20221214

EH Bildu pactó ayer una enmienda transaccional con PSOE y Podemos para que la Inspección de Trabajo se pronuncie, de forma preceptiva, sobre si concurren o no las causas alegadas por la empresa para llevar a cabo un despido colectivo (ERE). Esta obligación fue eliminada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, cuando también suprimió la exigencia de que el expediente obtuviera ‘luz verde’ de la autoridad laboral competente –el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco, en el caso de Euskadi–. Desde entonces los sindicatos han reclamado con insistencia la recuperación de estos controles. El texto pactado atiende en cierta medida esta reclamación, porque si la Inspección no ve causa justificada el ERE será tumbado con seguridad si se denuncia ante los tribunales. La enmienda se ha incluido en la nueva Ley de Empleo, que ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados e irá a votación la semana que viene. El cambio que introduce es significativo. Tras la reforma de Rajoy, el informe de la Inspección solo tenía que pronunciarse sobre aspectos de procedimiento, como «los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas». En algunas ocasiones entraba en las causas, aunque lo hacía sobre todo a instancias de las partes, cuando el ERE acababa sin acuerdo y se llevaba a los tribunales. En la nueva redacción del Artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores se exigirá «que también se pronuncie sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial». El informe deberá «ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento». Aunque no se recupera la exigencia de autorización administrativa previa, el acuerdo dota a la Inspección de un gran control en los ERE. Su pronunciamiento sobre si el despido colectivo está justificado será decisivo de cara a los tribunales. En la práctica, puede ser casi como una capacidad de veto pero que, en vez de recaer en el Departamento de Trabajo, lo hará en los inspectores.

«La nuestra es una transición energética hacia el carbón y hacia China, que es, junto a Estados Unidos, la gran beneficiada de todo nuestro esfuerzo por descarbonizar la economía. Corremos el riesgo de cargarnos la industria europea y de que Europa termine siendo irrelevante». Así de contundente se mostró ayer el donostiarra Iván Martén (experto internacional en energía y, al tiempo, presidente de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad), quien protagonizó un didáctico e interesante desayuno organizado por Adegi y Kutxabank, dedicado a la evolución y perspectivas de los mercados energéticos internacionales. Martén dejó claro que hay que abordar la llamada transición con «inteligencia», dando oportunidades a todas las tecnologías y, sobre todo, sin «demonizar» elementos como el petróleo y el gas que, aseguró, «están en nuestras vidas y van a seguir estándolo durante mucho más tiempo». El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, recordó que el coste de la energía es el primer factor de preocupación de las empresas guipuzcoanas, mientras su homólogo en Kutxabank, Antón Arriola, apostó (en su primera intervención en el cargo) por «repensar» la transición energética en Europa para tener muy en cuenta al tejido productivo. Martén resaltó la «fragilidad del ecosistema energético europeo», evidenciada tras la invasión de Ucrania. «Tenemos que ser muy cuidadosos, y debemos actuar drásticamente pero no alocadamente, aunque parece que últimamente lo estamos haciendo así», dijo. En este sentido lamentó que las necesarias (y cuantiosas) inversiones que requiere la transición energética se han de plantear con escenarios temporales muy largos, en ocasiones de décadas, lo que choca con el tan habitual cortoplacismo de la política, «que no mira más allá de cuatro años». El experto aseguró que «es equivocado el mensaje de ‘el petróleo y el gas van a desaparecer’». «El petróleo está muy presente en nuestras vidas y no va a desaparecer», dijo. «Ya basta de mensajes apocalípticos sobre el Medio Ambiente». Ver más en Adegi. 

«Estamos a pocas décadas» de que la fusión nuclear se convierta en la energía limpia e inagotable que cambie el mundo, aseguró ayer Kim Budil, física y directora del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL), tras hacerse público que científicos estadounidenses han logrado generar energía como lo hacen las estrellas. Responsables del Departamento de Energia (DOE), de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear y del LLNL anunciaron en Washington que el 5 de diciembre se provocó una fusión nuclear en laboratorio en la que, por primera vez, la energía producida fue más que la invertida para conseguir la reacción, lo que se conoce como ganancia neta. Un avance para el que no ahorraron adjetivos. «Se trata de un logro histórico para los investigadores y el personal de la Instalación Nacional de Ignición (NIF por sus siglas en inglés), que han dedicado sus carreras a ver cómo la ignición por fusión se hace realidad, y este hito sin duda desencadenará aún más descubrimientos», afirmó Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos. «Este asombroso avance científico nos sitúa en el precipicio de un futuro que ya no dependerá de los combustibles fósiles, sino de la nueva energía de fusión limpia», dijo por su parte el demócrata Charles Schumer, líder de la mayoría en el Senado.

Ulma y Orona apuran estos días las reuniones de cara a la decisiva asamblea de este viernes que debe ratificar la propuesta de sus respectivas direcciones ejecutivas de abandonar el Grupo Mondragon. En el caso de la empresa oñatiarra la votación es más compleja ya que las nueve cooperativas que la componen tienen autonomía de decisión y celebrarán cada una sus distintas votaciones, por lo que cabe la posibilidad de que alguna de ellas pudiera pronunciarse a favor de seguir en la Corporación Mondragon. En ese caso, los estatutos de Ulma prevén una segunda votación en la que esa empresa debe ratificar si quiere seguir bajo el paraguas de Mondragon, en el caso de que la mayoría de las nueve firmas de Ulma decida desgajarse, o si, por el contrario, acepta la decisión de la mayoría de Ulma y se mantiene junto a ellas, evitando así fisuras internas en esta compañía. Para evitar llegar a ese extremo y dar una imagen de unidad en la toma de una decisión histórica para la compañía, los responsables de Ulma se afanan estas semanas en cerrar filas y defender los argumentos favorables a la salida de Mondragon, para evitar una división interna que la firma de Oñati considera poco probable que se produzca. No obstante, entre las distintas empresas no ha habido siempre homogeneidad de pensamiento.

El presidente de la Corporación Mondragon, Iñigo Ucín, aseguró ayer que el Grupo cooperativo vasco «va bien». Y que esa fortaleza se da con Orona y Ulma –firmas que han planteado un desafío al Grupo para abandonarlo desde este viernes– en su seno, pero también en un escenario en el que esas dos empresas salgan del conglomerado con sede en Arrasate. «Mondragon va bien; con ellos va bien, y sin ellos, también va bien», sentenció Ucín, en una entrevista con la televisión pública vasca emitida anoche en la que, como ya dijera en este periódico, llegó a asegurar que el movimiento realizado por las dos empresas disidentes «golpea en la línea de flotación» del Grupo. El máximo responsable de Mondragon reiteró su deseo de que tanto Orona como Ulma permanezcan en la Corporación, algo que se antoja casi imposible a la luz de los recientes cruces de mensajes entre una y otra parte. Eso sí, dejó meridianamente claro que el desafío y la eventual pérdida de dos firmas industriales de evidente importancia en Euskadi, y sobre todo en Gipuzkoa, como son Ulma y Orona, no va a afectar a la fortaleza del Grupo. «A día hoy estamos más apiñados que antes; la unión es mayor», aseguró. Una vez más, Ucín aseguró que el Grupo respetará siempre la voluntad de los socios de ambas cooperativas, sea cual sea el resultado de la consulta. «Tienen el derecho a decidir lo que quieran hacer», subrayó, para reconocer también que le gustaría que «se quedasen». «Tenemos unos valores, si se quedan, para nosotros será una buena noticia», afirmó Ucín.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) anunció ayer la firma del mayor contrato del año. La beasaindarra ha confirmado que el operador neerlandés NS (Nederlandse Spoorwegen), empresa que gestiona los servicios de cercanías e interurbanos de la red ferroviaria holandesa, le ha adjudicado un contrato que supera los 600 millones de euros para el suministro de su nueva flota de trenes de dos pisos destinados a servicios interurbanos. Se trata de un contrato que alcanza las 60 unidades y que supera en su montante económico al que hasta la fecha era el encargo de mayor enjundia del ejercicio, el firmado a finales de enero para construir 27 kilómetros de línea y fabricar y mantener 98 tranvías durante 25 años en Tel Aviv por 525 millones de euros. Este nuevo contrato con el operador neerlandés da continuidad al anterior proyecto de suministro de 206 trenes SNGCivity para servicios de cercanías, cuyas últimas unidades están siendo actualmente entregadas por parte de CAF, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el nuevo acuerdo abarca el suministro de 30 unidades de cuatro coches y 30 unidades de seis coches, así como el soporte técnico para su mantenimiento, actividad que realizará el propio operador NS. El volumen del contrato recién firmado supera los 600 millones de euros. Ver nota CAF. 

Bernd Krottmayer, el ingeniero alemán elegido por la multinacional para relevar a Emilio Titos en la dirección general de Mercedes-Benz Vitoria, ya está en la planta de la Avenida de Los Huetos. El futuro CEO de la factoría –asumirá el cargo formalmente el próximo 1 de abril– llegó el lunes, coincidiendo con la confirmación oficial de que Vitoria fabricará a partir de 2025 un nuevo modelo eléctrico sobre la plataforma VAN.EA. Es el proyecto que consolida el futuro de esta factoría, que crecerá y se transformará con una inversión de 1.200 millones de euros. Y que tendrá que pilotar el propio Krottmayer, que ha comenzado ya a tomar el pulso a ‘su’ planta. De la mano de la actual dirección ha mantenido ya una cadena de reuniones con los mandos. Y hoy llegará el turno de los trabajadores. El comité de empresa, con mayoría de ELA, LAB y ESK (las tres centrales que rechazaron el convenio laboral), ha sido convocado a primera hora de la mañana. Un cara a cara que llega después de que la empresa fijase ayer el arranque del calendario laboral para 2023; «impuesto», según asegura Igor Guevara (ELA), presidente del órgano de representación de los trabajadores, tras fracasar la negociación bipartita de la pasada semana. Se trataría de una de las primeras medidas validadas con la aquiescencia del nuevo director general.

La posible recesión anunciada para el último trimestre del año por las Administraciones públicas no parece deteriorar la recaudación de la Hacienda guipuzcoana. El territorio ha ingresado hasta noviembre 4.904,3 millones de euros, 279,5 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 6%. El IRPF y el IVA siguen siendo los dos motores más importantes para las arcas forales, que continúan sorteando la crisis inflacionista y proporcionando buenas noticias para la Hacienda foral, que ha obtenido en once meses 123,3 millones más que en 2021 con estos dos tributos, los más relevantes. «La recaudación del territorio sigue dando buenos datos y seguimos alineados con nuestro objetivo», aseguró ayer la portavoz foral Eider Mendoza durante la presentación de los resultados. Estas cifras en verde se explican por el aumento de los ingresos íntegros, que se han elevado un 10,3%, mientras que las devoluciones lo han hecho en un 26,3% con el objetivo de insuflar liquidez al tejido económico del territorio. Hasta noviembre, la Hacienda foral ha devuelto 324,9 millones más que el año pasado, lo que se traduce en un incremento del 26,3%. Este esfuerzo se está reflejando fundamentalmente en dos impuestos: en el IVA (Hacienda ha devuelto un 24,7% y 178,2 millones más) y en el Impuesto de Sociedades (53 millones más). Desglosando las cifras por impuestos, en el ámbito del impuesto sobre la Renta, la Hacienda foral ha recaudado hasta la fecha 81,6 millones más por rendimientos de trabajo (4,8%), el verdadero termómetro del mercado laboral.

Casi la mitad de los residentes nacidos en otros países, 126.000, están asentados en Bizkaia, frente a los 83.609 de Gipuzkoa y los 45.640 de Álava. De ellos, cerca del 34%, unos 86.600, cuentan ya con la nacionalidad española, bien porque la han adquirido o porque la tenían de origen por razones familiares. La mayoría de los nacionalizados, el 67%, procede de América; un 14,4%, de África; y otro 13,6%, de Europa. Entre los 186.000 migrantes que mantienen su ciudadanía de origen, el 40,8% llegaron de países americanos, una cifra muy superior a la de la media estatal, que se sitúa en el 29,1%. Los estados de este grupo que más residentes aportan a Euskadi son Colombia, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Paraguay y Bolivia. De hecho, tres de cada diez personas de nacionalidad extranjera que residen en el País Vasco son de estos países, y la mayoría, el 60%, mujeres.  También está por encima de la tasa española (19,5%) el número de africanos, que en la comunidad autónoma suman el 27,2% de los migrantes. Más de la mitad son de Marruecos (53,3%), muy por delante de Argelia (13,3%), Senegal (10,3%) y Nigeria (9%). Estas cuatro procedencias representan el 23% del total de extranjeros y, entre ellos, predominan los hombres (61,7%). Por detrás están los europeos, con el 23,4%, frente al 43,4% en el conjunto de España. Destacan los rumanos, que suponen el 10% del total de personas de otra nacionalidad. En último lugar están los procedentes de Asia y Oceanía. Hablamos de un 8,5%, y son mayoría chinos y paquistaníes, que alcanzan el 74,5% del grupo.

El Gobierno ha autorizado ya, entre el 1 de enero de 2021 y el 8 de diciembre de 2022, el uso de 45.000 millones de los 69.500 millones de euros concedidos a España en ayudas europeas para el Plan de Recuperación. La duda de fondo sigue siendo, sin embargo, qué parte de los fondos movilizados está llegando realmente a hogares y empresas. Después de todo, buena parte de los fondos que la Administración Central da por ejecutados solamente han sido transferidos a las comunidades autónomas, que han ingresado 20.000 millones, el grueso de ellos aún pendientes de utilizar. A su vez, se ha anunciado la movilización de 30.000 millones para los grandes proyectos estratégicos de colaboración público-privada, los Perte, pero su puesta en marcha está siendo lenta. De hecho, a falta de datos oficiales, en CEOE estiman que el Estado solo ha desembolsado 1 de cada 5 euros del gasto autorizado que se anuncia. No hay certezas. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) han criticado la falta de información “sistemática e integral” sobre el grado de ejecución de los fondos europeos, lo que refleja la dificultad imperante a la hora de cifrar el grado de ejecución real de las ayudas. A falta de una cifra oficial de los desembolsos efectivamente realizados, en CEOE estiman que la cantidad apenas asciende a 9.000 millones, el 20% del total de ayudas directas autorizadas hasta hoy (y el 13% de los 69.500 millones asignados). Parte del problema de opacidad, ilustra Luis Socías, jefe de la oficina de proyectos europeos de la patronal, es la falta de desarrollo de la Plataforma Común de Fondos Europeos (Coffee). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya venía advirtiendo de que la llegada de las ayudas europeas a la economía real no comenzaría a darse hasta finales de este año. Hoy, no tiene siquiera certeza de hasta qué punto es así. “Sabemos lo que se está licitando, pero de la ejecución real no tenemos información precisa”, expone su director, Ángel de la Fuente, quien matiza que “más que la posibilidad de que se pierda dinero por no usarlo, me preocupa la calidad de los proyectos que se están sufragando”.

Las Administraciones Públicas están impulsando licitaciones por valor de 2.000 millones de euros mensuales y han convocado ya subvenciones por 28.500 millones, según el Observatorio de EsadeEcPol y EY Insights. España, sin embargo, encara el final de 2022 lejos del objetivo exigido por la Unión Europea de concluir el año habiendo comprometido jurídicamente el uso del 70% de los 69.528 millones en ayudas directas que inicialmente le fueron asignados. Un objetivo de casi 50.000 millones para el que el país afronta el reto de quintuplicar su velocidad de licitación, pues a 30 de noviembre, a solo un mes del fin del plazo, aún le restaban casi 10.000 millones por adjudicar para cumplir con la UE. “En este momento tenemos que empezar a acreditar la ejecución de las ayudas europeas y, según exige el reglamento que las regula, tendríamos que tener comprometidos a 31 de diciembre el 70% de los fondos otorgados. No tenemos certidumbre de que vayamos a ser capaces de cumplirlo”, alerta Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España y experto de la firma en las transferencias europeas ligadas al Plan de Recuperación. En concreto, el Reglamento europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que “a fin de garantizar que la ayuda financiera se concentre en los primeros años después de la crisis del Covid-19, y de garantizar la compatibilidad con la financiación disponible para el Mecanismo”, deberá lograrse que “el 70% del importe disponible para ayudas no reembolsables esté comprometido jurídicamente a más tardar el 31 de diciembre de 2022”, mientras que el 30% restante podrá comprometerse hasta el 31 de diciembre de 2023.

Los asalariados dispondrán de un máximo de nueve días pagados al año para cuidar a sus familiares más directos o a las personas con las que conviven. Tendrán cinco días libres en caso de accidente o enfermedad graves u hospitalización de sus más allegados y otras cuatro jornadas más, que se podrán usar incluso por horas, por problemas familiares de fuerza mayor, como desplazamientos a urgencias o imprevistos de salud, aunque no sean de carácter grave. Son dos de las medidas que incluye el anteproyecto de ley de familias al que ayer dio su primer visto bueno el Consejo de Ministros, pero que ahora debe sortear su paso el Congreso y el Senado. La ley crea un permiso remunerado de hasta cinco días al año para cuidar a familiares ante casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica ambulatoria que precisa de reposo del marido, hijos, padres, hermanos, nietos o de cualquier otro conviviente. Esta licencia se completa con otro permiso de hasta cuatro días anuales, que se puede coger por horas, para afrontar urgencias e imprevistos médicos de allegados aunque no sean graves. Entran en este apartado desplazamientos a urgencias, fiebre de un hijo, acompañar al médico al marido... Se mantienen los actuales dos días de permiso por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado. Todos los progenitores dispondrán de hasta ocho semanas libres para la crianza de los hijos a utilizar antes de que los niños cumplan ocho años, aunque el permiso no estará retribuido. Lo pueden coger al completo tanto un progenitor como el otro, por días o por semanas, pero nunca uno solo sumado (16 semanas).

El Gobierno acelera para aprobar antes de fin de año una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que previsiblemente estará cercana a la inflación, en torno al 8,5%, en línea con la revalorización de las pensiones, lo que en la práctica se traducirá en un incremento de la recaudación de las arcas públicas de unos 800 euros por trabajador al año, por la mayor contribución por IRPF y cotizaciones sociales a la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo está a la espera de que su Comité de Expertos –un grupo de académicos que congregó la ministra Yolanda Díaz el año pasado– haga público esta semana un informe en el que estimará hasta dónde tendría que subir el Salario Mínimo Interprofesional desde su nivel actual de 14.000 euros anuales (1.000 euros en catorce pagas) para que equivalga al 60% del salario medio, en línea con lo comprometido en el pacto de legislatura y con lo que estipula la Carta Social Europea. Una vez presentado el informe, el Ministerio se reunirá con los agentes sociales para informarles de su intención de subir el SMI e intentar aprobar la medida con acuerdo tripartito, un reto dada las posiciones enfrentadas en el diálogo social. La subida del SMI tiene efectos diferentes en empleados, empleadores y en las propias arcas públicas. Para los trabajadores que se encuentran en los deciles más bajos de renta supondrá un alivio ante el incremento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, y también podría serlo para los que ganan un poco más, ya que cualquier subida del SMI suele tener un efecto arrastre de los salarios hacia arriba. Para las empresas, el incremento del SMI supone un encarecimiento de los costes laborales, tanto por los sueldos más altos como porque crecerán en la misma proporción las cotizaciones sociales que pagan a la Seguridad Social por esos empleados. Además, las compañías, que afrontan un escenario de incremento de costes por la inflación, asumirán en 2023 un aumento de los tipos de cotización.

El Senado debate este miércoles el impuestazo a bancas y energéticas. Como ya ocurrió en el Congreso, el PNV ha vuelto a convertirse en el principal valedor de los intereses de las grandes energéticas contra la nueva tasa y, esta vez, ha lanzado un guiño a Repsol con un paquete de enmiendas que, de tenerse en cuenta, eximirían a la primera petrolera española del golpe fiscal. En los documentos planteados por la formación vasca, a los que ha tenido acceso El Mundo, se propone que el pago que deberán asumir las energéticas sea el resultado de aplicar una tasa del 33% sobre la diferencia entre los beneficios atesorados en el primer periodo impositivo, correspondientes al ejercicio fiscal iniciado a partir del 1 de enero de 2022, y el resultado de multiplicar por 1,2 la media de las ganancias obtenidas en los cuatro años anteriores. En el caso de Repsol, la media es negativa, dado que la compañía aún no ha logrado compensar las pérdidas de más de 7.000 millones de euros acumuladas durante la pandemia. Esto, tal y como plantea el ajuste el PNV, supone que la petrolera que dirige Josu Jon Imaz saldría indemne del mordisco fiscal. Fuentes del sector confían en que los grupos parlamentarios afines a su causa, entre los que se encuentran también Ciudadanos o el BNG, lograrán introducir a última hora en el Senado alguna de las enmiendas planteadas en esta segunda fase. Entienden que la Cámara Alta es «un entorno más favorable para que el PSOE haga la vista gorda», lejos del ruido mediático que generan los debates en el Congreso.

A pesar de la tregua que estos días de lluvia y viento están dando a los precios de la electricidad, el próximo año se avecina con unos costes energéticos que seguirán siendo elevados y llenos de sobresaltos. Esa es la previsión del mercado y por la que el Gobierno ha propuesto una rebaja del 9,2% en la parte fija del recibo que se refiere a los cargos. Esto es, una de las cuantías que se abonan en función de la potencia contratada (haya o no haya consumo) y de la electricidad gastada durante un mes. Esta reducción de los cargos, que supondrá unos 6,5 euros al año, se aplica sobre la última rebaja aprobada por el Gobierno a mediados de este año, y que suponía ya un descenso del 56% de ese importe con respecto a lo que los consumidores pagaban en 2021. De hecho, el Ejecutivo ha utilizado esta medida como una de las herramientas para contener la subida de la luz, con un recorte que superó el 90% tras el verano del año pasado, cuando los precios comenzaron a desbordarse.

El tope a los precios del gas sigue sin salir adelante. Las propuestas que se pusieron ayer sobre la mesa en el segundo intento de alcanzar un acuerdo, tampoco han llegado a buen puerto. Las prioridades de unos y otros han llevado al Consejo de Energía de la UE a un nuevo fracaso. Unos, España entre ellos, quieren poner coto a los precios disparados de este combustible; otros, liderados por Alemania y Holanda, “sienten una gran preocupación por lo que esto pueda representar de cara al suministro”, reconoció la vicepresidenta tercera española y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a salida de la reunión. El lunes, los responsables de esta cartera volverán a intentarlo de nuevo. Es posible que entonces cuenten con alguna indicación de los líderes de la Unión Europea, que se ven mañana en el Consejo Europeo, si bien Ribera señaló que “en principio no estaba previsto”, aunque tampoco lo ha descartado. La española cree que dentro de seis días podrá llegarse a un acuerdo con el mecanismo corrector para el límite del gas y, de esta forma, se desbloquearán los otros dos reglamentos que esperan que resuelva este asunto para ver la luz verde: el que articula las compras conjuntas y voluntarias por parte de los Estados miembros y el que agiliza los permisos para la instalación de energías renovables. Las nueve horas de reuniones formales e informales de ayer no sirvieron para llegar a un punto de encuentro. Aunque a la salida, todas las partes apuntaban que durante la jornada hubo avances.

Los grandes países petroleros siguen cerrando el grifo con cierto retraso después del acuerdo al que llegaron el pasado mes de octubre y tensan la cotización del crudo, a pesar del lastre que suponen la moderación de la demanda global y el tope a los precios del petróleo ruso. Por ello, el barril de Brent, de referencia en Europa, que acumulaba un descenso del 15% desde principios de mes, se dio la vuelta en la sesión de ayer, escalando un 3,9%, hasta superar los 81 dólares. Con todo, el petróleo encadena un descenso del 36% en los últimos seis meses y ya se sitúa considerablemente por debajo de las cifras previas a la guerra en Ucrania, si bien esta rebaja apenas se ha trasladado a los precios de los carburantes. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) certificó ayer un ajuste de la producción de crudo de sus miembros de 744.000 barriles de crudo al día en noviembre con respecto al mes anterior, una cifra que, junto con el ajuste de octubre de otros 126.000 barriles diarios conforma casi la mitad del recorte pactado por el cártel dos meses atrás. Además, a esto hay que sumar el hecho de que muchos países ya estaban bombeando petróleo por debajo de las cuotas pactadas y Rusia y otros países que suscribieron el acuerdo no forman parte de la OPEP. Con todo ello, el ajuste de los grandes países petroleros casi duplica lo pactado. Con todo, hay que tener en cuenta que este ajuste es muy desigual, ya que los países del golfo Pérsico son los que han acometido la mayor parte del esfuerzo. 

El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y que pasará ahora a ser tramitado en el Parlamento, incluye una modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer “el deber de negociar” en los convenios colectivos medidas para promover la elaboración de planes de transporte sostenible de los empleados al trabajo. Además, dará año y medio para que las empresas con centros de trabajo con más de 500 trabajadores dispongan obligatoriamente de este tipo de planes en dichos centros. Concretamente, la disposición final tercera de este anteproyecto de ley recoge una nueva redacción del apartado uno del artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el contenido de los convenios colectivos, para añadir que en la negociación de estos acuerdos existirá “el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo con el alcance y contenido previstos en el artículo 27 de la Ley de Movilidad Sostenible, orientados a buscar soluciones de movilidad que contemplen el impulso del transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, la movilidad activa y la movilidad compartida o colaborativa, de cara a conseguir los objetivos de calidad del aire y reducción de emisiones, así como a evitar la congestión y prevenir los accidentes en los desplazamientos al trabajo”.

Inversores, instituciones, activistas y expertos exigen la aplicación generalizada de mediciones basadas en la ciencia y probadas sobre emisiones y advierten de que su falta facilita nuevas prácticas de ‘greenwashing’. “Si para obtener una calificación en sostenibilidad de un edificio de oficinas se limita el número de vehículos, la solución es dividir el párking en dos con un tabique, que después desaparecerá hasta la próxima inspección”, confiesa un gestor inmobiliario. En su día hubo escándalos que entraban de lleno en la categoría de greenwashing (lavado verde). Hoy, con profusión de normas y mediciones ESG –medio ambiente, social y gobernanza–, cada vez más voces reclaman mayor transparencia para delimitar lo que es verde o sólo lo parece. Han surgido regulaciones, como el SFDR. Pero, como dice Ophélie Mortier, directora de Inversión Sostenible de DPAM, dicho reglamento “no impone un porcentaje mínimo a los objetivos de sostenibilidad. Así, los primeros estudios ponen de relieve que los objetivos de sostenibilidad de los productos de una misma categoría pueden oscilar entre el 5% y el 80%”. Y es sólo un ejemplo. Por eso, Europa acaba de aprobar nuevas reglas para multinacionales y endurecer las inversiones bajo el artículo 9: “Estarán sujetas a auditorías independientes y procesos de certificación. La información financiera y de sostenibilidad se colocan en pie de igualdad y los inversores contarán con datos comparables y fiables”.

La inflación da un respiro a la economía y a los mercados estadounidenses con su tasa más baja en lo que va de año. El Índice de Precio al Consumo (IPC) subió el mes pasado un 7,1% respecto a las cifras de hace un año, retrocediendo a los niveles de diciembre de 2021, según las estadísticas publicadas ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El dato supone un descenso de seis décimas respecto a la tasa registrada en octubre, una caída que no se veía desde julio de este año, tras el récord que la inflación alcanzó en junio, al escalar hasta el 9,1%. Aun así, el año cerrará con un incremento de los precios que no se veía en el país desde hace cuarenta años. Aun así, el dato más importante, y que ha disparado el optimismo en Wall Street, es la confirmación de que la inflación subyacente da signos de moderación. Si se excluyen de los cálculos las variables más volátiles, como la energía o los alimentos, los precios en noviembre subieron un 6% respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un recorte de tres décimas frente a las estadísticas de octubre. Se trataría del segundo mes consecutivo en el que este indicador da muestras de moderación, tras la subida histórica de septiembre, cuando se disparó hasta el 6,6%, el mayor incremento desde agosto de 1982. En cuanto a las previsiones para el próximo ejercicio, “esperamos que la inflación subyacente se sitúe en el 3,3% interanual en 2023, frente al 3,7% anterior”, tal y como explica Tiffany Wilding, economista para América del Norte de Pimco.