20221011

Ya no es solo la reducción del margen de beneficios en las empresas por la subida del coste de la energía y de los precios. La encuesta de la patronal vizcaína Cebek, liderada por Carolina Pérez Toledo, alumbra otro síntoma preocupante que agrava y adelanta un «más que probable deterioro de la situación económica». Y es que en la toma de temperatura realizada en la segunda quincena de septiembre sobre 327 compañías de Bizkaia, casi la mitad de las empresas reconoce una «caída en la cartera de pedidos». Es uno de los síntomas del enfriamiento económico que ya ha llevado a grandes corporaciones como ArcelorMittal a parar la actividad de su acería de Sestao sin fecha de vuelta, pero con la seguridad de que no será ya en este 2022. Los problemas se ceban especialmente con las empresas pequeñas –de hasta 10 trabajadores– donde el músculo financiero es menor y no se puede operar mucho más tiempo sacrificando márgenes. Esta situación ha llevado a que el 65% de las firmas consultadas hayan asegurado que sus márgenes se han visto reducidos en lo que llevamos de año. Se trata de un síntoma que sigue creciendo desde el último estudio realizado por Cebek en mayo pasado. La subida de precios ha conducido a los bancos centrales a una política decidida para mantenerlos a raya con incrementos de los tipos de interés; más incluso de lo esperado por los mercados. El movimiento ha provocado un enfriamiento económico que ha llevado al Gobierno vasco a revisar las previsiones de crecimiento para este año en Euskadi y reducirlas del 4,5% al 4,3%, y dejarlas en el 2,1% para 2023. Se trata de una desaceleración que también confirman las empresas de Bizkaia. Así, casi la mitad de ellas reconocen una caída en sus pedidos y cargas de trabajo que se ceba especialmente con las más pequeñas en el sector de la industria y en el comercio, las áreas que más están sufriendo.

Contrato estable, salario fijo, retribución flexible, pluses, beneficios sociales para el trabajador y la familia, formación ajustada al perfil profesional y también en idiomas. Esto es lo que ofrece Talgo, principal suministrador de trenes de alta y muy alta velocidad de Renfe, a quienes ocupen alguno de los 126 nuevos puestos de trabajo que la empresa creará en la planta alavesa de Rivabellosa. Busca perfiles especializados en fabricación y mantenimiento, equipos mecánicos, eléctricos, de puesta en servicio, de pintura, soldadura y almacén. La compañía, líder en diseño, fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta velocidad con presencia industrial internacional, también promete a las nuevas incorporaciones «un plan de carrera con progresión económica». Los 126 nuevos trabajadores se unirán al medio millar de empleados que Talgo, que también suministra trenes al proyecto de alta velocidad para la línea entre La Meca y Medina en Arabia Saudí, suma en Rivabellosa, donde se fabrican vagones para convoyes de pasajeros. Ver nota Talgo. 

Capital Energy, la empresa que ha irrumpido con fuerza en el paisaje nacional de las renovables abrirá una sede en Bilbao, en el Centro de Emprendimiento de la Torre Bizkaia que impulsa la Diputación. La firma cuenta con derechos para desarrollar hasta 2.400 MW de energías renovables en España y se ha convertido en uno de los agentes más destacados en la construcción de instalaciones eólicas tras adjudicarse en la última subasta pública del Ministerio de Transición casi la mitad de los 3.300 MW que se ofrecieron a las empresas el año pasado. La compañía dirigirá desde las oficinas del B Acelerator Tower (BAT) con un equipo de 16 profesionales las tareas de promoción de hasta siete parques eólicos en Euskadi que sumarán una potencia de 138 MW y que prevén una inversión de 160 millones de euros. Las instalaciones se reparten entre Gipuzkoa, con cuatro parques, dos en Álava, uno de ellos colindando con Gipuzkoa, y la séptima en las inmediaciones de Orozko, en Bizkaia. Los parques eólicos han superado el trámite inicial de ‘competencia’ –poco más que una declaración de intenciones para conocer si hay otras empresas interesadas en el emplazamiento– y afronta ahora la presentación de los estudios de impacto ambiental. Según han confirmado fuentes de la compañía, este mismo año se iniciarán esos trámites para tres de los proyectos y en el primer trimestre de 2023 se presentarán los otros cuatro restantes. Capital Energy proyecta 49 instalaciones en toda España repartidas en 11 comunidades autónomas con una inversión total de 2.400 millones para los próximos años. 

Urkullu inaugura la nueva planta de la multinacional que se muda desde Miramon y reafirma a la industria como "motor de la economía vasca". La multinacional danesa de ingeniería y tecnologías avanzadas abrió su planta productiva de Usurbil hace cuatro años. Urkullu ha dicho que esta compañía danesa, implantada en Euskadi desde hace cuatro años, es una empresa comprometida con la sostenibilidad y la descarbonización, que apuesta por la innovación y el desarrollo, y cuyos objetivos forman parte, también, de la estrategia económica vasca, orientada a "ganar competitividad y generar oportunidades de empleo de calidad".

 

Es uno de los proyectos llamados a cambiar la fisonomía de Barakaldo y marcar el futuro de una de las zonas de expansión de la localidad. Pero el proyecto para construir un gran parque junto a la ría en el barrio de Urban deberá esperar. Al menos, unos meses más de lo previsto. Como otras tantas iniciativas en todo el país, esta actuación se ha visto afectada por la imparable espiral de incremento de los costes –sobre todo energía y materias primas–, que han disparado los presupuestos de las obras hasta hacerlas, en muchos casos, inasumibles. Bilbao Ría 2000, la sociedad encargada de llevar a cabo el proyecto, había sacado a concurso la ejecución de la primera fase de este proyecto por un montante de 6,5 millones de euros. En un principio, la idea era destinar a estas obras una partida de 5,5 millones, pero tras introducir una serie de mejoras en los bocetos iniciales, el pasado mes de julio se optó por incrementarlo en uno más. Un ‘extra’ con el que esperaban atraer la atención de diversas constructoras capaces de asumir una iniciativa de este calado. Pero pasado el plazo de presentación de ofertas la entidad pública ha comprobado que el proceso ha quedado desierto: ninguna firma ha creído que la oferta económica era lo suficientemente atractiva como para afrontar los trabajos con garantías. En la práctica, esto supone un revés para este proyecto, cuyas obras debían arrancar antes de finalizar el año y se iban a prolongar durante 18 meses. Fuentes de Bilbao Ría 2000 consultadas por este periódico confirmaron que este tema será tratado en la próxima reunión del Consejo de Administración de la entidad. «Estamos analizando qué ha podido pasar y ver cómo podemos corregir la situación», detallaron.

El proyecto de parques eólicos de la multinacional pública noruega Statkraft pasa hoy su primer gran test con la asamblea vecinal abierta de esta tarde a las siete en Azpeitia –uno de los municipios afectados–. Será la primera toma de temperatura de la multinacional para saber si los vecinos se convencen de los beneficios del proyecto de dos parques eólicos en Gipuzkoa, en una reunión inédita. El primer examen coincide con las primeras protestas de grupo de plataformas contrarias a este tipo de instalaciones. Distintas asociaciones, entre ellas la azpeitiarra Sañu Bizirik, se han unido para hacer público un comunicado contra los proyectos previstos para Gipuzkoa, entre los que citan las dos instalaciones que la empresa pública noruega Statkraft quiere construir mediante una inversión de 90 millones. Para ello, han convocado marchas montañeras para mañana desde el barrio de Elosu en Bergara. De momento, la primera cita es la de hoy a las siete de la tarde. 

El Gobierno vasco y Elkarrekin Podemos-IU han alcanzado un principio de acuerdo para reformar la RGI, una de las leyes más importantes que se estaban negociando y que llevaba sobre la mesa desde la pasada legislatura. La principal novedad, según ha podido saber EL CORREO, es que desde su entrada en vigor se podrá cobrar a partir de los 18 años y no desde los 23, como ocurre hasta ahora. El pacto supone un acercamiento de calado entre el Ejecutivo y la coalición de izquierdas al que también es probable que se sume a corto plazo EH Bildu. La RGI la cobran en estos momentos algo más de 50.000 personas. Alrededor de 12.000 son pensionistas. El Presupuesto para este año es de 345 millones. El acuerdo que llevaba negociándose desde 2017 se cerró este fin de semana tras un último cruce de documentos entre la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, y la cúpula de Elkarrekin PodemosIU. El próximo apretón de manos escenificará el cierre de un debate que se ha prolongado en el tiempo y que siempre es sensible. El proyecto tuvo que retirarse la pasada legislatura al no contar el Gobierno vasco –en ese momento la RGI dependía de Beatriz Artolazabal– con los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Entonces, PNV y PSE estaban a un escaño de la mayoría absoluta. La situación ahora mismo es justo la contraria. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu no tiene problemas aritméticos, pero aun así ha sumado al proyecto a la oposición. 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, desveló ayer cuáles son los planes que maneja de cara a la subida de las bases máximas de cotización para las próximas tres décadas, una de las dos medidas que están encima de la mesa del diálogo social y que han de aprobarse antes de que termine el año, tal y como se ha pactado con Bruselas. Su objetivo es que las cuotas de los trabajadores que más ganan, que están topadas, se vayan incrementado por encima de la inflación. Es decir, cada año las cuotas que pagan a la Seguridad Social en torno a un 1,1 millones de trabajadores –cerca de 100.000 en Euskadi, los mejor retribuidos– se irán elevando en un porcentaje adicional al IPC medio del año anterior. Y ese extra de subida es el que el ministro pretende consensuar con sindicatos y patronal en los dos meses y medio que faltan para que termine el año. A juicio de Escrivá, las bases máximas tienen que subir con la inflación anual como sucede con las pensiones. «Siempre hemos añadido la inflación en cada momento. Siempre se ha transmitido así», apuntó, aunque se trata de una norma no escrita que tampoco puede decirse que sea conocida. Durante la rueda de prensa en la que presentó los presupuestos de su departamento, el ministro se mostró muy sorprendido por la reacción que ha suscitado en la CEOE el alza del 8,6% de las bases máximas que se fija en las cuentas, similar a ese 8,5% que se revalorizarán las pensiones. La patronal envió un duro comunicado en el que calificó esta decisión del Gobierno de «inadmisible» e «impresentable». «No estamos sorprendiendo a nadie», se defendió Escrivá. Y calificó las críticas de la patronal de «injustas» y «selectivas».

Italia y Francia ya lo habían logrado. La media de la zona euro lo consiguió al cierre de 2021. Y Alemania lo hizo tras el segundo trimestre del presente año. Por lo tanto, España se ha quedado totalmente descolgada y es ya la única potencia europea que no ha logrado recuperar los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) previos a la pandemia. El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lo constató ayer durante su intervención en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, en la que también subrayó que «la recuperación en España sigue siendo incompleta a pesar del relativo buen desempeño del segundo trimestre». Añadió, además, que «los indicadores de confianza más recientes apuntan a una pérdida de dinamismo de la actividad», y que «las proyecciones macroeconómicas se han revisado notablemente a la baja por el crecimiento y al alza por la inflación». Esto es, ahondó en lo que ya apuntó la pasada semana el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, cuando presentó las nuevas previsiones del BdE y según las cuales España apenas crecerá un 1,4% en 2023. Y esta situación, a su vez, provocará que no sea hasta 2024 cuando la economía española logre recuperar ese nivel de PIB anterior al covid que el resto de potencias europeas sí han alcanzado.

El fenómeno de la ‘Gran Renuncia’ ha llegado a España. Una tendencia sin precedentes que comenzó de forma sorpresiva en EE UU el año pasado, cuando cerca de 50 millones de trabajadores renunciaron a sus empleos de forma voluntaria. En Reino Unido e Italia 1,3 millones de ocupados abandonaron sus puestos en los nueve primeros meses de 2021 y ahora, según un estudio elaborado por The Adecco Group en ocho países, este fenómeno parece que está tomando fuerza en España. Así, una cuarta parte de los trabajadores quiere cambiar de empleo el próximo año (cifra en línea con el 27% a nivel mundial). Es más, la mitad ya se está postulando activamente para otros puestos realizando entrevistas con reclutadores y empresas, según se desprende de la encuesta ‘Global Workforce of the Future 2022’. Además, el 17% de los españoles afirma haber sido contactados por reclutadores de otras compañías, lo que sugiere que las organizaciones se están aprovechando de la ‘Gran Renuncia’ y de una fuerza laboral en constante cambio para atraer el mejor talento a sus compañías. Por regiones, los empleados de China, Japón e Italia son más reacios a cambiar. En cambio, en Australia, Suiza, Europa del Este y África son más propensos a dejar sus empleos el próximo año. Cabe resaltar que aunque esto pueda parecer sinónimo de insatisfacción, no lo es, puesto que precisamente en estos países más dados a la ‘Gran Renuncia’ es donde los trabajadores tienen una mayor sensación de seguridad en el empleo (por encima del 75%) –un 69% en España–, lo que indica que simplemente se sienten con mayor confianza para considerar cambios profesionales.

El Gobierno prepara un cambio en la Formación Profesional que contempla la creación de una red nacional de 50 centros de excelencia que harán investigación aplicada, como en las universidades, y aplicarán metodologías inmersivas de aprendizaje, como la realidad virtual. Por primera vez, los alumnos cotizarán a la Seguridad Social, tendrán un contrato con las empresas y su tiempo de formación contará para su vida laboral. El Ministerio de Educación está ultimando, en colaboración con las CCAA y los agentes del tejido productivo, la redacción de dos reales decretos que desarrollan la Ley Orgánica de FP que se aprobó en marzo. La idea es que a final de año estén listos los borradores para que comiencen a aplicarse a partir del curso 2023/24. Uno de ellos regula la ordenación del nuevo sistema y otro unificará los registros. El objetivo es que más alumnos cursen esta modalidad (ahora se matricula casi el 14% de los jóvenes, frente al 31% de la OCDE) para frenar el elevado desempleo juvenil (del 28,5%) y mejorar la cualificación de los adultos. «Estamos construyendo una formación moderna y en permanente actualización, a la altura de las necesidades del siglo XXI. Trabajamos conectados con las empresas más punteras de los sectores productivos, de los tradicionales y también de los emergentes. Esto no es una moda sino una necesidad: si no conseguimos técnicos de FP, no vamos a crecer como país», afirma Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio de Educación.

La cúpula del sindicato UGT, el segundo más importante de España, ha decidido atajar de forma inmediata un intento de cuestionar el liderazgo de su secretario general, Pepe Álvarez, al que aún restan casi tres años de mandato. La cabeza a cortar ha sido la del influyente Pedro Hojas, secretario general de UGT FICA, la federación que agrupa a los trabajadores afiliados de la industria, la construcción y el sector agrario. Hojas ha sido ‘invitado’ a abandonar el cargo y su relevo al frente de la federación que dirige será formalizado el próximo día 20, fecha en la que se espera celebrar un consejo federal, el máximo órgano de decisión entre congresos. Mariano Hoya, hombre de confianza de Pepe Álvarez y actual vicesecretario confederal de política sindical, asumirá la dirección de FICA. No hay versión oficial y la crisis se maneja dentro de la central con la máxima discreción. Pese a ello, fuentes de toda solvencia apuntan la idea de que Pedro Hojas había iniciado desde hace meses gestiones para cuestionar el futuro de Álvarez al frente del sindicato. Sus contactos con otras federaciones para «estudiar» un relevo en la cúpula de la organización habían encendido todas las luces rojas y el propio Pepe Álvarez ha decidido mover los hilos necesarios para atajar el debate. Álvarez fue elegido para un segundo mandato en mayo del pasado año y la vigencia del mismo se extiende hasta 2025, momento en que el secretario general habrá cumplido ya 69 años. Pese a ello, ha dejado caer en algunos círculos del sindicato que su intención es la de abordar un tercer periodo como secretario general más allá de 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial levantaron ayer el telón de su asamblea anual en Washington con un diálogo que parecía un concurso de pesimismo. La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco, David Malpass, dibujaron un panorama sombrío de la economía mundial, que se concretará en cifras mañana con la presentación del informe Perspectivas de la Economía Mundial. Las reuniones anuales se celebran en un momento en el que el mundo se enfrenta a la fase de mayor desaceleración de la actividad económica de los últimos 80 años, al aumento de la inflación, a la crisis alimentaria y energética, a la guerra en Ucrania, al impacto negativo continuado de la pandemia, al cambio climático y al agravamiento de la pobreza. Georgieva ya destripó el mensaje principal del informe en una intervención en la Universidad de Georgetown la semana pasada. Ayer reiteró los puntos esenciales. El FMI rebajará las previsiones de crecimiento global y el riesgo de recesión ha aumentado. Los bancos centrales tienen que actuar con dureza para controlar la inflación, pero sin pasarse y provocar o agravar más de lo necesario una recesión. Además, los gobiernos deben tener cuidado con su política fiscal y actuar de forma responsable, sin bajadas de impuestos generalizadas ni medidas de gasto indiscriminadas y permanentes. 

La escalada de precios está obligando a la industria y los hogares europeos a moderar su consumo de gas: la demanda comunitaria de este combustible, de largo el más zarandeado por la guerra, acumula ya un descenso del 7% en lo que va de año respecto a la media de ese periodo en los tres últimos ejercicios. Aunque el retroceso es más acusado en el norte de Europa y en las repúblicas bálticas, la tónica general es clara, con solo cuatro excepciones a la norma: España, Grecia, Croacia y Eslovaquia, en gran medida por el repunte para generación de electricidad. A las puertas de un invierno en el que —por primera vez— el suministro no está garantizado, la mesura es imperativa. 11 de los 27 países de la Unión registran entre enero y septiembre descensos de doble dígito, liderados por Finlandia, donde el hundimiento en el consumo de gas alcanza proporciones difíciles de imaginar: cae un 53% respecto al mismo periodo de 2021, una merma similar en los tres principales sectores consumidores (industria, hogares y producción eléctrica). Aunque menos drástico, el descenso también es muy relevante en Letonia (-30%), Lituania (-25%), Estonia (-20%) y Dinamarca (-20%), según la última actualización de datos del centro de estudios bruselense Bruegel. Pese a los esfuerzos, la media continental aún está muy lejos del objetivo del 15% comprometido entre agosto de este año y marzo del que viene.

El Gobierno alemán trabaja estos días para dar forma a su paquete de ayudas públicas con el fin de aliviar el impacto del aumento del precio de la energía en empresas y hogares. Berlín anunció ayer que este fondo de 200.000 millones de euros servirá para pagar una factura mensual de consumo energético de las familias y pequeñas empresas, a través de una ayuda extraordinaria que llegará antes de diciembre. Además, las autoridades alemanas planean limitar los precios del gas a partir de marzo. El Estado calcula que el pago a hogares y empresas tendrá un coste aproximado de 5.000 millones de euros. Esta medida, sin embargo, suscita las dudas de las autoridades, que intentan encontrar una fórmula para proteger a los consumidores y, a su vez, incentivar el ahorro energético. Otros 91.000 millones de euros se destinarán a limitar el precio del gas, con un tope que se situaría en torno al 60% u 80% de su coste actual. A nivel europeo, el plan alemán levantó ampollas. Bruselas acusó a Berlín de jugar en solitario y alertó de los peligros de fragmentación que pueden provocar medidas nacionales de este tipo. El resto de Estados miembro también mostró su malestar, ya que Alemania no defiende públicamente el tope europeo al gas y su postura está retrasando la adopción de medidas de emergencia. El canciller alemán, Olaf Scholz, se excusa asegurando que un mecanismo de este tipo debería coordinarse con Japón y Canadá, pero otros, como el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, hablan ya de «acabar con el egoísmo alemán».

Los principales fabricantes chinos de chips sufrieron ayer un duro castigo en Bolsa. Perdieron 7.700 millones de dólares en una jornada negra que respondía a las nuevas restricciones impuestas por el Departamento de Comercio de EE UU el pasado viernes, que impiden suministrar a las compañías chinas ciertos semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con equipos estadounidenses, salvo que los vendedores obtengan permiso para ello, algo que se vislumbra poco probable. El castigo bursátil es solo el reflejo de un nuevo capítulo de la guerra tecnológica que libran EE UU y China. El Departamento de Comercio de EE UU dijo el viernes que había agregado 31 compañías a su “lista” en un esfuerzo por dificultar que las empresas chinas fabriquen u obtengan chips de computadora avanzados fundamentales para las tecnologías de vanguardia. La Administración de Joe Biden busca obstaculizar aún más la industria de chips de China y, por tanto, la autosuficiencia tecnológica de este país, en un momento en que EE UU contempla con preocupación el avance de China en áreas clave como el 5G, la inteligencia artificial, la fabricación de superordenadores o conducción autónoma, importantes para el ámbito civil y militar. “Las tensiones entre China y EE UU no van a disminuir (...). Tenemos que esperar que en el corto plazo se agreguen más a la lista”, señaló al Financial Times Dickie Wong, jefe de investigación de Kingston Securities en Hong Kong. 

Los bancos europeos aseguran que nunca han estado tan fuertes para afrontar una crisis, pero los inversores no están de acuerdo. Tampoco ven bien preparadas a las energéticas ni a las inmobiliarias. El dinero está huyendo de la deuda cotizada de la zona euro ante la amenaza de una próxima recesión y los sectores donde se percibe un mayor riesgo están recibiendo el castigo más grande. La venta de bonos es prácticamente indiscriminada en toda Europa y los costes de financiación en el mercado se están disparando para todos los emisores, pero hay diferencias entre la prima extra que pagan unos u otros. La distancia se puede medir comparando la cotización de los bonos de cada sector en el mercado secundario con la media a la que se negocia la deuda corporativa europea de su mismo ráting. Y lo que dice esta confrontación es que los bancos están pagando más que el resto, lo que significa que los inversores están exigiendo una rentabilidad extra para hacerse con su pasivo.

El Gobierno socialista de Portugal presentó este lunes su proyecto de Presupuestos para 2023 marcando amplia distancia con su homólogo español. Entre otras medidas limita la subida media de las pensiones al 4% el próximo año, la mitad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez alegando que no debe ir más lejos para no poner en peligro «la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social». La inflación en Portugal es actualmente más alta que en España tras alcanzar un 9,8% en septiembre, frente al 9,3% del dato español adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno de António Costa también ha decidido, al contrario que Sánchez, diferenciar las subidas y limita el incremento a las pensiones más altas al 3,5%. En el apartado 2.4.1.1. del Presupuesto detalla que las más bajas subirán un 4,43% y las medias, un 4,07%. Además, detalla en el proyecto de ley más que el español el coste de esta revalorización y lo cifra en 1.155 millones de euros para 2,7 millones de pensionistas. El Gobierno portugués, que sufrió un rescate de la UE en la pasada década, lanza así un incremento más restrictivo que España pese a que presenta menos déficit e incluso deuda. Espera un déficit del 0,9% del PIB en 2023 y una deuda pública de 110,8%. Según el ministro de Hacienda portugués, Fernando Medina, este ratio de deuda saca a Portugal por primera vez «del podio de los tres países más endeudados», puesto que el Gobierno español no prevé menos del 112% en 2023. Por primera vez en la era del euro, Portugal va a mejorar a España en el lastre de la deuda.

Rusia lanzó ayer una dura ofensiva contra ciudades y otros objetivos civiles en Ucrania en represalia por el sabotaje, el pasado sábado, del puente del estrecho de Kerch en Crimea. El Kremlin demostró que sus misiles pueden alcanzar cualquier rincón del país, incluida la capital. El centro de Kiev recibió el impacto de múltiples proyectiles sobre edificios residenciales y de oficinas. También sufrieron daños Lviv, en el oeste, y ciudades más cercanas al frente como Mikolaiv, Járkov, Dnipró o Zaporiyia. En todo el país murieron al menos 14 personas y resultaron heridas 97. “Quieren caos y pánico y destruir nuestro sistema energético”, declaró Volodímir Zelenski. Desde Moscú, Vladímir Putin se mostró amenazante: “En el caso de que se intenten llevar a cabo otros ataques terroristas en el territorio de la Federación de Rusia, las respuestas serán duras y equivaldrán al nivel de las amenazas”, dijo. Putin acordó además con su protegido Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, la creación de unidades militares conjuntas, que estarían a las puertas de Kiev. La UE calificó los ataques de “crímenes de guerra”. Rusia lanzó ayer un claro mensaje a Ucrania: sus misiles pueden alcanzar cualquier rincón del país, incluido el corazón de su capital. El centro de Kiev sufrió durante la mañana el impacto de múltiples misiles que provocaron la muerte de al menos cinco civiles, causaron heridas a otros 51 —fueron hospitalizados 42, según el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko— y ocasionaron graves daños en edificios residenciales, de oficinas y en organismos públicos. China pide una desescalada y respetar la soberanía de Ucrania. 

El expolítico sabía que el hundimiento de la banca empeoraría la crisis. Un simple rumor puede bastar para que caiga el sistema financiero. La Real Academia Sueca de las Ciencias galardonó ayer al expresidente de la Reserva Federal e investigador en el Brookings Institute, Ben Bernanke; al profesor de la Universidad de Chicago Douglas W. Diamond, y a Philip H. Dybvig, de la Washington University, con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2022, conocido comúnmente como el Premio Nobel de Economía. Según la academia sueca, el reconocimiento se debe a “su investigación en banca y crisis financieras” de comienzos de la década de 1980, que ha sido la base sobre la que se ha levantado la “regulación bancaria moderna”. Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota el lunes 15 de septiembre de 2008. Ese mayúsculo seísmo se sintió en todos los rincones de la economía mundial, que sufrió una extraordinaria crisis financiera. Ben Bernanke (Augusta, Georgia, 68 años) se sentaba entonces en un sillón que le daba una panorámica completa del desastre: ocupaba desde 2006 —y hasta 2014— la presidencia de la Reserva Federal. Estudioso de la Gran Depresión de 1929, sabía que el hundimiento de la banca no podía sino hacer más dolorosa la recesión. Y por ello, presionó para que el Congreso aprobara el plan de rescate del sector financiero de la Administración de George W. Bush, que ascendía a 700.000 millones de dólares.