20221216

Apuntaba a tregua, pero nada más lejos de la realidad. El Banco Central Europeo (BCE) optó ayer por elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos, reduciendo el ritmo del endurecimiento respecto a reuniones anteriores y aparentando cierta calma, pero todo era un espejismo. Tras este movimiento, el precio del dinero se sitúa en el 2,5%, el mayor nivel desde diciembre de 2008. Pero durará poco ahí. Con un mensaje especialmente agresivo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, indicó que “los tipos de interés aún tendrán que incrementarse significativamente a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos” para asegurar que los precios vuelvan a situarse de forma oportuna en el objetivo del 2% a medio plazo. Lagarde se reafirmó en ese comunicado al señalar que, a diferencia del movimiento efectuado anteayer por la Reserva Federal, “esto no es un giro. Tenemos intención de mantener la política muy dura en el largo plazo hasta que la inflación descienda al 2%”. Cuando los inversores esperaban una cierta relajación, con los datos de inflación de noviembre disparados en el 10%, pero en senda descendente, la autoridad monetaria sorprendió a propios y extraños con un discurso muy duro. Lagarde, que señaló que “no se debe esperar sólo una subida de tipos de 50 puntos básicos, sino muchas. Tenemos un largo camino por recorrer”, hizo saltar todos los pronósticos. Los inversores se habían posicionado pensando que el BCE anunciaría el principio del fin de las subidas de tipos tras el alza de 50 puntos básicos de ayer. Los futuros descontaban dos incrementos del precio del dinero de 25 puntos básicos en las primeras reuniones de 2023 y después una pausa. “50 puntos de esta reunión, 50 en la próxima y, posiblemente, 50 más en la siguiente”, aseveró la presidenta . Y añadió: “Nos queda más camino que a la Reserva Federal. No frenamos”.

Hipotecas y préstamos más caros; depósitos casi sin remunerar; y hasta deuda del Estado más elevada son las grandes consecuencias de la medida aprobada ayer por el BCE de aumentar los tipos otro 0,5% hasta llegar al 2,5%. La cuota de las hipotecas sigue creciendo a medida que toca renovar estos préstamos. El alza ya ha sido palpable en una parte de los préstamos para vivienda, los que han tenido que ser renovados en las últimas semanas. Esos créditos ya han incorporado la subida del euríbor, que ha sido el paso previo a la decisión del BCE. El indicador hipotecario con el que se calculan la mayor parte de las hipotecas a tipo variable en España ha pasado de estar en el -0,5% a principios de año a situarse este jueves en el 2,85%. Esta evolución provocará que la cuota mensual de una hipoteca media (145.000 euros a 24 años con un diferencial de un punto sobre el euríbor) pase de unos 535 euros hasta los 770 euros en la próxima revisión. Al año supondrá un gasto extraordinario por familia de 2.800 euros, unos 230 euros por mes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese ejemplo es un caso extremo y que que la subida del euríbor será desigual, en función de cuando se firmó la hipoteca. En la mayor parte de los casos, la subida no alcanzará esas cotas superiores a los 200 euros al mes. Para una hipoteca constituida en 2005, la cuota se incrementará en 80 euros al mes; para ese mismo crédito pero de 2012, supondrá 140 euros; y para una de 2019, más de 200 euros. En el caso de quienes estén hipotecados con un tipo fijo, se libran de cualquier cambio: seguirán pagando la misma cuota pactada.

El frenazo que viene registrando la economía en los últimos meses se está dejando notar en las inversiones y proyectos de las empresas. Así lo reconoció ayer el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ignacio Zudaire, que presentó ayer el informe de coyuntura y la encuesta de perspectivas económicas. Las compañías han optado por mantener el empleo y «retrasar» las inversiones y «hay proyectos que se van a frenar». La subida de tipos de interés, que ya alcanza el 2,5%, encarece la financiación y eso «tampoco ayuda», señaló el nuevo responsable de la entidad. Además, según se desprende de la encuesta, ese endurecimiento del crédito, tras la nueva subida de tipos del BCE, es ya la principal preocupación del 29% de las empresas vizcaínas. A pesar de las condiciones adversas, la Cámara descartó una recesión en 2023 y reconoció que el otoño ha contribuido a mejorar la visión económica que se dibujaba el pasado verano, cuando la inflación superó el 10% en el IPC. Según explicó Zudaire, «en 2023 no habrá recesión, aunque», advirtió, «el crecimiento será lento y va a costar mucho recuperar».

La suavización en la subida de precios que se viene registrando en los últimos meses, el aguante del empleo y el mantenimiento del consumo de los hogares, son los elementos que han llevado al departamento de estudios del BBVA a revisar al alza la previsión de crecimiento para Euskadi el próximo 2023. Así se refleja en el informe por comunidades autónomas que bajo el título ‘Situación España’ publicó ayer el BBVA Research dirigido por Rafael Domenech. La previsión de evolución para el PIB vasco se incrementa hasta el 0,8%, frente al 0,3% inicial. Es un dato que, a pesar del ajuste, sigue evidenciando un enfriamiento claro de la economía y que recorta en más de un punto las previsión del Gobierno vasco, que defiende que Euskadi crecerá el año que viene un 2,1% en su PIB. El estudio ubica al País Vasco, junto a Navarra y Galicia, a la cabeza de esa revisión al alza realizada y señala que en 2023 serán las autonomías más industrializadas las que tiren del crecimiento porque la desaceleración económica frenará el turismo. Para 2024, BBVA Resarch prevé un incremento de la actividad del 3,4% en el conjunto de España y confía en que el efecto de la llegada de los fondos europeos sea uno de los vectores principales de ese crecimiento.

Euskadi afianzó en octubre su retorno al superávit comercial después de superar ya septiembre el anómalo déficit que encadenó en julio y agosto por la disparada factura energética. Las exportaciones, impulsadas por Petronor y Mercedes, crecieron el 23,6% en el mes, hasta los 2.832 millones de euros, frente a unas importaciones de 2.552 millones, que aumentaron el 25,6%, según los datos publicados ayer por el Eustat. Con este empujón de octubre, las ventas al exterior encadenaron un nuevo récord en el acumulado de los diez meses, al sumar más de 27.000 millones de euros. Esta cifra representa un aumento del 29% respecto a la del año anterior y ya supera la de todo el ejercicio pasado. No obstante, el incremento de las importaciones es aún mayor debido en gran medida a la energía. Así, el total de compras en el exterior se eleva a 24.424 millones de euros, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior. De esta forma, el saldo positivo se reduce un 35% hasta los 2.648 millones de euros. Volviendo al análisis de octubre, ese mes las exportaciones de productos energéticos, en gran medida concentradas en Petronor, registraron otra vez una evolución espectacular, con un incremento del 78%. Las no energéticas aumentaron un 20%.

Industria Eguna, es  una iniciativa impulsada por Adegi con el objetivo de acercar a la juventud a la realidad de la Industria como motor económico y poner en valor su atractivo y futuro para su desarrollo profesional, promocionar los perfiles técnicos tanto de FP como de universidad e impulsar los conocimientos de ciencia y tecnología (STEM) entre las estudiantes. La primera parte del Industria Eguna se ha emitido desde Fabrika en la que el presidente de Adegi, Eduardo Junkera, Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa, han protagonizado la presentación institucional.  La segunda parte del Industria Eguna ha consistido en la visita del alumnado de los centros a las empresas anfitrionas que han participado en esta iniciativa impulsada por Adegi. Ver más en Adegi

4.500 socios cooperativistas (1.750 de Orona y 2.800 de Ulma) están llamados hoy a votar para decidir si sus empresas abandonan el Grupo Mondragon o permanecen en él. El resultado marcará un antes y un después en el panorama del cooperativismo, tras un proceso marcado por la tensión entre las dos cooperativas que quieren salir de la Corporación. 10.700 empleados suman Orona y Ulma en conjunto. Se llega así al capítulo final de una historia, la de la ambición de Orona y Ulma de volar en solitario y que ha revolucionado por completo el universo cooperativista de Euskadi. De la misma manera, lo que hoy suceda abre un nuevo episodio en la historia de los tres protagonistas. En ambos casos, el voto será secreto y gestionado de manera electrónica. Han sido, sin duda, los dos meses más intensos en la Corporación de Arrasate desde la caída de Fagor Electrodomésticos, en 2013. Salvo sorpresa de última hora, lo previsible es que triunfe el ‘sí’ en ambas empresas. El presidente de la Corporación Mondragon recordó ayer a los socios de Orona y Ulma desde la versión ‘on line’ de la revista del Grupo (TUlankide) que la pertenencia al conglomerado con sede en Arrasate hace más fuertes a todas sus cooperativas y les ofrece más y mejores posibilidades de futuro. En definitiva, que estar dentro no es lo mismo que estar fuera.

Arrecia la rebelión autonómica contra la gestión vasca de los nuevos gravámenes a las grandes fortunas, la banca y las energéticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó ayer a la corriente de voces críticas al denunciar que el Gobierno central está «privilegiando» a Euskadi «en detrimento de la clase media madrileña, que lo paga todo». La mandataria del PP considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está promoviendo una fuga de inversiones desde su región hacia el País Vasco, «con quien hay unas diferencias abismales» en materia fiscal. Las palabras de Ayuso, que respondía a la bancada socialista en la Asamblea de Madrid, se producen en un momento de creciente irritación por parte de otras comunidades autónomas, que traen a la memoria viejas reticencias sobre el modelo del Concierto Económico y el Cupo. La cesión por parte del Gobierno a las haciendas forales de las tasas a los beneficios empresariales extraordinarios desató las primeras críticas hace un mes. Pero la rebelión se acentuó desde que PNV y PSE-EE se decantan por que Euskadi no aplique el impuesto a los ricos, habida cuenta de que ya existe el de Patrimonio. Fue, de hecho, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, el que más contundencia mostró contra esa decisión. Dijo que, al menos mientras no se modifique el actual sistema de financiación autonómica, «lo lógico es que lo apliquen ellos también». Anteriormente otros barones socialistas como la riojana Concha Andreu habían alzado la voz para reclamar los mismos términos que Euskadi. En concreto, pidió que su comunidad reciba la recaudación de las tasas a energéticas y banca, una demanda a la que se suman otras regiones como Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña. Ahora es Ayuso la que salta a escena y dibuja una estrategia del Gabinete Sánchez para «privilegiar» no sólo a Euskadi sino también a Cataluña.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves "no tener datos" sobre la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), no sin antes cuestionar las previsiones de crecimiento del Gobierno de España para el próximo año. Lo ha asegurado durante la asamblea general de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) celebrada en su sede ubicada en Vigo. Allí, Garamendi ha apoyado a las empresas de la provincia en estos "duros momentos" para las compañías debido a la pandemia del Covid, la Guerra de Ucrania y la inflación. "La solución son las empresas. Son las que aportan a la sociedad cosas necesarias para que esta avance", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación. Además, Garamendi ha hablado de la deuda española. "Es una realidad que la deuda española ronda el 117% cuando estaba en el 98%, y en estos momentos vemos que los tipos de interés van a subir, algo que también ha advertido el Banco Central", ha comentado. En esta misma línea, el presidente de la CEOE ha recordado que "el propio gobernador del Banco de España dijo hace varios meses que posiblemente se podrían rondar tipos del 2% e incluso algo más". "Es algo que debemos saber para ponernos las pilas, hacer las cosas bien y que no nos pille el toro porque no pensemos que no va a ser así. Es una realidad que está ahí", ha añadido.

Con la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 llamando al timbre de las empresas españolas (el Gobierno quiere aprobarla antes de que acabe el año), la patronal de las pymes ha encendido las sirenas de alarma sobre los efectos nocivos que esos incrementos han tenido ya sobre el empleo. Cepyme advirtió ayer de que las cuatro subidas del SMI aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018 han provocado la desaparición de 217.500 puestos de trabajo en nuestro país entre los empleos destruidos y los que se dejaron de crear por las alzas salariales. Es la principal conclusión de un estudio realizado por la patronal y hecho público ayer. En concreto, Cepyme estima en 71.600 el número de trabajadores que perdió su trabajo por el rally alcista del SMI y en 145.900 los puestos que se dejaron de crear como consecuencia de ello. Entre 2018 y 2022, el salario mínimo ha pasado de 735,9 euros a los 1.000 actuales; esto es, un incremento del 35,9%, un fuerte salto cuantitativo que ha llevado aparejado un aumento igualmente acusado de las cotizaciones sociales que las empresas pagan por esos trabajadores. Es decir, además de tener que asumir sueldos más altos, las compañías han visto incrementarse “cerca de un 40%” las bases mínimas de cotización. Cepyme ha puesto estos datos encima de la mesa cuando ya se atisba en el horizonte la subida de 2023, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere alinear con la inflación media de este año; es decir, por encima del 8%, en la estela de la revalorización de las pensiones. Trabajo aún no ha hecho público el informe de su comité de expertos, designado en su día por la propia Díaz, pero los datos que ya se han filtrado sitúan la horquilla entre el 4% y algo más del 8%, alzas que en su banda alta situarían el SMI en el entorno de los 1.080 euros, ochenta más que ahora.

El coste del despido en España en 2021 se situó en 11.416,7 euros, una indemnización media para el trabajador un 28,2% más elevada que la de 2020, cuando cobraron 2.510 euros menos en promedio, según la Encuesta del Despido y su Coste del Ministerio de Trabajo. En total, se produjeron en el país 447.705 despidos, un 2,1% menos que en el año negro de la pandemia, aunque este descenso no se produjo en todas las franjas de edad. De hecho, sólo aumentaron para los mayores de 45 años y, especialmente, para los de más de 55. Mientras que en los menores de 45 hubo menos despidos que en 2020, un total de 109.503 trabajadores de entre 45 y 54 años se fueron a la calle (un 1,2% más que en el año anterior) y 85.170 empleados de más de 55 años perdieron su empleo (un 11,5% más). También aumentó, en contra de la tendencia general, el número de despidos colectivos, que creció considerablemente hasta duplicar el que había en España antes de la llegada del covid. En 2021 se registraron 75.328 despidos colectivos, frente a los 48.147 de 2020 y a los 38.469 de 2019. El número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) marca así un máximo de al menos los últimos siete años, desde que arranca la estadística, y ha ido creciendo progresivamente. El mínimo se marcó en 2017, cuando sólo hubo 24.854, un tercio de los que hay ahora. El número de empresas que recortaron plantilla fue de 218.209, la mayoría del sector servicios, aunque también se echaron trabajadores en la industria, la construcción y el sector agrario.

Los concursos de acreedores de sociedades alcanzaron la cifra de 693 inscripciones en noviembre, lo que supone un incremento del 71,5% en tasa interanual, según los datos de los registradores. Madrid, con 213 concursos, Cataluña, con 125, y la Comunidad Valenciana, con 107, concentran entre las tres comunidades autónomas cerca de siete de cada diez concursos presentados en noviembre. El Colegio de Registradores ha explicado en su comunicado que los concursos de acreedores mostraron altibajos en los datos hasta junio, después de los incrementos “moderados” mostrados durante los tres primeros meses del año, y su posterior descenso del 16,8% en abril. Además, han recordado que en junio finalizó la moratoria concursal, que está marcando la tendencia real en los últimos meses, con incrementos progresivos y la mayor subida anual en noviembre. De esos 693 concursos de acreedores registrados en el avance de noviembre, 508 fueron voluntarios, un 69,3% más que en noviembre de 2021, y 185, un 77,9% más que en el mismo periodo de hace un año. Por lo demás, y en cuanto a la creación de empresas, las constituciones inscritas en noviembre rompieron con seis meses de caídas moderadas, a excepción de septiembre, cuando aumentaron el 2,2%, y repuntaron un 7,9% interanual, hasta las 8.798 empresas. Madrid, Cataluña y Andalucía, conjuntamente, constituyeron seis de cada diez empresas creadas.

El precio de la gasolina y del gasóleo sigue a la baja y llena de razones a aquellos que dentro del Ejecutivo abogan por eliminar parcial o totalmente la subvención de 20 céntimos por litro de combustible, en vigor desde el pasado 1 de abril hasta el 31 de diciembre. Los datos publicados ayer del Boletín Petrolero de la Unión Europea muestran cómo el coste medio del litro de gasolina de 95 octanos en España bajó por cuarta semana consecutiva hasta 1,64 euros por litro, un nivel que no se alcanzaba desde el pasado 28 de febrero. Por su parte, el gasóleo también encadenó su cuarta semana de retroceso con un precio medio de 1,71 euros por litro a niveles de la primera semana de marzo. Esa dinámica bajista, alentada por la caída del precio del barril de Brent, que ha perdido un 25% de su cotización desde agosto, es la que refuerza la tesis de que la subvención desaparecerá a partir del 1 de enero de 2023 por el elevado coste que tiene para las arcas públicas, con una media de 477 millones de euros al mes. Además, el Ejecutivo ya descartó que esta medida, que actualmente beneficia por igual a todos los conductores, se pueda volver progresiva en función de los ingresos, por la imposibilidad de ejecutarlo y controlarlo por parte de la Administración. El presidente de la Confederación Española de Transporte por Carretera (CETM) se pronunció ayer al respecto y solicitó que la medida se mantenga para el sector del transporte, al menos hasta que se lleguen a los niveles de precio previos a la invasión de Ucrania.

La crispación política acumulada durante toda la legislatura erupcionó ayer en el Congreso durante el debate para derogar y modificar los delitos de sedición y malversación y la polémica reforma –vía enmiendas– para cambiar las mayorías necesarias para renovar el Tribunal Constitucional. Acabaron aprobándose en medio de un clima extremadamente bronco, incluso para los estándares parlamentarios más recientes. Desde la tribuna se dispararon indiscriminadamente acusaciones de golpismo entre los grupos parlamentarios en un pleno que PP, Vox y Ciudadanos pidieron suspender después de que el tribunal de garantías pospusiera a lunes, apenas 45 minutos antes de su inicio, el análisis del recurso presentado por los populares. Se notó que los diputados llevaban ya su discurso escrito en caliente, como si esto no hubiera sucedido y el pleno pudiera interrumpirse en cualquier momento. El PSOE comparó el recurso del PP para paralizar el trámite de estas iniciativas con el golpe de Estado del 23-F, «esta vez con togas» dijo el diputado socialista Felipe Sicilia. La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió seguidamente la palabra al considerar que esas afirmaciones «ofenden al decoro de la Cámara» y acusó al PSOE de haber iniciado un proceso con en el que pretenden «reescribir la historia democrática del país». También echó en cara a Sicilia que tenga una memoria «frágil» toda vez que cuando se produjo el golpe de Tejero en 1981 España era gobernada por el centro derecha. «Creo que debe revisar la historia y no intentar cambiarla», indicó entre gritos de la bancada socialista y aplausos de los populares, para terminar diciendo que el PSOE no podrá cambiar «el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están reescribiendo». Hasta el resultado de la votación fue inusual: 184 votos a favor y 64 en contra. Los diputados del grupo parlamentario popular desistieron de votar, ya que, como explicó Gamarra, «no se debería haber producido este debate, al estar pendiente la decisión del Constitucional». Lo mismo hicieron los de Ciudadanos, «para no participar de la cacicada», explicaron fuentes del partido.

La decisión del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, llegó casi al límite. Apenas 45 minutos antes de que comenzara el pleno del Congreso para aprobar la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, modifica el de malversación, y de la que –aquí estaba el quid de la cuestión– el PSOE y Unidas Podemos colgaron el pasado viernes vía enmienda la modificación de las leyes que regulan el funcionamiento del propio tribunal de garantías y del Consejo General del Poder Judicial, para acabar con el control extemporáneo de los conservadores. Tras toda la mañana en vilo, permitió su celebración con normalidad. La posibilidad de que el Constitucional acepte las medidas cautelares solicitadas el miércoles por los populares a través de un recurso de amparo y suspenda la tramitación de esas enmiendas sigue aún en pie, pero de producirse afectará ya al Senado, donde está previsto que la iniciativa termine la semana próxima su periplo parlamentario. El pleno del tribunal, que había sido convocado de urgencia para las diez de la mañana de ayer, quedó suspendido hasta el lunes después de que los cinco magistrados progresistas del órgano solicitaran su aplazamiento para poder analizar escritos del PSOE, Vox y Podemos, que en este último caso incluían, además, la recusación del propio Trevijano y de Antonio Narváez. El aplazamiento evitó un choque institucional inédito. Nunca un grupo parlamentario con representación en las Cortes había recurrido al Constitucional para que paralizara una norma en tramitación. En una Cámara baja en la que la crispación y la bronca se han convertido en la tónica general, la eventualidad de que un tribunal de garantías, que, además, tiene a cuatro de su miembros (Trevijano, Narváez, José Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares) con el mandato caducado desde junio, hiciera historia impidiendo la reforma sorpresa diseñada por el Gobierno y respaldada por sus socios elevó la tensión al máximo.

La pesca de la angula se acaba en Euskadi. Con mayor o menor dinamismo, la actividad ha perdurado a lo largo de varios siglos en nuestros ríos, a menudo transmitida de padres a hijos. Lejos quedan aquellos años en los que había tal cantidad de ejemplares que incluso se despreciaban o se daban de comer al ganado. Pero ahora los expertos aseguran que se halla en peligro de extinción, lo que ha llevado a la Unión Europea a prohibir desde el año que viene su pesca recreativa, que es la modalidad que se practica en el País Vasco, ante el estupor de los anguleros. Sin embargo, quien mantenga la tradición de gastarse un buen puñado de euros en una cazuelita de angulas por Navidad o en el Día de San Sebastián podrá seguir de dándose el capricho. Y es que este manjar va a seguir llegando a las pescaderías vascas a través del mismo cauce que hasta ahora: en teoría, los caladeros franceses, cántabros o asturianos, ya que la ley impide que los ejemplares que se capturan en Euskadi se puedan comercializar y los ciñe únicamente para autoconsumo. Sin embargo, desde el próximo año no habrá angula que poder llevar a la boca desde nuestros ríos, ya que así lo ha decidido el último consejo de ministros de Agricultura y Pesca celebrado en Bruselas. Hacía ya unos años que la idea de ‘cero capturas’ para la angula y la anguila estaba en las carpetas de trabajo de instituciones y organismos científicos y defensores del medioambiente, con el fin de velar por la supervivencia de una especie que entidades como Azti catalogan «en peligro de extinción en todo el planeta». En una rueda de prensa convocada para esta mañana en Orio, la Asociación de Anguleros de Euskadi prevé «demostrar con datos» que la prohibición de la pesca deportiva de la angula «no está justificada». Según su presidente, «si se quiere salvar la especie, no es lógico que no podamos pescar en Euskadi y sí en el resto del Cantábrico, Francia y Portugal».