20221206

El Ministerio de Transición Ecológica acaba de realizar la asignación provisional de sus dos primeras convocatorias del PERTE del Hidrógeno. Un volumen de ayudas que generará 890 millones de euros de inversión y que ha pasado de largo por el País Vasco porque ninguno de los proyectos que se presentaron desde Euskadi ha pasado la criba. Entre las propuestas que se habían registrado destacaban varias que venían a reforzar el proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno: el desarrollo de mezclas de gas e hidrógeno para distribuir por la red gasista que impulsa Nortegas, el proyecto de ‘Basque Hydrogen’ impulsado por el Gobierno vasco o la iniciativa ‘Benorth’ que incluye la transformación de la planta de ciclo combinado de Boroa en una instalación de generación de hidrógeno verde. Los proyectos de Petronor y de transformación de su planta en Muskiz, en cambio, sí cuentan con financiación comunitaria porque se tramitaron por una vía en la que fueron seleccionados directamente por la Comisión Europea y que supone la instalación de un electrolizador de 100 MW. El ministerio que dirige Teresa Ribera comunicó el 1 de diciembre a las empresas la adjudicación provisional de las ayudas encajadas en uno de los PERTE más importantes en el reparto de fondos europeos, dotado con un total de 1.555 millones de euros. Se han escogido 29 proyectos sobre un total de 144 iniciativas presentadas para repartir los primeros 250 millones de euros. Entre los seleccionados no hay ninguno en Euskadi, mientas que sí figuran proyectos análogos como el denominado ‘Asturias H2 Valley’, con una asignación de 15 millones e impulsado por EDP. O el de la creación la planta de hidrógeno verde impulsada por BP en Castellón, con otros 15 millones, así como la generación renovable de este gas en Puertollano que patrocina Repsol.

Zamudio se ha quedado sin la NASA española. El Consejo de Ministros anunció ayer la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de abrir en Sevilla la sede de la Agencia Espacial Española. Favorita desde el principio, la capital andaluza frustra así el sueño del Ejecutivo vasco de traer al municipio vizcaíno esa infraestructura. «Es una mala noticia. Creemos que nuestra candidatura estaba bien armada, con un ecosistema contrastado y reconocido», declaró a este periódico un portavoz del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. La consejería que dirige Tapia acusó al Ejecutivo central de favoritismo hacia Sevilla, que ha recibido recientemente el Centro de Innovación para la Transformación Industrial y las Emisiones. «Cuando menos, resulta extraño que se opte por la misma ciudad. El Gobierno vasco y el sector vamos a seguir trabajando para seguir desarrollando un ámbito favorable para el sector aeroespacial», añadieron las mismas fuentes del departamento. La candidatura sevillana ganó a sus veintiuna competidoras «por unanimidad», precisó Isabel Rodríguez, titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras recordar que el Ejecutivo se ha marcado como objetivo «descentralizar los organismos públicos», afirmó que la propuesta era la mejor por conectividad y ecosistema empresarial y científico-tecnológico. «La elección de Sevilla va a contribuir a reforzar la capacidad de la región sur de España para atraer talento e inversiones, y crear fondos de crecimiento social y económico», aseguró. El Gobierno central había exigido a los aspirantes, entre otros requisitos, ofrecer para su ocupación inmediata unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados que estuvieran a menos de una hora de un aeropuerto internacional y contaran en las cercanías con una gran capacidad hotelera. Por su parte, A Coruña acogerá la Agencia de Inteligencia Artificial.

La producción industrial de Euskadi en octubre fue un 4,9% superior a la observada el mismo mes del año pasado en términos homogéneos de calendario laboral. El crecimiento acumulado durante los diez primeros meses de este 2022 se sitúa en un 6,1%, según los datos dados a conocer ayer por el Eustat. Comparando octubre con septiembre, la actividad industrial vasca aumentó un 2,5%, una vez corregidos los efectos estacionales. La evolución interanual del índice de octubre tuvo un comportamiento positivo en todos los grandes sectores industriales. Así, los Bienes de equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, ascendieron un 5,7%. Y el mismo incremento experimentaron los Bienes de consumo para el conjunto del sector, influidos por el aumento de la producción del 6,3% de los Bienes de consumo no duradero (procesado y conservación de alimentos, confección de prendas de vestir...), así como de los Bienes de consumo duradero ( fabricación de muebles, de aparatos domésticos...) que registraron una subida del 3,8%.

Mes a mes, la economía de la zona euro se desliza por el tobogán de la recesión, fruto de la debilidad de la producción industrial y ahora también del declive acelerado del sector servicios, engranaje clave en la maquinaria económica del Viejo Continente. El PMI compuesto de la zona euro (producción industrial y servicios), uno de los principales termómetros del estado de salud de la actividad económica y de su futura evolución, se situó en noviembre en 47,8 puntos. Aunque son cinco décimas más que en octubre (47,3 puntos), el indicador encadenó su quinto mes consecutivo en terreno de contracción; esto es, por debajo de los 50 puntos que marcan la delgada línea roja entre la expansión de la actividad y su freno y marcha atrás. Europa está, sin duda, en retroceso y aunque su caída es ahora más lenta que hace solo unas semanas, está protagonizando el periodo de contracción más prolongado “desde la recesión que tuvo lugar entre 2011 y 2013, que fue desencadenada por la crisis de la deuda de la zona euro”, advierte S&P Global. De hecho, “la quinta caída mensual consecutiva de la actividad total señalada por el índice PMI aumenta la posibilidad de que la zona euro esté entrando en recesión”, señala Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, quien considera que los indicadores son compatibles con una recesión del PIB del 0,2% en noviembre. Esta contracción se produce en un contexto en el que si bien el frenazo ha llegado algo más tarde al sector servicios y la actividad comercial, lo ha hecho finalmente impactando con fuerza. El PMI de los Servicios cayó en noviembre hasta los 48,5 puntos (una décima menos que en octubre), registrando su peor marca en 21 meses. Este dato evidencia la paulatina congelación de la demanda ante un horizonte nublado por la incertidumbre, la crisis energética. 

El Gobierno impulsa una nueva Ley de Industria por la que las empresas que afronten procesos de reestructuración deberán notificarlo al Ministerio que dirige Maroto para que Ejecutivo y CCAA traten de mitigar el impacto. “El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Industria que aspira a situar a la industria española a la vanguardia de las transformaciones del siglo XXI”, afirmó ayer la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, al anunciar el impulso de la norma.  Se trata, aseveró Maroto, de “una ley que refuerza el papel de la industria en nuestra estructura económica y social, que fortalece la soberanía estratégica industrial y que adopta nuevos instrumentos de política industrial necesarios para mejorar su competitividad en la esfera internacional”. En definitiva, remachó, se trata de una norma que busca “hacer de la industria un sector líder en innovación, sostenibilidad, digitalización y más competitivo”. Por el camino, en todo caso, el Gobierno busca blindar el empleo del sector, estableciendo protocolos de negociación con el Ejecutivo en las empresas que afronten procesos de reestructuración, y fijando compromisos de mantenimiento de la actividad para las firmas que reciban ayudas públicas. En este sentido, expuso Maroto, la nueva ley “involucra al conjunto de las Administraciones Públicas, agentes económicos y sociales, ante la urgente necesidad de potenciar la industria en nuestro país” con el “doble objetivo” de “contribuir a la recuperación económica, modernizar nuestro modelo productivo para alinearlo con la doble transición verde y digital” y “lograr mayor cohesión social y territorial”.

El Ejecutivo obligará a las empresas que reciban ayudas públicas a mantener su actividad productiva al menos durante cinco años; tres años en el caso de las pymes. Con esta medida, el Estado pretende que evitar situaciones del pasado, cuando algunas grandes multinacionales como el fabricante de aluminio Alcoa o la cementera mexicana Cemex protagonizaron sonoros procesos de reducción de plantilla y cierres de plantas tras años operando con préstamos y millonarias subvenciones públicas. La norma –que además es un compromiso con Bruselas dentro del Plan de Recuperación para sustituir la actual ley que data de 1992–, también obligará a las empresas del sector que quieran realizar despidos masivos a comunicarlo previamente al Gobierno. Para controlar estos procesos se establece la creación de una mesa de reindustrialización en la que habrá representantes de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas para afrontar posibles situaciones de crisis en la industria, en la que también tendrían cabida los representantes de los trabajadores. «Esta Ley es un compromiso del Gobierno que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular, y potencia la autonomía industrial de nuestro país», indicó ayer la ministra del ramo, Reyes Maroto. 

Quedan solo 10 días para que las asambleas generales de Orona y Ulma decidan si continúan en el seno de la Corporación Mondragón. Los plazos se agotan y entre esta semana y la próxima se celebran las últimas reuniones para ahondar en las explicaciones sobre la propuesta de los órganos directivos en un clima de tensión. Y es que las declaraciones del presidente de la corporación, Iñigo Ucín han sentado como una declaración de guerra. El máximo responsable de Mondragón señaló que los datos y razones que se está dando a los socios de Orona y Ulma para tomar la decisión forman parte de una explicación «tuneada». Según ha podido confirmar este periódico en medios cercanos a los órganos directivos de las cooperativas que analizan su salida de la corporación, las palabras de Ucín «han perdido los principios y formas más básicos». «No hay precedentes en el cooperativismo», señalan. Las declaraciones llegaban días después de que Mondragón enviara una carta a sus socios explicando la situación. Un hecho que Orona y Ulma interpretaron como una «injerencia» en sendos comunicados oficiales. El caso es que el cruce de declaraciones podría afectar a la posición y voto de los socios convocados a las asambleas del próximo día 16. En el caso de Orona se habían realizado 42 reuniones para explicar de nuevo la posición de la dirección y su propuesta tratando de responder a cualquier duda. La situación se ha intensificado en esta carrera por el relato que ambas partes vienen protagonizando en las últimas semanas. Fuentes conocedoras del proceso explican que en esas reuniones la tónica está siendo un respaldo a la posición de la empresa, pero sí ha habido un grupo de socios que reclamaron «más reflexión» antes de tomar la decisión.

Iberdrola prevé superar los 4.000 millones de euros de inversión en actividades de innovación, desarrollo e investigación (I+D+i) para 2030, duplicando así al final de la década su inversión en esta área, informó la compañía. En concreto, la energética pretende destinar estos recursos fundamentalmente a proyectos relacionados con las energías renovables, las redes inteligentes, la transformación digital, el hidrógeno verde y el desarrollo de soluciones a medida para sus clientes. Iberdrola, que es la utility privada del mundo que más invierte en I+D+i, según datos del informe The 2021 Industrial Investment Scoreboard, elaborado por la Comisión Europea, ha destinado 2.000 millones de euros en la última década. En 2021, el grupo invirtió 337,5 millones en I+D+i, un 15% más que en el ejercicio anterior, y el número de proyectos de innovación en curso asciende a 250. El plan estratégico hasta 2025 presentado el pasado 9 de noviembre contempla que la inversión ascienda ese año hasta los 420 millones y alcance los 550 millones anuales en 2030. Su estrategia en I+D+i se recoge en su Informe de Innovación 2020-2022, recientemente publicado por la compañía. 

La llegada del invierno meteorológico a Europa, con bajadas de temperatura que se aprecian también en Euskadi, ha puesto a prueba al renovado gasoducto de Irun. Y el resultado de la ampliación es, en principio, positivo. En el primer mes de funcionamiento del nuevo compresor, el denominado gasoducto Euskadour ha exportado a Francia una media de un 67% más de gas al día. En noviembre, mes en el que comenzó a operar la nueva instalación, se han suministrado al país vecino a través de Irun un total de 1.585 gigavatios hora (GWh), pasando de una media diaria de 45GWh el pasado julio antes de las obras (cuando se alcanzó una de las cifras más altas de trasvase) a la actual de 75GWh, según datos facilitados por el operador español del sistema de transporte gasístico, Enagás. Todavía tiene margen para exportar otro 33% adicional, hasta los 100 GWh al día. Esta cantidad exportada en el primer mes de actividad del nuevo compresor equivale a la capacidad de transporte de gas de 1,5 buques metaneros de tamaño estándar. Los números cumplen por ahora el objetivo del Plan +Seguridad Energética del Gobierno central, que buscaba incrementar la capacidad exportadora de España a Francia en plena crisis energética por el corte del grifo del gas ruso a Europa, y la necesidad de buscar soluciones alternativas, tras el fracaso del proyecto del Midcat que debía trasladar gas al país galo vía Cataluña.

Alberto Granados Presidente de Microsoft España Granados, que participó en unas jornadas en Donostia, explica que «nos involucramos para ayudar al Gobierno de Zelenski y subimos su información a la nube».  Con ello quiere hacer hincapié también en que es más seguro tener la información en la nube y que esa es la tendencia de la digitalización. "Estamos viendo una adopción acelerada de la inteligencia artificial (IA) en todas las empresas y sobre todo lo bueno que puede tener el acceso de la tecnología en nube, el pago por uso, es que lo democratizas. Cualquier empresa puede acceder a IA y a la digitalización en general...Hay un uso en cuatro ejes: en cómo las empresas lo aplican para que sus empleados sean más productivos; en cómo se conectan con sus clientes; en reinventar nuevos productos, de modo que las empresas puedan crear nuevos servicios, y finalmente para optimizar procesos internamente. Te pongo un ejemplo. La empresa de Zumaia Okin está reduciendo los errores manuales en un 50% y el coste y la optimización en un 30%. Cualquier empresa de tamaño pequeño, mediana o grande puede aplicar la inteligencia artificial, lo que le permitirá transformarse...El cibercrimen se está convirtiendo en un negocio desafortunadamente cada vez más lucrativo y creciente. Para 2025 será un negocio de 10,5 billones de dólares. Analizando señales estamos detectando qué está ocurriendo. Ucrania ha sido para nosotros una forma de aprender de forma acelerada cómo podemos ayudar a países y sociedades enteras. Incluso antes de que estallara el conflicto nos involucramos porque detectamos una actividad inusual de ciberataques y empezamos a ver que esos ciberataques tan pronto como estalló el conflicto estaban correlacionados con el mismo. La guerra ya no es la guerra tal y como era. Hay una guerra psicológica de desinformación en redes; hay una guerra cibernética y hay otra quinética. Y estaban muy bien sincronizadas..."

Continuación de la entrevista con el presidente de Microsoft España. "En estos momentos hay una escasez en profesionales en ciberseguridad en España de unas 20.000 personas y calculamos que crece un 20% cada año. Hay que enchufar profesionales y reciclarlos. Tenemos disponibles más de 350 cursos gratuitos nuevos y un compromiso a nivel mundial de formar y certificar a más de 10 millones de personas. En España el objetivo de aquí a 2024 es generar 55.000 puestos de trabajo en todo nuestro ecosistema relacionados con la digitalización, la inteligencia artificial. El mayor obstáculo que tenemos para la adopción de la digitalización no es la energía o los semiconductores, sino el talento, formar gente de todas las edades....Nosotros tenemos un gran compromiso con la formación. Estamos trabajando en cuatro ejes: con educación primaria y secundaria en dotar de medios para que niños y jóvenes accedan a la tecnología lo antes posible, tanto mediante formación como con sistemas para que los centros estén mejor conectados; en universidad estamos formando al profesorado en la utilización de la digitalización, pero asimismo les facilitamos que puedan aprender a detectar escenarios de negocio de inteligencia artificial; y también estamos trabajando activamente en FP, que incluye cursos de certificación, lo que permite en más del 75% de los casos encontrar trabajo en tres meses. Tenemos además más de 12.000 partner a nivel español y en Euskadi 1.500. Formamos más de 100.000 profesionales al año en esa red. Y el cuarto parámetro, el más importante para mí, es que en los últimos dos años a través de nuestros cursos online, que son gratuitos, y Linkedin, hemos formado a más de 1.600.000 personas. A todo ello se une que formaremos a más de 10.000 personas en ciberseguridad dentro de colectivos desfavorecidos –Ilunion, Once, Sepe...– para que esas personas que formemos y certifiquemos encuentren un empleo". 

 Únicamente las dos comunidades fuera del sistema de financiación ordinario, Euskadi y Nafarroa, cerrarán 2022 con superávit en términos de contabilidad nacional, mientras que otras dos, Murcia y la Comunidad Valenciana, lo harán con un déficit por encima del doble de la media autonómica, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas publicado este lunes, que analiza los ingresos y gastos autonómicos hasta agosto de 2022 y presenta una estimación del saldo presupuestario a cierre del ejercicio, estima un "saldo positivo" en contabilidad nacional del 0,4 % del PIB para Euskadi y del 0,0 % para Nafarroa. El análisis elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y UCM), Manuel Díaz (Fedea) y Carmen Marín (Fedea), prevé que siete comunidades cerrarán el ejercicio con un déficit por encima de la media autonómica (-1,0 %):  Murcia (-3 %), Comunidad Valenciana (-2,7 %), Castilla-La Mancha (-1,9 %), Cataluña (-1,3 %), Canarias (-1,2 %), Extremadura (-1,1 %) y Andalucía (-1,1 %). 

Crecen los problemas de las empresas para hacer frente a sus pagos. Según los datos de un informe publicado ayer por Iberinform, las insolvencias empresariales crecieron en noviembre un 46% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto del año el tejido empresarial acumula un incremento del 22% en las insolvencias. Por sectores, el informe, realizado en base a los procesos concursales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los mayores aumentos de la insolvencia se registran en la industria automotriz (+118%), el sector primario (+83%), industria extractiva (+64%), financiero (+57%), la industria alimentaria (+52%) y el transporte (+52%). Iberinform achaca este notable incremento en las insolvencias, por un lado, al hecho de que el pasado 30 de junio decayera el periodo excepcional de 27 meses de moratoria concursal. “Los acreedores han recuperado su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor y los empresarios en una situación de insolvencia vuelven a estar obligados a solicitar la declaración concursal”, explican. Pero además, a estos cambios legales se suma el deterioro del entorno, marcado por una recuperación desigual de la actividad, el endurecimiento de las condiciones financieras, el aumento de la inflación y la escasez de materias primas o suministros. De esta forma, Iberinform advierte de que “todos estos factores permiten prever que se profundice en este incremento de los procesos concursales”. Por comunidades autónomas, Madrid (24% del total) y Cataluña (22%) son las regiones donde más concursos se declaran, seguidas por la Comunidad Valenciana (16%) y Andalucía (11%). Por sectores, predominan las insolvencias en construcción e inmobiliario (23% del total) y el comercio (22%), seguidos de la industria manufacturera (14%), servicios a empresa (12%) y hostelería (10%). Por otra parte, las nuevas firmas se concentran en Madrid (23% del total), Cataluña (19%), Andalucía (17%) y Comunidad Valenciana (12%),

El Gobierno flexibilizará las prácticas extracurriculares, algo que exigen mantener CEOE y Cepyme para suscribir un texto que cuenta con el visto bueno de los sindicatos. Las posturas entre los agentes sociales se han acercado tras la reunión que mantuvieron ayer, pero siguen existiendo dos grandes obstáculos para lograr que los empresarios suscriban el nuevo marco: la desaparición de las prácticas extracurriculares (los trabajos voluntarios que no están vinculados a la formación) en los próximos tres años y la presunción de laboralidad, los supuestos en los que pueden suscribirse los contratos en formación. CEOE y Cepyme han solicitado que se reformulen estos apartados —son una línea roja para los sindicatos—, y Trabajo se ha comprometido a adecuar en una nueva propuesta que se presentará en un próximo encuentro todavía sin fecha, según confirman fuentes de la negociación. El Gobierno lleva meses puliendo esta norma con los agentes sociales, con la que pretende regular los periodos de formación y su relación con el trabajo, al tiempo que busca frenar las becas irregulares como fórmula para conseguir un trabajo y con la simulación de relaciones laborales. “Seguimos en la mesa a la espera del nuevo texto que presente el Gobierno”, reconoce una fuente de la patronal. Aunque la negociación sobre el Estatuto de las Personas en Formación Práctica en el Ámbito de la Empresa —que es como se denomina formalmente—, se está alargando mucho más de lo que todas las partes pronosticaban —los primeros encuentros se celebraron en abril y entonces se previó que el acuerdo se cerraría antes del verano para poder desplegarse en septiembre—, las diferencias no son tan acusadas entre las partes. Sin embargo, hay matices que están impidiendo que el texto se resuelva definitivamente. “Compartimos con el Gobierno y los sindicatos la necesidad de regular la figura del becario con el objetivo de otorgarle mayores garantías, en la lógica de que los periodos de formación no pueden, en ningún caso, sustituir puestos de trabajo”, reconoce una fuente de CEOE. El gran punto en discordia, no solo para los patronos, sino también para los rectores de las universidades, es la exclusión de las prácticas académicas externas. Algo que consideran imprescindibles los sindicatos, puesto que señalan que es en ellas donde se concentra el mayor número de falsos becarios. El nuevo marco señala que estas prácticas extracurriculares dejarán de resultar aplicables “una vez transcurrido un periodo de tres años desde la entrada en vigor de esta norma”. Es el margen que concedió Trabajo. “Es aquí donde está el problema”, reconocen fuentes de CC OO.

Volatilidad del precio del Brent en el primer día de entrada en vigor de las nuevas sanciones occidentales a Rusia: el embargo europeo del petróleo ruso transportado por mar y el tope de 60 dólares pactado por la UE, el G7 y Australia para ese crudo. Tras arrancar la sesión con alzas superiores al 3%, la cotización del Brent, petróleo de referencia en Europa, se dio la vuelta y entró en terreno negativo en medio de las dudas y la incertidumbre sobre la eficacia de las nuevas restricciones occidentales a la hora de mermar la principal fuente de ingresos del régimen de Putin. Máxime cuando Rusia ya está redirigiendo desde hace tiempo parte de sus exportaciones petroleras a Asia con descuentos que rondan los 25-30 dólares por barril; esto es, a precios similares al techo impuesto por la UE (el crudo de los Urales, referente para Rusia, cotiza cerca de los 60 dólares), y ha pisado el acelerador para estrechar, apuntalar y ampliar esas relaciones. De hecho, Pakistán anunció ayer que comenzará a importar petróleo ruso a precios reducidos, justo el mismo día en que entraron en vigor los vetos occidentales. “Rusia ha decidido proporcionar crudo a Pakistán a precios reducidos (...) también dará gasolina y diésel a Pakistán a precios más bajos”, anunció el viceministro de Petróleo paquistaní, Musadik Malik. El país, con 200 millones de habitantes, llevaba meses deshojando la margarita de si comprar o no energía al régimen ruso a pesar de la guerra en Ucrania, argumentando que su nación vecina, India, llevaba meses adquiriendo hidrocarburos baratos a Rusia pese a las sanciones de Occidente. Precisamente, el Gobierno indio dejó claro ayer que también soslayará la cruzada europea contra la energía rusa y seguirá adquiriendo petróleo con descuento al Kremlin. 

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) se comprometieron ayer en Bruselas a acotar durante 2023 las ayudas energéticas exclusivamente a los hogares más vulnerables y empresas temporalmente expuestas a la crisis de la energía. Al tiempo, los ministros se han emplazado a estudiar destaca un modelo de fijación de precios de la energía de dos niveles al que podrán optar las empresas y los hogares más afectados y que incluye un paquete de servicios energéticos subvencionado que, una vez se supere, aplicará precios de mercado. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya había confirmado antes de entrar a la reunión con sus homólogos de los Diecinueve, que el Gobierno español limitará el año que viene ciertas medidas para contener la inflación, como es el caso de la ayuda a los carburantes, para avanzar de una primera fase de choque generalizada hacia una más específica dirigida a los sectores más vulnerables. “Evidentemente, nuestro objetivo es, en una primera fase, implantar medidas de choque y amplio espectro con un impacto generalizado y, poco a poco, tratar de enfocar a sectores más afectados y más vulnerables”, explicó Calviño antes de participar en la reunión del Eurogrupo. La vicepresidenta ya había abierto la puerta a limitar este tipo de ayudas en una entrevista televisiva a mediados de noviembre. De momento, la única medida que se había decidido prorrogar es la del transporte público gratuito, porque beneficia al conjunto de la población. 

Sweno, la marca que ideó El Corte Inglés para servicios de telefonía móvil y energía, ha entrado a competir en electricidad en plena guerra comercial de las grandes energéticas en España –Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol– por captar clientes. La irrupción de El Corte Inglés en telefonía y otros servicios era uno de los acontecimientos más esperados del mercado de consumo. Su llegada al mercado eléctrico se produce en plena agitación comercial de este sector. Justo cuando los precios regulados están disparados. Las grandes energéticas han cambiado toda su estrategia comercial para captar clientes ofreciendo el reclamo de contratos de mercado libre a precio fijo, que les proteja de la extrema volatilidad de los precios regulados de la luz. En las últimas semanas, El Corte Inglés ha lanzado dos ofertas de luz precisamente con ese reclamo. Además, lo hace colocándolas entre las más baratas del mercado eléctrico. En concreto, ha sacado al mercado dos tarifas bajo los nombres de Benefíciate y Despreocúpate, para dos tipos distintos de consumidor. Benefíciate va dirigida a los clientes cuyos “horarios de consumo son parecidos todos los días”. Por eso tiene precios distintos para cada hora del día, que van desde los 0,1596 euros por kilovatio hora hasta los 0,2388 euros por kilovatio hora. La tarifa Despreocúpate es para aquellos consumidores cuyos horarios de consumo “cambian de un día a otro”. Por eso, ofrece la misma tarifa fija todo el día, de 0,1869 euros por kilovatio.

Hasta 60.000 megavatios (MW) fotovoltaicos y 19.000 MW eólicos, según fuentes de las asociaciones sectoriales, UNEF y AEE, están pendientes del calendario. Si no reciben antes del próximo 25 de enero la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las comunidades autónomas correspondiente (cuando la planta tiene menos de 50 MW) o del Ministerio para la Transición Ecológica (si supera dicha capacidad), habrán perdido los derechos para continuar adelante. Aunque, por tratarse de un motivo ajeno a su voluntad, se les devolverían los avales presentados y podrían seguir tramitando la DIA partiendo desde cero, los promotores se quedarían sin su principal activo: el acceso de conexión a las redes que les ha otorgado REE. Y es que todos esos megavatios cuentan ya con dicho acceso, lo que supone una saturación de los puntos de conexión y que el operador del sistema eléctrico no pueda conceder más a los nuevos proyectos que están en la cola, en tanto se resuelven todos estos que están pendientes de la DIA. Este es el principal motivo que esgrime el ministerio que dirige Teresa Ribera para no prorrogar el plazo (sería la tercera vez) para obtener dicha declaración. Aunque en los proyectos de más de 50 MW es este departamento el que otorga este permiso, para concederlo necesita, según el artículo 37 de la Ley de Evaluación Ambiental, un informe previo de la comunidad autónoma en que se ubicará la planta. Por tanto, la comunidad es órgano competente (en las de menos de 50 MW), y consultivo, en las de capacidad superior que debe dilucidar el ministerio.

Los gigantes del cloud computing (y este suculento negocio) se interponen entre el Viejo y el Nuevo Continente. El entendimiento tecnológico de Occidente se resiente. La Cámara de Comercio de Estados Unidos trata de impedir que la próxima normativa comunitaria para la computación en la nube dificulte la presencia en Europa de las tres compañías que dominan el sector, de origen norteamericano: Amazon, Microsoft y Google. Esta advertencia, de la que ha dado noticia Reuters, responde a la elaboración por parte de la agencia europea de ciberseguridad (ENISA) de un mecanismo de certificado de carácter voluntario que en la práctica marcará los requisitos a cumplir por los proveedores de estos servicios ante gobiernos y empresas del continente. «No puedes dejar todo tu patrimonio de información y datos en unas firmas extracomunitarias que se cuentan con los dedos de una mano», resumen fuentes no oficiales de la administración española. El afán de las Big Tech por desarrollar su rama de negocio cloud se topa con el proteccionismo de Bruselas, que en aras de la soberanía digital prepara un esquema europeo de certificación de servicios en la nube, similar al que ya se ha terminado en materia de ciberseguridad de las tecnologías de la información (y el que está por llegar dedicado al 5G). Se prevén tres niveles: básico, sustancial y elevado (o bajo, medio y alto) y éste último impondrá las condiciones más exigentes al proveedor de servicios en la nube certificado (CSP según sus siglas en inglés): «La oficina central registrada y la sede mundial del CSP se establecerá en un estado miembro de la UE», reza el criticado documento.

Xi Jinping pisó Wuhan 48 días después de que las autoridades decidieran cerrar la ciudad y aislar a sus 11 millones de habitantes porque se estaba propagando una rara neumonía que entonces ya había dejado 17 muertos y 550 infectados en esta urbe del centro de China. La visita de Xi al epicentro de la pandemia tenía un mensaje para el resto del mundo: el gigante asiático había ganado la batalla contra el coronavirus. Fue el primer gesto de una larga campaña en la que Pekín promovió el éxito de sus recetas para frenar la propagación del virus. Los cierres tempranos habían funcionado. Mientras el resto del mundo seguía encerrado, la locomotora económica china arrancaba como ninguna otra y la vida volvía paulatinamente a algo muy parecido a la vieja normalidad. Ocho meses después del comienzo oficial de la pandemia, se hizo viral la imagen de una fiesta masiva en una piscina de Wuhan. Pekín usó esa escena para proclamar la superioridad de su sistema por encima del de las democracias occidentales, ahogadas por los largos confinamientos. Incluso los funcionarios chinos tuvieron tiempo para tratar de desviar la atención sobre el origen de la pandemia y lanzar varias teorías, como que el virus lo soltaron por Wuhan militares estadounidenses o que llegó por los productos congelados importados de otros países. Fueron pasando los meses y llegaron las vacunas. La mayoría de los países, con poblaciones con una extendida inmunidad de rebaño, viendo que con la aparición de nuevas variantes era imposible erradicar el virus, decidieron que había llegado el momento de aprender a convivir con el Covid y levantar restricciones. En Asia se mostraron más reticentes, pero al final también fueron abriendo sus puertas, excepto China, que permaneció aislada y confinando ciudades por cada puñado de positivos. En 2021, en la segunda potencia mundial, las restricciones fueron peores que en 2020. Y en 2022 han sido mucho más duras que en 2021.

El Kremlin acusó ayer a Ucrania de atacar dos bases aéreas rusas situadas a cientos de kilómetros del frente de guerra. Se trataría del ataque de mayor alcance perpetrado hasta la fecha por las tropas de Kiev, en pleno corazón de Rusia. En los incidentes perdieron la vida tres militares rusos y dos aviones resultaron dañados. El Ministerio de Defensa confirmó el ataque a primera hora de la tarde. Según su versión, difundida en un comunicado, Kiev empleó drones que volaron a baja altura para dejar «fuera de servicio los aviones rusos de largo alcance» utilizados en las campañas de bombardeos masivos de las últimas semanas. Sin embargo, los aparatos fueron interceptados por los sistemas rusos de defensa antiaérea, por lo que los restos de los drones cayeron en el recinto de las bases aéreas atacadas, lo que provocó las explosiones. La primera de ellas se produjo en el aeródromo de Diáguilevo, ubicada en el óblast de Riazán, a unos 200 kilómetros de Moscú. Ocurrió en una zona de aparcamientos y afectó a un camión de combustible. Como consecuencia murieron tres militares, según confirmó el Ministerio de Defensa ruso. En esta base están desplegados aviones cisterna Iliushin-76. La segunda explosión tuvo lugar cerca de la ciudad de Engels, en el óblast de Sarátov, a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania. No se reportaron víctimas mortales pero sí fueron destruidos dos bombarderos estratégicos Tu-95, que forman parte de las fuerzas de disuasión rusas. Según las autoridades de la región, ninguna infraestructura civil resultó dañada. Kiev guardaba ayer silencio sobre el episodio. Pero un asesor presidencial sí dejó entrever su autoría.

Tras cuatro días de silencio ante una de las crisis más graves en Osakidetza, la consejera de Salud compareció ayer después de reunirse hora y media con Urkullu para minimizar los ceses de altos cargos en Gipuzkoa, que justificó al «no compartir» estos profesionales los planes del Departamento. Los jefes de servicio del hospital Donostia han anunciado que responderán mañana a la consejera. ¿Cuáles fueron las razones concretas que motivaron el cese de las dos mayores responsables de la cúpula sanitaria guipuzcoana? ¿Qué planes tiene Osakidetza para la OSI Donostialdea como para haberse descabezado su equipo directivo en cuestión de horas? ¿Cuánto están influyendo los criterios técnicos y cuánto los políticos en la gestión médica, tal y como denuncian los profesionales? Tras un silencio sepulcral que había durado cuatro días y en una tensa comparecencia de más de cuarenta minutos de duración, Gotzone Sagardui trató de dar carpetazo ayer a la crisis sin precedentes abierta en el Servicio Vasco de Salud. Pero lo hizo sin aclarar los principales interrogantes de un terremoto de enorme magnitud. Porque ni la fuerte contestación de los profesionales sanitarios a la «política suicida» de Osakidetza ni la creciente presión política, con EH Bildu y PP+Cs exigiendo la cabeza de la consejera, han logrado alterar lo más mínimo la hoja de ruta del Gobierno vasco. Es más, la titular de Salud proclamó ayer que «empieza un nuevo camino» con una reorganización del personal directivo que busca la alineación del proyecto de la OSI con el que se marque desde la sede central de Osakidetza en Vitoria. Toda una reafirmación que ha acabado por recrudecer la indignación de los propios trabajadores, los grupos de la oposición e incluso el socio minoritario de la coalición, el PSE-EE. La consejera, en todo caso, se cuidó de comparecer en compañía para evitarse una indeseada imagen de soledad. A su izquierda estuvo en todo momento la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez, que no dijo nada, no tenía habilitado micrófono alguno y ni siquiera fue protocolariamente presentada por su jefa. Impertérrita, se limitó a escuchar a una consejera enrocada, por momentos cruzada de brazos e insistente en minimizar la crisis a cada pregunta de los periodistas. Sagardui, bregada en la gestión de la pandemia y de sonadas polémicas como la vacunación irregular de altos cargos, evitó entrar en aspectos concretos y desechó una cuestión tras otra entre calculadas referencias genéricas.