladar los incrementos de costes, la tendencia de los últimos meses es creciente, y un corte en seco de la misma no está sobre el escenario. “El incremento de los precios de los alimentos está directamente relacionado con el escenario inflacionista que estamos viviendo y el incremento de los precios de las materias primas, la energía o el transporte”, explica Aecoc, asociación que representa a fabricantes de gran consumo y parte de la distribución. “El futuro del precio de los alimentos dependerá claramente de la evolución de estos indicadores”. 

El metal preciado fue el primer valor refugio –y con el que se acuñaban las monedas más valiosas–, y, aunque luego se le han sumado otros, mantiene su reinado. Sobre todo en tiempos de crisis e incertidumbre como el que vivimos. De hecho, el año pasado la compraventa de oro fue, con casi 131.000 millones de dólares, el cuarto activo de inversión tradicional del que más volumen se movió en el mercado mundial, solo por detrás de las acciones de las 500 mayores empresas del planeta, los bonos del Tesoro estadounidense, o divisas como el euro. No obstante, con la irrupción de Internet y del ‘blockchain’, las criptomonedas comienzan a hacerle la competencia. Según The Block Research, el año pasado cambiaron de manos bitcóin y ethereum por valor de 3,2 billones de dólares, una cifra que incluye todas las transacciones comerciales realizadas con estas dos divisas virtuales. Y el pasado mes de junio la primera marcó un volumen de transacciones récord con el equivalente a 15.700 millones de dólares. Aunque el oro es tangible y las nuevas divisas son virtuales, hay algunas similitudes relevantes. Sobre todo si la comparación se hace con el bitcóin, la ‘cripto’ más valiosa y popular: el oro es un metal escaso, aunque se desconoce la cantidad exacta en el planeta, y el bitcóin está limitado a un máximo de 21 millones de unidades; ambos se minan, el oro en la tierra y el bitcóin en granjas de ordenadores; y a los dos se les otorga valor tanto por su carácter de recurso finito como por la facilidad para convertirlo en moneda fiduciaria, razón por la que también se utilizan para circunvalar restricciones al movimiento de capitales.

La supervivencia de más de la mitad de los vehículos de transporte concertado (VTC), los que se pueden contratar a través de aplicaciones como Uber, Cabify, Bolt o Auro, está en el aire. El día 30 vence el plazo del periodo transitorio que otorgó el Gobierno a las comunidades autónomas para que regularan su actividad. En el conocido como decreto Ábalos (por haber sido tramitado en 2018 por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos), se establecía un periodo transitorio de cuatro años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos antes del 1 de octubre de 2022. En caso de inhibirse, los vehículos solo podrían realizar trayectos interurbanos, condenándolos en la práctica a la desaparición. Pese a la inminencia del plazo, solo Madrid y Cataluña han aprobado una normativa clara sobre la materia. En el resto de comunidades se vivirá en un limbo legal a partir de octubre. Pero el problema se enreda aún más. Y es que, en realidad, el decreto Ábalos no fijó un plazo exacto para todos los vehículos porque los cuatro años de moratoria son contemplados en la norma como una especie de indemnización para compensar a los dueños de las licencias por la inversión realizada. Y el mismo decreto recoge la posibilidad de ampliar ese periodo hasta en dos años más si el propietario demuestra que, por distintas circunstancias, no ha podido recuperar el gasto que le supuso.

India ha desbancado a Reino Unido como quinta economía más grande del mundo. Eso es lo que dicen las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI): el gigantesco país asiático, hogar de más de 1.350 millones de personas, ahora sólo está por detrás de EEUU, China, Japón y Alemania, mientras que Londres desciende del ránking arrastrado por su peor inflación en más de cuatro décadas. «Superar al Reino Unido es especial porque India ha dejado atrás a quienes la gobernaron durante 250 años», dijo a principios de semana el primer ministro Narendra Modi. «La forma en que el mundo ve a India está cambiando», sentenció. Lo que ha cambiado, y de manera extraordinaria desde su independencia, es el colorido país de las castas dominado por los hindúes. Hace 75 años, el 15 de agosto de 1947, cuando la bandera tricolor reemplazó a la Union Jack, el PIB del país rozaba los 20.000 millones de dólares. En ese momento, el entonces primer ministro, Jawaharlal Nehru, dijo que la nación comenzaría un arduo camino de reactivación y renacimiento. «Llega un momento, que ocurre rara vez en la historia, cuando pasamos de lo viejo a lo nuevo y cuando el alma de una nación, reprimida durante mucho tiempo, encuentra expresión», soltó Nehru. India pasó de la autodestrucción por una partición sangrienta tras la independencia a construir una de las economías de más rápido crecimiento gracias a las reformas de los 90. Estas abrieron las puertas del país a la inversión extranjera, derribando además el anterior modelo de Nehru, donde primaba el proteccionismo y la intervención estatal, además de lograr que la economía, donde la agricultura era en los años 50 la abeja reina con una participación del 55% del PIB, se diversificará hacia otros sectores más punteros.

Las largas colas y los errores en algunas papeletas lastran las elecciones, que confirman el auge del ultraconservadurismo. El Partido Socialdemócrata de Suecia (PSS) de la primera ministra Magdalena Andersson ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas ayer con un 30,5 % de votos, según los resultados oficiales aún parciales correspondientes al 83,9% de las mesas que ya habían sido escrutadas al cierre de esta edición. Sin embargo, los cuatro partidos de derecha, con el ultraderechista Demócratas Suecos (DS) a la cabeza, sumarían más apoyos. De hecho, la formación extremista sería la segunda formación más votada con un 20,7% de los votos. Los socialdemócratas, que han estado al frente del Ejecutivo durante los últimos 28 años, mejorarían dos puntos sus resultados con respecto a las últimas elecciones de 2018, mientras que los Demócratas Suecos crecen tres puntos y el Partido Moderado (PM) cae casi uno se sitúa en tercer lugar con un 19% de apoyo. La situación es de un empate técnico entre el campo del centroizquierda y el de la derecha, lo que pone en duda que el PSS pueda gobernar con un acuerdo de coalición, o bien con apoyos puntuales en el Parlamento, de los Verdes, el Partido de Centro y el de Izquierda. Entre las cuatro formaciones sumarían un 48,8% de votos, mientras que los otros cuatro partidos, si lograran entenderse, acumularían un 49,8%. La opción de un acuerdo de la derecha parece sin embargo lejana, puesto que aunque la suma alcanzara para gobernar, es difícil imaginar un ejecutivo liderado por el Partido Moderado cuando la ultraderecha le ha superado claramente en votos.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Réznikov, contempla la posibilidad de una «retirada a gran escala de las fuerzas rusas» después de la contraofensiva lanzada por el Ejército local el pasado día 6 y los fulgurantes avances conseguidos este sábado pasado en la región de Járkov, donde los invasores han debido abandonar importantes enclaves de gran valor estratégico. Según Réznikov, los ucranianos han «logrado romper las cadenas logísticas del enemigo y sus líneas de defensa en varios puntos» y este hecho «puede provocar un efecto avalancha, una retirada a gran escala de las fuerzas rusas». En esta línea coinciden algunos analistas internacionales, que ven en esta arrolladora contraofensiva un posible cambio de inflexión en el curso de la guerra. No obstante, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, explicó el sábado que el repliegue de sus contingentes ante el empuje ucraniano fue un «reagrupamiento» de fuerzas. «Para lograr los objetivos declarados de la operación especial militar de liberar Donbás, se tomó la decisión de reagrupar las tropas rusas estacionadas en las regiones de Balakleya e Izium, a fin de intensificar los esfuerzos en la dirección de Donetsk», puntualizó.