20221114

Los empresarios y directivos del estado pronostican “un sensible frenazo en el ritmo de crecimiento de la economía española” el año que viene de la mano de la caída de la demanda de las familias, tanto en consumo como, sobre todo, en la compra de vivienda. Así lo refleja el último Consenso Económico y Empresarial de PwC, que reúne un panel de más de 450 empresarios, directivos y expertos, y que vaticina un crecimiento de apenas el 1,1% en 2023, prácticamente un tercio de lo que preveía en el anterior informe (+3%), y casi la mitad de lo que todavía sostiene el Gobierno. Su drástico tijeretazo a las previsiones de 2023, en un colectivo que toma diariamente el pulso de la actividad económica, evidencia el fuerte y rápido deterioro que el mundo empresarial percibe en el escenario económico. Sus estimaciones están en línea con las de la Comisión Europea, que el viernes pasado auguró un alza del PIB español de solo el 1% el año que viene, y son algo más pesimistas que las del FMI (+1,2%) o el Banco de España, que en octubre auguró un crecimiento del 1,4%, pero que el viernes pasado advirtió de que si bien la recesión técnica en España no figura en su escenario central, “sí que es cierto que la probabilidad es mayor” ahora. En este contexto, el 71,8% de los panelistas considera que la economía española irá a peor en el primer trimestre de 2023, ralentización provocada por la menor demanda de los hogares en un escenario de incertidumbre y de fuerte pérdida de poder adquisitivo por la inflación. De hecho, el 74,6% prevé que el consumo disminuya en los próximos seis meses, mientras que el 85,6% espera que ocurra otro tanto con la compra de vivienda, “probablemente por la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas”.

Las reglas del juego de los créditos ICO estaban claras desde el principio, pero es ahora cuando la letra pequeña de las líneas de avales con escudo estatal diseñadas para paliar el impacto del coronavirus empieza a generar dolores de cabeza ante el creciente aumento de los créditos bajo vigilancia especial, es decir, en riesgo de impago. ICO, bancos y deudores se pasan la pelota para que esta no acabe en su tejado. La gran banca, encargada de conceder los préstamos, empieza a oler el peligro y el Instituto de Crédito Oficial, que en muchos casos llegó a avalar el 80% de la financiación otorgada, esconde la cabeza, o, más bien, espera desde la barrera a que las entidades financieras rematen la faena. Los bancos han asumido desde 2020 el papel de intermediarios para distribuir, ante la falta de medios del ICO, 140.000 millones de euros en préstamos con escudo estatal. Lo hicieron de buen grado, incluso con agresividad en aras de aprovechar la coyuntura para ganar cuota de mercado. De hecho, el organismo público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos tuvo que imponer unos cupos por entidad para evitar que los bancos más ávidos acaparasen todo el pastel. Ahora, la gran banca española asume que el sector sufrirá un daño reputacional. El ICO exigió a las entidades colaboradoras aplicar los mismos cortafuegos en la concesión de los préstamos con aval público que en su operativa habitual, de modo que si a una empresa se le había exigido en financiaciones sin el escudo público avalar con todo el patrimonio personal de los socios, a la hora de firmar el crédito ICO debía mantenerse el mismo sistema de riesgos.

España se enfrenta este invierno a 35 días críticos desde el punto de vista energético, según las previsiones que maneja Enagás, la compañía que gestiona los grandes gasoductos y los almacenamientos de gas en España. Van a ser 35 días en los que se va a poner a prueba la capacidad del sistema energético español para aguantar sin ningún tipo de restricciones ni racionamientos. En cualquier caso, esos días añadirán tensión a la escalada de precios de la luz y el gas de los últimos meses. En sus cálculos, Enagás no solo tiene en cuenta el consumo convencional de gas. Es decir, el que se usa para calefacción, cocinas o calentadores. También considera el que se usa en centrales eléctricas para producir luz. La compañía establece tres grados de demanda de gas según qué días. El grado número 1 corresponde al mayor consumo, el 2 a un consumo normal o intermedio y el 3 a un consumo más moderado. En sus previsiones, Enagás sólo considera días laborables, de lunes a viernes. Estos son siempre los más relevantes para el análisis del consumo energético en España, porque a los efectos que sobre ese consumo tiene el clima se suma el efecto de la demanda empresarial. Para el invierno 2022-2023, Enagás ha catalogado como grado 1 los siguientes periodos: 11-16 de diciembre; 19-23 de diciembre; 9-13 de enero; 16-20 de enero; 23-27 de enero; del 30 de enero al 3 de febrero; y del 6 de febrero al 10 de febrero. El resto se reparten prácticamente a partes iguales entre el grado 2 y el grado 3. En general, Enagás no prevé tensiones de abastecimiento en sus estimaciones, recogidas en el documento Winter Outlook (Previsión Invernal).

El 25 de enero está marcado en rojo en las agendas del sector energético. Salvo giro radical de guion, centenares de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos pasarán ese día a mejor vida si las comunidades autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica no son capaces de tramitar antes las necesarias declaraciones de impacto ambiental (DIA). Si el bloqueo se mantiene, perderán de un plumazo los derechos de conexión a la red que consiguieron a partir de 2018 y los 40 euros por megavatio (MW) de potencia prevista que tuvieron que ofrecer como garantía. Diferentes fuentes aseguran que la potencia instalable a futuro amenazada por la falta de tramitación se situaría cerca de los 100 gigavatios de potencia. Es el doble de la que hay, y suponen dos terceras partes de la suma total de los proyectos que están en distintas fases de tramitación administrativa. Ese retraso es un obstáculo en la senda de descarbonización y, sobre todo, expone a las administraciones a una cascada de reclamaciones judiciales de responsabilidad patrimonial y de litigios para recuperar los avales. Un portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica prefirió no hacer comentarios ante las peticiones de este diario y se refirió a las afirmaciones de la ministra Teresa Ribera repetidas en los últimos días. “No tenemos la menor intención de prorrogar los plazos”, señaló el viernes. “Es un bloqueo que no beneficia a nadie y no se explicaría que no se resolviera en plazo”, agregó la vicepresidenta tercera, dejando la pelota en el tejado de las comunidades, donde está “la mayor parte” del atasco, según José María González Moya, director general de la asociación sectorial APPA. La preocupación entre los promotores es creciente. 

Hoy comienzan los paros de la Plataforma en Defensa del Transporte, la asociación de camioneros que convocó hace una semana a todos los transportistas a la huelga en protesta por el incumplimiento de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas aprobada en verano. Un paro que tendrá un impacto muy limitado en Euskadi ya que tanto Hiru como Tradinsa, a diferencia de marzo, no lo secundan y hay división en los que operan en el Puerto de Bilbao. Tampoco Fenadismer apoya ahora la huelga. Para reivindicar su protesta han convocado una manifestación que tendrá lugar hoy a partir de las 10 de la mañana en Atocha, en pleno centro de Madrid. En un comunicado, la asociación defiende que en la protesta les acompañarán representantes del sector de la agricultura, ganadería y hostelería. La semana pasada estuvo marcada por la reunión entre el Ministerio de Transportes y la Plataforma del pasado jueves, que acabó sin éxito. Desde el Ejecutivo argumentan que todo lo que piden los transportistas ya se está cumpliendo y prometen más inspecciones para sancionar a aquellos empresarios que estén saltándose la ley. Pero a los camioneros críticos no les valieron las promesas sino que pidieron acuerdos firmados y por escrito para desconvocar la huelga. Un paro que supondrá a la economía española unas pérdidas de 600 millones de euros diarios, según estimaciones de OBS Business School. El propio sector calcula que este paro podría poner en peligro el 25% de la facturación anual de transportistas y cargadores.

En torno al 20% de las empresas que se constituyen en España no aguantan abiertas ni siquiera un año, mientras que, de aquellas que consiguen sobrevivir a la difícil «infancia» empresarial, sólo un 45% consiguen seguir funcionando a los cinco años de su nacimiento. Esta realidad, recogida en la Estadística de Demografía Empresarial que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la semana pasada, sitúa a España como el sexto país de la Unión Europea con menor tasa de supervivencia de sus empresas, sólo por detrás de Lituania, Dinamarca, Letonia, Estonia, Malta y Portugal, y por debajo de la media del continente, según los datos de Eurostat. En concreto, en nuestro país, de cada 100 empresas que se crearon en 2015, sólo quedaban activas 45 en el año 2020 y, tras su primer año de actividad, en 2016, ya habían tenido que cerrar 23, recoge el INE. Por sectores, las compañías de seguros, reaseguros y fondos de pensiones son las que tienen una mayor tasa de supervivencia (el 82,6% sigue operativa a los cinco años de nacer); seguidas de las de suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado (80%) y de las pertenecientes a la industria del tabaco (75%). Presentan también buena esperanza de vida las empresas que ofrecen servicios financieros, asistencia en establecimientos residenciales, las dedicadas a las actividades jurídicas y de contabilidad (una de las tipologías en las que más florecen compañías anualmente) y las que se ocupan de extracción de minerales metálicos o fabricación de productos farmacéuticos. Por el contrario, entre las compañías que más mortalidad presentan están las de la industria del cuero y calzado (sólo un 28,8% permanece operativa a los cinco años), las del transporte marítimo (29,8%), confección de prendas de vestir (33,2%) y actividades de creación, artísticas y espectáculos (33,7%).

Sólo seis años después del rediseño organizativo derivado del shock por el hundimiento de Fagor Electrodomésticos, las aguas vuelven a bajar movidas por las cooperativas de la corporación Mondragón. Superado ya el frenazo de la pandemia y con las ventas reactivadas pese a la crisis energética y de suministros, la corporación afronta ahora el previsible abandono de dos de sus grandes empresas industriales: Orona y Ulma. Este proceso –al que en Guipúzcoa, sede de Mondragón, se conoce ya como coopexit– ha abierto en Euskadi el debate sobre la solidez de la filosofía solidaria cooperativa. Los consejos rectores de ambas sociedades (órganos de gobierno similares al consejo de administración) van a plantear a sus cooperativistas salir de la corporación y seguir su futuro empresarial en solitario, sin los lazos y los compromisos que vinculan a las empresas integradas en Mondragón. Hasta ahora, los responsables de las dos empresas separatistas no han explicado formalmente por qué plantean la salida, ni siquiera a los socios trabajadores, que se quejan de no haber participado en el debate y ven la sombra de antiguos directivos de Orona en la iniciativa, tras años de un fuerte proceso de crecimiento inorgánico fuera de Euskadi. Al rebufo del fabricante de ascensores y sistemas de elevación se ha puesto Ulma, especializada en andamios, que ya protagonizó en la década de los 90 un movimiento de ida y vuelta a Mondragón, provocado entonces por discrepancias sobre la organización de las divisiones del grupo en función de los sectores, y no de las comarcas geográficas. En medios cooperativos dan por hecho que, con su coopexit, Orona y Ulma quieren menos ataduras a la hora de repartir sus resultados (de los más abultados de las cooperativas industriales de Mondragón) y una mayor flexibilidad en la escala salarial. También buscarían su exención en las aportaciones al fondo de solidaridad (2% del resultado).

Las firmas certificadoras multiplican su trabajo para atender las peticiones de empresas y administraciones que buscan el sello de calidad. Es cada vez más frecuente que en sus presentaciones, web o comunicados de prensa, organizaciones de todo tipo –empresas, administraciones, centros educativos..– luzcan sus certificados de calidad. Medallas que se llaman ISO 9001, ‘A de Bronce’ o ‘Q de Plata’, y que suponen un marchamo de confianza ante socios, proveedores y clientes. La pasada semana albergó el Día Mundial de la Calidad. Estos certificados, expedidos por empresas especializadas o administraciones, se han vuelto «imprescindibles» para la competitividad de las empresas. «Las que no han acreditado su calidad tienen un problema», apunta Gonzalo Antón, director en Euskadi de Aenor, la principal compañía certificadora de España en un sector muy atomizado. Esa proliferación de firmas autorizadas para otorgar sellos de calidad responde a la creciente importancia que las empresas conceden a estas distinciones. Si en un principio sólo las grandes industrias se preocupaban por certificar su calidad, ahora también está en la agenda de compañías de todo tamaño. En el mundo hay un millón y medio de centros de trabajo con sello de calidad. En Euskadi no hay un registro que contabilice las certificaciones otorgadas. Pero sí se sabe que la principal, Aenor, tenía certificadas a finales de 2021 a más de 2.200 organizaciones, de las que el 92% –algo más de 2.000– eran empresas. La ISO 9001 constituye el estándar de calidad comúnmente aceptado en la mayoría de países. 

Dos meses han transcurrido ya desde que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, instara a la banca a ampliar el Código de Buenas Prácticas para que las familias con bajos ingresos que se vieran afectadas por el alza repentina de sus hipotecas pudieran acogerse a algunas de las medidas de reestructuración para amortiguar esa subida. Pero las entidades financieras no terminan de alcanzar un acuerdo con el Gobierno. A medida que pasan los días, el indicador hipotecario más utilizado en España para calcular las cuotas de los préstamos sobre vivienda a tipo variable da un paso más. Esta misma semana ha estado a punto de cerrar en el 3%, un nivel que no veía desde 2009. Hace apenas un año se encontraba en el entorno del -0,5%. Y con estas premisas, las mensualidades comienzan a revelar subidas de entre 70 y hasta 180 euros, dependiendo del crédito y las condiciones. Una subida que no todos los hogares pueden asumir. El objetivo del «reforzado» protocolo –así es cómo lo ha denominado Economía– es ampliar la protección de la que gozan los clientes de los bancos que puedan verse inmersos en esa situación. Pero existen discrepancias no solo entre ambas partes (bancos y Ejecutivo) sino también dentro de las propias entidades. Economía quiere ampliar el paraguas para que las familias se sumen a la reestructuración de la deuda, una opción que pasa por elevar el umbral de renta permitido por el actual Código para habilitar esa medida. Hasta ahora son tres veces el IPREM, esto es, algo más de 24.000 euros. Pero esa cuantía, que procede de cuando en 2012 se aprobó la actual norma, se ha quedado desfasada. Distintas fuentes apuntan que «se está avanzando» en las conversaciones, pero no se llega a un acuerdo y el reloj corre en contra de los hipotecados. Al elevar los límites de ingresos, más familias podrían acogerse a las medidas.

"...¿Cuál es la perspectiva de la trayectoria de los tipos, qué efectos provoca y cuándo será el retorno al ‘tipo de interés natural’ de mercado? Echemos un vistazo a la bola de cristal, o sea, a las fuentes consultadas. Jerome Powell, el presidente de la FED que ha situado ya los tipos estadounidenses en el rango del 4%, ha dejado claro que estos seguirán subiendo, aunque la inflación americana haya mejorado. Pablo Hernández de Cos opina lo mismo para el área euro. El Banco Mundial augura para 2023 una inflación promedio del 5%. Según el organismo multilateral, para volver a tipos en torno al 2%, los bancos centrales tendrán que elevar dos puntos más los tipos de interés hasta el intervalo del 4% al 6%. ¿Qué traducción tiene esta perspectiva para el euríbor español? Lo previsible es que el euríbor anual –tipo al que cruzan las operaciones los bancos a un año–, hoy al 2,874%, se acerque en los próximos meses al 3%. Desde cierre de diciembre, que estaba en negativo al -0,501%, hasta finales de octubre, el índice ha escalado 3,375 puntos porcentuales. La hipoteca media de 145.465 euros, a 24 años y con un diferencial sobre euríbor del 0,92%, se ha encarecido 2.640 euros al año –220 euros al mes– desde diciembre de 2021 a octubre de este año. La previsión, con variantes, es que el euríbor a 12 meses cierre el año en el 3,1% y toque el 3,7% o superior en 2023, para bajar hasta el 2,85 en 2024...Vladímir Putin puede resultar una baza inesperada en este carrusel de tipos. Porque, si se produjese un armisticio, Europa recuperaría su tipo bajo natural de interés con relativa facilidad, mientras que Estados Unidos tardaría mucho más. La razón es que la nuestra es una inflación de oferta que se aliviaría con la normalización de las cadenas de suministro, mientras que la inflación americana es de exceso de liquidez, debida al derroche de subvenciones volcadas sobre su tejido productivo y de más lenta asimilación..."

Entrevista con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Han sido unas semanas intensas en el Ministerio de Industria. El proyecto estrella para los próximos años, la electrificación de la producción nacional de coches del grupo Volkswagen, quedó en suspense después de que la compañía alemana pidiese más dinero público al considerar que los fondos que le correspondían del Perte del coche eléctrico eran insuficientes. Ahora, con la certeza de que la planta de baterías de Sagunto (Valencia) se hará, esta cartera se centra en preparar el Perte II, el cual tendrá el desafío de colocar el remanente que no se usó en la primera línea del programa, más de 2.000 millones de euros. "Me comprometí a reforzar la financiación que Volkswagen necesita para garantizar la viabilidad del proyecto. Los 397 millones que vamos a financiar a través de la primera línea se mostraban insuficientes para la envergadura de inversión que va a hacer el grupo en España. Por tanto, confirmo, efectivamente, que vamos a reforzar el presupuesto, la inversión pública que requiere este proyecto. Es fundamental para que VW desarrolle en España su proyecto, pero no ha sido determinante. El grupo Volkswagen tiene un compromiso con España, que ha demostrado, no solo con las inversiones, sino como actor global que es poniendo a España como ejemplo de liderazgo en la ambición que ellos también tienen de descarbonizar la automoción..."

Hace diez años, en 2012, el ingreso en un hospital de Osakidetza tenía un coste de 574 euros. Hoy, pasar una noche en un centro de salud público en Euskadi cuesta casi el doble, 1.118 euros. Y si el paciente está en una unidad especial, como la de cuidados intensivos, la factura se eleva hasta los 1.786 euros por noche, un aumento del 10% respecto a 2012. En la última década los costes fijados por el Departamento Vasco de Salud para los servicios médicos no han hecho sino subir y, aunque en la mayoría de casos este aumento no ha sido tan significativo como en el de los ingresos hospitalarios, otros servicios básicos también se han encarecido. El coste fijado para la visita al médico de familia o pediatra, por ejemplo, ha subido cerca de un 50%, desde los 38 euros por consulta en 2012 hasta los 60 euros de 2022. En 2019 –los últimos datos anuales del Instituto Vasco de Estadística (Eustat)– se atendieron 11,5 millones consultas médicas en la atención primaria del sistema sanitario público vasco. Esta cifra, a priori, no dice mucho. Pero la perspectiva cambia cuando esa cantidad de consultas se multiplica por 60 euros, que es el coste fijado por el sistema sanitario para una visita al facultativo de familia o pediatra. El resultado: una factura total de 690 millones de euros para el sistema sanitario vasco.

El terror vació Istiklal, la avenida de la Independencia de Estambul, la calle comercial por excelencia que no falla en el itinerario de todo viajero. Pasadas las cuatro de la tarde una fuerte explosión golpeó el corazón de esta avenida y el pánico se apoderó de los presentes. Al menos seis personas perdieron la vida y ochenta y una resultaron heridas, según el último balance oficial de las autoridades turcas. Nadie quería pronunciar la palabra terrorismo y el primero que lo hizo fue el presidente, Recep Tayyip Erdogan. «Tal vez me equivoque, pero los primeros acontecimientos, sumados a las primeras informaciones que me ha dado el gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, indican que esto huele a terrorismo», dijo el mandatario antes de calificar lo ocurrido como «un vil ataque». Poco después, con la investigación ya en marcha, Erdogan señaló que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a los responsables de este «traicionero atentado» y «quienes estén detrás». El presidente insistió en que «los intentos de hacer que Turquía se rinda mediante el terror nunca han tenido éxito y jamás lo tendrán». Junto a Erdogan, fue el el vicepresidente Fuat Oktay quien asumió la labor de informar de los hechos. «Consideramos que se trata de un atentado terrorista debido a la detonación de una bomba por parte de un asaltante que se cree que es una mujer, según las primeras informaciones», apuntó Oktay, sin aclarar si la mujer se inmoló o si activó la bomba a distancia. Los últimos datos apuntan a que permaneció sentada cerca de 45 minutos en un banco junto a una bolsa. Anoche no se habían encontrado testigos que apuntaran si la terrorista se marchó del lugar antes de la potente detonación.

El Partido Demócrata consiguió ayer una victoria histórica al haber logrado retener el control del Senado en las elecciones legislativas celebradas el pasado martes. Con el 98% del escrutinio en Nevada, Catherine Cortez Masto le llevaba una ventaja de 6.526 votos, o sea, del 0,7%, al republicano Adam Laxalt. Una diferencia insalvable que deja el Senado con 50 demócratas e independientes, que votan con los demócratas, y 49 republicanos. Queda un último escaño por adjudicar, correspondiente a Georgia, que se decidirá el próximo 6 de diciembre. Pero su significado es mucho menor porque el vicepresidente de EEUU también preside el Senado y tiene voto en caso de empate en la cámara. Hasta 2024, ese puesto será ocupado por una demócrata, Kamala Harris, por lo que ese partido necesitaba solo 50 escaños para tener la mayoría. El resultado demócrata en el Senado es extremadamente inusual. En el último medio siglo, el partido que controla la Casa Blanca ha logrado expandir su mayoría en el Senado en unas legislativas como éstas en solo tres ocasiones: en 2002 (con George W, Bush), y en 2018 (con Trump). El recuento de los votos para el Senado ha estado rodeado de suspense durante cinco días por el escrutinio en Arizona y Nevada. En el primero de esos estados no se supo el ganador hasta el viernes, cuando quedó claro que el senador demócrata Mark Kelly había logrado ventaja suficiente respecto de su rival republicano Blake Masters. En la madrugada del domingo, con el 88% escrutado, Kelly llevaba 5,7 puntos porcentuales a Masters. El fracaso en Arizona y en Nevada es un nuevo golpe para el partido republicano, al que las encuestas daban como claro vencedor en estas elecciones.