20221217

Se acabó. Orona y el grupo Ulma –conformado por nueve cooperativas distintas dedicadas a diferentes negocios– cortaron ayer para siempre el hilo que les unía con la Corporación Mondragón. Una conexión que, se ha descubierto en los últimos tiempos, estaba más bien deteriorada. Sendas asambleas generales extraordinarias de ambas compañías, celebradas en Galarreta e Illunbe, sirvieron para que los socios y las socias de las empresas de Hernani y Oñati dejaran clara su preferencia para el futuro: la independencia de la ‘casa madre’. En las dos cooperativas –sin duda, dos pilares del actual Mondragón industrial y del propio corpus empresarial de Gipuzkoa y de Euskadi, con casi 11.000 empleos en total–, la mayoría favorable a volar en solitario resultó notoriamente superior al porcentaje de votos partidarios de permanecer en el seno del Grupo pilotado por Iñigo Ucín. Una decisión que, es obvio, supone un severo golpe, también en el capítulo anímico, para una Corporación Mondragón que tras conocer los resultados oficiales de las dos asambleas subrayó su «respeto total y absoluto» por la decisión tomada por los socios de ambas empresas, a las que trasladó su deseo de que «sus proyectos empresariales y su modelo cooperativo evolucionen en positivo de cara al futuro». Eso sí, el Grupo de Arrasate dejó claro que desde ayer hace borrón y cuenta nueva para dedicarse a crecer y a apostar de manera aún más decidida si cabe por la intercooperación.

El Grupo Mondragón tuvo que digerir una noticia que no por esperada dejaba de ser un mal trago. Y es que la jornada de ayer estará marcada para siempre en negro para la historia de la Corporación. En esa tesitura y una vez conocido el amplio respaldo cosechado por la propuesta de salida de Orona y Ulma, el mensaje que trasladó fue por supuesto de absoluto respeto a la decisión de dos de sus cooperativas referentes y también el deseo de que les vaya bien en esta nueva andadura. Pero sobre todo, quiso subrayar que la nueva etapa que se abre ahora para Mondragón se escribe en clave de ilusión. El Grupo esperó a tener todos los datos oficiales del escrutinio para emitir un escueto comunicado difundido a las 17.30 horas. Y es que la nota oficial de Orona se hizo esperar y no llegó hasta media hora después. En los cuatro párrafos del comunicado, el Grupo dedica el primero a constatar que los resultados han deparado que tanto Orona como Ulma «hayan optado por salir de Mondragón», sin realizar ninguna referencia ni valoración respecto al respaldo cosechado en las asambleas generales celebradas en la mañana de ayer y que se prolongaron hasta mediodía. El texto, eso sí, señala que por parte de la Corporación se reafirma el «respeto total y absoluto a las decisiones de ambas cooperativas». Asimismo, traslada «el deseo de que sus proyectos empresariales y su modelo cooperativo evolucionen en positivo de cara al futuro». A partir de ahí se centra en el futuro que le depara al Grupo desde este momento, destacando uno de los mensajes que más ha repetido su presidente durante estas últimas semanas para resaltar los valores esenciales de la Corporación liderada por Iñigo Ucín.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, dejó claro ayer que la decisión de Orona y Ulma de abandonar el Grupo Mondragon ha sido tomada de manera «contundente y de forma legítima»; y que el Departamento y por ende el Gobierno Vasco respetan, como no podía ser de otra manera, la decisión. La consejera que ha mantenido un perfil bajo durante todo el proceso se limitó a señalar a media tarde que «la industria de Euskadi está ahora ante una nueva realidad organizativa en la que la actividad cooperativa seguirá siendo fuerte». En este sentido, añadió que «a todas las partes nos toca reconocernos en esta mueva realidad y colaborar conjuntamente para dotar de competitividad a la economía de Euskadi». Por la mañana, antes de que se conociera la decisión adoptada, la consejera vasca se manifestaba en la misma línea de «máximo respeto ante la decisión que adopten los socios de Ulma y Orona respecto al futuro de ambas cooperativas», apuntaba. Lo hacía en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco. Tapia se mostraba convencida de que la decisión que vayan a adoptar, «estará meditada con todos los pros y contras que se pueden producir». La consejera expresó su «confianza» en que «el espíritu cooperativo de esa responsabilidad y solidaridad siga permanente a lo largo de los próximos años».

El coste laboral de las empresas vascas se situó en 3.272,52 euros por trabajador y mes en el tercer trimestre, el más caro del Estado a pesar de que Euskadi es la comunidad autónoma donde menos ha crecido, un 1,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Según la encuesta de coste laboral publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral en Euskadi es 517 euros más elevado que la media estatal, y ha vuelto a ser el más caro del Estado. En el segundo trimestre la Comunidad de Madrid superó a Euskadi. El coste laboral incluye el coste salarial -donde entran salario base, complementos, horas extraordinarias y otros pagos- y otros costes, que incluyen fundamentalmente las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. En Euskadi el coste salarial es de 2.392,36 euros, también el más caro, lo que se traduce en 22,20 euros por hora efectiva trabajada. A ello se suman los otros costes, que suponen 880,16 euros por trabajador y mes. Otro dato destacado de la encuesta es que Euskadi es la comunidad con más horas no trabajadas por trabajador y mes, unas 11 más que la media estatal.

El euribor ha reaccionado con la mayor contundencia a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de anteayer, cuando elevó 50 puntos básicos el precio oficial del dinero. El encarecimiento del precio del dinero estaba descontado por el mercado, pero no el tono agresivo de la presidenta Christine Lagarde, cuando señaló que habrá más subidas de 50 puntos básicos y que queda “un largo camino por recorrer”, antes de alcanzar el objetivo de inflación, por debajo del 2%. La hoja de ruta de Lagarde apuntaría hacia tipos de interés del 3,5% en la zona euro, escenario que el euribor ha empezado a asumir con fuerza. Ayer subió hasta el 2,992%, el nivel más alto desde enero de 2009. Y la media de diciembre, la que se usa para revisar el precio de los créditos, alcanza ya el 2,869%. El primer impacto de esta subida tiene que ver con la letra mensual a la que se enfrentan las familias. El mes de diciembre de 2021 se saldó con una media mensual negativa del 0,502%. De modo que quienes revisen ahora una hipoteca media de 100.000 euros a 25 años y un diferencial del 1% sobre el euribor, tendrán que pagar algo más de 290 euros más al mes o unos 3.500 euros más al año. Los precios de las hipotecas volverán a tensionarse. En lo que va de año ya han sufrido una gran subida, sobre todo los préstamos fijos.

La evolución del precio del barril de petróleo está siendo tan descendente que su cotización va a servir en bandeja al Gobierno la posibilidad de restringir la bonificación del combustible, que lleva aplicando desde abril, y cuya finalización está prevista para el 31 de diciembre. Con el Brent en el entorno de los 80 dólares por barril, el precio de los combustibles ya se encuentra por debajo del nivel que mostraban a finales de marzo, cuando el Ejecutivo incluyó la bonificación de 20 céntimos por euro de litro repostado por parte de cualquier conductor. Ante esta coyuntura, y sin que por ahora haya previsiones de que el petróleo pueda escalar hasta los niveles en los que llegó a situarse en plenas vacaciones de verano, por encima de los 120 dólares, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad cada vez más certera de recortar la ayuda al combustible. De hecho, el precio del diésel se encuentra en estos momentos en los 1,66 euros por litro. Se trata del mismo coste que tenía el gasóleo de automoción a principios de marzo. Y se encuentra ya lejos de los 1,85 euros que tenía cuando comenzó a aplicarse la bonificación, así como de los 2,10 euros que llegó a costar en junio. Prácticamente lo mismo ocurre con la gasolina 95: su precio se encuentra ahora en los 1,59 euros por litro, frente a los más de 1,80 euros de abril o los más de dos euros del verano, según las últimas referencias del Boletín Petrolífero de la UE.

El Gobierno estudia quitar el descuento de 20 céntimos en los combustibles para consumidores particulares —sí se mantendrá para transportistas y agricultores— y destinar ese dinero, unos 5.000 millones, a ayudar a las familias a comprar alimentos, cuyo precio sube un 15% anual. En la recta final de la negociación se discute si dar un cheque de 300 euros a los hogares y rebajar el IVA en productos básicos, con un coste de más de 1.000 millones. El Ejecutivo prevé mantener la rebaja fiscal de la luz. El Gobierno encara la recta final de la negociación para cerrar un paquete de ayudas por la inflación. El plan vigente por la guerra de Ucrania caduca el 31 de diciembre y el nuevo tendría que estar aprobado antes del 1 de enero. Las dos alas del Gobierno, la del PSOE y la de Unidas Podemos, tratan de avanzar en las conversaciones. Y uno de los asuntos que empieza a perfilarse en las discusiones es la posibilidad de no prorrogar el descuento de 20 céntimos por litro de carburante para los consumidores particulares. En el caso de transportistas y agricultores se mantendrá, pero con un sistema distinto: reintegrándolo como parte de la habitual devolución del gasóleo profesional a fin de mes. Todas estas iniciativas dependen del cierre de las negociaciones y de la decisión final que tome el presidente Pedro Sánchez, que afronta un año marcado por elecciones locales, autonómicas y generales.

Cuando quedan quince días para que acabe el plazo y dada la tensión que se ha vivido esta semana entre la patronal y el Gobierno, los sindicatos asumen ya que la CEOE no firmará el acuerdo, de ahí que, dado que ya no será necesario ‘contentar’ a sus dirigentes, pidan al Gobierno que vaya más allá en la subida de las cotizaciones sociales. «El Gobierno ha hecho una propuesta timorata al querer subir un 1,154% anual las bases máximas de cotización para que en 2050 la subida haya sido del 30%. Esto supone que la base máxima pasará de 4.200 euros en el mejor de los casos a unos 5.200 euros en 2050, lo que significa que seguirá todavía más de 1.000 euros por debajo de las bases máximas de otros países europeos semejantes a España», denunció ayer Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, quien negocia por parte de este sindicato. «Países con un nivel de vida inferior a España como Grecia, tienen la base máxima de cotización en 6.500 euros; Serbia, en 6.400 euros; países similares como Alemania, en 8.500; Italia, en 8.500. Hay margen para subirlas más». El propio secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, reconocía en una entrevista con EL MUNDO esta semana que ahora mismo la clave de la negociación de la reforma está en si la CEOE va a estar o no en el acuerdo, ya que si se descarta esa posibilidad entonces el Gobierno podría ser más agresivo en sus planes de incrementar los ingresos de la Seguridad Social, una petición que comparten en CCOO, que siempre han sido defensores de destopar del todo las bases. Esto en la práctica supondría que no habría una base máxima, como ocurre en muchos países, y que el tipo de cotización se aplicaría a todo el sueldo, como sucede con el IRPF. Entre la propuesta actual del Ministerio y el destope absoluto, hay un margen intermedio de mejorar los ingresos, consideran en UGT.

El aluvión de concursos de acreedores de noviembre ha encendido las alarmas en el Gobierno. El viernes, solo un día después de que el Colegio de Registradores hiciera público un incremento interanual del 71,5% en este tipo de procedimientos, la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, anunció que el blindaje concursal actualmente vigente se extenderá durante los ejercicios 2023 y 2024. La patronal aplaudió la medida, comparando su importancia con la de los ERTE o los créditos ICO, al asegurar que permitirá atajar una oleada de quiebras de empresas y autónomos. Lo que el Gobierno tiene previsto extender por otros dos años es, concretamente, la moratoria contable vigente que evita que las pérdidas asociadas a la pandemia computen a la hora de decidir si las empresas quedan abocadas a un concurso de acreedores. “Vamos a extenderlo durante 2023 y 2024 para dar a todas las empresas viables, solventes, más tiempo para poder reequilibrar sus balances” tras el impacto que la pandemia ha dejado en sus cuentas, anunció en RAC1 la vicepresidenta económica. “Los balances siguen desequilibrados y no tiene sentido que se fuerce un concurso de empresas que son solventes”, defendió Calviño, aclarando que aunque las compañías en peor situación son las de los sectores del turismo, el transporte y la hostelería, la moratoria contable que permite blindarse ante el concurso de acreedores protegerá a todas las empresas del país. Se da la circunstancia de que el anuncio del Gobierno se produjo solo un día después de que el Colegio de Registradores alertara de un incremento anual del 71,5% en el número de concursos de acreedores durante el mes de noviembre, hasta rozar los 700 procedimientos.

La dirección de ArcelorMittal propuso este viernes a los sindicatos prorrogar un año más el actual expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la baja demanda. En reunión celebrada en Etxebarri (Bizkaia) con la dirección de recursos humanos en el ámbito de la comisión negociadora del ERTE, la empresa propuso una prórroga del expediente actual, “argumentando la poca demanda de cartera existente”, apuntaron fuentes sindicales, informa Efe. La sociedad planteó una prórroga del expediente actual en los mismos términos y una vigencia de un año, hasta el 31 de diciembre de 2023. Los sindicatos anunciaron que van a analizar la propuesta de la empresa para dar una respuesta en los próximos cinco días, que es el plazo establecido para el periodo de consultas. Como respuesta inicial a la empresa, UGT FICA indicó que la aplicación del expediente “no está cumpliendo las condiciones pactadas” en alguna planta y que “es requisito indispensable su cumplimiento para poder tratar de llegar a alcanzar un acuerdo para una nueva prórroga”. Por su parte, CC OO declaró que una eventual prórroga, que pidió que no supere los tres meses, debe ir condicionada al cumplimiento del contrato relevo de los nacidos en los años 1960 y 1961, entre otros requerimientos referidos también a la reposición de los compensatorios pendientes. ArcelorMittal había llegado a un acuerdo en septiembre con los sindicatos para aplicar un ERTE que garantizaba el 90% del salario bruto anual y un porcentaje máximo de aplicación del 25% en el caso de las plantas asturianas. El acuerdo alcanzado con la mayoría sindical de UGT, CC OO y USO otorgaba una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 con un porcentaje de aplicación máxima en función de la caída de producción. 

Repsol, la primera petrolera española, dio ayer el salto definitivo en su carrera por las renovables al adquirir una gigantesca cartera de proyectos al fondo Asterion. Repsol se ha hecho con más de 7.700 megavatios (MW) en una operación valorada en casi 600 millones. Es la segunda mayor compra de Repsol en energías limpias, tras la adquisición de activos de Viesgo por 750 millones hace cuatro años, cuando dio un giro estratégico y decidió entrar de lleno en las renovables. La transacción también supone, en volumen de megavatios, la mayor realizada hasta ahora en el sector en España, desbancando el actual récord, que lo tenía Qualitas Energy cuando el pasado mes de mayo traspasó 4.500 MW a Verbund. Repsol pagará 560 millones en efectivo a Asterion. A esa cantidad se podrían sumar otros 20 millones por una serie de ajustes. En la puja de Asterion también estaba el gigante francés Engie, con amplias aspiraciones en las renovables en España. Esta compra permite a Repsol pasar de ser un mero aspirante a las renovables a poder luchar por el podio. A golpe de compras, Repsol había acumulado antes de Asterion proyectos que sumaban 49.000 MW. De golpe pasan a ser casi 57.000 MW. En esta cantidad solo se contabiliza la parte correspondiente al 40% del grupo americano Hecate, que cuenta con 40.000 MW y fue adquirido hace un año. Si se contabilizara toda esta cartera, Repsol sumaría más de 80.000 MW.

La industria del textil, el plástico y la de bienes de equipo para las energías renovables concentrarán alrededor del 60% de los fondos del Perte de Economía Circular, con ayudas previstas por 492 millones de euros. Se espera que movilice recursos superiores a los 1.200 millones hasta el año 2026. Serán alrededor de 300 millones de euros los que irán a parar a estos tres sectores identificados como estratégicos para acelerar la transición del actual modelo económico lineal basado en producir, consumir y tirar hacia uno que prime el reciclaje y la reutilización. A falta de que se publique la convocatoria y las condiciones para acceder a estas ayudas, ya se conoce que la parte relativa a las renovables la gestionará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) y, por ahora, ya se han hecho públicas las ayudas relativas a palas de aerogeneradores. En 2023 se conocerán las referentes a las placas fotovoltaicas, y baterías y pilas. El resto de condiciones y los plazos se publicarán en un segunda convocatoria del Perte, prevista para 2023. Las bases de la primera convocatoria, la denominada transversal, porque da cabida a todos los sectores y que contempla ayudas por 192 millones, fueron publicadas hace unos días en el BOE. La convocatoria está dirigida a empresas, entidades de economía social y agrupaciones de las anteriores, siempre y cuando estén participadas por al menos una pyme, start up o entidad de economía social. Excluye, por tanto, al sector público.

España es un país de microempresas. Ni tan siquiera de medianas empresas, de entre 50 y 249 trabajadores. El 1 de enero de 2022 había 3.430.660 empresas activas, lo que supone un crecimiento del 1,9% respecto a la misma fecha de 2021 y, por lo tanto, en relación a la etapa de la crisis económica provocada por el coronavirus. Atendiendo a la evolución del último año, 382.960 empresas comenzaron el ejercicio de actividades económicas durante 2021, mientras que 316.340 tuvieron que cerrar. El 81,3% de las unidades registradas a 1 de enero de 2022 ya figuraban activas en la misma fecha del año anterior, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística en el Directorio Central de Empresas. El caso es que el 83% de las 2.845.804 empresas activas tienen hasta dos trabajadores. Incluso, 1,91 millones eran sólo el empresario o trabajador autónomo, sin asalariados. Es decir, el 55,8% de los 3,4 millones de empresas. Estos datos explican muchos problemas de la economía española. Por ejemplo, las dificultades de todo tipo que tienen las sociedades para crecer. Muchas empresas pertenecen al sector servicios, que es donde están las más pequeñas. Pero además, otras renuncian a crecer porque el incremento de su tamaño supone un aumento de sus obligaciones laborales y fiscales. Por lo tanto, todo esto explica el hecho de que la tasa media de paro histórica sea del 17% de la población activa, y su dificultad para bajar del 10%. Desde 2008, el segundo año de la crisis financiera, la tasa de desempleo no ha bajado del 10%.

Las pymes que deseen acceder a las ayudas públicas por reducir la jornada laboral tendrán que aplicarla a un mínimo de la plantilla: al menos el 30% de los trabajadores en empresas o centros de trabajo con hasta 20 empleados; y al menos el 25% en pymes de entre 21 y 249 trabajadores, según la orden ministerial que publicó ayer el BOE. Las empresas deberán garantizar que el número de mujeres participantes en el proyecto corresponda a su peso en la plantilla con contrato indefinido a tiempo completo, permitiéndose una desviación del 10% hacia arriba, pero en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje que representan en el total de la plantilla indefinida. La jornada laboral ordinaria deberá reflejar una reducción mínima del 10% en cómputo semanal, que se mantendrá al menos durante dos años desde la concesión de la ayuda y afectará únicamente a trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido a tiempo completo. Esa reducción de jornada en ningún caso podrá conllevar una reducción salarial. Podrán acogerse a las ayudas las pequeñas y medianas empresas que no formen parte del sector público y que desarrollen una actividad industrial durante al menos un periodo de tres años contados hasta el fin de plazo de la solicitud; por supuesto tendrán que estar al corriente de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social y presentación de cuentas en el Registro Mercantil. No podrán ser beneficiarias las empresas que se encuentren en crisis.

La situación de Osakidetza y de la Sanidad en general preocupan, y mucho, a los vascos. A esa percepción de que atraviesa un mal momento, cada vez más generalizada entre la ciudadanía, le ha puesto cifras el último Deustobarómetro. Desde el verano, se ha duplicado el porcentaje de personas que citan este asunto como una de sus principales inquietudes. Hace unos meses, el 20% de los encuestados mostraba su intranquilidad por la evolución del sistema sanitario y, en este último sondeo, son ya el 39%. Con todo, la principal preocupación de los vascos es la subida de precios y la disparada inflación. En verano –cuando irrumpió en el ránking– la citaban el 49% de los encuestados y ahora son ya el 57%. Además, los vascos sitúan la subida de precios en primer lugar de sus preocupaciones y ven con pesimismo la economía. El empleo se mantiene como el gran freno de las penurias: el 82% no ve en riesgo su puesto de trabajo, aunque hay un 14% –cuatro puntos más que en el último sondeo– que ve bastante probable perder esos ingresos. Como nota positiva, suben dos puntos los desempleados que creen que acabarán colocándose.

«Incertidumbre» entre los directores de los colegios públicos y concertados por el plan de Educación para acabar con la segregación en las aulas vascas. Ambas redes educativas tendrán que reservar a partir del próximo curso un cupo de plazas para alumnado vulnerable en la matriculación de los niños y niñas que inicien su etapa escolar. El Gobierno vasco se ha reunido esta semana con los equipos directivos para informarles de la nueva orden de admisión de centros, que incorpora esta importante novedad en el actual sistema de acceso a los colegios. Un nuevo modelo a través del cual se fijará un índice de vulnerabilidad de cada centro en función del de su área de influencia escolar. El pasado jueves acudieron responsables de la pública y ayer de la concertada. Se trata de un sistema que ha suscitado «muchas dudas» ya que, pese a estar plasmado por escrito en el citado documento, quedan «muchos flecos abiertos» que complican la gestión en los centros. «Estar a dos meses del inicio de la matriculación y no saber muchas cosas nos genera una preocupación importante», afirmó ayer el director de un colegio vizcaíno que prefirió mantenerse en el anonimato. El borrador de la orden, al que ha tenido acceso este diario, no aclara las dudas. Durante el encuentro, los propios representantes del Departamento afirmaron que «llegan tiempos donde habrá que gestionar la incertidumbre y el enfado». Una de las quejas, en palabras de un director de una escuela pública, es que al tener que reservar plazas para alumnado vulnerable, algunos centros tendrán que limitar su oferta para el resto de estudiantes. «Si no consiguen plaza, puede que se tengan que desplazar a otro centro o a otra zona. Y Educación les tendrá que garantizar el transporte», señala.

«China llegará hasta el final para defender sus derechos e intereses legítimos». El Ministerio de Comercio del gigante asiático fue tajante en la queja que presentó el lunes ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las restricciones introducidas por Estados Unidos para dificultar que Pekín compre o desarrolle semiconductores avanzados. La nueva guerra de los chips solo ha hecho más que comenzar. Ante la cruzada de la administración Biden, en la segunda economía más grande del mundo, que apenas controla un 10% del mercado de semiconductores pero que representa el 60% de la demanda mundial de estos chips, han decidido que es hora de dar un buen empujón a los fabricantes locales: más de 1 billón de yuanes (alrededor de 134.000 millones de euros) en un paquete de apoyo para una industria que pretende alcanzar la autosuficiencia, y no ahogarse tras la sacudida de Washington para frenar los avances tecnológicos de su gran rival por la hegemonía mundial. Esa fue la cifra que avanzó el martes Reuters y que Pekín implementará en uno de sus mayores paquetes de incentivos fiscales, asignado durante cinco años, principalmente como subsidios y créditos para impulsar la producción. «La mayor parte de la asistencia financiera se utilizaría para subsidiar las compras de equipos de semiconductores domésticos por parte de empresas chinas, principalmente plantas de fabricación de semiconductores o fábricas. Dichas empresas tendrían derecho a un subsidio del 20% sobre el costo de las compras», afirmaron a Reuters fuentes del Gobierno chino. Un chute del que se beneficiará Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), el mayor operador de fundición de chips de China, que cuenta con instalaciones en Shanghai, Pekín y Shenzhen y que está invirtiendo en una nueva planta en la ciudad de Tianjin para desarrollar cada mes 100.000 obleas de 12 pulgadas destinadas a telecomunicaciones y automóviles.