20221129

La propuesta, que incluye una subida del 30% de las cotizaciones máximas adicional a la inflación, cuenta con el rechazo de la CEOE y los sindicatos. Las cartas sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones ya están encima de la mesa, con el rechazo de los agentes sociales y con poco margen para maniobrar porque el calendario apremia. La propuesta que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por fin presentó ayer a sindicatos y patronal consiste en ampliar el periodo para calcular la pensión a los últimos 30 años de vida laboral, eligiendo los 28 mejores, y subir las bases máximas de cotización un 30% adicional al incremento de la inflación entre 2025 y 2050. Estas son las dos medidas que faltan para cumplir con Bruselas y deberán aprobarse antes de que termine el año. No ha habido sorpresas y, tras más de dos meses de parón en la negociación, el documento que Escrivá entregó en la reunión mantenida ayer recoge los globos sonda que había ido lanzando y que ya había avanzado a los sindicatos en contactos bilaterales. El ministro descartó por completo su idea primera de ampliar a 35 los años para calcular la pensión ante el amplio rechazo generado. Su propuesta oficial incluye una extensión «moderada» del periodo de cómputo que supone escoger los 28 mejores años de los últimos 30 de vida laboral. La Seguridad Social actuará de oficio y descartará las peores 24 mensualidades, que no tienen por qué ser de años consecutivos, según explicaron fuentes del ministerio. Esta medida se irá implantando de forma muy gradual entre 2027 y 2038.

Los bancos anunciaron ayer una batalla legal contra el gravamen que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada y con el que el Gobierno de Pedro Sánchez espera recaudar 3.000 millones de euros en los próximos dos ejercicios. Consideran que un impuesto no puede gravar los ingresos, sino que ha de hacerlo sobre los beneficios, atendiendo así también al volumen de gastos de las propias entidades financieras. Recurrirán ante los tribunales, y lo harán «al día siguiente de pagarlo». Así de contundente se manifestó la consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, la primera directiva de la banca española en confirmar sin ambages lo que se venía especulando en el sector desde que se conocieron las intenciones del Ejecutivo de coalición. El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, también valoró esta posibilidad y, aunque el texto legislativo «nos hace pensar que no es conforme a Derecho», avanzó que esperarán a la tramitación en el Senado de la norma para ver cómo queda definitivamente escrita la letra pequeña. La gruesa, de momento, obligará a los bancos a tributar el 4,8% de sus ingresos por el cobro de comisiones y por el margen de intereses. El primer pago será en febrero, cuando se establecerá un adelanto a cargo de los ingresos previstos en 2023. La CEO de Bankinter admitió que «no nos queda otra opción que acatar el impuesto», al que tacha de «discriminatorio, confiscatorio y sin justificación técnica». El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, fue incluso más allá al avisar de que «los clientes lo pagarán por aquí en vez de por allá». Una posibilidad sobre la que la propia norma alerta, advirtiendo de sanciones a aquellas entidades que repercutan este coste sobre sus usuarios. González-Bueno subrayó que el impuesto se ha hecho «muy mal», sin el «sosiego que debe tener cualquier norma».

El Servicio de Estudios de CaixaBank cree que el crecimiento económico será del orden del 1% en España en 2023, pero no espera una recesión como consecuencia de la guerra. “Nos preocupa más si la capacidad de recuperación posterior es rápida o no. Es lo que más hay que vigilar”, afirmó ayer Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, durante su participación en el XIII Encuentro Financiero. El mercado está descontando un aumento del precio del dinero de hasta el 3%, pico que se alcanzaría a mediados de 2023. La bajada comenzaría un año o año y medio después. “Estoy convencido de que la lucha contra inflación tendrá éxito, pero el IPC subyacente tardará en bajar al 2%. Creo que para conseguirlo los tipos de interés tendrán que subir hasta el 4% y estar en ese nivel algo más de tiempo de lo inicialmente pensado”, explicó en una entrevista. En relación con el impuesto a la banca, CaixaBank es proclive a recurrirlo en febrero, justo después de la primera liquidación. “Tenemos 600.000 accionistas. Si pensamos que el texto final no es conforme a derecho, nuestra obligación es recurrirlo”, apuntó el consejero delegado. La morosidad del banco, como la del resto del sector, lejos de subir ha seguido bajando en los últimos meses. “Si me lo hubieran dicho en febrero o en marzo, no me lo hubiera creído. Esto indica que la resistencia de empresas y familias es mucho mayor de lo esperado”, explica.

La inflación no ha tocado techo todavía. “Al ver los principales componentes de la inflación hoy, sean alimentos, combustibles o energía, no se ve que tengan una dirección que lleve a concluir que la inflación ha llegado al máximo y que bajará en el corto plazo”, analizó ayer la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. En su comparecencia ante el Parlamento Europeo, también advirtió sobre las consecuencias que puede tener en los precios un aumento significativo de los sueldos para compensar las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, los llamados efectos de segunda ronda. Todo eso le sirvió para reivindicar las subidas de tipos de interés que la institución que preside está desplegando desde julio —”la senda de aumentos más rápida hasta ahora”, destacó— y explicarles a los eurodiputados que el BCE seguirá haciéndolo. Tanto en su intervención inicial como en las respuestas a los parlamentarios, Lagarde apuntó una vez tras otra que la situación actual es de “alta incertidumbre” y que eso conlleva riesgos. “En este entorno con impactos complicados sobre la economía, las decisiones del Consejo de Gobierno seguirán dependiendo de los datos y se ajustarán a un enfoque de reunión por reunión. El grado de avance y la rapidez con la que lo hagamos dependerán de nuestras perspectivas actualizadas, de la persistencia de las perturbaciones, de la reacción de los salarios y de las expectativas de inflación”. 

El conflicto por el convenio del Metal en Bizkaia, que afecta a 52.000 trabajadores, se enquista mientras que en la mayoría de territorios hace tiempo que se ha alcanzado un acuerdo. La nueva ronda de huelgas, esta vez de cinco días, arrancó ayer y por ahora no hay prevista una reunión para retomar las negociaciones. Al contrario, ayer solo hubo otro cruce de reproches después del choque del viernes. Ese día la patronal FVEM llevó a la mesa una última oferta comunicada el día anterior en la que, según defendió, se mejoraban las condiciones firmadas por CC OO, LAB y UGT en Álava. Pero este bloque sindical tachó la propuesta de «insuficiente», lo mismo que ELA, que va por separado y organiza las movilizaciones por su lado. Con gran malestar, la patronal calificó de «irresponsables y avariciosas» a las centrales. Sin reuniones desde entonces, se celebró ayer la primera jornada de huelga de esta semana. Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro en el 85%, un porcentaje similar al de las anteriores jornadas de protesta –en el año ha habido seis, repartidas en junio y finales de octubre–. Aseguraron que habían vuelto a parar grandes empresas como plantas de Gestamp o Cie Automotive pese a tener convenio propio. «Es otra demostración de fuerza del sector y ya van siete», afirmaron. FVEM, por su lado, rebajó la cifra al 19% tras realizar una encuesta entre 176 empresas y precisó que «la incidencia se concentró en la zona de la margen izquierda», que es donde se ha desarrolló la manifestación conjunta de CC OO, LAB y UGT. La organización empresarial criticó las pintadas realizadas durante el fin de semana en diversas empresas, señalando a organizaciones y personas. «Este tipo de actitudes recuerdan momentos que pensábamos que habíamos dejado en el pasado», censuró en una nota. Ver nota FVEM. 

Desconvocadas las cinco jornadas de huelga en las gasolineras de Bizkaia que se iban a celebrar del 1 al 5 de diciembre. Los sindicatos CC OO, LAB y UGT llegaron ayer a un principio de acuerdo con las patronales del sector en el territorio para renovar el convenio colectivo de 2020-2022. ELA rechazó el pacto. El convenio de las gasolineras, que afecta a 60 empresas y unos 600 trabajadores, venció a finales de 2019 y se estaba negociando su renovación para 2020 y 2021. Al alargarse tanto las conversaciones, finalmente se ha incorporado el presente ejercicio. El pacto recoge una subida salarial acorde a la inflación en cada uno de los años: un 1,2% para 2020; sin variación en 2021, cuando el IPC del ejercicio anterior fue negativo (-0,3%); e incremento del 6,1% en 2022, resultado de restar de la inflación del 6,4% el 0,3% citado. El acuerdo incluye la ampliación de los contratos temporales de 6 a 12 meses y una nueva licencia retribuida. Ver nota Estaserbi-Cebek. 

La presión de los sindicatos para lograr subidas salariales conforme al IPC, y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, puede acabar pasándoles factura. Es lo que ha ocurrido en el caso de CCOO, que se verá obligado a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la Comunidad Valenciana. Entre las causas que lo motivan, según fuentes sindicales, está el incremento de los sueldos de sus trabajadores en los últimos dos años en paralelo al ritmo de la inflación, lo que ha hecho insostenibles las cuentas de la organización. El impacto de la inflación en las arcas de CCOO no es el único factor que ha llevado a la actual dirección que encabeza Ana García a tener que tomar medidas de ajuste que, de momento, se desconoce en cuántos despidos se traducirán. El sindicato llevaba arrastrando pérdidas durante una década que, sumadas a la «situación inesperada del IPC», han acabado agravando su situación financiera hasta dejarla en situación de asfixia. No obstante, las fuentes consultadas admiten que las últimas subidas salariales al personal laboral han acabado por descuadrar todas las previsiones. El sindicato valenciano, que a día de hoy cuenta con una plantilla de 140 personas, destina a nóminas más de la mitad de un presupuesto que ronda los 15 millones de euros anuales. En concreto, la masa salarial alcanza ya los 8 millones de euros, después de haberse incrementado en más de un millón de euros desde el año de la pandemia. Hay que tener en cuenta que, según las cuentas presentadas en 2019, los gastos de personal no pasaban entonces de los 6,6 millones de euros. Lo que ha pasado en todo este tiempo es que CCOO no ha tenido más remedio que cumplir con su convenio colectivo, donde tiene reconocidos los incrementos salariales del personal laboral conforme al IPC.

«Una de las pocas certezas que tenemos en este mundo caracterizado por la incertidumbre es que la digitalización no es una alternativa para las empresas. Es una obligación». Así de contundente abrió ayer el director de El Correo, José Miguel Santamaría, la ceremonia de entrega de los Premios DigitalTek, que organiza este periódico y que en su tercera edición han recibido Zunibal, Legit Health, Hapiick, Arteche y Orbea. «A lo largo de la historia se han vivido pocas transformaciones tan relevantes», añadió Santamaría, comparando la digitalización con hitos de la Humanidad como el salto de la caza a la ganadería, la irrupción del motor de vapor o la invención del teléfono. Y, como añadió a continuación Manuel Ángel Alonso, director de Telefónica para el norte de España, la revolución digital tendrá una repercusión económica similar. «Va a multiplicar por cuatro el impacto de la revolución industrial en el PIB», aseguró. No obstante, la digitalización es tanto una oportunidad como un reto. Porque puede provocar brechas tanto entre territorios como entre estratos sociales. Por eso, los representantes de los patrocinadores de la jornada –BBVA, Telefónica, Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao– coincidieron en señalar la necesidad de identificar los aspectos susceptibles de mejora. Infraestructura, inteligencia e innovación son claves en un nuevo mundo digital en el que el País Vasco busca el éxito. 

El fondo de capital riesgo Espiga Capital ha entrado en el accionariado de la empresa familiar andoindarra Plastigaur. Según confirmó a DV la propia compañía, la operación se completó el pasado jueves, mediante una ampliación de capital en la que Espiga tomó una posición que por ahora no ha sido revelada. Tampoco ha trascendido el importe. Eso sí, desde Plastigaur se subrayó que la familia fundadora de la compañía (creada en 1989 por Antxon Garmendia junto a su hermano Juan Martín, ambos casados respectivamente con las hermanas Maite y María Antonia Goñi) seguirán en el accionariado «ocupando una posición relevante». Se da la circunstancia de que el fondo de inversión Espiga, con domicilio en Madrid, está presente también en otras dos importantes empresas del territorio como son Ubis y Silam. En la primera entró en 2015 con un 35% y en la segunda, cuatro años después con un 85%. Según las mismas fuentes, la inyección que aporta Espiga Capital a Plastigaur «fortalecerá la estructura financiera de la compañía para poder acometer el ambicioso plan de crecimiento previsto que permitirá a Plastigaur continuar siendo un referente en el sector del ‘packaging’ sostenible». Dedicada a la fabricación de envase y embalaje plástico y focalizada en el ecodiseño y la denominada Economía Circular, como ejes sobre los que sustentar su estrategia de futuro, Plastigaur tiene un marcha un ambicioso plan de desarrollo con la sostenibilidad como componente principal. Se convierte en la ‘penúltima’ operación corporativa en la que una pyme guipuzcoana incorpora en su seno a un fondo para obtener de él recursos con los que ganar potencia de tiro, internacionalizarse o crecer de manera inorgánica comprando otras compañías.

El fuerte encarecimiento de la energía eléctrica ha representado un obstáculo más a la competitividad de las empresas que, unido a la elevada inflación y a problemas de suministro de componentes, amenaza sus cuentas de resultados al estrecharse su margen de beneficios. En Gipuzkoa, muchas de ellas han adoptado ya medidas para reducir el consumo eléctrico con soluciones basadas en su reutilización o en las energías renovables. Los resultados comienzan a observarse según se refleja en el último boletín del Ente Vasco de la Energía EVE, que indica que hasta octubre la industria vasca redujo el consumo eléctrico un 5,8%. El Observatorio de Coyuntura Energética detecta una progresiva reducción en este tipo de consumo, que en el caso de octubre de este año fue siete puntos porcentuales inferior al mismo mes del año anterior. Esta evolución a la baja se debe en buena medida a las diferentes medidas de ahorro energético adoptadas, puesto que durante los primeros nueve meses del año el sector industrial vasco elevó su producción un 6,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que significaría consumir más electricidad. El esfuerzo por contener gastos en este apartado se redobla en el caso de la actividad siderúrgica, donde el descenso es más pronunciado. Según datos del EVE, la siderurgia ha consumido en los primeros diez meses del año un 11,7% menos que hasta octubre del año pasado. 

El presidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (Aege), José Antonio Jainaga, hizo ayer un llamamiento para impulsar la industria hasta que esta recupere un peso del 20% en la economía española. Durante su intervención en el Foro Energía organizado por la asociación, Jainaga explicó que desde 1995 hasta ahora la industria ha perdido un tercio de su peso en el producto interior bruto (PIB) de España, del 20% al 13%. Además, recordó que el objetivo de crecimiento de la industria para 2020 quedó lejos de alcanzarse por la falta de un modelo industrial y, consecuentemente, de una política a largo plazo. En este contexto, instó al Gobierno a observar el desarrollo de la industria en los países vecinos de Europa, donde se demuestra que “las cosas se pueden hacer de otra manera y mejor”. En este sentido, el presidente de Aege señaló que España todavía está “a tiempo de enmendar” la situación, si bien es cierto que hacen falta “medidas oportunas para impulsar la industria electrointensiva”. Entre estas medidas, Jainaga aludió a la nueva Ley de Industria; el fortalecimiento del estatuto de los consumidores electrointensivos y la potenciación del suministro de electricidad mediante el uso de contratos a medio y largo plazo a precios competitivos, informa EP. El presidente de Aege consideró que los países con una industria potente han sobrellevado mejor la crisis pandémica. Entre las virtudes del sector, señaló su “empleo de calidad” y con formación especializada y su potencia innovadora”.

El Atlas Concursal presentado ayer por el Consejo General de Economistas (CGE) y elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR), que prevé un incremento de las insolvencias empresariales del 20% este año en España, el doble que a escala internacional, donde los concursos de acreedores repuntarán un 10% en 2022, antes de aminorar su ritmo de avance el año que viene, cuando crecerán otro 11% en nuestro país en contraste con el alza del 19% que se espera a nivel global. Lo harán en un contexto en el que, tras la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en septiembre pasado, el Consejo General de Economistas confía en que el nuevo marco normativo “permita gestionar con mayor agilidad el fuerte incremento concursal de autónomos, microempresas y personas físicas, y consiga salvar a muchos de ellos de la liquidación”. A pesar de ese menor crecimiento en 2023, lo cierto es que entre este año y el que viene las insolvencias aumentarán más de un 30%, hasta el punto de que los concursos de acreedores podrían batir el récord de 2013, cuando la crisis financiera catapultó el número de insolvencias hasta las 9.143. De hecho, los economistas no descartan que se puedan superar los 10.000 concursos, lo que “no necesariamente querría decir que las cosas serían peor, sino que se regularizarían muchos problemas que hoy están soterrados”, señaló el presidente del CGE, Valentín Pich. En otras palabras, las previsiones alertan de que en España sigue existiendo “un alto riesgo de un número elevado de insolvencias en 2022 y 2023”. Y aún peor es el balance si la comparativa se efectúa con 2019; esto es, con los niveles previos a la pandemia. “España es de los países en los que se prevé un mayor crecimiento en insolvencias en 2023 con respecto a la situación que había en 2019 (pre-Covid), con un crecimiento del 66%”, señala el informe.

El Euríbor no había subido tanto en tan poco tiempo ni siquiera en plena burbuja inmobiliaria. En aquel momento, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas variables en España tardó tres años en completar el mismo recorrido que ahora dibuja desde comienzos de 2022. En apenas 11 meses y cuando sólo falta un mes para terminar el ejercicio, el indicador está a punto de alcanzar la barrera psicológica del 3% y su galopada se ha llevado consigo la esperanza de muchas familias y compradores de hacerse con un crédito barato para adquirir vivienda. Barato y con buenas condiciones. La subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha dado un vuelco al mercado hipotecario español. En lo que llevamos de año, el Euríbor ha escalado más de 3 puntos porcentuales, desde el -0,505 de diciembre de 2021 hasta situar ayer la medida mensual en el 2,822%. Las hipotecas se han encarecido a un ritmo más elevado que el de hace 15 años y eso dificulta la situación de los hogares que ya tienen contratado un préstamo a tipo variable, pero también de quienes quieren conseguir uno. Según cálculos del comparador iAhorro, quien contrató en enero de 2018 una hipoteca variable de 150.000 euros con un diferencial del 0,99% + Euríbor (en aquel momento, el índice se situaba en el -0,189%), comenzó pagando 468,87 euros al mes. En 2022, cuando el Euríbor se situó en el -0,477%, pasó a abonar 451,42 euros, pero en la revisión que le tocaría hacer en enero de 2023, la cuota aumentaría hasta los 695,11 euros si el Euríbor se sitúa en el 3%. En el caso de que la hipoteca ronde los 300.000 euros, la diferencia sería todavía mayor: de 902,84 euros pasará a abonar 1.390,22. Estos encarecimientos empiezan a preocupar en la medida en que añaden presión sobre los hogares que ya tienen que asumir una reducción de su poder adquisitivo por el impacto de la inflación.

El precio del petróleo cayó ayer hasta rozar los 80 dólares, unas cifras que no se veían desde el 10 de enero, cuando la guerra de Ucrania todavía era una mera hipótesis, si bien posteriormente recuperó parte de las pérdidas. Este descenso, que se enmarca en una tendencia general a la baja desde junio, con una caída acumulada del 36% en los últimos cinco meses, se debe fundamentalmente a la ralentización de la demanda global por la subida de precios y el incremento de los tipos de interés, así como a la política Covid cero en China, que ha llevado a un estado de constantes confinamientos en todo el país. Y, frente a esta caída de la demanda, el recorte de la producción por parte de los grandes países exportadores ha resultado muy insuficiente para contender el descenso de los precios. Eso deja a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (el cártel conocido como la OPEP+) ante una difícil encrucijada en la cumbre del próximo fin de semana, ya que todas las alternativas parecen entrañar más riesgos que ventajas. Por un lado, la OPEP+ podría mantener su producción intacta, pero eso podría ser insuficiente para evitar la caída de los precios, ante una demanda languideciente. Eso abre la puerta a la segunda posibilidad, acordar un mayor recorte de cuotas. Sin embargo, dado que la mayoría de los países ya están exportando por debajo de los niveles pactados, eso haría que todo el esfuerzo extra recayera sobre Arabia Saudí. Y la tercera opción, que consiste en reabrir el grifo del crudo para reducir los precios y, al menos, tratar de reimpulsar la economía de los consumidores y evitar mayores caídas de la demanda en el futuro, parece descartada por Riad, que la semana pasada negó su intención de revertir parte de los recortes de producción.

Cuando el desplome del precio del petróleo amenazaba con causar más estragos en una economía mundial asolada por la pandemia en abril de 2020, Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia y otros países del G-20 se reunieron para buscar una solución. La cooperación ayudó a poner fin a una guerra de precios de la OPEP+ y devolvió la estabilidad al mercado. Los precios se recuperaron. Dos años y medio después, y trascurridos seis meses de la invasión rusa de Ucrania, aquella colaboración en materia de energía entre las potencias mundiales parece un recuerdo lejano. Moscú lleva meses utilizando como arma su suministro de gas natural a Europa, y ahora intenta activamente desactivar la red eléctrica de Ucrania. Los países consumidores se han convertido en competidores en su carrera por asegurar el escaso suministro de energía. Las fracturas son visibles en la relación de décadas en materia de crudo entre Arabia Saudí y EEUU. Incluso en el ámbito de las energías limpias, líderes como Joe Biden hablan de una nueva batalla por dominar las cadenas de suministro. El posible desmantelamiento del viejo orden en el mercado mundial del petróleo alcanzará un momento decisivo durante la próxima semana, cuando Europa comience a bloquear la entrada de crudo ruso por vía marítima en el continente, una de las respuestas más contundentes hasta la fecha a la brutal invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin. Las nuevas sanciones también impedirán que las empresas europeas aseguren los buques que transportan petróleo ruso a terceros países, a menos que éstos acepten un precio por el petróleo dictado por las potencias occidentales. En otras palabras, los países occidentales intentarán imponer un tope al precio del petróleo vendido por Rusia.

BlockFi se ha acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras, lo que convierte al grupo de criptocréditos respaldado por la firma de capital riesgo de Peter Thiel en la última víctima del colapso de la plataforma FTX de Sam Bankman-Fried. La presentación de la solicitud marca el desenlace de un proceso que llevaba gestándose varios meses en BlockFi, una firma con sede en Nueva Jersey y gestionada por el consejero delegado Zac Prince, que fue valorada en 4.000 millones de dólares (3.850 millones de euros) en una ronda de financiación el año pasado. En julio, sufrió pérdidas por los préstamos concedidos al colapsado hedge fund de criptoactivos Three Arrows Capital, lo que le llevó a ser rescatado este verano por Bankman-Fried. Pero el propio FTX se derrumbó a principios de este mes, obligando a BlockFi a suspender los préstamos y los reembolsos a clientes. Ahora el grupo se ha convertido en la última empresa de criptomonedas en hundirse, debido a las repercusiones provocadas en toda la industria por el colapso del criptoimperio de Bankman-Fried.

Los Veintisiete dieron su aprobación definitiva ayer a la directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, lo que implica qué exigir a las compañías que publiquen información detallada sobre su impacto en el medio ambiente, datos a los que debe poder acceder cualquier persona interesada. “Las nuevas normas harán que más entidades asuman su responsabilidad por las repercusiones que tienen en la sociedad y las orientarán hacia una economía que beneficie a las personas y al medio ambiente”, explicó el ministro de Industria y Comercio de Chequia, país que ostenta la presidencia de turno, Jozef Sikela. Con esta regulación, las empresas tendrán que presentar información sobre la manera en que su modelo de negocio afecta a su sostenibilidad y sobre cómo influyen en sus actividades factores externos de sostenibilidad, de modo que los inversores y otras partes interesadas puedan estar mejor preparados para tomar decisiones sobre estas cuestiones. La Unión Europea pretende reforzar la rendición de cuentas de las empresas, evitar las divergencias entre las normas de sostenibilidad y facilitar la transición hacia una economía sostenible. La nueva norma modifica la directiva sobre divulgación de información no financiera de 2014 y refuerza las reglas vigentes, que ya no se ajustaban a la transición hacia una economía sostenible. Una vez concluida la ratificación de la directiva, los Estados miembro tendrán año y medio para trasladar la nueva norma a sus legislaciones nacionales.

Si se abre el país morirán dos millones de chinos, según las autoridades. Mucha población del país está aun sin inmunizar, y China no da luz verde a ninguna de las vacunas fabricadas en el extranjero. 

«A veces, da la impresión de que, si uno duda, verifica y comprueba, su conocimiento es más débil. Al contrario, es mucho más fuerte», dice Fernado Cossío, director científico de Ikerbasque desde julio de 2009. Tras conseguir que la ciencia vasca sea más productiva e internacional que nunca, su principal reto ahora es atraer a la mujer a la investigación. "El esfuerzo que hace la sociedad para apoyar y financiar Ikerbasque es sostenible. Se obtienen dos euros por cada uno invertido en ciencia. Retornan en forma de fondos europeos por los que se compite". «Ikerbaque fue una iniciativa visionaria», declaró ayer el lehendakari en el acto de celebración del decimoquinto aniversario de la Fundación Vasca para la Ciencia. En el atrio del Guggenheim y ante científicos, sus familiares y representantes institucionales, Iñigo Urkullu recordó que la entidad se fundó en 2007 con el objetivo de convertir el País Vasco en un «nodo científico europeo» y mostró su satisfacción porque haya alcanzado esa meta. La Fundación Vasca para la Ciencia «empezó con 7 investigadores, un año después eran 25 y hoy son 336. En el primer año la inversión del Gobierno vasco no llegó a los 2 millones, hoy son 29 y el próximo año serán 35», detalló el lehendakari. Ese crecimiento de recursos humanos y económicos se ha plasmado en que «en Euskadi la producción científica de mayor calidad se ha duplicado» y «somos la comunidad autónoma con mayor retorno del programa Horizon Europe».

El País Vasco es la comunidad autónoma que más dinero destina por estudiante matriculado en centros privados y concertados. Así se refleja en el último estudio del INE, que detalla cómo Euskadi emplea a través de subvenciones públicas 4.174 euros por alumno. Una cantidad importante si se tiene en cuenta que la siguiente en la lista es Navarra, con un gasto de 500 euros menos (3.607 euros para ser exactos). La diferencia es mayor si se coge como baremo la media de todas las comunidades españolas, donde la cifra se sitúa en 2.632 euros por estudiante. El trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística recoge, asimismo, cómo tres cuartas partes (73%) de la financiación de estos centros no universitarios procede de las arcas públicas, cuando en el resto del país esa media se sitúa en la mitad (57%). De hecho, el pago que procede de las familias alcanza los 1.415 euros por alumno, muy inferior a los que aportan desde los hogares catalanes, donde la media es de 2.832 euros. En las últimas semanas, sindicatos y partidos han mostrado su temor a que la nueva ley de educación que ha planteado el Gobierno vasco y que está pendiente de la tramitación en el Parlamento autonómico eleve las ayudas a los centros concertados. Elkarrekin Podemos ha llegado a amenazar con echarse atrás en el preacuerdo firmado por PNV, PSE y EH Bildu si seguía adelante la voluntad del Ejecutivo de extender las ayudas a los centros privados que ofrecen aulas para alumnos de 2 años. La ayuda a la red concertada queda, no obstante, lejos de lo que supone la inversión en los colegios e institutos públicos, en los que, según otra encuesta del INE hecha pública antes del verano, la cantidad que corresponde a cada escolar es de 9.868 euros.