20221215

Golpe en la mesa de las patronales CEOE y Cepyme por la enmienda pactada por el Gobierno con EH Bildu para reforzar el control de la Inspección de Trabajo sobre los despidos colectivos (ERE), al requerir de forma preceptiva un informe sobre si las causas están justificadas. Las organizaciones empresariales anunciaron ayer, en un duro comunicado, que rompen la interlocución con el Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, al tachar la modificación legislativa de «traición» al consenso alcanzado en la negociación de la reforma laboral aprobada hace un año. Recuerdan que en esa mesa se decidió aparcar la reclamación sindical de recuperar el control administrativo sobre estos expedientes, eliminado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la reforma de 2012. «En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial», denuncian en la nota de CEOE y Cepyme. Las dos organizaciones advierten de que, a consecuencia de esta decisión, ya no se van a sentar a negociar con la vicepresidenta Yolanda Díaz. «A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe». La enmienda transaccional introducida por EH Bildu con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos ha sido incluida en la Ley de Empleo, que se tramita en el Congreso y que, previsiblemente, se votará la semana que viene. Ver nota CEOE. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió ayer a las críticas de la CEOE y Cepyme y defendió que ese mayor control otorgado a la Inspección para evaluar las causas de los ERE «nunca se trató en la reforma laboral». Recordó, además, que ya se recogió en el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para 2021-2023. «La patronal española, igual que los sindicatos, conoce desde hace un año, que en noviembre de 2021, en el Plan Estratégico de la Inspección, se aprobó esta medida. Por tanto, no tiene nada que decir», señaló Díaz a los medios a su llegada a la presentación de un libro del Papa Francisco, en la iglesia de San Antón, en Madrid. La también ministra de Trabajo no se quedó ahí sino que preguntó a la CEOE «cuál es el problema» con dejar actuar a la Inspección de Trabajo en estos asuntos. «Entiendo que la patronal está de acuerdo en la defensa de la legalidad y, si todo está bien, no tendrá ningún obstáculo en que la Inspección investigue las causas que motivan un despido colectivo», indicó. Respecto a la ruptura del diálogo con la inminente negociación de la subida del SMI, Díaz manifestó su confianza en que los agentes sociales «cumplan con su papel y sigan trabajando por su país». En este sentido, la vicepresidenta segunda informó de que «próximamente» se conocerá el informe del grupo de expertos con la recomendación de cuánto debe subir el SMI y que luego se convocará a la mesa de diálogo para fijar el incremento.

El presidente de los Graduados Sociales de Gipuzkoa, Iñigo de la Peña, considera «una buena noticia que la Inspección de Trabajo evalúe si un ERE se ajusta a la causa alegada», ya que indica que «todo lo que aporte seguridad jurídica es bueno». A pesar de que este informe no será vinculante, explica que tendrá un peso de cara a la decisión final que, en caso de desacuerdo, re- caerá en los tri- bunales, ya que no se recupera la autorización administrativa que había antes de la reforma laboral de 2012 que derogó el Gobierno de Rajoy. De la Peña apunta que «es bueno que el trabajador vea con el informe de la Inspección de Trabajo que las causas que alega la empresa son suficientes o reales y que no sean estas las que aprueben el ERE de forma unilateral y haya que esperar a los tribunales en caso de recurso judicial». Eso sí, señala que no sabe si realmente tendrá un efecto disuasorio de cara a la judicialización de los procesos. Y añade que recuperar la autorización administrativa sí permitiría aliviar a los juzgados de toda esa carga. Además, añade que en ese caso siempre cabe la tutela judicial efectiva. El presidente de los Graduados Sociales de Gipuzkoa recuerda que durante la pandemia los ERTE de fuerza mayor sí requerían un informe de la Inspección de Trabajo, que era informativo y no vinculante para la autoridad laboral, pero que tenía su peso.

La moderación de la subida del IPC en noviembre al 6,8% en el conjunto de España y al 6,5% en Euskadi (cuatro décimas menos que en octubre) parece a primera vista una buena noticia para las familias. Una desaceleración que, a priori, debería servir de algo de respiro a los hogares. Pero el detalle de la evolución de esos precios aleja cualquier síntoma de abaratamiento en lo que respecta a la cesta de la compra, ya que la alimentación se dispara al 15,2%. Los productos más básicos, lejos de bajar su coste para las familias, han aumentado sus precios en el último mes en comparación con el mismo periodo de 2021. Leche, huevos, aceite, pan o azúcar, alimentos esenciales en una cesta de la compra, no han frenado sus precios de un mes para otro. Al revés, en Euskadi dichos productos han incrementado su coste, ahogando un poco más a las familias, que deberán seguir buscando la mejor oferta o reduciendo el consumo de los mismos. Comparado con el mes anterior, el producto que más eleva su precio es la leche, que en octubre marcaba un incremento interanual del 23,6% y ahora en noviembre ha llegado hasta el 31,9%. El precio de los aceites también ha aumentado casi cuatro puntos, hasta el 33%. Los huevos escalan hasta el 29,4% de aumento del precio interanual y el azúcar sigue su subida impresionante con un incremento del precio del 74,2%. Otros productos habituales en la cesta de la compra también siguen costando bastante más que el pasado año. Las patatas han redondeado al alza su incremento del precio y ya cuestan un 21,3% más que hace un año. El pan, también repunta hasta 16,7%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Unidas Podemos no cejan en su empeño de intervenir de un modo u otro en el sector de la distribución para que frene la subida del precio de los alimentos, que en noviembre se disparó otro 15,3% en tasa anual, y facilite una cesta de la compra asequible a las familias españolas. En las negociaciones abiertas entre el PSOE y la formación morada para hacer frente al impacto de la inflación en los precios de los alimentos se encuentra restringir, o directamente prohibir, el reparto de dividendos a aquellas cadenas de distribución que no ofrezcan una cesta de la compra asequible y “con productos de calidad”. Así figura en el “documento con muchas medidas” que Podemos ha planteado al PSOE para negociar con las cadenas de distribución, aseguró ayer Yolanda Díaz, quien dejó claro que entre ellas está que “aquellas (empresas) que no acuerden, por ejemplo, pues que no puedan repartir, por dar alguna idea, dividendos, igual que hicimos en otros momentos de la crisis”. Unidas Podemos ya anticipó el lunes otra de las medidas que ha puesto sobre la mesa en las conversaciones con sus socios socialistas: un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de los supermercados, gravamen que, según la formación populista, buscaría un efecto “disuasorio” en el alza de los precios. Junto al impuesto a los súper, Podemos planteó incluir en el paquete contra la inflación un cheque para ayudar a los hogares más vulnerables con entre 200 y 500 euros.

La primera reunión del Metal de Bizkaia tras los cinco días de huelga de finales de noviembre se saldó sin avances. Los sindicatos se quejaron de que la patronal no ha mejorado su última oferta, presentada el 25 de noviembre, justo antes de la ronda de paros. La FVEM, por su parte, insistió en que en esta propuesta llegó al límite de lo que puede ofrecer tras introducir múltiples mejoras, y recordó que supera las condiciones del convenio del Metal de Álava, respaldado por CC OO, LAB y UGT, que negocian de forma conjunta en Bizkaia. ELA, que va por separado, volvió a abogar por una huelga indefinida. La última oferta de la patronal consiste en una subida salarial del 14% en el periodo de 2022-2025, con revisión en función de la inflación al final del periodo, sin límites. Pero los sindicatos la tachan de insuficiente. Las centrales consideran que el alto seguimiento de la huelga, cifrada en un 85%, avala sus exigencias. «A pesar de las grandes movilizaciones la patronal ha venido con las manos vacías», señalaron CC OO, LAB y UGT. Este bloque se comprometió a llevar una nueva propuesta en la próxima reunión, fijada para el próximo día 21. Por su parte, ELA insistió en su apuesta por pasar a una huelga indefinida. La patronal FVEM, que rebajó el seguimiento de los paros al 18%, criticó que «los sindicatos continúan sin hacer modificaciones relevantes» mientras que, por su parte, las mejoras han sido continuas. Aseguró que «las empresas ya están al límite de lo que pueden ofrecer» y por ello, añadió, «FVEM pasa a una situación de escucha, habiendo hecho todo lo que está en su mano para alcanzar un acuerdo». Ver nota FVEM. 

El final de una etapa y el comienzo de otra. Las dos tendencias confluyeron ayer con los mensajes que trascendían en la que fue la última jornada laboral de este 2022 en la factoría de Mercedes-Vitoria, que no retomará la actividad hasta el próximo 2 de enero. El todavía director general difundía por la mañana entre la plantilla una carta de despedida en la que garantizaba que «como mínimo hasta 2035» no faltará trabajo gracias a la producción del nuevo modelo completamente eléctrico. Comenzará a fabricarse sobre la plataforma VAN.EA a mediados de 2025. Su sucesor en el cargo, el alemán Bernd Krottmayer, tendía la mano a los trabajadores en su primera reunión con el comité de empresa. El nuevo CEO –aunque formalmente asumirá el cargo el próximo 1 de abril– no cuantificó la inversión definitiva que se realizará en el nuevo proyecto, el porcentaje de unidades asignadas a Vitoria –compartirá la VAN.EA con dos plantas de Alemania y una polaca que tendrá que construirse– o la posible contratación de más trabajadores, como se le solicitó desde la mayoría sindical, que integran ELA, LAB y ESK. Se trató, en definitiva, de una primera toma de contacto definida como «cordial» en la que Krottmayer escuchó las demandas de la parte social y trasladó «disposición a llegar a acuerdos».

Quince empresas de Gipuzkoa han ingresado en la selecta lista de las 500 pymes que más y mejor crecen en el Estado. Un ranking elaborado por la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, que persigue dar visibilidad y proyección a las quinientas compañías que lideran el crecimiento empresarial del país y que, en su edición de 2022, tiene más presencia guipuzcoana que nunca. Desde 2017, Cepyme elabora una lista que identifica a las 500 firmas que son modelo de crecimiento empresarial, no solo por sus buenos resultados económicos sino también por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y por su proyección internacional. Así, además de la evolución de sus cuentas, Cepyme mide otras variables financieras e indicadores de innovación y comercio exterior de las candidatas. Entre los criterios de selección se tiene en cuenta que sean sociedades anónimas y limitadas, con una antigüedad mínima de cuatro años y se excluyen compañía con actividades financieras o de holdings y filiales de la administración. Además, la cifra de ventas de la que partían en 2018 tiene que situarse entre 10 y 200 millones de euros y deben registrar una tasa de crecimiento anual compuesto superior al 15% en los tres últimos ejercicios. En esta edición 2022, el último ejercicio valorado es el correspondiente a 2020.

José Ignacio Hormaeche Director general del Clúster de la Energía Imparte hoy una conferencia en Vitoria en la que defenderá las «grandes oportunidades» que tiene la industria vasca ante el reto de la descarbonización. "Con la referencia de esos objetivos de descarbonización vamos por detrás. No se está avanzando a la suficiente velocidad en el desarrollo de la energía renovable, por ejemplo, con la capacidad y el número de instalaciones suficientes como para ir abordando esos objetivos.– En estos momentos hay una decena de parques eólicos y al menos dos fotovoltaicos en fase de tramitación en Euskadi, seis en Álava. Parece que se pisa el acelerador tras años de rechazo a las instalaciones eólicas.– En Euskadi, como en otros lugares del mundo, hay sus dificultades y también necesidad de hacer pedagogía social. Hoy es la mejor solución que tenemos para combatir el cambio climático.– Esta semana se cumple una década sin Garoña, pero en plena crisis energética se ha reavivado el debate sobre la conveniencia de seguir apoyándonos en la energía nuclear.– Yo sobre ese tema lo que le digo es que a nivel estatal está claro que no habrá nuevas inversiones, aunque otros países sí se lo plantean. En Euskadi no es una oferta energética, aunque haya empresas dedicadas a ese sector, ni desde luego forma parte de la estrategia industrial..."

ArcelorMittal irrumpe en la puja por las renovables de Iberdrola. El gigante acerero ha presentado una oferta en alianza con el fondo Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) para disputar la macrocartera de renovables de Iberdrola en España, valorada en 1.200 millones de euros, según indican fuentes financieras. La decisión de quién es el elegido por la eléctrica se espera para la semana que viene. La puja por la macrocartera de renovables de Iberdrola, el llamado Proyecto Romeo, afronta su fase final. La eléctrica espera esta misma semana las ofertas finales por el 49% de esta cartera, formada por 150 MW de eólica y otros 1.100 MW en fotovoltaica. Barclays es el banco a quien Iberdrola ha encargado pilotar la subasta Para ello, la compañía cuenta con tres ofertas finalistas. Una de ellas es la presentada por el fondo soberano noruego Norges, que con esta operación realizaría su primera transacción con renovables en España. Hasta ahora ha apostado por el mercado nacional con la toma de participaciones en empresas cotizadas. El otro contendiente también es una rara avis en la energía en España. Se trata del gigante acerero ArcelorMittal, que ha presentado una oferta en alianza con el fondo de infraestructuras danés CIP. Este vehículo ha puesto recientemente la proa hacia el mercado español, particularmente hacia el biogás, con un fondo de 1.000 millones y con el que ha invertido en dos plantas en Lleida.

Primero lo dijo la Comisión Europea y ahora lo ha ratificado el Tribunal de Luxemburgo. El Puerto de Bilbao está obligado a pagar en su totalidad el Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios de su actividad mercantil, al haberse declarado ilegal la exención que le había aplicado la normativa foral vizcaína. El Tribunal General de la UE –que ha rechazado un recurso de la institución portuaria vizcaína– estima que ese ‘gratis total’ en materia tributaria permite al Puerto de Bilbao situarse en una posición de ventaja y con ello distorsiona la competencia con otros puertos que pueden estar próximos y ofrecer un servicios logístico homologable. El asunto viene de muy lejos. El conflicto nació en 2013, previsiblemente por una denuncia secreta ante la Comisión de algunos puertos europeos que tienen una gestión privada en régimen de concesión, al considerar que en España se ejercía una competencia ilegal y que las especiales condiciones tributarias suponían en la práctica una ayuda de Estado. Los puertos que dependen del Estado tenían entonces una exención parcial del Impuesto de Sociedades, pero la Hacienda foral de Bizkaia, utilizando su capacidad normativa en este tributo directo, eximía por completo al Puerto de Bilbao de esta obligación. En 2019 la Comisión resolvió el expediente y determinó que esa exención del impuesto que grava los beneficios no se ajustaba a las normas comunitarias sobre la competencia. En su resolución, el Tribunal de Luxemburgo reitera las mismas consideraciones, para matizar que «la exención fiscal confiere una ventaja a las autoridades portuarias frente a sus competidores, en la medida en que pueden mejorar su posición competitiva en esos diferentes mercados.

La recaudación acumulada hasta el mes de noviembre por impuestos en Bizkaia asciende a 8.517,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En la práctica, estos ingresos de once meses han alcanzado una cifra ligeramente superior a la recaudación estimada para todo el año. Con ello está garantizado que a finales de diciembre se habrá batido un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos por parte de la Hacienda foral vizcaína. Según informó ayer la Diputación de Bizkaia, en la recaudación obtenida hasta noviembre los impuestos directos suman 4.334,3 millones de euros, con un crecimiento del 11,7% respecto al año anterior. Por IRPF se han ingresado 3.215,9 millones, lo que supone un aumento del 7,8%. Las retenciones de trabajo, que reflejan el alza salarial y también el aumento del empleo, han ascendido a 2.921,7 millones de euros, con un alza del 6,3%. Además, los pagos fraccionados de actividades profesionales, empresariales y artísticas crecen un 8,6% y las retenciones de capital mobiliario, un 5,7%. En el Impuesto sobre Sociedades se han recaudado 875,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 29,8%.

La Administración vasca mantiene una buena nota ligada a su deuda pública, ya que según los últimos datos del Banco de España, a cierre del tercer trimestre, se mantenía como la cuarta comunidad autónoma menos endeudada de España. Los datos recogen una reducción tanto en términos absolutos como relativos. Así, y comparado con la situación que la Administración vasca tenía finales de septiembre de 2021, la deuda total se ha reducido en 273 millones de euros para situarse en 11.265. El buen comportamiento de los ingresos fiscales en Euskadi tiene gran parte de la responsabilidad en esta moderación del endeudamiento, ya que hasta finales de octubre habían crecido un 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un tirón de los ingresos que ha reportado ya a las diputaciones y también al Gobierno vasco un aumento de los ingresos de casi 2.000 millones de euros sobre los que se contabilizaron en los diez primeros meses del pasado año. Menos deuda y más PIB. La Administración vasca ha reducido sus deudas en el último año pero también ha rebajado el peso que supone en relación a su PIB –la creación de riqueza de Euskadi–, para situar ese ratio en el 14,6%. Una tasa que supone una rebaja de casi dos puntos en relación a la que mantenía hace un año. Pese a ello, las comunidades de Canarias, Madrid y Navarra, por ese orden, se consolidan como menos endeudadas que Euskadi en términos relativos. En la rebaja de ese ratio también ha contribuido el aumento del PIB, al menos en los nueve primeros meses del año.

En el extremo contrario, entre las comunidades más endeudadas, la estadística del Banco de España sitúa a Valencia con el 44,5% de deuda sobre su PIB, seguida de Cataluña, que registra un 34,6%.

El mercado inmobiliario en Euskadi muestra ya «signos de ralentización», pero los precios siguen por las nubes. De hecho, se mantienen prácticamente en máximos desde 2012. Así lo corrobora el Observatorio Vasco de la Vivienda en su último informe. Aunque utiliza datos del año pasado y principios del actual que han variado ligeramente, confirma que el coste del metro cuadrado de la obra nueva en la comunidad autónoma es el segundo más caro de España: 3.069 euros, prácticamente mil más que la media a nivel nacional. De hecho, el estudio refleja que, a finales del año pasado, el País Vasco tenía realmente el precio más elevado de España. En los últimos seis meses, sin embargo, Baleares le ha superado por 20 euros, consecuencia de que el mercado vasco de la obra se ha abaratado en este tiempo un «1,6%». El que no muestra signos de retraerse es el coste de la vivienda de segunda mano. Un valor que sigue al alza, impulsado precisamente por la baja construcción de nuevos inmuebles en una época de mucha demanda. A finales del año pasado, el metro cuadrado se cotizaba a 2.788 euros, el mayor precio en, al menos, diez años. Esta carestía se acentúa especialmente en las capitales, con una mención especial a Bilbao. Sobre todo porque, si bien su precio (2.820 euros el metro) es claramente inferior al de San Sebastián (4.817), su comportamiento es muy distinto. La urbe guipuzcoana se ha devaluado un 2,6% en el último ejercicio, mientras que la vizcaína se ha revalorizado un 10,2%. El informe de síntesis elaborado por el Observatorio concluye que, a pesar de la crisis, el sector mantiene un buen comportamiento e incluso «crece con fuerza».

La rehabilitación sostenible es una de las palancas del Plan de Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno central para modernizar un parque residencial que concentra el 40% del consumo total de la energía en las ciudades y genera un 35% de los gases de efecto invernadero. En Euskadi hay mucho trabajo por hacer, ya que es una de las comunidades con los edificios más antiguos del sur de Europa. Solo en Bizkaia, 38.000 viviendas precisan de reformas energéticas. 69.000 en el conjunto del territorio vasco. Para llevar a cabo este ingente trabajo, las comunidades de propietarios tendrán numerosas ayudas públicas a su alcance, pero se hace necesaria la creación de entidades capaces de gestionar la lluvia de proyectos que ya se están presentando. Con este objetivo nace Mugabi, la primera gran compañía vasca dedicada en exclusiva a las reformas energéticas y de mejora de la accesibilidad de inmuebles y viviendas. Mugabi está integrada por cuatro grandes empresas: Viuda de Sainz, Edinor (filial de Petronor), GNE Finance (participada por Fundación Repsol) y el Grupo Kursaal. Según explica su director de proyectos, Aznar Sánchez, su labor es «integral», porque «coordina» todas las fases de contratar una reforma y la gestión de las ayudas públicas. Además, en su opinión, reducirá los plazos «a una media de 10 meses desde que se presenta el primer proyecto hasta que arrancan las obras, la mitad que ahora».

El sector de la logística y transporte generará 29.531 oportunidades de empleo en los próximos diez años en Euskadi, de los que prácticamente la mitad serán por reemplazo generacional y otro tanto por las nuevas necesidades que se están creando, según el observatorio Futurelan de Lanbide. Para poder responder a toda esa demanda el Departamento de Trabajo y Empleo ha puesto en marcha un plan de formación que arrancará en Álava, con 600 personas y que se extenderá el próximo año a Gipuzkoa y Bizkaia.

El conflicto en la enseñanza pública vasca por el anteproyecto de la ley educativa vivió ayer la segunda jornada de huelga en apenas dos semanas y en muchos centros, de nuevo, no se pudo dar clase con normalidad. Los números que ofrecieron sindicatos y Educación volvieron a ser muy dispares. El Departamento calculó en un 32,7% el seguimiento, frente al 60% de las centrales convocantes, ELA, STEILAS y LAB, que amenazaron con más movilizaciones si el borrador de la reforma no atiende sus peticiones. El área que dirige Jokin Bildarratz constató una menor participación en comparación con el paro del pasado 30 de noviembre. Entonces, la incidencia se situó en el 33,1%. El servicio de Inspección recibe los formularios de cada centro, que indican con exactitud el número de docentes que no acudieron a trabajar y que, por tanto, verán una reducción de sueldo en su nómina. El porcentaje aportado por los sindicatos incluye a todos los trabajadores vinculados a las escuelas: personal de apoyo educativo y de los servicios de limpieza y cocina. Además de criticar el «sistema público-privado actual» e insistir en que el borrador de la ley educativa no es «continuista y no favorece al sector público», las centrales también se hicieron eco de los elevados datos de interinidad revelados por el Consejo Escolar de Euskadi. En el curso 2019-2020, alcanzó un 45%. Se trata de cifras que preocupan, a pesar de las OPE que están en marcha y con las que se prevé reducir al 8% el número de interinos. «La temporalidad existente es un problema estructural muy grave que no ha venido con la pandemia, sino que se ha visto agravado», afirmó la portavoz de Educación en ELA, Miren Zubizarreta.

Vicente Atxa ha sido reelegido por unanimidad como rector de Mondragon Unibertsitatea (MU) por otros cuatro años por el Consejo Rector de la entidad. Atxa ostenta el cargo desde 2015 años y con este será su tercer mandato al frente de MU. El proceso de elección ha contado con la participación de los presidentes y representantes de las juntas rectoras de las diferentes facultades y de las empresas e instituciones con presencia en MU. Antes de ser nombrado rector de MU, Atxa fue director de la Escuela Politécnica Superior durante ocho años, y miembro del Consejo de dirección de la Universidad. Durante este año MU ha celebrado sus bodas de plata y Atxa es un firme convencido de que se mantiene fiel a su objetivo marcado en sus inicios: «transformar la sociedad». La universidad cooperativa privada vasca tiene 6.700 estudiantes matriculados en 18 grados y 19 másteres que ofrece Mondragon Unibertsitatea –una parte importante de ellos duales– en todos sus campus de Euskadi. Las matriculaciones de estudiantes de grado este curso se incrementaron en un 9% con respecto al curso 2021-22. Vicente Atxa defiende el valor de una formación «eminentemente práctica» y con un papel fundamental de la «investigación» y la innovación, aspectos que destacó en el acto oficial del inicio de este curso.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que preside Ana Botín y de la que Solé es vicepresidente, publicó ayer un informe en el que, entre los principales problemas del sistema universitario español, destaca el elevado paro entre la población cualificada. España es el segundo país de la UE, por detrás de Grecia, con mayor porcentaje de graduados universitarios en situación de desempleo (un 8,6% está sin trabajo, algo más del doble de la media comunitaria, que es el 4,2%). El informe denuncia el «desajuste entre los puestos de trabajo y la cantidad de graduados que el sistema ofrece» porque hay muchos universitarios desempleados a pesar de que quedan sin cubrir plazas en carreras con empleo. ¿Por qué? Para empezar, España tiene muchos graduados superiores en comparación con la media europea (un 40,7%, frente al 33,4%) y el mercado no puede absorberlos a todos. También hay mucha población con estudios mínimos (36% frente al 20,6% de la UE). Por contra, nuestros vecinos europeos fomentan más los estudios de grado medio como el Bachillerato y la FP (un 46% frente al 23% en España), para los que hay más salidas laborales. «La realidad es que en España cada vez hay más graduados superiores. La universidad española tiene un gran potencial en la formación de talento, pero su capacidad debería alinearse con las necesidades del sector productivo actual. De no actuar así, en el proceso de inserción laboral de los graduados se producen una serie de desajustes que dificultan su incorporación al mercado», avisa el trabajo, que insta a potenciar los estudios de nivel medio, especialmente la FP y la FP Dual, y a «no perder de vista aquellas áreas de conocimiento que garantizan mejores niveles de inserción laboral». Porque se está produciendo «otro desajuste» entre los estudios que eligen los jóvenes españoles y las titulaciones ofertadas por las instituciones. Cada año el 10% de las plazas de los grados de las universidades públicas se queda sin cubrir. En el caso de carreras con salidas laborales, como la ingeniería, el porcentaje de plazas vacías sube hasta el 15%.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha puesto su foco en la política comercial de precios y descuentos de las grandes petroleras que operan en España en los meses en los que el Gobierno lleva bonificando con 20 céntimos de euro por litro el repostaje de combustible: Repsol, Cepsa y BP están siendo objeto de una investigación por parte de ese organismo ante la supuesta posibilidad de que hayan abusado de su posición de dominio en el mercado de carburantes durante los últimos meses. Esas supuestas prácticas anticompetitivas habrían consistido en forzar la rebaja de precios con sus descuentos y promociones adicionales a la ayuda que marca la ley. Se trataría, según los denunciantes, de rebajas agresivas y demasiado elevadas, que habrían provocado una distorsión completa del mercado en las estaciones de servicio. La investigación se ha centrado sobre diversos «operadores activos en el sector energético español» por posibles prácticas anticompetitivas, según indicaba ayer Competencia en una vaga nota informativa. Fuentes del sector confirman que han sido las tres grandes petroleras las vigiladas. Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de este año, el organismo presidido por Cani Fernández llevó a cabo inspecciones en la sede de varias compañías energéticas en el marco de una información reservada abierta tras la presentación de varias denuncias por parte de pequeños empresarios del sector. Los denunciantes habrían reclamado la intervención de la CNMC al verse reducido su margen de actuación en la implantación de descuentos anexos a la bonificación estatal. De hecho, Repsol, Cepsa y BP aplicaban importantes rebajas adicionales al precio del combustible incluso antes de que el Gobierno pusiera en marcha su bonificación. Esa política comercial les habría hecho ganar más cuota de mercado frente a las pequeñas instalaciones, hecho por el que Competencia ha iniciado la investigación.

Entrevista con Pepe Álvarez, secretario general de UGT. "La Ley de Empleo no ha sido concertada con las asociaciones sindicales. Así que no tanto por el fondo, porque no nos parece mal que se refuerce a la Inspección sino todo lo contrario, pero por la forma sí entiendo que la CEOE esté enfadada porque creo que este tema habría que abordarlo en una mesa de diálogo social y no en una enmienda pactada a conveniencia...P.– Desde la última reunión del lunes para la reforma de pensiones, ¿han recibido alguna nueva propuesta del Ministerio?R.– No, ninguna. Creo que en este momento hay dos puntos que están en la mesa e imposibilitan el acuerdo con los sindicatos. Uno, que el Gobierno quiere ampliar el periodo de cómputo a 28 años y, dos, que nosotros estamos pidiendo que se corrijan algunos desequilibrios. Por ejemplo, que somos el único país europeo que no premia las carreras laborales largas, cuando sí penaliza las carreras cortas. Otro desequilibrio aún más injusto es que aunque cumplas con los años cotizados, si en los últimos 8 años antes de jubilarte tienes 2 años sin cotizar no tienes derecho a pensión. El Gobierno está estudiándolo y viendo qué coste tendría. Si se solventan estas cuestiones podríamos llegar a un acuerdo. Las bases máximas hay que subirlas y la CEOE lo sabe. En España un destope de las cotizaciones situaría a las empresas en una situación compleja, por lo que creo que la propuesta actual de subirlas un 30% es moderada, gradual en el tiempo y las empresas pueden asumirla..."

“Hace que parezca fácil”, titulaba ayer Jefferies un informe sobre Inditex, tras conocerse sus resultados del tercer trimestre del año. El grupo textil ha vuelto a desafiar la desaceleración con unas ventas netas de 8.210 millones de euros, un 11% más, entre agosto y octubre, lo que supone la mayor facturación lograda por la empresa en un trimestre y bate las previsiones de los analistas. La positiva evolución sitúa las ventas netas del grupo en 23.055 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, un 19% más y 3.000 millones por encima del anterior récord. Inditex se coloca así en línea para sobrepasar, por primera vez en su historia, los 30.000 millones de facturación en un año. “El tráfico y las ventas en tienda han crecido de manera destacada. La diferenciación de los establecimientos ha sido clave”, explicó ayer la compañía, que cerró octubre con 6.307 tiendas en el mundo, 350 menos que un año antes. Además, sin dar datos, avanzó que la venta online está “por encima del récord alcanzado en los nueve primeros meses de 2021”, año en el que su negocio digital aportó 7.500 millones de euros. Inditex asegura que está creciendo en todas sus geografías. Pero además lo está haciendo por encima de sus rivales, es decir, ganando cuota de mercado, según explicaban ayer Citi y Jefferies en sendos informes.

E Gobierno ha diseñado 11 grandes planes de transformación de la economía española que buscan movilizar capital privado a partir de las ayudas europeas, el 70% de las cuales se centra en producir chips, energías limpias y vehículos eléctricos. La crisis económica desatada por la pandemia de Covid provocó un desplome global de la actividad inédito en tiempos de paz. El plan de recuperación diseñado en respuesta por los socios de la Unión Europea, el programa Next Generation dotado con 800.000 millones de euros, es el mayor paquete de estímulos públicos jamás desplegado en el Viejo Continente y su objetivo no es solo ejercer de revulsivo a la parálisis pandémica sino facilitar transformaciones del modelo productivo que permitan a los países comunitarios salir de la crisis más fuertes de lo que entraron. En el caso de España, el plan del Gobierno incluye una extensa batería de reformas estructurales y 11 grandes proyectos estratégicos de colaboración público privada, los llamados Perte, que acapararán casi la mitad de las ayudas directas comunitarias. El 70% de los recursos para esos proyectos se centrarán en la producción de chips, energías limpias y vehículos eléctricos.

La Reserva Federal cree que la política monetaria ha entrado en una nueva fase. El banco central estadounidense anunció ayer una revisión al alza de medio punto en los tipos de interés, que terminarán el año en el rango comprendido entre el 4,25% y el 4,5%, el más alto desde diciembre de 2007. La buena noticia es que el banco central ha levantado ligeramente el pie del acelerador en la restricción monetaria, tras cuatro subidas consecutivas de 0,75 puntos iniciadas en junio que han marcado el ritmo más rápido del incremento del precio del dinero de las últimas cuatro décadas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, insistió ayer en que “a partir de ahora, ya no es tan importante la velocidad sino hasta dónde será necesario llegar”. De hecho, todo apunta a un escenario más restrictivo que el inicialmente previsto para 2023, según se desprende de las nuevas previsiones actualizadas ayer por el organismo. La mayoría de los gobernadores parece inclinarse por la necesidad de llevar los tipos de interés el próximo año por encima del 5%.

La noticia de que investigadores de Estados Unidos han dado un paso de gigante para convertir la fusión nuclear en una energía limpia e ilimitada ha abierto la puerta hacia un futuro muy distinto al que hemos imaginado hasta ahora y, posiblemente, mucho mejor. Francesc Monrabal, físico de partículas del Donostia International Physics Center (DIPC) e investigador Ikerbasque, está convencido de que «nos va a cambiar la vida». Aunque para ello habrá que esperar «al menos 40 años». "Lo que se ha conseguido es un paso fundamental para entender y controlar esta tecnología. Sin este logro que se acaba de presentar sería casi imposible manejar la fusión nuclear. Aquí lo que tenemos es la confirmación de que hay una tecnología que nos permite generar más energía de la que estamos poniendo en el sistema. De hecho, cuando lees lo que comenta el laboratorio, ellos hacen mucho hincapié en el término ‘ignition’...Consiste en intentar manejar y controlar la energía de las estrellas, que funcionan mediante energía de fusión, principalmente de fusión de hidrógeno...Es un reto que va a tener un impacto enorme en la historia de la humanidad y en términos relativos no parece descabellado invertir todo ese dinero a cambio de cambiar a mejor nuestra sociedad y nuestra relación con el planeta...No sé si se puede comparar con algo, pero si hubiera que hacerlo sería con la revolución industrial, con el momento en que empezamos a quemar petróleo, en el que apareció una fuente de energía muy barata que ha cambiado la forma en la que nos relacionamos. Esto sería algo parecido porque nos volvería a ofrecer una fuente de energía barata y casi inacabable, con el beneficio añadido de que no estaríamos dañando el planeta..."

El lehendakari Iñigo Urkullu cumple hoy diez años en el poder. Una década que ha consolidado una Euskadi en paz, más centrada en la economía y en ‘las cosas del comer’, con un debate identitario bastante menos inflamado y una irrupción, como en el resto del mundo, del Covid que ha cambiado el orden de prioridades y ha colocado la salud en el centro de gravedad. «Hoy mantengo, con la misma ilusión, mi compromiso del primer día», ha valorado el lehendakari a DV. «Trabajaré con humildad y determinación por una Euskadi de progreso, paz y libertad», asegura. En su opinión, en esta década «hemos ido avanzando hacia una sociedad más inclusiva, solidaria e innovadora». Para su oposición, sin embargo, el momento actual revela la caída del mito de la buena gestión del PNV. Y desde EH Bildu, la segunda fuerza política, se censura también su ‘renuncia’ a defender el derecho decidir. Urkullu llegaba al poder después de la experiencia del lehendakari socialista Patxi López iniciada en primavera de 2009. Urkullu cumple hoy diez años en el poder cuando aún no se ha despejado si decide presentarse a la reelección después de tres legislaturas. Cuando se le ha preguntado al respecto ha eludido una respuesta desde la premisa de que no está en su agenda. Hasta después de las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo, ni el PNV ni el lehendakari se plantean abrir esta sensible carpeta de futuro.